Los ricos se reúnen en Davos. “Beneficiarse del sufrimiento”: el brutal informe sobre el crecimiento de la desigualdad

Así se llama el informe de la Fundación Oxfam presentado este lunes, horas antes del Foro de Davos. Refleja con datos incuestionables cómo creció la riqueza en medio de la pandemia y la crisis alimentaria creciente. Antes del evento, el FMI adelantó que se vienen “más calamidades”. En los 4 días que durará, 60 mil personas morirán por falta de acceso a la salud.

 

El Foro Económico Mundial volverá a reunirse este lunes de forma presencial después de dos años. Como siempre será en Davos, Suiza. El evento reunirá a más de 2.000 líderes políticos, empresariales y distintas organizaciones de un mundo dominado por la pandemia del coronavirus y los efectos de la guerra en Ucrania.

Entre sus principales oradores estarán el canciller de Alemania, Olaf Scholz, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky y la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. Fue ella la que, hace algunas horas, publicó un documento con definiciones preocupantes. "La economía global enfrenta quizás su mayor prueba desde la Segunda Guerra Mundial. Nos enfrentamos a una confluencia potencial de calamidades" dice.

La preocupación es cierta. La crisis internacional se profundiza con la guerra, los problemas energéticos, la inflación y otros problemas que arrastra la economía mundial. Pero los rostros de los líderes compartirán las muecas de preocupación con algunas sonrisas. Las calamidades son más tempano que tarde descargadas sobre los pueblos del mundo. Peor aún: para los capitalistas se transforman en oportunidades para hacer negocios.

Así lo confirma un informe de la ONG Oxfman publicado, justamente, en los inicios del Foro. El título resume los brutales datos que acumula la investigación: “Beneficiarse del sufrimiento”.

Allí desnuda, con datos incontrastables, cómo crece la pobreza extrema en el mundo, al mismo ritmo que la riqueza extrema. Si uno toma como parámetro la duración del Foro de Davos, 4 días, en ese tiempo las fortunas de los empresarios de la energía y de la alimentación aumentarán en dos mil millones de dólares. Si lo vemos del otro lado, 3 millones de personas caerán en la pobreza extrema. Morirán 60 mil personas por falta de acceso a los sistema de salud.

Todo eso pasará en solo 96 horas. Mientras los líderes proyectan sus power point sobre calamidades y precios de alimentos y energía. Mientras comen manjares reunidos en edificios luminosos y climatizados. “Qué bárbaro el aumento del trigo y el gas” dirán en 100 idiomas.

El informe de Oxfam retoma algo que se conoce: la pandemia significó una crisis sanitaria, social y económica, pero en ella se potenciaron las desigualdades entre las clases. El informe brinda nuevos datos que no dan otra cosa que bronca. Después de la pandemia:

  • · Solo 10 personas poseen más que el 40% de la población global
  • · Los multimillonarios se enriquecieron en los últimos 2 años lo que antes les había llevado 23 años
  • · Los multimillonarios de la alimentación y la energía son 453.000 millones de dólares más ricos que hace dos años
  • · 263 millones de personas cayeron en la "pobreza extrema" en 2022
  • · Surgieron 62 nuevos milmillonarios en la industria alimentaria
  • · Esas ganancias y concentración están contribuyendo a la subida de los precios; se estima que en EEUU han influido en un 60 % al aumento de la inflación

Para tener otra imagen concreta, Oxfam lo resume así: “una persona perteneciente a la mitad más pobre de la población mundial tardaría 112 años en ganar lo que alguien del 1 % más rico en un año”.

La pandemia es el capitalismo

Las crecientes fortunas no contradicen la preocupación de algunos de los líderes que estarán en Davos. Y de los que no estarán también. The Economist, uno de los diarios más conservadores e influyentes del mundo sacó estos días una editorial titulada: “La catástrofe alimentaria que se avecina”. Y agrega que “la guerra está inclinando a un mundo frágil hacia el hambre masiva”. Sin dejar de responsabilizar a Putin de toda la situación, olvidando el rol de la Otan en el conflicto, insiste en que “alimentar a un mundo frágil es asunto de todos”. Es que, con olfato de clase, sabe que todo puede convertirse en un combo explosivo. Las disputas comerciales pueden traer más tensiones geopolíticas, pero además desesperación y tensiones sociales: el hambre y los tarifazos han parido rebeliones a lo largo de la historia.

Al final del informe, Oxfam, sugiere que "los Gobiernos deben tomar medidas urgentes para poner freno a la riqueza extrema. Deben elevar sin demora la tributación sobre la riqueza, el capital y los beneficios “caídos del cielo” de grandes empresas, e invertir este dinero en la protección de la población con mayores necesidades y en la reducción de las desigualdades y el sufrimiento".

Es lo mismo que plantea la ONG cada Foro de Davos. Seguramente desde la buena voluntad. Pero siempre con el mismo resultado: Oxfam les habla con el corazón y los poderosos le contestan con el bolsillo. Tarifazos, inflación, hambre, precarización, guerras comerciales y ahora encima misiles.

La pandemia es el capitalismo. Las calamidades las genera el capitalismo. Un sistema basado, justamente, en la apropiación privada de todo lo que produce la humanidad. Que convierte en lucro los servicios básicos. Que transforma la salud en un negocio aún en la peor de las pandemias. Que le roba el tiempo y el fruto de su trabajo a trabajadoras y campesinos. Que llena barcos de alimentos delante de pibes hambrientos.

Los que enumera Oxfman son los mismos crímenes sociales que denunciaba Federico Engels en los inicios de la Revolución industrial: “cuando la sociedad quita a millares de seres humanos los medios de existencia indispensables entonces lo que se comete es un crimen”. A pesar del desarrollo de la ciencia y la tecnología, con servicios que podrían hacer mejor la vida de la población, del aumento de la productividad para alimentar al planeta, las desigualdades son tan criminales como hace un siglo y medio.

El contraste nos devuelve a un debate que generó el discurso de la vicepresidenta Cristina Kirchner, cuando afirmó que “el capitalismo se ha demostrado como el sistema más eficiente y eficaz para la producción de bienes y servicios”, solo hay que “regularlo, controlarlo”.

Como decíamos entonces, “es necesario plantear la perspectiva de un nuevo régimen económico y social, donde la propiedad de las grandes industrias, el transporte, la energía y el conjunto de los medios de producción deje de ser privada y pase a ser pública y social. Con esos medios de producción dirigidos por sus trabajadores y trabajadoras, de manera democrática, coordinando y planificando la producción y el funcionamiento en común con la población, en función de las necesidades de las mayorías. Una reorganización social de este tipo podría dar solución a problemas agudos, como el hambre que afecta a una gran porción de la sociedad”.

La clase trabajadora y los pobres del mundo necesita sus “foros”, reuniones y asambleas para discutir como terminar con este sistema criminal y pelear por esa nueva sociedad. Es la única salida.

Lucho Aguilar@Lucho_Aguilar

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Bolsonaro avanza con la privatización de Eletrobras

El gobierno de Brasil venderá la empresa eléctrica más grande de América Latina

El Tribunal de Cuentas dio luz verde para reducir de 72 por ciento a un 45 por ciento la participación del Estado en la compañía energética. 

El gobierno de Jair Bolsonaro se encamina hacia su primera gran privatización de una empresa estatal con la reciente decisión del Tribunal de Cuentas de Brasil que dio el visto bueno para reducir de 72 por ciento a un 45 por ciento la participación del Estado en la brasileña Eletrobras. El mandatario brasileño espera que la privatización se concrete antes de los comicios de octubre.

Eletrobras es la mayor compañía eléctrica de la región y en los próximos meses se convertirá en la primera empresa estatal en ser vendida por la administración de Bolsonaro. El Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil (TCU) avaló la privatización del gigante energético. El órgano encargado de fiscalizar las cuentas del Estado permitirá que la venta se efectivice entre mediados de junio y mediados de agosto, pocos meses antes de los comicios en los que se prevé que el actual mandatario se presente como candidato presidencial.

La jueza Ana Arraes, presidenta del TCU, indicó que la propuesta obtuvo siete votos a favor y uno en contra tras más de cuatro horas de debate. El único magistrado que votó en contra fue Vital do Rego, que en abril pidió aplazar el proceso para consultar con especialistas porque aseguró que Eletrobras sería ofertada por un valor muy inferior al que tiene. Mientras que el relator de la propuesta, Aroldo Cedraz, calificó la sesión de histórica. “No tengo ninguna duda de que las próximas generaciones reconocerán los esfuerzos del TCU para proteger al Estado y a la sociedad con la posibilidad de modernizar el sector eléctrico brasileño", expresó el magistrado citado por el matutino Folha de Sao Paulo.

Los integrantes del tribunal remarcaron que a pesar de la aprobación, el ministerio de Minas y Energía y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), tienen que cumplir con las recomendaciones del TCU para avanzar con la venta. Según Folha, el gobierno brasileño se moverá a contrarreloj para completar la operación que incluye registrar la privatización en la CVM (Comisión de Valores Mobiliarios, entidad encargada de supervisar el mercado) y en la SEC, la CVM estadounidense debido a las acciones que tiene Eletrobras en EE.UU.). El diario brasileño además indicó que la administración bolsonarista ya se reunió con posibles inversores para la fase que contempla atraer a interesados en comprar acciones de la empresa eléctrica.

La privatización de Eletrobras ya había sido aprobada por el congreso brasileño a mediados de 2021. La misma se realizará vía capitalización con la emisión de acciones nuevas que permitan achicar la participación del Estado del 72 por ciento actual al 45 por ciento. Brasil mantendrá el poder de veto sobre decisiones estratégicas en la compañía que genera un tercio de la energía del país.

El recientemente nombrado ministro de Minas y Energía, Adolfo Sachsida, celebró la decisión del TCU. “Es un día histórico para Brasil. El MME (el ministerio) sigue comprometido con cumplir de manera diligente y a tiempo, las próximas etapas del proceso. Con la gracia de Dios, seguimos adelante”, escribió en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el expresidente Lula da Silva, favorito en las encuestas para suceder a Bolsonaro, se había expresado en contra de privatizar la empresa eléctrica. "Sin una Eletrobras pública, Brasil pierde gran parte de su soberanía y seguridad energética. Las facturas de electricidad serán aún más caras. Sólo los que no saben gobernar intentan vender empresas estratégicas, más aún apurándose para vender en liquidación", afirmó el líder de izquierda. 

La estatal fue fundada en 1962 y tiene casi la mitad de las líneas de transmisión de electricidad en el país, con más de 70 mil kilómetros de tendidos eléctricos y la capacidad de generar unos 50 mil megavatios (MW). La expectativa del Gobierno es de captar hasta 67.000 millones de reales (13.500 millones de dólares al tipo de cambio actual), 25.000 millones de los cuales irían a las arcas del Tesoro, mientras el resto se destinará a programas públicos de reducción de tarifas y de desarrollo, según estimaciones de expertos.

