El gobierno de Ecuador acepta volver al diálogo con los indígenas

Quito. El gobierno de Ecuador aceptó ayer volver a un diálogo con los indígenas con la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), tras 17 días de un paro nacional convocado por ese sector, el cual ha causado bloqueos en las principales vías y desabasto de alimentos, medicinas, gas y gasolina en algunas ciudades del país.

Horas antes, el presidente, Guillermo Lasso, decretó el estado de excepción en cuatro de las 24 provincias del país donde, según su gobierno, se “concentran la mayoría de actos violentos, mientras la Conaie denunció un hpresunto intento de dividir a esa organización promovido por el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez.

Al cierre de esta edición, Leonidas Iza, líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), anunció, junto con la organización de indígenas evangélicos (Feine), que hoy "participaremos en este proceso de diálogo" en busca de resultados, llamó a la ciudadanía a mantener la calma y ratificó la convocatoria para una amplia movilización pacífica este jueves.

"Hemos decidido aceptar el proceso de mediación que ahora va a impulsar la CEE", dijo el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, en conferencia de prensa. La CEE es el máximo organismo de la Iglesia católica en Ecuador.

"Este proceso se inició a petición de las tres organizaciones en conflicto: Conaie, Feine (organización de indígenas evangélicos) y Fenocin (Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas y Negras) que dirigieron una comunicación a la CEE y en función de esa respuesta y de la mención explícita del gobierno nacional hemos decidido aceptar esa sugerencia y solicitar la mediación", afirmó Jiménez, según el diario El Comercio.

Respecto de la negativa de ­Lasso de volver a pláticas con el líder de la Conaie, Leonidas Iza, Jiménez aseveró que al haber aceptado el proceso de mediación "nos sujetamos a su metodología; son ellos los que van a designar los delegados de parte y parte. No queremos poner condicionamientos".

Aún no se conoce el día ni la hora ni quiénes participarán en la mesa de diálogo.

El ministro pidió a las organizaciones indígenas que no haya "más brotes de violencia", que pondrían en peligro las nuevas pláticas.

Jiménez dijo que para volver a la mesa de diálogo Iza debe "deponer sus medidas de hecho; si no hay esas condiciones es muy difícil", y advirtió: "para cualquier diálogo que ellos busquen tienen que deponer sus medidas de hecho. No pueden seguir con agresiones a la población, seguir bloqueando vías, seguir intentando caotizar al país".

Más temprano, Lasso decretó el estado de excepción en Azuay, Imbabura, Sucumbíos y Orellana, a partir de ayer por 30 días, informó el diario local El Universo. No incluyó a Pichincha, donde se encuentra Quito, y epicentro de las movilizaciones. La medida fue tomada por una "grave conmoción interna", según el decreto difundido por la Secretaría de Comunicación de la presidencia.

Estas provincias "concentran la mayoría de actos violentos que atentan contra la integridad física de las personas", lo que afecta "el correcto funcionamiento de los sectores estratégicos vitales para la economía", y destacó que en esas jurisdicciones está en riesgo la seguridad, así como la provisión de alimentos, medicamentos, oxígeno hospitalario y combustibles.

En el contexto del estado de excepción, Lasso estableció como "zona de seguridad" los lugares donde se encuentran campos de explotación de petróleo en la Amazonia. El petróleo es el principal producto de exportación del país, a cuyas arcas fiscales aporta cerca de 30 por ciento de los ingresos.

El decreto permite la movilización de militares a las calles y la suspensión del derecho a la libre asociación. Además, incluye un toque de queda nocturno de ocho horas para las provincias andinas y de 10 horas para las amazónicas.

En ese contexto, Lasso cesó a los gobernadores de Sucumbíos y Loja, Mario Mancino y Darío Domínguez, respectivamente, informó la Secretaría de Comunicación, indicó El Universo.

Antes, la Conaie, denunció un intento de dividir a esa organización. “Ahora Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, irrespetando la estructura del movimiento indígena y el proceso (de diálogo) con cinco funciones del Estado, pretende dividir y hacer invitaciones con emisarios de la policía en medio de vallas y púas. El ‘gobierno ausente’ desconectado del pueblo”, tuiteó.

En Quito, al grito de "No queremos 10 centavos, queremos resultados", cientos de indígenas marcharon pacíficamente para pedir la reanudación de las negociaciones, señaló Afp. Los alrededores del presidencial palacio de Carondelet estuvieron bloqueados con vallas metálicas y alambres con cuchillas, además de policías.

Antes, manifestantes incendiaron dos estaciones de policía en el norte de la capital. La policía confirmó que las unidades de vigilancia comunitaria de las gigantescas barriadas de Calderón y Carapungo, en el extremo norte quiteño, quedaron completamente destruidas, sin embargo los agentes lograron huir a tiempo.

Por lo pronto, el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi llamó a una marcha masiva hoy hacia Quito, a la que se sumará el Frente Popular, que agrupa a colectivos y sindicatos de salud, eléctricos y de educación.

Las represión ha dejado seis muertos y más de 600 heridos, entre agentes y civiles.

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Tras perder el apoyo de su partido Perú Libre, Pedro Castillo llama a la unidad

Lima. El presidente peruano, Pedro Castillo, convocó ayer a las "fuerzas políticas" del país a trabajar por la democracia, luego de que Perú Libre, el partido que lo llevó a poder, le pidió su renuncia, en momentos en que el mandatario es investigado por presuntos actos de corrupción en su gobierno.

Castillo afronta una fuerte inestabilidad política que le ha llevado a nombrar hasta cuatro gabinetes de ministros en medio de conflictos sociales. Asimismo, ha sobrevivido a dos intentos de juicio político en busca de su destitución en el Congreso, dominado por la derecha.

Perú Libre solicitó la noche del martes su renuncia "después de haber evaluado estatutariamente el comportamiento", según una carta difundida en Twitter por el fundador del partido, Vladimir Cerrón, considerado radical de izquierda.

Castillo, un profesor de primaria que asumió la presidencia en julio de 2021, agradeció a Perú Libre por postularlo en las elecciones y sostuvo "que por encima de todo" están los intereses del país, en una aceptación implícita al pedido de renuncia.

"Desde acá llamo a todas las fuerzas políticas a ponernos de acuerdo, a trabajar por la democracia", dijo el mandatario en una breve declaración a periodistas a su salida de la Catedral de Lima, adonde asistió por un feriado católico.

"Estamos en unos momentos críticos", afirmó. "No podemos entretenernos en otros temas, sino más bien en mirar con responsabilidad al país, que para eso mayoritariamente el pueblo peruano nos ha puesto al frente", refirió.

Perú Libre dijo que el pedido a Castillo de su "renuncia irrevocable" al grupo es porque el mandatario ha promovido el "quebramiento de la unidad partidaria" en el Congreso.

Afirmó que las políticas del gobierno no guardan relación con las promesas de campaña y menos con el plan de Perú Libre. Refirió que Castillo implementó el "programa neoliberal" del partido perdedor.

Perú Libre llevó 37 legisladores al Congreso en las elecciones pasadas, pero tras varias renuncias el bloque se ha reducido a sólo 16. Hace unos meses, la vicepresidenta, Dina Boluarte, fue expulsada del grupo.

La fiscalía investiga la relación de Castillo con una presunta trama de corrupción en la concesión de obras públicas por su ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, quien se encuentra prófugo de la justicia.

Es la primera vez que la fiscalía investiga a un mandatario en pleno ejercicio por casos de corrupción. Ya había realizado pesquisas a otros presidentes, pero por acciones cometidas antes de ejercer el cargo.

Castillo ha rechazado todas las acusaciones, y afirma que son orquestadas por sus opositores, partidos minoritarios en el Congreso y grupos económicos que no aceptan que ganó las elecciones y por eso quieren sacarlo del poder.

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Manifestantes rodean el edificio de la Asamblea mientras esperan el juicio político a Lasso. . Imagen: EFE

Quito. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, derogó ayer el estado de excepción en las seis provincias donde se han registrado protestas indígenas contra su gobierno desde hace ya 13 días, horas después de que funcionarios de su gobierno hablaron en un primer acercamiento con el líder indígena Leonidas Iza, en momentos en que la Asamblea Nacional avanzó en una sesión maratónica en la que se debate la posible destitución del mandatario.

Mediante el decreto ejecutivo 461, firmado por Lasso y difundido por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, se dispuso la terminación del estado de excepción que ordenó días después del inicio de las protestas ante la "grave conmoción interna" en las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Pastaza e Imbabura, donde se han acentuado las movilizaciones de los grupos indígenas.

"El gobierno nacional ratifica la disposición de garantizar la generación de espacios de paz, en los cuales los ecuatorianos puedan retomar paulatinamente sus actividades", se informó en un comunicado.

La Asamblea Nacional inició una sesión extraordinaria para tratar, a pedido de la bancada de Unión por la Esperanza (Unes), afín al ex presidente Rafael Correa (2007-2017), la destitución de Lasso, quien antier denunció un intento de golpe de Estado en su contra supuestamente impulsado por Iza, líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie).

