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Mucho más baratos, seguros y limpios que los de uranio, los reactores de torio no necesitan agua para enfriarse y podrían ser construidos incluso en regiones desérticas.

En el desierto de Gobi, científicos chinos podrán en marcha este mes un reactor nuclear experimental que funcionará con torio, un elemento débilmente radiactivo, en lugar de uranio, informa la revista científica Nature, remitiéndose al gobierno de la provincia de Gansu.

Si la Academia de Ciencias china tiene éxito, su instalación piloto, de momento de pequeño tamaño y experimental, podría dar lugar al surgimiento de una energía nuclear más segura y más barata.

El isótopo torio-232 de origen natural no puede sufrir fisión, pero cuando se irradia en un reactor, absorbe neutrones para formar uranio-233, que es un material fisible que genera calor.

La planta utilizará sal fundida en lugar de agua. Se espera que su reactor nuclear sea más seguro que los tradicionales, alimentados con uranio, ya que la sal fundida se enfría y solidifica rápidamente al entrar en contacto con el aire, aislando así el torio. Por tanto, en caso de una hipotética fuga se minimizaría el nivel de radiación en el medio ambiente, sugiere un artículo en LiveScience.

El reactor piloto será pequeño, de tres metros de alto y 2,5 de ancho, y su capacidad será de dos megavatios, que permiten alimentar hasta 1.000 hogares típicos. Sin embargo, forma parte de un plan a más largo plazo para desarrollar una serie de pequeños reactores de sal fundida, cada uno con una capacidad de 100 MW, suficientes para suministrar energía a cientos de miles de hogares.

Dado que los reactores de torio no necesitan agua para enfriarse, podrían ser construidos incluso en regiones desérticas, lejos de las grandes ciudades. El torio es un producto residual de la minería de tierras raras, muy presentes en China, y por tanto constituye una alternativa atractiva al uranio de importación, según los científicos.

"El torio abunda muchísimo más que el uranio y por eso sería una tecnología muy útil dentro de 50 o 100 años", lapso en el que se estima que los yacimientos conocidos de uranio queden agotados, sostuvo Lyndon Edwards, un experto de la Organización de Ciencia y Tecnología Nuclear australiana. 

Los novedosos reactores se encuentran entre las "tecnologías perfectas" para ayudar a China a lograr su objetivo de cero emisiones de carbono para 2050, según el experto energético Jiang Kejun, del Instituto de Investigación Energética de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, con sede en Pekín.

Publicado: 19 sep 2021

 Recreación del Phiomicetus anubis, que tenía piernas con patas palmeadas para perseguir a sus presas tanto en el agua como en la tierra. Foto Abdullah Gohar

El fósil de esta nueva especie fue hallado en el desierto de Egipto // Análisis arroja luz sobre la evolución de los cetáceos

 

El Cairo., El fósil de una ballena prehistórica de cuatro patas, desenterrado hace más de una década en el desierto occidental de Egipto, pertenece a una especie desconocida en ese entonces, según señalaron ayer científicos egipcios. Se cree que la criatura, antecesora de las ballenas modernas, vivió hace 43 millones de años.

La ballena prehistórica, considerada semiacuática porque vivía tanto en tierra como en el mar, tenía los rasgos de un cazador competente, explicó a The Associated Press el paleontólogo más destacado del equipo, Hesham Sallam, lo que la distingue de otros fósiles de cetáceos.

Los restos fueron encontrados en 2008 por un equipo de ambientalistas egipcios, en una zona que estuvo cubierta de agua en tiempos prehistóricos. Sin embargo, los investigadores no publicaron hasta el mes pasado sus hallazgos para confirmar que se trataba de una nueva especie.

Sallam señaló que el equipo empezó a examinar el fósil en 2017 porque quería reunir al mejor equipo de paleontólogos egipcios para el estudio.

"Es la primera vez en la historia de la paleontología egipcia de vertebrados que tenemos un equipo nacional que dirige la documentación de un nuevo género y especie de ballena de cuatro patas", afirmó Sallam.

El fósil arroja algo de luz sobre la evolución de los cetáceos, que pasaron de ser mamíferos terrestres herbívoros a especies carnívoras que aún viven exclusivamente en el agua. La transición se hizo hace unos 10 millones de años, según un artículo publicado sobre el descubrimiento en la revista Proceedings, de la Real Sociedad B.

La región del Desierto Occidental de Egipto ya es conocida por el llamado Valle de las Ballenas, o Wadi Al-Hitan, atracción turística que alberga restos fósiles de otro tipo de ballenas prehistóricas.

La nueva criatura pertenece a la familia de los protocetáceos, ballenas semiacuáticas extintas que vivieron hace entre 59 y 34 millones de años, explicó Sallam. El animal caminaba por tierra firme, pero también cazaba en el agua.

"Es otra nueva especie de las ballenas primitivas, de la época en la que conservaban cuatro miembros funcionales", explicó Jonathan Geisler, especialista en historia evolutiva de los mamíferos en el Instituto de Tecnología de Nueva York. No participó en el hallazgo.

La ballena recibió el nombre de Phiomicetus anubis, por el dios de la muerte en el antiguo Egipto.

"Escogimos el nombre Anubis porque tenía un fuerte y mortal mordisco", sostuvo Sallam, profesor de paleontología en la Universidad Manosura de Egipto.

La nueva especie destaca por su prolongado cráneo, que sugiere que era un eficiente carnívoro capaz de aferrar y masticar a su presa, señaló. Medía unos tres metros de largo y pesaba unos 600 kilos, según los investigadores.

El descubrimiento se produjo tras cuatro años de colaboración entre paleontólogos egipcios y estadunidenses, añadió Sallam.

Su equipo ya tuvo repercusión internacional en 2018 con su descubrimiento del manosurasaurio, una nueva especie de dinosaurio herbívoro de cuello largo que vivió en lo que en la actualidad es la provincia de Manosura, en el Delta del Nilo.

Cuatro ejes de acción para abordar la situación del Caribe ante el cambio climático

La situación del Caribe en el contexto del cambio climático ilustra con claridad la asimetría estructural constitutiva del sistema-mundo capitalista. Por ejemplo, el área del Caribe insular emite alrededor del 1% del total global de emisiones de gases de efecto invernadero que se encuentran en la atmósfera, pero sus habitantes y ecosistemas son ya una de las principales víctimas del cambio climático.

La poca efectividad de las políticas implementadas hasta el momento para hacer frente a esta situación se debe a: 1) Altos niveles de fragmentación regional interna como consecuencia de los reacomodos geopolíticos poscoloniales. 2) La urgencia por dar respuesta a otros problemas inmediatos como el peso de la deuda pública y 3)  La alta dependencia de capitales foráneos (Bishop and Payne, 2012).

