Viernes, 28 Enero 2022 05:33

En camino al dólar digital

En camino al dólar digital

El Bank of America lo estimó entre 2025 y 2030

El dólar digital es “inevitable" y se lanzaría entre 2025 y 2030, según estimó el Bank of America. En un informe planteó que la Reserva Federal estadounidense lo masificará antes de que finalice esta década. “La emisión de un dólar digital, respaldado por la FED, es una evolución inevitable de las monedas digitales de hoy”, indicó el banco.

La Reserva Federal de Estados Unidos comenzó a trabajar en la propuesta de lanzar una moneda digital y la semana pasada publicó un paper de 35 páginas donde discute la posibilidad, abriendo una consulta pública hasta el próximo 20 de mayo para recibir comentarios.

No obstante, la entidad señaló que dicha publicación es solamente un “primer paso” y no planea avanzar sin apoyo de la Casa Blanca y el Congreso. En ausencia de un dólar digital, Bank of America prevé el florecimiento, durante los próximos años, de monedas digitales emitidas por empresas privadas, las cuales generalmente se encuentran vinculadas con el valor del dólar físico.

“Prevemos un incremento en los próximos años de la adopción de ´stablecoins´ y su uso para pagos mientras las instituciones financieras exploran nuevas soluciones y las compañías de pagos incorporan tecnologías blockchain a sus plataformas”, concluye el documento.

En los últimos años, diversos bancos centrales trabajan en la posibilidad de emitir este tipo de activos en formato digital (conocidas como CBDC, siglas en inglés de Central Bank Digital Currency) que se diferencian de las monedas regulares por la posibilidad de no tener un correlato físico, es decir una moneda o un billete.

Al igual que las monedas tradicionales, al ser emitidas por un Banco Central poseen las mismas garantías del papel moneda (al contrario de, por ejemplo, las criptomonedas que son de libre flotación) y son diseñadas para las transacciones diarias.

Además de eliminar los costos asociados a la impresión y el transporte, permitirían modernizar la infraestructura e incrementar la velocidad de los pagos, y ampliar la inclusión financiera hacia los no-bancarizados, según indicó la propia Reserva Federal en su documento, a la vez que destacó que facultaría al dólar continuar con una posición “prominente” en el sistema financiero internacional.

Sin embargo, también advirtió de ciertos riesgos: entre ellos, las mayores posibilidades de corridas en las firmas financieras, una reducción en la cantidad de depósitos en el sistema bancario además de diversas preocupaciones por la privacidad, ya que permitirían al Gobierno visualizar la totalidad de las transacciones de los ciudadanos.

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Viernes, 28 Enero 2022 05:23

La fortaleza de la alianza China-Rusia

La fortaleza de la alianza China-Rusia

El 2 de marzo de 1969, en una pequeña isla del fronterizo río Ussuri, comenzó el enfrentamiento armado entre China y la Unión Soviética, que duró hasta septiembre. En los diversos enfrentamiento durante esos meses murieron por lo menos 800 soldados chinos y un centenar de soviéticos.

Recién en 1991, treinta y un años después, se alcanzaría un arreglo satisfactorio para ambas potencias.

El periodista Rafael Poch de Feliu, que durante décadas fue corresponsal en Moscú y en Pekín, sintetiza en el artículo La guerra del Ussuri, la tensión militar entre ambas naciones: "La URSS mantenía a lo largo de su amplia frontera de 4.200 kilómetros con China, 44 divisiones militares, 13 más que en su flanco occidental ante la OTAN".

Apenas dos años después de esos combates, Henry Kissinger viajó e Pekín en secreto para reunirse con Chou en Lai, primer ministro chino, preparando la visita del presidente Nixon en febrero de 1972. La normalización de las relaciones entre EEUU y China fue clave para que Washington se enfocara en la competencia con la URSS, sabiendo que no podía confrontar con las dos naciones de forma simultánea.

La estrategia diseñada por Kissinger dio sus frutos a fines de la década siguiente con la implosión de la URSS y la descomposición del campo socialista europeo. Separar a los dos grandes enemigos, siempre fue una cuestión decisiva para que EEUU pudiera mantener su dominio global. Pero desde la crisis de 2008, las cosas comenzaron a cambiar de forma muy acelerada.

Al día de hoy, contra todo pronóstico y superando los duros enfrentamientos de antaño, China y Rusia pueden asegurar que han forjado una alianza sólida, tanto económica como política y militar. La clave es la agresividad del Pentágono en el Mar del Sur de China y en las fronteras de Rusia. En ambos casos la estrategia consiste en rodear militarmente a sus adversarios para desestabilizarlos y derrotarlos.

Un extenso artículo en South China Morning Post de Hong Kong, del 23 de enero, titulado "Cómo China y Rusia forjaron una amistad después de superar diferencias de décadas", señala que la hostilidad de Occidente es la clave de la alianza, apoyada en "los beneficios económicos mutuos".

Indagar sobre la fortaleza de esta alianza es un tema clave, ya que muchos analistas en Occidente, incluyendo académicos de renombre, piensan que se trata de una relación endeble destinada a no durar en el tiempo. El sociólogo Immanuel Wallerstein, por ejemplo, siempre sostuvo que China estaba condenada a entenderse con EEUU y Rusia con Europa, un análisis que resultaba básico y compartible hasta la crisis de 2008.

Para el diario hongkongués, la finalización del puente sobre el río Heilong, conocido como Amur en Rusia, propuesta en 1988, "es una señal de cómo Pekín y Moscú han navegado las décadas intermedias para acercarse más que nunca". Desde 2013, Putin y Xi Jinginp han sostenido 37 reuniones por video y el presidente ruso estará en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en China el 4 de febrero.

La presencia de Putin en Pekín es interpretada como una muestra de solidaridad después de que Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y Australia anunciaran un boicot diplomático por los derechos humanos. Por un lado, Xi expresó su apoyo a su "viejo amigo" Putin, ante las amenazas de sanciones occidentales por Ucrania, en tanto Putin dijo que las relaciones bilaterales están "en su punto más alto, lo que refleja un alto nivel de confianza estratégica mutua".

La alianza actual entre Rusia y China se apoya en varios ejes. Las crecientes relaciones económicas son claves. El comercio de China con Rusia aumentó un 35,8% el año pasado a un récord de 146.880 millones de dólares, y se espera que alcance pronto los 200 mil millones. China ha sido el mayor socio comercial de Rusia desde 2010 y también es el mayor comprador de sus productos básicos, con el 14 %.

La interdependencia económica de los dos países seguirá aumentando, porque "China necesita acceso a las vastas reservas de energía en el Lejano Oriente de Rusia para respaldar su floreciente economía manufacturera y la población más grande del mundo, mientras que China es un mercado estable para las exportaciones de energía de Rusia", estima Xu Poling, de la Academia China de Ciencias Sociales.

El gas y el petróleo de Rusia se pueden transportar por tierra, mientras los petroleros que abastecen a China viajan a través del riesgoso Estrecho de Malaca, en el disputado Mar del Sur de China. Xu destaca que "el comercio entre Rusia y China tiene una naturaleza de asistencia mutua y de confianza estratégica", ya que ninguno cree que el otro usará la interdependencia económica como arma.

En el terreno financiero, Rusia y China acordaron desarrollar una infraestructura independiente ante la amenaza de EEUU y Europa de excluir a Rusia de SWIFT, el sistema de pago electrónico más grande del mundo. En paralelo, se vienen comprometiendo a cooperar en áreas emergentes, incluida la seguridad de datos, el ciberespacio, el Ártico y la infraestructura.

En el aspecto diplomático, Moscú actualiza constantemente a Pekín sobre el progreso en las conversaciones de seguridad entre Estados Unidos y Rusia. En tanto, la cancillería de China defiende un "tratamiento justo y equilibrado" en el tema de Ucrania, y que las diferencias deben resolverse "a través del diálogo y la consulta".

En el terreno militar, la cooperación es cada vez más fluida. Lo más reciente fueron los ejercicios conjuntos contra la piratería en el Mar Arábigo, "con el objetivo de mejorar las capacidades de los ejércitos de los dos países para salvaguardar las rutas marítimas estratégicas". El comunicado del Ministerio de Defensa chino señala que las maniobras conjuntas profundizan "la asociación estratégica integral de coordinación China-Rusia para una nueva era". Las maniobras se realizaron poco después de que China, Rusia e Irán concluyeron un ejercicio marítimo conjunto de tres días en el Golfo de Omán.

Finalmente, los medios rusos y chinos anticiparon que en la visita de Putin a Pekín habrá "sorpresas", aunque no concretaron de qué se trata. El ex diplomático indio MK Bhadrakumar, informó en Asia Times que se trata del gigantesco proyecto de gasoducto Power of Siberia-2 para construir "una ruta adicional para enviar gas a China desde la península de Yamal en Siberia, donde se encuentran las mayores reservas de gas de Rusia, a través de Mongolia".

Este gasoducto se sumará al Power of Siberia-1, que en 2019 comenzó a llevar gas ruso a China a través de 3.000 kilómetros, en un acuerdo de 30 años firmado en 2014 entre Gazprom y la Corporación Nacional de Petróleo de China después de una década de negociaciones.

Ambas potencias comprendieron la estrategia del Pentágono de dividirlas y la crisis a propósito de Ucrania, que Bhadrakumar sintetiza: "Reducir a Rusia y ser capaz de intimidarla es un requisito previo de la situación antes de que EEUU se enfrente a China de manera integral". Si el Pentágono consigue reducir a Rusia, "cambiaría el equilibrio estratégico global por primera vez en la historia a favor de los Estados Unidos".

Por eso la alianza estratégica entre China y Rusia es de vida o muerte para ambas: "China tampoco puede permitirse el lujo de ver a Rusia hundirse bajo la presión de Estados Unidos".

Las cartas están echadas y las dos potencias, que hace cinco décadas se enfrentaron armas en mano, están dispuestas a luchar espalda con espalda para enfrentar cualquier agresión.

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El presidente de Rusia, Vladimir Putin (izquierda), charla con su homólogo de Irán, Ebrahim Raisi (derecha), el miércoles pasado en Moscú.Foto Afp

Se activaron las visitas de los mandatarios de las cuatro máximas potencias euroasiáticas: Rusia, China, India e Irán. Antes de concluir 2021, el zar Vlady Putin realizó una triunfal visita a India (https://bit.ly/3rLH7Uf).

Ya se ha perdido el conteo de las veces que se han reunido Putin y el mandarín Xi Jinping.

Ahora Putin visitará, con motivo de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, a su homólogo chino.

Hace unos días, el flamante presidente chiíta iraní Ebrahim Raisi, visitó a su homólogo ruso, donde se asentó el giro de Irán "hacia el Este" cuando las potencias de EU/OTAN lo tienen bloqueado a partir de la parte oriental del mar Mediterráneo (con la excepción de las costas de Siria y Líbano).

Se configura un trascendental "rectángulo geoestratégico euroasiático", donde Rusia opera sus óptimas relaciones con los otros tres vértices: China, India e Irán. Las relaciones de Irán con los otros tres vértices son también excelentes, cuando solamente falta limar asperezas entre China e India (a punto de ser seducida por el eje anglosajón para ser arrojada al fuego de una guerra contra Pekín (https://bit.ly/3Iv2CQ9).

La consolidación del "rectángulo geoestratégico euroasiático" será gradual. Tras el espectacular "acuerdo estratégico" de China e Irán por 25 años –la colisión de la Ruta de la Seda con el gran Reset anglosajón–, marcó la pauta para una nueva asociación estratégica por 20 años entre Rusia e Irán, cuyo objetivo principal, desde el punto de vista financiero, es darle la vuelta al sistema bancario SWIFT que domina EU y, desde el punto de vista geoeconómico y geopolítico, converger los anhelos de la Organización de Cooperación de Shanghái (https://bit.ly/2W3XhMX), la Unión Económica Euroasiática, el 15-RCEP (https://bit.ly/3tOAFyJ) y el BRICS, según el connotado geopolítico brasileño Pepe Escobar (https://bit.ly/35lEstf), quien abunda los proyectos financieros de China (CIPS) y Rusia (SPFS), para evitar la asfixia del SWIFT.

Desde hace cinco años ningún mandatario iraní se reunía con su homólogo ruso. Hoy el presidente iraní calificó su presencia en el Kremlin como un "momento decisivo" de la relación bilateral, mientras Teherán prosigue sus negociaciones trianguladas en Viena con Biden para rectificar la ruptura de Trump del acuerdo nuclear, orillado por las intrigas insidiosas de su otrora aliado y hoy enemigo Netanyahu (https://bit.ly/3tQXamx).

El canciller iraní, Amir-Abdollahian, definió la cosmogonía geopolítica de Irán como una "política centrada en la buena vecindad (sic), con un enfoque de política asiática viendo al Este y una diplomacia centrada en la economía".

