Ecuador: movilizaciones contra el gobierno neoliberal de Guillermo Lasso

Este lunes 13 de junio la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador –CONAIE y diferentes organizaciones dieron inicio a una movilización nacional, e indefinida. Con esta protesta se busca exigir medidas a la crisis que se está viviendo en el país y contra las políticas implementadas por el actual gobierno, de la mano del FMI. La protesta instaló concentraciones, piquetes y cortes de ruta en varias regiones del país.

 

Al inicio de la jornada, según diversos diarios, al menos 6 provincias permanecían bloqueadas. La movilización viene con una demanda en contra de las medidas neoliberales que el presidente Guillermo Lasso ha implementado dentro del tiempo que lleva de gobierno, siguiendo una línea similar a la del gobierno pasado de Lenin Moreno, donde una postura y anti popular se vio tanto en las medidas y políticas implementadas y los actos de represión en las manifestaciones realizadas.

Se ha presentado un listado de razones por las cuales se hace el llamado para pararle la mano al gobierno que con sus medidas siguen atentando contra la clase trabajadora y campesinos Medidas que incluyen las políticas extractivistas que lleva adelante el agropower, destrozando el ecosistema.

Por esto entre los puntos más destacados de la movilización se encuentran: 1. Reducción y no más subida del precio de los combustibles, 2. Moratoria de 1 año en el sistema financiero para que las familias paguen sus deudas, 3. Precios justos en los productos del campo, 4. Empleo y derechos laborales, 5. No a la minería en territorios indígenas ni fuentes de agua, 6. Respeto a los 21 derechos colectivos, 7. No a la privatización de los sectores estratégicos, 8. Políticas de control y contra la especulación de precios, 9. Presupuesto urgente para salud y educación, entre otras.

FMI, injerencia, neoliberalismo y sometimiento al capital

El gobierno de Guillermo Lasso ha demostrado estar a favor y buscar la aceptación del Fondo Monetario Internacional, representando esto para el país una entrega y ejecutando planes económicos en pro de los empresarios que afectan directamente al pueblo trabajador e indígena

Recordemos que el préstamo que empezó el gobierno anterior de Lenin Moreno, donde se buscó la venia e implementaron las directrices del FMI tuvo como respuesta las grandes movilizaciones de octubre del 2019. Esta vez, frente a los nuevos ataques de la mano del FMI que aplica Lasso, se vuelve a las calles.

Ni bien fue anunciada la medida, Lasso amenazó con el uso de la fuerza represiva, “advirtiendo” que el gobierno no permitirá el cierre de carreteras, ni la toma de pozos petroleros y de ningún servicio público. “Acciones que están prohibidas por la Constitución y las leyes”, dijo Lasso en tono prepotente y amenazante.

Leonidas Iza, dirigente de la CONAIE, ha recordado que se han dado tres acercamientos con el Gobierno, pero que “no se han puesto en marcha las propuestas”. Ahora estando al frente de la organización y llamado de las movilizaciones ha expresado su posición, declarando: “No podemos, en este momento, aceptar como una cuestión normal que el presidente de la Republica siga diciendo sí a todo lo que impone el Fondo Monetario Internacional… porque el presidente o está con el pueblo o si es que va con el Fondo Monetario Internacional este pueblo levantado de pie no va a permitir esta imposición”.

Pero lo cierto es que él y los demás sectores dirigentes de la CONAIE dieron un compás de espera, mientras Lasso no daba un paso atrás en sus medidas.

Una de las imposiciones del FMI es la liberación del precio de la gasolina, para alcanzar valores internacionales del mercado. Contra el aumento de la gasolina es uno de los reclamos y exigencias que tiene la movilización, ya que ha alcanzado precios nunca antes vistos en el país, pasando de $2,75 en el 2021 a $4,86 en junio de este año 2022. Esto ha afectado directamente a las familias trabajadoras y del pueblo pobre que, para aquellos que tienen algún medio de movilidad han buscado diferentes formas de poder sobrellevar el costo, pero que también conlleva un aumento escalonado de los precios de primera necesidad.

Con argumento de la crisis carcelaria y la delincuencia votan leyes para el uso extensivo de la fuerza represiva contra la protesta

Además de la crisis económica, el país que se encuentra en una crisis social, donde, por ejemplo, en menos de 16 meses, seis masacres carcelarias han dejado al menos 372 personas presas asesinadas en el país, aunque las organizaciones sociales sitúan en 500 aquel balance de muertes violentas. Cárceles que son verdaderos asideros humanos donde no se respetan los más elementales derechos humanos. El Estado es responsable de todas estas masacres.

Pero además de aplicar severos planes económicos que aumentan la miseria, ahora con el argumento de la inseguridad votan más leyes represivas. Así se presentó, nuevamente, la ley de “uso progresivo de la fuerza” en la Asamblea nacional (parlamento) y es aprobada con un número de 104 votos a favor, entre oficialismo y oposición. Los asambleístas justificaron la votación a favor por la delincuencia, sin embargo, y en el fondo, con el argumento de combatir la inseguridad en esta ley incluyen artículos para que los órganos represivos del Estado, como la policía y las FFAA, violenten elementales libertades democráticas y facilitan una mayor represión contra la población que vulnera el elemental derecho a la protesta social.

Es que tanto el gobierno como los partidos de oposición patronal, buscan ocultar el verdadero origen de la inseguridad: la enorme desigualdad social y la miseria generada por este sistema capitalista de explotación. Aplican medidas económicas y paquetazos contra el pueblo que lo hunden cada vez más en la pobreza, todo para mantener las grandes ganancias de los capitalistas. Por eso es que es este sistema putrefacto, de grosera concentración de las riquezas en un polo ultra minoritario de la población y grandes necesidades en el otro extremo, el causante del robo y el “delito” en los sectores más pobres, que son empujados cada vez más a la miseria.

La criminalización de la protesta social y la pobreza con estas medidas que votan en la Asamblea Nacional, además de desviar la atención de las grandes organizaciones criminales (imbricadas con los políticos burgueses, las policías, etc.) cumple un papel importante en el control y disciplinamiento de los los sectores más pobres de la clase obrera para imponer las condiciones de precarización laboral.

La pretensión de combatir el crimen fortaleciendo las fuerzas represivas, no hace más que alimentar el asesinato vil llevado a cabo por los órganos policiales y las propias mafias policiales que son las principales fuentes de delito.

Nuevamente la movilización y apoyo de los trabajadores y el pueblo pobre

En Ecuador la lucha y resistencia ante las políticas neoliberales que han sido implementadas por el último y el actual gobierno se hacen presente nuevamente, cuando en el país se vive una crisis económica que está afectando a la clase trabajadora sin posibilidad de completar una canasta básica. A esto se suma la crisis social que impera en todos lados.

Como dijimos, ya en 2019 estallaron grandes movilizaciones. Trabajadores de las ciudades, campesinos e indígenas confluyeron en las calles contra las medidas ordenadas por el FMI que ya en ese momento ocasionaron aumentos de la energía y alimentos. El 9 de octubre de ese año, una huelga general atravesaba el país y ponía en vilo a Lenin Moreno, que acudió a una salvaje represión para frenar la ola de protestas. Enormes movilizaciones que empalmaban con las que realizaban las mayorías populares de Colombia o la rebelión popular en Chile.

Luego de lo peor de la pandemia, en 2021 volvieron las protestas a Ecuador, contra las pésimas condiciones de vida de las amplias mayorías y en particular el aumento de combustible, frente a un país que tiene al Fondo Monetario monitoreando las cuentas: un verdadero pacto de coloniaje, como también denuncian en Argentina por el acuerdo para el pago de la deuda externa.

En esas oportunidades fueron los sindicatos de trabajadores, la CONAIE, así como otras organizaciones quienes llamaron a movilizar, pero no tuvieron la política de darle a esta acción una verdadera continuidad, organizando asambleas donde sean los trabajadores y trabajadoras, campesinas y campesinos quienes decidan un plan de lucha para derrotar las medidas neoliberales, haciendo uso de sus propios métodos, como la huelga general.

Lo que resalta es la voluntad de lucha del pueblo pobre y trabajador ecuatoriano. La organización y movilización independiente, es el camino para derrotar esos planes ordenados por el FMI.

Para los trabajadores, los pueblos originarios, sectores populares y la juventud se trata de que ante tanta historia de saqueo y entrega, es necesario cambiar el rumbo: junto a las peleas urgentes del presente ante los golpes de la crisis, es cada vez más necesario poner en discusión que las riquezas naturales, las capacidades humanas y los grandes avances tecnológicos nunca podrán estar puestos en beneficio de las mayorías bajo este sistema social.

Por Manuel Suárez V.Corresponsal en Ecuador

Lunes 13 de junio

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Víctor Álvarez. Credito: Web

14-05-22.-Según el economista Víctor Álvarez, el presidente de la República, Nicolás Maduro, estaría decidido a “quitarse de encima” las empresas públicas que no facturen.


A través de su podcast “Pedagogía económica”, Álvarez explicó que la decisión del gobierno de ofertar en la bolsa acciones de empresas del Estado se debe a la necesidad de encontrar financiamiento; además de tecnología y acceso a nuevos mercados.

Asimismo, recordó que las transferencias con dinero sin respaldo generaron una “voraz” hiperinflación produciendo un “creciente malestar social con costo político”.

Álvarez dijo que la entrada de empresas estatales a la bolsa “significa el fin de la economía rentista”. Ésta, según él, hasta hace unos años, utilizó el “caudaloso” ingreso petrolero para financiar una creciente presencia del Estado en la economía.