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Jueves, 19 Mayo 2022 05:42

Inflación, la coartada perfecta

Inflación, la coartada perfecta

“Los datos son negocios. Los datos son políticos. Y eso es particularmente pertinente en el caso de la inflación, porque las inflaciones son polémicas. Generan ganadores y perdedores. Por eso nos preocupamos por la inflación. Las cifras de inflación no son meramente descriptivas. Forman parte de la economía política del proceso que describen” (Adam Tooze)

“Voy detrás de los niños todo el día apagando la luz y después de los dos facturones que llegaron en invierno, en marzo dije que no podíamos poner la calefacción. Hubo días de mucho frío, pero no la encendimos y le ponía al pequeño el pijama, el ‘body’ y el polar en casa porque es que si no, no llegábamos a la primavera. Nos ha roto el invierno”. La angustiosa declaración corresponde a Estefanía, una joven trabajadora con dos hijos cuya pareja está en paro.

Por primera vez en cuatro décadas, la inflación desbocada se ha convertido en los últimos meses en una de las preocupaciones dominantes en todos los ámbitos de la sociedad, afectando duramente a las capas más empobrecidas. La angustia de Estefanía no es ni mucho menos un hecho puntual. Según el propio BCE, el presunto guardián de la estabilidad de precios, la situación es grave, especialmente para las clases populares: “La alta inflación actual perjudica especialmente a los hogares con rentas más bajas porque los artículos con tasas de inflación muy altas, como la energía y los alimentos, constituyen una parte comparativamente grande de la cesta de consumo”.

El súbito encarecimiento del coste de la vida dificulta enormemente la subsistencia cotidiana de millones de personas en una economía global “pospandémica” aquejada de niveles inéditos de desigualdad y de tasas de pobreza impactantes. Una situación que puede devenir explosiva -una de las causas del inicio de la Primavera Árabe de 2011 en Túnez y Egipto fue la brusca elevación de los precios de los alimentos- en el depauperado y expoliado Tercer Mundo:

“El índice mundial de precios de los alimentos se encuentra en el nivel más alto jamás registrado. Golpea a los pueblos que viven en Oriente Medio y el Norte de África, una región que importa más trigo que ninguna otra. Incluso con las subvenciones del gobierno, los habitantes de Egipto, Túnez, Siria, Argelia y Marruecos gastan entre el 35% y el 55% de sus ingresos en alimentos”

Sin embargo, desde los cenáculos del poder se trata de transmitir una imagen de calma tensa: el discurso oficial afirma que se trata de un brote agudo pero transitorio, producto de una “tormenta perfecta” provocada por la “conjunción astral” de varios shocks exógenos, intensos pero fugaces: el súbito volcado al consumo de la demanda embalsada durante la parálisis pandémica (la tasa de ahorro de los hogares españoles se redujo en un 13% en el cuarto trimestre de 2021); la intensa dislocación de las cadenas de suministros generada por los recurrentes cuellos de botella en los flujos comerciales globales y la enorme convulsión en los suministros energéticos, minerales y alimentarios sobrevenida a raíz de la guerra en Ucrania. Ninguna conexión por tanto, según el relato dominante, entre la inflación disparada y la devastación ambiental o el agotamiento acelerado de los pilares energético-materiales de nuestra sociedad depredadora, ni tampoco con las graves falencias estructurales que afectan a la espasmódica reproducción de capital desde hace décadas. Se trata únicamente de un sobresalto, grave pero accidental, en el “imparable” retorno a la senda de crecimiento tras el shock pandémico. Los “cisnes negros” de la guerra y la pandemia serían los únicos culpables de la brusca aceleración de la inflación de precios y de los peligros que se ciernen sobre la ansiada “vuelta a la normalidad”: agudo empobrecimiento de la población, con el consiguiente riesgo de recesión debido a la contracción del consumo; endurecimiento de la política monetaria y subida inminente de los tipos de interés, incrementando el riesgo de un súbito colapso de la colosal montaña de la deuda global; pánico de los ahorradores y rentistas, que asisten impotentes a la depreciación de sus “capitalitos”, y el resto de jinetes del Apocalipsis que desencadena la “bestia” inflacionaria (”el peor de los males que puede aquejar a una sociedad”, Milton Friedman dixit).

Mientras tanto, los gestores de la fábrica de dinero -la cúspide del poder global, coronada por la Reserva Federal y su billete verde- contienen la respiración atribulados ante una coyuntura que genera la peor de las pesadillas a los celosos “guardianes de la estabilidad de precios”: el espectro de la inflación desbocada acechando por el horizonte. El desconcierto y los vaivenes son continuos y las nerviosas invocaciones a la transitoriedad y excepcionalidad del momento de las prudentes “palomas” se alternan con los amenazadores augurios de los “halcones”, partidarios de endurecer drásticamente la política monetaria, en una pugna simulada que no logra ocultar la incapacidad del discurso dominante de dar cuenta del inusitado fenómeno.

Michael Roberts describe la desorientación de la ortodoxia: “La teoría económica dominante está ‘desconcertada’. De hecho, el miembro de la junta del BCE Benoit Coeure comentó recientemente: ‘La teoría económica está luchando con la teoría de la inflación. Los agregados monetarios y el monetarismo han sido abandonados y con razón. Las explicaciones de holgura doméstica (la curva de Phillips) han sido atacadas pero todavía sobreviven mal que bien’. Y Janet Yellen, ex presidenta de la Reserva Federal de EEUU comentó: ‘Nuestro marco para comprender la dinámica de la inflación podría estar ‘mal definido’ de manera fundamental’”. Un botón de muestra del grado de sofisticación esotérica de la cruzada antiinflacionaria de los money makers lo representa el hecho de que la teoría dominante está basada principalmente en las evanescentes “expectativas de inflación”, es decir, en hipótesis especulativas sobre el comportamiento futuro de los agentes. Como resumía Ben Bernanke, gobernador de la FED en plena vorágine del cataclismo de 2008: «un prerrequisito esencial para controlar la inflación es controlar las expectativas de inflación». Estamos sin duda en buenas manos.

Tampoco es ajena a tamaño desconcierto la manifiesta impotencia de las herramientas habituales antiinflacionarias de la banca central -restricción de liquidez al sistema financiero y elevación brusca de los tipos de interés- ante la convulsa coyuntura actual. Con los precios de los alimentos y de la energía disparados por el shock de oferta agudizado por la guerra en Ucrania -al que no es en absoluto ajeno el peak everything de energía y materiales que se agrava vertiginosamente a medida que el capitalismo desbocado choca con los límites biofísicos del planeta- los cancerberos del capital financiero se debaten entre Escila y Caribdis: obedecer inmediatamente su sagrado mandato antiinflacionario, retirando la política monetaria expansiva implantada masivamente tras el shock pandémico, con el riesgo de provocar una aguda recesión -la política monetaria es totalmente ineficaz ante los shocks de oferta, incluso tiende a agravarlos al destruir miles de empresas zombis endeudadas hasta las cejas reduciendo la oferta de productos y servicios e incrementando los precios-, o esperar impávidos a que se calmen las aguas, apelando a la transitoriedad del fenómeno, sin tomar medidas demasiado drásticas para no truncar la ansiada recuperación mientras los índices de precios escalan a niveles intolerables. Como mandan los cánones, el capo di tutti capi de Wall Street ya ha marcado el camino a seguir emprendiendo con decisión el endurecimiento de la política monetaria. Su lacayo de Frankfort, siempre más premioso e indeciso, no tardará en seguir la misma senda. Recordemos que el único mandato del Banco Central Europeo es un objetivo de inflación alrededor de un 2% y la cifra mágica ha sido largamente desbordada en los últimos meses: actualmente se halla en un impactante 7,5%, récord histórico desde el inicio de la circulación de la moneda única en 2002, desbordando una vez más los sistemáticamente fallidos pronósticos de los gurús de la criatura de Frankfort.

Ante esta situación de emergencia permanente en la que se halla el capitalismo espasmódico y el cúmulo de confusionismo imperante, se agolpan los interrogantes:¿cuáles son las causas reales del desbocado aumento de los precios que presenciamos actualmente? ¿Se trata de un brote agudo pero breve o estamos ante un cambio de paradigma en relación con la época de inflación contenida de las últimas décadas? ¿Cuáles serían, en definitiva, las razones de fondo que subyacen a la proclamación de la “estabilidad de precios” como primer mandamiento de las políticas neoliberales y como objetivo prioritario de la política monetaria de la banca central moderna?

La coartada perfecta

«La inflación es una enfermedad, una peligrosa y a veces fatal enfermedad que, si no es controlada a tiempo, puede destrozar una sociedad» (Milton Friedman)

«La inflación es como un ladrón en la noche» (William Mcchesney Martin, gobernador de la Reserva Federal)

No existe concepto más neurálgico en el núcleo de la ideología económica dominante en el último medio siglo que el de la omnipresente lucha contra la inflación. El “ladrón en la noche” deviene el hilo conductor que recorre todos los estratos de la ortodoxia teórica y del discurso político y mediático de los, como le gustaba decir a Marx, «espadachines a sueldo» del capital.

En el capítulo titulado «¿Cómo curar la inflación?» de su exitosa serie televisiva «Libre para elegir», el gurú neoliberal Milton Friedman se recrea, apareciendo repetidas veces con la impresora de billetes en la cámara acorazada de la Reserva Federal, en la idea del dinero como stock, que se vuelca irresponsablemente a la economía por el gobierno despilfarrador provocando inflación –«el peor de los males»– y miseria rampantes. Recordemos asimismo la célebre metáfora de Marshall, uno de los padres fundadores de la ortodoxia económica, que representa la esencia de la superchería dominante acerca del dinero-lubricante, con funciones meramente circulatorias de facilitador de los intercambios: «Una máquina no puede funcionar a menos que se engrase, de lo que un novicio pudiera inferir que cuanto más aceite se ponga mejor funcionará, pero, en realidad, si se pone más aceite del necesario la máquina quedará obstruida».

A partir de esta concepción mitológica del dinero como mero lubricante de los intercambios -en realidad, el 95% del dinero circulante es deuda creada del puro aire por la banca privada para la financiación de la acumulación y de las colosales burbujas de activos-, la “teología” económica edifica un monumental corpus teórico en aras de legitimar la embestida furibunda contra el Welfare State y las condiciones de vida de la clase trabajadora del último medio siglo. El monetarismo de Friedman -”una maldición terrible, un conjuro de espíritus malvados”, en la horrorizada descripción de Nicholas Kaldor- es la pseudoteoría que sirve de legitimación al encarnizamiento terapéutico neoliberal y la cruzada inflacionaria deviene la coartada perfecta para aplicar manu militari las políticas impopulares necesarias para restablecer la tasa de ganancia del capital en los países centrales tras la crisis de los años 70. El golpe contra las finanzas públicas y la consumación del “austericidio” son los daños colaterales de la aplicación de los mandamientos supremos de la gobernanza neoliberal: la banca central “independiente” -que deja a los estados «soberanos» postrados a los pies de los caballos de los despiadados mercados financieros-; los ajustes fondomonetaristas, que aplicaron el torniquete de la deuda externa y el fórceps de la apertura de capitales a través del llamado Consenso de Washington contra los infortunados pueblos del Tercer Mundo, y, last but not least, la destrucción de los sindicatos de clase y de las organizaciones antagonistas del movimiento obrero fordista, en aras de exacerbar la sobreexplotación y la precarización laborales, imperiosamente necesarias para el abaratamiento de la fuerza de trabajo que exigía la pertinaz crisis de rentabilidad del capital.