Superar este escenario crítico supone, a su vez, coordinar acciones en tres grandes ejes. En primer lugar, políticas públicas pensadas ya no solo desde las divisiones político-administrativas existentes, sino fundamentalmente desde regiones climáticas dado el carácter transfronterizo de la crisis ambiental. En segundo lugar, la articulación de movimientos y organizaciones de base comunitaria dentro de la región con los movimientos globales de justicia ambiental y viceversa. Finalmente, la creación de redes y plataformas que posicionen la situación del Caribe en los foros internacionales para lograr una respuesta efectiva de la comunidad internacional (Laguardia Martínez y Gómez Palacios, 2020).

Aunado a estos tres ejes, en este breve escrito me atrevería a sugerir un cuarto eje o, tal vez, un punto transversal a los tres anteriores. Me refiero al diseño y puesta en marcha de repositorios digitales en acceso abierto que posibiliten una compilación del conocimiento ecológico-político existente sobre el área. Esto ayudaría a dilucidar el desconocimiento que en otras regiones existe sobre los problemas del Caribe y sobre la propia heterogeneidad e historia de la región.

En América Latina y el Caribe (ALC), según datos del Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas), se han registrado 937 conflictos socioambientales hasta septiembre de 2020, lo que representa un 29% del total mundial de 3.244 casos (Olmedo Neri y Gómez Liendo, 2020). No obstante, esta totalización no permite apreciar la especificidad caribeña. Cuando hacemos un énfasis en dicha área encontramos que del total de casos para ALC, los territorios caribeños que conforman los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS, por sus siglas en inglés) representan un 3% (26 casos) del total de conflictos a nivel regional.

Como acertadamente han argumentado Scheidel et al. (2020), no debemos asumir la información presente en el EJAtlas como estadísticamente representativa de la globalidad del problema. De hecho, existen algunos países con un abordaje limitado. Por tanto, si unos países o áreas aparecen con más casos que otros, no es porque necesariamente tengan “más” conflictos y sus contrapartes sean “más” sustentables, sino por la poca o mucha disponibilidad de datos e información claves para su efectivo registro en el mapa.

Esta observación va en sintonía con el planteamiento de Bishop y Payne (2012) sobre la necesidad de una agenda de investigación enfocada en el cambio climático que coloque al ambiente en el corazón de los trabajos que sirven de insumo para el diseño de la política pública, la gobernanza y los planes de desarrollo en el Caribe. También con lo que señalan Laguardia Martínez y Gómez Palacios (2020) sobre la urgencia de “ambientalizar” los currículos universitarios. Ambas sugerencias deben, conforme a la tradición de la ecología política latinoamericana, asumir los conflictos socioambientales como una categoría central de análisis. Después de todo, si las economías de los territorios SIDS en el área del Caribe dependen de la actividad turística, entonces habrá que empezar por explorar las tensiones alrededor de este sector económico sin descuidar otros casos, por supuesto.

Establecer relaciones de colaboración con los coordinadores del EJAtlas puede ser un buen punto de partida para consolidar un nodo de información ecológico-política sobre el área, pero es vital que las propias universidades y centros de investigación del Caribe aúnen esfuerzos parar crear plataformas de investigación colaborativa propias, en las cuales puedan monitorear conflictos en sus territorios, analizar las causas e identificar actores y agendas involucradas. Igualmente, crear repositorios que faciliten la socialización de todos los datos levantados y de todo el conocimiento generado. En ese particular, tanto el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), como la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental (SOLCHA),constituyen otros dos grandes aliados para posicionar la necesidad ineludible de atender los problemas socioambientales del Caribe y del conjunto de los SIDS en los foros internacionales.

A riesgo de sonar superlativo, los futuros de la política para la sustentabilidad, así como las políticas para los futuros sustentables, van a depender en gran medida de si se asume o no un compromiso ético-político explícito de toda la comunidad internacional para atender la emergencia ecosocial de zonas altamente vulnerables como el Caribe. 

Por Marx José Gómez Liendo | 14/09/2021

Referencias utilizadas

Bishop, M.L. y Payne, A. (2012). “Climate Change and theFuture of Caribbean Development”. The Journal of Development Studies, 48:10, 1536-1553. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00220388.2012.693166.

Laguardia Martínez, J. y Gómez Palacios, A. (2020). “Cambio Climático y sus impactos en el Gran Caribe. Hacia un diálogo interdisciplinario”. En: Laguardia Martínez, J. (coordinadora), Cambio Climático y sus impactos en el Gran Caribe (pp. 9-18). Buenos Aires: CLACSO.

Olmedo Neri, R.A. y Gómez Liendo, M.J. (2020). “Conflictividad socioambiental en América Latina y el Caribe: un análisis del panorama regional desde la ecología política”. Iberoamérica social: revista-red de estudios sociales, 8(XV), 30-54.

Scheidel, A. et al (2020). “Environmental conflicts and defenders: A global overview”. Global Environmental Change, Volume 63, https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2020.102104.

Marx José Gómez Liendo es sociólogo (Universidad Central de Venezuela), con maestría en estudios sociales de la ciencia (InstitutoVenezolano de Investigaciones Científicas, IVIC). Miembro del Laboratorio de Ecología Política del Centro deEstudios de la Ciencia del IVIC, del equipo editorial de la revista Iberoamérica Social y del Comité de Investigaciónde la Asociación Iberoamericana de Sociología (AIS). Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

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Un Coeligena helianthea en el cerro Monserrate, en la capital colombiana. Foto Afp

Un activo sentido del olfato permite a los diminutos colibríes detectar el peligro con antelación suficiente como para evitarlo, según un estudio de la Universidad de California Riverside (UCR).

Se sabe que los buitres tienen un sentido del olfato muy sensible y algunas especies se consideran sabuesos del aire. Esto se debe en parte a sus grandes bulbos olfativos, tejido en el cerebro que controla el olfato.

Sin embargo, los bulbos olfativos de los colibríes son, como el resto de sus cuerpos, extremadamente pequeños. Estudios anteriores no pudieron demostrar que esas aves mostraran preferencia por el olor de las flores que contienen néctar. Además, las polinizadas por aves generalmente no tienen aromas fuertes, a diferencia de aquellas donde el proceso fue hecho por insectos. Debido a estas razones, los científicos no creían que los pájaros tuvieran la capacidad de oler cosas.