Antes de abrir el debate virtual entre los legisladores, el presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, informó al pleno sobre la eventual conformación de una comisión que viabilice el diálogo entre el gobierno y la mayor organización indígena del país y ponga fin a un paro nacional que cumple su decimotercer día.

La reunión se llevó a cabo en la iglesia Basílica del Voto Nacional, ubicada en el casco colonial de Quito, a la que acudió Iza acompañado por otros dirigentes indígenas, así como el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez; el canciller, Juan Carlos Holguín, y otros funcionarios del régimen, informó Saquicela en declaraciones a la prensa.

“No ha habido compromiso alguno, sino simplemente la decisión de la Conaie… de consultar a sus bases la designación de una comisión para el inicio de este diálogo”, aseguró Saquicela, y ratificó que "de parte del gobierno ha habido la apertura correspondiente".

El titular del Legislativo indicó que se trata de "un avance", pues "hemos pedido que se bajen las tensiones, que se bajen los enfrentamientos mientras se da este diálogo y se encuentra una solución".

Amanda Yépez, del colectivo Geografía Crítica, alertó que hay "agresiones graves del Estado" contra los manifestantes, registradas el pasado día 14, mientras Viviana Idrovo, de la Alianza por los Derechos Humanos, informó que "existen 68 incidentes de violación de derechos humanos: 123 detenciones, 166 personas heridas y cinco fallecidas, en el contexto de la represión".

El mandatario no compareció

Lasso fue convocado para presentar su defensa, pero no asistió. En su lugar acudió Fabián Pozo, secretario jurídico de la presidencia, quien leyó una carta a nombre del mandatario en la que afirmó: "no hay pruebas del incumplimiento del programa ofrecido en campaña y su nexo con la crisis política y conmoción interna", como acusó la Unes.

Sin embargo, reconoció "que el país actualmente enfrenta problemas que deben ser solventados".

Al iniciarse el debate entre legisladores, Patricia Núñez, de la Unes, firmó la carta para iniciar el proceso de "muerte cruzada", mecanismo en el que se destituye a la presidencia y se disuelve la Asamblea Nacional. Al recordar a las víctimas del paro nacional, aseguró que hay un uso excesivo de la fuerza en las protestas.

Marlon Cadena, jefe de la bancada de Izquierda Democrática, rechazó el vandalismo y la represión que han marcado el paro, negó compromisos con el gobierno, pero enfatizó que no respaldarán la destitución del presidente.

Por parte del Partido Social Cristiano, el congresista Esteban Torres se congratuló del diálogo iniciado entre el gobierno y la Conaie e indicó que su partido no votará la destitución del mandatario porque eso no resuelve los problemas estructurales del país.

Hasta el cierre de esta edición sólo habían intervenido 15 asambleístas de 135.

Luego del debate, la Asamblea Nacional tiene 72 horas para votar la continuidad del mandatario, para lo que requiere una mayoría de dos tercios, equivalente a 92 de los 137 legisladores.

De ser aprobada, asumiría el vicepresidente Alfredo Borrero el mando del gobierno, y el Consejo Nacional Electoral, en un plazo de siete días, convocaría a elecciones presidenciales y legislativas.

Corredores humanitarios

En la mañana, Iza indicó en la Universidad Central que abrirán vías como "corredores humanitarios" para permitir el ingreso de alimentos a Quito y reiteró que el paro continúa.

"No venimos a dejar regando la sangre de los hermanos aquí, venimos con una propuesta", agregó Iza en la concentración de manifestantes, a quienes señaló que sólo cuando haya sido contestada, concluirá el paro.

Entre los 10 puntos que reclama la organización constan la reducción de los precios de los combustibles y subsidios a campesinos.

El dirigente dijo que no llegaron a la capital a cometer "vandalismo" y pidió pacificar el país para no enfrentarse entre hermanos; sin embargo, calificó como un "ataque brutal de violencia" el operativo con el que fueron desalojados el viernes de la Casa de la Cultura donde celebraban una asamblea popular y a la cual dijo retornarían para efectuar una minga y limpiarla, al igual que en los lugares donde son acogidos.

En las inmediaciones del parque El Arbolito, la tarde de ayer manifestantes se expresaron en medio de danzas, bailes y silbidos. Un importante contingente militar y policial permanece en el lugar, sin que hasta el momento haya habido enfrentamientos.

En la mañana cientos de mujeres organizaron un ritual en el norte de la capital y luego marcharon contra el gobierno. Algunas indígenas iban con los ojos pintados con franjas rojas y portaban plantas medicinales.

"Toda la canasta básica está muy cara y nuestros productos del campo (...) no valen nada", declaró Miguel Taday, un productor de papa de la sureña Chimborazo, a unos 200 kilómetros de Quito.

La Conaie participó en revueltas sociales que derrocaron a los presidentes Abdalá Bucaram (1996-1997), Jamil Mahuad (1998-2000) y Lucio Gutiérrez (2003-2005). En 2019 encabezó más de una semana de protestas contra el mandato de Lenín Moreno (2017-2021), que dejaron 11 muertos.

Ecuador, cuya dolarizada economía empezaba a recuperarse de los efectos de la pandemia, pierde unos 50 millones de dólares diarios por las crisis política. El gobierno asegura que reducir los precios del combustible costaría al Estado más de mil millones de dólares al año en subsidios.

Las últimas dos noches Quito ha sido escenario de cruentos enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes con bombas molotov, cohetes pirotécnicos, gas lacrimógeno y granadas aturdidoras.

La rebelión indígena deja seis civiles muertos y un centenar de heridos en 13 días, según la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos. Las autoridades registraron más de 180 lesionados entre militares y policías y prometieron reprimir más enérgicamente las manifestaciones.

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Luis Arce: "La izquierda está regresando porque la derecha no pudo dar respuesta satisfactoria a las demandas de la sociedad”

Habló sobre el triunfo de Petro, la sentencia a Jeanine Áñez y recordó los momentos más duros del golpe de Estado a Evo Morales.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, aseguró que el avance de los gobiernos progresistas en la región es consecuencia de la falta de respuestas de la derecha y saludó el triunfo de Gustavo Petro en Colombia. El mandatario también habló sobre la sentencia Jeanine Áñez, rechazó las críticas suscitadas desde la oposición por el juicio y afirmó que se respetó el debido proceso. 

Construyendo la Patria Grande

“Es innegable el avance de los gobiernos de izquierda en la región. La izquierda está regresando porque la derecha no pudo dar respuesta satisfactoria a las demandas de la sociedad”, afirmó el presidente boliviano en diálogo con la radio AM750. En este sentido, reconoció los desafíos que tendrá mandatario electo de Colombia, el primer líder de izquierda electo en el país. “Siempre es difícil el momento en el que un país sale de una estructura como la derecha a establecer un gobierno progresista que trata de resolver problemas que la derecha no pudo resolver”, observó.

A su vez, Arce contó que se comunicó con el líder del Pacto Histórico con quien tuvo un breve intercambio en el que no dejó de subrayar la importancia de “seguir construyendo la Patria Grande”. “En eso estamos empeñados todos”, afirmó el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.Para el economista, los actuales gobiernos latinoamericanos "tienen asfaltado el camino para agilizar la construcción de la Patria Grande". 

Juicio a Jeanine Áñez

Sobre la reciente sentencia de 10 años de prisión a Jeanine Áñez en uno de los juicios sobre el golpe de Estado de 2019, Arce seguro que fueron respetados todos los procesos y que además durante la prisión preventiva la expresidenta de facto gozaba de privilegios. “Nosotros hemos seguido todos los procesos en el país para que se respete el debido proceso para la señora Áñez. Le hemos dado todas las condiciones, incluso tenía privilegios. Los parientes de la señora Áñez se quedaban a dormir con ella”, recordó el mandatario.

Hace dos semanas Áñez fue sentenciada por delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la constitución de Bolivia. Sin embargo, tras el fallo comenzaron las críticas sobre el cumplimiento del debido proceso en el juicio. “Hemos escuchado varias afirmaciones de la oposición sobre el juicio a Áñez. Aprovecho este canal para decir claramente que los fiscales, jueces que a nosotros nos han perseguido políticamente fueron los mismos jueces y fiscales que hicieron el juicio contra Áñez. Ese elemento la derecha no lo quiere reconocer”, recordó el mandatario que aseguró que la derecha se esforzó en demostrar que hubo errores en el juicio.

“El juicio a Áñez ha durado lo que tenía que durar. Nosotros no nos metimos ni entorpecimos el juicio. Hemos respetado el debido proceso y todos los procedimientos legales. Estamos convencidos de que lo que se ha hecho en el juicio está en el marco de la justicia”, precisó Arce.

"La derecha tenía un plan contra el gobierno"

La sentencia a Jeanine Áñez en el caso del golpe a Evo sienta un precedente importante en una región que inauguró el siglo XXI con golpes de Estado en Centroamérica y el Caribe.

El presidente de Bolivia se refirió al derrocamiento de Evo Morales.