Destacó que ya no es posible transferir la “menguada” renta petrolera a las empresas a través de inversión directa o con préstamos a bajas tasas de interés y con garantías flexibles.

No obstante, advirtió que para atraer “inversionistas serios”, deben sanear a estas empresas. También sugirió convocar a asambleas de accionistas, activar mecanismos de memoria y cuenta de gestión y presentar estados de cuenta auditados.

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Sábado, 09 Abril 2022 06:02

El asalto de los millonarios

Fuentes: Rebelión - Foto: Bezos, Buffet y Musk, tres de los hombres más ricos de EE.UU. y del mundo.

¿Qué inventó Jeff Bezos? ¿Qué inventó Bill Gates? ¿Qué inventó Steve Jobs? ¿Qué inventó Mark Zuckerberg? Históricamente hablando, nada, aparte de algunos maquillajes a siglos de progreso acumulado.

Los discursos sobre el capital que aportan los millonarios en impuestos y lo mucho que reciben los pobres y la clase media de esta forzada generosidad, son todo un género literario. Es más, este género es cultivado sobre todo por los de abajo, tal como reza el principio del genio de la propaganda Edward Bernays: nunca se debe decir que lo que uno quiere vender es bueno sino hacer que los demás lo digan.

Que los pobres y los trabajadores (disculpen la redundancia) defiendan a los ricos como bondadosos donantes, es el resultado directo de semejante estrategia publicitaria y, como el mismo Bernays sabía, no se trata sólo de una inoculación masiva sino de una explotación de las debilidades del consumidor, como lo es el deseo de distinguirse de sus iguales y, un día, aunque sea un día muy lejano, alcanzar a ser parte de esa inalcanzable elite. 

 En realidad, los millonarios no le dan nada a la sociedad. Solo le devuelven con los impuestos una mínima parte de lo que han tomado de ella gracias a su posición de poder en los negocios (que es prácticamente la única forma de entrar al club del uno por ciento).

A esta devolución convenientemente se la califica “redistribución de la riqueza” como si se tratase de una donación o de un robo que los de abajo, los holgazanes trabajadores, le hacen a los sacrificados e intelectualmente superdotados de arriba. Pero la misma palabra esconde la verdad. No es una “distribución” de la riqueza producida por un pequeño sector de la sociedad, sino una “redistribución” de la riqueza producida por la totalidad de la sociedad, no sólo la existente sino todas las sociedades que nos precedieron y le dejaron a la Humanidad un legado de conocimientos, descubrimientos, invenciones, luchas sociales y progreso. 

En otras palabras, todo sistema económico es un sistema de redistribución de la riqueza, sea de arriba hacia abajo a través de los impuestos o de abajo hacia arriba a través de la producción y el consumo. 

Pero los mitos sociales son funcionales al poder y, como tales, son una máscara semántica, un espejo ideológico que se encarga de reflejar la realidad, pero al revés. Como en realidad son los millonarios quienes le roban a los trabajadores cada día y de forma masiva (les roban no sólo riqueza sino representación política), la narrativa ideológica insiste en que son perversos quienes quieren quitarle a los millonarios para dárselo a los pobres con “impuestos que castigan el éxito”. Este es otro mito profundamente arraigado en la sociedad, producto del mismo proceso de propaganda de quienes tienen un poder social desproporcionado, es decir, quienes dominan la economía y las finanzas, quienes son dueños de los grandes medios o son sus subsidiarios a través del pago de publicidad, quienes están sobrerepresentados en la política.

La misma lógica lleva a que no pocos trabajadores (sobre todo en Estados Unidos y en sus colonias) repitan otro mito: son los ricos quienes crean trabajo. Son los ricos quienes crean prosperidad.

Otro mito indica que los ricos son exitosos porque saben competir. Muchos de ellos pueden ser creativos, pero su creatividad no está invertida en crear algo nuevo sino en apoderarse de lo creado. Las loas a proyectos privados, como Space X de Elon Musk, es presentada como el paradigma de la innovación privada. Lo paradójico es que todo su proyecto espacial está sentado sobre casi un siglo de éxitos y fracasos de agencias espaciales de gobiernos como la NASA, el Programa espacial de la Unión Soviética y, mucho antes, los descubrimientos y progresos del gobierno nazi de la Alemania de Hitler. Space X no sólo usa todo este conocimiento acumulado y por el cual no invirtió ni una moneda, sino, incluso, las mismas instalaciones de la NASA y su dinero, es decir, dinero de los impuestos. 

Los ricos no compiten; destruyen la competencia. Los ricos no crean riqueza; la acumulan. Los ricos no crean conocimiento; los secuestran: los ricos no crean ideas; las demonizan. 

Los pequeños y medianos empresarios compiten cada día por ofrecer un servicio y, de esa forma, obtener ganancias que les permitan sobrevivir y, en lo posible, prosperar. Pero las megaempresas como Amazon o Walmart basan su éxito no en la competencia sino en la progresiva destrucción de esa competencia, la cual comienza siendo la aniquilación de pequeños negocios a través de prácticas como el “dumping” encubierto (venta a pérdida). Luego continúa con la aniquilación de otros monstruos, como en Estados Unidos ocurrió con todo tipo de cadenas como Sears o Radio Shack. Se puede argumentar que el servicio de Amazon es efectivo, pero cualquiera en cualquier momento de la historia con una acumulación superior de capitales será efectivo porque cada nueva innovación estará a su disposición. 

Ahora son adulados como los que “crearon el mundo en el que vivimos”. ¿Qué inventó Jeff Bezos? ¿Qué inventó Bill Gates? ¿Qué inventó Steve Jobs? ¿Qué inventó Mark Zuckerberg? Históricamente hablando, nada, aparte de algunos maquillajes a siglos de progreso acumulado. Todo fue inventado antes o después por otros que no llegaron a millonarios ni sufrían de esa terrible patología psicosocial. Desde los algoritmos inventados por el matemático persa Al-Juarismi (o Algorithmi) en el siglo IX hasta las computadoras, Internet, los softwares, el correo electrónico, las redes sociales y todo tipo de instrumento que, para bien y para mal hacen posible nuestro mundo, todo o casi todo fue creado por inventores e investigadores asalariados y casi todo fue financiado por algún gobierno. En la mayoría de los casos ni existía el capitalismo como etapa histórica y cuando existió sus genios no fueron capitalistas, con una o dos excepciones dudosas.

No nos dejemos confundir por la propaganda mediática ni por la industria cultural. El objetivo de todo gran negocio, de toda gran empresa no es ni aportar un invento a la Humanidad ni beneficiar a nadie más que a sus dueños a través del secuestro y la acumulación de una riqueza producto de una larga historia de progresos tecnológicos y sociales, producto de un vasto esfuerzo del resto de la sociedad con sus instituciones públicas y privadas. Pensar lo contrario es como insistir que el trabajo del pescador que tira sus redes al mar consiste en reproducir peces. Toda megaempresa es eso: una gigantesca red de pescador. Todo lo demás es verso, y no del mejor.

Los millonarios se justifican solo por su poder económico, por la propaganda que transpira este poder y por el poder político que secuestran para beneficiar sus propios negocios. Esta propaganda es tan efectiva que puede falsificar la realidad hasta que un sacrificado vendedor de choripanes con dos asistentes se identifique con alguno de estos héroes posmodernos (ahora divinizados como entrepreneurs o emprendedores) y descargue su frustración y su furia política contra sus compañeros de clase que sólo se distinguen de él porque son empleados, no patrones. Pero los tres son trabajadores; ni entrepreneur ni Jeff Bezos ni Mauricio Macri.

Un millonario puede ser una buena persona, pero su rol histórico y social es el robo legalizado del resto de las sociedades. Un robo sexy, está de más decir, porque una gran parte del pueblo quiere ser millonaria, como en los cuentos de Hadas. Pero, como en los cuentos de hadas, sólo una pobre cenicienta puede casarse con el príncipe; no dos y mucho menos un millón. En el club del uno por ciento no hay lugar para más, sino para menos. 

Por Jorge Majfud | 09/04/2022

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Miércoles, 16 Febrero 2022 06:10

¿A las puertas de un mundo posneoliberal?

¿A las puertas de un mundo posneoliberal?

 Aunque hay quienes afirman que la pandemia y la crisis climática son indicios del final del neoliberalismo, otros consideran que su caja de herramientas no está vacía. Para el posneoliberalismo hace falta una nueva política y un cambio de estructuras.

La pandemia de covid-19 ha provocado una conmoción global en la economía y la política. La preocupación por la caída del crecimiento, el colapso del sistema de salud y la inestabilidad política generó intervenciones estatales en muchos países del mundo que traen al recuerdo la crisis financiera mundial de 2008. Numerosos analistas interpretaron la crisis como un desafío a la hegemonía neoliberal, es decir, la orientación prioritaria de la economía hacia la liberalización, desregulación y privatización, y la orientación del Estado hacia el principio de competitividad global. Obviamente, el mercado no pudo reaccionar de modo adecuado a los fenómenos de la crisis. Análogamente, se multiplicaban con buenos motivos las voces que presagiaban el final de la hegemonía neoliberal en las relaciones económicas globales.