Los científicos de la UCR demostraron por primera vez que los colibríes no sólo pueden oler insectos, sino que el sentido del olfato puede ayudarlos a mantenerse fuera de peligro, mientras buscan néctar para comer. En la revista Behavioral Ecology and Sociobiology se publicó un artículo que describe sus experimentos.

Esto es muy emocionante, ya que es la primera demostración clara de colibríes que utilizan su sentido del olfato sólo para tomar decisiones de alimentación y evitar el contacto con insectos potencialmente peligrosos en una flor o comedero, señaló en un comunicado Erin Wilson Rankin, profesora asociada de entomología y coautora del estudio.

Proceso de experimentación

Para sus experimentos, los investigadores permitieron que más de 100 colibríes eligieran entre dos comederos, ya sea agua azucarada sola o más uno de varios químicos cuyo olor indicaba la presencia de un insecto. No hubo diferencias visuales entre los dos alimentadores ofrecidos en cada una de las pruebas.

El trabajo incluyó el aroma depositado en las flores por las abejas europeas, químico de atracción secretado por las hormigas argentinas, y el ácido fórmico, compuesto defensivo producido por algunas hormigas fórmica que se sabe que daña tanto a las aves como a los mamíferos.

Si un ave tiene la piel expuesta en las patas, el ácido fórmico puede causar dolor y si le entra en los ojos, no es agradable, explicó Rankin. También es extremadamente volátil.

Los colibríes evitaron los dos productos químicos derivados de las hormigas, en especial el ácido fórmico. Sin embargo, no tuvieron ninguna reacción al olor de la abeja, que se sabe que disuade a otras de ellas de visitar las flores.

Martes, 07 Septiembre 2021 06:35

No es la mala suerte lo que persigue a Haití

No es la mala suerte lo que persigue a Haití

Las malas infraestructuras y la pésima gobernanza se suman a los males de un país abatido por un huracán, que siguió a un terremoto, pocas semanas después del asesinato de su presidente.

El 14 de agosto, exactamente 11 años, siete meses y dos días después de que Haití sufriera el terremoto más mortífero jamás registrado en el hemisferio occidental, el país fue golpeado por otro más fuerte. No fue exactamente en el mismo lugar que el primero, sino a algo más de 90 kilómetros al oeste del «Goudou Goudou», la palabra onomatopéyica en creole haitiano para referirse al terremoto del 12 de enero de 2010.

Luego, el 16 de agosto, la tormenta tropical Grace azotó el país, agravando los problemas que enfrenta la nación caribeña. Muchas personas -tanto en Haití como fuera de sus fronteras- respondieron a las noticias de las dos catástrofes naturales con la sombría frase «Haití nunca tiene un respiro». Otros se limitaron a las condolencias. «Pobre Haití», decían los mensajes de WhatsApp que circulaban entre los haitianos y la gente del extranjero que conoce el país. «Haití cherie. Pobre Haití cherie. ¿Qué puede hacer Haití? Problemas sin parar». Los menesajes representaban una idea fatalista, que supone que Haití está condenado a un sufrimiento constante, que sus problemas son inevitables y que nada cambiará.

No ayudó el hecho de que, el día después del terremoto del 14 de agosto, a medio planeta de distancia,Afganistán volviera a manos de los talibanes. El mundo se vio absorbido por los acontecimientos en Kabul y hubo poco espacio para Haití, con su supuesta mala suerte y sus problemas, aparentemente predestinados.

Hay algo de verdad en la impresión de mala suerte. Cuando se produjeron el último terremoto y la tormenta tropical, Haití ya se tambaleaba por una crisis política provocada por el asesinato de su presidente el 7 de julio. En los años transcurridos desde el goudougoudou de 2010, Haití se ha visto afectado por una serie de catástrofes naturales, incluido el huracán Matthew.

Matthew, que azotó en 2016, fue un huracán de categoría 4, un evento que se prevé que solo ocurra una vez cada 56 años. Una estimación del Banco Mundial (BM) unos meses después del huracán Matthew decía que Haití había sufrido pérdidas equivalentes al 22% del PIB, había afectado a más de 2 millones de personas o a 20% de la población de Haití, había arrasado carreteras y puentes clave y había destruido la cadena de frío de las vacunas. Fue un duro golpe después del terremoto de 2010, que mató a 220.000 personas, desplazó a 1,5 millones y destruyó el equivalente al 120% del PIB. El BM utilizó datos históricos para calcular que las catástrofes relacionadas con el clima habían «causado en Haití daños y pérdidas que ascendían a cerca de 2% del PIB de media anual entre 1975 y 2012».

En términos reales, el terremoto de 2021 fue bastante diferente al de 2010. Fue de una magnitud ligeramente mayor —7,2 Mw frente a los 7,0 Mw de 2010—, pero su epicentro se situó lo suficientemente al oeste del país como para no alcanzar a Puerto Príncipe ni a la región de la capital, donde vive aproximadamente un tercio de los 11 millones de habitantes de Haití. El número de muertos fue mucho menor que en 2010, apenas e 1%. Pwoteksyon Sivil, la Agencia de Protección Civil de Haití, tuiteó el 22 de agosto que había 2.207 muertos y 344 seguían desaparecidos. La agencia añadió que había 12.268 heridos y casi 53.000 casas destruidas. Pero las consecuencias del terremoto de 2021 (y de la tormenta tropical Grace, que le siguió) van más allá del igualmente elevado número de muertos.

Escuelas, hospitales, centrales eléctricas, puentes y carreteras en el sur de Haití, mayoritariamente rural, han sido destruidos. Se trata de infraestructuras clave en cualquier lugar, pero especialmente en Haití, donde puede llevar décadas conseguir financiación para estos proyectos.

La historia de L'Asile, municipio de 52.000 habitantes del departamento de Nippes, es trágica. Tuvo su primer hospital -50 camas y quirófanos- en 2008. Ahora, el hospital está en ruinas y no tiene más que un pequeño centro de triaje al aire libre. El Washington Post citó a un médico frente al hospital derrumbado de L'Asile: «¿Reconstruir? ¿Cuánto tiempo va a llevar? ¿En serio? ¿En Haití? Quizá 100 años». Tras visitar las escuelas afectadas por el terremoto, Bruno Maes, representante de UNICEF en Haití, dijo: «Es realmente un desastre. Es un impacto masivo, masivo en el sistema educativo».

