Leonidas Iza, interviene en medio de las negociaciones

El líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Leonidas Iza, admitió que el acta no incluye todas las demandas aunque destacó que tiene "importantes logros". Advirtió que volverán a convocar movilizaciones si no ven cumplido el acuerdo en 90 días.

El movimiento indígena y el gobierno de Ecuador llegaron este jueves a un acuerdo que permitirá levantar el paro y las movilizaciones que desde hace 18 días sacuden al país. En el documento, presentado por la Conferencia Episcopal, mediadora del diálogo, el gobierno aceptó reducir el precio de los combustibles más que lo anunciado previamente, derogar el estado de excepción reinstalado el miércoles y establecer mesas de negociación sobre otros reclamos del movimiento indígena. Esto supone un triunfo moderado para la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que logró que se atiendan varias de sus demandas.

18 días de protestas y reclamos

Los indígenas iniciaron el reclamo el 13 de junio para exigir una reducción del precio de combustibles, el control de precios de productos agrícolas y la suspensión de actividades mineras y petroleras en territorios nativos. El gobierno, atendiendo a los reclamos, bajó en diez centavos el valor del diesel (1,80 dólares) y la nafta corriente (2,45), pero la Conaie lo consideró insuficiente y obtuvo esta reducción adicional.

El acuerdo incluye también los decretos que ya firmó Lasso durante el paro: hacer que los gobernadores intensifiquen y fortalezcan los controles de precios en sus provincias, declarar en emergencia al sector salud y duplicar el presupuesto destinado a la educación cultural bilingüe. Se agregaron la derogación del decreto 95, que establece la política petrolera del gobierno y la reforma que contiene el plan de acción para el desarrollo del plan minero, dejando establecido que esas actividades no podrán desarrollarse en áreas protegidas, zonas intangibles, zonas arqueológicas y áreas de protección hídrica.

A poco de sellarse el acuerdo el presidente de la podera Conaie, Leonidas Iza, insinuó la necesidad de incorporar nuevos puntos que no estaban consensuados ni se habían discutido, y pidió un plazo para debatir con sus allegados. Esa pausa de 30 minutos empujó al Ejecutivo a sumar otro punto: el compromiso de elaborar una propuesta de focalización de subsidios. "De acuerdo al acta que hemos firmado, vamos a suspender esta medida de hecho", expresó Iza, confirmando el fin de las protestas con bloqueo de rutas a nivel nacional.

Lasso, quien asumió el poder hace 13 meses y en medio de la crisis política se salvó de ser destituido por el Congreso, manifestó en su cuenta de Twitter: "Hemos alcanzado el valor supremo al que todos aspiramos: paz en nuestro país". El mandatario de derecha agregó: "Terminó el paro. Ahora empezamos juntos la tarea de transformar esta paz en progreso, bienestar, y oportunidades para todos".

A la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana en la que se reunieron las partes asistieron el ministro de Gobierno, Francisco Giménez, el ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Holguín y el secretario de la Administración Pública, Iván Correa, informó el diario El Comercio. Mientras que en representación del movimiento indígena estuvo el presidente de la Conaie, Leonidas Iza.

También participaron de la reunión el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, monseñor Luis Cabrera, y los presidentes de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras del Ecuador (Fenocin), del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), y los rectores de la Universidad Salesiana, entre otros.

"Nos hemos equivocado porque muchas veces nuestra actitud es violenta, pero eso no significa que siempre vayamos a tener esa actitud. (...) Las dos partes nos hemos equivocado, pero es de valientes reconocer los errores", dijo Eustaquio Toala, presidente de Feine.

A su vez, Leonidas Iza admitió que el acta no incluye todas las demandas, pero destacó que tiene "importantes logros", a la vez que pidió que no haya criminalización en la justicia contra los participantes en las protestas. "Ya basta de seguir estigmatizando y racializando a los luchadores sociales. Basta de llamarnos terroristas", planteó el líder indígena, quien advirtió que volverán a convocar movilizaciones si no ven cumplido el acuerdo en 90 días.

Un diálogo con vaivenes

El Ejecutivo rompió hace dos días las negociaciones con la Conaie luego de acusar al movimiento indígena de un ataque a un convoy de policías y militares en la amazónica provincia de Sucumbíos. En ese choque un militar murió y otros 12 resultaron heridos. En el contexto de las protestas también murieron cinco o seis manifestantes, según las fuentes que se consulten.

Los diálogos habían empezado el lunes luego de más de dos semanas de protestas, que tuvieron su punto más violento entre jueves y viernes de la semana pasada en Quito. "Reiteramos que la voluntad del gobierno nacional es primero garantizar la paz de los ecuatorianos y en función de ese criterio no dejaremos de tomar las acciones que permitan llegar por la vía del derecho y del respeto de la constitución a esa paz tan anhelada", apuntó el ministro de Gobierno, Francisco Giménez.

Aunque el gobierno había dicho el miércoles que no estaba dispuesto a dialogar con Iza, después señaló que no pretende "poner condicionamientos" a este nuevo acercamiento. Poco antes el presidente Lasso había decretado el estado de excepción en cuatro de las 24 provincias del país, una medida que el gobierno se comprometió a derogar gracias al esperado acuerdo con el movimiento indígena.

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Lasso baja precios de combustibles en un monto menor al que exige la Conaie

Quito. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció anoche una reducción de los precios de combustibles, aunque en un porcentaje menor al que piden miles de indígenas que protestan desde hace 14 días, y advirtió que la policía y las fuerzas armadas seguirán actuando "mediante el uso progresivo de la fuerza" para "restablecer el orden".

Horas antes, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) confirmó que el paro nacional continuará hasta obtener todas las respuestas a las 10 demandas que planteó, entre ellas la reducción de los precios de los combustibles en momentos en que el Congreso reanudó el debate sobre la posible destitución de Lasso.

Antes del anuncio del mandatario, el ministerio de Energía advirtió que Ecuador podría dejar de producir petróleo en las próximas 48 horas de continuar las protestas indígenas que han incluido la toma de pozos. El ministerio de Producción añadió que las pérdidas para el sector productivo –público y privado– alcanzan 500 millones de dólares.

En un mensaje transmitido por radio y televisión al filo de las 10 de la noche, Lasso expuso: "todos consideran que el precio de los combustibles se ha convertido en la pieza angular que mantiene el conflicto, y aunque como gobierno tenemos muy claro que este factor no es el que origina los problemas de los ecuatorianos, debemos pensar en el bien común y la paz ciudadana".

E informó: “he decidido reducir el precio del galón de gasolina Extra y Ecopaís en 10 centavos (de dólar) y el diésel también en 10 centavos.

La Conaie exige que los precios se congelen y se fije la tarifa de la gasolina Extra y Ecopaís en 2.10 dólares y el diésel quede en 1.50 dólares. El precio actual del galón de gasolina Extra y Ecopaís es de 2.55 dólares, y el del diésel 1.90.

Lasso destacó que el fin de semana adoptó medidas, entre ellas derogar el estado de emergencia en seis provincias, "pero la respuesta fue más actos de violencia y terrorismo", y amenazó: "nuestra policía nacional y nuestras fuerzas armadas seguirán actuando mediante el uso progresivo de la fuerza para restablecer el orden y trabajar y prosperar".

Antes, en declaraciones a CNN el mandatario acusó que la violencia a raíz de las recientes protestas en su contra fueron acordadas por el ex presidente Rafael Correa y el líder indígena Leonidas Iza, presidente de la Conaie. Al cierre de esta edición no se conocía la reacción de la Conaie al anuncio y amenazas de Lasso.

Desde la Universidad Central del Ecuador, zona de paz y asistencia humanitaria para el movimiento indígena y campesino de otras provincias, Iza agradeció a quienes continúan en el paro en los territorios y en Quito, donde habitantes de muchos barrios apoyan el levantamiento popular con alimentos y otros insumos.

Iza reconoció el desabasto generado en la capital por los días de protestas y anunció la resolución tomada de trasladar productos del campo a la ciudad, para compartir solidariamente, como hacen los quiteños con los movilizados. En Twitter, Iza solicitó a la Cruz Roja facilitar un "corredor logístico y humanitario para el paso de insumos médicos, ambulancias, gas de uso doméstico y todo lo que signifique emergencia". El líder indígena recorrió puntos de reunión, donde afirmó: "estamos aquí para llevar los 10 puntos como respuesta a nuestros compañeros".

En cuanto al paro, Iza anunció que las movilizaciones continuarán hoy, y advirtió que sólo regresarán a sus comunidades cuando se cumpla lo planteado en la agenda de la Conaie: bajar el precio del combustible y el costo de la canasta básica, mayor valor a los productos de los campesinos, prohibición de minería en zonas de protección hídrica y territorios de pueblos autóctonos, entre otros temas.

"Les pido mucha solidaridad entre todos. Nos hemos jugado la vida y la libertad, pero vamos a seguir en esta lucha por los 10 puntos de la agenda", enfatizó."Que no se confunda, si regresamos será con una ganancia para el pueblo. Si no hay eso, no nos vamos de Quito", insistió.

Reconoció los pasos dados por el gobierno como la firma de decretos para controlar la especulación, declarar en emergencia la Salud Pública, condonar deudas hasta los tres mil dólares, bajar costo de la urea al 50 por ciento y de presupuesto para la Educación Intercultural. No obstante, recalcó que falta lo más importante, relacionado con el combustible, los créditos, la minería y el alto costo de la vida.