En ese entonces Arce era el ministro de Economía y aseguró que varias semanas antes del golpe hubo una suerte de golpe suave que incluía acciones intimidatorias contra los integrantes del gabinete de gobierno.

“Ellos hicieron una estrategia en la que hacían bloqueos y también iban a las casas de los ministros de Evo Morales a acosarnos, a gritarnos, a publicar en redes sociales nuestra fotografía con nuestra dirección y convocar para que se apersonen a cierta hora a mi domicilio. Todo eso generó, en la familia, un temor de qué podía ocurrir con cada uno de nuestros integrantes. Lo primero que hicimos fue intentar poner a salvo a nuestra familia”, aseguró el mandatario.

“Sabíamos que la derecha tenía un plan contra el gobierno y eso se consolidó en la noche del sábado que recibimos la noticia de la OEA y el famoso informe que es prácticamente el detonante para que estalle en el país el golpe de Estado”, añadió.

Pandemia y sustitución de importaciones

Arce también habló sobre el momento en el que aceptó la candidatura y los retos que debía asumir con la pandemia de coronavirus como telón de fondo. “Cuando entramos al gobierno, yo tenía claro que si no resolvíamos el problema de la salud, por la pandemia de COVID-19, no podíamos enfrentar el tema económico. La pandemia generó un trauma psicológico que acrecentó la oposición”, observó Arce, que para suplir la falta de vacunas diálogo con los presidentes de China y Rusia.

 “El mayor éxito que hemos tenido fue combatir la pandemia, que en nuestro país se relaciona mucho con la economía”, indicó el mandatario de Bolivia que también se refirió a las políticas económicas que su país llevó adelante para hacer frente a la inflación.  “Lo primero que hay que hacer es tratar de ser autosuficientes en los productos que la gente cotidianamente consume. Por eso nuestro programa es de industrialización con sustitución de importaciones”

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Un vehículo policial dispara gas lacrimógeno a los manifestantes durante una protesta contra el Gobierno de Ecuador en Quito. — Adriano Machado / Reuters

Guillermo Lasso asegura que esto es un golpe de Estado en el que se busca "el derrocamiento del Gobierno".

 

El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador, Virgilio Saquicela, convocó para este sábado una sesión para debatir como único punto del día una petición de destitución del presidente del país, Guillermo Lasso, quien lo ha calificado de un intento de golpe de Estado contra él.

La convocatoria, confirmada por la Agencia Efe, fue realizada este viernes a petición de al menos un tercio de los asambleístas al alegar una grave conmoción interna debido a la ola de protestas contra el alto coste de la vida y las políticas económicas del Gobierno.

La activación del procedimiento de destitución presidencial ya había sido anticipada este viernes por un grupo de asambleístas afines al expresidente Rafael Correa y por un sector del movimiento indigenista y plurinacional Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), principal promotora de las protestas.

La sesión del Legislativo ecuatoriano se desarrollará en la sede de la Asamblea, a escasa distancia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del aledaño parque de El Arbolito, que durante los dos últimos días ha sido escenario de un enfrentamiento casi constante entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

La ley orgánica de la Asamblea obliga a que la sesión para debatir la destitución presidencial se convoque en menos de 24 horas desde la presentación de la solicitud, y a ella también está convocado el mismo presidente para exponer sus alegaciones.

El Parlamento tiene 72 horas para votar

Tras el debate, el Parlamento tiene 72 horas para votar la continuidad del mandatario, para lo que requiere una mayoría de dos tercios, equivalente a 92 de los 137 asambleístas.

En caso de conseguirlo, el vicepresidente asumiría la Presidencia y el Consejo Nacional Electoral (CNE), en un plazo de siete días tras publicada la resolución, y convocaría para una misma fecha elecciones legislativas y presidenciales anticipadas.

En un mensaje a la nación difundido en televisión y redes sociales, Lasso denunció este viernes un intento de golpe de Estado promovido por los líderes de las protestas e hizo una llamada "a la comunidad internacional para advertir de este intento de desestabilizar la democracia en el Ecuador".

El mandatario acusó al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, principal promotor de las movilizaciones, de buscar "el derrocamiento del Gobierno".

El gobernante agradeció el apoyo ya anticipado de grupos parlamentarios de la oposición como Izquierda Democrática, el Partido Social Cristiano y una parte de Pachakutik, lo que permitiría ganar la moción y mantener el poder.

Doce días de protestas

Las protestas comenzaron el 13 de junio convocadas principalmente por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), aunque luego también se adhirieron otras organizaciones de campesinos, así como sindicatos y federaciones de estudiantes.

Desde el movimiento indígena se exige el cumplimiento de un pliego de diez demandas, entre ellas que se reduzcan y congelen los precios de los combustibles, que se controlen los precios de los productos de primera necesidad, que no se privaticen empresas estatales y que no se amplíe la actividad petrolera y minera en la Amazonía.

Hasta el momento la movilización deja un saldo de cinco fallecidos y no menos de 200 heridos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, así como más de 100 detenciones, según organizaciones de derechos humanos.

25/06/2022 09:48

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Ecuador: "Fuera Lasso, Fuera", el grito que retumba en las calles

"Esta lucha que se levanta tiene como escenario la confrontación fundamental entre quienes tienen el poder y los sectores afectados por las políticas neoliberales del gobierno", explica Nelson Erazo, dirigente nacional de la Unión General de Trabajadores del Ecuador.

 

Un potente estruendo pone en pausa la comunicación con Andrés Tapia, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (Confenaie). "Estamos en medio de una batalla campal. Hay varios helicopteros sobrevolando en distintos edificios y un enfrentamiento en toda esta parte central de la ciudad", detalla Tapia desde las calles de Quito, donde decenas de miles de indígenas marchan por onceavo día consecutivo con un grito que los unifica: "¡Fuera Lasso, Fuera!".

Una movilización encabezada por mujeres y estudiantes intentaba irrumpir este jueves en la sede de la Asamblea Nacional, pero terminó siendo reprimida por la policía con gases lacrimógenos. Los manifestantes que llegan a Quito desde distintos puntos del país recuperan fuerzas por la noche, albergados en dos universidades, y antes del mediodía se dispersan en distintos grupos. Portan palos, escudos artesanales y wiphalas, la bandera multicolor de los pueblos originarios andinos. Cuando las fuerzas combinadas de soldados y policías atajan su marcha, cambian de rumbo. Desafían el estado de excepción en las narices del gobierno, que sacó a los militares de los cuarteles para tratar de recuperar el control de las calles.

Los indígenas no están solos. Los acompaña la militancia estudiantil, el movimiento campesino y los trabajadores de distintos gremios. "Esta lucha que se levanta en nuestro país tiene como escenario la confrontación fundamental entre quienes tienen el poder y los sectores afectados por las políticas neoliberales del gobierno. Esta lucha ha estado enmarcada desde el inicio de la presidencia de Lasso, toda vez que su política ha significado el crecimiento de la pobreza y la extrema pobreza", explica a Página/12 Nelson Erazo, presidente del Frente Popular y dirigente nacional de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE).

La mecha del diálogo todavía no enciende

En una economía dolarizada donde los combustibles son subsidiados, el aumento de la nafta encareció el costo de los fletes. Los indígenas alegan que sus productos agrícolas solo dejan pérdidas. Pero la presión no doblega a un Lasso que considera inviables los reclamos. Acosado y aislado por un reciente contagio de covid-19, el presidente se rehúsa a ceder en las condiciones que exigen los indígenas para sentarse a negociar. Entre ellas se encuentra la derogación del estado de excepción que rige en seis de las 24 provincias y en la capital, con un robusto despliegue militar y toques de queda nocturnos.

"Todos los sectores hemos insistido en convocar al diálogo. Sin embargo, al momento el gobierno nacional ha señalado que quiere diálogo pero reprime al pueblo y encarcela a los luchadores sociales. Nos dice que quiere diálogo, pero acaba de establecer decretos presidenciales en donde se pone como elemento central el despido de servidores públicos y continúa con su política de vender las empresas estatales como el Banco del Pacífico", advierte Erazo. En la misma línea se manifiesta Tapia, quien plantea que el presidente "constantemente llama al diálogo pero no da señales claras de pretender encontrar soluciones a las propuestas de la Conaie".

El dirigente del movimiento indígena amazónico habla con este diario desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un lugar ubicado en Quito que permanecía tomado por las fuerzas de seguridad y que este jueves fue finalmente abierto a los manifestantes. La posibilidad de volver a ingresar a este lugar para instalar una asamblea popular que defina la continuidad del plan de lucha era una de las condiciones exigidas al gobierno por el presidente de la Conaie y principal promotor de las protestas, Leonidas Iza.

El reclamo también es estudiantil

El lunes pasado, en medio de las movilizaciones, el gobierno ecuatoriano publicó el Decreto 457 que establece lineamientos para "optimizar" el gasto público. Organizaciones sociales y estudiantiles exigen que sea derogado porque, según entienden, incluye la finalización de contratos. Mauricio Chiluisa, presidente nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), cree que "la intención de Lasso es debilitar la universidad pública" y que este nuevo decreto lo confirma, ya que "se desvincularán varios docentes en las universidades".