Los haitianos son conscientes de que la reconstrucción costará millones y millones, dinero que ni ellos ni su gobierno tienen. Aún más revelador es el sentimiento de desesperación de la población, que se encuentra sola. El alcalde de L'Asile, Martinor Gerardin, ha dicho con toda naturalidad: «No hemos visto al gobierno venir en nuestra ayuda, y no espero que lo haga. ¿Cómo vamos a reconstruir nuestras escuelas, nuestras iglesias, arreglar nuestro suministro de agua? Les puedo decir que este gobierno no va a ayudar. Estamos solos».

Dice algo sobre la falta de esfuerzos organizados de ayuda, que un famoso gángster, Jimmy Cherizier, alias «Barbacoa», haya prometido audazmente una tregua con otras bandas para permitir que la ayuda llegue al suroeste de Haití.

La mala suerte de Haití es su falta de preparación y de procedimientos para las estrategias de colaboración. Tras el terremoto de 2010, el Banco Mundial ayudó a elaborar un código nacional de construcción y formó a un nuevo equipo técnico en el Ministerio de Obras Públicas para garantizar las normas. Casi una década después, el BM informó de los logros de la Unité de Construction de Logements et de Bâtiments Publics. «En 2012, había completado con éxito las evaluaciones de más de 430.000 edificios. Además, durante el primer semestre de 2018, más de 16.000 albañiles e ingenieros recibieron formación en construcción parasísmica».

Pero el eslogan de la entidad nodal de construcción UCLBP de «reconstruire mieux» (reconstruir mejor) parecía aplicarse principalmente a Puerto Príncipe y las zonas circundantes afectadas por el terremoto. En los años transcurridos desde el terremoto de 2010, apenas se ha intentado desarrollar un conjunto nacional de protocolos de seguridad sólidos y de resiliencia sistémica. A nivel nacional, Haití no ha tratado de reforzar los edificios que no pudieron ser reconstruidos ni de instituir simulacros de respuesta al terremoto.

Al ser el país más pobre de América, lo que se considera más catastrófico es la falta de preparación de Haití ante las catástrofes, más que la frecuencia de estas.

En su Informe sobre Riesgos Mundiales 2020, Bundnis Entwicklung Hilft, una red de organizaciones humanitarias alemanas, clasificó a 181 países según parámetros que incluían la exposición a los riesgos, la susceptibilidad, la adaptación y la falta de capacidad de respuesta. Según el informe, en la región del Caribe, Haití está menos expuesto al riesgo de catástrofes naturales que Dominica y Trinidad y Tobago. Y no está tan expuesto a las catástrofes naturales como Japón, Uruguay y Chile -situados cerca de los bordes de las placas tectónicas y propensos a los terremotos- o los Países Bajos, amenazados por la subida del nivel del mar. Y sin embargo, Japón y los Países Bajos se encuentran entre los 15 países menos vulnerables del mundo. Haití, por el contrario, es muy vulnerable, ocupando el noveno lugar en el cómputo global de falta de capacidad de respuesta, justo detrás de Afganistán y de la conflictiva Siria.

¿Por qué? Cualquier búsqueda de respuestas suele toparse con la aguda falta de recursos de Haití para reconstruir y prepararse para las catástrofes. Cuando recibe recursos -de fuentes extranjeras, como ocurrió tras el terremoto de 2010- la ayuda es en realidad perjudicial porque debilita al Estado haitiano, según argumenta el historiador Laurent Dubois en su libro de 2012 Haití: las réplicas de la historia.

Pero los economistas Daron Acemoglu y James Robinson, autores de Por qué fracasan los países: Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobrezaescribieron una vez en su blog sobre el enigma de la situación de Haití. Se preguntaban por qué sufre de esta manera y no la República Dominicana, que comparte la isla de La Española con Haití, así como su historia de esclavitud.

«Al final de la Segunda Guerra Mundial, Haití y la República Dominicana tenían niveles de renta per cápita esencialmente idénticos. A partir de entonces, divergieron», escribieron Acemoglu y Robinson. Tal vez se deba a que la República Dominicana tenía un dictador que se embarcó en una senda de crecimiento extractivo, dijeron. Más tarde, la República Dominicana tendría instituciones políticas más inclusivas y crecimiento económico. Pero en el caso de Haití, «no hubo crecimiento extractivo...solo anarquía». Es discutible, pero tal vez eso forme parte del patrón de la evidente falta de preparación de Haití.

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Tiburones ballena nadan en el tanque de la Corriente Negra en el Acuario Okinawa Churaumi, Japón. La imagen fue captada en 2013. Foto Ap

La organización internacional, además, alerta en torno al peligro que acecha al dragón de Komodo, en Indonesia

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) informó que 37por ciento de todas las especies de tiburones y rayas se encuentran amenazadas de extinción. Además, alertó del peligro que acecha al mayor lagarto del mundo, el dragón de Komodo, en Indonesia.

La sobrepesca, la degradación o desaparición de sus hábitats naturales y el cambio climático están socavando la supervivencia de tiburones y rayas, se indica en la lista roja de la UICN, que desde 1964 cataloga y ausculta la salud de la biodiversidad del planeta.

La lista roja sirve de alerta para los gobiernos responsables de esa riqueza medioambiental, y de guía para las organizaciones no gubernamentales que la defienden.

El dragón o monstruo de Komodo es un saurio que puede llegar a medir 3 metros y pesar 90 kilogramos. Apenas sobreviven unos mil 400 ejemplares en las costas de Indonesia.

Hay más de 440 especies conocidas de tiburones en los océanos y una gran parte ya está en estado crítico. Algunos ejemplares de especies han dejado de ser detectados hace años.

Otra de las especies en la lista roja es el atún, pero ofrece mejores perspectivas.

De las siete especies de atunes más pescadas, las reservas de cuatro aumentan.

El atún rojo pasó directo de especie "en peligro" a "preocupación menor", una mejoría de tres categorías.

Sin embargo, la organización advierte que "numerosas reservas regionales de atún siguen siendo escasas".

Bruce Collette, presidente del grupo especializado en atunes de la UICN, sostuvo: "Estas evaluaciones son la prueba de que la pesca durable funciona, con beneficios enormes a largo plazo".

La lista roja de la UICN actualizó también el número de especies animales y vegetales que clasifica de forma paciente desde hace más de medio siglo.

De las 138 mil 374 especies clasificadas del planeta están amenazadas 38 mil 543, esto es, 28 por ciento.

La proporción en América Latina es similar.

Los científicos de UICN cuentan con nueve categorías para la lista roja: desde las especies a salvo hasta las que están extintas.

En el Congreso Mundial de la Naturaleza de Marsella, los conservacionistas quisieron, sin embargo, dar señales de esperanza, con la creación de un estatus verde, la otra cara de la moneda, las historias de éxito para salvaguardar la biodiversidad.