Para comprender la obsesión inflacionaria es por tanto imprescindible leer el “subconsciente” al discurso dominante para percibir que no se trata en absoluto de un mero expediente técnico, cuya manipulación en manos de expertos es necesaria para restablecer los equilibrios económicos alterados, sino de la envoltura tecnocrática del ejercicio del poder de clase del capital en su época crepuscular. La continua invocación del miedo a la bestia inflacionaria ha sido, en definitiva, la coartada perfecta del modelo vigente, la excusa ideal para destruir la función redistributiva del Estado y para otorgar sustrato pseudocientífico al sacrosanto mandamiento de las políticas de austeridad y de la agresión antiobrera. Como en la fábula de «Pedro y el lobo», la continua apelación al espectro inflacionario -durante décadas, los oráculos de la banca central han errado sistemáticamente en sus intentos de alcanzar su sagrado “objetivo de inflación”- ha servido de coartada a la aplicación del encarnizamiento terapéutico neoliberal, pero cuando el “ladrón en la noche” ha hecho realmente acto de presencia con estrépito, los cancerberos de la estabilidad de precios estaban totalmente desprevenidos.

Moreno describe la agenda oculta del culto al tótem inflacionario:

«El control de la inflación ha sido la trampa del modelo económico vigente. Y, como muestra de ello, basta revisar los datos de la distribución del ingreso en todos los países que han seguido la norma: en todos se ha ampliado la brecha entre ricos y pobres, con la omnipresente coartada del cuidado de los precios».

Así pues, para comprender cabalmente el marco histórico-político en el que se desarrolla la cruzada inflacionaria es necesario abandonar las supercherías del discurso del capital y ampliar el foco para iluminar los procesos reales que propulsan la desigualdad y el empobrecimiento rampantes de las clases populares. ¿Realmente representa el brote inflacionario en curso el factor clave para explicar el deterioro del poder adquisitivo de las clases populares o existen otros ámbitos ocultos donde se desarrolla desde hace décadas la expropiación imparable de los medios de subsistencia de los que dependen únicamente de la venta de su fuerza de trabajo? O, dicho de otro modo, ¿qué es lo que ocultan y cuáles son las consecuencias reales de las políticas neoliberales aplicadas por la dirigencia capitalista con la coartada de la cruzada inflacionaria?

Las inflaciones ocultas

«Se trata de vendarnos los ojos y de suscitar el temor a la inflación para justificar el mantenimiento del “ejército de reserva”, arguyendo que se intenta evitar que los salarios inicien una espiral “salarios-precios”. Curiosamente, nunca se oye hablar de una “espiral renta-precios” ni de una “espiral intereses-precios”, aunque esos costos también se deben tener muy en cuenta al fijar los precios» (William Vickrey)

Toda la “matraca” de la cruzada inflacionaria que presenciamos actualmente oculta en realidad las causas profundas de la espiral alcista de los precios de los productos básicos que sufre la clase trabajadora mientras mantiene al mismo tiempo en la penumbra los ámbitos donde realmente se desarrolla de forma más aguda desde hace décadas el deterioro de las condiciones de vida de las clases populares y la propulsión de la desigualdad social.

Hay dos graves omisiones que revelan la inconsistencia de las explicaciones ortodoxas de la inflación y de las políticas aplicadas para combatirla, desvelando asimismo su función meramente ideológica de cobertura pseudoteórica de las agresiones antiobreras de las políticas neoliberales: el papel neurálgico de la tasa de ganancia y las inflaciones «ocultas».

En primer lugar, se oculta sistemáticamente el papel clave de la tasa de beneficio -y con ella, del conflicto esencial del capitalismo entre comprador y vendedor de fuerza de trabajo- en la fijación de precios, más aun en los mercados oligopólicos que dominan los sectores productores de bienes y servicios básicos- v.gr. el aberrante sistema de fijación del precio de la electricidad en España, que ha provocado su desbocada escalada reciente-. A lo anterior se suman el papel de amplificador que tiene en la fijación del precio mundial de los alimentos y de las fuentes de energía el casino financiero y la creciente financiarización de los beneficios de las grandes multinacionales: «La baja rentabilidad en los sectores productivos de la mayoría de las economías ha estimulado el giro de las ganancias y la acumulación de efectivo de las empresas a la especulación financiera. El principal método utilizado por las empresas para invertir en este capital ficticio ha sido recomprar sus propias acciones». Las apuestas especulativas realizadas en los mercados de futuros y de commodities de Chicago y Londres, propulsadas por la inundación de liquidez de la política monetaria expansiva de los bancos centrales, disparan los precios de los bienes de los que depende la subsistencia de los parias de la tierra. Las abultadas cuentas de resultados de las grandes corporaciones, enfocadas en el reparto de suculentos dividendos y en el “retorno al accionista”, y las dimensiones mastodónticas del capital ficticio especulativo que fagocita aceleradamente la riqueza global son por tanto los culpables principales de la escalada de precios que amenaza con imposibilitar la subsistencia cotidiana de millones de desheredados de los frutos del bienestar capitalista.

Roberts estima en cerca de la mitad -otras estimaciones incluso la superan- el peso del ascenso desorbitado de los beneficios empresariales tras la pandemia en el brusco incremento de la inflación que aqueja a la economía imperial: “Justo antes de la pandemia, en 2019, las corporaciones estadounidenses no financieras obtuvieron alrededor de un billón de dólares al año en beneficios, más o menos. Esta cantidad se había mantenido constante desde 2012. Pero en 2021, estas mismas empresas ganaron alrededor de 1,73 billones de dólares al año. Esto significa que el aumento de los beneficios de las empresas estadounidenses representa el 44% del aumento inflacionario de los costes. Sólo los beneficios de las empresas están contribuyendo a una tasa de inflación del 3% en todos los bienes y servicios en EEUU”. Estos precios acrecentados están por lo tanto asociados a la urgencia por recomponer la pérdida de rentabilidad acaecida durante la fulminante pero breve recesión provocada por la pandemia. Como resume Michel Husson: “La inflación resulta principalmente de la voluntad de las empresas de enderezar su tasa de beneficio si ella es inferior al nivel que desean».

Estamos ante el “elefante en la habitación” del discurso tecnocrático de la ideología dominante: la inflación no es un mero resultado aséptico de la interacción de factores objetivos -demanda de los consumidores, costes de producción, cantidad de dinero en circulación, etc.- sino la expresión palmaria del conflicto insoluble por la apropiación del excedente económico entre el trabajo y el capital. Y no parece necesario aclarar quién se lleva el gato al agua: la clave de la comprensión de la inflación y de las políticas para combatirla reside, en definitiva, en preguntarse quién está en condiciones de establecer precios -fijando por tanto el margen del que surge la rentabilidad del capital- en el capitalismo realmente existente. Estamos ante la pregunta “maldita” para la ortodoxia de la teoría económica burguesa. Astarita describe el núcleo de la ocultación: “todo está orientado para que un estudiante se reciba de economista sin haberse preguntado jamás de dónde y cómo surge la ganancia del capital. En última instancia, se trata de la ‘pregunta maldita’ para la economía política burguesa. Y al arte de este ocultamiento, se le llamará ciencia económica”.

La historia reciente demuestra fehacientemente lo anterior: la ardua y precaria recuperación de la tasa de ganancia tras la crisis de los años 70 se logró a través de la inflación de precios y de la agresión antiobrera perpetrada a lo largo del primer embate de las políticas neoliberales. La derrota absoluta de la clase trabajadora en los años 80 permitió que las tasas de ganancia aumentaran y que la inflación en los países centrales disminuyera en los años siguientes: “La caída de la inflación en las últimas décadas tuvo como telón de fondo una fuerte ofensiva del capital sobre la clase obrera y los movimientos populares (…) Esto es, incrementar el disciplinamiento del trabajo a la lógica del mercado y el capital, en respuesta a la crisis de sobreproducción y rentabilidad de los 1970. La reacción monetarista fue su expresión”.

Nicholas Kaldor desvela la agenda oculta tras la cruzada inflacionaria de los años setenta: «La subida de tipos de interés y los recortes brutales de gasto habían derrotado a la inflación reduciendo la demanda. Era pues la contracción en la producción y el empleo lo que había derrotado a la inflación. El control de la oferta monetaria y la lucha contra la inflación no eran más que unas convenientes cortinas de humo que daban una coartada ideológica para medidas tan antisociales».

Destacar el papel clave del conflicto de clases esencial al sistema de la mercancía en la fijación de precios proporciona asimismo la explicación del «misterio» de la ausencia absoluta de inflación tras la debacle financiera de 2008, cuando la tasa de beneficio se recuperó con la misma rapidez que actualmente y los bancos centrales insuflaron colosales manguerazos de liquidez a un sistema financiero exánime: la sobreexplotación laboral y el austericidio, que caracterizaron el embate del capital tras la crisis subprime, deprimieron el nivel salarial y engordaron el “ejército de reserva” sin necesidad de subir los precios. Josh Bivens aclara el agudo contraste entre los dos shocks:

“En recuperaciones anteriores, el crecimiento de la demanda interna fue lento y el desempleo fue elevado en las primeras fases de la recuperación. Esto llevó a las empresas a desesperarse por obtener más clientes, pero también les dio la ventaja en la negociación con empleados potenciales, lo que condujo a un crecimiento moderado de los precios y a la contención de los salarios. Esta vez, la pandemia disparó la demanda en los sectores duraderos y el empleo se recuperó rápidamente, pero el cuello de botella para satisfacer esta demanda en el lado de la oferta no fue en gran medida la mano de obra . En cambio, fue la capacidad de envío y otras carencias no laborales. Las empresas que tenían oferta disponible cuando se produjo el aumento de la demanda provocado por la pandemia tenían un enorme poder de fijación de precios frente a sus clientes”.

En resumen, mientras que tras el colapso de Lehman Brothers la rápida recuperación de la tasa de ganancia del capital se realizó a través del mecanismo clásico del aumento de la tasa de explotación, actualmente se ha producido principalmente mediante la inflación de precios en un entorno de fuerte aceleración de una economía global espasmódica.

La configuración descrita agudiza hasta extremos inauditos las contradicciones de la matriz de rentabilidad del capitalismo desquiciado. La propulsión de los niveles de desigualdad y de pobreza provocada por el torniquete de las políticas neoliberales genera una, potencialmente autodestructiva, contradicción en la capacidad de reproducción ampliada del capitalismo neoliberal: ¿Cómo puede mantenerse la tasa de ganancia del capital ante la intensa depresión del consumo de las masas que podrían provocar los lacerantes niveles de desigualdad y el empobrecimiento de amplias capas de la población? La respuesta es la clave de bóveda de la política del capital en el último medio siglo: la deuda “a muerte” y la inflación de activos -las inflaciones ocultas- son los ámbitos donde se extrae la parte del león de la ganancia del capital que mantiene la maquinaria depredadora en funcionamiento.