En su vibrante discurso ante la Duma, el presidente Raisi fulminó que "ahora la estrategia de dominio ha fracasado, EU se encuentra en su posición más débil y el poder de los países independientes está experimentando un crecimiento histórico", mediante el "concepto de resistencia (sic)", como "parte central de las ecuaciones de disuasión", que "izó la bandera del nacionalismo, independencia y desarrollo científico", pese a todas las asfixiantes sanciones. Al concluir la relevante visita de Raisi a Rusia, empezaron de inmediato los ejercicios militares trilaterales de Rusia/China/Irán en el golfo de Omán. Global Times, portavoz oficioso del Partido Comunista Chino, anunció el fin de los tres días de ejercicio militar en el golfo de Omán entre las armadas de Rusia,China e Irán (https://bit.ly/3tQTaT3). Es la segunda ocasión en que el ejercicio militar trilateral se realiza cuando EU confronta simultáneamente a China en el estrecho de Taiwán y a Rusia en Ucrania/mar Negro/Bielorrusia.

El golfo de Omán es muy sensible, ya que conecta al superestratégico estrecho de Ormuz, donde atraviesa la tercera parte del petróleo mundial, con el norte del océano Índico.

En la cumbre de Putin-Raisi, ¿se perfiló la firma de hace 20 años entre Rusia, Irán e India del “Corredor multimodal Norte-Sur (https://bit.ly/3fOcWqf)” de 7 mil 200 kilómetros que conforma los tres vértices del "rectángulo geoestratégico eurasiático"?

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El Salvador: El FMI pide eliminar el bitcoin como moneda legal

Un reclamo al presidente Nayib Bukele

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aconsejó al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a que elimine el bitcoin como moneda de uso legal en el país centroamericano.

"Hay grandes riesgos asociados al uso de bitcoin para la estabilidad financiera, la integridad financiera y la protección del consumidor, así como las posibles contingencias fiscales", indicó el organismo en un comunicado de prensa. Asimismo, los directores del organismo instaron a las autoridades a "limitar el alcance de la ley Bitcoin eliminando su calidad de moneda de curso legal".

El FMI había alertado a inicios de enero los riesgos que implicaba al país asumir la criptomoneda como moneda de curso legal y había pedido al presidente, Nayib Bukele, una reunión para discutir su implementación. “La adopción del bitcoin como moneda genera una serie de cuestiones macroeconómicas, financieras y legales que requieren un análisis muy cuidadoso”, dijo Gerry Rice, el portavoz del organismo.

Sin embargo, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar esta moneda como paralela al dólar estadounidense, y en noviembre del año pasado, el presidente Bukele anunció un plan para construir la primera "Ciudad Bitcoin", financiada inicialmente con bonos respaldados por bitcoins, en donde no se pagarán impuestos salvo el IVA.

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El capitalismo estancado y la ilusión de la ruptura tecnológica

Con motivo de la publicación, en noviembre de 2020, del libro de Jason E. Smith, Smart Machines and Service Work, Tony Smith entabló un diálogo con él con el fin de explicar su enfoque sobre las innovaciones tecnológicas y el modo en que reconfiguran o no el capitalismo.

Ni tecno-utopía ni tecno-distopía, Jason E. Smith muestra la naturaleza en gran medida ilusoria de la idea de una «ruptura tecnológica», compartida tanto por los apologistas como por los críticos de las nuevas tecnologías. Este mito no sólo enmascara el estancamiento económico y el caos social, sino que también nos distrae de la cuestión -que el autor plantea aquí- de las nuevas formas de organización y de lucha de los trabajadores.

Tony Smith – En primer lugar, felicidades por la publicación de Smart Machines and Service Work. Es uno de los mejores libros sobre las consecuencias sociales del cambio tecnológico que he leído, mucho más perspicaz que los libros sobre tecnología que reciben tanta atención en la prensa convencional.

Muchos de estos libros defienden el tecno-utopismo, argumentando que, si esperamos un poco más y ponemos en marcha las políticas adecuadas, las tecnologías avanzadas desencadenarán una nueva era de crecimiento y prosperidad. Otros adoptan una posición tecno-distópica, prediciendo niveles de desempleo tecnológico y caos social sin precedentes. ¿Cómo definiría su posición en relación con estas alternativas?

Jason E. Smith – Ambas están equivocadas. Ambas parten de la base de que las economías capitalistas avanzadas están experimentando, o están a punto de experimentar, una profunda transformación impulsada por las máquinas, cuyo principal efecto será un aumento repentino de la productividad del trabajo y del crecimiento económico. Los «tecno-distópicos» hacen hincapié en las probables consecuencias sociales catastróficas para la estratificación de clases y los mercados laborales: una exacerbación de la desigualdad de ingresos y, sobre todo, el desempleo «masivo».

En mi libro me centro en esto último. Los episodios de desempleo masivo no son el resultado del cambio tecnológico, sino del colapso económico. Si se produjera una resucitación robusta y automatizada de las economías de renta alta, la evidencia histórica sugiere que habría una trayectoria totalmente diferente. Sería de esperar que se produzcan trastornos temporales en el mercado de trabajo, ya que se revisan los procesos de trabajo, se redefinen los puestos de trabajo, se reasigna la mano de obra de los sectores de alta productividad a los más intensivos en mano de obra, se crean industrias totalmente nuevas y se imponen nuevas divisiones del trabajo (tanto sociales como técnicas). Surgiría una nueva composición de clase, con nuevas estratificaciones de competencia, género, raza o ubicación.

En Estados Unidos, basta con remontarse al periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial y hasta aproximadamente 1965 o 1970 -lo que yo llamo «Automatización 1.0»- para encontrar este patrón. Ciertamente, a largo plazo, esta transformación conduciría con toda probabilidad a un aumento del desempleo, ya que la mayoría de los nuevos puestos de trabajo serían empleos de servicios mal pagados, especialmente de servicios personales. Miseria y descalabro para muchos, sin duda. Pero la transformación tecnológica radical de las economías avanzadas no está en marcha ni es inminente.

Las afirmaciones de que estas economías están al borde de una ruptura tecnológica proceden principalmente de las facultades de empresariales o de «gestión», y de Silicon Valley. A continuación, los periodistas y los comentaristas las canalizan, las repiten y las repiten. Se acompañan de palabras de moda: «segunda era de las máquinas», «tercera revolución industrial», «industria 4.0», etc. Esta exageración se extiende a la izquierda y se asocia con planes especulativos sobre la UBI (renta básica universal) o incluso con propuestas de «nacionalizar» las plataformas de redes sociales. Estas proyecciones se realizan en un contexto de crisis implacable (en 2018, el Banco de Inglaterra pudo anunciar que la economía británica había «sufrido la peor década de crecimiento de la productividad desde el siglo XVIII»).

La retórica que ha surgido y se ha consolidado en torno a la automatización puede interpretarse como parte de una iniciativa más amplia para alimentar una burbuja bursátil sin precedentes en la historia, alimentada principalmente por un puñado de los llamados valores tecnológicos o de Internet (los acertadamente llamados valores «FAANG»: Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Alphabet-Google). La historia de la innovación de la última década se limita principalmente al sector financiero y a la política monetaria: recompras de acciones (800.000 millones de dólares en 2018), tipos de interés casi nulos, endeudamiento masivo de las empresas privadas, ciclo tras ciclo de flexibilización cuantitativa [la llamada política monetaria no convencional]. Los tsunamis de dinero barato llegaron a las economías más ricas del mundo, gran parte del cual se gastó en inmuebles urbanos. Con el inicio de la pandemia, recibimos una nueva dosis de “King Kong”, que llevó a los mercados bursátiles a máximos históricos, mientras sectores económicos enteros cerraban y decenas de millones de trabajadores estadounidenses perdían sus empleos.

Estas ficciones del cambio tecnológico son de vital importancia para una clase capitalista que se imagina a sí misma como una fuerza histórica progresista, pero que preside una economía profundamente estancada, pasando de una profunda crisis a otra. Esta clase se presenta a sí misma como una fuerza histórica disruptiva, incluso anárquica, cuyas extraordinarias innovaciones plantean problemas (el crecimiento explosivo de la productividad que hace que la mitad de la mano de obra sea superflua, etc.) que sólo ella puede entender y resolver (con el UBI, una garantía de empleo, quizás un New Deal verde..). No es de extrañar que la palabra de moda de la década haya sido «inteligente» (teléfonos inteligentes, casas inteligentes, fábricas inteligentes, coches inteligentes y ciudades inteligentes), un término que refleja la autoestima de quienes lo inventaron. Sin embargo, esta gente se enriqueció con las burbujas inmobiliaria y bursátil.

No nos equivoquemos, vivimos en una época de «caos social», por utilizar su término: de polarización y fragmentación social, de aumento de la deuda y falta de crecimiento, de mercados laborales rotos y de conflictos de clase agudos pero fragmentados e incoherentes. Smart Machines and Service Work intenta tomar la medida de este creciente desorden y ofrecer una explicación diferente de por qué estamos atrapados en él.

Tony Smith – La mayoría de la gente piensa que vivimos en una época de cambios tecnológicos sin precedentes. Sin embargo, en su libro habla de «inercia tecnológica sostenida». ¿Qué quiere decir con esta chocante expresión?

Jason E. Smith: En su mayor parte, los tipos de avances tecnológicos que han tenido lugar durante la última década o más son irrelevantes desde una perspectiva macroeconómica, ya sea el crecimiento de la productividad laboral, el empleo, las tasas de inversión, el crecimiento del PIB o cualquier otra cosa. No es casualidad que la consolidación de esta retórica de la automatización inminente (el aprendizaje automático, la gobernanza algorítmica, la revolución de las plataformas, la economía «colaborativa») haya coincidido con el repentino ascenso de empresas como Facebook, Apple, Alphabet, Amazon, Alibaba y Tencent.

A mediados de la década, estas empresas habían consolidado su estatus de líderes bursátiles -sus valoraciones desorbitadas superaban con creces a las antiguas transnacionales de la banca, el petróleo, las farmacéuticas y el automóvil-, al tiempo que se insinuaban en el tejido de la vida cotidiana de los consumidores de la clase trabajadora y de la llamada clase media. Las empresas de redes sociales como Facebook y las empresas del monopolio de Internet como Alphabet/Google se pasaron la década prometiendo una revolución de la inteligencia artificial o de los coches autoconducidos, mientras que más del 90% de sus ingresos procedían de la venta de espacios publicitarios a otras empresas (como bancos y fabricantes de coches). Estas plataformas han acumulado enormes beneficios durante la última década creando e imponiendo condiciones de funcionamiento similares a las de un monopolio. Aunque se presentan como empresas tecnológicas, invierten relativamente poco en I+D, pero gastan a manos llenas para aplastar a sus posibles competidores, principalmente comprándolos antes.

El «smartphone» se perfila como la innovación o invento estrella de nuestro tiempo, su «producto estrella». Su ubicuidad, su presencia en las aceras, en las salas de juntas, en las aulas o en la mesa, confirma su condición de emblema de la época. En su mayor parte, se limita a reunir dispositivos más antiguos (el teléfono móvil, el ordenador personal). Al proporcionar acceso a toda una serie de entretenimientos -compras, streaming de música y vídeo, comunicación interpersonal- a través de una única pantalla interactiva, estos dispositivos completan una confluencia que lleva décadas en marcha: la fusión del comercio y la información, el entretenimiento y la sociabilidad, la autoafirmación personal y la vida cívica en una única pantalla LCD (u OLED) sensible al tacto.

Su usuario se debate entre estos registros y los practica todos al mismo tiempo. Su humor oscila entre la diversión inofensiva y la rabia inarticulada. Sin embargo, la pesada mano de las mayores empresas tecnológicas en los mercados bursátiles, combinada con la fuerza e influencia que han desatado en el entretenimiento, el consumo, la identidad personal y el discurso público -todo lo cual ya ha estado erosionando y decayendo durante décadas- ha dado lugar a reivindicaciones por esta tecnología de base que superan con creces su impacto en la forma en que compramos, consumimos medios de comunicación o nos relacionamos con amigos, familiares y desconocidos.

En el lugar de trabajo, estas innovaciones prometían llevar a lo que Paul Mason predijo que sería un «despegue exponencial de la productividad» [en su libro Postcapitalism a Guide To Our Future]. Esto es precisamente lo que no ha ocurrido. En cambio, lo que hemos obtenido son redes de vigilancia y seguimiento cada vez más estrechas, en las calles y en el lugar de trabajo.