Su objetivo será "medir la regeneración de las especies, algo que no se ha hecho hasta ahora" y conocer el impacto de los programas de conservación.

Como la lista roja, el estatus verde tiene nueve categorías.

"Impedir la extinción no es suficiente", destacó en rueda de prensa Molly Grace, coordinadora del grupo de trabajo de la UICN.

El estatus verde arranca con 181 especies evaluadas.

Cóndor californiano

El cóndor californiano, por ejemplo, estaba clasificado como "en peligro crítico" desde los años 1990, pero gracias a programas de reintroducción de especies y a una fuerte protección, ya cuenta con 93 ejemplares adultos. Sin esos esfuerzos habría desaparecido del estado salvaje, indicó la experta.

La UICN, que quiere llegar lo antes posible a la catalogación de al menos 160 mil especies, actualiza al menos dos veces al año su Lista, y los países donde se hallan las más amenazadas saben que esos avisos son como "tarjetas rojas" a su política medioambiental.

"Hay mucha preocupación en el sentido de que si una especie baja un escalón, las inversiones se frenarán", admitió Craig Hilton-Taylor, responsable de la lista roja.

Por eso los Estados miembros de la organización internacional quieren ahora que se ponga en marcha el Estatus Verde.

El trabajo de la UICN, organización de científicos más que de activistas, es de largo alcance. Su estructura, con Estados y organizaciones no gubernamentales presentes por igual, en colegios separados, es muy inusual.

Las decisiones se toman por mayoría simple en cada colegio, lo que significa que debe haber consenso para aprobar una recomendación.

De América Latina sólo seis países tienen representación como tales: Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Panamá y Perú. Sin embargo, muchos otros tienen presencia a través de agencias oficiales del medio ambiente.

Desde el viernes, también mediante las organizaciones indígenas, que pasan a tener voz y voto en el congreso. De la veintena de organizaciones de pueblos autóctonos, una quincena proviene de América Latina y el Caribe.

La mitigación del cambio climático debe ser una prioridad para la salud pública

El 9 de agosto, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) publicó su último informe, Climate Change 2021: The Physical Science Basis, la contribución del Grupo de Trabajo I al Sexto Informe de Evaluación. El IPCC cuenta con tres grupos de trabajo: El Grupo de Trabajo I, centrado en la comprensión física más actualizada del sistema climático y el cambio climático; el Grupo de Trabajo II, que detalla los impactos, la adaptación y la vulnerabilidad; y el Grupo de Trabajo III, que se ocupa de la mitigación del cambio climático. Los dos siguientes grupos de trabajo presentarán sus informes en 2022. 30 años después del primer análisis del IPCC, esta último proceso añade precisión y mayor nivel de detalle, con, por ejemplo, nuevas evaluaciones regionales del cambio climático, para informar sobre la evaluación de riesgos y la elaboración de políticas. En particular, el informe eleva la influencia humana en el calentamiento global de forma clara a inequívoca. Su conclusión más importante es que es probable que el mundo alcance el objetivo del Acuerdo de París de 2015 de entre 1 y 5 ºC de calentamiento en los próximos 20 años, pero que aún es posible estabilizarse en 1-5 ºC si se producen reducciones drásticas de las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero en las próximas décadas.

Actuar frente a la crisis climática es una prioridad clara, pero aún descuidada, para la salud pública. En la actualidad existe un gran número de trabajos que establecen una clara relación entre el cambio climático y la salud. Los efectos del cambio climático en la salud pueden ser directos –relacionados principalmente con los cambios en la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos (como olas de calor, sequías, incendios, inundaciones o tormentas)– e indirectos, a través de los cambios en los ecosistemas (por ejemplo, las enfermedades transmitidas por el agua y la contaminación atmosférica) y a través de los efectos mediados por los sistemas humanos (como los impactos laborales, la desnutrición, la salud mental, pero también la migración y los conflictos).

Los beneficios colaterales para la salud de la mitigación se han expuesto de forma exhaustiva en informes como el de la Comisión Lancet sobre Salud y Cambio Climático de 2015. La reducción de las emisiones disminuye la contaminación atmosférica y las enfermedades respiratorias; el transporte activo seguro disminuye las lesiones por accidentes de tráfico y puede reducir la incidencia de la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardíacas. Y lo que es más importante, la respuesta al cambio climático puede aportar inmensos beneficios para la salud humana, con un aire más limpio, dietas más sanas, ciudades más habitables, y puede reducir los factores de riesgo de futuras enfermedades infecciosas. Tener en cuenta los beneficios colaterales para la salud pública podría contribuir de forma importante a compensar los costes de las estrategias de mitigación.

La mitigación del cambio climático es también una cuestión de justicia. El cambio climático afecta de forma desproporcionada a los más vulnerables de las sociedades: personas mayores, niños, grupos socioeconómicos desfavorecidos y quienes viven en los países más frágiles.

Según el informe “Lancet Countdown” (“Cuenta Atrás”), las muertes relacionadas con el calor en los ancianos han aumentado en más de un 50% en las últimas dos décadas. Los efectos del calor sobre la capacidad laboral podrían provocar pérdidas de ingresos equivalentes al 4-6% del PIB en algunos países de renta media-baja. El cambio climático amenaza con socavar los últimos 50 años de avances en materia de salud pública. La comunidad de la salud pública tiene un papel crucial que desempeñar para acelerar los avances en la lucha contra el cambio climático.

Aunque la mayoría de los líderes mundiales reconocen las amenazas climáticas para la salud, sus acciones actuales son profundamente insuficientes. Los gobiernos han firmado el Acuerdo de París y han aceptado las conclusiones del último informe del IPCC (el llamado Resumen para Responsables de Políticas – Summary for Policymakers). Sin embargo, dentro de los países del G20 –responsables colectivamente del 80% de las emisiones–, 12 países (China, India, Brasil, Rusia, Sudáfrica, Arabia Saudí, México, Australia, Turquía, Corea del Sur, Indonesia y Japón) no han reforzado sus objetivos de emisiones tal y como pedía el Acuerdo de París, según The Times. Esta falta de compromiso de liderazgo es un mal augurio para la Cumbre del Clima de la ONU COP26, que se celebrará en noviembre de 2021.

Antes de la Cumbre, y junto con la publicación del informe anual “Cuenta Atrás” de The Lancet sobre el clima y la salud, The Lancet Public Health publicará el segundo informe de la “Cuenta Atrás” sobre el clima y la salud para China (el mayor emisor de carbono del mundo y donde vive una quinta parte de la población mundial). La revista también publicará una introducción al proyecto sobre cambio climático y salud en Europa para apoyar a los responsables políticos en sus decisiones.

