La toma de posesión de Gustavo Petro y Francia Márquez marca el momento estelar de la esperanza en Colombia

Pese a las dificultades, en la Colombia profunda hay muchas esperanzas depositadas en el nuevo Gobierno popular que arranca este domingo. La población es consciente de que llegó el momento de hablar y apostar por el diálogo.

 

Cada 7 de agosto en Colombia se celebra la derrota militar del invasor español en la Batalla de Boyacá en 1819 que marca el final de la colonización. Esa es la fecha en que toman posesión los nuevos presidentes del país. El 7 de agosto será el día del progresista Gustavo Petro y de su vicepresidenta Francia Márquez. Él, un economista y ecologista exguerrillero. Ella, una lideresa popular de las comunidades negras, ecologista y feminista. Petro es un intelectual serio, al que le cabe el complejo país en la cabeza. Pero fue por la presencia de ella que el pueblo entendió que había que salir a votar. Que venía lo impensable: un Gobierno popular.

Indudablemente, es un momento histórico para muchas generaciones de colombianos. Desde comienzos del siglo XX la oligarquía colombiana jamás dejó llegar al poder a un presidente socialista. Prueba de ello es la larga lista de líderes progresistas asesinados. El presidente más cercano al progresismo fue el influyente dirigente liberal Alfonso López Pumarejo (1934-1938 y 1942-1945), miembro de la elite y a quien le correspondió llevar a cabo reformas liberales que respondían, por miedo o por contagio, a una ola de transformaciones que se presentaban en América Latina bajo el influjo político de la República Española. Desde entonces, la mayoría de sus reformas fueron desmontadas.

En realidad, no es la primera vez que un Gobierno popular llega a la presidencia en Colombia. Ya en 1854 una revolución urbana puso en el poder, casi a rastras, al general José María Melo, que no la había liderado. Melo era cobrizo, de ancestro indígena y, como Petro, exguerrillero, pues en las tropas libertadoras de Simón Bolívar llegó a capitán. En Alemania entró en contacto con las ideas socialistas entre 1836 y 1840, y en 1851 –ya de regreso a su patria– fue ascendido a general. La revolución que lo puso en el poder fue un enfrentamiento entre importadores y productores nacionales: los artesanos, el germen de la industria nacional. Tan pronto Melo fue proclamado presidente se unieron las fuerzas más retrógradas que aparentemente vivían enfrentadas entre sí: los esclavistas, prácticamente todos terratenientes, armaron a sus peonadas, se aliaron con los importadores y arremetieron con toda contra el presidente de la revolución popular. Lo tumbaron antes de un año. Melo no alcanzó a hacer mayor cosa porque se dedicó a defenderse de la arremetida militar. Los historiadores burgueses lo clasifican como dictador. Nada raro.

n Macondo la historia da vueltas en redondo, clamaba Úrsula Iguarán en Cien Años de Soledad. El conflicto con los importadores que golpean y arrasan la producción nacional sigue siendo casi el mismo y se refleja en la quiebra del campesinado y de los medianos productores. Los Tratados de Libre Comercio (TLC) han paralizado progresivamente la industria. Por poner un ejemplo, Colombia era un país algodonero con sus propios telares industriales pero que no produce ya ni algodón ni telas, aunque sí tiene maquilas de telas importadas. El país del mejor café del mundo importa café. Importa arroz, maíz y granos, fertilizantes y alimento pecuario, mientras los productores empobrecen.

El Gobierno de Petro y Francia Márquez  también puede sufrir el peso de la unión de las oligarquías. Sabido es que el Pacto Histórico, la coalición que los llevó al poder y su soporte político, si bien logró la mayoría en el Senado está lejos de tener suficientes parlamentarios para sacar en solitario las reformas cardinales a las que se comprometió: establecer un modelo de salud preventiva eliminando empresas intermediarias entre el paciente y la atención médica y hospitalaria, reformar el sistema de pensiones, garantizar una educación pública gratuita y de calidad, establecer impuestos progresivos a los más ricos y gravar las tierras improductivas y, finalmente, comprar su cosecha a los campesinos y vender esa producción de alimentos a precios bajos en los barrios populares.

El Pacto Histórico, medido por el aplausómetro en manifestaciones y encuentros, es joven y ecologista y es esencial que saque adelante la transición energética. También el ingreso vital de medio salario mínimo para cuidadores, en su mayoría mujeres, y para madres cabeza de familia de los sectores populares. En la actualidad sería un pago equivalente a 113 euros mensuales.

Trasladar la Policía del Ministerio de Defensa y llevarla a una nueva cartera relacionada con la paz es otro de los objetivos de Petro. También renegociar el TLC con Estados Unidos, así como cambiar la doctrina militar del enemigo interno y eliminar el servicio militar obligatorio, lo que va en línea con la "paz total", una iniciativa de negociaciones regionales que avanza entre polémicas y obstáculos legales e incluso con la oposición del Tío Sam, siempre tan metido en Colombia, pero que es la más profunda aspiración popular. Implica no solo negociar con las fuerzas guerrilleras que quedan, la principal el Ejército de Liberación Nacional (ELN), también lograr la desactivación de las redes criminales y desactivar los "conflictos que no son de bala", como dice el pueblo. Para todo esto se requiere de mayorías calificadas en el Congreso, pues existen leyes en contra.

Las alianzas políticas que ha logrado el avezado senador del Pacto Histórico Roy Barreras, de origen liberal y a cargo de formar una especie de Frente Amplio, están ligadas a expectativas que muy probablemente no pueden ser satisfechas: las maquinarias de los políticos profesionales hoy en día no se basan en ideas sino en ambición. Cada reforma toca intereses de algún sector económico poderoso, desde la banca hasta los importadores de armas, pasando por los terratenientes y los comerciantes, tan implicados en el paramilitarismo de ultraderecha.

Se suman tareas que no dependen del Congreso, como el asunto cardinal de cumplir el acuerdo de paz con las FARC, un completo programa de Gobierno que el saliente Iván Duque procuró dinamitar incluso tolerando el desfalco de los dineros de la paz para los próximos 10 años. También sacar adelante un plan de choque contra la desnutrición y desprivatizar el servicio de alimentación escolar, que en demasiados casos es el único alimento firme que reciben muchas niñas y niños en el día pero que se convirtió en botín de la corrupción. Petro deberá también irradiar una cultura de paz para afrontar la mentalidad paramilitar que se ha instalado en buena parte de la población beneficiada de una u otra manera por el narcotráfico y la guerra.

Y todas estas tareas tendrán que hacerse en medio del panorama económico poco prometedor, cuando en el escenario imperialista soplan vientos de guerra ante la fuerte recesión mundial en ciernes. Duque está dejando la olla raspada, con una deuda nunca antes vista, firmando contratos de largo plazo y haciendo nombramientos a diestra y siniestra de manera vergonzosa a solo días de dejar el poder. Para no hablar de su balance sangriento: 957 líderes y defensores de derechos humanos asesinados, 261 firmantes de la paz ultimados, 313 masacres con 1.192 víctimas, 555 secuestros, según Indepaz con fecha de 2 de agosto.

Pese a ello, en la Colombia profunda hay esperanza en el nuevo Gobierno popular. Hay conciencia de que lo que viene es compromiso y mucho trabajo y que llegó el momento de hablar de política con los demás, política de verdad, pensando en los nietos, no la archiconocida politiquería del "qué me das tú a cambio".

Colombia vive un momento único, porque el tribunal especial producto del Acuerdo de Paz (JEP por sus siglas) está emitiendo continuamente las confesiones de militares y exguerrilleros reconociendo sus delitos. Al mismo tiempo, la Comisión de la Verdad está presentando su informe final, un extenso y complejo material que pretende ser el retrato más actualizado de Colombia. El ministro de Educación de Petro, exrector de la Universidad de los Andes Alejandro Gaviria, ya anunció que el informe será material en las escuelas. Los docentes se devanan los sesos sobre cómo trabajar el contenido con sus estudiantes: qué es lo que la mayoría debe aprender y cuál la clave íntima que cada cual habrá de entender acerca de cada arista de la accidentada historia reciente de Colombia, que fue borrada de los planes de estudio académicos durante el Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), periodo en el que también resurgió el paramilitarismo.

Antes de su toma de posesión ante el Congreso este domingo, el jueves Petro acudió ante las Autoridades Tradicionales del pueblo arhuaco en Nabusímake, en la mítica Sierra Nevada de Santa Marta, y tomó posesión ante ellas en un ritual conmovedor, con la presencia de su nueva embajadora en las Naciones Unidas Leonor Zalabata y su ministro designado de Defensa, Iván Velásquez. Lo ungió el mamu (sacerdote) Kuncha, uno de los más respetados por su sabiduría y su conocimiento ancestral.

"Fue una ceremonia muy bonita", comentó a Público el antropólogo y documentalista Yezid Campos, largo conocedor de los pueblos y los sufrimientos de la Sierra Nevada. Aunque otros presidentes han hecho lo mismo que Petro antes de su toma de posesión, este "no fue un acto de demagogia politiquera". A Campos le llamó la atención "la sensibilidad y sentimiento legítimo y sincero de Petro hacia la gente, hacia el ritual, su significado, su espiritualidad, su compromiso. Igual, el cariño de la gente de la Sierra hacia él. Fue un acto de comunión con lo que significa el pensamiento indígena, la unidad total entre el respeto por la naturaleza, el amor y respeto por la vida, y la justicia social". Los mamus le entregaron al nuevo presidente colombiano dos bastones que lo acompañarán en su defensa de la vida y de todo lo que existe en la naturaleza. Al final de su mandato, en cuatro años, Petro deberá regresar a la Sierra Nevada para rendir cuentas.

Bogotá

06/08/2022 22:08  

Constanza Vieira@constanzavieira

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Investidura de Gustavo Petro y Francia Márquez ante el mundo popular

Juraron con un ritual indígena y ante las organizaciones populares

 

El Parque Tercer Milenio se bamboleó con un ritual indígena que le dio la bienvenida primero a Francia Márquez y más tarde a Gustavo Petro. Con cánticos en lenguas ancentrales de los "mayores" (líderes) y un gran mandala lleno de elementos de la naturaleza, la vicepresidenta y el presidente electos por la alianza Pacto Histórico fueron investidos espiritualmente en la víspera a la toma de posesión formal del domingo. Será el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia. Petro se dirigió a los diversos movimientos sociales. "Les quiero agradecer su presencia en este acto ceremonial. Aquí va a comenzar un gobierno de la paz, de la justicia ambiental, de la justicia social. El poder real está aquí, en el movimiento popular". 

El líder progresista prometió inaugurar "un gobierno con los movimientos sociales y no sobre los movimientos sociales. El presidente los convoca a organizarse". Y prometió construir una democracia multicolor. "Es una construcción nueva, democrática. Nunca se ha vivido en el país una democracia multicolor. El gobierno se pone al servicio de su pueblo".

Los representantes de distintas organizaciones, que ondeaban banderas, le respondieron con aplausos y cantitos de "Si se pudo, sí se pudo". Entre el millar de asistentes había familias con hijos, jóvenes, militantes, pertenecientes a pueblos originarios, afrodescendientes y zonas rurales de toda Colombia.  

Miriam Chamorro, de la etnia Emberá -Chamí, estaba en primera fila con un clavel rojo en la mano. Dijo a Página12, "la llevo para que la vida no muera en primavera". La mujer, de 60 años, vestida con un poncho azul, y con una larga trenza dijo que esperaba que con el gobierno que asume este domingo "la madre tierra esté más cuidada". "El francking debe ser abolido, como así otros proyectos extractivistas. Hemos vivido miles y miles de años sin ellos.. Si se acaba el agua limpia, los ríos, las montañas, ¿de qué nos habrá servido la productividad?". 

Entre las primeras medidas que se someterán a debate en el Congreso destacan la prohibición del fracking, una ley de urgencia contra el hambre y una reforma tributaria. Un nuevo esquema impositivo "más progresivo y justo", repitió Petro durante la campaña. Así, la mayor recarga tributaria recaerá sobre las 4 mil fortunas más grandes de Colombia. Se busca recaudar cerca de 50 billones de pesos anuales (unos 11.500 millones de dólares).

Con la ambiciosa reforma tributaria el gobierno entrante pretende aumentar los recursos de la nación, que para 2023 tendrá un presupuesto de 391,4 billones de pesos (unos 91,190 millones de dólares de hoy) según el proyecto. 

En un país de 50 millones de habitantes, castigado por la inflación (10,2% interanual), el desempleo (11,7%) y la pobreza (39%), el gobierno electo propone una batería de reformas para reducir la brecha entre ricos y pobres, en uno de los países más desiguales de la región. 

Esas iniciativas generan expectativas entre los congregados en el Parque Tercer Milenio. Como Jorge Lara, afrodescendiente de 52 años, docente universitario.  "La brecha económica y social es muy amplia. Esperamos que Petro la pueda reducir. El 40 por ciento de la población vive en la pobreza. Es sumamente alta".

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 19,6 millones de personas estaban en condiciones de pobreza en el país el año pasado -de 50 millones- 

Lara subrayó la necesidad de vivir sin violencia. "Nosotros anhelamos la paz total en este país. Una vez que lo solucionemos podremos avanzar. Tenemos muchos recursos. Pero la guerra y la inseguridad que nos tocó vivir durante los últimos 60 años fue muy crítica y muy aguda. Si logramos la paz total como la plantea Petro podemos avanzar muchísimo". 

A Petro le tocará suceder a Iván Duque, cuyo gobierno estuvo marcado por su incumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016, el fracaso de su reforma impositiva y las críticas a su gestión por la represión a los manifestantes del estallido social de 2019. Tras la derrota electoral de la derecha y el establishment, el economista convocó a un Gran Acuerdo Nacional con partidos de centro, entre ellos el Liberal.

Los acuerdos que trazó Petro luego de su victoria se tradujeron en designaciones en los ministerios, así como en la conformación de mayorías en el Congreso. El gabinete aúna liderazgos tecnocráticos progresistas -como el de José Antonio Campo en Hacienda o Alejandro Gaviria en Educación-, con líderes indígenas en puestos importantes y un referente de derechos humanos, Danilo Rueda, como Alto Comisionado para la Paz.

Antes que el presidente electo, estuvo presente Francia Márquez, articuladora del mundo popular. Esta mujer afrodescendiente, feminista, anticapitalista, dijo que tienen enfrente a la "elite más peligrosa de la región", en clara alusión al probable acecho que tendrán de la los sectores más conservadores del país. Por eso, esta también activista ambiental insistió en el "Gran Acuerdo Nacional" para trabajar sobre el respeto a la vida y por la paz.

A los presentes les agradeció el largo camino de lucha. "Este camino no empezó en una campaña electoral, este camino empezó en la resistencia de los pueblos, resistencia que se ha mantenido en más de 500 años, que a muchos les ha costado la vida, que a muchos les ha costado el exilio y que a muchas mujeres nos ha costado casi todo", subrayó la vicepresidenta electa, quien proviene del departamento del Cauca, una de las zonas más afectadas por el conflicto armado. 