Es revelador que los teléfonos inteligentes y las plataformas de medios sociales despegaran en medio de una profunda recesión que nunca llegó a «romperse». El iPhone salió al mercado en vísperas de la crisis financiera de 2008. La forma en que las personas se comunican, obtienen información, ven películas, compran o comparten fotos nunca volverá a ser la misma. Pero la «paradoja de la productividad» de Robert Solow [Premio Nobel de Economía en 1987; nacido en 1924], formulada por primera vez en 1987 – «Se puede ver la era de la informática en todas partes menos en las estadísticas de productividad»- ha resistido la prueba del tiempo. En la última década se ha producido el menor crecimiento de las ganancias de productividad laboral en décadas, incluso en el sector manufacturero. Sin embargo, la ralentización del crecimiento de la productividad del trabajo comenzó ya en 1970, más o menos, al mismo tiempo que debutó el primer microprocesador del mundo, el 4004 de Intel.

Tony Smith – Esto nos lleva a uno de los misterios perdurables de la economía contemporánea, resumido en la frase «estancamiento secular». ¿En qué se diferencia su explicación de la desconexión entre el aparente dinamismo innovador de las últimas décadas y la relativa falta de dinamismo económico de otros que han llamado la atención sobre este fenómeno?

Jason E. Smith – A finales de 2013, cuando la retórica sobre una explosión de la productividad impulsada por la automatización estaba en auge, otro segmento de la clase dirigente de EE.UU. sospesó las cosas con una perspectiva muy diferente. Larry Summers, ex secretario del Tesoro de Bill Clinton, opinó que Estados Unidos y otras economías capitalistas maduras se enfrentaban a la perspectiva de un profundo estancamiento en el que el alto desempleo, el bajo crecimiento del PIB y el estancamiento salarial podrían persistir mucho más tiempo que las breves recesiones de los ciclos económicos típicos.

Los resultados de la economía estadounidense parecen dar la razón a Larry Summers. El despegue prometido nunca se produjo. La década en la que libros con títulos como Rise of the Robots. Technology and the Threat of a Jobless Future (Basic Books, 2016) ocupó el centro del debate público también estuvo marcado por una implacable crisis económica mundial de una escala que no se veía desde la década de 1930. La primera ronda de esta debacle estuvo marcada por una serie de fracasos espectaculares en el sector financiero, con bancos de inversión excesivamente apalancados que colapsaron o fueron comprados por centavos de dólar por empresas menos expuestas. Lo que ocurrió a continuación fue tan previsible como devastador: años perdidos con tasas de desempleo no vistas en décadas, combinadas con la caída en picado de las tasas de participación de la población activa a medida que los trabajadores despedidos abandonaban el mercado laboral (o, en algunos casos, eran reclasificados como «discapacitados»).

Al disminuir la demanda de mano de obra, los salarios de muchos trabajadores se redujeron. A medida que los trabajadores se quedaban sin trabajo, también lo hacía el capital. A lo largo de la década de la crisis, las tasas de utilización de la capacidad instalada, que miden la diferencia entre lo que una economía puede producir y su producción real, alcanzaron los niveles más bajos de la historia de la posguerra, muy por debajo de los de los años de crisis de la década de 1970. El crecimiento del PIB se ha tambaleado, incluso cuando el endeudamiento de las empresas se ha disparado a lo largo de este periodo.

Tanto en EE.UU. como en Europa, surgió un fenómeno que se observó por primera vez durante la «década perdida» japonesa de los años 90: la presencia fantasmal de empresas «zombi» capaces de evitar la ruina refinanciando constantemente su deuda, incluso cuando sus negocios se contraían. Y lo que es más importante, al mismo tiempo que tantos comentaristas anunciaban la perspectiva de una nueva era de la maquinaria, la inversión de la empresa privada en capital fijo se desplomó alcanzando tasas sin precedentes en la era de la posguerra. Las cifras de productividad laboral en EE.UU. han mostrado, como era de esperar, unas tasas de crecimiento desalentadoras, con un aumento inferior al 1% anual, incluso en el históricamente dinámico sector manufacturero.

El descenso del gasto de inversión ha sido especialmente acusado, pero no es en absoluto una aberración con respecto a periodos anteriore. A los pocos años de la crisis, un estudio demostró que, medida como «proporción del PIB, la inversión empresarial ha caído más de tres puntos porcentuales desde 1980». Desde los años setenta, sólo la década de los noventa destaca como una anomalía, durante la cual un grupo de indicadores económicos (PIB, productividad laboral, inversión empresarial) aumentó ligeramente. Pero entre 2000 y 2011, la tasa de inversión empresarial apenas se movió, creciendo solo una décima parte del nivel que prevalecía en la década de 1990.

En la medida en que señalan el agotamiento de la inversión empresarial, los teóricos del «estancamiento» no se equivocan. Pero su explicación de por qué las economías de renta alta del mundo están sumidas en una crisis aparentemente irremediable -la respuesta keynesiana, la insuficiencia de la demanda- es escasa. Vale la pena recordar que Alvin Hansen [1887-1975], el principal defensor estadounidense de Keynes, esbozó por primera vez la teoría del estancamiento secular en respuesta a la fuerte recesión de 1937, después de que la estrategia fiscal anticíclica de Roosevelt no lograra sostener el colapso de la demanda y estimular la inversión privada.

Este fracaso obligó a Alvin Hansen a considerar la posibilidad de un letargo crónico e intratable, y a especular sobre las razones por las que las economías capitalistas maduras tienden a estancarse (estasis) y a ir a la deriva (¿descenso demográfico? ¿cierre de fronteras?). Sin embargo, hoy en día, las prescripciones políticas de los de este bando siguen basándose en nuevas rondas de gasto deficitario a gran escala. Permanecen deslumbrados por los aparentes éxitos de la gestión keynesiana de la demanda durante algunas décadas después de la Segunda Guerra Mundial, para luego reprimir mejor la derrota de esa escuela en los años 70, cuando esas mismas políticas contribuyeron al nacimiento de un monstruo macroeconómico -la «estanflación»- del que no pudieron dar cuenta teóricamente ni idear antídotos.

En 1981, la relación entre la deuda pública y el PIB de EE.UU. era sólo del 31%; incluso antes de la ley de gasto masivo aprobada en marzo de este año (2020), esta cifra superaba el 100%, muy cerca de la registrada en 1945-46, cuando se realizaban gastos de defensa para una guerra mundial. Sin duda, hoy es mucho más alto. Del mismo modo, el gasto público como porcentaje del PIB ha crecido constantemente desde 1970, alcanzando un máximo del 43% en 2010, un año después de la «recuperación» de la crisis de 2008. El tamaño de la economía capitalista privada sigue disminuyendo, en relación con la actividad económica total.

Lo que los economistas de la corriente principal, ya sean keynesianos o neoclásicos, no reconocen es la distinción fundamental entre la actividad capitalista privada y el gasto público, financiado con fondos del sector privado (en forma de impuestos o deuda). Cuando los gobiernos compran bienes y servicios a empresas privadas para estimular la demanda, el resultado puede ser un aumento del empleo a corto plazo. Pero, como demostró con gran claridad Paul Mattick [1904-1981] hace tiempo en Marx & KeynesLes limites de l’économie mixte (edición francesa, Gallimard 1972), este tipo de gasto no es más que una forma de consumo a gran escala, dirigido por el gobierno y pagado con el fondo de beneficios (o «plusvalía») generado por la economía privada. El gasto público de este tipo simplemente redistribuye esta parte del beneficio total a determinados capitalistas, como Raytheon, Pfizer o Purdue Pharma.

Del mismo modo, cuando los gobiernos producen directamente servicios, como la educación pública, estos servicios no se venden en el mercado y no generan beneficios que se inviertan en ampliar la producción. Aunque el gasto estatal en educación o sanidad a menudo satisface necesidades reales, desde el punto de vista del propio sistema capitalista, es un gasto improductivo. No producen valor o plusvalía directamente, sino que se pagan con la plusvalía extraída por el sector privado.

Tony Smith – Las categorías de trabajo «productivo» e «improductivo» no se encuentran en la economía convencional. ¿Podría hablarnos un poco más de esta distinción, que desempeña un papel crucial en su libro?

Jason E. Smith – Esta distinción fue crucial para la economía política clásica, para Smith, Ricardo y Malthus, así como para el gran crítico de esa escuela de pensamiento, Marx. Creo que también se siente mucho en la experiencia cotidiana de la gente, y por eso el eslogan espurio de David Graeber «trabajos de mierda» ha tenido la resonancia que tiene. Del mismo modo, Adair Turner [ex jefe de la Confederación de la Industria Británica] habló recientemente de «actividades de suma cero» para caracterizar la creciente fracción de la actividad económica dedicada no a la producción de riqueza sino a la lucha por su distribución. Sin embargo, esta distinción conceptual fundamental se les escapa por completo a los economistas de la corriente principal.

Los economistas no distinguen entre las actividades que producen valor y las que lo hacen circular o lo distribuyen. Tampoco ven la necesidad de dar cuenta de la forma en que los beneficios de ciertos tipos de capital -el capital bancario, las empresas comerciales- representan partes de lo que Marx llamó «plusvalía» del empleo propiamente productivo. En lugar de distinguir entre las actividades que producen valor y las que captan la plusvalía redistribuida mediante la competencia intercapitalista, los economistas adoptan más o menos la noción de «productividad» utilizada por los empresarios y la prensa económica. Se dice que toda actividad económica que genera ingresos es productiva. Y la productividad del trabajo se mide dividiendo la producción, expresada en términos monetarios, por las unidades de trabajo. Por supuesto, la existencia de un sector público expansivo que no está sometido a los rigores de la competencia intercapitalista y que proporciona bienes y servicios que no se venden en el mercado plantea algunos problemas para esta noción simplista. Pero hay sutiles trucos contables para tapar los huecos.

Volvamos a la «paradoja de la productividad» mencionada anteriormente. Al parecer, la solución a este enigma se propuso en un famoso artículo de William Baumol [1922-1987].  Donde sostiene que cuando ciertos sectores económicos introducen innovaciones que ahorran mano de obra y cuyo efecto neto es una reducción de la demanda de trabajo, la nueva mano de obra sobrante se reasignará de forma más o menos transparente a sectores más intensivos en mano de obra y menos productivos. Muchos de estos trabajadores se trasladarán a lo que los economistas llaman el sector de los «servicios». El modelo de William Baumol predice que, a medida que los aumentos de productividad se distribuyen de forma desigual entre lo que él denomina sectores tecnológicos «progresivos» y «estancados», se concentrará cada vez más mano de obra en los puestos de trabajo menos productivos, lo que dará lugar a menores aumentos de productividad para el conjunto de la población activa. Si se extrapola a muy largo plazo, la creciente disparidad en el aumento de la productividad entre los sectores dará lugar a una economía en la que el crecimiento de la productividad será casi nulo.

Esta historia es conceptualmente defectuosa. Se basa en una noción de productividad que es confusa o contradictoria incluso en sus propios términos. En mi libro, exploro algunas de las contradicciones que surgen cuando intentamos comparar la productividad del trabajo entre sectores, medida unas veces en unidades físicas y otras en unidades monetarias. ¿Cómo se mide la productividad del sector financiero, cuya producción es difícil de caracterizar en términos físicos? ¿Tiene siquiera sentido medir la productividad de una actividad que sólo sirve de intermediario entre otras actividades económicas, sin producir «valores de uso» consumidos por las empresas o los hogares? Los economistas lo hacen todo el tiempo. ¿Cómo medir la productividad de los profesores de la escuela pública, que prestan servicios que son administrados principalmente por los gobiernos locales y no se cambian por dinero en el mercado? A pesar de que los procesos de trabajo y las funciones sociales de estos ejemplos son radicalmente diferentes, ambos se agrupan en la categoría única e incoherente de «servicios».

Más importante aún, William Baumol no distingue entre las actividades que producen valor y las que no. No distingue entre los bienes y servicios proporcionados por el sector público y los producidos por la economía privada capitalista y, dentro de esta última, entre las actividades que producen directamente valor y las que se limitan a hacerlo circular o distribuirlo. Explorar estas distinciones conceptuales es una de las principales preocupaciones de Smart Machines and Service Work. Si utilizamos estas categorías, llegamos a una noción de productividad muy diferente a la que manejan los economistas y los empresarios.

Muchas actividades que emplean a personas generan ingresos pero no aumentan la riqueza total de la sociedad; muchas actividades que crean «valores de uso» -proporcionadas por el Estado o los hogares- no producen valor ni valor de cambio. Un número importante de los llamados empleos del sector de los servicios producen valor, independientemente de su intensidad y de su resistencia al cambio tecnológico; otros no producen ningún valor e implican procesos de trabajo que pueden reformularse para ahorrar mano de obra. La distinción entre trabajo productivo e improductivo atraviesa esta categoría, haciéndola analíticamente irrelevante.