¿Son la crisis financiera global y la pandemia de covid-19 señales que apuntan a un modelo posneoliberal? ¿O el neoliberalismo sigue siendo el eterno paciente que resiste con valentía en el lecho de muerte? ¿Y qué será del orden neoliberal en el contexto de otro enorme y sin duda más fundamental desafío: la crisis climática? Hoy en día es inusual encontrar a alguien en una posición destacada que se juegue abiertamente para salvar el honor del neoliberalismo. Las voces antagónicas, por el contrario, se hacen oír más. Así, el ex-jefe del Banco Mundial Joseph Stiglitz afirmó que el neoliberalismo debía ser dado por muerto y sepultado.

Sin embargo, las políticas estatales concretas siguen siendo, en la actualidad, de cuño neoliberal. El neoliberalismo es influyente como práctica política y no tiene un plazo de vencimiento claro. Si bien los instrumentos del keynesianismo –grandes inversiones estatales– se utilizaron para construir el Estado de Bienestar en los países industrializados de Occidente tras la Segunda Guerra Mundial, el neoliberalismo se le ha plantado desde la década de 1970 como un rival muy fuerte.

De manera paradigmática y brutal, el neoliberalismo logró un temprano triunfo en el Chile del golpista Augusto Pinochet, donde los partidarios del economista de Chicago Milton Friedman, los llamados Chicago boys, destruyeron los logros socioeconómicos del socialista democrático Salvador Allende. El mantra neoliberal sobre el Consenso de Washington, surgido en la década de 1980 en el seno de las instituciones financieras internacionales y el gobierno de Estados Unidos, tuvo efecto a escala global. Los principios rectores de la macroeconomía keynesiana, que se expresaban en el modelo del Estado del Bienestar, fueron reemplazados por dos principios básicos: el énfasis en las libertades económicas individuales, con una defensa casi incondicional de la propiedad privada, y la orientación hacia un Estado competitivo, comprometido con el mercado y con cuatro instrumentos de gobierno: privatización, desregulación, recortes de impuestos y libre comercio.

Si bien las crisis del precio del petróleo y de endeudamiento de la década de 1970 se convirtieron en una admisión de derrota para el keynesianismo, el neoliberalismo sufrió un destino aparentemente similar con la crisis financiera mundial de 2008. Hubo un derrumbe bancario y la economía se contrajo. El desempleo y la agitación social aumentaron en todo el mundo. Como resultado, se consideró posible un cambio hacia un régimen posneoliberal «que se encargaría activamente de los riesgos sistémicos e impondría regulaciones restrictivas sobre las instituciones financieras y los mercados financieros». De hecho, el rescate de los bancos hizo que hubiera que dar marcha atrás, al menos temporalmente, con el principio de desregulación.

Sin embargo, el modelo neoliberal demostró ser notablemente resistente a sus adversarios y sus debilidades sistémicas inmanentes. Esto se hizo evidente en el corto plazo, cuando, por ejemplo, se lanzaron los programas de rescate para Portugal y Grecia, que obedecían a una estricta ideología de austeridad fiscal. Y el especulativo instrumento financiero de los derivados, operaciones a plazo que se basan en las fluctuaciones de precios esperadas, pronto volvió a aparecer: ya en diciembre de 2013 alcanzó nuevamente el nivel que tenía antes de la crisis.

La segunda gran crisis del siglo XXI fue acompañada por la pandemia de covid-19, que desató una verdadera recesión global en 2020. De manera similar a lo sucedido con la crisis financiera mundial, hubo intervenciones estatales masivas. Pero había una gran diferencia: dogmas neoliberales como la «austeridad fiscal» –por ejemplo, el «déficit cero» en Alemania– fueron cuestionados de inmediato, y «desaparecieron en menos de lo que se tarda en deletrear la palabra ‘quiebra’».

La pandemia de covid-19 condujo a un renacimiento y una relegitimación del Estado en los países industrializados de Occidente que fue mucho más allá del entusiasmo inicial causado por las intervenciones estatales en la crisis financiera mundial. No solo hubo empréstitos de amplio alcance y se abandonaron las políticas de austeridad, sino que, con una aceptación bastante amplia, el Estado también intervino en las libertades fundamentales del individuo, que son una piedra angular de la tradición del pensamiento liberal. Por ejemplo, libertad de movimiento; el derecho a encontrarse con otras personas en espacios públicos y privados sin restricciones; la libertad de asociación y el derecho a practicar una religión. Además, la protección de patentes, una vaca sagrada del neoliberalismo, fue cuestionada nada menos que por Joe Biden: una reglamentación de excepción de la Organización Mundial del Comercio (OMC) debía eliminar los derechos de propiedad intelectual de las empresas farmacéuticas privadas sobre las vacunas contra el covid-19, sostuvo durante un tiempo el presidente de Estados Unidos.

Aun cuando esto finalmente no sucedió: ¿son el retorno del Estado y la pretensión de hacer cumplir reglas vinculantes para el bien común los primeros indicios de un modelo antagónico a la ideología neoliberal? Hasta la pandemia de covid-19, se podía argumentar que las grandes crisis, incluida la crisis financiera mundial de 2008, nunca han podido hacer peligrar seriamente la primacía de los principios neoliberales. Más bien han servido, una y otra vez, como justificación para intervenciones estatales masivas que conservaron el sistema neoliberal y sus principales actores a expensas del público en general. Parecía que la resiliencia se había convertido en una característica y una receta para el éxito del modelo económico neoliberal. Las medidas del Estado para combatir la pandemia de covid-19 han sacudido, si bien parcialmente, esa resiliencia.

La crisis climática global es mucho más dramática y permanente que la crisis del covid. Es la condición permanente del siglo XXI y, junto con la amenaza nuclear, probablemente la mayor amenaza para la supervivencia humana. Durante mucho tiempo se ha intentado contrarrestar el cambio climático con recetas neoliberales, como el comercio de emisiones. Sus módicos éxitos indican claramente que se trata de instrumentos complementarios, pero no de palancas para la necesaria transformación socioecológica. En tanto dogma neoliberal, la confianza en las fuerzas del mercado como clave para combatir el cambio climático es tan difícil de explicar como la ingenua esperanza de que el Estado pueda esperar a que los consumidores y productores adopten un comportamiento ecológico virtuoso.

Por supuesto, la caja de herramientas neoliberal no está vacía, sino que puede apostar a la internalización de las externalidades, o sea, la inclusión de costos ecológicos en el precio de la carne y los boletos de avión, por ejemplo. Pero el interrogante es si el tiempo no es escaso como para imponer medidas prohibitivas a los consumidores. Equivaldrían –ya admitiéndolo abiertamente, ya ocultándolo en aumentos de precios acordes con el mercado– a sanciones y prohibiciones de comportamientos propios de una «forma de vida» supuestamente liberal que, como tales, pondrían en peligro las libertades de las generaciones futuras. Tales medidas combatirían eficazmente el cambio climático. Al mismo tiempo, deben ir acompañadas de sustanciales medidas de compensación social si no se quiere exacerbar las desigualdades y crear nuevas injusticias.

La pandemia de covid-19 ha demostrado que se pueden superar las normas neoliberales y renegociar las reglas institucionales que dan al Estado un papel proactivo. Sin embargo, hasta ahora hay poca evidencia de que ese modelo antagónico tenga también en cuenta la cuestión social. Los costos de las crisis amenazan más bien con distribuirse de manera muy desigual. Esto provocará resistencia en quienes viven en condiciones precarias y quienes dependen del sistema imperante, y dará impulso a los movimientos populistas de derecha. La transición a un modelo posneoliberal solo será posible si se hace una transformación no solo ecológica, sino también social.

Fuente: IPG

Traducción: Carlos Díaz Rocca

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Este martes los principales sindicatos y organizaciones sociales realizan una movilización nacional contra las reformas impulsadas por el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso.

El anuncio, el viernes pasado, de la suspensión de posibles subidas del precio de los combustibles no alcanzó para frenar las protestas.

La convocatoria nacional fue llamada desde el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la principal central obrera del país; la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie); el Frente Popular; la Unión Nacional de Educadores (UNE), y la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), entre otras.

La movilización se da a tan solo cinco meses de haber asumido Lasso y con el presidente que se encuentra sin aliados claros, con un apoyo minoritario en el Congreso y cruzado por las revelaciones de los Pandora Papers que expusieron las cuentas en paraísos fiscales del mandatario.

En paralelo, el Gobierno utilizó la “crisis de seguridad” que vive el país, golpeado por la crisis económica, para sacar a los militares y policías a las calles, luego de que el presidente decretó el estado de excepción la semana pasada. "Empezando de inmediato, nuestras Fuerzas Armadas y policiales se sentirán con fuerza en las calles porque estamos decretando el estado de excepción en todo el territorio nacional", había dicho Lasso en un mensaje transmitido por el canal estatal EcuadorTV.

En este contexto se darán manifestaciones contra el Gobierno en varias ciudades del país en rechazo a las medidas políticas oficiales, entre ellas el fallido intento de aumento del combustible en base al sistema de fijación de precios con base en el mercado internacional que implementó la Administración del ex presidente Lenín Moreno. Una medida similar había sido el detonante del estallido social de 2019.

Desde las organizaciones que convocan las protestas exigieron que se frene el aumento del combustible permanentemente. "Que se congele, no solo que se suspenda, porque sino también con conceptos se puede estar, en ese sentido, engañando al pueblo ecuatoriano", advirtió Leonidas Iza, presidente de la Conaie.

Para el presidente del FUT, Ángel Sánchez, la suspensión debió contemplar todo el incremento desde junio pasado, y no solamente el de este mes, es decir, regresar a 1,75 dólares y 1,00, respectivamente.