 "Mis tareas son a partir de la delegación que haga el presidente. Lo que yo puedo hacer en este gobierno está en las funciones que me delegue el presidente y por supuesto mi voz, mis funciones estarán ahí", aseguró Márquez, en un mensaje entre líneas a su compañero. 

Mientras hablaba Márquez, Pilar Liscano, de 27 años, asentía y movía su bandera del Movimiento Ciudad en movimiento. Dijo que desde su organización iban a apoyar las iniciativas del Ministerio de Igualdad, que está previsto sea dirigido por Márquez. 

Liscano, joven licenciada en educación presencial, llevaba el pañuelo violeta en su cuello. "Queremos ayudar a mejorar la realidad de las mujeres y de las identidades de género", dijo a este diario. Y sobre el derecho al aborto, agregó. "La discusión avanzó en Corte Constitucional, existe un marco legal para la interrupción voluntaria del embarazo, pero falta el avance en la sociedad. Los médicos pueden declarar objeción de conciencia". 

En esa línea sumó su entusiasmo con la figura de la vicepresidenta Farides Pitre Redondo, mujer afrodescendiente del departamento de la Guajira. "Francia Márquez representa a la mujer luchadora, a la que está en nuestros territorios, simboliza una oportunidad de cambio. Los pueblos étnicos esperamos que este cambio sea representativo para nuestras comunidades. El hambre y la violencia  pasen a segundo plano. Que tengamos mejor educación, necesitamos una política de salud diferencial. Esa es la esperanza que tenemos", dijo esta maestra de 53 años. 

En el momento de cierre de la investidura espiritual Petro les dijo a los presentes: Nos vemos mañana en Plaza de Bolívar. Allí, este domingo jurará como presidente después de décadas en las que buscó llegar al poder para cambiar a Colombia. De guerrillero del M19 (Movimiento 19 de Abril),  a alcalde de Bogotá (entre 2012-2015) y senador. En la ceremonia de investidura participarán una decena de jefes de Estado, entre ellos Alberto Fernández, Gabriel Boric (Chile) y Luis Arce (Bolivia), con quienes ha mostrado sintonía política. Y con quienes mantuvo reuniones Francia Márquez en una gira regional una semana atrás. 

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Por un horizonte más allá del capitalismo

El 7 de agosto, con la posesión de Gustavo Petro y Francia Márquez, iniciará el primer gobierno popular en la historia de Colombia. En medio del pragmatismo y el compromiso que implica conducir el Estado, los movimientos sociales deben permitirse la radicalidad de las ideas en la construcción de un nuevo horizonte de sentido para el país.

En repetidas ocasiones, Gustavo Petro ha señalado que su gobierno se esforzará por «desarrollar el capitalismo» para superar la dependencia en el extractivismo y la violencia en el país. El presidente electo parte de una lectura lineal de la historia, en la cual Colombia se encuentra estancada en una suerte de premodernidad que llama «feudal», en donde el poder político-económico gira alrededor de la tenencia de la tierra. Bajo esta idea, al desarrollar el capitalismo como forma de superar el «feudalismo», las fuerzas productivas del país alcanzarían sus niveles más altos, de manera que el extractivismo se superaría mediante una sociedad industrializada y altamente productiva. 

Sin lugar a duda, superar las estructuras político-económicas heredadas del régimen de hacienda de la colonia es una necesidad histórica para la modernización del país y la profundización de la democracia. Esto se torna mucho más urgente si se tiene en cuenta que la distribución inequitativa de la tierra y la prevalencia del latifundio son parte fundamental de las causas del conflicto armado. Ahora bien, Petro, actuando como estadista, construye su discurso y sus propuestas bajo el marco ideológico institucional que hoy prevalece; de allí surge la lectura lineal de la historia y la creencia de que el desarrollo del capitalismo bajo la intervención del Estado es la «única forma conocida en la historia» —como dijo en una reciente entrevista— para alcanzar la modernización de Colombia. 

De esta manera, la propuesta del gobierno de transición de Petro y Márquez se enmarca en los límites de la racionalidad institucional promovida incluso por corrientes del pensamiento latinoamericano (como la cepalina). Los movimientos sociales que acompañamos esta candidatura y celebramos la victoria popular que representó el triunfo electoral, junto a la intelectualidad comprometida con el cambio, en esta coyuntura histórica en donde emergen grandes potencialidades para la transformación de la realidad, debemos garantizar que se expandan los límites de esa racionalidad.

Debemos pensar más allá de lo establecido enraizando el análisis en nuestra realidad para encontrar alternativas al desarrollismo capitalista, de manera que en Colombia y América Latina logre potenciarse un horizonte nuevo, un camino auténtico que le proponga al mundo una salida a la crisis planetaria. Como afirmó el sociólogo chileno Hugo Zemelman,

Se busca estar en la vastedad de la realidad y no dejarse aplastar por los límites de lo que ya está producido; de allí que se tenga que romper con las determinaciones histórico-culturales que nos conforman para rescatar al sujeto histórico como constructor y retador.

Capitalismo, crisis ambiental y violencia

Uno de los aspectos clave del nuevo gobierno es su compromiso con la superación del extractivismo. La centralidad que adquiere el medioambiente en su discurso es notoria, particularmente la preocupación por el cambio climático y la apuesta por ubicar la vida como eje de la política. «Colombia, potencia mundial de la vida», fue el eslogan de campaña de Petro y Márquez, aludiendo a la inmensa diversidad biológica del país y la necesidad de protegerla del extractivismo depredador, lo cual representa una apuesta novedosa y esperanzadora que pretende superar los errores de la «ola progresista» de la primera década de este siglo.

Sin embargo, promover el desarrollo capitalista resulta contradictorio con esta apuesta. Esto, debido —al menos— a dos elementos estructurantes del capitalismo. El primero, es que se trata de un sistema basado en el crecimiento económico y la acumulación constante. El crecimiento desaforado de la producción y el consumo para garantizar altas tasas de ganancia, sin considerar los ciclos de los ecosistemas, ha generado una presión tal sobre la naturaleza que tanto las condiciones para la producción como la vida misma están en riesgo. En sus ensayos sobre marxismo ecológico, James O’Connor define este proceso autodestructivo como la «segunda contradicción del capitalismo». 

El segundo elemento es que el capitalismo es un sistema esencialmente violento: el crecimiento y acumulación constantes son posibles solo gracias al despojo. La acumulación originaria es la categoría que usó Marx para describir el violento proceso de saqueo de tierras y bienes comunes en Inglaterra que posibilitó el desarrollo industrial capitalista de este país. Pero más que un proceso fundante, la acumulación originaria es una constante del capitalismo, que se expresa de maneras distintas en nuestro tiempo. Autores como David Harvey nos hablan de «acumulación por desposesión» para explicar cómo las privatizaciones de hoy se sustentan en el despojo violento no solo de bienes comunes materiales sino de derechos inmateriales. Así las cosas, desarrollar el capitalismo implicaría continuar con la violencia en contra de las poblaciones rurales y la naturaleza en función del crecimiento económico constante y la acumulación.

Sumado a estos dos elementos es preciso señalar que, desde la teoría del sistema-mundo y la división internacional del trabajo, el capitalismo ha tenido un alcance global a través de su expansión colonial sobre las «periferias del mundo». En el centro del capitalismo global se encuentran las potencias industrializadas, quienes concentran el poder económico, tecnológico y militar, mientras que en las llamadas periferias —como lo son Colombia y otros países de América Latina— se ubican las fronteras extractivas de donde se extraen las materias primas que alimentan la producción industrial y la mano de obra barata, explotada para sostener las altas tasas de ganancia de los más ricos.

Desde esta perspectiva, a diferencia de lo que señala Petro, el capitalismo ya ha estado presente en Colombia, aunque no en la forma en que el presidente electo pretende, sino en la forma en que éste se expresa en la periferia global colonizada. Allí yace entonces la realidad que debemos afrontar: el capitalismo en Colombia adquiere una forma extractivista que despoja violentamente y destruye la naturaleza. Y el orden clasista y racista del régimen de hacienda que justifica el exterminio ha sido el acuerdo político institucional que desde la colonia ha sostenido a Colombia en la periferia del capitalismo global.

La insistencia en la perspectiva lineal eurocéntrica que sugiere el desarrollo capitalista como vía para superar el «feudalismo» en Colombia, aunque pueda resultar efectiva discursivamente, niega la realidad del capitalismo rentista colonial y puede conducir a la justificación de nuevas formas de violencia y despojo.

Ideas para la construcción de un nuevo horizonte común

La idea unidireccional del progreso ha estado enraizada incluso en corrientes del marxismo ortodoxo. Desde allí, la destrucción de las formas «precapitalistas» del mundo rural y la proletarización de su población es vista incluso como parte de un proceso civilizatorio. Sin embargo, para quienes pensamos el mundo desde el trópico y el Sur, con la preocupación incesante de la crisis ecológica, el desarrollo capitalista significa violencia sistemática y la entrega de nuestro destino a la tecnocracia neoliberal.

De lo que se trata entonces, siguiendo la idea de Walter Benjamin, es de darle un manotazo a la locomotora del progreso capitalista —no de acelerarla— para que en el descarrilamiento podamos construir nuestro propio destino, partiendo de lo que hemos sido, lo que somos y lo que podemos ser. Ampliar los límites de la razón para construir un nuevo horizonte común, actuar sobre la realidad que nos fue dada escudriñando en las realidades posibles que yacen en las resistencias y luchas colectivas de nuestros pueblos.

Entre los movimientos sociales y sectores populares que han hecho posible la victoria electoral del primer gobierno de izquierda en Colombia, podemos encontrar valores y relaciones sociales que permitirían construir alternativas al capitalismo: la solidaridad, la comunalidad, el cuidado colectivo, la reciprocidad, la libertad, la dignidad y la autonomía son solo algunos de ellos.

En su planteamiento sobre el socialismo raizal, el sociólogo colombiano Orlando Fals Borda señalaba la importancia de retomar la estructura de los valores sociales de los pueblos con el objetivo de «descubrir aquellos valores que sean congruentes con nuestras actuales metas colectivas», de manera que sea posible construir un horizonte socialista común pero diverso, construido al son de los ritmos y culturas de cada pueblo. 

Para el caso de Colombia, Fals Borda identificó cuatro pueblos fundantes que, en su opinión, constituyen el ethos de lo que somos como nación: los pueblos indígenas, de donde se rescata la solidaridad o el «siempre ofrecer», la reciprocidad o el «siempre devolver», la no acumulación o el «siempre distribuir» y el extraer recursos de la naturaleza sin exceder sus límites. La afrocolombianidad palenquera, que cuenta con un sentido de libertad e inventiva en situaciones de resistencia, así como una vida comunitaria que hoy se reconoce en categorías como el «vivir sabroso» o el «soy porque somos» promovidos por la vicepresidenta Francia Márquez. Los campesinos y artesanos antiseñoriales de origen hispánico, de donde se destacan los valores de la dignidad política y personal y, finalmente, los colonos del interior agrícola, donde perviven valores de la autonomía y el gobierno participativo.

En la composición de los movimientos sociales que han protagonizado las grandes movilizaciones de la última década en Colombia hemos podido apreciar la presencia de estos pueblos originarios y de sus valores fundantes como ejes articuladores de las reivindicaciones y luchas por la paz, la educación, el medio ambiente, las garantías laborales y la justicia social. Pero existe otro sector que no fue considerado en su momento por Fals Borda y es crucial en América Latina: el movimiento feminista.

Sobre los cuerpos de las mujeres ha recaído la violencia del conflicto armado, y sobre sus hombros se han sostenido las familias y comunidades que han visto arrasado su territorio por la guerra. Tras mantenerse en pie luego de un conflicto armado de más de cinco décadas, las mujeres, sus resistencias y redes de solidaridad, constituyen un actor fundante de lo que hoy es la Colombia popular. Del movimiento feminista se rescata el valor revolucionario más importante de nuestro tiempo: la construcción crítica de una subjetividad emancipatoria a través del reconocimiento de que lo personal es político. 

No se trata, sin embargo, de «esencializar» a estos pueblos o sectores sociales. De lo que se trata es de rescatar, entre las contradicciones que les componen, aquellos valores en movimiento que nos permitan afrontar las metas de una sociedad que debe reconciliarse y buscar un rumbo propio en el marco de la crisis planetaria. El desafío, así, pasa por vernos a nosotros mismos no solo a través de las ideas de Occidente o los marcos normativos de la tecnocracia liberal, sino también como el resultado de las resistencias y luchas de nuestros pueblos, donde surgen valores, formas de ser, de pensar, de crear y de producir distintas a las de la productividad capitalista.

Expandir los límites de la razón

El nuevo gobierno en cabeza de Gustavo Petro y Francia Márquez, en el marco de una nueva ola progresista en América Latina, tiene potencial para hacer historia. Pero para ello resulta indispensable que los movimientos sociales se permitan el pensamiento radical. Son los movimientos populares los que deben tomar en sus manos la tarea de rescatar de la realidad que vivimos aquellos elementos que apunten a la transformación y superación del capitalismo y proyectarlos y profundizarlos.

América Latina es rica en saberes, prácticas y formas de vida que pueden reconfigurar nuestra relación con la naturaleza y con el mundo que nos rodea. Aprender a vivir de otra manera es una necesidad no solo de Colombia, sino de todo el mundo, si lo que se busca es evitar la catástrofe ambiental. El desarrollo capitalista amenaza esa posibilidad, por más buenas intenciones que tenga. Son en cambio, ideas como las del socialismo raizal las que debemos explorar con mayor detenimiento para la construcción de proyectos políticos que disputen el sentido del Estado y avancen hacia un horizonte común socialista, diverso, ecológico y feminista. 

En un momento de crisis planetaria como el presente, América Latina está en condiciones de hacer un gran aporte a los pueblos que luchan en todo el mundo. En Colombia, por primera vez en nuestra historia, tendremos un gobierno popular comprometido con la transformación de la realidad. Los movimientos sociales tendremos que aprender a movernos entre el apoyo a Gustavo Petro y Francia Márquez y la disputa del proyecto de gobierno hacia un sentido cada vez más transformador. Pero, sobre todo, debemos insistir en soñar más allá de lo establecido y atrevernos a crear, porque en nosotros está el futuro.

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Honduras: medio año de Xiomara Castro en el poder

Avances, pendientes y desafíos del gobierno de izquierda

Combatir la pobreza, cicatrizar las heridas del Golpe de 2009, y enfrentar la corrupción, tres factores que han atravesado los primeros seis meses de gestión. 

 

Desde Tegucigalpa

Se cumple medio año desde que Xiomara Castro se convirtiera en la primera mujer en asumir la presidencia de Honduras luego de unos históricos comicios, donde no solo consiguió la mayor cantidad de votos en una elección del país centroamericano, sino que además se comenzó a cicatrizar la herida causada por el golpe de Estado que su compañero Manuel Zelaya sufriera en 2009.