Esta distinción es esencial porque, como he señalado anteriormente, las actividades improductivas deben pagarse con el total de la plusvalía generada por la economía privada: son un coste incurrido en el proceso de acumulación. Las convenciones nacionales de contabilidad de la renta registran estos costes como ingresos. Una de las tendencias a largo plazo en una economía capitalista madura es el aumento del número de actividades improductivas, frente a las actividades productivas necesarias para la acumulación: llevar a cabo la realización de partes del proceso de intercambio, la facilitación de las actividades capitalistas a través de las transacciones financieras, el arrendamiento de terrenos y edificios a las empresas productivas.

Este creciente exceso de actividades laborales que circulan o distribuyen valor en lugar de crearlo es tanto una condición para la acumulación de capital como, a medida que aumenta esta proporción entre actividades improductivas y productivas, un obstáculo para la misma. Este es un tema espinoso, y mi pensamiento al respecto debe mucho a Paul Mattick y al trabajo del economista Fred Moseley [autor, entre otros, de The Falling Rate of Profit in the Postwar United States Economy, St. Martin Press, 1991; Marx’s Capital and Hegel’s Logic: A Reexamination – con Tony Smith – Haymarket Books, 2015]. La consecuencia es que existe una tasa diferencial de crecimiento de la productividad entre las dimensiones productiva e improductiva de la economía; los aumentos de productividad del trabajo en las actividades productoras de valor, con importantes excepciones, tienden a crecer más rápidamente que los de las actividades de circulación o distribución de valor.

La expansión relativa resultante del sector improductivo ejerce una presión a la baja agobiante sobre la tasa global de beneficios. La única esperanza de aliviar esta presión es un aumento de la productividad laboral en el «sector» improductivo (un término engañoso, ya que la distinción entre actividades productivas e improductivas se extiende a todos los sectores e incluso a las empresas individuales). Pero, por las razones que ya he explicado, tal escenario es muy improbable, entre otras cosas porque la contracción de la tasa de beneficio reduce las tasas de inversión.

Incluso entre las empresas que extraen plusvalía directamente en el proceso de trabajo, no hay correspondencia entre la cantidad de plusvalía que extraen y la plusvalía que toman, en forma de beneficios; estos beneficios reflejan la parte máxima de la plusvalía total producida por la economía en su conjunto que las empresas son capaces de apropiarse en el proceso de distribución. A medida que la acumulación se ralentiza y las empresas capitalistas intensifican la competencia por un conjunto cada vez más reducido de plusvalía, dedicarán cada vez más recursos a lo que Adair Turner llama «actividades de distribución de suma cero».

A menudo se trata de actividades de supervisión, ya que el aumento de la disciplina en el lugar de trabajo requiere personal adicional para imponer la aceleración del trabajo a falta de perfeccionar las técnicas de producción. Pero con la misma frecuencia adoptan la forma de los llamados «servicios empresariales», ya que cada vez se dedican más recursos a la contabilidad, la publicidad y las operaciones financieras, o a los procesos eficientes de marketing y ventas. El efecto neto de esta guerra distributiva en la economía es una mayor ralentización de la acumulación, precisamente porque estas actividades representan gastos generales adicionales pagados por los capitalistas a partir del conjunto total de la plusvalía creada por la explotación en las actividades propiamente productivas. Cuando la tasa de ganancia se reduce, la disminución de la plusvalía obliga a las empresas a destinar aún más recursos a la apropiación de esta plusvalía, en lugar de a su producción, lo que reduce aún más la tasa de ganancia. Esta es la dinámica de la vorágine de una economía inexorablemente estancada.

 

Tony Smith – Al final de su libro parece usted bastante pesimista sobre los sindicatos y las formas de lucha colectiva, y reclama nuevas formas de organización. ¿En qué se basa este pesimismo? ¿Tiene alguna idea sobre cómo podrían ser estas nuevas formas?

Jason E. Smith: Sólo soy pesimista en cuanto a un resurgimiento del viejo movimiento obrero, una perspectiva a la que se aferran muchos en la izquierda de Estados Unidos. La forma en que se desarrolla actualmente el conflicto de clases me parece prometedora y estimulante, aunque el proceso siga siendo fragmentado, desorientado y lleno de sorpresas.

Desde el cambio de siglo, casi todo el crecimiento del empleo en EE.UU. se ha producido en los «servicios» de baja productividad, y las recientes proyecciones de la Oficina de Estadísticas Laborales predicen que el segmento del mercado laboral que más rápido crecerá en la próxima década será el de los empleos de baja remuneración que no requieren formación formal.

Esta tendencia es desastrosa y agrava una dinámica que se ha mantenido durante décadas. En cierto modo, seguimos atrapados en la vorágine creada por la gran ola de innovación capitalista que tuvo lugar entre 1920 y 1960 aproximadamente. Yo la llamo «Automatización 1.0», pero esta ola incluye el desarrollo y la difusión generalizada del motor de combustión interna, la construcción de infraestructuras a escala capitalista, las «promesas» y los peligros de la energía nuclear, además de los desarrollos más estrechamente asociados a la automatización de las fábricas.

No es ningún secreto que los salarios reales de los trabajadores estadounidenses apenas se han movido desde mediados de la década de 1970. Muchos atribuyen este estancamiento salarial a largo plazo a la derrota de los sindicatos desde principios de la década de 1980. Es cierto que las tasas de afiliación sindical se han reducido a la mitad en los últimos años. Pero la derrota no fue simplemente política. Las condiciones materiales que hicieron posible la consolidación del poder sindical en las décadas de la posguerra empezaron a erosionarse a partir de mediados de los años 60, a medida que la composición de la clase obrera y la naturaleza del propio trabajo cambiaban.

El estancamiento salarial estuvo estrechamente relacionado con el inicio de un drástico descenso de la tasa de crecimiento de la productividad laboral. La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. muestra que, durante el periodo de 1973 a 1990, la productividad de los trabajadores estadounidenses creció a un ritmo anual de sólo el 1,3%, una fracción de las ganancias registradas en las dos décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial.

El crecimiento de los salarios reales de los trabajadores requiere un aumento de la producción por hora trabajada. Por eso, los acuerdos de posguerra entre el capital y el trabajo en Estados Unidos y Europa vinculaban explícitamente los aumentos salariales al incremento de la productividad: trabajadores y propietarios «compartirían» los beneficios del aumento de la producción por hora. Cuando esas ganancias son difíciles de conseguir, como ocurre desde hace tiempo en Europa, América del Norte y Japón, cualquier aumento potencial de los salarios de los trabajadores provocaría la correspondiente caída de los beneficios de los empresarios. Esta perspectiva la clase capitalista la ha combatido y la combatirá con uñas y dientes.

La naturaleza cambiante del mercado de trabajo, de la composición de las clases y del propio trabajo ha tenido otros efectos paralizantes en el movimiento obrero. Dado que cada vez más trabajadores son asignados a puestos de trabajo en el proceso de distribución en lugar de en la producción, o se concentran en los puestos de trabajo mal pagados del llamado sector de los servicios -en tiendas, centros de llamadas, hospitales o guarderías-, están dispersos en una miríada de industrias y, a diferencia de sus padres y abuelos, que a menudo se concentraban en grandes lugares de trabajo, que reunían a miles de trabajadores, tienden a estar dispersos espacialmente, en lugares de trabajo más pequeños, a menudo trabajando con muy poco capital fijo.

Si hay un rasgo característico del vasto sector de los servicios, en el que se concentra gran parte del trabajo «improductivo», es un rasgo negativo: reúne procesos de trabajo concretos muy divergentes cuyo único rasgo común es la intensidad del trabajo. Los efectos «homogeneizadores» de la racionalización capitalista del núcleo manufacturero fueron una condición material decisiva para el crecimiento en tamaño y poder de los sindicatos de posguerra.

En anteriores periodos de rápida industrialización, los avances tecnológicos en una industria se extendían rápidamente a todas las líneas de producción, haciendo converger los procesos de trabajo. Los trabajadores que antes estaban divididos por sus habilidades, clase, región, género y salarios se encontraron realizando actividades laborales cada vez más similares, con sus habilidades y niveles salariales convergiendo. A medida que las antiguas diferenciaciones de cualificación basadas en la artesanía se erosionaban y se externalizaban en las máquinas a gran escala, y que esta convergencia de los procesos de trabajo daba lugar a saltos en la productividad del trabajo, a los trabajadores les resultaba mucho más fácil definirse a sí mismos como

trabajadores en general, definidos por encima y en contra de la clase capitalista, en lugar de como empleados de una empresa específica, cuyas quejas se expresaban contra tal o cual jefe.

A medida que los trabajadores son expulsados de las industrias centrales, intensivas en capital, las condiciones materiales esenciales para la coherencia de clase desaparecen. A pesar de las especulaciones de los entusiastas de la automatización, la mayoría de los empleos del sector servicios siguen siendo impermeables -por su propia naturaleza- a la mecanización. Y en los casos en que son susceptibles de mecanización, los bajos salarios imperantes disuaden a los empresarios de emprender grandes revisiones de estas actividades (servicios de reparto, cajeros, guardias de seguridad, limpieza de hoteles, viajes en taxi).

El escaso aumento de la productividad, la persistencia de los bajos salarios, la propia naturaleza del trabajo (que para muchos adopta la forma de servicios personales) y, sobre todo, la falta de solidaridad son desmoralizadores para los trabajadores. Tienen poco percepción de formar una clase en sentido positivo, de prefigurar una sociedad futura que se construya a su imagen. En estas condiciones, puede prevalecer entre ellos un sentimiento de conflicto exacerbado, que se alimenta de las formaciones identitarias de larga data (raza, etnia, género) que los dividen. Durante la pandemia, estas divisiones se han ampliado para incluir la distinción entre los que se consideran «esenciales», y por lo tanto se ven obligados a arriesgar sus vidas para seguir trabajando, los que han perdido sus puestos de trabajo por completo, y aquellos, a menudo empleados de clase media, que han migrado fácilmente a las plataformas en línea.

A pesar de la erosión de las condiciones que dieron origen al antiguo movimiento obrero, los últimos años han sido testigos de extraordinarias iniciativas de los trabajadores, tanto en el lugar de trabajo como en la calle. No olvidemos que fue la amenaza real en 2019 de una huelga ilegal de los trabajadores de la TSA (Administración de Seguridad en el Transporte), con los trabajadores de las aerolíneas dispuestos a unirse a ellos, lo que acabó con el cierre del gobierno.

En los últimos años, los profesores de las escuelas públicas también han estado dispuestos a emprender acciones a gran escala; éstas han tenido lugar a menudo en estados supuestamente conservadores, pero han contado con un apoyo popular abrumador. Los profesores de la escuela pública se han mantenido en gran medida al margen de la mecanización que ahorra mano de obra, como la que ha transformado algunas industrias, y su lugar en la división social del trabajo les confiere un extraordinario poder social.

En Francia, hace poco vimos cómo puede ser una revuelta en lo que Phil Neel llama «el interior», cuando el movimiento de los Gilets jaunes -con todas sus contradicciones- se dirigió al centro de las ciudades y a las rotondas durante meses. Que Dios ayude a la clase capitalista si los trabajadores de los centros de distribución y de las redes logísticas deciden atacar el flujo de mercancías en los puertos y a lo largo de las arterias de las redes just-in-time. Hace apenas unos meses, las tropas de la Guardia Nacional patrullaban las calles de Estados Unidos bajo toque de queda mientras los disturbios y las manifestaciones contra la policía se extendían por todo el país en medio de una pandemia mortal.

El verdadero pesimismo, para terminar con una nota personal, fue ver a cientos de miles de personas manifestarse contra el próximo ataque a Irak en 2002 y 2003, sabiendo lo impotentes que eran esas «masas». A pesar de la miseria reinante e incluso del trauma infligido por los años de crisis, hoy se tiene la sensación de que podríamos estar al borde de una verdadera ruptura, de un quiebre. Pero sean cuales sean las cifras de la lucha en los próximos años, es poco probable que vuelvan a los patrones del movimiento obrero en su apogeo a mediados del siglo XX. A pesar de todo lo que se interpone en su camino, tanto material como políticamente, los trabajadores tendrán que abrirse paso a tientas hacia algo nuevo.

Jason E. Smith es autor de Smart Machines and Service Work, Reaktion books, 2020.

Tony Smith es profesor de filosofía en la Universidad Estatal de Iowa y autor deTechnology and Capital in the Age of Lean Production: A Marxian Critique of the «New Economy», Suny Press, 2020.

Tony Smith | Jason E. Smith

18 enero 2022

Traducción de Marc Casanovas

Fuente de The Brooklyn Rail

Publicado enSociedad
Lunes, 17 Enero 2022 05:15

Criptomonedas en el radar del FMI

Criptomonedas en el radar del FMI

El organismo pidió regularlas por su impacto en las finanzas

El Fondo advirtió que la correlación de las criptomonedas con inversiones tradicionales, como las acciones, ya representa un riesgo.