Las manifestaciones están incluyen otras demandas de carácter social y legislativo, entre ellos, que el presidente no aproveche el estado de excepción en el país por la crisis de seguridad, para pasar leyes de forma acelerada.

En concreto una serie de reformas que propuso Lasso, pero no lograron avanzar en el Congreso, donde el Gobierno controla apenas 13 de los 137 escaños que tiene la cámara única. El mes pasado el parlamento rechazó la ley Creando Oportunidades, una de las principales reformas impulsadas por el oficialismo que incluía entre una reforma fiscal y laboral que fue catalogada como “regresiva” por sindicatos. A esto se suma un presupuesto con recortes en materia social dictada por el mandato de austeridad del FMI, que ha prolongado el programa de crédito que empezó con Lenin Moreno.

En un acto público este lunes, el presidente aseguró que frente a las manifestaciones la decisión del Gobierno es mantenerse "firme". "Vamos a desarrollar todo un dispositivo para evitar el cierre de vías, para que impere la ley, (..) y con la fuerza pública, con la Policía Nacional, vamos a imponer el orden", afirmó Lasso.

Los organizadores de las protestas advirtieron un posible uso de las Fuerzas Militares, amparado por el estado de excepción, para bloquear o impedir la salida de manifestantes.

Lasso llegó a la presidencia cuando el país enfrentaba una profunda crisis económica desde antes de la pandemia. Según los pronósticos del FMI el crecimiento para este año rondará el 2,5%, uno de los más bajos de Sudamérica. El presidente saliente Lenin Moreno sumó 6500 millones de dólares a la ya abultada deuda externa de 17.400 millones, y bajo los auspicios del FMI intentó imponer un duro ajuste.

Ecuador tiene una deuda externa de 52.000 millones de dólares, necesitará más de 7.000 millones de dólares en un nuevo financiamiento en 2021, según un informe del FMI. La condición a cambio sería que el país acepte recortar su déficit presupuestario a un objetivo de $ 2.800 millones este año desde $ 7.200 millones en 2020. Es decir, un gigantesco recorte y ajuste en el gasto público.

Un ajuste según los dictados del FMI fue lo que terminó motorizando el levantamiento indígena, obrero y popular de octubre de 2019, que no terminó con la caída del expresidente Lenin Moreno por la acción de las direcciones sindicales y de las organizaciones indígenas que las terminaron desactivando.

Ante la crisis el presidente amenaza con activar un mecanismo que le permite al Ejecutivo disolver el Congreso y gobernar por decreto por 90 días hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales y legislativas.

Una medida de ese tipo podría abrir un escenario político y social imprevisible, en el contexto de la crisis social provocada por los ajustes sistemáticos para cumplir con una deuda odiosa contraída con organismos internacionales.

Lunes 25 de octubre

Diego Sacchi@sac_diego

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Marine Le Pen en Cavallion, sudeste de Francia.. Imagen: AFP

La crisis de la izquierda de cara a las elecciones del 2022

La dilución de la “conciencia de clase”, así como los fenómenos que la precipitaron, introdujeron cambios sociopolíticos que las izquierdas no supieron interpretar. Las clases conectadas votan a la socialdemocracia.

 Si se cumplen los anticipos del oráculo electoral, por segunda vez consecutiva no habrá un candidato de la izquierda o de la derecha liberal conservadora en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de abril de 2022. En 2017 el duelo final lo disputaron el actual presidente, el liberal Emmanuel Macron, y la candidata del partido de ultraderecha Reagrupamiento Nacional, Marine Le Pen. 2022 parece configurarse con esa tendencia que se repite desde hace varios años en todos los sondeos de opinión. 

La única variante sería que el polemista de extrema derechaEric Zemmour oficialice su candidatura y, en consecuencia, supere en votos a Le Pen. En cualquier caso, la derecha heredera del general Charles de Gaulle, reagrupada luego en torno al ex presidente Jacques Chirac (1995-2007) y más tarde refundada por el ex jefe del Estado Nicolas Sarkozy (2007-2012) no despega en los sondeos. En cuanto a la izquierda, sea de origen socialista con la candidatura de la Intendenta de Paris Anne Hidalgo, la del líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon (Francia Insumisa) o los ecologistas, está predestinada a observar de lejos la disputa presidencial

Sus déficits son plurales, pero el más importante sigue siendo la deuda popular de las candidaturas progresistas. El socialismo francés, Mélenchon, los comunistas y los trotskistas han perdido desde hace mucho tiempo el voto obrero y popular. Todos los intentos por recuperar lo que fueron sus bastiones electorales se esfumaron en las urnas de la extrema derecha. Elección tras elección los trabajadores y las clases más modestas votan por el partido fundado por el padre de Marine Le Pen, Jean-Marie. Sin ese voto no hay ni presidencia ni segunda vuelta.

Desindustrialización

La batalla previa entre la izquierda y la extrema derecha se sitúa hoy en la reconquista de ese voto sin el cual ninguna esperanza es posible. La victoria del actual presidente estadounidense Joe Biden, gracias a que los demócratas reconquistaron parte del voto obrero en el norte, señaló un camino posible. Sin embargo, para el conjunto de la izquierda francesa, los estudios de opinión revelan cuán profunda es la distancia entre estos partidos y el voto obrero. Las clases populares han dejado huérfana a la izquierda.

En la elección presidencial de 2017, 39 por ciento del voto obrero se dirigió a las urnas de Marine Le Pen, el 25 votó por Mélenchon, el 6 por el socialista Benoít Hamon y el 4 por las dos opciones trotskistas (Lucha Obrera y el NPA). El electorado popular suma un total del 20 por ciento del cuerpo de votantes y es, por consiguiente, un aporte sustancial para configurar una victoria. 

El socialismo es para los diplomados

La dilución de la llamada “conciencia de clase” así como los fenómenos que la precipitaron introdujeron cambios sociopolíticos que las izquierdas, sobre todo los socialistas, no supieron interpretar. La desindustrialización de Francia (desaparición de grandes industrias, de la minería, la deslocalización de la industria automotriz) y la regresión de las redes sindicales tornaron audible la retórica de una izquierda cuyo mensaje se orientó más a seducir a las clases con diplomas, urbanas y conectadas que al electorado popular. El socialismo francés es percibido como un partido reservado a los jóvenes de las ciudades, que circulan en bicicleta, trabajan con las nuevas tecnologías y están a salvo de las inclemencias de la pobreza, la exclusión y los trabajos rudos. 

Los valores comunes que aunaban a la izquierda se disiparon de su raíz. La diputada del partido Francia Insumisa Clémentine Autain constata que “el electorado obrero se desestructuró y la ultraderecha aprovechó la ocasión para agarrarlo”. En un amplio estudio sobre el voto de ultraderecha, el director del polo opinión y estrategias de la encuestadora IFOP anota que todo ocurre “como si el partido lepenista hubiera capitalizado el resentimiento y el sentimiento de relegación cultural de quienes tienen menos diplomas”. 

Los ecologistas, a su vez, sufren de otras carencias fundamentales: no cuentan con vínculos en los medios populares y sus propuestas constituyen una espantapájaros para quienes aún trabajan en las industrias y están muy lejos de percibir el sentido de frases como la “transición ecológica”.

Fractura

1995 y 2002 constituyen las dos fechas a partir de las cuales el voto popular cambia de orientación. En 1995,  Jean-Marie Le Pen (entonces líder del partido de ultraderecha Frente Nacional) irrumpió en el territorio reservado a los socialistas y comunistas y, siete años más tarde, en la elección presidencial de 2002, Le Pen le ganó al candidato socialista y Primer Ministro Lionel Jospin y terminó disputando la segunda vuelta ante Jacques Chirac. La propia mutación de los socialistas en una suerte de social democracia liberal europeísta y partidaria de la globalización acabó por instaurar un muro que la izquierda jamás pudo derribar. 

Sin candidatos con arraigo popular y con un discurso pegado a los manuales liberales, el socialismo francés consumó la ruptura. Las dos únicas figuras genuinamente populares que quedan en el paisaje son las de Mélenchon y Marine Le Pen. La izquierda de la transformación social, de la solidaridad, de la justicia social perdió su mensaje y, con él, sus electores. Pierre Jouvet (Partido Socialista) reconoce que “los medios populares se sienten abandonados. El discurso de la izquierda, demasiado concentrado en las metrópolis, no respondió a la crisis. El electorado obrero o la clase media consideró que no tomábamos en cuenta sus preocupaciones cotidianas”. 

La imposibilidad de la unidad

El pugilato por la candidatura presidencial de la izquierda también empaña el horizonte. Los sondeos muestran de forma regular que una candidatura única de la izquierda tendría más posibilidades de convertirse en una fuerza verosímil. Sin embargo, entre socialistas, izquierda radical y los verdes no ha habido ni hay un clima que favorezca la designación de una sola figura. Por fuera de los partidos un movimiento ciudadano (primaria popular) propone reunir en una sola figura las candidaturas de la izquierda, pero la iniciativa no ha prosperado. En suma, la elección presidencial se acerca y la utopía de la unión de la izquierda se aleja. 

El electorado popular está del otro lado de la verja y la izquierda hace muy poco para reconectar con él. El voto de las clases populares que, en los años 60, 70 y 80, escribió las mejores páginas del Partido Comunista francés cambió de vereda. Los estudios de opinión más recientes indican que de cada diez votantes de las clases populares más de 4 votarán en 2022 por la ultraderecha (45 por ciento). 