El Reino Unido será quien presidirá la Cumbre del Clima COP26, posiblemente la última oportunidad para acordar medidas que puedan limitar el calentamiento global a un aumento de 1-5ºC, deberá liderar la revolución de las emisiones netas cero. Existe una oportunidad única para alinear la recuperación global de la COVID-19 con la respuesta al cambio climático para mejorar la salud pública, crear economías sostenibles y proteger el planeta.

18 agosto 2021

Traducción: Viento Sur

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Liberación de un cóndor andino, en Bolivia; un águila leonada, en Etiopía; una real que se alimenta de animales atropellados en Utah, Estados Unidos, y una arpía y su nido, en Panamá.Foto Ap

Nuevo análisis de datos detectó 30% de las 557 especies en esa situación // En México quedan muy pocas águilas reales, sostiene experto de la UNAM

 

A pesar de algunas historias de éxito de conservación de alto perfil, como el dramático regreso de las poblaciones de águilas calvas en América del Norte, las aves rapaces están en declive en el mundo.

Un nuevo análisis de datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y BirdLife International encontró que 30 por ciento de las 557 especies de rapaces en el mundo se consideran casi amenazadas, vulnerables o en peligro de extinción o crítico; 18 están en peligro crítico de extinción, incluyendo el águila filipina, el buitre encapuchado y el autillo de Annobon, encontraron los investigadores.

Otras especies están en peligro de extinguirse localmente en regiones específicas, lo que significa que es posible que ya no tengan roles críticos como principales depredadores en esos ecosistemas, señaló Gerardo Ceballos, especialista en aves del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México y coautor de un estudio publicado en la revista Proceedings, de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos.

"El águila real es el ave nacional de México, pero nos quedan muy pocas", destacó. Un censo de 2016 estimó que sólo habían unas 100 parejas reproductoras en el país.

Las águilas arpías alguna vez estuvieron muy extendidas por el sur de México y América Central y del Sur, pero la tala y quema de árboles ha reducido drásticamente su alcance.

De las aves de presa amenazadas que están activas principalmente durante el día, incluida la mayoría de los halcones, águilas y buitres, 54 por ciento estaba disminuyendo en población, según halló el estudio. Lo mismo ocurrió con 47 por ciento de las aves rapaces nocturnas en riesgo, como los búhos.

Eso significa que "los factores que causan el declive no han sido remediados" y esas especies necesitan atención inmediata, sostuvo Jeff Johnson, biólogo de la Universidad del Norte de Texas, que no participó en el estudio.

Pérdida de hábitat, cambio climático y tóxicos

A escala mundial, las mayores amenazas para estas aves son la pérdida de hábitat, el cambio climático y las sustancias tóxicas, señaló Evan Buechley, investigador asociado del Centro Smithsoniano de Aves Migratorias y de la organización sin fines de lucro HawkWatch International que no participó en el estudio.

El insecticida DDT adelgazó las cáscaras de los huevos y diezmó las poblaciones de águilas calvas en América del Norte, lo que llevó a su prohibición en Estados Unidos en 1972. Sin embargo, Buechley explicó que persisten otras amenazas, incluidos los pesticidas para roedores, el plomo en las balas y perdigones de los cazadores. Muchas aves rapaces se alimentan de roedores y animales muertos.

El cóndor andino está disminuyendo debido a la exposición a pesticidas, plomo y otras sustancias tóxicas, indicó Sergio Lambertucci, biólogo de la Universidad Nacional del Comahue en Argentina.

El uso generalizado de un fármaco antinflamatorio en el ganado provocó la rápida disminución de los buitres en el sur de Asia. Las aves murieron después de comer cadáveres, lo que redujo la población de algunas especies 95 por ciento en las décadas pasadas.

En el este de Asia, muchas especies de rapaces son migrantes de larga distancia: se reproducen en el norte de China, Mongolia o Rusia y viajan por la costa este china para pasar los veranos en el sudeste asiático o India.

"Ciertas áreas de la costa verán de 30 a 40 especies durante el pico de migración", resaltó Yang Liu, ecologista de la Universidad Sun Yat-Sen en Guangzhou, que no participó en el estudio.

Sin embargo, el este de China es también la parte más poblada y urbana del país, con fuertes presiones de desarrollo. "Es importante proteger los lugares que son cuellos de botella para la migración, por los que pasan miles de aves", precisó.

De los 4 mil 200 sitios identificados por los grupos conservacionistas como críticos para las especies de aves de rapiña en el mundo, la mayoría "están desprotegidos o cubiertos sólo en parte por áreas protegidas", concluyó Stuart Butchart, científico jefe de BirdLife International en el Reino Unido.

Un estudio de 2018 publicado en la revista Biological Conservation encontró que 52 por ciento de todas las especies de rapaces en el mundo están disminuyendo en población.

Fuentes: Virginia Bolten [Foto: Verónica Raffaelli, @veroraffaph]

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la forma de producción de alimentos en el mundo es responsable de un tercio de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Desde hace varios años el Panel Internacional para el Cambio Climático de la ONU (IPCC) alerta sobre los impactos del Cambio Climático sobre la agricultura. Sin embargo, con el agravamiento del escenario que ahora es de Emergencia Climática con muestras de alcance de puntos de no retorno, es ineludible el debate sobre el impacto de los agrotóxicos sobre el Cambio Climático. Si por un lado la ONU plantea la necesidad de un cambio de dieta que reduzca el consumo de carnes —sobre todo aquellas provenientes de la cría intensiva—, por otro no se puede dejar de discutir los efectos del cambio en el uso del suelo. Porque el suelo, que naturalmente debería ayudar a equilibrar las temperaturas globales, pasó a ser un importante emisor de GEI a raíz del uso intensivo, contaminante y basado en los monocultivos que son sabidamente responsables de la destrucción de la biodiversidad. La tala de bosques y el uso de agrotóxicos va a contramano de las recomendaciones del IPCC. Y si es verdad que un cambio en la alimentación de los seres humanos es urgente, también es verdad que la producción de estos alimentos tiene que ser agroecológica, y no agroquímica. 