 

El Fondo Monetario Internacional consideró que es necesario regular las criptomonedas. Aseguró que estos activos ya no se encuentran al margen del sistema financiero y por ese motivo requieren nuevos controles. El organismo aseguró que las monedas digitales comienzan a estar cada vez más correlacionadas con lo que ocurre con los activos de renta variable, como las acciones.

El análisis del FMI sobre el riesgo y la necesidad de regulación de las criptomonedas se hizo a través del blog oficial de la entidad en el artículo “Los precios de las criptomonedas se mueven más en sincronía con las acciones, lo que plantea nuevos riesgos".

Entre los problemas que plantea el informe sobre las cripto aparecen los riesgos para los inversores, al verse limitada la posibilidad de diversificación de cartera, lo cual aumenta el riesgo de contagios en los mercados financieros. De todas maneras, las declaraciones del Fondo le dan un nuevo rol a las criptomonedas porque convalidan su crecimiento en los últimos años y consolidan su papel en los mercados globales.

El FMI detalló que el valor de mercado de estos nuevos activos digitales aumentó hasta casi los 3 billones de dólares el pasado mes de noviembre, desde 620 mil millones de dólares en 2017. En tanto, la capitalización de mercado se había reducido en 2022 a alrededor de 2 billones de dólares, lo que de todas formas representa un aumento de casi cuatro veces desde 2017.

Por otro lado, el Fondo indica que la correlación de las criptomonedas con inversiones tradicionales como las acciones aumentó significativamente, por lo cual esta interconexión creciente se considera un canal de transmisión de shocks que puede desestabilizar al conjunto de los mercados financieros. “Nuestro análisis sugiere que los criptoactivos ya no están al margen del sistema financiero", señala el FMI.

Como resultado, el FMI considera que es hora de adoptar un marco regulatorio global "integral y coordinado" para guiar la regulación y supervisión nacional y mitigar los riesgos para la estabilidad financiera derivados del mercado cripto. Propone que este marco debería abarcar regulaciones adaptadas a los principales usos y establecer requisitos claros para las instituciones financieras reguladas con respecto a su exposición y compromiso con estos activos.

"Los criptoactivos como el bitcoin han pasado de ser una clase de activos oscuros con pocos usuarios a una parte integral de la revolución de los activos digitales", afirma el autor del artículo, Tobias Adrian. "Las correlaciones más fuertes sugieren que el bitcoin ha estado actuando como un activo de riesgo en lugar de un valor refugio, como muchos de sus defensores como elemento diversificador de cartera han venido señalando desde hace tiempo”, agrega. "La correlación con las acciones se ha vuelto más alta que la de las acciones y otros activos, como el oro y las principales monedas", completa.

Publicado enEconomía
Tutus Mobio, sin título (Cortesía del autor)

“[…] aquí nunca se acercaron unos médicos, nunca se acercó nadie a hacer unas estadísticas de cuál era la prioridad de esta UPZ, y en todo el Distrito se dio así y ya cuando empezaron a acercarse empezaron a dividir por UPZ y empezaron a ejercer unas restricciones […] esa no era la forma de haber manejado al pueblo, es más, los pobres tienen que salir a comer, necesitan” (1).


La voz segura de la lideresa no deja duda alguna sobre el tipo de enfoque que marcó la dinámica oficial a lo largo del país a la hora de atender la pandemia por covid-19. Una orientación que dejó en claro que quienes gobiernan ven el país a través del lente de los sectores más pudientes, como de los que tienen trabajo estable e ingresos fijos. De ahí las medidas de encierro generalizado.

Esta realidad se extendió por todo el país, llevando a muchas familias al dilema: morir por contagio por covid-19 o por efectos del hambre. Y el hambre no da espera.

Fue esta dinámica de pandemia la que marcó el tercer de año de gobierno de Iván Duque, quien en marzo de 2020 decretó el confinamiento generalizado, medida que no logró contener el avance del virus.

Este fenómeno sanitario como social, conllevó implicaciones muy severas para la vida de la población colombiana, de manera inocultable para los sectores sociales de bajos niveles económicos, que además de ser los que más han sufrido esta pandemia en sus bolsillos también son quienes más la han padecido en sus cuerpos, registrando el mayor número de muertes, todo lo cual ha empeorado sus condiciones de vida. Medidas de salud pública, sin relación profunda con políticas de protección económica y social a la altura de las necesidades de la mayoría no funcionan, mucho menos para enfrentar una situación extrema de salud como la de una epidemia-pandemia.

Un manejo errado de la crisis en que entró el país que explica, en gran medida, el estallido y levantamiento social vivido en este tercer año de gobierno, dado que, frente a una de las peores crisis sanitarias y sociales de la historia del país, que sumó al acumulado traído de años atrás de precariedad social y económica y de falta de garantía del derecho a la salud, el gobierno legisló principalmente para la protección de los sectores con mayor poder económico e hizo un abordaje focalizado con subsidios económicos totalmente insuficientes para ayudar a superar las penurias padecidas por la población más pobre, y adicionalmente, buscó imponer una reforma fiscal enfocada principalmente sobre los bolsillos de los sectores sociales precisamente más afectados por este contexto.


Igualmente, este año de gobierno, evidencia deudas de asuntos que el gobierno nacional debió haber impulsado en el terreno de la salud y no lo ha hecho, como el Plan Nacional de Salud Rural; al mismo tiempo que la revela la falta de atención sobre otros problemas importantes de la salud de la población que quedaron marginados frente a la prioridad dada a la atención al covid-19 (2).


Las cifras del impacto de la pandemia

La cifra global de contagios por covid-19 se acerca a doscientos cuarenta y tres millones de personas y la de muertas por su causa a cinco millones (3). En Colombia el contagio bordea los cinco millones de personas y las muertes alcanzan a ciento treinta mil (4).
De acuerdo a lo indicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la distribución de la mortalidad por covid-19 ha impactado en el 61,5 por ciento de los casos en los estratos socioeconómicos 1 y 2, mientras que para el 6 y 5 ha sido solo del 3,4 por ciento del total nacional, evidencia que desestima la supuesta distribución democrática de la pandemia (5).


Impacto registrado a pesar de la inicial y difundida pretensión del gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Salud, de lograr un “achatamiento” o “aplanamiento” de la curva epidemiológica de los casos por covid-19, asunto que nunca ocurrió, y sí tomaron forma hasta octubre de 2021 tres picos de casos, siendo cada uno más intenso que el anterior.


Desde el comienzo del 2021 se llegó al escenario no deseado, que condujo a cifras diarias de más de quince mil personas contagiadas y más de doscientas muertos y para finales de junio la situación llegó a ser el doble de peor, con cifras diarias de más de treinta mil personas contagiadas y más de seiscientas muertes, lo que también llevó al colapso del sistema de salud por no tener la capacidad de atención para el conjunto de la población que lo demandaba, tanto por situaciones propias de la covid-19, como por otras patologías y por la insuficiencia de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) para atender todos los casos críticos que las demandaban.


Una dinámica de morbi-mortalidad de la pandemia que llevó a que Colombia ostentara el vergonzoso noveno puesto en el mundo, tanto por mayor número de casos de contagio como por mayor número de muertes por covid-19, revelando de esta manera el desastre epidemiológico que ha significado la pandemia para la población, en especial la más empobrecida, producto del inadecuado manejo brindado por que el gobierno de Duque de esta crisis de salud pública.


Manejo centrado en lo hospitalario


La creciente que registra el paso de un pico al otro, y sus funestos resultados, no es casual, toda vez que la orientación política del gobierno nacional para el manejo de la pandemia se concentró en el denominado Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible (Prass) para el seguimiento de casos y contactos del Coronavirus Sars-CoV-2, establecido por medio del Decreto 1109 del 10 de agosto de 2020.


Este tipo de programas, clave en términos de control de una epidemia, contó en el país con un problema de base para su implementación: el modelo de atención, que no es territorializado. Es decir, la afiliación al sistema procede sobre la base de un aseguramiento, sin interés por el lugar dónde viven las personas que afilia, sin conocimiento de su entorno y condiciones de vida, que son las que determinan el proceso salud-enfermedad.


Una dificultad para la atención oportuna y efectiva a la que se suma el insuficiente número de pruebas de detección del Sars-CoV-2 y no entrega a tiempo, producto de una indolente inacción de las EPS.


Dificultad a la que se suma el insostenible aislamiento decretado desde la cúpula gubernamental, insostenible para un sector amplio de la población que no tiene protecciones económicas y está obligado a salir de sus casas para el rebusque diario, precisamente la gente de estratos 1, 2 y 3 que vive en lo fundamental de la informalidad; y por otro lado, a que algunos sectores de la población, sin duda asumen un comportamiento de riesgo, desestiman el peligro, se exponen y exponen a otros, asunto que se puede leer en parte por el individualismo que este modelo de sociedad consumista ha impuesto.


Todo esto explica por qué, a pesar del esfuerzo en algunos territorios por establecer una estrecha vigilancia en salud, realizar los denominados cercos epidemiológicos para identificar y aislar las personas positivas y sus contactos, ha sido tan débil la puesta en escena del Prass, y por qué la atención se concentró en las personas con enfermedad moderada y severa por el covid-19 que han requerido manejo hospitalario y un porcentaje de ellos de manejo en UCI.


Implementar una real estrategia de pruebas, rastreos, cercos y aislamientos, demanda necesariamente la constitución de equipos básicos de salud en cada uno de los territorios del país, asunto ni implementado por las EPS, ni por los entes territoriales de salud, producto de la lógica impuesta por el sistema de salud del país y la orientación nacional dada por el Gobierno al manejo de la pandemia. Sin duda, al revisar las experiencias de países que han logrado un manejo y control de la pandemia, su acierto radica en esto, como lo muestran diversos países asiáticos, donde también domina una valoración diferente de la vida y la salud, con sistemas sanitarios territorializados y en los que la salud no esta sometida a la dinámica de la economía.


Igualmente, y a pesar de colocar el énfasis en lo hospitalario, el mejoramiento de la atención para los casos moderados y graves de covid-19 tampoco fue la constante, porque ni se dotaron las suficientes camas de UCI, ni se formó el personal especializado necesario que requieren estos servicios, ni se establecieron los suficientes acopios de insumos, medicamentos, oxígeno y elementos de bioseguridad que demandan estas atenciones de alta complejidad.


Esta ha sido lo norma. Realidad agravada con el decreto 580 del 31 de mayo de 2021, con el que el gobierno nacional declaró la reactivación económica y trasladó la responsabilidad del cuidado a cada individuo a través del denominado aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable, decisión que se tomó en el momento en que había las peores cifras de morbilidad y mortalidad por covid-19 y que luego irían a empeorar reflejado en que la tasa de mortalidad pasaría de 1.762 muertos por millón de habitantes a finales de mayo a 2.339 por millón de habitantes a finales de julio (6), lo que sitúo al país en la vergonzosa novena posición de mortalidad en el mundo, producto precisamente de dejar de realizar los aislamientos selectivos de grupos poblacionales, medida importante en el manejo de las epidemias, quedando de esta manera al desnudo la prioridad del ente nacional por la economía por sobre la salud y la vida de millones de connacionales.


La vacunación no es varita mágica


A mediados de febrero del año en curso sonaron sirenas alrededor de un desfile de carros oficiales que recibían, como el mayor de los triunfos, el arribo al país del primer lote de vacunas, dejando claramente establecido que el afán era más por el espectáculo y los réditos políticos que por la transparencia y efectividad en el manejo de la pandemia.


Transcurridos ocho meses de su implementación el plan solo ha cubierto a cerca de 21 millones de personas con esquema completo (7), es decir más o menos el 40 por ciento de la población total, porcentaje muy lejano para alcanzar lo que se denomina inmunidad de rebaño (8), con lo cual se está muy distante de lograr un control de la pandemia con esta medida tecnológica de salud pública.


Entonces, aunque el gobierno propagandea estos niveles de vacunación como un logro, la realidad dista mucho de ello. Situación agravada por: la disponibilidad de las vacunas ha sido reducida por el control que de ellas tienen las multinacionales farmacéuticas que las han producido, el acaparamiento impuesto de ellas que han hecho los países centrales y el fallo del mecanismo Covax que creó la OMS para su distribución equitativa; y para varias de las vacunas deberá aplicarse una tercera a los seis meses, lo que demandará acceder a más dosis; la aparición de variantes genómicas del virus Sars-CoV-2, de las cuales aún a ciencia cierta no se sabe si son contenidas por las vacunas producidas, y en particular la denominada variante Delta, que ya se sabe tiene una alta capacidad de transmisibilidad, virulencia y de reducción de la eficacia de las vacunas.