Interés en el debate sobre la destitución del presidente

En medio de la crisis, la atención se centra además en la decisión que adoptará la Asamblea Nacional, al retomar el debate sobre la destitución de Lasso. El legislativo da trámite a un pedido del bloque opositor Unión por la Esperanza (Unes), que requiere el respaldo de 92 de los 137 asambleístas para aprobar la medida contemplada en el artículo 130 de la Constitución.

Otros bloques parlamentarios como la Izquierda Democrática, el Partido Social Cristiano, y el bloque oficialista Creo han rechazado públicamente la medida. El Unes solamente tiene 42 votos y respaldo de seis de los 24 del partido Pachakutik que en contra de lo que piden sus bases se opone mayoritariamente a la destitución del mandatario.

El pleno de la Asamblea Nacional en la que se debatía un pedido de destitución del presidente, Guillermo Lasso, retomó la sesión en la que ayer se apuntaron 40 diputados para hablar en tribuna, cada uno con diez minutos. Al cerrar esta edición continuaban los debates.

El presidente derogó antier el estado de excepción que regía en seis provincias, como muestra de apertura al diálogo y para generar espacio de paz, señaló un comunicado oficial.

En el contexto de la paralización, las cifras oficiales dan cuenta de cinco muertos y centenares de heridos entre manifestantes, policías y militares. En ese tono, el ministerio de Energía informó que de continuar las protestas, Ecuador podría dejar de producir petróleo en las próximas 48 horas. “Por los actos vandálicos, toma de pozos y cierre de vías no se ha podido transportar los insumos y el diésel necesario para mantener la operación”, dijo en un comunicado.

Mientras, las pérdidas para el sector productivo –público y privado– alcanzan 500 millones de dólares, el nivel del riesgo país se ha elevado desde el inicio de las protestas, dijeron ayer las autoridades.

Cada día de paro representa entre 40 y 50 millones de dólares de pérdidas en el sector productivo, afirmó el ministro de Producción, Julio Prado. Sobre el riesgo país, indicó que tras aumentar en 295 unidades se ubica "por encima de los mil 55 puntos", lo cual encarece el crédito al que se accede a nivel internacional y "podría afectar el crédito a nivel local".

Ante las movilizaciones impulsadas por la Conaie, que incluyen cierre de vías, toma de instalaciones e incidentes violentos, la empresa estatal Petroecuador registró el cierre de mil 94 pozos y 31 torres, según Prado. Las pérdidas para el sector ascienden a 96 millones de dólares.

En el sector comercial, los perjuicios económicos alcanzan 90 millones de dólares. Quito registra pérdidas por 25 millones de dólares diarios debido a una caída de las ventas de 60 por ciento, mientras en las industrias textil y del calzado la comercialización se desplomó 75 por ciento, afirmó el ministro.

La industria láctea registra pérdidas por 13 millones de dólares debido a una caída de ventas del 85 por ciento, el sector florícola de 30 millones y el agrícola y ganadero de 90 millones de dólares, agregó el titular de la cartera de Producción.

Las reservaciones de turistas se desplomaron 80 por ciento debido a cancelaciones y redundaron en pérdidas por 50 millones de dólares para el sector, señaló Prado.

Intelectuales y artistas de Ecuador expresaron preocupación ante las violaciones a los derechos humanos registradas en el contexto del paro nacional contra el gobierno.

Entre ellos figuran los escritores Alejandro Moreano, Raúl Pérez, Kintto Lucas, Iván Égüez, Abdón Ubidia, Sandra Araya, Luis Zúñiga, Edgar Allan García, la coreógrafa María Luisa González, el director teatral Iván Morales y los docentes de la Universidad Central del Ecuador Xavier León Borja, Cristhian Viteri, Carlos Pesantes y Mónica Ayala.

El papa Francisco llamó a la calma a todas las partes ante las sangrientas protestas indígenas. "Sigo con preocupación lo que pasa en Ecuador, estoy cercano a ese pueblo y animo a todas las partes a abandonar la violencia y las posiciones extremas", luego de la oración del Ángelus desde la Plaza San Pedro, en el Vaticano.

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Viernes, 06 Mayo 2022 05:47

Detrás del cartel

Detrás del cartel

Cómo las empresas estadounidenses financian la prohibición del aborto

Estados Unidos está a pocos días de perder su histórica protección federal al derecho al aborto legal. Detrás de la retórica feminista de sus megaempresas se esconde el dinero que estas compañías destinan a los políticos ultraconservadores.

Un borrador interno de la Corte Suprema de Estados Unidos, publicado por Politico el lunes 2, indica que el máximo tribunal anularía la jurisprudencia sentada por el célebre caso Roe versus Wade, lo que eliminará las protecciones constitucionales para el aborto legal, que han estado vigentes en ese país durante 48 años. «La sentencia de Roe versus Wade estaba terriblemente equivocada desde un comienzo», escribe en el borrador filtrado el juez Samuel Alito. Según los informes, la posición de Alito cuenta con el apoyo de otros cuatro jueces conservadores del tribunal. El grupo incluye a tres jueces designados recientemente por el expresidente Donald Trump: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett.

Es técnicamente posible que uno o más de estos jueces cambien de opinión antes de que se publique oficialmente la decisión. Pero parece muy probable que las protecciones federales para el aborto legal se evaporen en unas semanas. Dieciocho estados estadounidenses ya tienen preparadas leyes que en la práctica prohibirán el aborto en todos los casos tan pronto como Roe sea revocado (aunque algunos de estos estados tienen excepciones por violación, incesto o la vida de la madre). Otros cuatro estados prohibirán el aborto después de las seis semanas: antes, incluso, de que muchas mujeres sepan que están embarazadas.

Las fuerzas contrarias al aborto legal han estado presionando para lograr este resultado desde el momento mismo en que se zanjó el caso Roe versus Wade, en 1973. Pero el esfuerzo ha cobrado un impulso significativo desde 2016, con la elección de Trump. Requirió de la acumulación y el ejercicio de poder tanto a escala federal como estatal, con tres objetivos claros.

  1. EL CONTROL REPUBLICANO DEL SENADO

Después de que el juez de la Corte Suprema Antonin Scalia muriera en febrero de 2016, el líder de la mayoría en la Cámara Alta, Mitch McConnell, republicano por Kentucky, se negó a permitir que el Senado considerara siquiera el candidato a reemplazar a Scalia, elegido por el entonces presidente, Barack Obama, a pesar de que a Obama le quedaba casi un año de mandato. Sin embargo, después de que Trump fuera elegido en 2016, McConnell modificó las reglas obstruccionistas de la cámara para aprobar la nominación de Gorsuch y Kavanaugh, y, aunque la magistrada progresista Ruth Bader Ginsburg murió pocas semanas antes de que Trump perdiera su reelección, McConnell forzó la nominación de la ultraconservadora Coney Barrett como reemplazo de Bader Ginsburg. Lo cierto es que ninguna de estas nominaciones hubiera sido posible sin el control republicano del Senado, y el grupo más importante involucrado en asesorar y financiar la elección de candidatos republicanos para ese órgano es el Comité Senatorial Republicano Nacional (NRSC, por sus siglas en inglés).

  1. EL CONTROL REPUBLICANO DE LAS LEGISLATURAS ESTATALES

Animadas por este nombramiento en la Corte Suprema de magistrados que eran abiertamente hostiles a la jurisprudencia sentada por Roe versus Wade, las legislaturas estatales controladas por políticos contrarios al aborto legal se dedicaron a aprobar prohibiciones a nivel estatal. El grupo más importante involucrado en asesorar y financiar la elección de candidatos republicanos para las legislaturas estatales es el Comité de Liderazgo Estatal Republicano (RSLC, por sus siglas en inglés).

  1. EL CONTROL REPUBLICANO DE LAS GOBERNACIONES

No es suficiente que las legislaturas estatales aprueben la prohibición del aborto. Necesitan un gobernador contrario al aborto legal que convierta esas prohibiciones en ley. El grupo más importante involucrado en asesorar y financiar la elección de candidatos republicanos para las legislaturas estatales es la Asociación de Gobernadores Republicanos (RGA, por sus siglas en inglés).

Acumular tanto poder no es fácil y, en Estados Unidos, es tremendamente caro. Pero las fuerzas contrarias al aborto legal tuvieron un aliado fundamental: las grandes empresas. Un análisis de Popular Information sobre donaciones políticas corporativas encontró que 13 empresas importantes han donado más de 15 millones de dólares al NRSC, el RSLC y la RGA desde 2016.

Esta cifra es apenas una pequeñísima muestra del papel que las grandes empresas estadounidenses han desempeñado para poner fin a las protecciones constitucionales al derecho al aborto. Primero, solo incluye a 13 grandes compañías e, incluso dentro de ese reducido grupo, no incluye las contribuciones PAC (sigla de Comité de Acción Política, en español), que se donan directamente a las campañas individuales de los políticos. No incluye tampoco dinero donado al NRSC, el RSLC y la RGA por cámaras empresariales. También excluye el apoyo empresarial a organizaciones sin fines de lucro contrarias al aborto legal, como la Heritage Foundation y la Federalist Society, porque esas contribuciones no están obligadas por la ley a ser de naturaleza pública.

Pero esta cifra limitada deja en claro el papel central del dinero de las grandes empresas en la reversión inminente de Roe versus Wade, incluido el dinero de muchas corporaciones que dicen ser campeonas de los derechos y la igualdad de las mujeres, como las que aparecen en la siguiente lista.