El economista Thomas Piketty codirigió este año un amplio estudio sobre los comportamientos electorales en unas 50 democracias ("Clivages politiques et inégalités sociales"). El Autor de "El Capital en el Siglo XXI" y "Capital e Ideología" escribe en esa obra que “para comprender el ascenso del populismo es preciso analizar el ascenso del elitismo”. Es decir, cuanto más elitista aparece un partido, o sea, liberal, más se aleja del electorado popular, el cual, a su vez, se reconoce en la ultraderecha y su retórica arraigada en la identidad. La oposición clásica entre “partidos socialdemócratas y conservadores parecía eterna, pero se esfumó”, escribe Piketty. El economista francés resalta también que “la izquierda y la ecología política se convirtieron en partidos de letrados. Ambos se ven favorecidos por las clases con más diplomas”. 

En un libro ya famoso ("The road to somewhere") David Goodhart describió la fractura que atraviesa la mayoría de las democracias liberales entre una elite integrada y movediza (los anywhere) y las poblaciones más arraigadas en sus valores y territorios (los somewhere). Los primeros ganaron con la globalización, los segundos, menos conectados y capacitados, perdieron. Los anywhere y los somewhere son también protagonistas de los trastornos electorales que conducen a que los obreros voten a la ultraderecha y las clases conectadas a la socialdemocracia. La izquierda no tiene aún la formula para reconquistar ese voto del pueblo. Todo apunta a que 2022 se jugará de nuevo entre la opción liberal de Macron y la ultraderecha francesa cuyo renacimiento en los años 80 se apoyó en el voto obrero que las izquierdas perdieron por los caminos del somewhere.

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17 de octubre de 2021

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Sábado, 07 Agosto 2021 05:38

Vender al mensajero

El presidente Jair Bolsonaro entrega al presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira (sentado a su derecha), el proyecto de ley que transforma Correios en una sociedad de economía mixta, en febrero de este año. FOTOS PÚBLICAS, ISACNÓBREGA

LA PRIVATIZACIÓN DEL CORREO BRASILEÑO

Bolsonaro y sus aliados decidieron vender Correios, empresa pública estratégica y esencial en tiempos de comercio electrónico. Codiciada por Amazon, es superavitaria y la única en su ramo en cubrir todo Brasil.

a historia de lo que en Brasil se conoce como Correios se confunde con la propia historia del país. Originado en 1663, cuando la Corona portuguesa creó el Correio-Mor, lleva varios siglos administrando el servicio postal del país, ahora con el nombre Empresa Brasileña de Correos y Telégrafos. Cien por ciento estatal y responsable no solamente de los servicios postales y logísticas, sino también de etapas clave de ejecución de varias políticas públicas, es la única empresa que llega a todos los municipios brasileños y cuenta con casi 100 mil trabajadores. En abril de este año, a través de un decreto, el presidente del país, Jair Bolsonaro, incluyó a Correios en el Plan Nacional de Desestatización, aprobado por el gobierno de Fernando Henrique Cardoso en 1997, el mismo año en que fue privatizada la minera Vale. La idea del Ejecutivo es vender, lo más rápido posible, la totalidad de la empresa a una sola compañía privada. Este jueves, en régimen de urgencia, la Cámara de Diputados aprobó la privatización, que ahora deberá pasar por el Senado.

MITOS

A Bolsonaro sus fanáticos le gritan: «¡Mito, mito!». En el diccionario de portugués, mito significa ‘relato de las proezas de dioses o de héroes’, pero también ‘algo o alguien cuya existencia no es real, o que no puede ser comprobada’, y ‘conocimiento sin fundamento’. De esta segunda acepción parece estar hecha la propuesta del presidente de privatizar el servicio postal. El lunes 2 el ministro de Comunicaciones, Fabio Faria, aseveró que «la privatización es la última opción para garantizar la supervivencia de Correios». Sin embargo, en 2020 la empresa obtuvo ganancias por 1.500 millones de reales (295 millones de dólares). De los últimos 20 años, cerró 16 con saldo positivo. Entre las empresas públicas brasileñas, según el último boletín que mide la participación en el Tesoro Nacional, Correios tiene el tercer mejor índice de retorno con relación a lo invertido (69,3 por ciento). Es decir, le sale barato al Estado y, además, le da ganancias.

Faria también dijo este lunes que sin la privatización la empresa no podría sostener la universalización de sus servicios. Para Igor Venceslau, que obtuvo un magíster en Geografía Humana en la Universidad de San Pablo por su estudio de la historia y la situación actual de Correios, «es un mito que la logística de mercado que atiende al comercio electrónico y las grandes empresas es incompatible con un servicio postal entendido como derecho que tiene que ofrecerse a la ciudadanía sin fines de lucro». La empresa estatal, explica a Brecha, «trabaja actualmente en estos dos frentes, y si fuera como el gobierno dice, sería deficitaria y la actividad estaría en ruinas, lo que no se condice con la realidad».

Los argumentos de Faria tienen algo de fantasioso. Según el jerarca, la estatal ganaría en «eficiencia, agilidad y puntualidad» con la privatización. Sin embargo, un informe del Tribunal de Cuentas de la Unión publicado en febrero de 2020 afirma que el año anterior el índice de entregas en tiempo y forma fue de un 97 por ciento. Según el documento, «hubo inversiones sustanciales que permitieron adquirir máquinas para clasificación, renovar más del 30 por ciento de la flota para entregar objetos y modernizar las entregas con la utilización de smartphones, que tornan el proceso más ágil, eficiente y confiable».

Estos últimos años, Correios ha sido una figura destacada en los premios World Post &ParcelAwards, algo así como los Oscar del servicio postal, que año a año reconocen a nivel mundial a las mejores empresas del ramo, tanto públicas como privadas. En 2019 y 2020, Correios venció en la categoría de servicio al cliente y en 2020 ganó en la de crecimiento transfronterizo tras implementar un modelo electrónico de importaciones. Venceslau agrega: «Si la empresa no fuera eficiente, no tendría esa porción del mercado que tiene, que es casi el 75 por ciento de las encomiendas. El 25 por ciento restante se lo disputan más de 200 compañías. Que esté en todos los municipios ya es una prueba de la capacidad y la competencia del Estado. Eso no depende de si el vehículo es de 2018 o 2020. La capacidad tecnológica es la capacidad de acción de la empresa, y Correios es la única empresa del país que tiene capacidad de acción universal, en todo el territorio nacional».

EL GRAN BOTÍN

La pandemia del covid-19, que ya causó la muerte de 560 mil personas en el país, produjo un aumento significativo de los envíos y las entregas. Según la Asociación Brasileña de Comercio Electrónico, el crecimiento en las ventas por ese medio fue del 68 por ciento. Esta tendencia llegó para quedarse y las grandes empresas internacionales lo saben mejor que nadie. Las compañías extranjeras como Amazon están interesadas en dominar el mercado brasileño y ampliar sus negocios en el país. Según dijo Faria en setiembre de 2020, la de Jeff Bezos es una de las empresas interesadas en comprar Correios, así como DHL, Fedex y algunas firmas locales. En su momento, esto suscitó especulaciones sobre el interés de Mercado Libre, otro gigante de las ventas.

Para estas empresas, apropiarse de la estatal brasileña significa un paso gigantesco para dominar la distribución de productos en el país. En la década del 90 era común afirmar que el servicio logístico que brinda una empresa estatal de correos era algo del pasado frente a las sociedades de la información y lo digital que se venían, un discurso que se utilizó para justificar privatizaciones, como ocurrió en Argentina. Sin embargo, hoy es evidente que estos servicios son una etapa crucial para que se concrete el comercio electrónico. «Ese mismo tipo de comercio hizo que hoy la empresa más valiosa del mundo sea Amazon y en América Latina Mercado Libre, que en 2020 superó en su cotización a Vale. Para estar en el centro de la disputa por estos mercados se precisa controlar el servicio postal, porque en su versión pública –como la que existe en Brasil, Uruguay y la mayoría de los países de América Latina– tiene principios democráticos que no interesan a las empresas hegemónicas del capitalismo global», analiza Venceslau.

EL CAPITAL INVISIBLE

«Lo que aparece en los grandes medios es la discusión sobre la viabilidad económica de Correios en 2021, sobre cuánto vale la empresa y quién la quiere comprar. Pero Correios tiene un valor político y geopolítico que también tiene que entrar en la cuenta, por más que no lo acepte la racionalidad neoliberal, que trata de ocultar esa dimensión», explica el geógrafo. El correo público es fundamental como brazo logístico del Estado. Garantiza, por ejemplo, la viabilidad del ENEM, el examen nacional para ingresar a las universidades públicas que se realiza el mismo día y a la misma hora en todos los estados del país; la distribución de materiales didácticos para la educación; la distribución de vacunas e insumos sanitarios, y hasta la distribución de las urnas electrónicas de votación, hoy cuestionadas por los bolsonaristas.

Correios es esencial para el Sistema Judicial y fue fundamental para el Programa Hambre Cero, creado por el gobierno de LuizInácio Lula da Silva en 2003. «El riesgo inmediato de la privatización es inviabilizar algunas políticas públicas. En un futuro próximo, cualquier proyecto que la imaginación política permita elaborar estaría en riesgo. En casi todas las áreas de gobierno en las que se precisa mover cosas de un lugar a otro participa Correios. Tras su venta, esas políticas públicas serían, como mínimo, encarecidas», dice el investigador. El gobierno de Bolsonaro todavía no presentó cómo mitigaría esas consecuencias en el caso de que el proyecto se aprobara en el Senado.