La alerta está no solo en los informes de los expertos. Cada día llegan noticias que alrededor del mundo se presentan incendios , inundaciones, olas de calor mortíferas, aumento del número de refugiados climáticos, aumento de la temperatura de los océanos, deshielo de los Polos… Y la lista  podría seguir por más de algunos párrafos. Frente a esta realidad, sin embargo, después de anunciado el Acuerdo de París, el aumento de los GEI han aumentado en lugar de disminuir, y la quema de combustibles fósiles —históricamente la mayor responsable por el actual estado de cosas— tampoco ha disminuido. Las grandes empresas junto a los Estados del Norte Global parecen no preocuparse por el destino de la humanidad. Pareciera que es más fácil pensar el fin del mundo que la pérdida del poder concentrado de las petroleras o del poder de las empresas de agrotóxicos que, no por casualidad, están concentradas en China, Alemania y Estados Unidos. Todas estrellas en el mercado bursátil.

Según la investigadora brasileña Larissa Bombardi, del año 2012 al año 2017, el mercado de agrotóxicos en Brasil —mayor consumidor en el mundo— aumentó un 25%. Larissa argumenta que la especulación en el mercado financiero es el gran impulsor de este incremento tanto por el rol de las materias primas que son negociadas en la Bolsa de Valores como por todo lo que acompaña esta producción para exportación. En Brasil, 7 de los 10 productos más exportados son de origen agropecuario y casi la totalidad de las semillas  utilizadas para la producción son genéticamente modificadas. 

Esa disputa por un mercado que crece a niveles impresionantes parece ser  también la apuesta de Argentina: este país, que es el tercer mayor consumidor de agrotóxicos en el mundo, aprobó el primer caso de trigo transgénico a nivel mundial. El Trigo HB4, que es tolerante al Glufosinato de Amonio —un poderoso agrotóxico que, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, (FAO), es 15 veces más tóxico que el Glifosato— ahora necesita solo de la aprobación de Brasil para su importación. El mercado brasileño es el principal destino del trigo argentino.

Desarrollado para ser resistente a sequías, el Trigo HB4 fue producido por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Universidad Nacional del Litoral (UNL), como mencionamos en una nota anterior de Virginia Bolten, en convenio con la empresa de capitales nacionales, Bioceres.  

Lejos de lo que sería deseable para hacer frente a la Emergencia Climática, la producción del trigo es defendida como una forma de adaptación al cambio climático. Sin embargo, el uso de un fertilizante químico aún más contaminante que los tradicionales, es una amenaza al clima. Más allá de esto, presupone un aumento de productividad que significará la expansión de la zona agropecuaria y, por ende, un mayor avance sobre los ecosistemas, en un país que ya tiene 75% de su territorio cultivable tomado por el monocultivo y una concentración de tierras que imposibilita el desarrollo de la agricultura familiar y la producción de alimentos agroecológicos, verdaderas soluciones para recuperar los suelos dañados y producir de forma ecológicamente aceptable dados los retos ambientales impuestos para los próximos años. 

Al asumir su preferencia por una agricultura capitalista que prescinde de los y las trabajadoras, reemplazándolas por aviones y drones fumigadores, sacrificando la salud de las personas y de los ecosistemas en favor del negocio de unos pocos que quieren beneficiarse de un modelo de producción considerado obsoleto, que ya es rechazado en gran parte del mundo, el Estado argentino sigue con su política de inserción en la economía globalizada desde un lugar de subordinación. Si la soberanía comienza por la boca, desde Virginia Bolten preguntamos: ¿qué Argentina se está construyendo para las próximas generaciones?

Por | 30/08/2021

Publicado enMedio Ambiente
Miércoles, 25 Agosto 2021 06:08

El capitalismo verde es el nuevo negacionismo

El capitalismo verde es el nuevo negacionismo

Los intereses empresariales quieren desviar el movimiento climático hacia soluciones individuales, pero no vamos a salvar el ambiente eliminando bolsas plásticas. Necesitamos un movimiento que acabe con el sistema que está destruyendo el planeta.

No hace tanto tiempo que uno de los mayores obstáculos contra el activismo medioambiental era el negacionismo del cambio climático. En una táctica financiada en secreto por la industria de los combustibles fósiles, la ciencia fue ferozmente desacreditada. La desinformación se disparó constantemente para ocultar una realidad mortal.

Hoy en día, con algunas notables excepciones, son pocos los que niegan las pruebas del cambio climático. Ese debate finalmente está caduco. Incluso el gigante petrolero Shell se ve obligado a admitir la emergencia climática, habiendo implorado recientemente en un tuit que nos planteemos “¿Qué estás dispuesto a hacer para ayudar a frenar las emisiones?”

Pero la resistencia a entender correctamente el cambio climático aún no se ha eliminado del todo. Más bien, nos enfrentamos a una forma diferente y más sutil de negacionismo climático.

Esta perspectiva no niega la ciencia de la emergencia climática: niega su política. Pretende que con un ajuste aquí, o una modificación allá, se puede evitar el desastre. Actúa como si el sistema, tal y como lo conocemos, fuera viable, centrándose en fomentar el uso de bolsas reutilizables. Sugiere que la crisis climática es una cuestión de consumo personal, como si un cambio en las preferencias de consumo pudiera ser suficiente para evitar un desastre climático.

Esta fantasía liberal tiene como compañera otra noción engañosa: el llamado “Antropoceno”. Un concepto cada vez más popular entre académicos y activistas por igual, sugiere que los humanos en general somos responsables del aumento del dióxido de carbono en la atmósfera, pasando de 280 partes por millón en 1750 a 417 en mayo del año pasado.

Este enfoque de la crisis climática es similar al tipo de pensamiento del establishment que culpan de los graves males sociales –como la pobreza y el analfabetismo– a la sociedad en su conjunto, en lugar de al sistema económico que los causa y a la riqueza de unos pocos que tienen poder para mitigarlos.

La tesis del Antropoceno tiene también un lado aún más preocupante. Si se puede culpar a la humanidad colectivamente de los males del planeta, entonces, según la lógica, una reducción de la población mundial podría ser una solución. Fue Thomas Malthus quien en el siglo XVIII llegó a esta conclusión, pero no han faltado neomaltusianos desde entonces.

La tesis maltusiana de la superpoblación fue criticada por Marx y Engels, que la calificaron de “difamación del género humano”. Para los socialistas, Malthus había culpado erróneamente a la humanidad de un sinfín de problemas que en realidad se derivaban de un sistema social. Si las cosas se produjeran y distribuyeran en función de las necesidades humanas y no del crecimiento capitalista, y si la tecnología se dirigiera a los mismos fines, no habría razón para que la humanidad no viviera en armonía con el planeta.