A seis meses de comandar el poder ejecutivo a nivel nacional a través del Partido Libre, de gobernar las ciudades más importantes y de obtener mayoría simple en el Congreso junto a sus -por momentos- aliados del Partido Salvador de Honduras (PSH), ¿cuáles han sido los avances, los pendientes y los mayores retos que atraviesa el autodenominado “gobierno socialista del poder popular”?

Para Rodolfo Pastor de María Campos, Secretario de Estado en el Despacho de la Presidencia, lo primero que hay que hacer es un análisis de cómo se encontraron a las instituciones: “Hubo que llegar a literalmente a apagar fuegos, a poner tapones para que no nos hundiéramos”, ilustra el politólogo, quien añade que en los últimos 12 años, la nación “sufrió el impacto de un régimen autoritario y corrupto en el que se fueron deteriorando todos los índices de derechos humanos, con un aumento de la desigualdad y de la violencia”.

Honduras es, después de Haití, el segundo país más empobrecido del continente, con un nivel mayor al 73% de la población y con un 50% de indigencia, al que los anteriores dirigentes del Partido Nacionalista endeudaron para militarizar y saquear, mientras establecían un narco gobierno que cooptaba todas las esferas del Estado, a la vez que la gente comenzaba a escapar en caravanas migrantes con la esperanza de encontrar mejores oportunidades de vida en otras tierras.

“La presidenta Castro nos ha instruido y hemos empezado a desmontar la dictadura. Por ejemplo, derogamos una Ley de Secretos que le daba el derecho al anterior gobierno de administrar recursos públicos sin tener que rendir cuentas, siempre que lo justificara como un tema de seguridad nacional”, explica Pastor. También, el Ministro de Defensa José Zelaya -sobrino de la presidenta- acaba de disolver el polémico Consejo de Defensa y Seguridad creado en 2011 por el ex mandatario Porfirio “Pepe” Lobo Sosa.

“Estas son medidas que van encaminadas a hacerle frente al monstruo de la corrupción que tenemos instalado. Porque además, estamos todavía enfrentados a unos operadores de justicia, a una Corte Suprema y a un Ministerio Público que siguen permeados de manera profunda por el anterior régimen y que nunca persiguieron a Juan Orlando Hernández -el ex presidente hondureño extraditado en abril a Estados Unidos por conspirar para meter 500 toneladas de cocaína-, a pesar de que habían más que suficientes pruebas”, dispara el asesor de Xiomara.

La recién aprobada ley para nombrar a una junta que propusiera a los candidatos para la nueva Corte generó un quiebre -al menos temporal- en la alianza entre el partido Libre y el PSH. Los diputados alineados con Salvador Nasralla votaron en contra, porque “la Corte Suprema de Justicia debe ser totalmente independiente y las personas que lleguen no deberían tener conflictos de intereses por ser funcionarios públicos de este o de anteriores gobiernos”, describe la médica y diputada del PSH Ligia Ramos.

De todas formas, la doctora aclara que “hemos avanzado bastante, acompañando la mayor parte de los proyectos del Ejecutivo y de la agenda legislativa que hemos tenido en común con Libre.” Destaca la nueva política energética, “de la cual yo me siento muy orgullosa y la cual respaldo al 100%”, en la que se declaró a la electricidad como un derecho humano y por lo que el gobierno la subsidia a quienes tienen poco consumo.

También, a pesar de importarlo en su totalidad y en medio del conflicto bélico en Europa del este, se ha rebajado el valor del combustible por tercera semana consecutiva, en un intento de reducir la inflación. Por otro lado, se lanzó el Bono Tecnológico para aliviar al campo -con semillas transgénicas- y la Red Solidaria para asistencia social. Otro hito ha sido la creación de la Policía Comunitaria, a través de la cual se busca mejorar la funcionalidad de una de las instituciones más criticadas luego de una década marcada por la represión.

En materia de salud es donde la médica del PSH ve una “carencia de una política clara, con bastante desabastecimiento de remedios y conflicto laboral por colegas que tienen siete meses de no recibir sueldo”. Para la periodista Jennifer Ávila -directora del medio digital ContraCorriente.red-, se debe a que “el gobierno anterior dejó amarrados muchos tratos que no se pueden pagar”, en un país donde “el clientelismo político y el dar trabajo por ser activista, ha sido la forma normal en que en las instituciones del Estado emplean gente”, explica.

Según Ávila, hay promesas de campaña que aún no se han cumplido y que generan cierta incomodidad: “Una de las exigencias más grandes del movimiento feminista es la aprobación de la de la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE), ya que Honduras es el único país en Latinoamérica que tiene prohibida su venta y su distribución”, denuncia. La “pastilla del día después” era legal hasta que, posterior al golpe, fue prohibida por considerarse abortiva (sic).

Para Pastor, la demora en volverla a legalizar se debe a que la PAE estará enmarcada en la “Ley integral contra las violencias hacia las mujeres” que se está socializando entre diversos sectores. “Hay grupos de poder fáctico que tienen todavía mucha capacidad mediática de utilizarlo en contra. Y requiere de un trabajo muy cuidadoso para que no se perciba como una imposición del poder, sino como el resultado de un diálogo”, describe Pastor. Pero mientras se construye ese consenso, la PAE sigue prohibida y las mujeres no pueden acceder a un medicamento esencial -según la Organización Mundial de la Salud- “ni siquiera durante un protocolo de atención a víctimas de violencia sexual”, argumenta Ávila.

“La labor de gobernar es un arte de equilibrios y en este momento sabemos el apoyo que tenemos, pero también estamos conscientes del frágil equilibrio que hemos logrado establecer y como podría ser afectado de dar un paso en falso”, ilustra el Secretario de Estado. Por esa misma razón queda -por el momento- apartada la idea de una Asamblea Constituyente, prometida también en la campaña electoral. “Es nuestra razón de ser. Libre nace a partir de un Golpe de Estado que lo que buscó fue interrumpir un proceso de apertura democrática y de consulta popular. Entonces, la Constituyente es una parte fundamental de nuestro proyecto, pero entendemos la realidad en la que estamos y sabemos que no hay condiciones”, describe Pastor.

Para Bertha Zúñiga, la hija de la asesinada defensora de los recursos naturales Berta Cáceres, “como COPINH constatamos la fuerza de los grupos de poder para los cuales plantear los derechos territoriales de las comunidades indígenas y negras -y la reivindicación que debe hacer el Estado- es una de las mayores amenazas a sus intereses”, analiza. Y más allá de ser recibidos en Casa de Gobierno por la presidenta Xiomara, aclara que “a pesar de la voluntad manifiesta, no hay avance en las demandas territoriales de los pueblos. Pero seguimos esforzándonos para que este tema sea abordado estructuralmente”, advierte.

“Sí ha habido ciertas cosas simbólicas importantes, pero todavía no se ve, por ejemplo, el impacto de la derogación de la Ley de las Zede, como mejoró o resolvió los conflictos socioambientales”, grafica la periodista Jennifer Ávila. Para la doctora y diputada Ligia Ramos, “tenemos que buscar el balance. El gobierno en el Poder Ejecutivo ha hecho cosas importantes que nosotros acompañamos en el Congreso. Tenemos al crimen organizado todavía dentro de las instituciones, que hace más difícil que las cosas funcionen bien rápidamente. Pero en seis meses, hemos avanzado bastante”, afirma.

Según Rodolfo Pastor de María Campos, Secretario de Estado en el Despacho de la Presidencia,”siendo optimistas y lo más realistas posible, en estos tres años y medio que nos quedan por delante, si somos capaces, vamos a lograr estabilizar el país, terminar de apagar esos fuegos, poner la casa en orden y sentar las bases, para que el próximo gobierno sea el que pueda empezar a construir un país más justo, más democrático, más próspero y también por eso más pacífico”.

Publicado enInternacional
Viernes, 22 Julio 2022 10:50

El cambio está en las reformas

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Gustavo Petro puede ser el primer presidente de una era progresista en Colombia o el primero y el último, eso depende de cómo sea su gobierno. Él ha dicho que el cambio no está en las formas –quienes ocupen el poder– sino en las reformas. Es importante analizar las razones de los nombramientos y movidas políticas hechas hasta el momento.

Una sociedad entra en crisis cuando lo viejo no termina de morir ni lo nuevo termina de nacer.
Gramsci.

 

Gobernar no es igual a hacer oposición y el gobierno no es todo el poder. La victoria electoral de Gustavo Petro y Francia Márquez fue histórica, pero hay dos tramos importantes por recorrer para entender si será una victoria única en la historia de Colombia o el inicio de una nueva época, como en su tiempo lo fueron la llamada República Liberal o la Hegemonía Conservadora.

El primero de estos tramos, de aquí al 7 de agosto que será el momento de la posesión. El segundo, su primer año de gobierno, ejecución que será escrutada al detalle por las fuerzas que perdieron la contienda, pero también por quienes acompañaron desde diversos sectores populares para concretarla. Avanzaremos con el primer tramo y daremos puntadas sobre el segundo para entender por qué el cambio no está en las formas sino, en palabras del Presidente electo, en las reformas que se adelanten durante estos 4 años con el capital político conquistado.

Preámbulo

Desde su discurso en el Coliseo Movistar, Gustavo Petro delineo lo que será el gobierno del Pacto Histórico (PH) en estos 4 años alrededor de la construcción de paz, la justicia social y ambiental. Un gobierno que por primera vez –casi desde los tiempos de Simon Bolívar– tendrá una política exterior articulada de manera coherente con su política interna, por lo cual es importante destacar no solo el nombramiento de Álvaro Leyva como su Canciller, un conservador que ha dedicado los últimos 40 años de su vida a hacer la paz en Colombia, sino también la intención expresa de reconstruir la integración latinoamericana alrededor de la transición ecológica y la paz continental. Intención en la que serán claves los gobiernos de Chile y México y sus coincidencias ideológicas con el colombiano.

Senda en la cual será importante el espacio de acción conjunta y cooperación que abrirá el probable gobierno de Lula en Brasil a partir del 2023, y la cooperación del cubano en la necesidad de retomar los diálogos con el Eln en la isla, de la mano de un cese bilateral inmediato al fuego entre el Estado y esta agrupación, medida que ya fue anunciada como una intención por parte del presidente electo.


Acuerdo Nacional y
el abandono de la violencia

Claramente el cambio de tono también tiene que ver con el objetivo de convertirse en un proyecto hegemónico a largo plazo. Eso significa, más allá de ganar electoralmente hacerlo en términos culturales. Es evidente que hay un país que todavía se involucra en la conversación pública en las claves que llevaron a Álvaro Uribe Vélez al poder en el 2002 como las de creer que ser exguerrillero te inhabilita para ser presidente o suponer que existe “gente de bien” y “vándalos” o ciudadanía de segunda categoría. En esto el Presidente electo a manifestado en repetidas ocasiones ser consciente del papel simbólico de su liderazgo y la responsabilidad que esto conlleva a la hora de expresar las ideas que busca se impriman en la conversación pública cotidiana del país.

En este marco resalta que el Acuerdo Nacional propuesto por el PH no es un Frente Nacional y, realmente significa construir modernidad en Colombia y abandonar la violencia como instrumento legitimo para tramitar las diferencias políticas. Es por esto por lo que Petro ha cambiado el tono confrontativo, mostrándose dispuesto en este primer tramo a reunirse con todos, entre otros con Álvaro Uribe Vélez, Rodolfo Hernández y German Vargas Lleras, sin temas vetados, mientras que sus congresistas han conversado con personajes como José Félix Lafaurie ya que la principal clave de este acuerdo es que el dialogo sustituya a la violencia como vía de tramitación de las diferencias políticas en Colombia.

Es también la intención de obligar a los enemigos del proyecto del PH a jugar a la política con las reglas que ponga el mismo Pacto. Es entender que entre esos enemigos también existen intereses que desde los poderes mediáticos seguirán intentando imponer sus agendas de odio.

También hace parte de ese tejer de manera abierta en este primer tramo la definición de Roy Barreras como el presidente del Congreso de la República. Una decisión polémica pero alimentada por el hecho real que es el congresista electo con la mayor experiencia parlamentaria, además de haber demostrado una clara habilidad política en las discusiones en el Congreso para imponerse o llegar a acuerdos entre sectores diversos con intereses clientelistas o defensores de las elites tradicionales. El cambio se hará con sectores del orden viejo que se busca desmontar, quien no lo quiera entender es porque no ha pensado seriamente ese cambio. El compromiso urgente que hizo explícito Roy fue recuperar el tiempo perdido en estos últimos 4 años en la implementación legislativa del Acuerdo de La Habana.

La elección pudo ser ética, eligiendo a senadores como Iván Cepeda, un luchador histórico por la paz o Gustavo Bolívar que ha demostrado su compromiso anticorrupción, pero fue pragmática pues como señaló el propio Petro en su primer entrevista como presidente electo “el cambio esta en las reformas” y Roy como político ha demostrado no solo su compromiso con el PH y su programa de gobierno sino también la habilidad para dirigir la discusión en un Congreso en donde el Pacto no tiene la mayoría absoluta y deberá construirla nuevamente con cada discusión que se dé.

Los ministerios clave y las voces polifónicas en ellos

La primera discusión será la de la reforma tributaria estructural y eso explica la elección de José Antonio Ocampo como su Ministro de Hacienda. El elegido es el colombiano que más alto ha llegado en el sistema de Naciones Unidas. No solo es necesario llegar y ocupar el poder sino cambiar todo lo que deba ser cambiado en función de hacer real el principio constitucional de la democracia participativa, pero además, como le ha tocado a la izquierda en diversos lugares del mundo, corregir los errores de administración de sectores de derecha ultraconservadores y Ocampo fue la elección para adelantar lo referente a lo económico, empezando por el presupuesto. Para asegurar el pago de la deuda pública y al mismo tiempo el financiamiento de los planes, programas y proyectos que el Pacto quiere adelantar en estos 4 años. En esto el compromiso es progresividad tributaria y eliminación de beneficios –exenciones– a sectores privilegiados de la sociedad, un primer paso para garantizar esa justicia social. Solo concretar este primer paso seria histórico.

Otra de las ministras designadas es Susana Muhammad, encargada de la cartera de Ambiente. Siendo ya secretaria de Ambiente de la Bogotá Humana demostró su capacidad de gestión. Ha pasado los últimos 3 años defendiendo en el Concejo de Bogotá las banderas del movimiento ambientalista de la ciudad, siendo vicepresidenta de la junta nacional de la Colombia Humana. Su nombramiento es una demostración del carácter angular que tiene para Gustavo Petro y Francia Márquez el desarrollo de esa justicia ambiental.

En sus primeras declaraciones, entendiendo también que estamos en el momento del empalme con el gobierno Duque, la ministra declaró con contundencia que el fracking y el glifosato no iban más. Además fue clara en la necesidad de avanzar en la transición ecológica en un dialogo con Minas y Energía y particularmente –creería que– también con Ecopetrol. Si el apoyo legislativo se mantiene más allá del primer año y se articula esa política nacional con la política exterior este será un ministerio clave en la intención del gobierno del PH por reconstruir la integración latinoamericana alrededor de su bandera de la justicia ambiental.