"Mientras el gobierno se sigue blindando con la policía y se sigue blindando con el FMI, reprime a nuestros compañeros de sur a norte. Por eso queremos denunciar que las universidades publicas están siendo amenazadas por el gobierno para no ser centros de paz y albergue. Hay que decirles como decía el Che Guevara, la universidad debe pintarse de pueblo, debe pintarse de mulato y de indígena", expresa Chiluisa desde Quito.

El recuerdo de 2019

En octubre de 2019 los movimientos indígenas avanzaron sobre Quito para que el gobierno del entonces presidente Lenin Moreno desistiera de un acuerdo con el FMI que, en la práctica, eliminaba subsidios millonarios a los combustibles. Las protestas fueron ferozmente reprimidas por las fuerzas de seguridad, dejando un saldo de 11 muertos y más de mil heridos, obligando a Moreno a dar marcha atrás.

Según Erazo, el escenario actual es "mucho más elevado" que el de 2019. "Tienes un país entero peleando, tienes un país entero levantado", sostiene el dirigente sindical. De su lado, Tapia expresa que el conflicto puede seguir escalando "en la medida en que el presidente no tenga la sensibilidad para entender lo que está pasando, continúe minimizando los hechos o simplemente dé largas a los pedidos que se están planteando".


Ecuador: reprimen a manifestantes afuera de la Asamblea Nacional

El país avanza hacia su onceavo día de manifestaciones inicialmente convocados por el movimiento indígena y a las que se sumaron estudiantes y otras organizaciones sociales. El gobierno de Lasso no da señales para derogar el estado de excepción aunque ordenó la desmilitarización de la Casa de la Cultura donde las organizaciones indígenas llevarán a cabo una Asamblea Popular para definir los pasos a seguir.

Por Dominique Galeano

Una movilización encabezada por mujeres y estudiantes fue reprimida por la policía en las inmediaciones de la Asamblea Nacional en la capital ecuatoriana. Las manifestaciones en reclamo al aumento del costo de vida llegan al onceavo día sin diálogo entre el gobierno de Guillermo Lasso y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) que encabeza las protestas en las que murieron al menos tres personas y 90 resultaron heridas según registran organizaciones de derechos humanos. El mandatario mantiene el estado de excepción en seis provincias ecuatorianas, pero este jueves atendió uno de los pedidos de la Conaie y desmilitarizó la Casa de la Cultura. En tanto los gobernadores de 23 provincias de Ecuador propusieron una tregua de 24 horas entre la administración nacional y la confederación indígena liderada por Leónidas Iza. Mientras una mayoría de asambleístas votó a favor de una moción para que los ministros de Interior y de Defensa comparezcan ante el congreso para informar sobre el accionar de la policía y las fuerzas armadas en el contexto del paro

Represión en Quito

La capital ecuatoriana es el epicentro de las protestas del movimiento indígena y a las que se sumaron otras organizaciones sociales ante el aumento a los precios del combustible, así como el costo de vida en general. Por la tarde la movilización encabezada por mujeres y estudiantes llegó hasta las inmediaciones de la Asamblea Nacional donde fueron reprimidos por la policía que lanzó bombas lacrimógenas a los manifestantes.

Más temprano la Conaie informó que recuperó y liberó la Casa de la Cultura. "Es un triunfo de la lucha", aseguró el presidente de la Conaie, Leónidas Iza, a su llegada al centro cultural donde instalarán una asamblea popular para definir los próximos pasos. Ese espacio fue reclamado por los manifestantes tras ser militarizado en medio del estado de excepción impuesto por Lasso en las provincias de Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo y Pastaza.

El mandatario, que se encuentra aislado por covid-19, ordenó el repliegue de los militares que estaban en la Casa de la Cultura desde el inicio del paro. “Para que no haya violencia, ni tampoco excusas, el día de hoy vamos a permitir que las organizaciones sociales, lideradas por la Conaie se convoquen y reúnan en el ágora de la Casa de la Cultura", aseguró el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez en un mensaje grabado.

Unos de 14 mil indígenas llegaron hasta Quito en los últimos días para unirse a las manifestaciones fuertemente reprimidas por la policía nacional, que por su lado también denunció violencia por parte de los manifestantes. La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos (AODH) registró un muerto en la última jornada en la localidad andina de Tarqui, al sur del país. Según la entidad, al lado del cuerpo de Marcelino Villa, de 38 años, encontraron un cartucho de gas lacrimógeno. Desde el pasado 13 de junio el organismo dio cuenta de 3 muertos, al menos 90 heridos y 87 detenidos.

Mientras que las fuerzas de seguridad informaron que 101 policías y militares resultaron heridos, otros 27 retenidos temporalmente por los manifestantes y luego liberados, y 80 civiles arrestados. En el caso de la muerte de Villa la policía aseguró que murió por una cirrosis hepática en “el contexto de las manifestaciones”. Además, las autoridades confirmaron que los 18 policías que habían sido reportados como desaparecidos en la ciudad de Puyo, capital de la provincia de Pastaza, fueron encontrados y están bien.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Ecuador denunció que uno de sus edificios se encuentra bajo ataque. Además, revelaron que durante la semana manifestantes sustrajeron y quemaron en la vía pública documentación de esa institución.

Los gobernadores piden diálogo

Por otra parte, los gobernadores agrupados en el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope) pidieron al gobierno nacional y a la Conaie una tregua de 24 horas que le permita a las partes ir a una mesa de diálogo. Ante el corte de calles y rutas en la capital y en otras provincias ecuatorianas, los prefectos plantearon establecer corredores humanitarios para abastecer y atender necesidades urgentes en zonas afectadas por los paros.

En esta línea, llamaron a las organizaciones que se manifiestan a respetar la libre circulación en estos corredores. Además, durante la presentación también propusieron que las autoridades nacionales, gobiernos autónomos descentralizados, organizaciones indígenas y sociales impulsen medidas para potenciar la inversión en el sector rural para reducir las brechas de salud, educación, seguridad y fomento productivo.

Mientras que en la Asamblea Nacional una mayoría aprobó la moción de la bancada Unión por la Esperanza (UNES) que ordena la comparecencia en el pleno y en las comisiones del ministro de Interior, Patricio Carrillo, y el de Defensa, Luis Lara, para informar sobre las acciones de la policía y de las fuerzas armadas durante el paro nacional. La moción obtuvo 80 votos a favor, 3 en contra y 47 abstenciones de los 130 legisladores presentes y fue presentada por Jhajaira Urresta, asambleísta de UNES, que en 2019 perdió el ojo izquierdo por el impacto de una bomba lacrimógena lanzada por la policía mientras participaba de un cacerolazo afuera de su casa.

La parlamentaria por Pichincha indicó que los funcionarios del gobierno de Lasso deben dar cuenta sobre como la fuerza pública coordina sus acciones. “Es claro que se está extralimitando en el desarrollo de las funciones y no sólo están violando derechos consagrados en la Constitución sino también los derechos humanos en general”, precisó Urresta en su presentación. También serán convocados por la Comisión de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para que informen sobre las medidas adoptadas por el gobierno para garantizar la integridad de los niños en el marco de las protestas.

Por su lado, el presidente de la Comisión de Fiscalización Fernando Villavicencio del Partido Socialista Ecuatoriano presentó una denuncia ante la fiscalía por rebelión y terrorismo durante el paro. "Se debe investigar a personas vinculadas a estructuras criminales, asambleístas, actores sociales y políticos que financiaron el paro y organizaron el fallido golpe", señaló en su cuenta de Twitter.

La Conaie participó en varias mesas de diálogo con el gobierno de Lasso para reclamar una baja en los precios de los combustibles que entre mayo de 2020 y octubre de 2021 eran revisados mensualmente. Según Iza, durante las últimas conversaciones en noviembre de 2021 el mandatario se había comprometido a dar una respuesta en un plazo de 15 días y sin embargo siete meses después todavía no tienen soluciones por parte del Ejecutivo.

Según Lasso una rebaja al precio de combustibles es inviable y considera que la protesta es una tentativa para destituirlo. Esta semana el gobierno conservador anuncio algunas medidas como el aumento de bonos de 50 a 55 dólares para el 30 por ciento de la población más pobre. También condonó deudas de hasta 3.000 dólares con un banco estatal para agricultores y campesinos. Sin embargo, el pedido de Iza por la derogación del estado de excepción en seis de las 24 provincias no está dentro de los planes de presidente

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Ecuador: indígenas y gobierno miden fuerzas

Reportan desabasto tras 10 días de protestas y bloqueos // La Conaie, dispuesta al diálogo sin intermediarios

 

Quito. El gobierno de Ecuador se negó ayer a derogar el estado de excepción en seis de las 24 provincias del país y en la capital, como exige el movimiento indígena para negociar una salida a la crisis que cumple 10 días de protestas con saldo de dos muertos, decenas de heridos y detenidos, además de policías desaparecidos.