Amazon: El CEO de Amazon, Andy Jassy, afirma que la compañía promueve «la igualdad de género y el empoderamiento en el lugar de trabajo, el mercado y las comunidades». El lunes, Amazon anunció que «pagará anualmente [a sus empleados] hasta 4 mil dólares en gastos de viaje por tratamientos médicos que no impliquen riesgo de vida, incluidos abortos». La asignación se aplicará «si una operación no está disponible en un radio de 160 quilómetros de la casa de un empleado». Pero desde 2016, Amazon ha donado 974.718 dólares a comités políticos contrarios al aborto legal, incluidos 75 mil al NRSC, 789.718 a la RGA y 110 mil al RSLC.

AT&T: En el Informe de Diversidad, Igualdad e Inclusión 2020 de AT&T, su CEO, John Stankey, dijo que uno de los «valores centrales» de la compañía es «la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres». El 26 de agosto, AT&T celebró el Día de la Igualdad de la Mujer, diciendo que era «un día para reflexionar sobre los muchos desafíos que aún enfrentan las mujeres en nuestra sociedad para lograr la equidad». La compañía dijo públicamente que «las mujeres empoderadas son claves para el éxito de sus comunidades». Pero, desde 2016, AT&T ha donado 1.472.827 dólares a comités políticos contrarios al aborto legal, incluidos 330 mil al NRSC, 984.827 a la RGA y 158 mil al RSLC. AT&T también ha sido uno de los principales donantes PAC de políticos estatales individuales que impulsan la prohibición del aborto.

Citi: La compañía financiera dice que «está tomando medidas para promover la equidad de género dentro de sus oficinas y en las comunidades de todo el mundo». En un informe de 2017, Citi dijo que uno de los obstáculos que frenan a las mujeres en la economía son las «restricciones a sus derechos reproductivos». La compañía dice querer crear un mundo donde «los derechos de las mujeres sean reconocidos y las mujeres estén empoderadas para ser participantes libres e iguales en una economía global robusta, sostenible e inclusiva». En marzo, Citi anunció que «cubriría los costos de viaje de los miembros del personal radicado en Estados Unidos que tienen que viajar fuera de su estado de origen para practicarse un aborto». Pero, desde 2016, Citi ha donado 685 mil dólares a comités políticos contrarios al aborto legal, incluidos 90 mil al NRSC y 595 mil al RSLC.

Coca-Cola: La empresa dice que «existe evidencia abrumadora de que lograr la igualdad y el empoderamiento de las mujeres tiene amplios efectos buenos para la sociedad». Pero, desde 2016, Coca-Cola ha donado 2.624.000 dólares a comités políticos contrarios al aborto legal, incluidos 105 mil al NRSC, 2.325.000 a la RGA y 194 mil al RSLC.

Google: «Luchamos por un futuro donde haya equidad en todo el mundo, igualdad de oportunidades para el éxito en todos los campos y donde las mujeres estén seguras tanto online como en el mundo físico», ha dicho la compañía. El 8 de marzo, Google tuiteó que está «trabajando para ayudar a las mujeres a priorizar sus necesidades, poniendo énfasis en su seguridad y salud, creando oportunidades equitativas y celebrando sus logros». Pero, desde 2016, Google ha donado 525.702 dólares a comités políticos contrarios al aborto legal, incluidos 195 mil al RSLC, 225.702 a la RGA y 105 mil al NRSC.

Walmart: La cadena de retail dice estar comprometida «a celebrar, desarrollar y animar a las mujeres de todo el mundo, tanto dentro de la empresa como en las comunidades a las que esta sirve». En 2019, la compañía tuiteó que «empoderar a las mujeres crea valor compartido: es bueno para la sociedad y es bueno para los negocios». Pero, desde 2016, Walmart ha donado 1.140.000 dólares a comités políticos contrarios al aborto legal, incluidos 755 mil a la RGA, 195 mil al NRSC y 190 mil al RSLC.

Otros grandes contribuyentes a comités partidarios contrarios al aborto legal incluyen a General Motors (2.405.900), Comcast (1.869.604), CVS (1.380.000), Verizon (901.150), Walgreens (496.700), Wells Fargo (471.800) y T-Mobile (343.400).

Por Judd LegumRebecca Crosby
6 mayo, 2022

(Publicado originalmente en Popular Information. Traducción de Brecha.)

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Miércoles, 09 Marzo 2022 05:36

La esperanza de la democracia es verde

La esperanza de la democracia es verde

La marea verde que recorre América Latina ha puesto de manifiesto la lucha de las mujeres contra las desigualdades y ha evidenciado que la democracia es más plena con un feminismo activo.

 

La televisión salta de colapso en colapso: guerras, incendios, invasiones, sequías, olas de calor, tormentas, terremotos, tsunamis, pandemias, naufragios, ataques. El mundo ya no solo presenta un escenario desolador, sino uno dominado por la desesperanza. Muchas veces parece que esta situación ya no puede cambiarse.

Más allá de su clave poética, épica o pintoresca, la idea de esperanza es, en estos tiempos, una herramienta central. Puede contribuir a evitar la angustia por un mundo en crisis, a sortear la decepción causada por la creencia de que la transformación es imposible, a fortalecer la rebelión contra la frivolidad del entretenimiento noticioso como única forma de tolerar la realidad. La marea verde que recorre América Latina es parte de esa nueva esperanza.

Si bien no constituye la solución a todos los problemas, el feminismo ha aportado un modo de organización y de resistencia que evidencia que la participación social y política vale la pena. Su lema «la lucha sirve» da cuenta de una esperanza que atraviesa diferentes latitudes y que puede transformarse en una consigna para la transformación.

El camino contemporáneo, iniciado con el movimiento Ni Una Menos (nacido en 2015 en Argentina y extendido luego a toda América Latina), provocó una ola de marchas y reclamos que se consagró en 2017 con el #MeToo y la demanda argentina por el aborto legal, seguro y gratuito en 2018.

Aunque nada de esto se trate de una carrera por ver quien comenzó, resulta importante destacar que existen distintas narrativas sobre la actualidad del movimiento feminista. Aunque hay quienes prefieren mirar primero a Estados Unidos y a otros países denominados «centrales», el rol que ha tenido América Latina en dotar de vigor al feminismo de estos tiempos resulta evidente.

En ocasiones, las cámaras recuerdan solo el camino pisado en la alfombra roja. Se detienen en Hollywood, evidenciando que algunos ojos solo ven el espacio que «se muestra», considerándolo el único en el que las cosas suceden. Sin embargo, si lo que se pretende es iluminar un camino de construcción política singular, la linterna verde debe posarse sobre las múltiples heroínas que unieron la resistencia a las dictaduras con la demanda de una democracia participativa con ciudadanas plenas. Y esa mirada enfoca, principalmente, a América Latina.

Marea verde

La pelea por la legalización del aborto en Argentina en 2018 provocó un tsunami en la región. El pañuelo verde —nacido en Argentina, emulando al pañuelo blanco de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que luchaban y luchan luchar por sus hijos, hijas y nietos desaparecidos— se convirtió en un símbolo de identidad y autonomía, de reclamos por los derechos sexuales y reproductivos, así como de complicidad entre mujeres y diversidades sexuales de los distintos rincones de América Latina. Pero ahora es mucho más que eso. Es una bandera –tal vez la última multinacional y la única nacida y expandida en el siglo XXI– que expresa la concepción plurinacional de los feminismos latinoamericanos.

Tanto el pañuelo como el color fueron adoptados en 2003 en el marco de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, creada ese mismo año en el Encuentro Nacional de Mujeres realizado en la ciudad de Rosario. «De un momento a otro el pañuelo se convirtió en un elemento que no solo marcaba presencia, distinguía y poseía un relato claro y directo, sino que también creaba comunidad y llamaba a la sororidad», escribió la investigadora chilena Sofía Calvo Foxley en el libro La revolución de los cuerpos, moda, feminismo y diversidad (Editorial RIL, 2019).

La diferencia entre la posibilidad de acceder al aborto legal o estar condenada a la clandestinidad es de vida o muerte. Es la diferencia entre poder vivir más plenamente o poder morir por tener sexo o ser obligada a tenerlo. Es la diferencia entre placer y el padecimiento, entre el encierro y la libertad.

La principal característica de la marea verde fue, sin embargo, la de promover un modo singular de hacer política. No se trató solo de conseguir un derecho, de imponer una agenda, de lograr una sentencia o de conquistar la sanción de una ley, sino de imprimir un sello distintivo. Se trató y se trata de una forma de pelear por derechos políticos que contiene una esperanza activa. Una forma que hace del mundo un lugar más habitable, un lugar por el que merece la pena y el placer luchar.

Esa es, en definitiva, la diferencia sustancial: la que marca que una democracia es más plena con un feminismo activo. La participación popular, la creación de consensos sociales y las luchas legislativas (con esquemas de asambleas, discusiones horizontales y fomento de la ocupación de espacios) son una ventana frente a un mundo que convoca a la depresión, el desaliento, el autoritarismo y la represión.

No es solo que el plato servido a la mesa es rico, es que la forma de prepararlo genera la posibilidad de cocinar mejor para muchos otros temas y muchas otras personas que de otro modo pasan hambre, comen compulsivamente o se caen de la mesa. No es solo que se consiguen leyes o fallos (aunque algunos se frustran pero, de todos modos, se pelean), sino que se producen modos alternativos de proponer nuevos consensos. La pelea feminista genera modalidades más participativas de discusión, de decisión y de elección. Estas formas amplían la democracia y promueven una ciudadanía activa más allá del voto (aunque también con los votos).

Ayelén Mazzina es secretaria de estado de la Mujer, Diversidad e Igualdad de la provincia de San Luis, Argentina. Tiene solo 31 años, es lesbiana y lleva el pelo rapado a los costados. Aún desentonando en las formales reuniones de gabinete, destaca: «Somos el cambio de época y debemos lograr, cuando ocupamos lugares en donde se toman decisiones importantes, democratizar y humanizar la política. Hay que escuchar a las bases, fomentar su participación y ver cuáles son sus necesidades reales, y no las que se perciben cuando las políticas públicas se planifican desde un escritorio». 