Una más. Cecilia López Montaño es una socialdemócrata transparente que ya ha sido ministra de gobierno y también directora de Planeación Nacional. Es lo que dirían algunos “una técnica” prestigiosa. Desde sus primeras declaraciones se hizo explicita que su objetivo fundamental será la reforma agraria integral a la que se comprometió el PH en campaña. Una reforma que pasa no solo por hacer real el Acuerdo de La Habana sino también modernizar el campo para que Colombia se transforme en un mediano plazo en un país exportador de alimentos, al tiempo que garantice su soberanía alimentaria para que nadie más muera en el país de hambre. Con su nombramiento el PH le arrebata al Partido Conservador el botín burocrático en que había convertido ese ministerio.

En consonancia con la disputa por el liderazgo social, fue designada Patricia Ariza como Ministra de Cultura. No fue solo un homenaje al genocidio sufrido por la Unión Patriótica como sobreviviente sino también uno de los primeros reconocimientos al movimiento social y popular colombiano, de la mano del nombramiento de Carolina Corcho como Ministra de Salud. Ambas, Patricia y Carolina han luchado como lideresas por los y las trabajadoras de la cultura y la salud, se han peleado los problemas de esos sectores desde un enfoque de derechos popular, negándose a la simple mercantilización. Son mujeres berracas. Son también un giño a la igualdad de género que se demostró eficaz al generar una fuerte reacción de muchísimos hombres líderes de la opinión pública en Colombia que las cuestionaron con una vara muy diferente a si hubieran sido hombres las ministras nombradas.

En el caso de Patricia como Ministra de Cultura está la intención adicional, expresada por el Presidente, de que la cultura haga el proceso de sanación transformadora del sentido común contemplado por ese acuerdo nacional para conquistar posiciones en clave hegemónica para las próximas décadas de Colombia. Falta ver como puede funcionar esa intención en un Ministerio que históricamente ha sido relegado al folclorismo racista, que observa con condescendencia la riqueza patrimonial, étnica y cultural de nuestros territorios diversos.

Finalmente, y hasta el día que se escribe este artículo, está el nombramiento de Alejandro Gaviria como Ministro de Educación. Otro funcionario que, como Cecilia y José Antonio, tiene una larga experiencia en la administración pública y también privada ya que antes de lanzarse como precandidato presidencial era rector de la Universidad de los Andes. Es cierto que ha defendido acercamientos de lo público que son muy cercanos a lo que sin matices se denomina en la opinión neoliberalismo. Es cierto también que hace parte de la elite tradicional de este país, aunque tenga cierta imagen autoconstruida de intelectual de la misma.

También es cierto que, aunque ha demostrado públicamente sus diferencias con Gustavo Petro es lo que debería hacer desde el gobierno nacional para sacar adelante este país, es que fue el único, entre los precandidaturas presidenciales de lo que fue la llamada Coalición de la Esperanza, que con coherencia demostró su apoyo publico a Gustavo Petro en segunda vuelta bajo unas razones muy propias de un socialdemócrata. Se esperaría, al igual que con Roy en la presidencia del Congreso, que demuestre su compromiso con el programa del PH en su gestión como Ministro.

El cambio está en las reformas

Para que no le explote en la cara su victoria electoral, como presidente Gustavo Petro debe alcanzar un equilibrio imposible entre lo viejo que se niega a morir y lo nuevo que no termina de nacer. Reto inmenso, mucho más si se tiene en cuenta que el gobierno del Pacto lo es de una sola oportunidad, nadando en un contexto que no se la pudo poner más difícil a los sectores populares para hacerse con el gobierno.

Con ese propósito, se cuenta a favor que el gobierno nacional en el sistema político colombiano tiene muchísimo poder por el carácter presidencialista del mismo, pero al mismo tiempo debido a equilibrios complejos con los poderes militares, financieros y mediáticos que si no se tienen en cuenta fácilmente pueden desestabilizar cualquier proceso político.

En ese escenario el escenario no estaba cerrado para Petro, quien tuvo la opción de hacer un gobierno radical, nombrar en cada ministerio a un representante popular de ese sector, pero no lo hizo, entre otras cosas porque los sectores populares, con contadas excepciones –precisamente por la desigualdad estructural–, no tienen experiencia en la gestión administrativa de lo público. Este es un gobierno de una sola oportunidad.

Claramente, con lo que hemos podido evidenciar en este primer tramo, será un gobierno comprometido con los cambios que ha planteado debe adelantar el PH en por lo menos los próximos 12 años, preocupado porque lo suceda un gobierno del PH para que continúe y profundice, pero al mismo tiempo un gobierno con la difícil tarea de no equivocarse, construir mayor confianza y apoyo social y, sobre todo, mantener el poder y las conquistas ganadas para ampliarlas.

 

* Politólogo y Magíster en Estudios Políticos Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Colombia. Estudiante de Doctorado en Estudios Políticos de la Universidad Externado. Docente universitario. Twitter: @ShameelThahir

 

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Argentina: Anular el acuerdo con el FMI

1-La nueva ministra Batakis inició su gestión con un plan de ajuste disfrazado de tecnicismos. Anunció un drástico recorte del gasto público mediante la anulación de todas las partidas subjecutadas durante el primer semestre. Lo que no se gastó queda desechado y convertido en ahorro fiscal. Es lo mismo que hacía Guzmán en forma silenciosa (o escalonada) y que el año pasado desembocó en la derrota electoral del oficialismo.

Batakis anunció el congelamiento de los ingresos a la administración pública y una nueva versión del manoseado déficit cero (“se gasta lo que ingresa”). Se hizo eco de las exigencias de la ortodoxia neoliberal que presenta las erogaciones productivas o sociales del Estado, como la gran causa de los males del país. Omitió que ese drama radica en los impuestos que eluden los poderosos, los subsidios que reciben sus empresas y los despilfarros en el pago de una deuda fraudulenta, ilegitima y odiosa. Con la atención puesta en la “respuesta del mercado”, Batakis no expuso ninguna medida de compensación al terrible deterioro de los ingresos populares.

2-La nueva ministra repite las mismas recetas que su antecesor priorizando el sometimiento al FMI. Se reunió con los intermediarios del Fondo, ratificó el cumplimiento del acuerdo y abonó el vencimiento de una cuota del fraude (1.285,9 millones de dólares). Prometió recortar el gasto público en el porcentual exigido por los inspectores (7,5% en el segundo semestre) y puso en marcha la letra chica del convenio en materia de tarifas. También aquí mantuvo la mascarada de segmentación para encubrir que afectará al grueso de los usuarios. Desde Washington emitieron el esperado comunicado aprobatorio, alabando la “consistencia” de esas medidas.

3-Algunos oficialistas justifican la nueva agachada ante los acreedores con el repetido argumento de la urgencia. Afirman que es prioritario “calmar a los mercados” implementando las exigencias del establishment, para encarar posteriormente la agenda social. Con ese mismo pretexto han pulverizado en los últimos años los ingresos populares. La herencia de Macri y la pandemia sólo agravaron el ajuste, que demuele a los salarios por medio de la inflación. Es totalmente ridículo repetir que las concesiones a los poderosos constituyen el primer paso de una futura redistribución del ingreso. Lo que no se implementa ahora tampoco se instrumentará en el futuro. Al igual que Guzmán, Batakis debutó aplicando el libreto acordado con el FMI. Si mantiene ese guion se obtendrán los mismos resultados.

4-Para convalidar el acuerdo se evitaron las irrisorias medidas de compensación de la carestía, que el gobierno solía decretar frente a cada pico del desastre inflacionario. Hasta ahora no hay IFE, ni bono, ni aumento de emergencia. Tampoco se sugiere alguna aproximación al “salario universal” de 14.400 pesos, que no resuelve la desigualdad social pero es un aporte a quienes están en el nivel de indigencia. La aplicación de esa mejora en la versión más ambiciosa implicaría un gasto del 1% del PBI, es decir un porcentual semejante al que Batakis recortará en el próximo semestre. Es absurdo argumentar que ‘no hay plata”, en una coyuntura tan floreciente para el agro-negocio y las grandes empresas. Basta con observar los balances de esos sectores para notar dónde están los recursos para recuperar los ingresos populares.

5-Al igual que su antecesor Batakis convalida un desbordado nivel de superinflación, que los capitalistas utilizan para aumentar sus ganancias. El FMI convalida esta confiscación para subordinar la economía argentina a sus prioridades. Con un porcentual de carestía del 5.3% en junio y un piso del 7% en julio, el promedio anual ya se ubica en torno al 80% con riesgos de ascender y deteriorar aún más los ingresos populares. Se ha instalado una alocada remarcación cotidiana por parte de los formadores de precios que se ha difundido a todas las cadenas de productos y servicios. La incontenible cotización del dólar blue es el pretexto de ocasión para justificar este saqueo, mediante una falsa imagen de costos ascendentes en divisas para toda la cadena de precios. Los grandes capitalistas simplemente tienen piedra libre, porque cuentan con la inoperancia, la impotencia y la complicidad del gobierno.

Batakis repite la misma ceremonia de Guzmán en sus reuniones con las grandes empresas, para mendigarles alguna contención de la escalada inflacionaria. Esa farsa ya es tan inútil como la batería de precios cuidados o cotizaciones máximas para ciertos productos. La ministra ni siquiera propone alguna tregua para frenar la desatada inercia de aumentos. Tampoco repite la ficción de controles o la parodia de advertencias que ensayó Feletti en la Secretaría de Comercio Interior. Se ha estabilizado una descarada connivencia de todos los funcionarios con los capitalistas que aprovechan la ausencia de todo control para engrosar su enriquecimiento. El acuerdo con el FMI no sólo motoriza explícitamente esta carestía, a través de las minidevaluaciones de la paridad oficial, los incrementos de las tarifas y la tasa de interés. También propicia la escalada inflacionaria para incrementar la recaudación por encima de las erogaciones fiscales, De esa forma intenta reducir el déficit para acumular y pagar la deuda.

6-La crisis actual bordea el estallido por el vaciamiento de reservas que afronta el Banco Central. Al cabo de tres años de elevados precios internacionales de las exportaciones y gran superávit comercial, los 31.000 millones de dólares que ingresaron al país se evaporaron a través de la conocida “fuga de capitales”. El descontrol de esa dilapidación es responsabilidad directa de Guzmán y sus mandantes del FMI. Facilitaron los autopréstamos de las empresas con el exterior, el festival de injustificadas importaciones y las conocidas maniobras de evasión del agro-negocio. Sólo en los últimos 18 meses, la AFIP detectó subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones por más de 4000 millones de dólares. Como la brecha con el dólar blue intensifica la presión devaluatoria, los exportadores retienen ahora la liquidación de 9.000 millones a la espera de una mejor retribución.

En lugar de efectivizar algún control real del comercio exterior, Batakis recurre a los pequeños parches en la supervisión del turismo o los gastos personales fuera del país. Los inspectores del FMI vetan cualquier intervención significativa en el ingreso o la salida de las divisas que manejan las grandes empresas. La única solución que propone el Fondo es una mega devaluación que destrozaría el salario y que el gobierno resiste (o demora).

7-La nueva ministra debutó con una refinanciación de la monumental deuda pública en pesos, que insume mayores pagos de intereses a los bancos que se lucran con el festival de las Leliqsi. Renovó los enormes vencimientos de títulos en moneda nacional, canjeando papeles con remuneraciones más onerosas y promesas de pago atadas a la cotización del dólar. Este nuevo escalón del endeudamiento del Estado fue festejado por el oficialismo como un gran logro, que elude constatar la simple prórroga de algún default de esos compromisos. La continuidad de esa bicicleta alimenta las fortunas de los financistas y acentúa el aprisionamiento de los bancos a la madeja parasitaria. Además, el BCRA facilitó la medida con garantías de recompra de los títulos públicos a la banca inversora en la deuda pesificada.

Todo el crédito que deberían destinar a proyectos productivos es canalizado hacia la inmanejable bola de nieve de las Leliqs y otros títulos de la deuda pública. El “ingreso universal” podría por ejemplo solventarse con lo que se derrocha en los intereses de esos títulos. Su refinanciación al borde del impago induce al periódico rescate por medio de un torrente de emisión, que a su vez acrecienta el descontrol inflacionario. Los economistas del oficialismo miran para otro lado o afirman sin ningún fundamento que ese monumental endeudamiento en pesos es indoloro para la economía e irrelevante para la inflación. Con ese argumento justifican el parasitario negocio de los banqueros, que por enésima vez esquilman las finanzas públicas sin aportar un sólo peso de inversión genuina. Mientras suscriben este saqueo de guante blanco, presentan a Batakis como una gran exponente del productivismo desarrollista.

8-El cumplimiento del cronograma que inspeccionará el FMI obstruye también la continuidad del alza del PBI que sucedió a la pandemia y amenaza con una recaída en la recesión. Georgieva no oculta esa recaída en su aval a las próximas acciones “dolorosas” que afrontará el gobierno. El recorte del gasto frenará como mínimo el plan de obras públicas, que sostiene el nivel de actividad, en un contexto de fuerte retracción del poder adquisitivo popular. El gran momento del agro-negocio y el continuado consumo de la clase media-alta, acrecientan la desigualdad y no alcanzan para disipar las presiones recesivas. Además, la dilapidación del superávit comercial ha pulverizado los dólares requeridos para sostener las importaciones necesarias en los ciclos de recuperación industrial.

9-Guzmán se fue, pero el FMI quedó instalado en todas las oficinas del Ministerio de Economía. Y no existe ninguna forma de implementar un giro hacia una política popular, si no se rompe ese encadenamiento. Las dos medidas básicas para contener la inflación sin ajustes contra el pueblo son vetadas por el Fondo. Rechazan la introducción de las retenciones para divorciar las cotizaciones internacionales de los precios locales de los alimentos, puesto que esperan cobrar la deuda con mayores incrementos de las ventas externas. Por eso se oponen a cualquier iniciativa que afecte al agro-negocio. También objetan la aplicación de la ley de Abastecimiento, para disciplinar a los remarcadores que se enriquecen con la carestía. Afirman que ese drástico corte de la inercia inflacionaria deterioraría la “confianza”, aumentaría la “incertidumbre” y alteraría los “mercados”. Con estas elegantes denominaciones presentan la empobrecedora fijación de precios desorbitados por parte de los capitalistas, que utilizan el respaldo del FMI para reforzar su oleada de remarcaciones. Han difundido, además, una falsa imagen de inutilidad de los controles de precios (“que siempre han fracasado”), omitiendo que nunca fueron implementados con decisión y eficacia. Lo que siempre ha imperado es un salvajismo de mercado que deprecia los salarios y los auxilios asistenciales.

La solución transita por instaurar controles reales en la cadena de formación de los precios, no sólo mediante inspecciones. Es necesario instrumentar intervenciones en las gerencias de las empresas para imponer un freno inmediato a la carestía. Ese control será efectivo, si actúan organizaciones populares de control de precios y comisiones internas de control de costos en las empresas formadoras, utilizando todos los medios tecnológicos actualmente disponibles, para garantizar una fijación racional de los precios básicos.