Tras el colapso de 2008, la maltrecha tasa de ganancia de las grandes corporaciones, financieras y no financieras, no se ha restablecido a través de la inflación de precios, como en la primera fase neoliberal de los años 70, sino a través de la inflación de activos y de la expansión descontrolada de la deuda y del castillo de naipes del casino financiero global. Sobreexplotación laboral y deuda «a muerte», por un lado, y capital ficticio desbocado, por el otro, representan por tanto las dos caras de la moneda de la aberrante matriz de rentabilidad del capitalismo desquiciado.

Roberts describe la estrecha conexión entre la inundación de liquidez en el casino financiero con el dinero fresco del rescate realizado por los bancos centrales tras la debacle de 2008 -la taumatúrgica QE, que significó el salvamento del sistema financiero global- y la agudización de la desposesión rentista de las clases populares mediante el incremento astronómico del precio de los activos financiero-inmobiliarios:

“Pero las tasas de inflación no aumentaron cuando los bancos centrales inyectaron trillones en el sistema bancario para evitar un colapso durante la crisis financiera mundial de 2008-9 o durante la pandemia de COVID. Todo ese crédito monetario procedente de la ‘flexibilización cuantitativa’ acabó siendo una financiación a coste casi nulo para la especulación financiera e inmobiliaria. La inflación tuvo lugar en los mercados de valores y de la vivienda, no en las tiendas”.

Tal configuración patológica del capitalismo actual desmiente de raíz el mito esparcido por doquier por los «espadachines a sueldo» del capital de que la inflación de precios es la mayor pesadilla de la banca y de los tiburones de las finanzas globales al deprimir los tipos de interés reales -la banca, como prestatario, sufriría graves pérdidas al depreciarse el valor del dinero de los préstamos con tipos de interés reales negativos, tras descontar la inflación desbocada al tipo nominal-.

Lo anterior es sin embargo una falacia que oculta los ámbitos reales donde se desarrolla el negocio cautivo y enormemente lucrativo de la fábrica de dinero en manos privadas. La rentabilidad de la banca -como demuestran las mareantes cifras de beneficios que obtiene sistemáticamente- no depende principalmente del diferencial de tipos de interés entre préstamos y depósitos sino de su papel neurálgico en el casino financiero global. Lapavitsas destaca el punto esencial de la transformación de la banca en un actor especulativo, el detonante del crack de 2008: «La banca tradicional contrasta con la banca titulizada, en tanto que la primera consiste en el negocio de hacer préstamos y contraer deudas y su principal fuente de financiación son los depósitos a la vista garantizados; mientras que la segunda consiste en el negocio de la colocación y reventa de los préstamos y su principal fuente de financiación son los acuerdos de recompra. Mientras que un pánico bancario tradicional equivale a una retirada masiva de depósitos, un pánico bancario de un banco titulizado equivale a la retirada masiva de acuerdos de recompra (repos)».

Las privatizaciones de servicios esenciales (agua, gas, electricidad, telecomunicaciones), características del masivo proceso de expropiación de los «comunes», financiado y promovido activamente por la banca privada, han representado asimismo otra enorme punción de la riqueza social, destinada a engrosar las cuentas de resultados de los oligopolios energéticos y de la gran banca: el incremento exponencial de los precios energéticos que presenciamos actualmente dispara los suculentos beneficios de la banca privada, accionista mayoritario de los mismos.

Y por si lo anterior fuera poco, el negocio bancario actual está garantizado por las políticas -totalmente ajenas al sacrosanto libre mercado competitivo- de salvamento permanente a cargo del banco central, el prestamista de última instancia, el mamporrero del sistema financiero privado, y por el privilegio exorbitante del monopolio de la financiación de los estados, fuente de pingües beneficios y pilar maestro de la completa amputación de la soberanía nacional. La fábrica de dinero privada no tiene por tanto que preocuparse demasiado por los bruscos vaivenes inflacionarios: su privilegiada posición, en la cúspide del gran capital corporativo, y su abultada cuenta de resultados están a buen recaudo.

La configuración anterior, profundamente rentista y parasitaria, de la matriz de rentabilidad del capitalismo realmente existente tiene un inicuo efecto en los ámbitos reales donde se desarrolla de forma cada vez más aguda la expropiación y el empobrecimiento de las clases trabajadoras: las inflaciones ocultas.

El desproporcionado crecimiento de los precios de los activos inmobiliarios -piedra miliar, a pesar de los desastres recientes, del modelo productivo de la piel de toro- no se refleja en absoluto en el índice de precios al consumo, al considerarse la vivienda, en las estadísticas de la contabilidad nacional, un bien de inversión: la acusada revalorización del mercado en los últimos años no sólo no es preocupante para los guardianes de la estabilidad de precios, sino que, bien al contrario, es una señal de la buena marcha de la economía a través del «efecto riqueza» que genera en el patrimonio de sus propietarios, que representan la mayoría silenciosa que sustenta el bloque dominante en el sistema partitocrático vigente. Sin embargo, los abultados intereses de las hipotecas sí son gasto puro, aunque no estén incluidos tampoco en el IPC al no ser etiquetados como gastos de consumo sino financieros. Marx se refería a esta extracción de rentas financiero-inmobiliarias como una explotación secundaria: “Trátase de una explotación secundaria, que discurre a la sombra de la explotación primaria, o sea, la que se realiza directamente en el mismo proceso de producción”. Para más inri, el gasto en alquiler (un 2,5% en la cesta de la compra que sirve de base para el cálculo del IPC) está enormemente infravalorado al ser abrumadoramente mayoritario –un 80% del total– en España el parque de vivienda en propiedad. La subida del 40% del alquiler en las grandes ciudades españolas en el último lustro, que afecta agudamente a la subsistencia cotidiana de las capas más humildes de la clase trabajadora, sólo se refleja de forma mínima en el IPC. Por lo tanto, el principal ámbito de desposesión y expropiación financiera de las clases populares resulta totalmente ignorado por los «guerreros de la inflación». No se trata obviamente de un hecho casual: no se ve lo que no se quiere mirar.

En palabras de Michael Hudson, «se trata de convertir a la economía toda en una enorme colección de puestos de peaje», a mayor gloria de la profusa provisión de rentas encauzada hacia los que «se enriquecen mientras duermen». Las crecientes cargas financieras derivadas de las astronómicas deudas pública y privada representan asimismo un ámbito oculto de expropiación de riqueza real de las clases populares a través de los precios inflados de los bienes y servicios, debido a los abultados flujos de intereses sufragados por los productores. Una máquina de succión que potencia las elevadísimas cotas que alcanza actualmente la desigualdad social: se estima que únicamente el decil superior de las escalas de renta y de riqueza patrimonial percibe ingresos netos de intereses y demás rentas financieras, mientras que el 90% restante son pagadores netos –incluso los que no tienen ningún producto financiero ni crédito bancario-. La inflación de rentas inmobiliarias, los masivos costes financieros sufragados y la privatización absoluta de todos los ámbitos decisivos para la subsistencia cotidiana de las clases populares han sido desde hace medio siglo los mecanismos de extracción de riqueza de abajo hacia arriba que han desembocado en el actual panorama de desigualdad y pobreza rampantes. Todo ello, ni que decir tiene, con la entusiasta bendición de los aguerridos guerreros contra la inflación.

Así pues, más allá del omnipresente debate acerca de si el brote inflacionario actual es temporal o duradero, o incluso de si estamos en la antesala de un periodo de deflación por la reducción del consumo y la depresión inducida que desencadenará el brusco giro de la política monetaria de la fábrica de dinero, lo realmente relevante es que la matriz de rentabilidad del capitalismo desquiciado seguirá extrayendo caudalosos flujos de la expropiación financiera y rentista de las clases populares a través de las inflaciones ocultas y de la sobreexplotación laboral, absorbiendo a borbotones la escasa porción de la riqueza social recibida por quienes se ganan el pan con el sudor de su frente. Por lo tanto, resulta perentorio disipar las cortinas de humo de los espadachines a sueldo del capital, cuyas cínicas apelaciones a la excepcionalidad de los agudos conflictos actuales y su ilusoria confianza en la posibilidad de la ansiada vuelta a la normalidad, no son más que cantos de sirena que pretenden ocultar el hecho desnudo de que sólo la superación de este modo de organización de la vida humana depredador y suicida permitirá la consecución de un orden social racional en un planeta habitable.

Blog del autor: https://trampantojosyembelecos.wordpress.com/2022/05/15/inflacion-la-coartada-perfecta/

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Declaración universal de los derechos del poder corporativo

Hablar en serio de derechos humanos implica radicalizar la democracia, construir proyectos socioeconómicos en colectivo, fortalecer los procesos de autoorganización social desde la base y reconfigurar nuevos espacios de contrapoder a nivel local y global.

No se pueden establecer límites a la propiedad privada y a la acumulación de riqueza porque hay que garantizar la seguridad jurídica de los contratos, pero el gobierno español ha anunciado la incautación de un yate a un oligarca ruso y el alemán la expropiación de la filial de Gazprom. Se lleva diciendo dos meses que hay que intervenir el mercado de la energía, apenas se tardó unas horas en cambiar el presupuesto para poder enviar armas para la guerra. Es imposible juzgar a Repsol en España por el desastre ecológico provocado por su vertido de petróleo en Perú, pero la empresa sí pudo demandar al Estado argentino ante tribunales internacionales cuando hace una década fue nacionalizada su subsidiaria en el país.

El gerente del taller textil de Tánger en el que murieron 28 trabajadoras hace un año ha sido condenado por un tribunal marroquí, aunque la sentencia no hace mención a Inditex ni a Mango, que eran las firmas para las que fabricaban las prendas. Ucrania tiene todo el derecho a defender su soberanía nacional frente a la invasión de las tropas rusas, mientras el Sáhara Occidental tiene que convertirse en una provincia de Marruecos porque es la única solución realista. Los grandes propietarios obtienen golden visas sin ningún control y a buen precio en el mercado oficial, a la vez que millones de personas se someten a las burocracias migratorias y quedan atrapadas en limbos jurídicos infernales. 

En el ámbito institucional, los debates se centran en la discusión sobre leyes y normas. Pero en esta disputa jurídica todo lo que está en juego, básicamente, es una cuestión de voluntad política; dicho en términos clásicos, de relaciones de fuerza. La asimetría normativa, no en vano, ha sido la base de la globalización neoliberal: frente a la fortaleza de la armadura jurídica construida para blindar los “derechos” de las grandes corporaciones, la extrema fragilidad de los mecanismos para el control de sus obligaciones. O lo que es lo mismo: a la vez que continuamente se re-regulan los negocios privados transnacionales, sigue avanzando la desregulación en la tutela de los derechos fundamentales.