Un avance parcial que no permite asegurar que con el desarrollo del plan nacional de vacunación contra covid-19 el país superará esta pandemia, dado que se continúa en un escenario de mucha incertidumbre, común denominador en este tiempo pandémico, desconociendo aspectos relevantes en lo que tiene que ver con la efectividad de la vacuna, sus efectos adversos, los costos y la capacidad de vacunar al conjunto de la población, más aún en un escenario en el que es claro que tal desarrollo tecnológico lucra a las multinacionales farmacéuticas, convertida por tanto en un bien de consumo particular y no, como debiera ser, un bien común de la humanidad.


Otra reforma de salud: ¿para qué y para quiénes?


El gobierno nacional, en cabeza del Ministro de Salud Fernando Ruiz, sobre la base de lo vivido por el sistema de salud en el contexto de la pandemia, justificó la iniciativa de presentar un proyecto de Ley para una nueva reforma al sistema de salud. La iniciativa tomó cuerpo y en el segundo semestre de 2020 quedó radicada como el proyecto 010 en Senado y 425 en Cámara, y finalmente archivado producto de una de las derrotas políticas sufridas por el gobierno en el marco del paro nacional iniciado el 28 de abril de 2021.


Pese a su entierro, valga resaltar que el mismo no tocaba los problemas estructurales base de la crisis crónica del sector salud, relacionados con la intermediación financiera del aseguramiento privado, la organización de los servicios de salud en la lógica de costos-beneficios del mercado y la flexibilización laboral del personal de salud.


Aunque el proyecto enunciaba aspectos importantes por implementar en un sistema de salud garante de esta como derecho, como es la territorialización (9) de su intervención, el establecimiento de redes integradas e integrales de servicios, la puesta en escena de la atención primaria, formas de contratación estables del personal que la garantiza, realmente su apuesta apuntaba al afinamiento del aseguramiento en salud establecido claramente como un proceso empresarial (por eso incorporaba el concepto de conglomerados empresariales en salud), al que había que reconocerlo, darle garantías y protecciones financieras (por eso la creación de un fondo de garantías del sector salud) y avanzar en su depuración a partir de procesos de inspección, vigilancia y control, para dar otro paso central en el proyecto privatizador originario de la Ley 100: depurar el mercado del aseguramiento en salud para dejar solo un oligopolio (10).


Movilización y estallido social: no más privatización de la salud


Este tercer año se caracterizó por la reactivación de la movilización social, obligada a un paréntesis por el confinamiento impuesto como medida para controlar la pandemia, sin desconocer que las expresiones de protesta social no se detuvieron aun en medio del confinamiento, bien de forma virtual o de manera directa con las protestas, principalmente en sectores populares demandando apoyos económicos para sobrevivir en el contexto de la pandemia.
Es así como tomaron forma en este periodo protestas y movilizaciones por demandas sociales y de salud derivadas de la situación de la pandemia, así como por demandas no resueltas desde años anteriores, todo ello en un contexto continuo de represión y violencia socio-política que no ha cesado (11).


Sin duda, el manejo dado a los asuntos sanitarios, sociales y económicos de la pandemia por parte del gobierno Duque ahondaron los problemas sociales y económicos de la población, que sumados a las problemáticas sanitarias por un sistema de salud ineficiente, desencadenaron las movilizaciones y protestas sociales más sostenidas en las últimas décadas que recuerde el país, junto a un estallido y levantamiento social como hecho inédito, que obligó al gobierno a renunciar a pretensiones en los campos tributario, educativo, salud e inversión social.

La economía debe estar en función de la vida y la salud

Lo evidenciado hasta ahora por la pandemia y las formas que asume es que su control no es posible lograrlo solo con medidas de higiene individual, ni con aislamientos selectivos o con la vacunación. Se requiere mejorar la calidad de vida de toda la población, en especial las condiciones de saneamiento básico y de alimentación; establecer protecciones sociales universales; desarrollar un sistema de salud público de base territorial que genere potentes procesos de promoción y prevención, de atención primaria y de solida vigilancia en salud; configurar una cultura de cuidado, conteniendo las posiciones altamente individualistas que ha desarrollado el actual tipo de sociedad.


Una perspectiva y unas acciones que no encuadran con la visión del gobierno de Duque que considera como lo prioritario para superar la actual situación retornar a la “normalidad” de la dinámica económica de mercado. Una visión que refuerza la que por décadas ha primado en el país y el mundo, con la que la lógica de la economía, centrada en la acumulación de capital, subordina a la salud y desprecia la vida.


Una visión opuesta a las enseñanzas y retos desprendidas de esta inédita experiencia de salud pública, en la que realza el valor y cuidado de la vida, la misma que debe ser el objetivo de toda política económica. Obrar por vía contraria, como ha sido lo actuado en este tercer año de gobierno de Duque es desoír a la naturaleza, decisión que no dejará de producir funestas consecuencias en los meses y años por venir.

** Una versión más amplia de este análisis apareció en: Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (2021). Lecciones del aprendiz. Autoritarismo y desigualdad. Balance del tercer año de gobierno de Iván Duque Márquez. Bogotá: Ediciones Ántropos Ltda.
1. Entrevista hecha a una lideresa social de la Localidad de Usme de Bogotá, en el marco de un proyecto de investigación sobre participación social en la pandemia, desarrollado por un equipo de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
2. Torres-Tovar, Mauricio. (2020). Limitada respuesta a la pandemia y a los otros problemas sanitarios. En Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PCDHDD), El Desgobierno del Aprendiz. Autoritarismo, guerra y pandemia. Balance del segundo año de gobierno de Iván Duque (pp. 81-89). Bogotá: Ediciones Antropos.
3. https://covid19.who.int/
4. http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx
5. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). (2021). Estadísticas Vitales – EEVV. Defunciones por COVID-19 2 de marzo de 2020pr al 9 de mayo de 2021pr. Bogotá.
6. Datos tomados de https://datosmacro.expansion.com/otros/coronavirus/colombia
7. https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/Vacunacion/Paginas/Vacunacion-covid-19.aspx
8. Es un fenómeno que se observa cuando entre un 80 a 90% de la población total de un territorio ha sido vacunada, que lleva a que se interrumpa la cadena epidemiológica de trasmisión del agente infecciosos entre los miembros de dicha comunidad, lo que previene que personas no inmunizadas se contagien.
9. Aunque luego le hicieron una variante para referirse a regionalización.
10. Torres-Tovar, Mauricio. (2021a, 26 de marzo). Otra reforma más en salud ¿al servicio de quién? Momento Médico. ASMEDAS Antioquia. Recuperado de https://asmedasantioquia.org/2021/03/26/otra-reforma-mas-en-salud-al-servicio-de-quien/
11. Torres-Tovar, Mauricio. (2021b). La movilización social no cesa en tiempos de pandemia. En: Cuidados Intensivos. Derecho a la salud y pandemia en Colombia. Bogotá: Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.

 

**Profesor Asociado, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia

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Publicado enColombia
Adriana Gómez, ¿Qué?, de la serie “Preguntas” (Cortesía de la autora)

Más allá de un problema observable estadísticamente, las epidemias de drogas revelan una compleja realidad sociocultural y psicológica como efecto de una crisis estructural que crea marginalidades y exclusión social, desafiando unas estrategias y una institucionalidad que siguen moviéndose entre un trato criminalizado de usuarios y productores y la obtención de beneficios privados y geopolíticos de sus diferentes ejecutores.

 

Cada 11 minutos hay una muerte por sobredosis con opioides en Estados Unidos (EU), una realidad que en verdad es una epidemia y que tiene la segunda mitad de la década del 90 como punto de arranque y cuyas víctimas se siguen contando por decenas de miles cada año. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EU, “entre 1999 y 2019, casi 500.000 personas murieron a causa de una sobredosis relacionada con algún fármaco, ya sea ilegal o recetado por un médico” (1). Sólo en 2019, alrededor de 136 personas murieron cada día a causa de una sobredosis de opioides, lo cual representa más del 70 por ciento de las muertes por sobredosis de drogas.


La exorbitante mortalidad asociada a la epidemia por uso de drogas legales e ilegales en EU se relaciona con entornos socioculturales diversos, con una crisis social y económica profunda y en consecuencia, no puede explicarse simplemente desde el contacto de usuarios con sustancias psicoactivas de riesgo. La trampa en este último enfoque radica en la separación de ese problema de contextos complejos, asumidos casi siempre como un mecanismo reductible a una relación de oferta-demanda.


Hoy en día existen contribuciones conceptuales como las de Anne Case y Angus Deaton (2) que rompen con ese enfoque dominante desde el cual se ha observado el problema de las drogas y que ha llevado a la aparición de narrativas que limitan una comprensión compleja e integral del fenómeno. En el contexto problemático de lo que ha sido históricamente una epidemia de drogas, inscriben su análisis no en un reduccionismo sobre las motivaciones individuales sino en los efectos desastrosos del modelo económico y social del neoliberalismo.


En ese contexto la crisis se expresa en fenómenos como la falta de acceso a la educación; las características y costos de los sistemas de salud donde por ejemplo, en el caso de Estados Unidos (EU), se cataloga con argumentos como uno de los peores entre los países ricos; y obviamente, las implicaciones de la radicalización del modelo de libre mercado, pero que en realidad es agravado por procesos de tributación y de distribución que ha producido el enriquecimiento de una franja estrecha de la élite a costa del empobrecimiento de un sector amplio de personas, en múltiples puntos de la geografía estadounidense.


Es justo ahí donde se crea una masa empobrecida y emocionalmente frustrada en medio de la cual emergen las condiciones que posibilitan una epidemia que a la postre desemboca en suicidios, alcoholismo y adicciones a las drogas, tanto legales como ilegales. Es un escenario de desespero que culmina trágicamente en ese tipo de respuestas. De allí que el esquema reiterado en los países del sur, en el sentido de construir narrativas bajo relaciones binarias que buscan justificar “responsabilidades” en el mercado de los psicoactivos del tipo: “tu consumes, luego yo produzco para satisfacer tu demanda”, o las que se crean en el norte con una situación de dominio geopolítico: “yo consumo dado que tú irresponsablemente inundas mi país de drogas”, vuelan en mil pedazos bajo esta nueva perspectiva.


Desde ésta narrativa pragmática de los autores mencionados, puede interpelarse también los enfoques que magnifican las “balas de plata” solucionadoras del asunto como la legalización de las drogas, generalmente asumida como un dispositivo prometedor de un reordenamiento específico del manejo del problema, pero también frente al esquema dominante hoy de la represión y erradicación violenta para acabar con la oferta y por tanto con los problemas asociados a las drogas.


Lo que este escenario muestra es que somos presa de un funcionalismo estrecho en el análisis de la acción social. Damos por supuesto un moldeamiento de la sociedad a través de dispositivos dirigidos hacia el logro de conductas enmarcadas con la fe puesta en un sentido de progreso, donde prevalecen los análisis y propuestas con un enfoque normativo que parte de una fragmentación de la realidad, que busca alcanzar ese deber-ser impuesto (de arriba hacia abajo) manteniendo intacto el modelo socioeconómico, en nombre del logro de una buena sociedad y un sistema funcional (3).


En relación con la evidencia histórica sobre aspectos estructurales que contribuyen al agravamiento del problema y que reclaman un tratamiento integral, se argumenta que los dos últimos momentos epidémicos vividos en materia de drogas en EU han tenido una asociación, entre otros, con la pérdida de empleos:

1. La del crack, que asoló sobre todo a los negros en las ciudades del norte durante la década de los setenta y que se relaciona con la pérdida prolongada de empleos de la clase trabajadora.
2. La de los opiáceos y que viene golpeando principalmente a los blancos con menos estudios en el período más reciente.

“Con la globalización, la tecnología cambiante, los crecientes costos sanitarios de los empleados y el paso de la manufactura a los servicios, las empresas despidieron a la mano de obra menos formada, primero a los negros y después a los blancos con menos estudios. En ambas epidemias había drogas disponibles que podían atenuar el dolor psicológico o físico a un precio (podría decirse) asequible para poblaciones que deseaban la huida que proporcionaban. Durante la epidemia del crack, el centro de la ciudad ofrecía pocos caminos legítimos hacia el progreso. En la crisis de los opioides, son los blancos con menos formación, muchos de los cuales no ven un futuro económico prometedor, o en cualquier otro aspecto de sus vidas, quienes están siendo víctimas de las drogas, el alcohol y el suicidio” (4).


La creación de narrativas alrededor del tema y que en realidad favorecen más intereses asociados al logro de posiciones de dominio geopolítico en términos de seguridad o al enriquecimiento económico, contribuyen a desviar el foco de atención satisfaciendo esas agendas más que incidir seria y sosteniblemente sobre el núcleo del problema. Así se observa por ejemplo, en la narrativa que promueve la DEA o políticos de derecha en el interior de EU y de Colombia para justificar una relación de seguridad bilateral que ofrece múltiples negocios asociados: el incremento de la siembra de coca en Colombia, argumentan, es la responsable o tiene una alta responsabilidad en la crisis de salud por consumo de psicoativos en el mercado de EU.