10-La anulación del acuerdo con el FMI es también indispensable para recomponer las reservas mediante un efectivo control del comercio exterior, que actualmente maneja una decena de grandes empresas. Esas compañías administran las exportaciones y las importaciones por el colador de los puertos, perpetuando la millonaria evasión impositiva que padece el país. El Fondo pretende cobrar la deuda, sin modificar la estafa al fisco que consuman sus socios capitalistas con la pasiva tolerancia del gobierno.

La retención por parte del Banco Central de las divisas generadas en el país y fugadas al exterior, exige poner fin a las auditorias trimestrales del Fondo que avalan ese vaciamiento. La libre movilidad de los capitales es un credo neoliberal, que el FMI pretende restaurar en Argentina eliminando paulatinamente los controles de cambios que el propio macrismo debió reinstalar para evitar un colapso. El gobierno actual los mantiene sin ninguna convicción y en los hechos ha delegado en los financistas el manejo real de las divisas. No se le ocurre decretar por ejemplo una emergencia cambiaria, que permitiría racionalizar el uso de los dólares que el país necesita, no los emite y los despilfarra.

Resulta factible compatibilizar esa estabilización de la economía con la redistribución del ingreso, si se efectiviza el control de los precios, el comercio exterior y el sistema financiero. Con esos resortes, la recuperación del salario dejaría de ser un simple mensaje electoral, para tornarse una conquista visible. Pero ese logro requiere un insoslayable paso previo de ruptura con las ataduras del FMI.

11-Sin recuperar la soberanía nacional de los mandantes del Fondo tampoco se podrá resolver la dramática carencia de trabajo genuino. Esa falta obedece a una estructura económica primarizada que multiplica las cosechas, la generación de energía y la extracción de minerales sin crear empleos equivalentes a ese aumento. Basta observar el divorcio existente entre el incremento de la superficie incorporada a la producción agroexportadora y la generación de nuevos trabajos en esas actividades para constatar, que sólo el crecimiento industrial y la expansión del mercado interno permitirán ampliar la dotación laboral.

Pero el FMI no sólo propicia el extractivismo y la primarización, también apadrina un modelo de recuperación pos-pandémica asentado en el deterioro del nivel de vida popular. Con el mismo nivel de desempleo que en 2017 hay 6 millones más de pobres y el trabajo informal se ha estabilizado en el 40% de la población. El asalariado pobre -que no alcanza a cubrir con su ingreso la canasta familiar- ya es un dato corriente de este escenario, que el FMI pretende eternizar. Sus voceros son enfáticos partidarios de una reforma para sepultar los derechos laborales conquistados en el último siglo. Presentan a los desocupados como culpables de sus propios sufrimientos y difunden la ilusión que el empleo brotará con la destrucción de las conquistas sindicales. Olvidan todas las fracasadas experiencias que desde el menemismo han recortado derechos sin generar un solo puesto de trabajo.

La última versión de ese atropello es propagada por los sectores del oficialismo que promueven el traspaso de los planes sociales a gobernadores y municipios. Por ese camino inducirían el pasaje de trabajadores al sector privado, con contratos más flexibilizados y mayores tasas de explotación.

Los tres cursos alternativos para crear empleo genuino -mejorando el salario y ensanchando las conquistas laborales- son inconcebibles con la auditoría del FMI. Los inspectores del Fondo rechazan un ambicioso plan de obras públicas complementado por empresas estatales, para motorizar la creación de millones de puestos laborales. Mucho menos aceptan la reducción de la jornada de trabajo, en las actividades que esa disminución permitiría engrosar la fuerza laboral. Finalmente se oponen en forma terminante a multiplicar las subvenciones y créditos a los emprendimientos de los movimientos sociales, que han puesto en pie cierto entramado de la economía cooperativa.

12-El acuerdo con el FMI se firmó hace tan sólo tres meses, en un clima de chantaje que equiparaba el rechazo de ese convenio con el abandono del planeta. Se anunciaba que la oposición a ese compromiso conducía a la corrida cambiaria y a la disparada del dólar. Es lo que finalmente ha ocurrido por aceptar el torniquete de los acreedores. El fantasma del fin del mundo vuelve a irrumpir por haber suscripto lo que exigió Washington en connivencia con el poder económico local. Conviene recordar que el FMI no es un “banco del mundo” que asocia a todos los países del orbe. El escandaloso crédito a Macri no fue aprobado por esa comunidad, fue concedido abruptamente mediante una simple llamada de Trump, ratificando que Estados Unidos maneja todas las decisiones estratégicas de esa institución. La pulseada es con Washington y no con “todo el mundo”. Para recuperar soberanía económica hay que lidiar con esa tensión.

El próximo incumplimiento de las metas acordadas con el Fondo y la consiguiente necesidad de un “perdón’ para renegociarlas, ratifica la necesidad de otra alternativa. El temido default nunca se efectivizaría con el FMI, puesto que esa cesación de pagos sólo se tramita con acreedores privados. Gracias al socorro que el gobierno de Alberto y Cristina aportaron al Fondo legitimando la estafa concertada con Macri, los directivos de ese organismo continúan disimulando el agujero que representa la deuda argentina (61% de las acreencias del organismo).

Ese muerto constituye un problema mucho más grave para ellos que para el país y sólo la temerosa mentalidad del gobierno ha impedido registrar ese dato. En el escenario creado por la guerra de Ucrania ya es disparatado afirmar que Rusia y China estrecharán un frente con Estados Unidos contra la Argentina, si el país decide anular el acuerdo con el FMI. Desde hace décadas Argentina sufre pobreza, desigualdad y estancamiento por pagar las estafas. Las pocas veces que resistió esa presión, el país logró cierto respiro y algún crecimiento. Por eso conviene reconocer las dramáticas desgracias que padecemos por aceptar el ajuste, antes que dar vueltas en torno a las eventuales adversidades que afrontaríamos por derogar el convenio.

13-Es hora de anular lo suscripto con el FMI poniendo también fin a las distracciones, como la opción de crear un fondo para pagar la deuda con el dinero que fugaron los principales capitalistas. Antes de esperar recaudar ese monto en el exterior se podría frenar la hemorragia de divisas que vacían las reservas. Y antes de buscar afuera desconocidos montos de dinero habría que recuperar los 20 mil millones de dólares que ya investigó el Banco Central. La obtención de esa suma sigue bloqueada por un secreto bancario, fiscal y bursátil que nadie remueve y por la falsa expectativa en que Estados Unidos colaborará con la búsqueda de los capitales emigrados.

Esa misma ilusión condujo al inmovilismo esperando la benevolencia del FMI, el resultado está a la vista. Rechazaron la posibilidad de una condonación o quita del capital adeudado y también la conversión de los pasivos en obligaciones climáticas o la extensión a 20 años de los vencimientos. Incluso mantuvieron el cobro de una insólita sobretasa por el exorbitante volumen del crédito que ellos mismos colocaron.

14-La anulación del infame acuerdo con el FMI no emergerá del mismo Congreso que convalidó ese atropello. Será conquistada en la calle a través de la acción popular, retomando la gran tradición nacional de rechazo a ese organismo. Ese logro exige revertir la desmovilización y la naturalización del ajuste que imperó en los últimos años.

Por fortuna, la gran novedad actual es la recuperación de la resistencia, a través de una embrionaria convergencia de los movimientos sociales oficialistas con las formaciones piqueteras de la izquierda que han mantenido sin pausa su admirable y tenaz espíritu de lucha. Esta confluencia comenzó en la reacción común contra la criminalización de los dirigentes, que alienta la derecha, propician los medios y concretan los jueces con el guiño oficial. Desde la cúspide del gobierno se intenta debilitar a los movimientos sociales, traspasando los planes al manejo corrupto y discrecional de los gobernadores y los intendentes.

La resistencia a esa ofensiva se ha proyectado a la lucha social, con importantes gestos para unificar un plan de lucha común por el aumento del salario mínimo, la reapertura de los planes y la obtención de un bono de emergencia. El movimiento piquetero es el gran protagonista actual de la movilización y su acción tiende romper la pasividad que imponen las burocracias oficialistas en el movimiento sindical.

15-El potencial resurgimiento de una resistencia masiva modificaría el escenario actual, reabriendo la esperanza en una salida a la crisis favorable a las mayorías populares. En un lejano país que afronta una asfixia de endeudamiento similar a la Argentina, el pueblo acaba de tumbar al gobierno del ajuste. El primer mandatario de Sri Lanka escapó mientras los manifestantes invadían el Palacio presidencial.

En otra experiencia más cercana, en Ecuador, la sostenida movilización de organizaciones indígenas derrotó la represión. También impuso sus demandas a un gobierno sometido al mismo programa que el FMI impone a nuestro país. Estos dos datos recientes confirman que Argentina no resiste en soledad la cirugía que exigen los acreedores. La batalla por anular un acuerdo infame gana adeptos, conquista seguidores y logrará su cometido, si ese estandarte se convierte en la bandera central de todas las movilizaciones en curso.

Buenos Aires, 18 de julio de 2022

Claudio Katz, Eduardo Lucita y Julio Gambina son miembros de Economistas de Izquierda (EDI).

20 julio 2022

 

Notas

1/ Las leliqs (letras de liquidación) son instrumentos financieros emitidos en pesos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) que consisten en deuda a descuento que solamente pueden adquirir los bancos. [nota de la editora].

Publicado enEconomía
Lunes, 18 Julio 2022 18:11

El cambio está en las reformas

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Gustavo Petro puede ser el primer presidente de una era progresista en Colombia o el primero y el último, eso depende de cómo sea su gobierno. Él ha dicho que el cambio no está en las formas –quienes ocupen el poder– sino en las reformas. Es importante analizar las razones de los nombramientos y movidas políticas hechas hasta el momento.

Una sociedad entra en crisis cuando lo viejo no termina de morir ni lo nuevo termina de nacer.
Gramsci.

 

Gobernar no es igual a hacer oposición y el gobierno no es todo el poder. La victoria electoral de Gustavo Petro y Francia Márquez fue histórica, pero hay dos tramos importantes por recorrer para entender si será una victoria única en la historia de Colombia o el inicio de una nueva época, como en su tiempo lo fueron la llamada República Liberal o la Hegemonía Conservadora.

El primero de estos tramos, de aquí al 7 de agosto que será el momento de la posesión. El segundo, su primer año de gobierno, ejecución que será escrutada al detalle por las fuerzas que perdieron la contienda, pero también por quienes acompañaron desde diversos sectores populares para concretarla. Avanzaremos con el primer tramo y daremos puntadas sobre el segundo para entender por qué el cambio no está en las formas sino, en palabras del Presidente electo, en las reformas que se adelanten durante estos 4 años con el capital político conquistado.

Preámbulo

Desde su discurso en el Coliseo Movistar, Gustavo Petro delineo lo que será el gobierno del Pacto Histórico (PH) en estos 4 años alrededor de la construcción de paz, la justicia social y ambiental. Un gobierno que por primera vez –casi desde los tiempos de Simon Bolívar– tendrá una política exterior articulada de manera coherente con su política interna, por lo cual es importante destacar no solo el nombramiento de Álvaro Leyva como su Canciller, un conservador que ha dedicado los últimos 40 años de su vida a hacer la paz en Colombia, sino también la intención expresa de reconstruir la integración latinoamericana alrededor de la transición ecológica y la paz continental. Intención en la que serán claves los gobiernos de Chile y México y sus coincidencias ideológicas con el colombiano.

Senda en la cual será importante el espacio de acción conjunta y cooperación que abrirá el probable gobierno de Lula en Brasil a partir del 2023, y la cooperación del cubano en la necesidad de retomar los diálogos con el Eln en la isla, de la mano de un cese bilateral inmediato al fuego entre el Estado y esta agrupación, medida que ya fue anunciada como una intención por parte del presidente electo.


Acuerdo Nacional y
el abandono de la violencia

Claramente el cambio de tono también tiene que ver con el objetivo de convertirse en un proyecto hegemónico a largo plazo. Eso significa, más allá de ganar electoralmente hacerlo en términos culturales. Es evidente que hay un país que todavía se involucra en la conversación pública en las claves que llevaron a Álvaro Uribe Vélez al poder en el 2002 como las de creer que ser exguerrillero te inhabilita para ser presidente o suponer que existe “gente de bien” y “vándalos” o ciudadanía de segunda categoría. En esto el Presidente electo a manifestado en repetidas ocasiones ser consciente del papel simbólico de su liderazgo y la responsabilidad que esto conlleva a la hora de expresar las ideas que busca se impriman en la conversación pública cotidiana del país.

En este marco resalta que el Acuerdo Nacional propuesto por el PH no es un Frente Nacional y, realmente significa construir modernidad en Colombia y abandonar la violencia como instrumento legitimo para tramitar las diferencias políticas. Es por esto por lo que Petro ha cambiado el tono confrontativo, mostrándose dispuesto en este primer tramo a reunirse con todos, entre otros con Álvaro Uribe Vélez, Rodolfo Hernández y German Vargas Lleras, sin temas vetados, mientras que sus congresistas han conversado con personajes como José Félix Lafaurie ya que la principal clave de este acuerdo es que el dialogo sustituya a la violencia como vía de tramitación de las diferencias políticas en Colombia.

Es también la intención de obligar a los enemigos del proyecto del PH a jugar a la política con las reglas que ponga el mismo Pacto. Es entender que entre esos enemigos también existen intereses que desde los poderes mediáticos seguirán intentando imponer sus agendas de odio.

También hace parte de ese tejer de manera abierta en este primer tramo la definición de Roy Barreras como el presidente del Congreso de la República. Una decisión polémica pero alimentada por el hecho real que es el congresista electo con la mayor experiencia parlamentaria, además de haber demostrado una clara habilidad política en las discusiones en el Congreso para imponerse o llegar a acuerdos entre sectores diversos con intereses clientelistas o defensores de las elites tradicionales. El cambio se hará con sectores del orden viejo que se busca desmontar, quien no lo quiera entender es porque no ha pensado seriamente ese cambio. El compromiso urgente que hizo explícito Roy fue recuperar el tiempo perdido en estos últimos 4 años en la implementación legislativa del Acuerdo de La Habana.

La elección pudo ser ética, eligiendo a senadores como Iván Cepeda, un luchador histórico por la paz o Gustavo Bolívar que ha demostrado su compromiso anticorrupción, pero fue pragmática pues como señaló el propio Petro en su primer entrevista como presidente electo “el cambio esta en las reformas” y Roy como político ha demostrado no solo su compromiso con el PH y su programa de gobierno sino también la habilidad para dirigir la discusión en un Congreso en donde el Pacto no tiene la mayoría absoluta y deberá construirla nuevamente con cada discusión que se dé.