La huida hacia adelante en busca de la rentabilidad perdida solo va a servir para profundizar en la lógica de expulsión, desposesión, violencia, encierro y necropolítica

Nada de eso hubiera sido posible sin la conformación de una gran alianza público-privada entre los Estados centrales y las corporaciones transnacionales. Y el derrumbe del capitalismo global, por sí solo, no va a cambiar este estado de cosas. Al contrario, la huida hacia adelante en busca de la rentabilidad perdida solo va a servir para profundizar en la lógica de expulsión, desposesión, violencia, encierro y necropolítica. El derecho internacional, con toda su catarata de pactos y acuerdos globales en defensa de los derechos humanos, se ha convertido en papel mojado ante la guerra desatada por los grandes poderes económicos para tratar de asegurarse su parte del botín en medio de la tormenta perfecta.

Colapso de los derechos humanos

Con la guerra se profundiza en la dinámica de crisis energética, subida de precios y materias primas, desigualdad social, empobrecimiento generalizado y agravamiento del desorden climático, pero la crisis estructural del capitalismo viene de más lejos. Hoy hablamos de la espiral de inflación, endeudamiento y desabastecimiento; hace tiempo que venimos haciéndolo de sus causas: una lógica de crecimiento ilimitado y acumulación imposibles, un modelo de financiarización insostenible, la emergencia de un cambio climático desbocado, el agotamiento acelerado de energía y materiales. De ahí que las grandes corporaciones y fondos de inversión transnacionales se hayan lanzado a la destrucción de cualquier barrera que impida la mercantilización a escala global. En este marco, la necesidad de ampliar los dividendos empresariales hace que se extremen las prácticas contra las personas, las comunidades y los ecosistemas.

Algunas de estas prácticas afectan a la propia configuración de los derechos humanos. Eso es, al fin y al cabo, la necropolítica: dejar morir a miles de personas racializadas y pobres. También están la fragmentación de derechos según las categorías de personas, las prácticas racistas y heteropatriarcales, los tratamientos excepcionales a determinados colectivos, las políticas migratorias con sus muros y fronteras, la trata de seres humanos, las deportaciones en masa, la criminalización de la solidaridad y la desobediencia civil, la división de la sociedad entre asimilables y exterminables. 

Otras destruyen en bloque los derechos de las personas, los pueblos y la naturaleza. Es el caso de la crisis climática y la destrucción de ecosistemas, los feminicidios de mujeres y disidentes de género, el hambre que sufren millones de personas, los nuevos campos de concentración, la persecución y eliminación de la disidencia, el encarcelamiento de pueblos y comunidades, el endurecimiento de los usos coloniales y las guerras de destrucción masiva.

Están, por último, las prácticas que afectan al núcleo central de los derechos colectivos. Como la apropiación de los bienes comunes, la explotación laboral, la consolidación de la precariedad en el núcleo constituyente de las relaciones laborales, el trabajo infantil y el trabajo esclavo, la reorganización capitalista de la producción y la reproducción, las expropiaciones colectivas por medio del pago de la deuda, las expulsiones de millones de personas de sus territorios porque las grandes corporaciones se apropian de los bienes comunes. Recientemente, Amnistía Internacional las ha recopilado y el panorama es demoledor: no son fallos del sistema, es el avance del neofascismo global.

En este contexto, el poder corporativo se articula en torno a una serie de principios que desplazan y fulminan los fundamentos que sustentan el derecho internacional de los derechos humanos. Son principios formalmente ocultos, no regulados, pero que gozan de la máxima imperatividad y transversalidad. Vienen a constituirse, en la práctica, como una declaración paralela a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Parafraseando los treinta artículos de la declaración proclamada por Naciones Unidas en 1948, la Declaración Universal de los Derechos del Poder Corporativo bien podría concretarse en el articulado que sigue.

Principios generales

  1. La vida ha de ser mercantilizada. Todo puede comprarse y venderse. Los derechos humanos y los derechos colectivos, incluyendo al medio natural en su conjunto, se someten a la regla de la oferta y la demanda.
  2. La propiedad privada y la especulación carecen de límite alguno. Y ambas se sitúan en el vértice de la jerarquía normativa.
  3. Lo privado prevalece frente a lo público-comunitario. Frente a los bienes comunes, privatización; frente a lo colectivo, lógica de mercado.
  4. La desigualdad se consolida como elemento central de la arquitectura corporativa de dominación.
  5. La libertad despótica de “hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera” y la igualdad como mera “igualdad de oportunidades” actúan como valores ético-jurídicos que sustentan los diferentes espacios de dominación de las relaciones sociales.
  6. La violencia estructural, la pedagogía de la sumisión y la lógica de la guerra apuntalan la estructura del poder corporativo.
  7. El racismo institucional impregna todo el orden jurídico global.
  8. La naturaleza se concibe como un instrumento al servicio del capitalismo, sin derecho alguno.
  9. La división sexual del trabajo se reinterpreta y se consolida jurídicamente.
  10. El trabajo comunitario no valorado, el implementado en el interior de los hogares y los cuidados de las personas dependientes, aunque resultan imprescindibles para el mantenimiento de la vida cotidiana, se sitúan fuera de la pirámide normativa.
  11. El neocolonialismo se incorpora al ordenamiento jurídico-económico global.

Desechos humanos

  1. Los derechos humanos se vacían como categoría sustantiva al perder espacio normativo frente a la mercantilización de la vida.
  2. Se produce una descomposición radical y progresiva de los núcleos centrales de los derechos. La paz, la democracia, la alimentación, la vivienda, la educación, la cultura, el trabajo, la migración, los cuidados y la salud transitan hacia la retórica jurídica.
  3. La desregulación en masa de derechos, la expropiación por parte de las élites de los bienes colectivos y la destrucción global de derechos reconfiguran sustancialmente los derechos humanos.
  4. Los desechos humanos reemplazan a la dignidad de las personas. 

Re-regulación corporativa

  1. La mercantilización de las normas jurídicas conlleva que los aspectos económicos aparezcan como autosuficientes, autorregulables y blindados jurídicamente, mientras los derechos humanos lo hacen como aspiraciones vacías.
  2. El derecho corporativo global equivale al derecho constitucional universal. La supuesta fragmentación de los ordenamientos jurídicos no es tal, ya que la acumulación de riqueza se sitúa en el vértice de la jerarquía normativa, desplazando los derechos humanos a los márgenes regulatorios.
  3. El derecho privado prevalece sobre el derecho internacional de los derechos humanos y sobre las normas constitucionales sobre derechos y libertades.
  4. El poder corporativo se construye sobre la re-regulación de derechos, lo que significa más poder, más protección, más reglas e instituciones jugando a su favor, con más derechos y más riqueza cada vez en menos manos.
  5. El derecho internacional de los derechos humanos se interpreta en favor del poder corporativo. Solo resulta aplicable a las empresas transnacionales a través de la acción estatal: los derechos corporativos se tutelan en marcos nacionales, regionales e internacionales, lo que consolida la asimetría jurídica como principio corporativo universal. 
  6. Se consolida una nueva expertocracia, que crea esquemas contractuales ad hocy reinterpreta las normas jurídicas desde las nuevas exigencias del capital y las élites: las consultoras, las agencias de calificación, los grandes despachos de abogados y los tribunales arbitrales son instrumentos para desplazar lo público por lo privado.

Arquitectura jurídica de la impunidad

  1. Los derechos de las empresas transnacionales se tutelan mediante un ordenamiento jurídico global basado en reglas de comercio e inversiones de carácter imperativo, coercitivo y ejecutivo (derecho duro), mientras que sus obligaciones se remiten a ordenamientos nacionales sometidos a la lógica neoliberal, a un derecho internacional de los derechos humanos manifiestamente frágil y fracturado, sin exigibilidad ni justiciabilidad, y a una “responsabilidad social” y una diligencia debida voluntarias, unilaterales y no exigibles jurídicamente (derecho blando). 
  2. El carácter de contrapeso del derecho se difumina en favor del poder corporativo, modificando las garantías formales de la democracia. Se generalizan la pulverización del derecho legislativo, la privatización y contractualización de la ley y las relaciones económicas, la prevalencia de los anexos a las reglas en los acuerdos de comercio e inversión, la destrucción del paralelismo en las formas, la inflación de las normas administrativas, la quiebra del imperio de la ley, la prioridad de la seguridad jurídica de los contratos frente a la seguridad de las personas y comunidades. 
  3. La lex mercatoriase compone de normas que subordinan lo público a lo privado, y lo constitucional a lo puramente administrativo, colonizando todas las esferas normativas y arrinconando los derechos humanos, sociales y medioambientales en los márgenes de la jerarquía normativa. 
  4. Los tratados de comercio e inversión, los acuerdos de protección y promoción de las inversiones, los contratos de explotación y comercialización, las políticas de ajuste, los préstamos condicionados, los dictámenes de los tribunales arbitrales y las disposiciones nacionales, regionales y multilaterales protegen la propiedad privada y los negocios transnacionales, configurando una constitución económica global.
  5. Se impone una constitución económica no formalizada en ningún texto jurídico. Es una suma de reglas, normas, disposiciones, decisiones, pactos, tratados, resoluciones judiciales, planes, recomendaciones, rescates, deudas soberanas, indicadores riesgo-país y laudos arbitrales. Todos ellos entrelazados, “amontonados” y superpuestos, de tal forma que se desacoplan las reglas de la jerarquía normativa, la separación de poderes y el Estado de derecho.
  6. Los Estados donde las transnacionales tienen su casa matriz, lejos de controlar al poder corporativo, crean pistas de despegue para su internacionalización. Les apoyan a través de subvenciones y créditos blandos, acción exterior y misiones político-empresariales, puertas giratorias, lobbyen instituciones internacionales y diplomacia económica.
  7. Los Estados huéspedes articulan pistas de aterrizaje para el poder corporativo, desregulando sus obligaciones y aprobando normas en favor de sus intereses. La alianza entre los gobiernos y las élites empresariales consolida el cheque en blanco a favor de la acumulación de riqueza de unos pocos, frente a los derechos de las mayorías sociales.
  8. La idea de “seguridad jurídica”, en el marco de la lex mercatoria, tiene como fundamento central la protección de los contratos y la defensa de los intereses comerciales de las multinacionales. Es una concepción que únicamente hace referencia a las miles de normas, acuerdos y tratados promovidos en las últimas décadas por las instituciones comunitarias e instancias como el Banco Mundial, el FMI y la OMC.
  9. La negativa de las empresas transnacionales a aprobar un código externo de carácter vinculante en el seno de Naciones Unidas o un tribunal internacional para el control de sus operaciones, así como la oposición a que pueda crearse un centro que fiscalice sus prácticas, inspeccione sus incumplimientos y articule las denuncias, colisiona con sus reiterados llamamientos al respeto de los derechos humanos y el medio ambiente.

Uso alternativo del derecho

El debate sobre la legislación pro-derechos se viene circunscribiendo, de un tiempo a esta parte, únicamente al marco estatal. Y mientras tanto, en el plano internacional, avanza con fuerza esa constitución económica global que no está formalizada en ningún sitio pero es ley. Aunque la sucesión de disputas declarativas en la política institucional parezca delimitar el Estado como el único terreno de juego posible, la Declaración Universal de los Derechos del Poder Corporativo impregna todos los textos legislativos nacionales y se impone al conjunto de las políticas públicas.