La participación de las mujeres es un freno social a las distintas formas de autoritarismo y de violencia social (de género, pero también de otros tipos), en tanto promueve el lema «sí te metas», en sentido contrario del «no te metas», la consigna repetida durante la última dictadura militar argentina con la que, por miedo a la desaparición, la ciudadanía era amedrentada y llevada a no involucrarse en los «asuntos ajenos».

La sociedad de «las metidas» —esa en la que los vecinos salvan a una joven que está siendo violada en un auto, una docente llama a la casa cuando una niña viene golpeada de la casa, una desconocida ayuda a una adolescente que es acosada en el tren, una mujer lleva a una joven a la casa si se descompone por tomar alcohol en un bar en vez de dejarla a la deriva— expresa algo más que un conjunto de «gestos individuales». Evidencia las formas de hacer red que el feminismo promueve y que generan una ciudadanía más comprometida y con mayores lazos sociales.

Los desafíos futuros

Ante un mundo con preocupaciones que hace solo tres años solo podían preverse en series apocalípticas como Years and years, la del feminismo no debe ser considerada como una agenda menor ni como una que queda como una preocupación colateral frente a un escenario con conflictos armados, guerras, desastres ambientales y pandemias.

A diferencia de lo que ha sucedido en buena parte de la historia, las desigualdades que viven las mujeres no deben ser ubicadas como problemas que pueden esperar o que bajan de escalones en la larga escalera de las urgencias. Estas demandas ya no pueden ser desplazadas o consideradas como «menos importantes», ni olvidadas en función de urgencias de otros órdenes.

No se solucionarán los grandes conflictos que asolan a la humanidad sin la participación de las mujeres. Por el contrario, se precisarán mujeres fuertes, protegidas y participativas. Y aunque afirmamos que ya no se puede volver atrás, eso es exactamente lo que está sucediendo. Y es que, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), a partir de la pandemia de covid-19, la inserción laboral de las mujeres ha retrocedido diez años en nuestra región.

Los retrocesos en derechos de las mujeres son intolerables. Pero no solo porque descuidar el trabajo femenino y relegar la importancia de erradicar los femicidios, la violencia de género, el acoso y los abusos sexuales es insoportable, sino porque las mujeres vivas, plenas, autónomas son imprescindibles frente a la crisis climática, los conflictos armados y las emergencias sanitarias.

Pero esto no se debe solo al hecho de que las mujeres son las que históricamente han dedicado su tiempo a cuidar y este es un mundo que necesita ser cuidado, y entonces los roles tradicionalmente feminizados resultan imprescindibles en vez de descartables. No se trata de pedirle a las mujeres que sigan cuidando sin ser reconocidas, sino de reconocer la importancia del cuidado.

Se precisa, además, de un cuidado político y de la generación de estrategias superadoras. Y no solo para la agenda de género, sino como motor de confluencia para otras. Un ejemplo es la marea verde en Argentina. No es solo que se consiguió el aborto legal. Es que motorizó el «cuidado del verde». Los lazos entre escritoras para pedir por el aborto legal, ahora conformaron nuevas redes para reclamar por una ley de humedales o activaron la participación activa en el Congreso de la Nación y en las redes sociales para lograr una ley de etiquetado frontal de alimentos.

La combinación entre causa y efecto, marketing de redes y profundidad en los planteos, unidad y movilización, firmas e incidencia legislativa es una tradición que en Argentina comienza en la lucha contra la dictadura y en la pelea por los derechos humanos, llega al feminismo y se traslada a la demanda ambiental.

Es una trenza que no se termina en un pañuelo corto, sino que trenza más pañuelos para poder salir del pozo de una sociedad en un estado terminal que no ve la salida, pero que puede salir si logra colaborar para volver a ver la luz a través de la participación social.

El lema de los pañuelos verdes que circularon en Argentina fue «educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir». Hoy los pañuelos son una prenda que propone una paz activa. No blanca, no neutra, no rendida, sino activa. No morir es saber todavía pelear por un mundo donde el verde de la esperanza viva.  

La lucha sirve.  

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Una historia colonial detrás del lanzamiento del telescopio espacial Webb

La emoción de ver despegar el telescopio espacial James Webb contrasta con el poco espacio que se ha dado a informar de las características de su emplazamiento en la Guayana Francesa, un olvidado departamento ultramarino Francés en Latinoamérica.

 

El reciente lanzamiento del Telescopio Espacial James Webb, el más potente de la historia, ha sido uno de los momentos más esperados del siglo tanto para la comunidad astrofísica como para quienes admiran el espacio exterior. De hecho, la prometida ampliación del campo visual del universo observable que el Webb representa es un avance tecnológico emocionante sobre todo para quienes anticipan que la realidad pronto superará la ciencia ficción. Sin embargo, la gran conmoción del logro científico oculta las luchas sociales y políticas en la Guayana Francesa, un olvidado departamento ultramarino francés en Latinoamérica donde se ha llevado a cabo el despegue.

A medida que el tiempo se iba acortando para el lanzamiento del Webb la fama de este telescopio se incrementaba. Cada paso del proceso —desde la finalización de su construcción, el peligroso transporte marítimo, la denominación controvertida, y hasta el largo historial de retrasos— se convirtieron en un evento mediático. Desde que el 25 de diciembre se llevó a cabo el despegue, el equipo de lanzamiento sigue cumpliendo una ardua labor al guiar el telescopio a su órbita y dirigir su despliegue motorizado.

La historia del Centro Espacial Guayanés, sin embargo, sigue sin conocerse. Y ello, a pesar de ser el puerto espacial más utilizado por la Agencia Espacial Europea. Antes de constituirse como base espacial ubicada en la comuna de Kourou, en la Guayana Francesa, el lugar funcionaba como una colonia penitenciaria.

 
En los años sesenta, el desierto del Sahara de la Argelia colonizada fue usado como reserva para pruebas de cohetes y base de investigación de la Agencia Espacial Francesa. Con bastante respaldo multinacional, la agencia llego a desarrollar un exitoso programa: los cohetes Ariane, capaces de transportar miles de kilos de carga hacia una órbita geoestacionaria. Pero, a raíz de la descolonización de Argelia la agencia tuvo que reubicarse desde Hammagui, su base original donde se lanzó el primer satélite francés, y también el lugar donde se probaban misiles que servirían de defensa antiaérea.

Uno de los criterios fundamentales que la agencia consideró para los posibles puertos espaciales fue la estabilidad política del lugar. Entre los objetivos buscados primó que la base espacial estuviera disponible sin depender de los cambios de poderes políticos locales. La elección final de la Guyana Francesa estuvo acompañada por varias olas de inversión financiera que trajeron esperanza de desarrollo a la región. Sin embargo, de acuerdo a lo que observa Peter Redfield en su obra Space in the Tropics (2000), desde sus inicios el programa espacial francés estuvo más enfocado en el desarrollo de los satélites y los cohetes que del entorno ambiental-social de la base espacial.

La Guyana Francesa viene soportando décadas de negligencia colonial del gobierno francés, el cual hasta ha restringido su posibilidad de fortalecer vínculos con países latinoamericanos. Debido a esta política de aislamiento, cuya raíz se remonta al legado colonial del système de l'exclusif, la Francia metropolitana ha mantenido el estatus europeo de la Guyana Francesa dentro de Latinoamérica de manera artificial, y en consecuencia ha asegurado su dependencia territorial y económica.

En 2017, como resultado de las enormes manifestaciones en la Guyana Francesa, coaliciones de numerosos sindicalistas, grupos de autodefensa, y colectivos activistas ocuparon el Centro Espacial Guayanés a lo largo de un mes.

El paro de tráfico de aeronaves ha sido una estrategia de poder local utilizada en varias instancias. Esta vez, la mayoría de los manifestantes demandaron al gobierno del presidente François Hollande la inversión de recursos económicos hacia la infraestructura que podría mejorar las vidas de los habitantes locales en lugar de concentrarse exclusivamente en el puerto espacial. Los manifestantes reclaman la necesidad de un sistema de salud, infraestructuras eléctricas, protecciones ambientales, incrementos de sueldos, así como modificaciones a la política migratoria, regulación de la minería ilegal, y disminución del crimen violento en la región. 

Alrededor del planeta el crecimiento de las industrias aeroespaciales ha dado paso a serios cuestionamientos en su proceder. En los Estados Unidos, ambientalistas del Valle del Río Grande han llamado la atención hacia la contaminación del Valle como resultado de la explosión del cohete Starship, lanzado por la compañía SpaceX desde su base tejana. Por otro lado, en Brasil, comunidades quilombolas, ancestros de los cimarrones negros que se autoliberaron de la esclavitud, vienen luchando contra el desplazamiento de su pueblo debido a la expansión del Centro de Lanzamiento de Alcântara. En Hawái, los Kānaka Maoli encabezan una lucha de hace más de siete años en contra del establecimiento de los observatorios espaciales en el muy apreciado volcán ancestral de Mauna Kea.

Aunque la tecnología moderna, así como la privatización de tierras ancestralmente ocupadas por comunidades, en conflicto con la ecología y temáticas sociales no son nuevos fenómenos, alrededor del mundo estos se han intensificado y han alcanzado una atención crítica.

11 ene 2022

Michael Reyes Salas. Es profesor asistente de estudios africanos en el Vassar College.