Los ministerios clave y las voces polifónicas en ellos

La primera discusión será la de la reforma tributaria estructural y eso explica la elección de José Antonio Ocampo como su Ministro de Hacienda. El elegido es el colombiano que más alto ha llegado en el sistema de Naciones Unidas. No solo es necesario llegar y ocupar el poder sino cambiar todo lo que deba ser cambiado en función de hacer real el principio constitucional de la democracia participativa, pero además, como le ha tocado a la izquierda en diversos lugares del mundo, corregir los errores de administración de sectores de derecha ultraconservadores y Ocampo fue la elección para adelantar lo referente a lo económico, empezando por el presupuesto. Para asegurar el pago de la deuda pública y al mismo tiempo el financiamiento de los planes, programas y proyectos que el Pacto quiere adelantar en estos 4 años. En esto el compromiso es progresividad tributaria y eliminación de beneficios –exenciones– a sectores privilegiados de la sociedad, un primer paso para garantizar esa justicia social. Solo concretar este primer paso seria histórico.

Otra de las ministras designadas es Susana Muhammad, encargada de la cartera de Ambiente. Siendo ya secretaria de Ambiente de la Bogotá Humana demostró su capacidad de gestión. Ha pasado los últimos 3 años defendiendo en el Concejo de Bogotá las banderas del movimiento ambientalista de la ciudad, siendo vicepresidenta de la junta nacional de la Colombia Humana. Su nombramiento es una demostración del carácter angular que tiene para Gustavo Petro y Francia Márquez el desarrollo de esa justicia ambiental.

En sus primeras declaraciones, entendiendo también que estamos en el momento del empalme con el gobierno Duque, la ministra declaró con contundencia que el fracking y el glifosato no iban más. Además fue clara en la necesidad de avanzar en la transición ecológica en un dialogo con Minas y Energía y particularmente –creería que– también con Ecopetrol. Si el apoyo legislativo se mantiene más allá del primer año y se articula esa política nacional con la política exterior este será un ministerio clave en la intención del gobierno del PH por reconstruir la integración latinoamericana alrededor de su bandera de la justicia ambiental.

Una más. Cecilia López Montaño es una socialdemócrata transparente que ya ha sido ministra de gobierno y también directora de Planeación Nacional. Es lo que dirían algunos “una técnica” prestigiosa. Desde sus primeras declaraciones se hizo explicita que su objetivo fundamental será la reforma agraria integral a la que se comprometió el PH en campaña. Una reforma que pasa no solo por hacer real el Acuerdo de La Habana sino también modernizar el campo para que Colombia se transforme en un mediano plazo en un país exportador de alimentos, al tiempo que garantice su soberanía alimentaria para que nadie más muera en el país de hambre. Con su nombramiento el PH le arrebata al Partido Conservador el botín burocrático en que había convertido ese ministerio.

En consonancia con la disputa por el liderazgo social, fue designada Patricia Ariza como Ministra de Cultura. No fue solo un homenaje al genocidio sufrido por la Unión Patriótica como sobreviviente sino también uno de los primeros reconocimientos al movimiento social y popular colombiano, de la mano del nombramiento de Carolina Corcho como Ministra de Salud. Ambas, Patricia y Carolina han luchado como lideresas por los y las trabajadoras de la cultura y la salud, se han peleado los problemas de esos sectores desde un enfoque de derechos popular, negándose a la simple mercantilización. Son mujeres berracas. Son también un giño a la igualdad de género que se demostró eficaz al generar una fuerte reacción de muchísimos hombres líderes de la opinión pública en Colombia que las cuestionaron con una vara muy diferente a si hubieran sido hombres las ministras nombradas.

En el caso de Patricia como Ministra de Cultura está la intención adicional, expresada por el Presidente, de que la cultura haga el proceso de sanación transformadora del sentido común contemplado por ese acuerdo nacional para conquistar posiciones en clave hegemónica para las próximas décadas de Colombia. Falta ver como puede funcionar esa intención en un Ministerio que históricamente ha sido relegado al folclorismo racista, que observa con condescendencia la riqueza patrimonial, étnica y cultural de nuestros territorios diversos.

Finalmente, y hasta el día que se escribe este artículo, está el nombramiento de Alejandro Gaviria como Ministro de Educación. Otro funcionario que, como Cecilia y José Antonio, tiene una larga experiencia en la administración pública y también privada ya que antes de lanzarse como precandidato presidencial era rector de la Universidad de los Andes. Es cierto que ha defendido acercamientos de lo público que son muy cercanos a lo que sin matices se denomina en la opinión neoliberalismo. Es cierto también que hace parte de la elite tradicional de este país, aunque tenga cierta imagen autoconstruida de intelectual de la misma.

También es cierto que, aunque ha demostrado públicamente sus diferencias con Gustavo Petro es lo que debería hacer desde el gobierno nacional para sacar adelante este país, es que fue el único, entre los precandidaturas presidenciales de lo que fue la llamada Coalición de la Esperanza, que con coherencia demostró su apoyo publico a Gustavo Petro en segunda vuelta bajo unas razones muy propias de un socialdemócrata. Se esperaría, al igual que con Roy en la presidencia del Congreso, que demuestre su compromiso con el programa del PH en su gestión como Ministro.

El cambio está en las reformas

Para que no le explote en la cara su victoria electoral, como presidente Gustavo Petro debe alcanzar un equilibrio imposible entre lo viejo que se niega a morir y lo nuevo que no termina de nacer. Reto inmenso, mucho más si se tiene en cuenta que el gobierno del Pacto lo es de una sola oportunidad, nadando en un contexto que no se la pudo poner más difícil a los sectores populares para hacerse con el gobierno.

Con ese propósito, se cuenta a favor que el gobierno nacional en el sistema político colombiano tiene muchísimo poder por el carácter presidencialista del mismo, pero al mismo tiempo debido a equilibrios complejos con los poderes militares, financieros y mediáticos que si no se tienen en cuenta fácilmente pueden desestabilizar cualquier proceso político.

En ese escenario el escenario no estaba cerrado para Petro, quien tuvo la opción de hacer un gobierno radical, nombrar en cada ministerio a un representante popular de ese sector, pero no lo hizo, entre otras cosas porque los sectores populares, con contadas excepciones –precisamente por la desigualdad estructural–, no tienen experiencia en la gestión administrativa de lo público. Este es un gobierno de una sola oportunidad.

Claramente, con lo que hemos podido evidenciar en este primer tramo, será un gobierno comprometido con los cambios que ha planteado debe adelantar el PH en por lo menos los próximos 12 años, preocupado porque lo suceda un gobierno del PH para que continúe y profundice, pero al mismo tiempo un gobierno con la difícil tarea de no equivocarse, construir mayor confianza y apoyo social y, sobre todo, mantener el poder y las conquistas ganadas para ampliarlas.

 

* Politólogo y Magíster en Estudios Políticos Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Colombia. Estudiante de Doctorado en Estudios Políticos de la Universidad Externado. Docente universitario. Twitter: @ShameelThahir

 

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Publicado enEdición Nº293
El triunfo de Petro y las limitaciones del “progresismo tardío” (Parte I)

Una gran explosión de júbilo popular

El domingo 19 de junio, Gustavo Petro fue elegido como presidente de la República en la segunda vuelta de la elección presidencial. Colombia cuenta con un censo poblacional de 50 millones de personas y un censo electoral de un poco más de 39 millones; Petro obtuvo 11.281.001 votos y el candidato de la coalición de derecha Rodolfo Hernández, 10.580.412 elevando el monto de la votación al 58% de los potenciales votantes una de las cifras más altas en la historia electoral del país. Petro había obtenido 8.527.768, aumentando en 2.7 millones de votos con relación a los que obtuvo en la primera vuelta, de los cuales 1.000.000 los obtuvo en las ciudades, la mitad en Bogotá, y el resto principalmente en las costas tanto en la del Pacífico como en el Caribe. En las zonas más deprimidas y abandonadas del país ganó el Pacto Histórico, movimiento liderado por Gustavo Petro. Igualmente, en las ciudades votaron los barrios pobres y de clase media. En Cali, la ciudad en la que el estallido social del año pasado tuvo mayor repercusión, la huella de la rebeldía apareció en las votaciones de las comunas que experimentaron los mayores grados de enfrentamientos y el despliegue impune del terror de Estado que costó decenas de muertos.

Los resultados electorales por departamento confirman un mapa socio territorial que viene repitiéndose desde el plebiscito del 2016, el cual incluye desigualdades de ingresos. Efectivamente, en los departamentos en donde ganó el Pacto Histórico, que suman una franja poblacional del 40.37% del total nacional y una participación del PIB del 29.04 %, el porcentaje de la votación fue del 66,35 % contra el 31, 88% mientras que en los departamentos en que ganó Rodolfo Hernández con una población del 44.27% del total nacional y con una participación del PIB del 44. 91% la votación fue del 62.19% a favor y del 35.51% en contra.

Apenas conocido el resultado electoral, explotó el júbilo popular. Miles de personas se volcaron a las calles y a plazas de todas las ciudades para celebrar la victoria, al tiempo que circularon los videos de poblaciones en los sitios más recónditos del país compartiendo esa misma euforia por el logrado cambio histórico. Comenzando la noche, en el Movistar Arena, una sala de espectáculos situada en el noroccidente de Bogotá, miles de votantes y miembros del Pacto Histórico se concentraron para aplaudir la presencia en el escenario de Gustavo Petro y Francia Márquez.

El protagonismo de Francia Márquez debe resaltarse. Es la primera mujer afro que llega a ese cargo y fue el fenómeno electoral de la consulta inter partidaria realizada el 13 de marzo con una votación cercana a los 800.000 sufragios, la tercera de una lista larga de candidatos que se presentaron en esa ocasión. Proviene de los territorios costeros del Pacífico en donde el extractivismo minero desplaza recurrentemente a las comunidades. Esa votación expresó el rechazo de sectores populares al patriarcado y al racismo y posibilitó la emergencia a la vida pública de las llamadas minorías étnicas en un país en el que la tradición del ethos colonial ha destinado el ejercicio gubernamental a un reducido círculo de hombres blancos y de estratos altos que incluso comparten lazos familiares (“República oligárquica”, llegó a caracterizarla un conocido historiador del siglo XX).

En medio del discurso de Petro apareció en tarima la madre de Dilan Cruz, un adolescente de 18 años, que fue asesinado en el centro de Bogotá durante las movilizaciones de noviembre del 2019 por uno de los integrantes del ESMAD (Escuadrones Móviles Antidisturbios) de la Policía Nacional, asesinato que aún sigue impune. Levantó el retrato de su hijo y tomó el micrófono pidiendo justicia para él y para todas las víctimas del terror de Estado. Un reconocimiento a tanto dolor acumulado por los familiares de las víctimas durante décadas de asesinatos, torturas y desapariciones que continúan sin que aparezcan los rostros de los responsables. En fin, era la confirmación, tanto en ese auditorio como en las calles, de que la indignación frente al actual estado de cosas había tomado la forma de un triunfo político. Indignación frente al aumento de la pobreza, al desempleo de millones de jóvenes y mujeres que deambulan sin futuro cierto y que participaron en el reciente estallido social enfrentando el terror de Estado y una represión desembozada, a los familiares de los muertos por la pandemia del Covid-19 que constataron la indolencia de un gobierno que los abandonó a su propia suerte mientras entregaba el dinero público a gratuidad a los grupos financieros, a los millones de desplazados.

Mientras tanto los analistas políticos y periodistas de medios internacionales de comunicación acusaban el impacto por la llegada de un progresista a la Presidencia de un país en donde sus elites han sido incondicionales a los Estados Unidos, entregándole bases militares en su territorio y aceptando la injerencia militar directa durante la ejecución del Plan Colombia para citar los casos más recientes, pero cuya diplomacia abyecta puede graficarse desde los inicios del siglo XX con la entrega de Panamá.

El diseño de política económica para tranquilizar los mercados

En esa misma tarima, Petro anunció los propósitos centrales de su gobierno lejanos a este sentimiento popular. El primero de ellos, afirmó, es el de “desarrollar el capitalismo”, porque significa el desarrollo de las fuerzas productivas y posibilita acabar con los “residuos feudales” y señoriales que perviven en nuestra geografía desigual. La mayoría de la izquierda colombiana ha incluido en su acervo programático esta tesis que proviene de la política exterior de la ex Unión Soviética en la década de 1930, la cual acompañó el surgimiento de los partidos comunistas en América Latina. Petro proviene de otra tradición, la del M-19, una guerrilla urbana de orientación nacionalista.

Esta tesis deja de lado la crisis histórica del capitalismo sintetizada en la combinación contemporánea de crisis económica, alimentaria, ambiental y de pronóstico reservado frente al futuro de la especie humana producidas por un tipo de acumulación de riqueza que la concentra y destruye la naturaleza.

Deja de lado igualmente, la crisis actual del capitalismo expresada en la concentración de la riqueza, en el sufrimiento de millones de seres humanos condenados a padecer hambre y al desempleo en la precarización del trabajo para citar ejemplos relevantes de sus secuelas. Igualmente, desconoce las dificultades que la forma de acumulación de capital en el período neoliberal, que produjo una expansión inusitada de capital ficticio, les plantea a las elites financieras en la actual coyuntura por lo que la economía internacional camina hacia una de las peores crisis de la historia.

Desconoce, además, la actual división internacional del trabajo que, organizada por las empresas transnacionales a través de cadenas de producción de valor y suministro, les permite controlar el grueso de la inversión y de la distribución de la riqueza al punto que en el actual entorno del comercio internacional la mayor parte de los intercambios se realizan entre estas empresas: por tanto, el tal capitalismo nacional es un imposible. 1

En una entrevista que Petro dio a los pocos días de su triunfo electoral a la revista Cambio2 precisó aún más esta caracterización con argumentos ya suficientemente conocidos presentando al capitalismo como el “gran disparador de las fuerzas productivas de una sociedad” como si ese desarrollo, dadas las exigencias de la acumulación capitalista, no haya producido una destrucción brutal de la naturaleza que tiene en vilo la propia subsistencia de la especie humana. Prometió igualmente, el desarrollo de “un capitalismo democrático, regulado, con respeto al medio ambiente y a la dignidad laboral humana”, como si desde un país periférico pudiera transgredirse la desregulación financiera, el soporte de las ganancias de los grupos transnacionales desde la década de los ochenta, cuando cayeron las “ganancias por productividad” y como si en un país periférico los salarios pudieran programarse por fuera de las exigencias de la tasa de ganancia de los inversionistas.

Debe agregarse que las opciones económicas del presidente electo incluyen la aceptación de la institucionalidad neoliberal. El primer elemento que confirma esta caracterización es el reconocimiento a la Constitución de 1991, en cuya redacción el M-19 ya reinsertado jugó un papel protagónico, como carta de navegación de su proyecto político en lo que viene insistiendo esa constitución oficializó la normatividad neoliberal en el país en temas claves como la internacionalización de la economía de mercado, la privatización de los servicios públicos, la inclusión de la salud y la educación en el catálogo de servicios transnacionales, la consolidación de una tecnocracia asociada a la tecnocracia internacional que define los planes de desarrollo y la política fiscal así como las garantías de pago a los inversionistas de portafolio.