Muchas normas que hasta anteayer aparecían como inmutables, cuando las necesidades del capital así lo han demandado, se han modificado

Sin embargo, muchas normas que hasta anteayer aparecían como inmutables, cuando las necesidades del capital así lo han demandado, se han modificado. No hay más que ver lo que ha pasado con la suspensión del techo de gasto y de la limitación del déficit público (para subvencionar a las grandes corporaciones, no para invertir en servicios públicos), con la regularización exprés de personas refugiadas (provenientes de Ucrania, no de Siria o Afganistán), con la eliminación de trabas administrativas (para constructoras y promotoras inmobiliarias, no para poder recibir el ingreso mínimo vital), con las nacionalizaciones de empresas y la intervención del Estado en los sectores estratégicos de la economía (para rescatar a los grandes propietarios, no para transformar un modelo especializado en el turismo y el ladrillo). 

Con la pandemia y la guerra, la acción del Estado se ha vuelto imprescindible para que no se produzcan quiebras en cascada y se venga abajo el sistema económico-financiero. Pero el relato de las “propuestas de futuro para la recuperación”, pese a toda la retórica gubernamental fundamentada en los valores europeos y concretada en los fondos Next Generation, pasa por reforzar la arquitectura jurídica de la impunidad y continuar con su lógica de expulsión, desposesión y necropolítica. Como ha señalado Miguel Mellino, “para las élites y clases dirigentes ha llegado el momento de la destrucción creativa del capitalismo. Están desmontando viejas estructuras para crear las bases de una nueva lógica de acumulación”.

Está en juego una fase de recomposición capitalista y es ahí donde efectivamente toca intervenir. Un contexto donde las rivalidades geopolíticas, los conflictos bélicos, la competencia económica, la militarización del comercio y la preocupación por asegurar las ganancias empresariales nos asoma a nuevas maneras de reinterpretar los derechos humanos. Muchos de sus imperativos universales conectan con la emancipación y la resistencia de los pueblos, pero otros colisionan con la falta de empatía de las categorías de derechos y las maneras de entender las relaciones humanas. 

El uso alternativo del derecho implica el uso legal, alegal e ilegal del mismo; la reinterpretación conceptual de la legalidad frente a la legitimidad vuelve a aparecer en el marco de la defensa de los derechos de las mayorías sociales. Hablar en serio de derechos humanos implica radicalizar la democracia, construir proyectos socioeconómicos en colectivo, fortalecer los procesos de autoorganización social desde la base sin renunciar a la disputa de ciertos espacios institucionales y reconfigurar nuevos espacios de contrapoder a nivel local y global.

Por Juan Hernández Zubizarreta, Pedro Ramiro | 18/05/2022 

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Juan Hernández Zubizarreta (@JuanHZubiza) y Pedro Ramiro (@pramiro_) son investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.

Fuente original: Declaración universal de los derechos del poder corporativo | ctxt.es

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Cómo las corporaciones destruyen la vida…*

Que la humanidad ha alterado dramáticamente los ciclos biogeoquímicos, climáticos y del agua, ha afectado el equilibrio de los mares (por sobrexplotación pesquera y contaminación por plásticos) y de los bosques y selvas (por la deforestación) y ha puesto en peligro miles de especies de animales y plantas, es un hecho que el geólogo Paul Crutzen (1933-2021), Premio Nobel 1995, sintetizó magistralmente en dos cortos artículos (2000 y 2002) al declarar a nuestra época como la del antropoceno, la era en la que los impactos de la especie humana sobre el planeta lo convirtieron en una nueva "fuerza geológica". Ello dio lugar a cientos de publicaciones y decenas de libros y confirmó en la academia y en la opinión pública el dogma biologista de la culpabilidad total de la humanidad o de la especie, más allá de las particularidades económicas, sociales, culturales, históricas o de género. La humanidad convertida en una entidad abstracta, en un todo indiferenciado. Hoy, dos décadas después, existen suficientes evidencias de investigadores de las ciencias sociales y de las humanidades que no sólo matizan la idea del antropoceno, sino que la cuestionan contundentemente. Debemos al historiador Jason W. Moore con su obra El capitalismo en la trama de la vida (2015), el desarrollo teórico de un concepto alternativo: el de capitaloceno. Ya no es la humanidad la causante de la tremenda crisis ecológica actual, sino las relaciones que el capitalismo ha construido e impuesto entre los humanos y entre estos y la naturaleza (ver una excelente síntesis en Francisco Serratos, El capitaloceno: una historia radical del cambio climático, 2021, UNAM).

Hoy, los humanos vivimos y sufrimos la era del capital corporativo en la que unas cuantas decenas de corporaciones trasnacionales monopolizan y controlan los mercados globales de las principales actividades humanas. La escala a la cual estas corporaciones operan y la velocidad con la que se multiplican y expanden no tiene precedente en la historia. Un puñado de corporaciones tienen una influencia directa o indirecta sobre el equilibrio de los océanos, la atmósfera y los mayores ecosistemas terrestres, afectando funciones claves, como la regulación del clima global. En efecto, 75 corporativos mineros dominan la extracción de platino, paladio, cobalto, níquel, hierro, cobre, zinc, plata y oro; 30 monopolizan la producción de petróleo, gas y cemento, y 10 la de papel. Trece compañías dominan la captura pesquera marina y cinco las granjas de salmón.

Los monopolios alcanzan su máxima expresión con los alimentos. Tres compañías dominan los agroquímicos (Syngenta, Bayer y Basf), las semillas (Monsanto, Dupont y Syngenta) y la maquinaria y equipo agrícolas (Deere, CNH y AGCO), y seis controlan 75 por cientio de los plaguicidas (Syngenta, Bayer, Basf, Dow Agro, Monsanto y Dupont). Similarmente, seis corporativos o sus fusiones controlan 100 por ciento de los cultivos transgénicos que hoy se siembran (soya, maíz y algodón) en 190 millones de hectáreas en 29 países (Estados Unidos, Brasil, Argentina, etcétera). Todo cultivo transgénico está obligado a usar el glifosato, el herbicida catalogado como cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Actualmente los cultivos de soya y maíz transgénicos han provocado la mayor destrucción de la biodiversidad de que se tenga memoria al convertir 80 millones de hectáreas de vegetación tropical y sus innumerables especies de flora y fauna en un monocultivo, una catástrofe biológica de la que no hablan las mayores organizaciones internacionales de conservación y ambientalismo. En paralelo está el caso de la comercialización y transformación de los alimentos; sólo tres compañías dominan el cacao, el plátano y las semillas, cinco las del aceite de palma, y seis la de la carne (JBS, Tyson Food, Cargill, BRT, Vion y Nippon Meat).

Finalmente la explotación del trabajo humano se hace evidente cuando se revisan las cadenas de suministro de alimentos, en la que los productores se quedan con un mínimo porcentaje del precio final del producto. Aquí recomiendo los excelentes documentales de Rotten sobre cacao, azúcar, agua, aguacate y uva en Netflix (https://bit.ly/3lhBVou). El drama del chocolate resulta patético, pero ilustra lo que sucede en la mayoría de los casos. Un total de 5 millones de familias campesinas de Ghana y Costa de Marfil, representando una población de 30 millones, cultivan la mayor parte del cacao que es la base de la industria chocolatera. Es un sector que vive en general en la miseria. Los compradores, comercializadores y especialmente cuatro firmas industriales (Barry Callebaut, Cargill, ADM y Blommer) se quedan con la mayor parte de las millonarias utilidades que genera la semilla de esta planta, originaria de México.

*…y concentran la riqueza (monopolios), explotan el trabajo humano y generan la mayor desigualdad social de la historia…

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Jueves, 12 Mayo 2022 06:20

Antropocentrismo: la crisis del agua

Antropocentrismo: la crisis del agua

En los últimos años, la sequía se ha convertido en una condición casi natural de vastas zonas del planeta. La mayor parte del far west estadunidense, California en particular, la padece desde hace décadas. En África ha provocado colapsos humanitarios. En tiempos recientes, el Mediterráneo devino una de sus sedes centrales. La carencia de agua ya afecta a las economías de Portugal, España, Italia y Grecia. Hoy se habla del aumento de precios del gas y los combustibles fósiles (las necesidades y necedades de su majestad el automóvil acaparan siempre la atención), mientras se omite invariablemente el que afecta al consumo de agua.

En México, basta con seguir el itinerario de las protestas sociales en que pobladores de múltiples regiones del país reiteran que la escasez de agua está afectando no sólo sus economías sino, sobre todo, sus condiciones de existencia y modos de vida. En particular en el norte, Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León y cuantiosas regiones del Bajío son sedes de crisis acuíferas cada vez más frecuentes. Las teorías sobre la creciente escasez son múltiples y están entrecruzadas por los intereses de consumidores industriales, embotelladoras de agua, privatización de pozos y, del otro lado, poblaciones enteras que, como en el caso de La Laguna o el norte de Zacatecas, ya desaparecieron casi por completo.

Bajo la consigna de "no es sequía, es saqueo", 21 organizaciones de Nuevo León detallan la estructura profunda de una infrahistoria que ha situado a la mayor parte de la población en estado de precariedad con respecto al abastecimiento de agua. Elizabeth Barrón Cano, dedicada desde hace años a estudiar el tema, explica cómo 15 conglomerados industriales concentran (aproximadamente) 44.5 millones de metros cúbicos, cuando la cantidad destinada al consumo doméstico asciende apenas a más de un millón de metros cúbicos, tan sólo 2.27 por ciento del total. Las industrias cerveceras, las de bebidas embotelladas, las corporaciones del acero y de la minería devastaron los mantos acuíferos de la región. Aunado a esto, ex gobernadores como Jorge Treviño, Sócrates Rizzo y Fernando Canales Clariond amasaron auténticas fortunas en el negocio de privatizar los pozos. Y, mientras, Conagua y Semarnat inmóviles, como la mayor parte de la política ecológica del actual gobierno. Justificada y comprensiblemente, las protestas son contra del acaparamiento del líquido básico y exigen una distribución más justa en su consumo y sus usos.

Sin embargo, el problema central escapa una y otra vez a la mirada y la conciencia de todos. Las alarmantes y cada vez más prolongadas temporadas de sequía se deben, en esencia, a la desertificación de extensas zonas del planeta. Por su parte, el proceso de desertificación tiene varios orígenes: la multiplicación de la producción industrial, la urbanización del mundo, la transformación del agua en redituable mercancía (el precio de un litro de agua equivale ya al de medio litro de gasolina). Pero su principal razón se encuentra en el propio metabolismo natural: la deforestación de bosques y sistemas ecológicos que garantizan el ciclo del agua.

¿Cuál es el origen central del raudo proceso de la deforestación? La respuesta es conocida y nunca atendida: la transformación de las principales zonas agrícolas en regiones dedicadas al cultivo y la producción de forraje para alimentar a cientos de millones de aves, cerdos, vacas y ovejas que aguardan ser masacradas para sostener el actual delirio alimentario. En términos ecológicos, la producción de una hamburguesa de res o la nutrición de un pollo requieren de 3 mil litros de agua. Multiplíquese por miles de millones al año. La matanza animal está destinada a anidar la lógica de la valorización del capital en nuestros hábitos y, sobre todo, nuestros cuerpos.