La ciudad de Puyo se encontraba sitiada ayer por los manifestantes, sin custodia policial y en crisis por la falta de alimentos, tras una violenta noche en que los manifestantes indígenas incendiaron un cuartel policial, saquearon negocios y atacaron bienes públicos y privados, luego de que un comunero fue abatido por fuerzas de seguridad.

Ríos de manifestantes aumentan la presión en las calles militarizadas de Quito. Los indígenas y el gobierno ecuatoriano miden fuerzas sin que se vislumbre una solución.

Ante la negativa oficial, el movimiento de protesta mantuvo la presión para exigir una reducción de precios de los combustibles, entre otras medidas.

Llegados de varios puntos, unos 10 mil indígenas están en Quito desde el lunes. A su paso van quemando neumáticos y armando barricadas con troncos. A su vez, los militares protegen la sede de la presidencia con vallas de alambre de púas. La ciudad está semiparalizada por la protesta.

El gobierno del presidente Guillermo Lasso tiene las "manos manchadas de sangre", denunció Leonidas Iza, líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), que llamó al paro nacional.

Entre lunes y martes murieron dos personas en las protestas, informó la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, que además registra 90 heridos y 87 detenidos desde el 13 de junio. Según la policía, hay 101 efectivos y soldados lesionados.

Iza reiteró su disposición al "diálogo" sin intermediarios, pero con la supervisión ciudadana que garantice "resultados".

Como punto de partida, la Conaie exige que se levante el estado de emergencia bajo el cual militares salieron de los cuarteles y se decretó un toque de queda nocturno en Quito.

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, expresó: "no podemos levantar el estado de excepción porque eso es dejar indefensa a la capital, y ya sabemos lo que sucedió en octubre de 2019 y no lo vamos a permitir", advirtió en entrevista para el canal Teleamazonas.

Tras la negativa del gobierno a los puntos planteados por el dirigente Iza la noche del martes, la Conaie envió ayer por la tarde una carta a Lasso, y el ministro Jiménez tuiteó que revisaban el texto para "comenzar un proceso de diálogo efectivo", sin dar más detalles.

La fiscalía en Quito fue atacada por segundo día consecutivo. La Coanaie comentó al respecto: "dejamos claro que los autores de estos graves hechos no forman parte del movimiento indígena; nosotros, de hecho, seguimos llamando a evitar el vandalismo".

Al cabo de 10 días de protestas con bloqueos y movilizaciones, comienza el desabasto, mientras en las calles retumba el grito de los indígenas: "¡Fuera Lasso!"

El subsecretario estadunidense de Estado para el Hemisferio Occidente, Brian Nichols, llamó a "todas las partes a que se abstengan de la violencia", luego de que Washington aumentó el nivel de alerta para viajar a Quito.

Las embajadas de la Unión Europea, Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Francia, España, Italia, España y Suiza, externaron su "preocupación por los disturbios, en especial porque afectan los derechos fundamentales de todos los ciudadanos", e invitaron a las partes al diálogo y "la concreción de acuerdos".

Al cierre de esta edición se informó que el presidente Lasso dio positivo a covid-19. "No presenta síntomas y cumplirá con los protocolos médicos correspondientes", informó la oficina de comunicación de su gobierno.

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Miembros de las fuerzas armadas bloquean el acceso a la carretera E35 para una marcha de protesta de cientos de indígenas de la provincia de Cotopaxi.- EUROPA PRESS

Convocados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, los manifestantes reclaman al gobierno de Guillermo Lasso la baja del precio de los combustibles. Las movilizaciones dejan hasta el momento un muerto y 61 heridos.

Miles de indígenas bloquearon este martes las principales calles de Quito y fueron dispersados por la policía con gases lacrimógenos en el noveno día de protestas, mientras las Fuerzas Armadas prometieron defender la democracia contra lo que consideran una "grave amenaza". Convocados por la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), los manifestantes reclaman al gobierno de Guillermo Lasso la reducción del precio de los combustibles y los productos de primera necesidad. Lasso aceptó este martes sentarse a dialogar con representantes de Conaie, por lo que se espera una respuesta del movimiento indígena. Las protestas dejan hasta el momento un muerto y 61 manifestantes heridos, según organizaciones de derechos humanos.

Represión y estado de excepción

"Bajen las armas, somos pueblos de paz", exclamaban algunos de los más de cinco mil indígenas que llegaron el lunes en caravana a Quito. Un grupo numeroso que chocó con la policía salió de su lugar de hospedaje en la Universidad Salesiana y pretendía llegar hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), que fue tomada por las fuerzas de seguridad en medio del estado de excepción que rige en seis de las 24 provincias del país, incluida Pichincha, cuya capital es Quito. 

Para frenar su avance, policías antimotines lanzaron bombas lacrimógenas a los manifestantes, que con los ojos llorosos por el gas se dispersaron y luego volvieron a reagruparse.

La Fiscalía denunció que su sede central fue atacada, y que puso "a buen recaudo la información sensible de los casos que lleva adelante", al tiempo que también hizo "un llamado público a la paz y el respeto a la ley". La Conaie, que lidera las protestas a las que se plegaron más de 50 organizaciones, rechazó lo sucedido y aseguró que quienes cometieron el ataque no forman parte de las organizaciones indígenas.

En otros puntos de la ciudad también hubo varios cortes de calles que obligaron a la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito a suspender los servicios "hasta que las condiciones en las vías sean favorables".

Los motivos de este paro, por tiempo indefinido, son los precios elevados de los productos de primera necesidad, la precariedad de los hospitales públicos, los altos precios de los combustibles, la ausencia de créditos para promover la producción, la atención hacia el sector agricultor y la privatización de empresas públicas, entre otros.

"A nosotros los pequeños agricultores nos han subido bastantísimo las cosas (insumos y abonos) y nuestros productos no suben nada", dijo Tito Zamora, un indígena de la aldea de Sigchos en Cotopaxi. Zamora explicó que mientras un litro de leche se vende hasta en un dólar en Ecuador, ellos reciben por esa misma cantidad 0,35 centavos.

La reacción del gobierno

El ministro de Defensa de Ecuador, Luis Lara, dijo este martes que la democracia está en "serio riesgo", horas después de que el presidente Lasso declarara el estado de excepción en seis provincias con miras a sacar de las calles al movimiento indígena. "Se trata de un intento deliberado para utilizar la violencia para atentar en contra de la democracia y amenazar las instituciones. Las Fuerzas Armadas no permitirán que se intente romper el orden constitucional o cualquier acción en contra de la democracia o las leyes", aseguró Lara, escoltado por la plana mayor del Ejército.

El presidente Guillermo Lasso aceptó este martes el diálogo propuesto por la Conaie y aseguró que aguarda una respuesta. El mandatario de derecha indicó que "desde su mejor predisposición" y la de su gabinete, está dispuesto a participar en un proceso de diálogo "franco y respetuoso" entre la Conaie y el resto de las organizaciones de la sociedad civil "que deseen sumarse al proceso" y poder así "buscar soluciones a cada una de las legítimas necesidades de las familias ecuatorianas".

Alerta de Amnistía Internacional

Mientras tanto, Amnistía Internacional (AI) advirtió al presidente Lasso que la represión policial de las protestas "está provocando una crisis de derechos humanos que recuerda a la de octubre de 2019".  El informe de AI sostiene que durante la represión a las protestas de 2019, "organizaciones de derechos humanos en Ecuador y Amnistía Internacional documentaron violaciones de derechos humanos similares, que aún permanecen en la impunidad".

La directora para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas, urgió al presidente Lasso a "cesar la estigmatización y represión de quienes ejercen su derecho a la protesta pacífica" y solicitó que se haga pública la información sobre personas heridas y detenidas, así como los cargos en su contra. "El presidente debe cesar la represión y atender las causas estructurales de las protestas, incluido el abordaje de la crisis económica y el impacto de sus políticas en los derechos de los grupos más afectados por la pandemia", indicó Guevara Rosas.

Desde el 14 de junio, la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador ha registrado la detención de 79 personas, 55 personas heridas y 39 episodios de violaciones de derechos humanos como uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias de manifestantes, agresiones a periodistas e intimidación a organizaciones de la sociedad civil. El mismo colectivo de derechos humanos ecuatoriano había denunciado el lunes la primera muerte en medio de la protesta, que se produjo cuando un contingente policial trató de detener a un grupo de manifestantes que buscaba ingresar a Quito procedente de la norteña provincia de Imbabura.


 El estallido social recorre Ecuador: un pueblo en pie frente al neoliberalismo autoritario del banquero presidente

Adoración Guamán, profesora de derecho en la Universitat de València

Virgilio Hernández, Parlamentario Andino

Diario Público

21/06/2022

América Latina vive un momento de cambio trascendental. La reciente victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez en Colombia se suma a la llegada de Gabriel Boric al gobierno chileno y puede ser el preludio del triunfo de Lula en Brasil que confirmaría el giro regional de corte progresista y la evidencia del declive de la agenda neoliberal.