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"El weichan (lucha) no parará ni con Piñera ni con Boric": la advertencia de una organización mapuche al presidente electo de Chile

La Resistencia Mapuche Lavkenche (RML), una de las organizaciones más radicalizadas de Chile, advirtió que no cederá en su pelea por la protección de territorios durante el próximo gobierno de Gabriel Boric, quien a partir del próximo 11 de marzo sustituirá en la presidencia a Sebastián Piñera.

"El weichan (lucha) no parará ni con Piñera ni con Boric", aseguró el grupo en un comunicado en el que se atribuyó una serie de atentados cometidos desde el mes pasado en varias localidades de la provincia del Arauco (región Biobío, ubicada en el centro del país).

El ataque más reciente fue el incendio de 31 inmuebles, pero antes quemaron decenas de vehículos, equipos y máquinas forestales. Por estas y otras protestas de colectivos mapuches, que el Gobierno considera como acciones "terroristas", Piñera decretó un estado de emergencia desde octubre que sigue vigente y que permite operativos de fuerzas de Seguridad y Armadas.

"Con la contundencia de nuestras acciones reivindicamos a nuestros presos y caídos. Y con paso firme seguimos avanzando hacia la liberación del Wallmapu. Sabemos que este caminar seguirá trayendo sacrificio y dolor. Cárcel y muerte. Pero no claudicaremos", señala el escrito en el que la RML repudia la sentencia que el próximo viernes se impondrá a ocho comuneros mapuches que ya fueron declarados culpables del asesinato de Eleodoro Raiman, un hombre de 69 años que falleció en diciembre del año pasado después de ser atacado a golpes.


Los acusados son Esteban, Manuel y Carlos Huichacura Leviqueo; Francisco Medina Huichacura, Matías Leviqueo Concha, Eliseo Raiman Colimán, Guillermo Camus Jara y Bernardo Camus Parra, quienes se consideran presos políticos.

En pie de guerra

En el comunicado, la organización afirma que los acusados del crimen de Raiman son "hombres de bien que deberán asumir el castigo del estado racista y opresor", y aseguran que los involucrados han sido víctimas de "las mentiras de traidores, fiscales y medios de comunicación".


"El gobierno y el payaso coordinador de la 'macro zona', Pablo Urquizar, insisten en hablar de un crimen a mansalva, pero eluden el fondo del asunto que hoy condenará a decenas de años de cárcel a nuestros peñi (hermanos), sabemos que el estado castigará a nuestros hermanos, humillará sus familias y hará ver de víctimas a los traidores", denuncian en el escrito.


No obstante, advierten que forman parte de un "pueblo rebelde" que avanza hacia su liberación, por lo que prometieron "expulsar a los usurpadores históricos" de sus territorios y rechazaron "los discursos de paz que intenta imponer esta falsa democracia".


Del mismo modo, insisten en que no soltarán sus armas mientras continúe la devastación de sus territorios, las empresas turísticas "se sigan lucrando" de los recursos en esos predios "y las cárceles del sur continúen llenas de mapuche".


El conflicto persiste en la zona, a pesar de que el izquierdista Gabriel Boric, quien el pasado domingo se convirtió en el presidente electo del país, ha prometido avanzar "hacia una nueva relación con los pueblos originarios".
En esa línea, Boric insistió en reconocer "el derecho de los pueblos originarios de mirar el mundo desde otras perspectivas lingüísticas y culturales".

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El panorama del derecho al aborto en Colombia

En Colombia mueren aproximadamente 70 mujeres al año por tener que someterse a abortos inseguros, 136.000 requieren atención medica post aborto, siendo la tercera causa por muerte materna en Colombia. Aun así, la decisión de la despenalización está en manos de 9 magistrados y en espera de respuesta de un impedimento presentado por uno de ellos, frente a una situación que incumbe a millones de mujeres.

 

En Colombia se estima que el 44% de los embarazos no planeados terminan en un aborto inducido (Allan Guttmacher Institute -AGI, 2010). El grupo de mujeres más afectadas son jóvenes, de zonas rurales, pobres y deslazadas. Es la tercera causa de mortalidad materna en Colombia, lo que corresponden al 16% según el Ministerio de la Protección Social (2004). De acuerdo a un estudio de la OIM (2008) 70 mujeres mueren anualmente en Colombia por tener que someterse a procedimientos riesgosos.

Aproximadamente cada año, un total de 132,000 mujeres sufren complicaciones debido al aborto inducido practicado en condiciones clandestinas y riesgosas. La proporción de mujeres que sufre complicaciones y son atendidas en un centro de salud depende de su lugar de residencia y de su condición socioeconómica, siendo las mujeres de las zonas rurales las que menos atención reciben, un 53%, mientras que en las zonas urbanas es un 24% de mujeres pobres que no reciben atención postaborto en instituciones de salud.

En Colombia existe la sanción C355 de 2006 que permite el aborto bajo tres causales: cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico; cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico; cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas o de incesto.

Sin embargo, en cuanto al reconocimiento del aborto como un derecho que respeta la libre decisión, la equidad, la vida, más allá de las tres causales de la sanción C355, lo que se busca es la legalización y reconocimiento del aborto como un derecho que debe ser reglamentado e implementado por el Estado, y no solo sacarlo del código penal, lo que es importante, pero la exigencia de este derecho también debe contener la implementación de educación sexual, acceso a los anticonceptivos y disposición para procedimientos seguros en las entidades prestadoras de salud para abortar.

La sentencia C355 de 2006 sigue permitiendo el lucro a los servicios de abortos clandestinos e inseguros que pone en peligro la vida de muchas mujeres. El pasado 18 de noviembre la Corte Constitucional retomó la discusión sobre la despenalización del aborto debido a las dos demandas interpuestas, una de ellas por la organización Causa Justa que congrega 45 organizaciones feministas y defensoras de los derechos de la mujer.

Actualmente, la Corte se encuentra compuesta por 9 magistrados de los cuales se sabe que 5 están de acuerdo con la despenalización y los otros 4 no. Se conoce que las ponencias a discutir en la Corte fueron presentadas por los Magistrados Antonio José Lizarazo y Alberto Rojas Ríos. Sin embargo, se presentó un impedimento por uno de los magistrados por lo que se debe esperar la respuesta de un conjuez que posiblemente dé su veredicto este mes lo que permitiría retomar la discusión sobre la despenalización del aborto en dicho órgano judicial.

La despenalización sería un gran avance, pero es importante ir más allá y exigir que se legisle sobre su implementación, legalizándolo, y así reconocer el aborto como un derecho que debe garantizar el Estado. No obstante, no se puede obviar el avance de la iglesia, la ultraderecha y la derecha quienes vienen presionando a la Corte Constitucional para que no despenalice el aborto.

Ejemplo de lo anterior, es la cita de la revista la Silla Vacía que publicó recientemente un estudio de la Universidad Externado en el que afirma que “solo entre el 2 y 3 de octubre la Corte recibió 1.672 correos anónimos exactamente iguales que dicen que la despenalización es facultad del Congreso y no de un órgano judicial”, siendo su objetivo que la Corte no despenalice el aborto y no por alguna cuestión democrática. Este medio también afirma que esta estrategia se hizo mediante una convocatoria de la organización “Unidos por la Vida”, que tiene conexión con “CitizenGo”, que a su vez es filial de la española “Hazte Oír”, organizaciones con presencia mundial, llamados grupos de presión, católicos y de derecha, que buscan no permitir que avance el reconocimiento de derechos para las mujeres, los pobres, los migrantes y otros grupos oprimidos por el capitalismo.

De igual manera el partido de gobierno Centro Democrático de Iván Duque es en general una de las organizaciones políticas que más miembros tiene en estos grupos internacionales de presión, varios de sus funcionarios como los del Ministerio de Salud y el de Justicia, y la misma Procuradora Margarita Cabello se han manifestado en contra de la despenalización. Incluso este año en el Congreso se conformó una “bancada Provida” con 23 parlamentarios de los partidos Conservador, Centro Democrático, Colombia Justa Libres, Cambio Radical y Decentes, de las tendencias de ultra derecha, derecha, y progresismos.

Para las próximas elecciones ningún partido ni candidato a congreso o a presidente se ha pronunciado ni puesto en su agenda el derecho al aborto y la salud sexual y reproductiva, pero ya se sabe la posición de la mayoría de los partidos como los indicados más arriba, que se oponen tajantemente al derecho al aborto. Para Gustavo Petro, progresista y el más probable candidato por la alianza Pacto Histórico tienen una posición cerrada de “aborto cero”, su coalición con el pastor evangélico Alfredo Saade como precandidato presidencial por la alianza de Petro deja clara su simpatía con la posición de Saade frente al derecho al aborto, sumándose a toda la ola reaccionaria contra este derecho fundamental de las mujeres.

Luis Carlos Galán del Partido tradicional liberal se hace a un lado y argumenta que son las mujeres las que deben abordar el tema porque se trata de la soberanía sobre sus cuerpos. En cuanto a Alejandro Gaviria quien por venir de la carrera académica se creía de pensamiento más progresista parece no tener en ningún punto del programa el derecho al aborto. El único que se manifestó a favor de la despenalización y la implementación fue Sergio Fajardo.

Lo anterior indica que no hay que esperar a que los políticos que aspiran a la presidencia tengan en su agenda los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Colombia, y que hay que conquistarlos en las calles. Pero hay que dar un vistazo a las organizaciones y como vienen avanzando. Se pueden reconocer en Colombia varias organizaciones de mujeres cuyo eje es en algunos casos la paz, la etnia, la educación, entre otras, no necesariamente todas estas organizaciones se suman a la lucha por el derecho al aborto. Algunas de las que estuvieron dentro del grupo que presentó las demandas interpuestas a la Corte Constitucional y que se agruparon con Causa Justa son La Mesa por la Salud y la Vida de las Mujeres, el Centro de Derechos Reproductivos, Profamilia, Católicas por el Derecho a Decidir Colombia y Dejusticia.