El animal que matas cada vez que devoras una pieza de carne adquirida en las vistosas estanterías de los supermercados representa, en esta medida, el eslabón oculto de la cadena que coproduce, en gran parte, la crisis del agua.

¿Por qué no se impone a las industrias que hoy monopolizan el consumo de agua obligaciones de reforestación? Ecosia, el principal motor de búsqueda digital en Alemania, una gigantesca empresa que ha abandonado motu proprio la acumulación de capital privado como principio de su existencia, dedica sus utilidades a la reforestación. Ya ha plantado más de 100 millones de árboles en distintas partes del mundo. Más que un caso, tal vez representa un paradigma para el futuro.

No es el cambio climático el que produce la escasez de agua, es la escasez de agua (léase: la deforestación) la que produce el cambio climático. La tarea de develar esta contradicción se encuentra en todo afán actual de deconstruir la lógica de la reproducción antropocéntrica de la sociedad. Esa lógica bajo la que se oculta la de la optimización de la rentabilidad.

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Inseguridad alimentaria aguda: 40 millones de personas más en un año

Alarmante informe de la FAO

Desde Roma. La llamada “inseguridad alimentaria aguda”, es decir cuando una persona no puede consumir alimentos suficientes y eso pone su vida en peligro inmediato, afectó a 40 millones de personas más en el mundo entre 2020 y 2021, llegando a afectar a un total de 193 millones de personas de 53 países, según el Informe Global sobre Crisis Alimentaria 2022 recientemente publicado por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), ambos con base mundial en Roma.

Los países más afectados están en África (Yemen, Eritrea, Burundi, Kenia, Mozambique, Congo, Etiopía, Nigeria, entre otros), en América Central y Caribe (Haití, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua) y en Asia (Pakistán, Bangladesh, Siria, Afganistán, entre otros). América Central y Caribe no sólo tuvieron que luchar contra los problemas económicos y sociales creados por la pandemia, sino que en noviembre del 2020 pasaron por dos huracanes, Eta y Iota que produjeron muchos daños a la población y a la agricultura.

Anna Ricoy, coordinadora de la Gestión de Riesgo de Desastres de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y Caribe con base en Chile, explicó a Página 12 las consecuencias de todos estos fenómenos para la seguridad alimentaria de las personas y lo que se puede hacer para mitigar sus efectos. Agrónoma originaria de España, Ricoy obtuvo un Master en Economía y Ciencias Sociales en el AgroParisTech, el instituto de tecnología para Ciencias de la Vida, Alimentación y Medioambiente de París. Trabaja para la FAO desde 2009.

-El Informe Global sobre Crisis Alimentaria 2022 dice que en América Latina unos 12,7 millones de personas padecen este flagelo, un millón de personas más en poco más de un año. Y los países más afectados son Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua además del caribeño Haití que alberga un tercio del total (4,4 millones) de las personas que sufren hambre en la región. ¿Según usted es debido sólo a la crisis de la pandemia o también a eventos naturales y conflictos internos?

-Estas cifras están relacionadas con tres principales impulsores, que están interrelacionados y se refuerzan mutuamente: la crisis socioeconómica, los eventos extremos como huracanes y terremotos y la inestabilidad. La enorme preocupación ha sido el impacto que ha tenido la ralentización económica sobre la pérdida de empleos y la caída de los ingresos, especialmente considerando que gran parte de los trabajadores de la región son informales. En cuanto a los eventos extremos en América Central, los huracanes Eta/Iota de 2020 destruyeron cultivos y reservas de alimentos. Las lluvias irregulares en Haití, el terremoto de magnitud 7.2 y la depresión tropical Grace en agosto de 2021 afectaron la producción y disponibilidad de alimentos. Los altos niveles de inseguridad en Centroamérica impactaron las actividades económicas y agrícolas. La situación de inseguridad en Haití se deterioró aún más en 2021.

-¿Por qué el informe no habla de los demás países de América Latina ni de Venezuela que otros años era considerada a riesgo?

-El informe no habla de los demás países de América Latina y el Caribe porque en los demás países no se cuenta con evidencia sólida en cuanto a la magnitud y/o severidad de una crisis alimentaria. En cuanto a Venezuela no se ha incluido en el informe por falta de datos. A pesar de los indicios de estabilización en la disponibilidad de alimentos y combustible desde finales de 2021, la inseguridad alimentaria sigue siendo una preocupación en Venezuela, especialmente para familias de ingresos limitados debido a los efectos combinados de la contracción económica prolongada, inflación, sanciones internacionales y restricciones de Covid 19.

-¿La guerra en Ucrania ha influido también?

-El conflicto en Ucrania es fuente de gran inquietud en nuestra región como en el resto del mundo y en particular en los países en crisis alimentarias. La incertidumbre respecto a las próximas campañas agrícolas podría impactar la disponibilidad de las reservas globales de alimentos, e influir en una ulterior alza de los precios de aceites vegetales, cereales y carne, del azúcar y productos lácteos, entre otros. Ya en el último mes el índice de precios de los alimentos de la FAO aumentó un 12.6 %. Es el aumento más alto desde que tenemos registros. Por otra parte, las eventuales disrupciones de gas natural y energía van a impactar la producción global de fertilizantes, reduciendo su disponibilidad y llevando los precios al alza. Cabe destacar que América Central es importadora neta de fertilizantes. Todos estos factores van a tener un impacto en la producción, en los rendimientos, y por supuesto se reflejará en un alza de los precios al consumidor. En América Central no hay hambre por falta de alimentos, hay hambre por falta de dinero en los bolsillos de las personas. Por lo tanto se podría dificultar ulteriormente el acceso a los alimentos y provocar un aumento de todas las formas de malnutrición.

-Según prevé el informe, la inseguridad alimentaria podría mejorar levemente en 2022.

Este informe fue desarrollado con datos anteriores al conflicto de Ucrania. Este pronóstico de leve mejora tiene en cuenta la recuperación económica parcial tanto del impacto económico del Covid19 como de los daños causados por las tormentas tropicales en Centroamérica. Sin embargo, esto probablemente se verá atenuado por los altos precios de los insumos agrícolas que limitan la producción y reducen la demanda de mano de obra agrícola. Además, ahora debemos tomar en cuenta la situación actual de crisis global por el conflicto en Ucrania y las consecuencias en cadena que está teniendo en el sistema agroalimentario. Los pronósticos más recientes para la región no son alentadores. En las últimas dos semanas, el Fondo Monetario Internacional rebajó las proyecciones de crecimiento respecto a las de Enero 2022. De acuerdo con esta información, para América Latina y el Caribe se estima una inflación promedio de 6,6% para 2022 y de 5,4% para 2023. El crecimiento se estima en torno al 2.5% en 2022 y 2.5% en 2023. Estamos frente a una crisis de nivel global que podría tener repercusiones graves a nivel regional, y debemos prevenir que se desencadene una crisis alimentaria mayor en la región.

-¿El aumento de las migraciones será otro efecto colateral de esta crisis?

-Las migraciones son un efecto colateral de la inseguridad alimentaria: la pérdida del poder adquisitivo de los hogares por la pandemia y por la inflación en los precios de los alimentos, los eventos climáticos extremos, los niveles de inseguridad en ciertos territorios, entre otros. Todos estos factores están interrelacionados, se refuerzan mutuamente, e influyen en las decisiones que toman los hogares de abandonar sus casas y tierras en busca de trabajo o ayuda.

-¿Qué debería hacer cada país para mejorar esta situación? ¿Qué Podría hacer FAO?

-Tenemos que repensar la manera como respondemos a las crisis alimentarias, poniendo las necesidades de los productores agropecuarios al centro de la respuesta. En 2020, la financiación para intervenciones humanitarias en agricultura, representaron solo el 8 por ciento de los fondos humanitarios destinados a la seguridad alimentaria. Tenemos que cambiar esta tendencia. Invertir en la agricultura y en los recursos que la sustentan es estratégico y rentable. Según la FAO, los beneficios en estos casos pueden ser 10 veces mayor que si se dedican los fondos a la ayuda alimentaria. Y el efecto de estas intervenciones se prolonga en el tiempo. En lo inmediato debemos brindar apoyo a los gobiernos para que los productores cuenten con los medios necesarios para seguir produciendo alimentos localmente y, en condiciones adversas, obtener ingresos, acceder a financiación. Paralelamente a los apoyos productivos es fundamental garantizar el acceso económico a alimentos para la población más vulnerable.

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Shell tuvo utilidades de 9.13 mil millones de dólares, récord para un primer trimestre. Los precios del petróleo fueron el factor más importante que impulsó los resultados. Foto Afp

La aversión al riesgo, ante la guerra entre Rusia y Ucrania que inició el 24 de febrero, dejó un "jugoso" primer trimestre a empresas petrolíferas y de gas natural.

Al cierre del primer trimestre de 2022, Shell y BP, empresas de los sectores petrolífero y del gas natural, reportaron "extraordinarios" crecimientos en utilidades por mayores precios del petróleo.

Shell reportó utilidades de 9.13 mil millones de dólares, récord para un primer trimestre; los mayores precios promedio del petróleo fue el factor más importante que impulsó los resultados de la emisora.

En comparación con la cifra del primer trimestre del año pasado (3.2 mil millones de dólares), las utilidades casi se triplicaron.

Y, similarmente, BP reportó utilidades que duplicaron aquellas del mismo trimestre del año pasado. La compañía británica se ha convertido en el más reciente gigante petrolero en reportar enormes ganancias. La empresa registró 6 mil 200 millones de dólares en beneficios subyacentes (ganancia neta) en el primer trimestre de 2022, lo que equivale a casi 3 millones de dólares en ganancias cada hora.

Lo anterior fue más del doble de los 2 mil 630 millones de dólares del primer trimestre de 2021, a pesar de abandonar su participación de casi 20 por ciento en la petrolera rusa, Rosneft, y otras tres empresas en respuesta a la invasión a Ucrania. Y pese a la pérdida de 20 mil 400 millones de dólares.

Santiago Fernández, analista bursátil de Intercam, detalló que Shell y BP reportaron insólitos crecimientos en utilidades debido a los mayores precios del crudo.

Por ejemplo, el WTI terminó el trimestre cotizando en 101.18 dólares por barril, con un aumento de 34.53 por ciento, siendo este su mayor incremento trimestral desde el segundo trimestre del 2020 cuando se incrementó 91.75 por ciento.

En el trimestre, el WTI tocó un máximo intradía de 130.5 dólares, no visto desde el 22 de julio del 2008, y un mínimo de 74.27 dólares por barril. Mientras tanto, el Brent aumentó 38.74 por ciento en el trimestre a 107.91 dólares por barril y alcanzó un máximo de 139.13 dólares, no visto desde no visto desde el 16 de julio de 2008.

Como el resto de los commodities, el crudo mostró volatilidad y fue afectado por un aumento en la aversión al riesgo ante la guerra entre Rusia y Ucrania que empezó a finales de febrero y llevó al WTI y al Brent a incrementarse durante marzo en 5.70 y 6.86 por ciento.