Las pruebas respaldan esta tesis. Un informe redactado por el Carbon Disclosure Project en 2017 mostró que 100 empresas son responsables del 71% de las emisiones mundiales de carbono desde 1988. En 2019, un estudio similar del Climate Accountability Institute descubrió que sólo 20 empresas son responsables del 35% de todas las emisiones de dióxido de carbono y gas metano relacionadas con la energía a escala mundial desde 1965.

En otras palabras, nuestro problema no es el Antropoceno. Nuestro problema es el capitalismo. El colapso ecológico al que nos enfrentamos hoy en día puede atribuirse en su totalidad a la gran acumulación de recursos planetarios por parte de una élite minoritaria, que nos está conduciendo hacia el cambio climático a través de su codicia. El capitalismo es un sistema de alta concentración de poder. Y ya sea como consumidores individuales –con sus jets privados y su consumo excesivo y exuberante– o como capitalistas en la economía internacional –forzando una mayor extracción de petróleo y gas o llevando la producción a lugares más baratos y contaminantes–, la clase dominante tiene un impacto enormemente desproporcionado en nuestro clima.

En una sociedad de clases, los deseos de una ínfima minoría tienen prioridad sobre la supervivencia de todos, ya que el capitalismo nos condena a una acumulación infinita. Tanto los capitalistas como los trabajadores están bajo la égida del mercado: vender o perecer. El capital, como decía Marx, es “valor autovalorizante”: la riqueza se ve obligada a generar más riqueza.

Mientras destruimos el suelo que pisamos y anunciamos el aumento de las cifras del PIB en nuestro planeta finito, el orden social actual se asemeja a un culto a la muerte. La peculiaridad del capitalismo es que es un sistema tanto de poder de clase como de dominación universal , y ambos impulsos lo hacen doblemente tóxico para el medio ambiente.

Cada vez es más popular la tesis de que el capitalismo como sistema, y no la humanidad como especie, es el responsable de la crisis medioambiental. El libro Fossil Capital, del sueco Andreas Malm, explora el papel que desempeñó en esta dinámica el uso de la máquina de vapor durante la Revolución Industrial inglesa, argumentando que la lógica del capital –y especialmente su deseo de subordinar a la fuerza de trabajo– fue crucial para el surgimiento de tecnologías que contribuirían al cambio climático.

Jason Moore, historiador y sociólogo medioambiental de la Universidad de Binghamton, va más allá. Afirma que no estamos atravesando el Antropoceno sino el Capitaloceno, señalando que la mayor parte de las emisiones globales provienen de la producción, algo sobre lo que la mayoría de la población tiene poco o ningún control. En nuestras economías, los medios de producción siguen estando realmente en manos de la empresa privada, en manos de los capitalistas.

Una vez que el problema se atribuye al capitalismo, las soluciones son mucho más evidentes. Si el capitalismo significa poder de clase y búsqueda incesante de beneficios, el socialismo debe significar poder democrático y producción según las necesidades. Estas dos cosas deberían ser nuestro norte en la lucha contra el cambio climático.

Apuntar al consumo absurdo e innecesario de la clase capitalista sería un primer paso. El objetivo principal, sugiere Moore, debería ser conseguir el control colectivo de los medios de producción, una forma de garantizar que lo que se produzca hoy no sólo sea lo más rentable, sino lo mejor para la sociedad y el planeta en su conjunto.

Piensa en los beneficios que esto podría aportar. En lugar de pasarnos la vida encadenados a nuestro trabajo, podríamos tener un control democrático y planificar nuestros recursos y nuestro trabajo. Podríamos establecer objetivos climáticos y alcanzarlos al mismo tiempo que garantizamos el aumento del nivel de vida de la mayoría de la población, mediante la redistribución de la riqueza, la organización eficaz de la producción y también, simplemente, más tiempo libre.

Y las políticas de bienestar climático podrían tener beneficios aún más amplios. Hay muchos hogares que necesitan el uso de aislamiento térmico, paneles solares y turbinas eólicas. Podríamos formar a toda una generación de trabajadores para empleos verdes, para que ayuden a arreglar el clima en lugar de contaminarlo más. Los Estados pueden hacerlo, pero sólo si toman la riqueza de los capitalistas y la utilizan para fines comunes y útiles, en lugar de para fines privados y lucrativos.

Esa es la necesidad de un Green New Deal o Nuevo Pacto Ecosocial, cuyo radicalismo no hace más que crecer a medida que se avecina el desastre climático. Sus alternativas no nos ofrecen un futuro: el capitalismo verde, favorecido por el centro liberal, no aborda las tendencias ecológicamente destructivas en el corazón de nuestro sistema. O, peor aún, el ecofascismo: una ideología creciente que pretende aislar a una pequeña minoría occidental de las consecuencias del desastre climático, mientras obliga a la empobrecida población mundial a pagar el precio.

Este programa medioambiental de la extrema derecha arroja luz sobre otro aspecto de nuestra lucha. El capitalismo es un sistema global. Por lo tanto, cualquier resistencia a este sistema debe cruzar las fronteras. Si no, sólo alimentaremos una política medioambiental cada vez más exclusivista, más preocupada por la basura que se tira en las calles de nuestras ciudades que por las inundaciones que podrían desplazar a una de cada siete personas en Bangladesh en 2050.

Las decisiones tomadas en las oficinas empresariales de Londres o Nueva York pueden contaminar los ríos de Bangladesh o destruir los bosques tropicales de Brasil. Un Nuevo Pacto Ecosocial que alimenta los coches eléctricos con baterías de litio extraídas en condiciones insalubres en el Sur global no es suficiente.

Las coaliciones que necesitamos para derrotar al capitalismo fósil ganarán poder uniendo a las víctimas de las inundaciones, desde Alemania hasta Brasil, y a muchas otras en un movimiento ecosocialista que hable en nombre del 99% del mundo a costa de los capitalistas que se benefician de la contaminación, dondequiera que quieran asolar la tierra.

Estos son los primeros principios de un socialismo verde. Queda mucho por hacer para completar los detalles, pero el movimiento de defensa del clima debe empezar por abandonar ciertas ilusiones. Parafraseando una vieja cita, los que no quieren hablar del capitalismo deben callar ante la devastación ecológica.

Lejos de ser un problema, el Antropoceno puede ser una solución: la idea de que la humanidad conduzca su destino colectivamente, haciendo historia deliberadamente a través de las fronteras, en un proyecto común para mejorar las condiciones de vida. Hoy, la exigencia de una planificación democrática que contrarreste la anarquía del mercado y el poder concentrado de los capitalistas es una exigencia nada menos que para nuestra supervivencia.

Por Zarah Sultana | 25/08/2021

Publicado enMedio Ambiente
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