En cuanto a las organizaciones obreras, juveniles, las movidas barriales y las batucadas feministas surgen apoyando los espacios de movilización y protesta en pro del derecho al aborto. Está también el gremio docente que se moviliza por causas como el 25N, aunque no hay un apoyo abierto como organización al derecho al aborto. En zonas más conservadoras del país prefieren ser las organizaciones identificadas como movimientos de mujeres mas no feministas, hay temor a las ideologías por la estigmatización que puede surgir y fuertes creencias morales y religiosas aun influyentes.

Es necesario nuclear todas esas luchas que muchas compañeras están llevando en sus barrios y localidades, en sus lugares de trabajo y de estudio, para hacer más fuerte, visible y organizada la lucha por los derechos de las mujeres, seguir el ejemplo de la marea verde de las compañeras argentinas y fortalecer la presencia en las calles y conquistar en Colombia el derecho al aborto, legal, seguro y gratuito.

Begonia D.Corresponsal en Bogotá

Domingo 5 de diciembre

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La lucha por la legalización del aborto en Colombia

El aborto en Colombia ha sido despenalizado solamente en tres causales y por ello se encuentra dentro del código penal y no como un derecho fundamental. Por esto se sigue judicializando a mujeres pobres y en su mayoría jóvenes. Ayer estuvo de nuevo en discusión en la Corte Constitucional el libre derecho a la decisión de las mujeres sobre sus cuerpos.

 

En Colombia solo hasta el año 2006 se da un primer paso para la despenalización del aborto. La sentencia C-355 de 2006 permite el aborto bajo tres causales: cuando hay riesgo para la salud o la vida de la mujer embarazada, cuando el diagnóstico fetal es grave, y en casos de violación, incesto o inseminación no consentida. Sin embargo, estas tres circunstancias específicas dejaron a las mujeres expuestas a la estigmatización y el maltrato, incluso a la presión de los católicos en los hospitales públicos.

Además de ser la sentencia C-355 de 2006 una ley injusta se presentan dificultades en su implementación, deja al lucro capitalista del sector privado y de manera clandestina la práctica del aborto, y pone en peligro la vida de las mujeres. Asimismo, esta sentencia puso en el limbo la ley, pues esta entre el derecho fundamental y la penalización. La penalización del aborto requiere ser retirada del código penal colombiano y ratificado el derecho al aborto como un derecho fundamental que permita el libre acceso a la salud, la libertad y la igualdad.

Hoy las mujeres en Colombia trabajadoras, estudiantes, campesinas de bajos recursos deben acudir a procedimientos riesgosos y precarios para abortar, lo que hace desigual el acceso a este procedimiento poniendo en peligro la vida de las mujeres pobres. En declaraciones al diario El País Ana Cristina González miembro del movimiento Causa Justa que hoy interpone acciones jurídicas para la legalización del aborto ante la Corte Constitucional afirma que “El sistema colombiano opera tendenciosamente para condenar a las mujeres que deciden abortar y, en cambio, exonera a los hombres que ejercen violencia contra las mujeres”.

En un informe de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres en Colombia se evidencia que el rango de edad de las mujeres que más acuden al aborto esta entre los 14 y 17 años, y que son más penalizadas las mujeres de las zonas rurales que urbanas, también se observa en este informe que el 42% de las mujeres que abortan son sometidas a violencia de género. Las mujeres que son judicializadas por abortar pagan penas de hasta cuatro años y medio.

La discusión para la total despenalización comenzó ayer en la Corte Constitucional, esto debido a las dos demandas interpuestas, una de ellas por la organización Causa Justa que congrega 45 organizaciones feministas y defensoras de los derechos de la mujer. La Corte se encuentra compuesta por 9 magistrados de los cuales se sabe que 4 están de acuerdo con la despenalización y los otros 5 no se han pronunciado sobre esta decisión, cuatro de ellas mujeres. Se conoce que las ponencias a discutir en la corte fueron presentadas por los Magistrados Antonio José Lizarazo y Alberto Rojas Ríos.

Inadmisible resulta que 9 personas decidan sobre los derechos fundamentales de la mitad de la población colombiana que son mujeres; es evidente la injerencia de la ultraderecha, la derecha y la iglesia católica sobre nuestros cuerpos, llegando a la congelación de la discusión en la Corte Constitucional el día de ayer, aun conociendo las cifras de aborto en Colombia que anualmente es de alrededor 400.000 casos. La Corte Constitucional aplaza el fallo argumentado el impedimento del magistrado Alejandro Linares, lo que para ser aclarado requiere de la elección de un conjuez entre 27 candidatos, eso deja la decisión en manos de ocho magistrados que en caso de presentarse empate deberá de nuevo elegirse un conjuez para aclarar el fallo.

Toda una triquiñuela política que aplaza de manera indefinida la legalización del aborto. Además de las organizaciones feministas, no hay pronunciamiento de sectores políticos de ninguna tendencia pues es una decisión que en Colombia entra en el juego moral de las iglesias sobre todo católica con la que simpatiza la ultraderecha, la derecha y el progresismo.

Es urgente la toma de las calles por parte de las mujeres en Colombia, siguiendo el ejemplo de nuestras compañeras de Argentina que consiguieron arrancar con la movilización la legalización del aborto, y para que la Corte Constitucional de un fallo pronto a favor de la despenalización como parte de la lucha por la legalización del aborto en nuestro país, pero también que sirva para combatir el capitalismo y la ultraderecha, y hacer contrapeso a los grupos católicos próvidas quienes con las pro aborto se manifestaron ayer frente a la Corte.

Compañeras, que la marea verde se extienda y nos contagie en pro de ganar derechos no solo en cuanto a la salud sexual y reproductiva, sino en defensa de nuestros derechos en general.

EDUCACIÓN SEXUAL PARA DECIDIR, ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR, ABORTO LEGAL PARA NO MORIR.

Por Begonia D.Corresponsal en Bogotá

Viernes 19 de noviembre

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Después de Argentina y México, ¿puede avanzar América Latina hacia la despenalización del aborto?

En América Latina, pensar en términos futboleros no suena tan descabellado. En este mundial por el aborto, el continente latinoamericano viene dando batalla.

 

El 28 de septiembre se reconoce como el Día Internacional por el Aborto Seguro, fecha que enmarca las actividades de campaña realizadas para visibilizar y fortalecer la lucha por la despenalización y legalización del aborto a lo largo y ancho del planeta. 

Podría decirse que es el día para parar la pelota y analizar el partido: dónde estamos, hacia dónde se va, quiénes se oponen a los avances. En América Latina, pensar en términos futboleros no suena tan descabellado. Ya lo dijo el escritor uruguayo Eduardo Galeano: “El fútbol es el espejo del mundo”. Y en este mundial por el aborto, el continente latinoamericano viene dando batalla, en una marcha y contramarcha constante, mezclando estrategias ofensivas y defensivas. De a una o en simultáneo. Pep Guardiola o José Mourinho, depende el momento. Con resultados dispares, en los que nos jugamos las vidas.

No es lineal el caminito y mucho menos se llega a una meta. Ni siquiera lograr la legalidad de la interrupción voluntaria de un embarazo puede entenderse como la ocasión de alzar la copa. Ahí comienza otro campeonato. Una nueva fase de lucha. Siempre alertas, porque los derechos de las mujeres y de las diversidades nunca se dan por adquiridos y “… debéis permanecer vigilantes…”, como adelantó Simone de Beauvoir.  

Venas abiertas

Según el Centro de Derechos Reproductivos (CRR, por su sigla en inglés), durante las últimas décadas se avanzó en la garantía del derecho de las mujeres al aborto con casi 50 países liberalizando sus legislaciones. En la actualidad, 970 millones de mujeres ─que representan el 59% de las mujeres en edad reproductiva─ viven en tierras que permiten ampliamente el aborto.

Parte de las reformas han sido graduales, con supuestos que lo autorizan en determinadas situaciones. Muchos otros cambios fueron totales transformaciones que revocaron las prohibiciones absolutas del aborto en favor de la autonomía reproductiva de las mujeres. En América latina el panorama es complicado: la mayoría de los países se reparten entre la prohibición sin excepciones y un abanico de causales.

Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, reflexiona sobre este mapa desigual y selectivo que presenta las Américas: “Dependiendo de las condiciones sociales, económicas y del lugar en donde le haya tocado nacer a una mujer tendrá mayores o menores oportunidades de ejercer sus derechos. Así y todo, Argentina y nuestra región impulsan la discusión mundial por los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, en países que durante el siglo XX fueron vanguardia en la reforma de la legislación sobre aborto hoy las mujeres y niñas ven sus derechos en peligro. Tal es el caso de Texas, Estados Unidos, que aprobó una norma regresiva que prácticamente prohíbe el derecho al aborto. En conclusión, la fuerza del movimiento de mujeres de América latina ha demostrado su capacidad para generar cambios poderosos y estas embestidas contra derechos conquistados nos encienden una alarma para nunca dejar de pelear”.

México

México reúne 32 entidades federativas, cada una con sus propias legislaciones sobre aborto. Es decir, opera bajo un sistema federal que regula el aborto a nivel estatal, por ende la ley varía según el estado. 

La mayor parte de la población mexicana se asienta en territorios que solo permiten la interrupción del embarazo en casos de violación, y algunos agregan otros supuestos como el riesgo para la vida o la salud de la gestante o malformaciones fetales. 