Más aún, esa constitución no es tan solo neoliberal: es monetarista. Oficializó un tipo de Banco Central acorde con la desregulación financiera cuya función principal es la de garantizar niveles bajos de inflación, lo que tiene graves consecuencias en la actualidad. Efectivamente, la inflación generalizada que de momento experimenta la economía mundial ha obligado a los bancos centrales, coordinados por el Banco Internacional de Pagos (BIS) a girar en contrario a lo que realizaron durante los últimos años hacia una política contraccionista expresada en el alza de las tasas de interés. En Colombia, el Banco de la República acaba de elevar la tasa de interés de referencia al 7.5% la más alta en toda la historia de esa entidad. 3

En un país con altos registros de desempleo, informalidad y pobreza y con una inflación en los precios de los alimentos que supera el 20%, esta política de contracción de la demanda agudizará el deterioro de las condiciones de vida de la población. Además, el problema no se reduce al plano interno, el alza de las tasas de interés por parte de la FED en Estados Unidos ha precipitado la fuga de capitales arrastrando el encarecimiento del dólar y dificultades mayores al endeudamiento externo que en marzo de este año llegó a US$101.557 millones con un crecimiento interanual del 14 % y mayores dificultades en el comercio internacional.

Adicionalmente, Petro aceptó las exigencias del Fondo Monetario Internacional para este período. En entrevista publicada por el diario El Tiempo el 14 de mayo, reconoció que se había comprometido con esa Institución crediticia “a reducir el déficit fiscal”. 4 Esta declaración tiene antecedentes y remite a exigencias que no se limitan tan sólo a la reducción del déficit fiscal, el cual actualmente asciende al 6.8% del PIB, (siendo relevante el aumento de la deuda pública que pasó del 36 % al 57 % del PIB entre enero de 2019 y el mismo mes de 2022), sino a preservar políticas económicas fondomonetaristas.

Efectivamente, unos pocos días antes de la declaración del entonces candidato, el jefe de la misión de ese organismo para Colombia, Hamid Faruqee, reconoció que habían aprobado “un nuevo acuerdo de dos años con Colombia en el marco del programa denominado Línea de Crédito Flexible (LCF) por US$ 9.800 millones de dólares”, por cuanto la totalidad de los candidatos que se presentaron en la primera vuelta acordaron “compromisos políticos en el sentido de que habría política de continuidad, de mantener los marcos de políticas sólidos”.5

La LCF constituye un programa de financiamiento del FMI creado tras la crisis financiera de 2008. Su propósito es el de facilitar el acceso a recursos de ese organismo a aquellos países que considera que cuentan con el soporte normativo y orientaciones macroeconómicas estables. En principio los créditos de este programa no vienen acompañados con las exigencias de realizar reformas estructurales, aunque incluyen la supervisión de políticas económicas que no coloquen en riesgo los recursos del Fondo:

En septiembre del 2020 el actual gobierno solicitó un monto de US$ 17.200 millones dentro de los lineamientos de la LCF solicitando un adelanto de US $5.300 millones. “En el marco del programa del FMI, Colombia se ha comprometido a un ambicioso programa de ajuste fiscal en los próximos años. Entre 2021 y 2023 el país deberá lograr una combinación de aumentos de ingresos y recortes del gasto por 7.4% del Producto Interno Bruto (PIB). Si existiera un Mundial de Austeridad post-Covid-19, el país ocuparía un lugar de honor a nivel global. Las metas fiscales sitúan a Colombia con el quinto programa de ajuste fiscal más considerable entre los 81 países que han recibido créditos del FMI en el 2020…” 6

Fue sobre la base de ese compromiso que en abril del 2021 el entonces Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, presentó al Congreso una propuesta de Reforma Tributaria que pretendía recoger $26 billones (2.5% del PIB) manteniendo el sesgo pro ricos de las anteriores y castigando principalmente a las capas medias y a los pobres lo que precipitó el estallido social que terminó por impedir el trámite legislativo de esta propuesta y por precipitar la salida del Ministro Carrasquilla. Al mismo tiempo dos de las calificadoras de riesgo que operan en el país, Fitch Ratings y Standard & Poor’s Global Ratings, le quitaron a Colombia el grado de inversión.

Entonces, el gobierno Duque, impuso una reforma tributaria menos ambiciosa $15 billones (1.5% del PIB) y se comprometió a diferir el monto del endeudamiento insolvente en el lapso de tiempo 2022-2025 lo que fue establecido con carácter de regla fiscal (obligatoria) en una nueva ley de presupuesto. Mauricio Cárdenas quien fuera Ministro de Hacienda durante el segundo mandado de Santos, comentó a propósito de esa norma:

“En apenas un breve párrafo se define el techo al déficit fiscal que obligará al gobierno que se posesione el 7 de agosto de 2022. La ley establece que a partir de 2026 operará un mecanismo en función del nivel de la deuda. Pero, entre 2022 y 2025, regirán los números perentorios señalados en ese parágrafo transitorio. El próximo gobierno –independientemente de las promesas de campaña y los resultados en las urnas– tendrá que limitar el déficit a lo que ahí se fija (…) Según el parágrafo, el déficit tendrá que bajar a 3 % del PIB en promedio en 2024 y 2025. Esto significa un ajuste de 7 puntos del PIB, casi 80 billones de pesos de hoy en los próximos tres años. ¿De dónde va a salir la plata? ¿Quién tendrá la capacidad para hacer este ajuste?…” 7

Contabilizando proyecciones de los ingresos fiscales por el alza transitoria de los precios del petróleo y los de la reforma tributaria supletoria la nueva regla fiscal exige que a finales del 2023 el déficit fiscal merme en 2 puntos del PIB (de -5.6 a -3.6 puntos) lo que condicionará la gobernabilidad, la política social y las decisiones macroeconómicas. Como normalmente ocurre en estos casos, los comunicados oficiales del FMI que anuncian este tipo de acuerdos incluyen las perspectivas macroeconómicas:

“Colombia cuenta con fundamentos económicos muy sólidos y marcos de política anclados en un régimen de metas de inflación creíble, una sólida regla fiscal a mediano plazo, un tipo de cambio flexible y una eficaz supervisión y regulación del sector financiero. Las autoridades están firmemente comprometidas a mantener políticas macroeconómicas muy sólidas. Existe igualmente un amplio consenso sobre la necesidad de preservar la gran solidez de los marcos de política económica…”. 8

Las calificadoras de riesgo (Fitch y Standard & Poor’s) igualmente han declarado que esperan la programación oficial, con reducción del déficit público y con trámite parlamentario aprobado para modificar la calificación negativa de grado de inversión a finales del año en curso. 9

Para rubricar estos compromisos faltaba escoger una personalidad del mundo de la tecnocracia económica en el cargo de Ministro de Hacienda que pueda llevar adelante la aprobación de una reforma tributaria de gran envergadura que, además, incluya recursos para poder ejecutar gasto social. La persona escogida para cumplir con ese objetivo fue José Antonio Ocampo, destacado economista e historiador, reconocido en el país y en la región, quien fue director Ejecutivo de la CEPAL en el período 1998-2003 y Secretario General Adjunto del Departamento de asuntos económicos y sociales de Naciones Unidas (2003-2007) y propuesto por Joseph Stiglitz. como candidato para dirigir el Banco Mundial en el 2013. Fue Ministro de Agricultura en el gobierno de Cesar Gaviria y Ministro de Hacienda en el gobierno de Ernesto Samper durante la década de los noventa y codirector del Banco de la República en el lapso 2017-2019. Una vez oficializado su nombramiento y preguntado por la reforma tributaria en ciernes, Ocampo declaró, “el gasto social tiene que aumentar, pero cumpliendo la regla fiscal”. 10 Entonces llegó la tranquilidad en los mercados, la totalidad de los grupos económicos aplaudieron el nombramiento y abrieron las puertas a negociaciones sectoriales.

Igualmente, Ocampo ha aclarado que el monto proyectado a alcanzar con esta nueva reforma tributaria es de $50 billones (5% del PIB) los cuales se obtendrán principalmente con el aumento del impuesto a la renta de las personas naturales con mayor índice de riqueza, incluyendo la clase media alta, aquella franja de la población que obtiene ingresos de US$2500 mensuales y que según las estadísticas oficiales representa el 10% de la población. Esta orientación tributaria tiene soporte en recientes informes de la OCDE según los cuales, Colombia es el país que, perteneciendo a ese organismo, tiene la tributación más baja a la renta de personas naturales a pesar de la alta concentración de la riqueza. 11

La reforma incluiría una revisión a las exenciones a las empresas y “todo ello complementado con un impuesto al patrimonio que también busca lograr una mayor equidad”. En el caso de la propiedad rural de la tierra asistiríamos a la implementación del catastro multipropósito aumentando ingresos territoriales que el peso político de latifundistas y ganaderos ha impedido recaudar.

Mensaje ambientalista a los países dominantes: “Ustedes contaminan y nosotros tenemos la Amazonía”

En el mismo discurso victorioso y en la misma tarima del Movistar Arena el 19 de junio, Petro ratificó otra de las líneas estratégicas de su gobernabilidad, sobre la que había insistido en campaña, que es el de incorporarse a las campañas internacionales en pro de la descontaminación del planeta asociando ese propósito con las desigualdades en la responsabilidad de los daños ambientales, mucho mayor en el caso de los países dominantes; “ustedes contaminan y nosotros tenemos el Amazonas” afirmó y llamó a los “gobiernos progresistas” de la región a coordinar actividades bajo esta perspectiva.

Desde la COP 21, la Conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático, realizada en 2015 en París en la que 195 países y “actores no estatales” se comprometieron a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y principalmente aquellas asociadas a las de dióxido de carbono, lo que ha sido ratificado en otras cumbres, la última en Glasgow en noviembre del año pasado. Más allá de la discusión sobre el incumplimiento de estos acuerdos, que ha sido recurrente, importa resaltar el hecho de que abrieron un segmento en el mercado de capitales, el de los mercados verdes, un área importante de la financiarización de la naturaleza.

Las instituciones financieras de inversión encargadas de proveer este segmento del mercado son los fondos verdes o sostenibles “que integran su cartera en función de criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG)”.

La definición de servicios ambientales en cuanto incluye un amplio espectro de acciones hacia el medio ambiente, codificadas en estándares internacionales y el pago de las mismas soportan estos activos financieros. 12

Uno de esos activos son los bonos de carbono. “Un bono de carbono se convierte en un Certificado de Emisiones Reducidas (CER) y, por lo tanto, un CER equivale a una tonelada de CO2 que se deja de emitir a la atmósfera. Los bonos de carbono pueden ser vendidos a países del Anexo I del Protocolo de Kioto, es decir, a todos los países industrializados”.

Dado que en la Amazonía existen grandes sumideros naturales de carbono y que una parte del territorio colombiano incluye a esa región selvática, el país ha suscrito protocolos de descontaminación del 51% del carbono para el año 2030 en los que el impedir la deforestación selvática y recuperar la parte que ha sido convertida en praderas constituye uno de los elementos claves para cumplirlos. 13 El gobierno de Duque ha venido realizando adecuaciones institucionales en esta perspectiva y en línea de continuidad con la tradición uribista diseñó zonas de accionar militar coordinadas en la denominada operación Artemisa bajo la justificación de “frenar la deforestación en el país, recuperar la selva húmeda tropical y judicializar a quienes están detrás de la tala y quema de bosques”.

Igualmente ha abierto la oferta de negocios verdes en el Amazonas a grandes inversionistas internacionales. En marzo de este año el propio presidente sobrevoló con Jeff Bezos, el dueño de Amazon, el parque de Chiribiquete para mostrarle los avances en la lucha contra el cambio climático y los programas ambientales que impulsa el Gobierno Nacional. “El parque de Chiribiquete es la zona protegida más grande del país y fue declarado por la Unesco como patrimonio natural y cultural de la humanidad. (…) Además, posee 62 tipos de ecosistemas que brindan beneficios relacionados con la regulación del clima, provisión de agua, purificación del aire y almacenamiento de carbono…”. 14

Debe resaltarse la forma de integración de las comunidades étnicas y campesinas en los territorios escogidos para ejecutar proyectos orientados hacia la economía verde. La REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación evitada) un programa definido dentro de los acuerdos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es un ejemplo de ello. Se trata de un programa que “otorga compensaciones a los países del Sur para mantener sus bosques en pie, por parte de los países del Norte que tienen compromisos de reducción de emisiones en el Protocolo de Kioto. REDD se transformó en REDD+ al agregarle como funciones para mitigar el cambio climático la conservación, el manejo sustentable del bosque y el incremento en los inventarios de carbono. Se busca que estos certificados puedan entrar a los mercados secundarios y puedan venderse y comprarse tantas veces como sea necesario, incluso en los mercados especulativos. (…)

REDD+ es un instrumento para dinamizar y hacer crecer los mercados de carbono. Estos mercados existen aún sin REDD+ y tienen como trasfondo la privatización del aire, que es un bien común. Por más ciencia ficción que parezca, a partir de contratos de compra-venta los países industrializados están comprando a los países del Sur la capacidad de sus bosques de capturar carbono. Es decir, están comprando y vendiendo aire. (…) Uno de los mayores riesgos que entraña REDD+ es la ruptura de la gobernabilidad de los territorios que participan en el Programa, pues implica la entrada de actores ajenos a la vida de las comunidades forestales, como los funcionarios de instituciones multilaterales, las organizaciones internacionales de conservación, los inversionistas y empresas, y los gestores o consultoras ambientales. Además, para cumplir con los compromisos de captura de carbono y conocer y medir sus existencias, REDD+ involucra una mayor presencia de los distintos niveles de gobierno…” 15

La resistencia a estas políticas a escala internacional por parte del movimiento campesino e indígena organizado y de asociaciones ambientales ha sido continuo y expresado de diversas maneras. Previo a la cumbre y en las propias calles de Glasgow, coordinaciones activas de las mismas se pronunciaron en contra de instrumentos como los bonos de carbono y de la financiarización de la naturaleza. Citamos los apartes relevantes de uno de ellos:

– “Estas estrategias empresariales deliberadas, distraen la atención de la necesidad urgente e innegable de eliminar las emisiones de combustibles fósiles;

– Encubren la responsabilidad de las grandes empresas y las élites por sus emisiones de carbono, así como la responsabilidad de los gobiernos de regularlas; y:

– Profundizan la financiarización de la naturaleza, reduciendo a carbono comercializable la increíble diversidad de los bosques, pastizales y humedales de nuestro planeta y desencadenando una nueva y masiva apropiación de recursos de los Pueblos Indígenas, campesinos y comunidades locales, principalmente en el Sur global.

– Los bosques, las tierras, los ecosistemas son mucho más que el carbono almacenado en ellos. Son ecosistemas vivos, que respiran, sitios culturales y espirituales, fuentes de vida para millones de personas en todo el planeta. (…)

– Pero la compensación de emisiones no reduce realmente las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono (CO2). En el mejor de los casos no conducen a un aumento neto de las concentraciones atmosféricas.