Rusia es el tercer mayor productor de petróleo a nivel global, produciendo cerca de 10.3 millones de barriles diarios. Aunque gran parte del petróleo ruso se procesa en las refinerías de ese país, alrededor de 42 por ciento del petróleo del país se exporta. Asimismo, el contrato TTF de gas natural en el ICE Endex Dutch aumentó en 78.99 por ciento a 125.906 euros por megavatio hora, mientras que en marzo aumentó 27.70 por ciento.

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Cuando la guerra ya no salva al sistema

Muchos datos apuntan que las grandes empresas del complejo militar-industrial están obteniendo jugosos beneficios desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania. Pero otros datos aseguran lo contrario; dicen que la crisis capitalista se está profundizando: la amenaza de recesión en Estados Unidos, el aumento de los precios en todo el mundo o las dificultades de China para mantener las cadenas globales de suministro, por poner algunos ejemplos.

Podemos acordar con William I. Robinson en que las guerras han ayudado al capitalismo a superar sus crisis y que desvían la atención sobre el deterioro de la legitimidad del sistema (https://bit.ly/3vDQjNV).

Su concepto de "acumulación militarizada", fusión de la acumulación privada con la militarización estatal, resulta útil para comprender los procesos en curso (https://bit.ly/3Fb5RMa). Considera la represión como necesaria para sostener la acumulación de capital en este periodo de crecientes protestas sociales.

Sin embargo, es probable que estemos ante la radicalización de las élites globales, que parecen dispuestas a provocar un genocidio masivo contra una parte de la población del planeta, si llegan a creer que sus intereses están en peligro. De hecho, la destrucción del planeta sigue avanzando, pese a las declaraciones y convenios que dicen defender el medio ambiente.

Cada vez que un modo de resolver situaciones entra en crisis, las élites ­escalan hacia otro modelo más destructivo aún. Como la guerra ya no alcanza para asegurar la acumulación indefinida de capital, se la emplea con otro objetivo: mantener a las clases dominantes en su lugar de privilegio cuando se agote el capitalismo.

Creo que las tesis de Robinson, interesantes de por sí, así como las de otros analistas, no toman en cuenta que no estamos ante situaciones similares a las dos guerras mundiales del siglo XX, o a la guerra fría, sino ante nuevas derivas sistémicas. En rigor, ya no debemos hablar de represión, ni de crisis, porque las mutaciones en curso desbordan dichos conceptos.

En primer lugar, porque nunca Occidente había sido desafiado por naciones no europeas, como China, que fue víctima del colonialismo y el racismo que aún perduran, y de qué modo, en las relaciones internacionales. Esto no quiere decir que las élites chinas sean menos opresoras que las occidentales. O bien que sean algún tipo de alternativa, ya que todas razonan del mismo modo.

No estamos sólo ante conflictos por la preeminencia dentro del capitalismo occidental, como fueron las guerras anteriores. Ahora el factor racial tiene un peso determinante y, por tanto, las élites occidentales no dudan –como hicieron en Irak y en Afganistán– en destruir naciones enteras, incluyendo a sus pueblos.

Las invasiones se miden con varas distintas según intereses geopolíticos y el color de piel de las víctimas. En el mismo momento en que el ejército ruso invade Ucrania, el de Turquía está invadiendo territorios kurdos en el norte de Siria, pero los grandes medios no le conceden la misma importancia (https://bit.ly/3P7PxAu).

En segundo lugar, no debemos pasar por alto la revolución mundial de 1968, ya que nos coloca ante realidades completamente diferentes: los pueblos se han organizado y están en movimiento. Este es el dato central, no tanto las crisis económica y política. Los pueblos, originarios, negros y mestizos en América Latina, los pueblos oprimidos del mundo, están colocando límites al capital que éste considera insostenibles. Por eso ataca con paramilitares y narcos.

La tercera es consecuencia de las dos primeras. Estamos ante algo que supera las crisis y resulta mucho más profundo: la descomposición del mundo que conocemos, crisis de la civilización moderna, occidental y capitalista, que es mucho más que la crisis del capitalismo entendido como mera economía.

A grandes rasgos, la situación creada en 1968 puede resolverse con la instalación de un nuevo sistema, menos desigual que el actual, o con la aniquilación de los pueblos. Creo que estamos ante una inédita amenaza porque las élites (de todo el mundo) sienten que los pueblos oprimidos amenazan sus intereses, como nunca lo habían sentido desde 1917.

Estamos en una transición hacia algo que desconocemos, que puede ser dramático, pero que tiene más la forma de descomposición que de tránsito ordenado. Como decía Immanuel Wallerstein: de las transiciones controladas nacieron nuevas opresiones. Por eso debemos perder el miedo al derrumbamiento del actual sistema que "puede ser anárquico, pero no necesariamente desastroso"*.

El problema es que no tenemos estrategias para afrontar este periodo. Con la notable excepción del zapatismo, tampoco hemos construido saberes y modos de hacer para resistir en sociedades militarizadas, en las cuales los de arriba le apuestan a la violencia genocida para seguir dominando. No es sencillo, pero deberíamos trabajar en ello o resignarnos a ser objeto de los poderosos.

* En "Marx y el subdesarrollo".

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Xiomara Castro, presidenta de Honduras, en San Pedro Sula.. Imagen: EFE

El canciller hondureño calificó de desacertada la intervención de la embajadora estadounidense

El cruce entre los diplomáticos ocurre luego de que la presidenta Xiomara Castro envió un proyecto de reforma estructural del sector energético para garantizar el acceso a la energía eléctrica así como solventar la millonaria deuda adquirida por la estatal energética durante el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández. 

Honduras le respondió a Estados Unidos luego de que la embajadora norteamericana cuestionó un proyecto de ley de reforma del sector energético que prevé garantizar el servicio de energía eléctrica como bien público. El proyecto además propone revisar los contratos con las empresas generadoras de energía y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Según la diplomática estadounidense le preocupa el efecto de la reforma en la inversión extranjera.

Diplomacia desacertada

El ministro de Relaciones Exteriores hondureño, Enrique Reina, cuestionó la intervención de Laura Dogu, embajadora estadounidense, en el debate sobre la reforma energética. "Sra. Embajadora. Ud. ha sido recibida con los brazos abiertos. La reforma energética es urgente como Estado, combate una situación heredada de corrupción y pobreza", escribió el canciller en su cuenta de Twitter.

"Nos preocupa su desacertada opinión sobre la política interna, lo que no contribuye a las buenas relaciones con EEUU", advirtió respondiendo al tuit de la diplomática de Washington que había asegurado estaba analizando la propuesta del gobierno de Castro y tenía “preocupaciones” al respecto. "La reforma energética es crítica para el desarrollo económico. Estamos analizando la propuesta energética ​y como he escrito nos preocupa el efecto que tendrá sobre la inversión extranjera y la independencia de la agencia reguladora" de energía, escribió Dogu en Twitter.

La reforma estructural cuestionada por la embajadora estadounidense fue presentada unos días atrás por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. El proyecto enviado por la mandataria titulado Ley Especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social, prevé subsidios a sectores de bajo ingreso, desempleados o discapacitados y la revisión de contratos con generadoras térmicas, eólicas y de otras fuentes para que rebajen el precio del kilovatio por hora. En este sentido, el proyecto establece que en caso de que no sea posible una renegociación “se autoriza a plantear la terminación de la relación contractual y la adquisición por parte del Estado previo el justiprecio”.

Ley de 2014: hacia la privatización de la ENEE

La ley actual de la Industria Eléctrica fue promulgada en mayo de 2014, en el primer mandato de Juan Orlando Hernández al frente del Ejecutivo luego de ejercer la presidencia del Congreso hondureño. Esa legislación abrió las puertas de la estatal energética a la inversión privada que dos años más tarde tendría a la Empresa Energía Honduras (EEH) al frente de la distribución de energía en el país. Esto se vio reflejado en un aumento en la tarifa del kilovatio y del precio de los medidores. Mientras que la ENEE mantiene una deuda millonaria con la privada a quien le debe transferir más de 10 millones de dólares mensuales. Además, desde 2017 el pago debería haber aumentado a 15 millones de dólares. “Todo esto para operar una red que la tienen totalmente descuidada y destruida”, denunció un trabajador de la estatal al portal de noticias de Honduras Contracorriente.

En cuanto a los proyectos de generación de energía, según el portal Contracorriente, la diputada del Partido Salvador Honduras (PSH), Ligia Ramos, integrante de la Comisión de energía en el parlamento recordó que el 20 de enero de 2014 cuando se aprobaron contratos de energía renovable el hemiciclo entonces dirigido por el expresidente Hernández no estaba en funciones. “Ahí dejaron 99 contratos de energía renovables, exagerados en cuanto a lo que cobran, dieron fideicomisos y se aprobó lo de la EEH”, afirmó Ramos, citada por el medio centroamericano. La legisladora hondureña también denunció que el saqueo de la estatal data de 1994. “La han querido privatizar. La empresa privada se ha lucrado de la necesidad de la población y de la ENEE; prácticamente la han quebrado”.

Reacción al proyecto de Xiomara Castro

Sin embargo, la revisión de contratos puso en alerta a los principales generadores de energía que incluso amenazaron con un gran corte de suministro tras el envío del proyecto de ley. El secretario de Energía, Erick Tejada, aseguró que la empresa térmica Lufussa amenazó a la ENEE y al gobierno con suspender el suministro de energía. “Vivimos una crisis sin precedentes, no solo en la ENEE, sino que en el país. Doce años donde se enquistó un modelo de corrupción”, aseguró a la televisión pública de Honduras. Tejada también cuestionó que a pesar de que desde marzo de 2021 la empresa estatal le debía alrededor de 800 millones de lempiras a Lufussa recién ahora a 45 días de la administración de Castro la privada arremete con amenazas.

 “No vamos a negociar con la pistola en la cabeza”, sentenció el funcionario hondureño. Además, recordó que la renegociación de los contratos con esas empresas es una de las promesas de campaña de la presidenta de Honduras. “La mayoría de esos contratos son lesivos para el interés público y es imposible concebir el rescate de la ENEE sin la renegociación de esos contratos”, añadió en referencia a los términos que el gobierno de JOH negoció y que fijaron precios muy por encima de los países de la región centroamericana. Según Tejada, desde 2010 el Estado le ha pagado 2.600 millones de dólares a Lufussa. Por su parte, la privada aseguró que no amenazó a la empresa estatal, y que “simplemente se está notificando que no contamos con los recursos financieros para la compra de combustible que garantice al máximo la producción de energía”.

La demanda energética del país es de unos 1.700 megavatios y el 60 por ciento es generado por plantas térmicas que funcionan con derivados de petróleo. A partir de esos contratos con las generadoras privadas (unas veinte empresas) que suplen el 60 por ciento de la demanda energética del país el Estado de Honduras arrastra una deuda de mas de 3 mil millones de dólares. En el proyecto, Castro también da cuenta que desde el golpe de Estado de 2009 las pérdidas aumentaron y sólo en el área de distribución (desde 2016 a cargo de la EEH) incrementaron de 20,8 por ciento a 30,75 por ciento al 31 de diciembre de 2021.

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