Los estallidos sociales que han sacudido la región desde el año 2019 han influido de manera decisiva en el impulso de los cambios antedichos. Los levantamientos populares del momento pre-pandemia enfrentaron la estrategia autoritaria y represiva de gobiernos como el de Duque, Piñera o Moreno, cuya única estrategia posible para imponer los ajustes económicos brutales fue la represivo-autoritaria. En algunos escenarios, como Colombia o Chile aquellas protestas tuvieron la capacidad de reconfigurar alianzas político-sociales y estructuras político-partidistas, articulándose sujetos capaces de disputar el poder y ganar procesos electorales no sólo frente a la derecha clásica sino frente a las expresiones de las nuevas extremas derechas.

Pero no todo han sido victorias en la región y mientras celebramos el triunfo del vivir sabroso en Colombia, una nueva oleada de violencia institucional y de autoritarismo azota a un país que se ha convertido en la representación regional de la captura corporativa. La República del Ecuador, primero en manos de Lenin Moreno (entregado a la voluntad de Estados Unidos y de los intereses de del capital trasnacional) y ahora gobernado por un cártel bancario personalizado en Guillermo Lasso, se encuentra sumido en una deriva de represión, desinstitucionalización y vulneración de derechos humanos que se recrudece día a día.

El gobierno de Lasso, el principal banquero del país que ganó las elecciones en abril del 2021, ha agudizado la crisis estructural ya iniciada por el ajuste neoliberal implementado por el gobierno anterior y profundizado durante la pandemia. El banquero presidente ha dado continuismo a las políticas fondomonetaristas, algo esperable, pero también ha ido mucho más allá, agravando los problemas de precarización, pobreza, inseguridad, desinstitucionalización y primacía del lucro personal, con un traspaso sin precedentes de los bienes públicos a manos privadas (evidenciada entre otras actuaciones en los reiterados intentos de vender el Banco del Pacífico). De hecho, el Presidente se jacta de haber ampliar las reservas internacionales, garantizar el pago de la deuda, mejorar el movimiento de capitales y asegurar derechos a los inversores extranjeros. Mientras arruina los servicios públicos del país, en particular la sanidad y la educación al tiempo que instaura una lógica oligárquica-autoritaria-racista, completamente desapegada de la realidad social del Ecuador que él y su entorno parecen desconocer.

En el momento presente, la situación se ha vuelto insostenible para las mayorías sociales que asisten a un aumento acelerado de los precios de los productos de la canasta básica, del transporte y de los productos para la producción. Los paralelismos con el Paro Nacional de octubre de 2019 frente al gobierno de Moreno son cuantiosos y merece la pena recordar lo sucedido en aquel momento, cuando el primer ajuste duro en cumplimiento del acuerdo entre el Ecuador y el Fondo Monetario Internacional trajo consigo la adopción de una serie de medidas económico-sociales con un fuerte impacto sobre a la amplia mayoría población ecuatoriana. El detonante definitivo de aquella protesta social fue la eliminación del subsidio a los combustibles, vigente desde hace 40 años. Aquellos doce días que paralizaron el país y en los que se contabilizaron centenares de heridos, más de una decena de fallecidos, miles de detenidos y una intensa persecución política, se cerraron en falso, con una dura mesa de diálogo entre el gobierno y distintos líderes de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador donde se llegaron a acuerdos posteriormente incumplidos por Moreno.

El nuevo ciclo de movilizaciones que sacuden Ecuador se asienta de nuevo en el rechazo al modelo neoliberal, ahora aplicado, agravado y perfeccionado por el gobierno de Lasso. En esta ocasión la CONAIE ha planteado un decálogo claro de reivindicaciones cuyo primer punto es la congelación de los precios de los combustibles y la focalización de subsidios para sectores vulnerables. Además, entre las exigencias del movimiento indígena se encuentra la moratoria de deudas de la banca pública, privada y cooperativa y la condonación para pequeños y medianos productores; los precios justos en los productos del campo, el subsidio agrícola y el rechazo a la firma de Tratados de Libre Comercio (cabe recordar que la Constitución del Ecuador todavía prohíbe la firma de tratados con sistema de arbitraje inversor-Estado, algo que el gobierno parece desconocer); la generación de empleo, la regulación de derechos laborales y el respeto a la libertad de sindicación y organización de la clase trabajadora; la moratoria a la expansión de la frontera extractiva petrolera y minera y la auditoría y reparación integral por los impactos socio-ambientales; el respeto a los 21 derechos colectivos; la prohibición de la privatización de sectores estratégicos; las políticas de control de precios y de especulación en el mercado de productos de primera necesidad; la garantía del acceso a la educación superior y el refuerzo de las políticas públicas de educación y salud. Finalmente, en el listado se incluye como pieza clave la cuestión de la seguridad, tema que ha protagonizado el último año en un país asolado por el aumento de la violencia de manera general, con índices de criminalidad similares a las que se registraban hace 20 años y que se expresa con particular virulencia en las cárceles, donde han sido asesinadas en estos últimos 12 meses más de 350 personas y que afecta particularmente a jóvenes racializados.

Ante la falta de voluntad de acuerdo del gobierno y la situación insostenible de las mayorías sociales, el 13 de junio comenzó la protesta, convocada por diversas organizaciones (CONAIE, FENOCIN; FEINE; entre otras) que llamaron a un Paro Nacional para reivindicar el decálogo mencionado. El paro inició con el cierre de vías en 12 de las 24 provincias del país y la respuesta del gobierno fue tan desmedida como ilegal y torpe, con la detención del Presidente de la Conaie, Leonidas Iza, acusado de paralización de servicios públicos en un proceso plagado de irregularidades, sin orden judicial, sin el proceso debido, sin defensa técnica inmediata y sin información en Kichwa. Además, para su traslado se organizó un impresionante operativo policial y militar, deteniéndolo en una base aérea. Finalmente, tras su puesta a disposición judicial, se le dejó en libertad con la obligación presentarse en fiscalía dos veces por semana, prohibición de salir del país y audiencia fijada para el 4 de julio, para ser juzgado a través de un proceso directo, que junta todas las etapas del proceso penal en una sola audiencia en la que podría ser sentenciado y encarcelado. La indefensión y la violación del debido proceso son evidentes y han sido resaltadas por diversos juristas del país.

La detención de Leónidas Iza aceleró el estallido. El hastío, descontento, cansancio y sufrimiento popular se combinaron con la indignación y el sentimiento de agravio por la utilización ilegal del aparato judicial contra el líder indígena, como ocurrió en el 2019 contra determinados líderes de la Revolución Ciudadana. Tras su liberación, Leonidas Iza afirmó que la CONAIE se mantendría movilizada hasta que el Gobierno diera respuestas concretas a sus 10 puntos de demandas.

Una vez más, el libreto típico de la represión se ha puesto en funcionamiento, como un guion bien engrasado. El primer paso fue la deslegitimación de la movilización en los medios de comunicación, aliados de manera mayoritaria con el gobierno, que difundieron las fake news provenientes del jefe de los servicios de Inteligencia y del Ministro del Interior que afirman una supuesta financiación de las protestas por grupos políticos ligados al crimen transnacional con voluntad de desestabilizar al gobierno. Además, y de nuevo, el mantra de que "la culpa es de Correa" volvía a airearse aun cuando el líder de la Revolución Ciudadana, acosado por la estrategia de Lawfare desde hace años, lleva ya un lustro fuera de país y tiene asilo político en Bélgica. Tal y como ocurrió en el paro del 2019, el gobierno no ha dudado en utilizar las noticias falsas para involucrar en una supuesta confabulación golpista a las pocas instituciones gobernadas por la oposición, como la prefectura de la provincia de Pichincha a cuyo frente está la lideresa Paola Pabón. No podemos olvidar que la Prefecta fue igualmente víctima de una persecución política que la llevó a pasar meses en prisión preventiva acusada infundadamente de rebelión por el gobierno de Lenín Moreno y que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas a su favor. Con Lasso, y a pesar de prometer un "gobierno del encuentro", continúa y se agrava la estrategia represiva y el Lawfare, que combina, como antaño, la utilización ilegítima del aparato judicial, la fiscalía, la policía y los medios de comunicación.

En paralelo y para facilitar las estrategias de represión de la protesta, se ha recurrido a una herramienta clásica: la declaración del Estado de Excepción. En esta ocasión, se adoptó un primer decreto, el 455, cuyo texto prohíbe no sólo la libertad de movimiento a determinadas horas del día sino que limita el derecho de reunión y asociación y, de forma inaudita, restringe los servicios de telecomunicaciones fija, móvil e internet, autoriza el uso de la fuerza letal para reprimir las movilizaciones y permite detenciones y allanamientos, sin orden de juez. Además, el texto decretó al Distrito Metropolitano de Quito como "Zona de Seguridad" a cargo de las Fuerzas Armadas, encargadas de "mantener el orden" de manera "complementaria" a la Policía Nacional. Para bochorno nacional y ante la indignación por lo extralimitado del texto, el gobierno difundió la noticia de que este Decreto (firmado por el presidente) era un "borrador". A continuación, se promulgó otra versión del texto, donde solo se eliminó la restricción de las telecomunicaciones y la autorización para el uso de armas letales.