«Haber acumulado esta estructura durante siglos le da a Brasil una condición estratégica, no solamente por el hecho de tener un correo público, sino también porque este es de gran tamaño y muy robusto en un país tan desigual en tantos sentidos y tan diverso territorialmente», afirma Venceslau. Y agrega: «Esta condición le permite al país no solamente crear políticas públicas, sino también regular el accionar de las grandes empresas de comercio electrónico, como Amazon, por ejemplo, a través del control de los precios y los plazos de entrega».

EL DISCURSO VACÍO

«Los datos objetivos son tan explícitos y claros que el discurso del gobierno para vender se convierte en un discurso vacío», sostiene Venceslau. A corto plazo, en lo político, cree «que el gobierno quiere cumplir una promesa de campaña para agradar a sus mecenas del mercado financiero, que esperan hacer caja con estas políticas». Para el experto, «no tienen un interés especial en privatizar Correios, sino en privatizar lo que sea, al punto de que en la lista de privatizaciones hay empresas de todo tipo: empresas que dan ganancias, empresas deficitarias, empresas estratégicas y empresas desconocidas».

Es, asegura Venceslau, un fanatismo ideológico que va más allá de las consecuencias y que no implica necesariamente un cálculo por detrás. A diferencia de la derecha tradicional, explica –y cita al expresidente Fernando Henrique Cardoso–, «que tenía una racionalidad económica, perversa pero coherente y explícita», este «ultraliberalismo actúa de otra forma, mucho más violenta: busca privatizar lo que sea, la mayor cantidad de cosas en el menor tiempo posible». Este gobierno, afirma, «está en la vanguardia del discurso y las prácticas neoliberales y exacerba los principios de esta corriente ideológica». Y cierra: «Incluso, si los otros 219 países del mundo hubiesen privatizado sus correos públicos, yo te insistiría con que Brasil no tiene que hacerlo: no le conviene hacerlo. Y, a decir verdad, son muy pocos los países que han privatizado este servicio: menos de 20. Actualmente Correios cumple con sus funciones y, encima, es superavitario. No hay ninguna justificación para privatizarlo, salvo la ideológica».


SAQUEO LEGALIZADO

La aplanadora bolsonarista en la Cámara de Diputados logró aprobar el martes el polémico proyecto de ley 2.663/2020, conocido como PL da Grilagem. El mote viene de una vieja práctica de los estancieros para apropiarse de tierras ilegalmente: guardar escrituras en cajas con grillos para darles apariencia de antigüedad y legitimidad. El proyecto aprobado aumenta la extensión de terrenos públicos pasibles de ser regularizados como privados sin la aprobación del Instituto de Colonización y Reforma Agraria, y con la sola declaración del propio ocupante. En la práctica, facilita la legalización de tierras robadas, estimadas hoy en 65 millones de hectáreas, unas cuatro veces el tamaño de Uruguay.

En una nota publicada en abril de este año, el Instituto Socioambiental, una de las organizaciones ambientales no gubernamentales más importantes del país, aseguró que «esta propuesta legitima la práctica del robo de tierras y el desmonte ilegal; promueve desajustes entre las políticas agraria y ambiental, especialmente en lo que hace al destino de tierras públicas, y beneficia a medianos y grandes productores en detrimento de agricultores familiares, pueblos indígenas y comunidades tradicionales». El Observatorio del Clima afirmó que con esto «el gobierno abrió la portera a la amnistía eterna al robo de tierras» y que el proyecto «tiende a propulsar la actual corrida por tierras públicas en la Amazonia, cuya ocupación ilegal es el principal motor del desmonte y la causa de más de un tercio de la devastación».

La Articulación de los Pueblos Indígenas del Brasil repudió esta «absurda e irresponsable señal emanada de aquella casa que se autodenomina Casa del Pueblo». Para la organización, con la aprobación de este proyecto, «la Cámara de Diputados demuestra que se está convirtiendo en la casa de los ruralistas, los taladores y los ladrones de tierras, de todos estos menos del pueblo». El proyecto seguirá su camino al Senado.


FAKE NEWS Y URNAS ELECTRÓNICAS

En otro orden de cosas, Jair Bolsonaro pasó a ser investigado en la causa por las fakenews que lidera el Supremo Tribunal Federal (véase «Clan Fake», Brecha, 5-VI-20)La decisión, tomada por el magistrado Alexandre de Moraes, responde a un pedido unánime hecho el lunes por los integrantes del Tribunal Superior Electoral. La solicitud se hizo en momentos en que Bolsonaro radicaliza su cruzada contra el voto electrónico, despertando desde ya sospechas de fraude de cara a la elección presidencial de 2022. Moraes citó 11 posibles crímenes de Bolsonaro al atacar en sus últimos discursos el sistema de urnas electrónicas y el proceso electoral. La transmisión en vivo del presidente a través de Facebook el jueves 29 de julio fue, según Moraes, «una nueva ocasión en la que el mandatario se posicionó de forma criminal y ofensiva contra las instituciones». Blindado por la Cámara de Diputados, a la que le corresponde habilitar su eventual procesamiento, parece, sin embargo, bastante difícil que Bolsonaro sufra consecuencias inmediatas por este proceso judicial.

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Bolsonaro sancionó la ley para privatizar Eletrobras

Es la mayor empresa eléctrica de Latinoamérica

 

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sancionó --con algunos vetos-- la Medida Provisional que reglamenta el proceso de privatización del gigante estatal Eletrobras, la mayor empresa eléctrica de Latinoamérica. De acuerdo con las proyecciones del Gobierno, la primera etapa del proceso de capitalización de la compañía podría estar lista en febrero de 2022.

Según publicó este martes el Diario Oficial de la Unión, entre los vetos del Ejecutivo a la propuesta inicial se incluye el descuento para adquisición del 1 % de las acciones de la empresa por parte de funcionarios dimitidos, la prohibición de extinguir algunas subsidiarias y la obligación del Gobierno para aprovechar durante un año a los servidores públicos despedidos.

Respecto al primer veto, Bolsonaro alegó que reservar el 1 % de acciones con descuento para exempleados "podría causar distorsión en el proceso de precios de nuevos papeles accionarios", mientras que sostuvo que la obligatoriedad de mantener filiales "limita la gestión de las subsidiarias por la nueva empresa y le retira su flexibilidad".

Sobre el veto a la obligación del Gobierno para aprovechar durante un año a los servidores públicos despedidos, el mandatario indicó que esa medida "viola el principio del concurso público --convocatoria abierta al que tienen derecho los ciudadanos para convertirse en servidores-- y aumenta las despensas".

El mes pasado, el Congreso aprobó el modelo de privatización de la estatal, que será la mayor en la historia del país por rendirle al Estado cerca de 100.000 millones de reales (unos 20.000 millones de dólares). Ese modelo prevé una capitalización de la empresa sin la participación del Estado y la posterior venta de las acciones que queden en manos del sector público.

Con esta privatización, remarcó la semana pasada a periodistas extranjeros el ministro de Minas y Energía de Brasil, Bento Albuquerque, Eletrobras podrá invertir hasta 14.000 millones de reales (unos 2.800 millones de dólares) al año.

Actualmente, el Estado brasileño es el propietario del 60 % de las acciones de Eletrobras, la mayor generadora y transmisora eléctrica del país, porcentaje que se reducirá a cerca del 45 % tras la capitalización, por la que la empresa realizará una oferta pública de acciones en bolsa de la que se abstendrá de participar el Estado.

Pese a la venta del control, dicen los medios locales, el proceso le garantiza al Estado brasileño una "acción dorada" de la empresa, que le daría poder de veto en decisiones estratégicas de la compañía.

13 de julio de 2021

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Sábado, 26 Junio 2021 06:40

Pagar para vender

Paulo Guedes, ministro de Economía de Brasil FOTOS PÚBLICAS, ISAC NÓBREGA

A las apuradas y mientras arrecia la pandemia, Brasil decidió vender la empresa estatal de energía, a pesar de la dura oposición de empresarios, trabajadores y varios sectores tradicionalmente favorables a las privatizaciones.

El gobierno brasileño consiguió aprobar la medida provisoria 1031/2021, que habilita la privatización de la totalidad de las acciones de la empresa estatal Eletrobras, la principal empresa del sistema eléctrico brasileño. Fundada en 1962, Eletrobras era una sobreviviente del proceso de privatizaciones de la década del noventa. Hasta ahora, el Estado controlaba el 60 por ciento del llamado sistema Eletrobras y, con él, 125 usinas y 71 mil quilómetros de líneas de transmisión. Creada para ser uno de los motores del desarrollo económico y social brasileño, la compañía será ofrecida en bandeja a los capitales privados.

El presidente Michel Temer ya había enviado al Congreso, a comienzos de 2018, un proyecto de privatización que no prosperó. Luego, en noviembre de 2019, el propio Jair Bolsonaro remitió una propuesta que también resultó derrotada. Ahora, en momentos en que Brasil supera el medio millón de fallecidos por covid-19, diputados y senadores han corrido contra el tiempo para modificar y aprobar la venta de las acciones estatales de la compañía. El relator del proyecto en el Senado, Marcos Rogério, del partido Demócratas, encabezó la iniciativa y alternó por esta vez su papel de líder de la tropa bolsonarista que intenta obstaculizar la labor de la comisión de investigación sobre la gestión de la pandemia (véase «CómoBolsonarousalapandemiaasufavor», Brecha, 11-VI-21). En el Senado, la votación fue apretada: 42 votos a favor, 37 en contra. En Diputados, la diferencia fue de 258 a 136. Una de las principales justificaciones del gobierno para vender este gigante es que la venta reducirá las cuentas de luz de los usuarios en un 7 por ciento. Pero casi todos los actores involucrados en el sector dicen lo contrario: la cuenta de luz va a aumentar.