Para Case y Deaton, en la epidemia de opioides –que es la verdadera tragedia hoy en EU por consumo problemático de SPA–, los agentes propiciadores no fueron los virus o las bacterias, como en la epidemia de gripe de 1918-1919 o la actual del covid 19, sino las compañías farmacéuticas que fabricaban los medicamentos y promovían agresivamente su venta; los miembros del Congreso que impidieron que la DEA persiguiera una prescripción excesiva de recetas y con pleno conocimiento; la DEA que accedió a las peticiones de los lobistas y no eliminó el atajo legal que permitía la importación de materias primas de las granjas de amapola de Tasmania que se habían plantado para mantener la epidemia; la Food and Drug Administration (FDA) que aprobó los medicamentos sin tener en cuenta las amplias consecuencias sociales al hacerlo, cediendo a las peticiones del productor para que aprobara cambios en el etiquetado que aumentaron enormemente el consumo y los beneficios; los profesionales médicos que irresponsablemente recetaron en exceso y los traficantes de droga principalmente de México y China que ocuparon el lugar de la profesión médica cuando ésta empezó a dar marcha atrás. Recordemos que en estos dos países se asientan estructuras criminales que dominan hoy la producción y/o distribución ilegal del fentanilo que amplió su mercado cuando se logró un mayor control de los médicos y empresas alrededor de los opiáceos recetados a sus pacientes. También controlan el gran mercado de anfetaminas y México es potencia en el suministro de heroína principalmente hacia EU.


Esta es una muestra del entramado de intereses políticos, económicos y de seguridad en la historia reciente del suministro de opioides y que convierte a la gente en adicta u ocasiona su muerte y en la que se consiguen inmensos beneficios, mientras que el poder político protege a los perpetradores (5).
Entre tanto, en el 2020 –en el marco de la pandemia– las muertes por sobredosis de opiáceos marcaron un hito histórico alcanzando 93.331 decesos y mostrando un incremento del 30 por ciento frente a 2019 (6). (Véase gráfico).


De lejos los opioides y los opioides sintéticos excluyendo la metadona superan al resto de sustancias en muertes por sobredosis. La tendencia que se observa en el primer trimestre de 2020 se confirma y se supera hacia el resto de ese año.


Es decir, nada ha cambiado aún para contener un fenómeno que no soporta un dispositivo de manejo, siendo necesarias políticas integrales de gran alcance dirigidas a sortear los efectos de un modelo económico excluyente y concentrador de la riqueza en pocas familias, y que sigue arrojando entre los sectores blancos con escasos estudios, empobrecidos y desempleados, la mayor cantidad de muertes por sobredosis en EU.


Esta experiencia e incluso la caótica y perversa búsqueda de enriquecimiento de muchos agentes envueltos por acción o por omisión en la distribución de medicamentos como el OxyContin que profundizaron la dependencia y las muertes por sobredosis, interpela incluso a los proponentes de la legalización que pasan de largo frente a la complejidad sociocultural, económica, política e institucional (el sistema de salud por ejemplo) que está detrás de la responsabilidad de estos fenómenos, limitándose cómodamente a proclamar una “legalización” sin más. Es decir, un dispositivo que permita simplemente el acceso en condiciones de salud pública a los psicoativos de alto riesgo. Pero allí las preguntas son muchas: ¿Cómo se hace? ¿Quién lo hace? ¿Quién controla a los médicos que recetan? ¿Quién controla el mercado? ¿Con qué tipo de institucionalidad? ¿Se usará el sistema de salud tal como existe hoy? (por ejemplo, en el caso colombiano, ¿con la vigencia de la Ley 100 de salud?) Y así múltiples preguntas que no se resuelven con la sola mención de la rimbombante palabra “legalización”.


La cocaína: un escenario transnacional incontrolable


En el caso de la cocaína su auge mundial está fuera de control y muestra con evidencia la bancarrota internacional de la actual estrategia prohibicionista. A pesar de la diferencia de cifras entre la Oficina de Drogas de la casa Blanca (Ondcp por sus siglas en inglés) y Unodc (por sus siglas en inglés) ambas muestran un incremento exponencial del potencial productivo de cocaína alcanzando en cifras de EU, más de 2.000 toneladas al año (Véase cuadro). El aporte colombiano en ese volumen global de cocaína se puede observar con más claridad y consistencia en las cifras de Unodc. A pesar de que el ente multilateral carece del dato regional del potencial productivo, se sabe que bordea alrededor de las 1.800 toneladas, contexto en el cual Colombia estaría aportando el 70 por ciento de esa producción.


En el crecimiento de áreas y potencial productivo de cocaína, los volúmenes de incautación operan como un motor de impulso que produce un círculo vicioso descomunal. Suponiendo ciertas las cifras oficiales, Unodc habla de 1.436 toneladas incautadas en 2019. Comparado con el potencial productivo (digamos para ese mismo año) se estaría incautando un equivalente al 80 por ciento de lo producido, lo cual es inverosímil pues haría tambalear el volumen global de oferta lo cual, de acuerdo con los datos sobre tráfico de esa misma fuente, no está ocurriendo. De cualquier manera, a mayor cantidad de incautaciones, mayor presión sobre la oferta de materia prima y de cocaína para los países productores. A cambio de un impacto en el volumen transable a nivel internacional, lo que se observa es un auge sin antecedentes de cocaína en los mercados diferentes a EU: Europa occidental, Suramérica, Oceanía, Asia y África.


Asistimos a una revolución del mercado global de cocaína. Se están innovando las estructuras organizativas de criminalidad y sus redes, las rutas, los sistemas de refinación, el acceso a materia prima para procesar, los precios, la pureza. Mencionemos algunos ejemplos: el auge sin antecedentes de la refinación de cocaína en países distintos a los que producen la hoja de coca y la Pasta Básica de Cocaína (PBC). El número de países involucrados en procesamiento (reportes de actividad de refinación de HCL) creció de 12 entre 2010/2014 a 19 entre 2015/2019. Así mismo, la presencia de laboratorios en países distintos a la región andina cocalera pasó de 64 reportes entre 2011/2014 a 93 en el período 2015/2019. Estos sitios han crecido en reportes con origen en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Venezuela en Suramérica, así como El Salvador, Guatemala y Honduras en Centroamérica, pero también en Europa, Norteamérica, Asia y Oceanía (7). Este traslado de la infraestructura procesadora está revolucionando las rutas de suministro mundial, haciendo incontrolable la diversificación y las técnicas para mover la mercancía.


La pérdida de importancia de EU en este nuevo escenario es elocuente. Si se utilizan los datos de incautaciones para tener alguna idea de las rutas y nivel de involucramiento de los diferentes países bien como demanda o lugar de trasiego, EU presenta un decrecimiento como mercado al pasar de un 49 por ciento de todo lo incautado 1989 a 36 por ciento en 1999 y sólo el 18 por ciento en 2019 (8). Mientras tanto esa dinámica se incrementa en Centroamérica (144 toneladas incautadas en 2019); el Caribe que vuelve a crecer (14 toneladas) mostrando la rehabilitación de esta histórica ruta; Europa alcanza una cifra sin antecedentes de 213 toneladas; lo incautado en Asia se quintuplicó entre 2018 y 2019, en África –principalmente occidental y central– se cuadruplicó entre 2018 y 2019 y finalmente en Oceanía que si bien decrece en años recientes, ofrece un crecimiento comparando con lo incautado hacia 2009 (9). Si bien hemos señalado la pérdida de importancia como mercado de uso de EU, hay evidencia que lo muestra como lugar importante de reexportación hacia Europa, Asia y Oceanía. Este dato es novedoso y da muestras de un giro en el posicionamiento dominante políticamente como consumidor y pasa a ser una zona que debería responder ante el mundo como lugar de reexportación de cocaína.


Su pérdida de importancia frente al consumo de cocaína contrasta fuertemente con unas relaciones bilaterales narcotizadas con Colombia alrededor del tema y cuya modificación no se observa hasta ahora bajo la administración Biden, seguramente buscando prolongar los beneficios de los procesos de militarización en nombre del combate al narcotráfico.


Las innovaciones transnacionales y el auge de la economía ilegal de la coca/cocaína se acompañan de procesos de corrupción o de involucramiento interesado de grupos sociales emergentes que controlan el poder político y la seguridad estatal, lo que da garantías de éxito a los consorcios criminales. Sin participación del Estado es imposible la sostenibilidad de las estructuras criminales. Mientras tanto, la guerra contra las drogas es hoy en día un mecanismo de empoderamiento de múltiples intereses públicos y privados (geopolíticos, económicos, de ejercicio del control territorial y de lavado de activos) donde el control de psicoactivos se configura como carta de presentación o franquicia para legitimar políticamente decisiones que finamente salvaguardan esos intereses.


En conclusión, aquí opera una doble ganancia: mantener la prohibición fortalece el poder de las élites emergentes que posibilitan la protección, la financiación de sus campañas electorales y el lavado de activos que abarca la misma contratación del Estado. De otro, desarrollar la guerra contra las drogas fortalece alineamientos internacionales en materia de seguridad, facilita contratos multimillonarios envueltos en un blindaje de “seguridad” sobre los cuales la guerra misma mata también la transparencia del manejo de esos recursos y su uso contribuye a afianzar el poder de la concentración de la propiedad agraria como punta de lanza del poder de las élites emergentes.


Por dar un solo ejemplo: Un informe de junio de 2020 estima que el gobierno colombiano gastó cerca de la mitad de su presupuesto de defensa en personal, instalaciones y operaciones en zonas rurales totalizando US $2.600 millones de dólares en ese proceso ($9 billones de pesos de entonces). Así se han construido cinco nuevas bases rurales de la Policía en los departamentos de Antioquia, Caquetá y Guaviare y construirá otras cinco más en el 2021 en zonas golpeadas por el narcotráfico y la violencia (9). La injerencia de Washington en ese alineamiento colombiano (y de tolerancia frente a lo que sabe del papel y negocios de las élites emergentes) es de tal magnitud que se arroga el “acompañamiento” en la preparación de una venta masiva de activos (bulk asset sale) de 5.000 propiedades incautadas para extinción de dominio y cuyos dineros van a un fondo para futuras operaciones antinarcóticos (10).


Un liderazgo necesario


La campaña de la guerra contra las drogas está hoy en su peor momento y su vigencia solo puede explicarse por la compleja gama de actores e intereses que se benefician cuando la guerra no es sobre las drogas sino sobre la extracción de ganancias de diferente orden en nombre de esa cruzada. Esta es una guerra que oculta las responsabilidades de la institucionalidad en el agravamiento de la situación y que hemos observado tanto en las emergencias hospitalarias como en las muertes por sobredosis en EU.


Desde una perspectiva transnacional y dada la complejización del mercado de cocaína en el mundo, las respuestas bilaterales a la manera como lo entiende Washington y Bogotá sobre las drogas principalmente cocaína, son totalmente obsoletas. Salvo que se observen como fuente de ganancias diversas tal como se ha analizado, pero que en materia de drogas no se corresponde con la realidad del fenómeno hoy. En el marco de una política razonable, se demanda con urgencia una mirada multilateral dado que Europa y Suramérica empiezan a experimentar serios problemas en sus sistemas de salud, desafíos a sus políticas de atención y prevención por la magnitud de las sobredosis de cocaína fumable y cocaína que se liga letalmente con opiáceos, fentanilo o heroína.

 


En ese sentido, resulta incoherente el manejo informativo que hace la DEA, al propagar la falsa idea de que una sustancia psicoactiva se mantiene en sus características cuando se liga con otra. La combinación se torna sencillamente en otro psicoactivo distinto. A pesar de esto, aún se siguen presentando de manera incorrecta las muertes por sobredosis de cocaína en EU al no diferenciar las particularidades de su combinación con opiáceos sintéticos o con heroína. Un problema que debe ser tratado con buenas políticas preventivas. No obstante, dadas las demandas legales que han instaurado las víctimas contra las grandes empresas farmacéuticas, sabemos más ahora sobre la gama amplia de responsables detrás de esa tragedia.


Desde la perspectiva colombiana y en la búsqueda de un replanteamiento del manejo del problema, se demanda una estrategia diplomática que posicione el problema de cocaína a nivel internacional buscando intercambios rigurosamente diseñados y razonablemente conducidos, respaldados por investigación de alta calidad en el tema. La estrategia de manejo debe moverse con eficacia enriqueciendo el intercambio de experiencias y el saber acumulado para el logro de acuerdos con otros países, sin permitir que el tema se siga contaminando con los intereses de las grandes transnacionales de la industria militar, del mercenarismo, de los intereses geopolíticos y sobre todo del poder de las mafias que hoy controlan el poder político en diversos estados sobre todo en Latinoamérica. Un descomunal desafío.