La reacción de las fuerzas de oposición representadas en la Asamblea Nacional, fundamentalmente la Revolución Ciudadana (la bancada de UNES) y una parte de Pachakutik (escindido entre aquellos que apoyan a la CONAIE de Leónidas Iza y los que decidieron apoyar al gobierno) se han unido para debatir la pertinencia y proporcionalidad de este Decreto del Estado de Excepción. Ante la inminente alianza para derogar el texto, el lunes 20 de junio el Gobierno decidió eliminarlo de manera unilateral, para impedir su debate por parte del órgano legislativo, obturando una vez más los cauces de debate necesarios en situaciones de en normalidad democrática. Al mismo tiempo, Lasso expidió un nuevo decreto, el 459, en el que amplía el estado de excepción a las provincias de la Sierra Central y a la de Pastaza, en la Amazonía. La Asamblea tendrá la oportunidad de derogarlo, pero debe esperar ser notificada oficialmente. Es especialmente destacable la rotundidad de la bancada de UNES que emitió un comunicado con exigencias claras en materia social, económica y de derechos fundamentales. Además, la bancada de la Revolución Ciudadana cierra el comunicado señalando la posibilidad de una "muerte cruzada", que según el modelo institucional ecuatoriano permite la destitución del Presidente y abre la puerta a la convocatoria de elecciones.

Ajena a esta maraña de normas y actuaciones políticas, la Policía no tardó en hacer un uso abusivo de la fuerza amparándose en el extralimitado paraguas del Estado de Excepción para allanar el pasado domingo la Casa de la Cultura de Quito. Las razones de la ocupación policial de la Casa de la Cultura son evidentes. Allí se refugiaron los manifestantes en el paro de 2019 y en momentos anteriores, siendo el lugar emblemático de concentración de las movilizaciones de los pueblos y nacionalidades indígenas. Con esta actuación el Gobierno trata de impedir que se repitan los episodios de solidaridad y apoyo popular de la población de Quito al movimiento indígena y a las personas que protestan. Muchas voces relevantes dentro del progresismo ecuatoriano han señalado que esta ocupación es un parteaguas, una muestra de autoritarismo que no se veía en el país desde los años 60 del siglo pasado. Mientras esto ocurre, y mientras escribimos estas páginas, las protestas se siguen sucediendo, con episodios de represión cada vez más violentos. Se reportan heridos, incluso fallecidos, las universidades abren sus puertas como espacio humanitario para las comunidades que llegan desde otras provincias, se suceden los comunicados de alerta y protesta. Incluso la Directora para las Américas de Amnistía Internacional ha señalado en un comunicado que la organización pide "al presidente Lasso cesar la estigmatización y represión de quienes ejercen su derecho a la protesta pacífica, publicar información desglosada sobre el número de personas heridas y detenidas, así como los cargos en su contra, y atender las causas estructurales que han llevado a varios sectores de la población a manifestarse".

La situación se agrava y una vez más vemos a Ecuador, como vimos a Chile o a Colombia, sacudido por un estallido social que evidencia la incompatibilidad entre el momento actual del neoliberalismo y la democracia. El momento autoritario, como señala el profesor Ramírez, se vuelve inevitable para conseguir imponer a las mayorías sociales un ajuste incompatible con la vida. Ante las protestas, la activación del aparato brutalmente represor, combinado con la destrucción de la imagen de toda disidencia que pasa a ser "enemigo del Estado" y la utilización del poder judicial y policial ya son herramientas del libreto que lleva años reproduciéndose en América Latina.

Las enseñanzas de otros países marcan un camino por el que se debe transitar para que el estallido sea la chispa que permita la acumulación de fuerzas con capacidad para generar alianzas, complicidades y diálogos capaces de traducirse en una victoria electoral de lo popular con capacidad transformadora. Son muchas las disonancias en el pasado entre las y los que ahora luchan contra un banquero que preside un gobierno dispuesto a acabar de saquear por completo al país, pero son más las causas comunes, los anhelos, las sintonías y las esperanzas que unen a las que hoy recorren las calles del Ecuador exigiendo un vivir bien, un vivir sabroso, una vida digna y una esperanza para el país.

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Pobladores de la ciudad de Tambillo regalan botellas de agua a indígenas que marchan en caravana hacia Quito, en repudio a medidas económicas del gobierno. Foto Ap

Este lunes se cumplió el octavo día de movilizaciones, con el arribo a la ciudad de Quito de miles de manifestantes, sobre todo del movimiento indígena. Las medidas de lucha se mantienen a pesar del nuevo decreto de estado de excepción y el avance represivo del gobierno de Lasso.

Margarita Valencia Lic. en Psicología

Lunes 20 de junio

A pesar del impacto de las medidas de control y represión, hasta hoy y de conjunto, ni el estado de excepción dictaminado para las provincias de Pichincha, Cotopaxi e Imbabura, que este lunes por la tarde Guillermo Lasso amplió por decreto 459, a tres provincias más: Chimborazo, Tungurahua y Pastaza, ni el allanamiento y ocupación policial de la Casa de la Cultura del Ecuador, ni la detención de casi 50 manifestantes, ni tampoco los falsos llamados al diálogo por parte del Gobierno nacional, han logrado frenar la movilización de 14 de las 24 provincias del país.

Durante el día miles de Indígenas y campesinos, sobre todo desde la Sierra Centro y Norte, emprendieron la marcha hacia Quito y llegaron hasta las entradas de la ciudad. Luego se fueron sumando colectivos de estudiantes y pequeños comerciantes. Los diarios ecuatorianos hablan de la ciudad de Quito convertida ahora en el epicentro de la protesta.

Hace más de una semana, se vienen desarrollando distintas medidas de lucha contra el aumento del combustible, la reducción del presupuesto de salud y educación, la estafa del sistema bancario contra quienes por necesidad tuvieron que endeudarse por los niveles de pobreza, a pesar de la relativa recuperación económica y todas las medidas de ajuste propias del sometimiento que dicta el FMI al país llevadas adelante por el gobierno neoliberal y representante de la banca.

El decreto 455 (ahora derogado y cambiado por el 459) de estado de excepción, llegó de forma escandalosa a hablar de controlar el internet y el flujo de información -cuestión sobre la que el gobierno tuvo que retroceder- . El nuevo decreto ordena -al igual que el anterior- el uso progresivo de la fuerza, que incluye la fuerza letal.

Este lunes, a cuatro días de haberse decretado la prohibición de concentraciones y de habilitar la coordinación del ejército en las calles junto a la Policía Nacional, con una importante avanzada represiva que ya dejó cerca de 50 heridos, la oposición institucional de la Asamblea Nacional, por pedido de 72 de los 137 legisladores, se disponía a discutir el levantamiento del primer decreto, cuestión que quedó sin sentido, una vez conocido el 459.

La intención de la oposición era bajar el estado de excepción para habilitar una mesa de diálogo entre la CONAIE y otras organizaciones con el Gobierno. El mismo rol que jugó en el 2019 con la intención de desmovilizar.

El acuerdo derechista para mantener el estado de excepción

El Partido Social Cristiano (PSC) y la Izquierda Democrática, que vienen jugando de opositores al gobierno, cerraron filas y anunciaron que no apoyarían la derogación del decreto, haciéndose eco de la línea oficialista represiva de mano dura. La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri (PSC) habló directamente de cercar la ciudad con ayuda de inteligencia del ejército, mientras que el alcalde de Quito estaba tramitando una medida cautelar para impedir que la Asamblea votara la derogación.

Por su parte, la UNES (coalición del ex presidente Rafael Correa) y Pachakutik apoyan levantar la excepción y la convocatoria a una mesa de diálogo, sin embargo, cabe recordar que fue la UNES, y con críticas, uno de los sectores del propio Pachakutik, quienes apoyaron en su momento, la ley de Uso Progresivo de la Fuerza que presentó el oficialismo para fortalecer el aparato represivo, bajo pretexto de la violencia en las cárceles.

Un llamado a dialogar, con represión en las calles

En medio de la crisis por el enorme descontento social contra las medidas de ajuste, los llamados al diálogo por parte del gobierno, solo ratifican el cinismo de quien ofrece medidas parciales que no responden a la cuestión profunda, mientras reprime en las calles, saluda con honores a los militares en el día del padre, (con todo el simbolismo que implica que el propio presidente se vista de camuflaje) y anunciar casi al mismo tiempo un nuevo decreto (el 457) de precarización laboral, donde se eliminan los viáticos para los trabajadores y se limitan las contrataciones (abriendo las puertas a nuevos despidos), entre otras medidas de recorte al sector público.

En este marco, un sector de los partidos de la Asamblea Nacional tuvo que responder (con bastante tiempo de demora), a una cuestión básica de libertades democráticas, presionados por la denuncia constante de los manifestantes sobre la escalada represiva y de avanzada contra el derecho a la protesta, pero al mismo tiempo, buscan de fondo descomprimir las manifestaciones con un “llamado a mesas de diálogo”, donde se ofrece a la Asamblea como “mediadora” de la crisis, pero un “llamado al diálogo” en medio de las condiciones de represión, con los nuevos ataques del Gobierno Nacional y que busque sacar a los manifestantes de las calles, solo constituye una farsa y la consolidación del ajuste que Lasso busca aplicar.