SALDO CERO

Gilberto Cervinski, magíster en Energía por la paulista Universidad Federal del ABC y uno de los coordinadores de la Plataforma Obrera y Campesina del Agua y la Energía, que reúne a movimientos sociales y sindicales del sector energético, dijo a Brecha que con esta privatización, que define como una «transferencia de patrimonio», solo hay un beneficiario: la burguesía financiera. «Los nuevos dueños serán bancos privados, fondos de inversión internacional especulativos y grupos empresariales locales que sustentan el gobierno de Bolsonaro. Quien va a pagar la cuenta es el pueblo brasileño. […] La privatización de Eletrobras representa una completa destrucción de la soberanía energética del país», afirmó. Aseguró que la privatización «hará que aumente el precio de la luz y se acelere la desindustrialización por el peso de esta carga sobre centenas de medianas y pequeñas empresas».

El especialista en temas energéticos estima que la privatización traerá un aumento del 25 por ciento en las cuentas de los consumidores. Hoy 20 usinas estatales cuya inversión inicial ya fue amortizada venden energía más barata que la del mercado global, entre otras cosas que mantienen precios accesibles para la industria y los hogares brasileños. Con el nuevo régimen esos contratos caerán y pasaría a regir el precio de mercado. Actualmente, cerca de 20 hidroeléctricas de Eletrobras (con un total de 13.500 megavatios de potencia) venden el megavatio a 65 reales (13 dólares), aunque el precio de mercado actual está por encima de los 250 reales (51 dólares). La Unión por la Energía, que reúne más de 40 entidades del sector, estima que los aumentos que deberá costear la industria podrían llegar al 15 por ciento, un costo que terminaría siendo «pasado a los consumidores». En tanto, la Asociación de los Grandes Consumidores Industriales estima un aumento del 20 por ciento en la factura como consecuencia de la privatización.

DE TODOS LADOS

Es llamativa la amplia oposición que concita lo aprobado por el oficialismo. Sectores políticos, económicos y mediáticos históricamente favorables a las privatizaciones criticaron duramente la medida. La periodista y comentarista de temas económicos Miriam Leitão, conocida por sus posiciones favorables a la desestatización, llegó a escribir en su columna en O Globo que «los consumidores van a pagar [el valor equivalente a] una Eletrobras para que el gobierno privatice la Eletrobras». Y agregó: «Esta medida no tiene ningún sentido económico, distorsiona el mercado y le pasa la cuenta a la población».

En el Senado, Álvaro Dias, del partido Podemos, que como candidato a presidente en 2018 defendía la necesidad de un «amplio programa de privatizaciones», entre ellas la de Eletrobras, se mostró en contra de la norma recién aprobada y argumentó desde su banca que la sociedad «no fue escuchada». Desde la bancada del derechista Partido de la Socialdemocracia Brasileña, el senador Tasso Jereissati, redactor de un proyecto de ley que crea un «mercado del agua» en el país, también votó contra la medida provisoria. Hildo Rocha, senador por el Movimiento Democrático Brasileño, una formación que por lo general también es favorable a las privatizaciones, dijo que «esta medida va contra todos los conceptos y todas las teorías de la libertad económica». Bolsonaro tiene 15 días para sancionar la norma, y con eso se inicia un proceso que el gobierno estima que terminará en febrero de 2022. Varios senadores de la oposición ya anunciaron que irán al Supremo Tribunal Federal para impugnar lo aprobado por el Senado, que consideran inconstitucional.

LO QUE QUEPA

El texto de la medida provisoria 1031/2021 ha llamado la atención por la profusión de los llamados jabutis (tortugas) que contiene: enmiendas traficadas en su redacción, que se extienden más allá del objeto inicial a legislar. La jerga proviene del dictado popular jabuti não sobe em árvore, ou foi a enchente ou mão de gente, que explica actos llamativos que no ocurren de forma natural. En este caso la causa no fue una inundación, sino la mano del Ejecutivo y de los diputados y los senadores.

Entre los puntos más polémicos está la exigencia al Estado de contratar 8 mil megavatios de energía proveniente de termoeléctricas a gas natural ubicadas en regiones donde no hay gas ni termoeléctricas. Eso demandará construcciones millonarias, de usinas y gasoductos, que promediarán los 800 quilómetros de extensión. Otra de las novedades son los subsidios que el Estado deberá mantener por 20 años adicionales para empresas de energía eólica que ya amortizaron sus inversiones. De yapa, la 1031/2021 autoriza al gobierno a construir la línea de transmisión de la hidroeléctrica de Tucuruí –que conectaría el estado de Roraima con el sistema eléctrico nacional– sin las debidas autorizaciones ambiental y de la Fundación Nacional del Indio, a pesar de que la obra atraviesa la tierra indígena Waimiri-Atroari.

Otra tortuguita colada en la nueva regulación son los beneficios que se dará a la construcción de nuevas «pequeñas centrales hidroeléctricas», a través de la creación de reservas de mercado de 2 mil megavatios. El costo total estimado de estos jabutis supera los 80.000 millones de reales (16.000 millones de dólares). Un poco más de lo que el gobierno estima recibir con la privatización. Algo bastante parecido a pagar para vender, dicen los descreídos. Pero la ironía no termina ahí. La norma vende una empresa estatal y, al mismo tiempo, crea otra, que estará encargada de administrar la actual Eletronuclear y la hidroeléctrica binacional de Itaipú, que quedaron fuera de la privatización. Lo cierto es que Paulo Guedes, ministro de Economía, podrá, finalmente, poner una gran privatización en su currículum y tachar un ítem de su prometida agenda neoliberal.

MÁS CLOROQUINA

En una sesión del Senado que debatió el asunto el 2 de junio, Ikaro Chaves, presidente de la Asociación de Ingenieros y Técnicos del Sistema Eletrobras (AESEL), dijo que «la privatización de la empresa es la cloroquina del sector eléctrico: no va a resolver los problemas y puede matar al paciente». Frente a los argumentos oficialistas, que alegan la necesidad de aumentar la competitividad, preguntó: «¿Cómo crear un ambiente competitivo permitiendo que una empresa privada controle el 30 por ciento de la capacidad total de generación energética del país, 52 por ciento del agua almacenada y 43 por ciento de la capacidad de generación hidroeléctrica? Una empresa como esa tendrá un poder de mercado desmesurado».

En un comunicado, la AESEL afirmó que la privatización «habilita un oligopolio privado en el sector eléctrico brasileño, algo extremadamente perjudicial para el país, ya que concede el poder de formación de precios a pocas empresas guiadas exclusivamente por el interés de lucro de sus accionistas». Chaves también desmintió que Eletrobras deba ser vendida como consecuencia de su situación financiera: «Es una empresa lista para hacer inversiones, tiene el capital para ello y no tiene ninguna dificultad para conseguir financiamiento ni en el país ni en el exterior».

Actualmente Eletrobras tiene 14.000 millones de reales en caja (2.800 millones de dólares) y en los últimos tres años dio ganancias por 30.000 millones de reales. Incluso durante la pandemia, en 2020, facturó 6.400 millones de reales (1.300 millones de dólares). Sin embargo, su nivel de inversiones sufre desde 2015 una fuerte caída. Una nota técnica del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos de mayo de este año afirma que el análisis de los datos financieros de la empresa «indica una estrategia deliberada de freno a las inversiones, fruto de una nueva estrategia de negocios, que busca el desmonte deliberado de su capacidad de inversión». En Brasil a esto se le llama sucatear, que viene de sucata (‘chatarra’): dejar arruinar algo a propósito.


 Día D

Esta semana fue de grandes titulares en Brasil. El martes, O Estado de São Paulo publicó un telegrama secreto de la embajada brasileña en Nueva Delhi. Allí se estipula que el gobierno de Jair Bolsonaro compró la vacuna india Covaxin por un precio 1.000 por ciento superior que el ofertado por el fabricante. Según el periódico, la orden para comprar la vacuna fue dada personalmente por el presidente brasileño. A diferencia de las otras negociaciones por inmunizantes, hechas de forma directa entre el gobierno y las empresas, en este caso la adquisición fue mediada por la empresa Precisa Medicamentos. La firma está siendo investigada por la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre la gestión de la pandemia. Los altos precios ofertados fueron uno de los argumentos del gobierno para retrasar su negociación con Pfizer. Las vacunas indias, sin embargo, no solo son mucho más caras, sino que ni siquiera han llegado aún a Brasil y no han completado todas las etapas de análisis necesarias para su aprobación.

El miércoles, día en que este escándalo acaparaba la atención pública, el ministro de Medio Ambiente Ricardo Salles fue dado de baja de su cargo tras haber pedido la renuncia, según consta en el diario oficial. Elogiado por Bolsonaro en una conferencia de prensa celebrada el día anterior por haber promovido un «casamiento perfecto» entre la agricultura y el medioambiente, es investigado por su presunta asociación con el tráfico de madera ilegal (véase «Lejosdeldisfraz», Brecha, 30-IV-21). A pesar de que su salida ha sido recibida como una buena noticia por organizaciones indígenas y ecologistas, el ministro no era más que un ejecutor; su reemplazo no abre ninguna esperanza de cambios de rumbo. Formado en administración de empresas y consejero de la Sociedad Rural Brasileña entre 1996 y 2019, Joaquim Alvaro Pereira Leite promete continuidad con la línea extractivista y proagronegocio que caracterizó la gestión de Salles.