1. Véase Pierina Pighi Bel, “Los peores años de la crisis de opioides en EE.UU. no han pasado”: Anna Lembke, psiquiatra estadounidense experta en adicciones, BBC News Mundo, junio 21 de 2021.
2. Case Anne y Angus Deaton, Muertes por desesperación y el futuro del capitalismo. Ariel, 2020.
3. En el caso de las drogas, los cuestionamientos a la prohibición como expresión notablemente irracional en su manejo internacional, generalmente se enmarca en la búsqueda de un dispositivo que se denomina legalización asumido con una generalidad inusitada y una pobreza de contenidos.
4. Case Anne y Angus Deaton, op. cit.
5. Case Anne y Angus Deaton, ibíd., p. 177.
6. BBC News World “US drug overdose deaths hit record number amid Covid pandemic”, 15-07-21.
7. Unodc World Drug Report 2021 Vol. 2 Global Overview: Drug Demand and Drug Supply.
8. Unodc, ibíd., p. 24.
9. US Department of State, Foreign Operations, and Related Programs Appropriations MEMORANDUM OF JUSTIFICATION TO ACCOMPANY CERTIFICATION UNDER SECTION 7045(b)(2)(A) OF THE DEPARTMENT OF STATE, FOREIGN OPERATIONS, AND RELATED PROGRAMS APPROPIATIONS ACT, 2020 (Div. G, P.L. 116-94)
10. Ibidem.

* Investigador Asociado al Transnational Institute TNI y miembro de la Corporación Viso Mutop.

Publicado enColombia
El presidente de China, Xi Jinping, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se dan la mano en Pekín, el 31 de agosto de 2016.Wu Hong / Reuters

"Tenemos que trabajar mejor juntos y mantenernos firmes para que China no pueda imponer sus intereses ni enfrentarnos a unos contra otros", declaró el jefe del Ejecutivo canadiense en una entrevista.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha arremetido contra el Gobierno de China en una entrevista con la cadena Global News emitida este sábado en la que insta a los países occidentales a constituir un "frente unido" ante "la coercitiva diplomacia" de Pekín.

"Hemos estado compitiendo y China, de vez en cuando, nos ha hecho frente de forma muy inteligente en un mercado abierto y competitivo. Tenemos que trabajar mejor juntos y mantenernos firmes para que China no pueda imponer sus intereses ni enfrentarnos a unos contra otros", sostuvo el jefe del Ejecutivo.

Trudeau, que —según detalla el medio— reconocía en el pasado la capacidad del Partido Comunista chino de movilizar a su pueblo y trató de mejorar las relaciones bilaterales entre dos países, dijo en la entrevista que la China de ahora "ya no es la China que pensábamos hace 10 años o incluso hace cinco años en algunos aspectos".

En particular, el dirigente canadiense opinó que hace falta seguir presionando al gigante asiático en relación con los derechos humanos, la situación en Hong Kong, así como asegurar que China no intervenga en los asuntos internos de "países independientes en Asia".

Por otra parte, destacó que hay áreas como la lucha contra el cambio climático en las que es necesaria la cooperación con Pekín. Según Trudeau, China "va a ser un actor importante" si el mundo realmente quiere descarbonizar la economía global.

No mezclar los deportes con la política

Las relaciones chino-canadienses empeoraron a primeros de este mes, cuando Ottawa secundó el boicot diplomático de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín anunciado por EE.UU., Australia y el Reino Unido.

"Aferrados a la mentalidad de la Guerra Fría y a los prejuicios ideológicos, Canadá y un puñado de países occidentales interfieren en los asuntos internos de otros países con el pretexto de los derechos humanos en un intento de perturbar y contener su proceso de desarrollo", respondieron entonces desde la Embajada china en Ottawa.

Por su parte, el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, aseguró que quienes apoyaron el boicoteo "pagaran un precio" por sus "actos equivocados", al tiempo que recordó que "los deportes no tienen nada que ver con la política". 

Publicado: 26 dic 2021

Publicado enInternacional
El comercio mundial, el avance tecnológico, el fetiche del capitalismo

En la era digital, son cada vez más los gobiernos que han adoptado políticas encaminadas a impulsar el crecimiento por medio de la innovación y la modernización tecnológica y las repercusiones económicas a nivel nacional asociadas a la pandemia de la Covid-19 están llevando a los países a fortalecer esas políticas.

Digitalización significa hoy un futuro apremiante, a la vez que una esperanza. El peligro es que cuando una palabra pasa ser el vehículo de todas las aspiraciones sociales, inevitablemente se vacía en cierto grado de contenido. El problema es que la reflexión previa sobre su significado real, material, era y es tan escueta, que podría convertirse en un fetiche más del capitalismo neoliberal.

Un reciente informe, que examinan esas tendencias y el papel que desempeñan el comercio y la Organización Mundial del Comercio (OMC) en este contexto, destaca que  es un hecho real, que el desplazamiento hacia la digitalización y las economías basadas en los conocimientos pone de relieve la creciente importancia de la innovación y la tecnología para el crecimiento económico.

En el marco de las denominadas “nuevas políticas industriales”, las políticas gubernamentales tienen por objeto desplazar la producción nacional hacia las nuevas tecnologías digitales instrumentales y a la vez facilitar la modernización de las industrias maduras.

Antecedentes

En la Declaración sobre el Comercio Electrónico Mundial, adoptada en la Segunda Conferencia Ministerial de mayo de 1998, se pedía el establecimiento de un Programa de Trabajo para examinar todas las cuestiones relacionadas con el comercio electrónico mundial que afectaran al comercio. El mismo fue adoptado por el Consejo General en septiembre de 1998, y desde entonces se celebran debates periódicos sobre el comercio electrónico en varios órganos de la OMC.

Diecinueve años después, en la Undécima Conferencia Ministerial celebrada en 2017, varios grupos de miembros de la OMC con ideas afines formularon declaraciones conjuntas encaminadas a hacer progresar los debates sobre el comercio electrónico, elaborar un marco multilateral para la facilitación de las inversiones, poner en marcha un grupo de trabajo sobre las microempresas, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) y avanzar sobre las reglamentaciones nacionales en la esfera del comercio de servicios.

En diciembre de 2020, los Miembros publicaron un texto que serviría de base para futuras negociaciones. La iniciativa ha seguido su camino para lograr avances sustanciales de cara a la Duodécima Conferencia Ministerial de la OMC, prevista para finales de 2021, a posteriori frustrada por el incremento de la pandemia.

La Iniciativa Conjunta sobre el Comercio Electrónico

No obstante, desde enero de 2021, 86 Miembros de la OMC que representan el 90% del comercio mundial, participan en estos debates.  La iniciativa ha sido convocada conjuntamente por losl embajadores George Mina (Australia), Yamazaki Kazuyuki (Japón) y Tan Hung Seng (Singapur).

A su vez, un grupo de Miembros de la OMC mantiene debates por separado en el marco de la Iniciativa Conjunta sobre el Comercio Electrónico. En líneas generales, las negociaciones se basan en una serie de propuestas de texto de los diferentes actores que se distribuyen a todos los Miembros de la OMC. Las mismas se llevan a cabo en un marco en que se combinan sesiones plenarias, grupos de reflexión y reuniones en pequeños grupos.

Las cuestiones planteadas en las comunicaciones de los Miembros se debaten en el marco de seis temas principales: posibilitación del comercio electrónico, apertura y comercio digital, confianza y comercio digital, cuestiones transversales, telecomunicaciones y acceso a los mercados. Los coorganizadores han animado a los participantes a que consideren las oportunidades y los desafíos a los que se enfrentan los Miembros, incluidos los países en desarrollo y los países menos adelantados, así como las pequeñas empresas.

A pesar de los desafíos que plantea la pandemia, las negociaciones han seguido avanzando en formato virtual, ya que con la Covid-19, la necesidad de elaborar normas de alcance mundial sobre el comercio digital se ha hecho aún más urgente.

Una convergencia a la innovación y evolución digital

En muchos países, las políticas gubernamentales tratan de mejorar el entorno empresarial o de orientar la estructura de la actividad económica hacia determinados sectores, tecnologías o tareas en los que las perspectivas de crecimiento económico o bienestar social serán superiores si se llevan a cabo esas intervenciones.

Por lo general, la motivación de los Gobiernos para poner en aplicación políticas en el plano sectorial es impulsar el crecimiento a largo plazo, aumentar los ingresos y la productividad y, de ese modo, promover el emprendimiento, la innovación, la transferencia de tecnología, la capacitación técnica y la competencia como políticas concretas para alcanzar esos objetivos.

El Ministro de Comercio, Turismo e Inversión de Australia, Dan Tehan, los ministros de Relaciones Exteriores y de Economía, Comercio e Industria (METI)de Japón, Yoshimasa Hayashi  y, Koichi Hagiuda, junto al ministro de Comercio e Industria de Singapur, Gan Kim Yong, destacaron la buena convergencia lograda en ocho artículos hasta el momento.

El canciller japonés señaló que «aunque la 12ª Conferencia Ministerial se ha pospuesto, esta negociación sobre el comercio electrónico sigue siendo una de las áreas clave para la OMC como organización que promueve el comercio mundial. Es importante seguir dando resultados a esta negociación, con el objetivo de seguir avanzando en el próximo año”.

Japón ha estado abogando por el concepto de «Flujo Libre de Datos con Confianza (DFFT)» y ve un valor significativo en la realización de este concepto. Al tiempo que mantiene la inclusión de los miembros participantes, Japón, como co-convocante de la iniciativa, continuará acelerando la negociación para lograr un resultado de alto nivel, incluso sobre las reglas de libre flujo de datos.

Los ministros dijeron que los resultados ya alcanzados en áreas importantes de las negociaciones ofrecerían importantes beneficios, incluido el aumento de la confianza del consumidor y el apoyo a las empresas que comercian en línea. Dijeron que organizarían el programa de trabajo de la iniciativa para garantizar la convergencia en la mayoría de las cuestiones para fines de 2022.

Por su parte la Directora General de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, destaco que «El trabajo realizado promete más estabilidad y previsibilidad para los consumidores y las empresas en un sector de rápido crecimiento de la economía digital. La pandemia ha puesto de relieve la importancia del comercio electrónico como herramienta de inclusión, ayudando a las pequeñas empresas a acceder a los mercados internacionales, en particular a las empresas encabezadas por mujeres», dijo.

En su declaración, los co-convocantes señalaron el apoyo de los participantes en la iniciativa a la continuación de la moratoria multilateral del comercio electrónico. Dijeron que consideraban crucial fuera permanente entre los participantes la práctica de no imponer derechos de aduana a las transmisiones electrónicas. Los co-convocantes destacaron la importancia de apoyar la participación de los miembros en desarrollo y los países menos adelantados (PMA) miembros en la iniciativa, incluida la aplicación de los compromisos.

Navegamos por un mar de dudas; entre la avaricia y el poder

La digitalización de las organizaciones y las empresas significa hoy un futuro apremiante, a la vez que una esperanza. El problema es que la reflexión previa sobre su significado real, material, era y es tan escueta, que podría convertirse en un fetiche más del capitalismo neoliberal.

El desarrollo imparable de la tecnología es inversamente proporcional al crecimiento tanto de perspectiva como de conciencia del ser humano.  El poderoso, cegado por la avaricia y el ansia de poder, contempla los avances técnicos como oportunidades de control para acrecentar y perpetuar el dominio del grupo de poder sobre las clases medias y trabajadoras.

La concentración del know how (saber como hacer) tecnológico en los oligopolios ocasiona un desajuste en el equilibrio de fuerzas entre los estados nación – no tan soberanos – las pymes y sus ciudadanos respecto a estas megacorporaciones, quienes, necesitados de maquinaria industrial de última generación y de algoritmos inteligentes eficientes, además de una infraestructura novedosa y resistente, acaban doblegándose a sus condiciones

El avance tecnológico actual, cuya curva de crecimiento se va tornando cada vez más exponencial respecto al tiempo, puede dar lugar a dos paradigmas de civilización totalmente opuestos. El camino elegido dependerá en gran medida del poderío que ejerza el conjunto de la sociedad –ausente de los debates– sobre los legisladores de las diferentes naciones y el estamento del poder económico. Es nuestra responsabilidad y de nadie más.

Mientras tanto, las videosconferencias siguen en manos de actores secundarios, con los protagonistas principales ajenos, al cinturón de plata bruñida que aprisionara su destino. El objetivo final del avance tecnológico ha de ser el alcance global de su explotación, no el sometimiento derivado de él.

 

Por Eduardo Camín | 25/12/2021

Eduardo Camín. Periodista uruguayo acreditado en la ONU- Ginebra. Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

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