Las demandas de las y los trabajadores y los sectores populares tienen que triunfar

Por el momento la CONAIE declaró que si hay diálogo, no va a ser retirándose de las calles, usando las movilizaciones como presión in extremis, pero es fundamental la alerta al conjunto de los manifestantes, trabajadores, estudiantes, organizaciones sociales y sindicales (que como dijimos llegaron por miles a Quito, donde está la sede del gobierno), frente a los intentos de contener y disolver las manifestaciones.

El miércoles 21 está convocada una movilización nacional de organizaciones sociales y de trabajadores, que se sumarán a las manifestaciones que en varias provincias está protagonizando el movimiento indígena. La ampliación del estado de excepción también busca anticiparse a eso.

En las calles se viene mostrando que hay fuerzas para poder enfrentar el programa político del gobierno de Lasso, del empresariado ecuatoriano y el FMI y que triunfen las demandas de los trabajadores y los sectores populares, que no están dispuestos a que esta crisis se descargue nuevamente sobre sus espaldas.


"Buscan derrocarme; no voy a escapar": Presidente Lasso

Miles de indígenas se acercan a Quito con pliego de 10 demandas

Desafían el estado de excepción y piden bajar precios de combustibles, limitar la expansión minera y mejorar servicios de salud y educación

Quito. Miles de indígenas de Ecuador se concentraron ayer en las afueras de Quito con miras a llegar a la capital, como parte de sus protestas contra el gobierno desde la semana pasada, al tiempo que el presidente Guillermo Lasso dijo que las movilizaciones lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) buscan derrocarlo y que él no va a escapar.

Los indígenas llegaron en camiones y a pie en medio de un estado de excepción decretado por Lasso en tres provincias andinas –incluida Quito– en un intento por frenar las protestas, que se han tornado violentas con retención de uniformados, ataques a fincas de flores y toma de pozos petroleros.

La Conaie confirmó el ingreso de manifestantes a barrios del sur de Quito y dijo que llegaría un mayor número de indígenas a la ciudad.

Uno de los manifestantes que formaba parte de una columna que empezó la marcha desde Cayambe, en el norte de la provincia de Pichincha, hacia Quito, falleció ayer al caer desde una gran altura, informó El Universo.

El incidente ocurrió cuando las fuerzas de seguridad emplearon gas lacrimógeno contra los manifestantes y en medio de la confusión todos corrieron a refugiarse. Entre cinco y siete personas cayeron por una quebrada. Algunos lograron salir por sus propios medios, pero un joven falleció debido a la caída, que según el informe de las autoridades fue desde 100 metros.

Las protestas empezaron el lunes de la semana pasada con un pliego petitorio de 10 puntos que incluye una reducción del precio de los combustibles, mayor plazo para cubrir las deudas financieras de los pequeños agricultores, limitar la expansión petrolera y minera y mejorar el sistema de salud pública.

En Ecuador el galón de diésel subió 90 por ciento (se vende a 1.90 dólares) y el de gasolina corriente en 46 por ciento (a 2.55 dólares) en casi un año. Desde octubre pasado los precios están congelados por la presión social. La Conaie exige rebajarlos a 1.50 y 2.10 dólares, respectivamente.

Para aceptar conversar, los indígenas piden que Lasso atienda el pliego, que incluye también la prohibición de concesiones mineras en sus territorios.

Lasso ha llamado al diálogo a los grupos sociales y anunció medidas de compensación para los sectores vulnerables, como un subsidio al precio de fertilizantes, mayor presupuesto para salud y educación indígenas y condonación de deudas vencidas por 3 mil dólares.

Aunque las medidas ofrecen algo de ayuda, los manifestantes dicen que no solucionan los problemas que enfrentan miles de familias cada día.

"Hemos venido a resistir sobre una política neoliberal que afecta más y más a los pobres", aseveró el presidente de Conaie, Leonidas Iza, en redes sociales.

Lasso tuiteó ayer: "hemos tendido la mano, llamado al diálogo, pero ellos no quieren la paz..., buscan el caos, quieren botar al presidente".

"Yo no voy a escapar, pero estoy aquí para proteger a cada una de sus familias, sobre todo a los más pobres", agregó Lasso en un video en el que mostró disturbios y aseveró que que "no han subido y no subirán los precios de los combustibles, pues están congelados desde octubre de 2021".

En el mismo tuit, el jefe de Estado advirtió: "no permitiré que se imponga el caos" durante las manifestaciones, que dejan ya 63 agentes heridos, según la policía. La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos reportó 79 detenidos y 55 civiles heridos.

El cierre intermitente de vías se ha extendido a más de la mitad de las 24 provincias, según reportes del estatal Servicio de Seguridad.

Lasso declaró el estado de excepción desde el sábado para las provincias de Pichincha (cuya capital es Quito), Cotopaxi e Imbabura,y la extendió ayer a Chimborazo, Tungurahua y Pastaza.

Las Universidades Católica de Ecuador y Salesiana, junto con la Federación de Cámaras de Comercio se ofrecieron para mediar entre las autoridades del gobierno y la Conaie.

Con información de Afp, Reuters y Sputnik

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Domingo, 19 Junio 2022 05:58

Ecuador: señal de aviso

Caravana indígena en Quito de protesta contra el gobierno de Lasso. . Imagen: AFP

Desde el lunes 13, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) mantiene un paro nacional que, asegura, continuará hasta que el gobierno de Guillermo Lasso atienda un pliego petitorio de 10 puntos, entre los que se cuentan la regulación del precio de productos agrícolas, la renegociación de las deudas de cuatro millones de familias con la banca y, de manera central, una reducción en los precios de los combustibles. Entre mayo de 2020 y octubre de 2021, el diésel subió 90 por ciento (a 1.90 dólares el galón) y la gasolina 46 por ciento (a 2.55), por lo que la Conaie y otros sectores sociales exigen que se rebajen a 1.50 y 2.10 dólares, respectivamente. El costo de los carburantes es un tema sensible para la sociedad ecuatoriana: en 2019, el ex presidente Lenín Moreno enfrentó una insurrección popular cuando decretó un plan de ajustes presupuestales que incluía un retiro de subsidios a los combustibles, lo cual implicaría un alza dramática de hasta 53 por ciento en el caso del diésel.

Como entonces hizo Moreno, Lasso recurrió a imponer el estado de excepción a fin de acabar con las manifestaciones, y sobre todo con el que ha sido el principal mecanismo de protesta: los cierres viales que ya se extienden a 17 de las 24 provincias del país. Sin embargo, ayer la Conaie continuó con los bloqueos en las tres demarcaciones donde se instauró el toque de queda, Pichincha (donde se ubica la capital, Quito), Cotopaxi e Imbabura. El presidente del organismo indígena, Leonidas Iza, respondió a la declaratoria del estado de excepción y al anuncio de algunas medidas paliativas por parte del mandatario diciendo que se ratifica "la lucha a nivel nacional, de manera indefinida".

Hace menos de un mes, el Fondo Monetario Internacional informó que las protestas sociales han aumentado en todo el mundo a los niveles más altos desde el inicio de la pandemia. También alertó sobre el riesgo de que aumenten los disturbios a medida que crece el impacto por el encarecimiento de alimentos y energéticos. Asimismo, reconoció que "hay manifestaciones antigubernamentales grandes y de larga duración en economías avanzadas, donde los disturbios son relativamente raros".

Muestra de esto último es la marcha que tuvo lugar ayer en Londres, donde miles de trabajadores denunciaron el incremento en el costo de la vida y la inacción del primer ministro Boris Johnson, cuyo gobierno, a sentir de los quejosos, se ha concentrado en beneficiar a los ricos. De acuerdo con los sindicatos convocantes, los empleados británicos han perdido un tercio de su poder adquisitivo desde 2008, tanto por la inflación como porque los salarios no se han actualizado, lo cual significaría el mayor retroceso de los salarios reales en casi dos siglos. En un eco del descontento que se expresa al otro lado del mundo, una manifestante reclama que la mayor afectación a sus bolsillos proviene del alza en los precios del combustible.

Las élites política y empresarial de las economías avanzadas como de las que se encuentran en desarrollo deben escuchar el clamor social que hoy llega desde Ecuador y el Reino Unido, y que pronto podría generalizarse si no se toman medidas para evitar que la crisis inflacionaria se cebe sobre los sectores más desfavorecidos. Como ya se reclamó en Londres, proteger a las mayorías pasa necesariamente por propiciar una distribución más justa de los ingresos, es decir, por un cambio en el modelo neoliberal que se sigue aplicando en la mayor parte del mundo, pese a las contundentes evidencias de que no sólo no resuelve, sino que ahonda los grandes problemas de la desigualdad, la pobreza, la amenaza al medio ambiente y el desencanto con las instituciones democráticas.

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