También el miércoles, el pleno del Supremo Tribunal Federal ratificó por mayoría que el juez Sérgio Moro actuó con parcialidad en el proceso contra el expresidente Lula da Silva por el caso del triplex do Guarujá (véase «Elproceso», Brecha, 13-IV-18). Con esto, serán anuladas todas las decisiones tomadas por el juez que mantuvo a Lula en prisión durante 580 días y el proceso deberá recomenzar desde cero en los tribunales de Brasilia. En un comunicado, la defensa del exmandatario celebró la sentencia, que se suma a otros 11 procesos en los que el líder petista fue declarado inocente o que fueron archivados por falta de pruebas.

Por Marcelo Aguilardesde San Pablo 
25 junio, 2021

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La industria de la salud privada rinde cuentas sólo a sus accionistas, y eso se mide en ganancias, no en el bienestar de las comunidades, afirma el doctor Eric Manheimer, autor de Doce pacientes, obra en la cual se basa la serie New Amsterdam. Foto cortesía del Fondo de Cultura Económica

La pandemia no fue un accidente, fue pronosticada; el Covid ha sido estudiado por más de 20 años, dice

La industria sanitaria tiene un componente de élite que ofrece lo mejor a unos cuantos, pero el costo de ese sistema podría no sólo estar generando más enfermedad, sino que también estaría minando la democracia, señala el médico que manejó 14 años el hospital público estadunidense más famoso y antiguo

 

Nueva York., El doctor Eric Manheimer, director médico durante 14 años del hospital público más famoso y antiguo de Estados Unidos y autor de Doce pacientes, que narra desde ese hospital la gran pugna por el bienestar y rescate de seres humanos ante condiciones sociales y económicas que nos enferman –libro en que se basa la serie de televisión New Amsterdam–, comenta que después de más de un año de la pandemia queda claro que la lucha por la salud del pueblo debe rechazar el modelo de salud privatizador y de lucro estadunidense que se propaga a nivel mundial.

La ira digna de quien fue director médico del hospital Bellevue en Nueva York –el cual atiende desde jefes de Estado y ejecutivos de Wall Street hasta inmigrantes indocumentados y reos de la prisión Rikers– centra su crítica en la industria médica y el amor a sus compañeros que diariamente buscan rescatar y sanarnos.

La Jornada: ¿Qué está al centro de la disputa por la salud en el mundo hoy día?

Eric Manheimer: “El sistema de salud de Estados Unidos se está globalizando, poco a poco, en parte por un proceso deliberado de privatización de servicios de salud.

“Les cuento un ejemplo de esto en México. Una amiga pidió verme porque estaba preocupada por un diagnóstico de cáncer de mama que recibió de un doctor que todos quieren y recomiendan. Llega con unos fólders grandes –resultado de que el médico no te ve, sino te receta muchos exámenes médicos y te entrega ese archivo. Si uno realiza suficientes exámenes sobre cualquiera, siempre se va a detectar algo, pero generalmente son falsos positivos. ¿Qué es lo que pasa? Ese doctor tiene un negocio que se dedica a recetar exámenes médicos, 99 por ciento de los cuales son innecesarios, y ahí comienza el proceso de canalizar el caso a especialistas. Resulta que esta amiga no tenía lo que le habían dicho. ¿Qué ocurrió?: No tienes un doctor, tienes una máquina de exámenes que genera mucha lana. Es sólo un ejemplo de cómo el sistema en México está imitando al de Estados Unidos, donde hay un exceso de exámenes, lo cual nutre los temores de pacientes, mientras generan indicaciones de otros malestares que requieren aún más exámenes y segundas opiniones. En este ejemplo ni uno solo de los especialistas le hizo un examen físico básico a esta mujer. Fue una biopsia de su cartera. Eso es lo que está ocurriendo en México, como en otros países.

“La industria de salud privada no rinde cuentas sobre la salud de poblaciones. Lo único que sabemos de ellos es cuánto dinero ganan las empresas de servicios de salud cada trimestre. Sólo rinden cuentas a sus accionistas y eso se mide en ganancias, no en la salud de una población.

“La industria de la salud podría ser una de las más responsables de la falta de sanidad en una población… Hoy día, el gasto en el sector representa 20 por ciento del PIB en Estados Unidos, es decir, 4 billones de dólares anuales, y sigue subiendo. Es tan grande, que según algunas investigaciones ese gasto no sólo limita lo que se debería gastar en educación e infraestructura, sino que podría ser el mayor factor en suprimir el ingreso de la clase trabajadora, el cual no se ha elevado en 40 años al tener que pagar costos cada vez más altos.

"En resumen, la industria de la salud tiene un componente de élite que ofrece todo lo mejor a unos cuantos, pero el costo de ese sistema podría no sólo estar generando más enfermedad, sino hasta minando la democracia."

–¿Cómo diagnosticaría esa lucha diaria de doctores que se dedican a la salud de seres humanos dentro de este modelo?

–Al inicio de mi carrera me di cuenta de que mucho de lo que aprendí en la escuela de medicina no es relevante. Obvio que los tratamientos y otros conocimientos médicos sí, pero no explicaba por qué la gente estaba en un hospital, cómo llegaron ahí, cómo y qué tanto se les trató.

“A lo largo de los siguientes 10 años, tuve que aprender más sobre sociología, antropología médica, economía, historia, todos los aspectos de contexto que rodean a los pacientes, sus comunidades incluyendo la estructura socioeconómica, raza, el tema de disparidad de género. Me di cuenta de que lo que necesitaba hacer era aprender a través de mis pacientes, escucharlos, entender sus historias.

“Para ilustrar lo que digo: estás en un consultorio donde hay un doctor y un paciente. Están solos, aislados, la puerta cerrada. Pero la realidad es que hay un sinnúmero de fuerzas gigantescas presentes dentro de esa oficina. Está el lugar de donde llegó el paciente, su código postal, la historia de su familia, la historia de su migración, su educación, el tema de alcoholismo y drogas, o no, entre otras cosas. Para el doctor, también están presentes varios factores, incluidos algunos que limitan su visión, su capacitación, el sistema en que trabaja, y si éste es público o privado, cómo se les paga, entre otras variables infinitas.

"Lo que tuve que hacer durante los años siguientes fue detectar esos campos gravitacionales invisibles (en encuentros entre pacientes y médicos), los cuales pueden ser manifestaciones de desigualdad, racismo, todas las construcciones sociales de la salud. Al atender al paciente tenía que tomar eso en consideración y no sólo con la libreta de recetas médicas a la mano y ordenando más y más exámenes, de hecho, justo aprendiendo a no hacer eso. Cuando llegué a mi máximo punto de madurez como doctor es cuando logré decirme a mí mismo que no, que ya basta."

–A más de un año de que estalló la pandemia, ¿qué hemos aprendido y qué no?

–Primero, la pandemia fue pronosticada. No fue un accidente, no fue un evento, no fue un meteorito que llegó de repente. El virus Covid ha sido muy estudiado por más de 20 años, y es porque ha habido otras manifestaciones del virus en 2003 y otra más. Se supone que fue transmitido de animales a humanos, igual que funciona la pandemia de la influenza cada año. De hecho, 60 por ciento de todas las infecciones en humanos se originan en animales, esto ha sido desde siempre. No hay nada raro con eso.

“¿Pero por qué estamos padeciendo estas pandemias? Tiene que ver con la invasión de la población humana al hábitat animal. Hemos cruzado las líneas. Habrá más pandemias, algunas recurrentes, otras nuevas. Sabemos por qué.

“Pero la pregunta es si podemos, como agrupaciones de naciones, lograr que instancias como la Organización Mundial de Salud tenga la capacidad para enfrentarlas. Hasta ahora, no ha existido la voluntad política para lograrlo. Veamos: el monto de dinero que Estados Unidos gasta en construir un portaviones fácilmente podría pagar, y varias veces, todo lo que se necesita hacer de manera colectiva para lograrlo, no estamos hablando de nada extraordinario, sino de hacer lo que ya hacemos con la influenza.

“Qué más aprendimos? Que se lograron producir todas estas vacunas, pero el problema está en quiénes tienen acceso. Estamos viendo tasas de mortalidad enormes en países donde no están disponibles. No sabemos si habrá acceso universal a la vacuna, eso de a quién se le tiene que pagar, quién tiene la patente o la licencia, todo esto está al centro de la pregunta sobre si la pandemia es un asunto monetario y no de salud pública.

"Lo otro que aprendimos es que gobiernos autoritarios son un gran problema. Estados Unidos, cuando estaba gobernado por Trump, causó medio millón de muertes excesivas (o sea, innecesarias). Eso, de hacer de esto un tema político, jugar con eso de los cubrebocas, y más, igual que Bolsonaro."

Doce pacientes (Twelve Patients) será publicado en español próximamente por el Fondo de Cultura Económica. New Amsterdam, del cual Manheimer no sólo es la inspiración, sino el principal asesor médico, se puede ver en Netflix.

Manheimer sobre la pandemia en La Jornada (https://www.jornada.com.mx/2020/05/02/politica/008a1pol).

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