La Ciudad de México, sin embargo, legalizó en 2007 el aborto a pedido con un límite de gestación de 12 semanas; y entre 2019 y 2021 se sumaron Oaxaca, Hidalgo y Veracruz.

“Estamos muy contentas de que los cambios en los tres estados hayan sido tan rápidos. Lo que estamos buscando es que la implementación sea igual de rápida como fue en la capital. Tenemos el aprendizaje de esa ciudad para poder implementar y mejorar. Además, hay muchas colectivas capacitándose para acompañar abortos con medicamentos y así responder un poco a los vacíos que deja el Estado. El hecho de que no sea legal en todo México no quiere decir obviamente que no haya acceso a través de iniciativas feministas”, valora Sofía Garduño Huerta, a cargo de la coordinación del Fondo de Aborto para la Justicia Social MARIA (Mujeres, Aborto, Reproducción, Información y Acompañamiento), quien resalta el coletazo que generó la novísima aprobación del aborto en Argentina. 

Para Garduño Huerta, “el movimiento de la marea verde argentina dio un impulso muy grande para la movilización social mexicana”. “Hizo, sobretodo, que se pusiera el tema otra vez sobre la mesa, que se incorporaran más jóvenes al movimiento y personas de distintos ámbitos como actrices, cantantes e influencers. Visibilizó las colectivas al interior de la República y fuera de la capital. Vino a renovar las estrategias y a inyectar energía y alegría al movimiento feminista”.

Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México declaró inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta por parte de mujeres y personas gestantes en el estado de Coahuila, sentando un precedente judicial histórico. 

Garduño Huerta explica la magnitud del fallo: “Se han dado tres discusiones con fallos muy importantes: por un lado, la Suprema Corte ha dicho que criminalizar a las mujeres y personas con capacidad de gestar que deciden abortar de manera voluntaria es inconstitucional. De esta manera básicamente le está diciendo a todas las entidades del país (y no solo a Coahuila) que revisen sus códigos penales, y lo que esperamos son nuevas reformas para despenalizar en los estados que nos hacen falta. Otra cosa que ha dicho la Suprema Corte es que la protección de la vida desde el momento de la concepción ─tal como la entienden los grupos conservadores─ también es inconstitucional”.

Así, explica, se hace un reconocimiento a la vida pero no puede estar por encima de los planes de vida y derechos de las mujeres. Además, ha habido discusiones sobre la objeción de consciencia, en las que se resguarda este derecho del personal de salud a la vez que establece muy claramente que la objeción de consciencia no puede ser institucional: “En este sentido obliga al Estado a tener proveedores de salud que atiendan a quien lo necesite. Estas últimas discusiones son de muy avanzada al poner en el centro la libertad y autonomía reproductiva de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar”.

Cuba

Cuba fue el primer país de América latina y el Caribe en despenalizar el aborto. En 1961 la práctica salió de la clandestinidad y en 1965 se creó la base legal para que pudiera realizarse en el marco del Sistema Nacional de Salud sobre cuatro principios básicos: es la persona gestante quien decide, la práctica debe llevarse a cabo en una institución hospitalaria, por personal experto y de forma totalmente gratuita. 

Desde hace casi 60 años, entonces, las cubanas acceden a su derecho a interrumpir un embarazo siempre que sea en un marco institucional y dentro de las primeras 12 semanas de gestación. Más allá de este plazo se siguen criterios médicos.

Aun antes de la Revolución, igualmente, la interrupción del embarazo podía enmarcarse en causales. A partir de 1936 el aborto fue legal en Cuba para salvar la vida de la mujer o evitar un daño a su salud, en caso de violación, o si existía la posibilidad de transmitir al feto alguna enfermedad grave.

“Es importante que exista el derecho desde 1936. La Revolución del 59 heredó esa conquista. Pero a pesar de ser legal no existe una ley constitucionalizada, como en Argentina. Y eso no es bueno, porque aunque una mujer cisgénero pueda decidir no continuar con un embarazo tiene obligatoriamente que pasar por el sistema de salud”. Así se explica la periodista y ecuménica Yuliet Teresa Villares Parejo desde Morón, municipio de la provincia cubana de Ciego de Ávila.

Según Villares Parejo, en Cuba existe un método menos invasivo de interrupción que es la regulación menstrual, que se hace en una institución sanitaria. “Los altos números sobre esta práctica que ha informado el Ministerio de Salud dan cuenta de un nivel de educación sexual integral muy bajo en nuestro país. Este es uno de los debates que nos estamos dando en el movimiento feminista: la necesidad de un programa que se imparta en la educación cubana, porque obviamente a nuestras adolescentes y a nuestros jóvenes les falta información. Por otro lado, hay una escasez muy grande de anticonceptivos. Claro que es un derecho el aborto, pero las formas anticonceptivas tienen que existir en el sistema nacional de farmacia porque en el imaginario de muchas mujeres cubanas el aborto es la última opción”.

Para Villares Parejo tampoco es un dato menor que se trate de un proceso de gran impronta burocrática: “Sabemos que abortar es seguro, es legal, pero es muy moroso. Para que una mujer rural llegue al hospital provincial… la demora, el burocratismo es muy fuerte. La morosidad en una persona que quiere abortar, teniendo en cuenta que se le puede pasar el tiempo, es complejo. Ese es otro de los desafíos que tiene la salud pública de Cuba, con el Estado como eje gobernante de todo el proceso”. 

El Salvador

El Salvador tiene una de las leyes antiaborto más estrictas, con una prohibición de la práctica en todas las circunstancias. 

La historia de Manuela ─una mujer joven, analfabeta, de la zona rural salvadoreña ─ es un ejemplo de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que ocurren en este país. Manuela llegó al hospital público con una emergencia obstétrica, pero el personal de salud la denunció alegando que había abortado por ser infiel. El centro de salud se convirtió así en una antesala del juicio: Manuela fue perseguida y condenada a 30 años de cárcel. Varios meses después le diagnosticaron cáncer linfático, enfermedad que pudo haber causado la pérdida del embarazo. Falleció en prisión. Tenía dos hijos. 

“La situación de penalización absoluta del aborto ha generado que entre 1998 y 2019, 181 mujeres sean procesadas injustamente por abortos o emergencias obstétricas. Las consecuencias de esta ley, además, hacen cómplice al Estado salvadoreño de la violencia sexual y los embarazos impuestos que enfrentan niñas y mujeres”. Sara García es activista feminista de El Salvador y defensora de derechos humanos y cree que en la actualidad se están viviendo retrocesos democráticos impulsados por el presidente Nayib Bukele, que ha aumentado presencial militar y ha acumulado más poder desdibujando la separación de poderes de Estado. “Encima, la nueva Asamblea Legislativa conformada mayoritariamente por diputadas y diputados del partido de gobierno ha archivado la propuesta que habíamos colocado para despenalizar el aborto, sin diálogo ni debate”, indica.

Nicaragua

En Nicaragua la interrupción del embarazo también está penalizada bajo cualquier supuesto. El 16 de noviembre de 2007, el Código Penal explicitó la pena de uno a tres años de prisión a “quien provoque aborto con el consentimiento de la mujer (…) Si se trata de un profesional médico o sanitario, la pena principal simultáneamente contendrá la inhabilitación especial de dos a cinco años para ejercer la medicina u oficio sanitario”. Y penas de uno a dos años de prisión a “la mujer que intencionalmente cause su propio aborto o consienta que otra persona se lo practique”. Se castiga, incluso, el aborto terapéutico ─aquel que se realiza cuando la vida de la persona gestante o el feto corren peligro─, y no importan las edades ni las situaciones de abuso sexual.

Maryorit Guevara es periodista feminista y directora de La Lupa, el único medio crítico con perspectiva de género en Nicaragua: “Daniel Ortega y Rosario Murillo lograron con acuerdos que se reformara la ley para penalizar el aborto, permitido en algunas circunstancias por más de 100 años en el país. Este pacto político favoreció al Frente Sandinista de Liberación Nacional para poder retornar al poder y congraciarse con la Iglesia. Sin embargo, vale mencionar que no tenemos casos, como en otros países de Centroamérica, de mujeres que hayan sido procesadas y condenadas por este supuesto delito”, dice esta periodista, que aclara que esto no significa que no se practiquen abortos, “sino que hay una gran clandestinidad en clínicas que no cuentan con las condiciones necesarias, y son situaciones que terminan atentando contra las vidas de las mujeres”.

Guevara pone el foco en otra de las consecuencias más dolorosas de los 14 años de penalización absoluta del aborto en Nicaragua: “La afectación más visible es el embarazo impuesto en niñas y adolescentes. Hasta 2020, al menos 1600 niñas menores de 14 años fueron obligadas a convertirse en madres. Sin tener acceso a justicia a pesar de haber sufrido vejaciones. Esta es una de las mayores denuncias que se ha hecho desde el movimiento de mujeres organizadas nicaragüenses”.

Chile

La ley 21030 del año 2017 reguló la despenalización de la interrupción del embarazo en Chile bajo tres causales: si la mujer se encuentra en riesgo vital, si el embrión o feto padece una patología congénita adquirida o genética incompatible con la vida extrauterina independiente, o si el embarazo fuera resultado de una violación ─siempre que no hayan transcurrido más de 12 semanas de gestación─. 

Izani Bruch, Obispa de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile, señala los pasos dados cerca de la cordillera: “La ley de las tres causales no contempla las realidades de todas las mujeres, pero se perciben muchas resistencias desde sectores de la derecha, de parte de iglesias evangélicas, de la iglesia católica y de los movimientos pro-vida para generar cambios. Sin embargo, en el último debate presidencial, tres de los cinco candidatos en campaña plantearon estar de acuerdo con impulsar la ley de aborto legal, seguro y gratuito que demandan las mujeres y los feminismos chilenos”.

Cabe recordar que el estallido social que movilizó a Chile en octubre de 2019 abrió un proceso constituyente histórico que se orientó a la elaboración de una nueva Constitución. Por primera vez, entonces, existe la posibilidad de incorporar al catálogo de derechos fundamentales la salud, la salud sexual y reproductiva, y los derechos sexuales y reproductivos.

Uruguay

La ley 18.987 aprobó en 2012 la legalización del aborto en Uruguay hasta las 12 semanas de gestación, y los datos oficiales cuentan que son 75 mil las mujeres que en ocho años de servicios pasaron sus abortos por el sistema de salud.

Pero aunque fue punta de lanza en América del Sur, la norma uruguaya no sacó al aborto del Código Penal; y mantuvo como punibles a las mujeres que aborten o a quienes las ayuden a abortar por fuera de las condiciones definidas por la ley. Es decir: fuera de las 12 semanas de gestación, fuera de los servicios de salud y a las migrantes con menos de un año de residencia. Hasta las 14 semanas se permite interrumpir un embarazo solo en casos de violación, y sin plazo cuando hay riesgo de vida de la mujer o malformación fetal incompatible con la vida.

“Esa no era la ley que queríamos ni que habíamos peleado como movimiento feminista, porque es restrictiva y extremadamente tutelante. Establece una serie de condiciones para llegar al aborto legal que son una falta de respeto a la capacidad ética de las mujeres de tomar nuestras propias decisiones. La ley uruguaya lo que hace es poner bajo control médico el cerciorarse que la mujer esté decidiendo por un aborto de manera informada y responsable, y la intencionalidad es que desista de abortar. Esto es grave en términos feministas y es un dolor enorme para nosotras”. 

Quien comparte el pesar es Lilian Abracinskas, activista feminista y directora de Mujer Y Salud (MYSU), una organización para la promoción y defensa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en Uruguay.

“A los seis meses, sin embargo, tuvimos que salir a defender esa ley que se había conseguido porque los opositores ─que hoy gobiernan el país─ constituyeron una Coordinadora Por la Vida para derogar la norma llamando a una consulta ciudadana. Esta consulta ciudadana necesitaba el 25% de adhesión para habilitar un plebiscito derogatorio. Solo obtuvieron el 9%, y esto fue el gran éxito que tuvimos como movimiento social en términos de apoyo democrático a la lucha que habíamos llevado”.

Luis Lacalle Pou asumió en 2019 como presidente de Uruguay por el Partido Nacionalista. Previamente, como diputado, no apoyó ninguna de las leyes de la agenda de derechos: aborto legal, matrimonio igualitario, regulación del cannabis, ley de jornada laboral del peón rural, ley para empleadas domésticas, ni la ley integral para personas trans. Y en campaña declaró que su gobierno seguiría una agenda “pro-vida”.

Así analiza Abracinskas el recorrido reciente: “Como movimiento feminista debemos estar alertas siempre. Saber que nada de lo que se consigue termina estando grabado a piedra. Por eso creo que entre las cosas que hicimos bien estuvo mantener la movilización social en torno al aborto. Que la gran movilización que hubo en Uruguay para conseguir la ley no se desvinculara. Porque conseguir la ley no es el final del camino sino entrar en una nueva fase, que requiere apropiarse del logro, garantizar los servicios, mantener exigibilidad ciudadana para que lo que se comprometió se cumpla y tratar de generar las condiciones para avanzar sobre lo logrado”.

Argentina

El 30 de diciembre de 2020 se sancionó en Argentina la ley 27.610 que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y a la atención postaborto. El 24 de enero de 2021 entró en vigencia en todo el territorio. La ley establece una mixtura de plazos y causales y concede el derecho de personas con capacidad de gestar a interrumpir voluntariamente su embarazo hasta la semana 14 ─inclusive─ del proceso gestacional. Este derecho coexiste con un sistema de causales que indica que, independientemente de la edad gestacional, la persona gestante puede interrumpir el embarazo si fuera resultado de una violación o si estuviera en peligro su vida o su salud (ILE).

Valeria Isla, Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, destaca la amalgama feminista de la región: “En América latina hay una marea verde muy grande, y nuestra ley ha generado un impacto altamente positivo. Tenemos muchos intercambios con distintos países de la región para favorecer la ampliación de derechos a partir de la experiencia argentina. Sobre todo porque nosotras logramos llegar a sancionar la ley con mucho apoyo de la red feminista latinoamericana”.

La Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR) es responsable de la implementación efectiva de la ley en Argentina, en conjunto con las direcciones y programas provinciales de salud sexual y reproductiva de las 24 jurisdicciones. Con ese fin, las estrategias en estos ocho meses giraron alrededor de fortalecer la capacidad de resolución sanitaria, remover barreras, capacitar al personal de salud y proveer de insumos.

Algunos números que refleja el Informe de Implementación de la Ley 27.610 con fecha junio de 2021 son 22 intervenciones del equipo legal de la DNSSR por problemas relacionados con el acceso a IVE-ILE y con el acceso a anticoncepción durante la pandemia; 12.010 llamados durante el primer cuatrimestre de 2021 a la línea telefónica gratuita que brinda información a la población o 15.445 tratamientos de misoprostol distribuidos en el primer semestre 2021. 

Pero el trecho es largo y “en la cancha se ven los pingos” dice el dicho. Por eso, desde distintos espacios feministas festejan lo logrado mientras machacan con lo que falta.

Julieta Bazán es médica generalista e integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir: “Celebramos la ley que nos da un piso para seguir exigiendo que se cumplan las acciones necesarias para su implementación. Porque notamos que muchas provincias generan discursos contradictorios que dificultan el acceso al derecho y a información segura. Es una ley nacional y se necesita que todos los efectores tengan los medios para garantizarla. Asimismo notamos mucha heterogeneidad: en las ciudades más grandes hubo un aumento de la demanda y de tratamientos pero que son insuficientes. Las personas que recurrían a intervenciones clandestinas se animan hoy a acercarse al sistema de salud, pero no estamos pudiendo dar abasto con las respuestas. Faltan recursos, tanto en equipos de salud capacitados como en tratamientos”.

De punta a punta, América latina batalla contra el perejil. También contra las perchas, las agujas de tejer, las varas de mimbre y el yuyerío que, desde que el mundo es mundo, las mujeres usan para inducir abortos. Porque las mujeres siempre abortaron. Pero algunas, muchas, todavía mueren con sus cuerpos invadidos de precariedad clandestina

Por Mariana Fernández Camacho

28 sep 2021

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Habitantes de Beita son dispersados con gas lacrimógeno, en el mejor de los casos, luego de incomodar a colonos israelíes y ahora a soldados que los sustituyen. Foto Afp

En el pueblo palestino de Beita, al norte de Cisjordania, una peculiar función de cine al aire libre se proyecta cada noche. Sentados en sillas de plástico y armados con punteros láser, linternas y altavoces, sus habitantes hacen ruido y proyectan luces hacia la colina vecina y hartar a los israelíes para que se marchen.

Desde mayo Beita quiere encarnar una nueva forma de resistencia que sea independiente de los partidos políticos ante la ocupación israelí.

"Aquí hay sólo una bandera: la de Palestina. No hay Fatah, Hamás o FPLP (Frente Popular para la Liberación de Palestina). No hay líderes carismáticos. Intentamos hacer desde abajo lo que los dirigentes no logran hacer desde arriba", dice Said Hamayel, uno de los manifestantes.

La movilización de los 12 mil 500 habitantes de este pueblo ha tenido frutos: a principios de julio los colonos israelíes que habían instalado sus caravanas en la colina situada frente a Beita fueron remplazados por soldados.

El asentamiento de Eviatar, creado sin el visto bueno de las autoridades israelíes, fue desalojado en virtud de un acuerdo logrado entre colonos y gobierno, mientras éste decide sobre los derechos de propiedad de la colina, territorio palestino que Israel ocupa desde 1967.

Todas las colonias instaladas en los territorios palestinos son ilegales, de acuerdo con el derecho internacional. El gobierno israelí autoriza la instalación de buena parte de estos asentamientos, pero hay una pequeña parte, llamadas "colonias salvajes", que nacen sin ningún tipo de permiso de las autoridades, como fue el caso de Eviatar.

Una vez que los colonos se fueron, los habitantes de Beita hubieran podido abandonar la lucha, pero las protestas siguen con el fin de "volver locos" a los soldados que ahora patrullan la colina y garantizar que la colonia no vuelva nunca a ser reconstruida.

Las protestas han ocasionado enfrentamientos violentos entre palestinos y militares que no han dudado en responder abriendo fuego. Hamayel pagó un alto precio por esto: su hijo Mohamed. El chico de 15 años murió a mediados de junio tras recibir un disparo fatal. El ejército israelí explicó que abrió fuego contra los manifestantes "porque ponían en peligro" a las tropas.

"Los israelíes quieren cortar de raíz esta nueva forma de resistencia popular. Tienen miedo", asegura el hombre, reprochando a la Autoridad Palestina –el gobierno del presidente Mahmud Abas– de que "sólo haga declaraciones" contra la colonización de Cisjordania y Jerusalén Este.

En 2007, después de que Hamás ganara las elecciones en la franja de Gaza y tomara las riendas de este enclave palestino, hubo graves enfrentamientos entre este movimiento islamista y el Fatah, de Abas. Desde entonces, Gaza y Cisjordania funcionan como dos entidades separadas.

Afp

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