Sin embargo, y las emisiones a nivel mundial, y por lo tanto las concentraciones de CO2, continúan aumentando a un ritmo letal…”. 16

Contrario a estas reivindicaciones anti-sistémicas en uno de los apartes del programa de la campaña presidencial Gustavo Petro Presidente sobre el Amazonas, puede leerse:

“Usaremos al máximo los bonos de carbono con la garantía de recuperación de la selva amazónica hasta su frontera natural. Se crearán concesiones para familias campesinas actualmente residentes en la Amazonía, quienes podrán producir sosteniblemente con la condición de recuperar la selva en las áreas de praderización Las comunidades rurales se vincularán a la rehabilitación, conservación y manejo sostenible de los bosques mediante el pago de servicios ambientales…”. 17

13 julio 2022

 

https://correspondenciadeprensa.com/?p=27632

Por Daniel Libreros Caicedo, docente de la Universidad Nacional de Colombia -Sede Bogotá- y militante del Movimiento Ecosocialista.

 

Notas:

  1. Este dato ha sido reconocido por la UNCTAD desde el 2013, “El 80% del comercio tiene lugar en las cadenas de valor vinculadas a las empresas transnacionales. https://unctad.org/es/press-material/el-80-del-comercio-tiene-lugar-en-las-cadenas-de-valor-vinculadas-las-empresas
  2. “Petro, si nos aislamos nos tumban”, Revista Cambio en https://cambiocolombia.com/articulo/poder/petro-si-nos-aislamos-nos-tumban
  3. El Banco de la República subió 150 puntos básicos las tasas de interés, llegando hasta el 7,5 %. Este es el aumento más alto en la historia de la entidad. Para esta decisión, el Banco tuvo en cuenta la alta tasa de inflación anual que alcanzó niveles de 9,23 % en abril y 9,07 % en Mayo (subrayados nuestros) “Banco de la República incrementa tasa de interés a 7,5%”, https://www.portafolio.co/economia/finanzas/tasas-de-interes-decision-banco-de-la-republica-junio-2022-en-vivo-567654
  4. “Gustavo Petro: Yo me comprometí ante el FMI a reducir el déficit fiscal “, El Tiempo, 14 de Mayo, https://www.eltiempo.com/elecciones-2022/presidencia/elecciones-2022-gustavo-petro-habla-n de-su-plan-si-gana-la-presidencia-672404
  5. El Espectador, “Garantías políticas en elecciones permiten renovación de crédito del FMI a Colombia” https://www.elespectador.com/economia/garantias-politicas-en-elecciones-permiten-renovacion-de-credito-del-fmi-a-colombia/
  6. Daniel Munévar, “Colombia : El FMI ha llegado para quedarse en Colombia: austeridad post-Covid 19”, 20 de Diciembre del 2020, https://elcomejen.com/2020/10/21/el-fmi-ha-llegado-para-quedarse-en-colombia-austeridad-post-covid-19/
  7. Mauricio  Cárdenas, “La  Cuadratura del círculo”, El Tiempo, 6 de Agosto del 2021, https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/mauricio-cardenas-santamaria/la-cuadratura-del-circulo-columna-de-mauricio-cardenas-608932
  8. El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba un nuevo acuerdo de dos años a favor de Colombia por USD 9.800 millones en el marco de la Línea de Crédito Flexible, Comunicado de prensa 22/135, https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/04/29/pr22135-imf-executive-board-approves-two-year-us-billion-flexible-credit-arrangement-for-colombia#:~:text=Washington%2C%20DC%3A%20El%20Directorio%20Ejecutivo,que%2
  9. Declaraciones del director senior de Fitch Ratings, Richard Francis y de Manuel Orozco Escudero, director y analista principal de Standard & Poor’s Global Ratings, en La W-Radio, 21 de Junio, https://www.wradio.com.co/2022/06/21/calificadoras-de-riesgo-analizan-el-panorama-economico-del-gobierno-de-gustavo-petro/
  10. Revista Cambio, “El Gasto social tiene que aumentar pero cumpliendo con la regla fiscal” https://cambiocolombia.com/articulo/economia/jose-ocampo-el-gasto-social-tiene-que-aumentar-pero-cumpliendo-la-regla-fiscal
  11. “Los registros de la Dian señalan que el 51% de los ingresos brutos declarados por las personas naturales se concentra en el decil más alto de ingresos, el decil 10, y no solo eso, el ingreso del uno por ciento más rico es 294 veces más grande que el ingreso de las personas de menores ingresos, las del decil 1; y el ingreso del uno por mil más rico es mil trecientas (1300) veces superior al del decil 1…” Libreros&Espitia; “Reforma Tributaria, ¿qué pasa con la deuda pública?”, periódico de la Universidad Nacional, abril 21 del 2021, https://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/reforma-tributaria-que-pasa-con-la-deuda-publica/
  12. El Ministerio de Ambiente de Colombia utilizando criterios convencionales los define como “el incentivo económico que reconocen los interesados de los servicios ambientales a propietarios o poseedores  por las acciones de preservación y restauración en áreas y ecosistemas estratégicos, mediante la celebración de acuerdos voluntarios (..)”. La EM clasifica los servicios ecosistémicos en cuatro (4) categorías: servicios de provisión, como alimentos, agua, madera y recursos genéticos; servicios de regulación, como regulación climática, desastres naturales y purificación hídrica; servicios de sostenimiento, https://www.minambiente.gov.co/negocios-verdes/pagos-por-servicios-ambientales/
  13. Los países que comparten territorio amazónico han conformado la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela) en el que han realizado compromisos ambientales en esta misma perspectiva.
  14. La República, “Fundador de Amazon puso su atención en Chiribiquete y apoyará metas ambientales”, viernes 4 de marzo de 2022, https://www.larepublica.co/empresas/fundador-de-amazon-puso-su-atencion-en-chiribiquete-y-apoyara-metas-ambientales-3315488
  15. “REDD+ y los territorios indígenas y campesinos”, Centro de Estudios para el Campo Mexicano (CECCAM), México, Agosto del 2012.
  16. “En Busca de Unicornios de Carbono”, Amigos de la Tierra Internacional, La Vía Campesina, Indegenous Enviorement Network, Corporate Accountability, Asian Peoples, Movement on Debt and Development, Third World Network, Corporate Accountability, Asian People, Movement on Debt and Development, , Third World Network , CrassRoots Global Justice Alliance, Climate Justice Alliance, Justicia Ambiental. https://www.tierra.org/wp-content/uploads/2021/02/Amigos-de-la-tierra-internacional-unicornios-de-carbono-espanol-1.pdf
  17. Programa-Territorios-Amazonía, “Pacto Histórico”, https://gustavopetro.co/programa-de gobierno/temas/propuestas-por-territorio/amazonia/
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La derecha chilena ofrece reformas que por décadas evitó, a cambio de rechazar la nueva Constitución

Santiago. La derecha chilena, que con apenas 37 de 154 representantes en la concluida Convención Constitucional (CC) vio cómo sus pares independientes y de la centroizquierda concordaron un texto que desmantela el Estado subsidiario y lo remplaza por uno de derechos sociales garantizados, se aglutina ahora en la consigna de "rechazar para reformar", a contranatura de lo que durante 40 años fue su comportamiento histórico: impedir cualquier cambio que alterara la esencia del neoliberalismo.

De partida, en 1988 apoyaron que la dictadura de Augusto Pinochet continuara por ocho años más e hicieron campaña por ello en el plebiscito del "sí" y el "no". Basta un breve repaso para constatar que los conservadores incumplieron siempre lo que prometieron impulsar, e incluso impidieron, o dilataron hasta el máximo, que se legislara para terminar con aquello decimonónico vigente en Chile, por ejemplo, la discriminación de los hijos.

En 1989, en los estertores de la dictadura, un sector de la derecha se comprometió a terminar con los senadores designados, una figura que la Constitución pinochetista instauró para bloquear reformas; pero los designados continuaron por 16 años hasta 2006 y la derecha mantuvo así una mayoría artificial en la cámara alta. Más recientemente, en 2018, congelaron en el legislativo la propuesta de Carta Magna que envió la ex presidenta Michelle Bachelet, iniciativa que tal vez, de avanzar, hubiera evitado el estallido social de 2019.

Suma y sigue

En 1993 boicotearon durante cinco años establecer la igualdad legal de los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, considerando a los segundos "ilegítimos", algo que cambió apenas en 1998. Otros ejemplos: en 2004 votó contra la ley que estableció el divorcio, en 2014 se opuso a la creación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, en 2018 estuvo contra la ley de aborto por tres causales y en 2020 en contra de declarar el agua como bien de uso público. Hay mucho más.

Ahora los partidos derechistas –que en octubre de 2020 llamaron a votar por el "rechazo" y de nuevo están por el "no" al plebiscito del 4 de septiembre– dicen que el texto herencia del dictador no va más e impulsarán uno distinto, basado en el que salió de la CC, pero al cual demonizan como refundacionista, partisano, divisionista y proindigenista, entre muchos epítetos.

“Nuestro país exige un compromiso solemne y decidido de avanzar hacia una nueva Constitución que permita rencontrarnos, favorezca los cambios que anhela la ciudadanía y busque los mayores acuerdos para proyectarnos las próximas décadas con unidad y estabilidad.

"Chile necesita un nuevo pacto constitucional, políticamente transversal, con vocación mayoritaria y de alcance nacional", dijeron en una declaración, jurando "su compromiso con la continuidad del proceso constituyente".

Nada dicen de cómo sería eso, no dan detalles al respecto y le endosan al presidente Gabriel Boric proponer una fórmula que prolongue el escenario constitucional, pero a la vez le exigen no intervenir en la campaña a favor del "apruebo".

Así reaccionaron al anuncio presidencial ayer de entregar un bono invernal equivalente a 120 dólares a 7.5 millones de personas a pagar en agosto, tildándolo de "bono apruebo", pese a que las temperaturas bajo cero entumecen los hogares modestos en buena parte del país.

"Se mueve por intereses, no por ideales"

Felipe Delpín, presidente de la Democracia Cristiana (DC) –partido del centro político que llama a votar por el "apruebo"–, dijo que “nosotros como DC no les creemos, la derecha siempre se comprometió con cambios (…) y nunca cumplió. La historia demuestra cuál ha sido la actitud y el comportamiento de la derecha, se mueve por intereses, no por ideales”.

A todo esto, la inaudita indefinición del ex presidente concertacionista Ricardo Lagos (2000/06), quien la semana pasada evitó pronunciarse acerca de si apoyará o no el "apruebo", e incluso insinuó que podría votar en "blanco", está siendo capitalizada por la derecha.

Jorge Arrate, un histórico dirigente socialista, publicó una carta recriminándolo ásperamente. “Mientras más hablas de lo que te ha llevado a adoptar tu postura, más te hundes en un marasmo de argumentos aberrantes. Algunos lo han dicho: tus expresiones dañan la opción transformadora y favorecen a la derecha. Pero quisiera ir más allá: si gana el ‘apruebo’, tu rol será aun menor de lo que ya es. “Sólo el ‘rechazo’ te daría la oportunidad de negociar con la derecha, una vez más, nuevos retoques a la Constitución pinochetista. Como rúbrica de una trayectoria política es indecorosa. ¡Qué pena, Ricardo!”, le dijo.

Una estratagema lanzada por la derecha y apoyada por sectores de la ex concertación que votan por el "rechazo", entre los cuales hay parlamentarios de la DC, ex ministros y/o cercanos al ex presidente Lagos que han admitido su derechización, consiste en impulsar un quorum de 4/7 para reformar la actual Constitución, para así quedar en posición de retocarla si en septiembre gana el "rechazo", pero sin alterar el fondo del modelo.

Por Aldo Anfossi. especial para La Jornada

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La nueva ola progresista: entre la moderación y una derecha intolerante

Desde 2018, en América Latina se han registrado seis triunfos de fuerzas de izquierda, una auténtica segunda ola de gobiernos progresistas que lo tendrá aún más difícil que la primera.

 

En algunas ocasiones, un resultado electoral enmascara el panorama político en vez de clarificarlo ya que, desgajado del entorno y de la relación de fuerzas existente, puede confundir a quienes lo observen desde la distancia. Con el paso del tiempo, cuando las corrientes profundas de la sociedad hacen su inexorable trabajo, las posibilidades de cambios se verán mermadas y hasta anuladas.

En los análisis de las recientes victorias electorales progresistas, se suele omitir que llegan a palacio sin mayorías parlamentarias, en sociedades profundamente divididas, donde las derechas se han fortalecido al punto de poder vetar los cambios. Sin olvidar dos hechos adicionales: que los mercados globales juegan en contra de la más pequeña modificación de las reglas del juego y que las fuerzas progresistas a menudo no tienen ni la voluntad ni las propuestas adecuadas para modificar la realidad que heredan.

En muy poco tiempo en América Latina se han registrado seis triunfos de fuerzas de izquierda y progresistas, desde 2018: Andrés Manuel López Obrador en México, seguido por Alberto Fernández en Argentina, Luis Arce en Bolivia, Pedro Castillo en Perú y, sólo a lo largo de este año, Xiomara Castro en Honduras, Gabriel Boric en Chile y Gustavo Petro en Colombia.

Aunque cada caso es diferente —la segunda edición de los progresismos argentino y boliviano contrasta vivamente con la primera— existen campos de fuerza que atraviesan a todos los procesos, que acotan las posibilidades de transformaciones profundas y los alcances que puede tener esta segunda ola progresista.

Para ajustar la comprensión de los procesos en curso, deberían contrastarse con el clima y el contexto de los triunfos que se dieron entre 1999 y 2005 en Venezuela, Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador y Bolivia. En gran medida, esos gobiernos fueron producto de ciclos de luchas populares intensos, que desbarataron la gobernabilidad neoliberal focalizada en privatizaciones de empresas estatales. En no pocos casos, hubo una relación directa entre la pelea callejera y la llegada al gobierno. Algo que no sucede ahora, salvo en el caso de Colombia.

Más allá de algunas situaciones excepcionales, como la errática presidencia de Pedro Castillo, los nuevos gobiernos progresistas deberán convivir con un nuevo escenario, que tiene algunas características comunes y constituye la principal limitación de los nuevos gobiernos. Sin excluir las debilidades y contradicciones internas, las opciones poco claras o definitivamente sistémicas que están tomando, debemos detenernos en ellas antes de pasar a las otras.

La crisis global

La primera limitación es la crisis global y de la globalización, así como la crisis civilizatoria en curso. El creciente enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Europea con Rusia y China, configura un escenario complejo ante el cual los gobiernos progresistas no parecen sentirse cómodos. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dio marcha atrás en su promesa electoral de establecer relaciones con la República Popular China para mantenerlas con Taiwán.

En similar sintonía, López Obrador defiende la integración de América —no de América Latina—, para destacar que es el modo de enfrentar el crecimiento de China (Milenio, 9 de junio de 2022). A la vez, se mostró molesto con las exclusiones de Venezuela, Cuba y Nicaragua por parte de Estados Unidos en la Cumbre de las Américas.

Este tipo de equilibrios de presidentes de la nueva ola progresista son moneda corriente. Boric critica frontalmente a Venezuela y Nicaragua. Incluso Petro, que promueve el restablecimiento de relaciones con Caracas, anunció que no le parece “prudente” que Nicolás Maduro asista a su investidura el próximo 7 de agosto.

Imposible ocultar que existe una profunda división en los temas centrales del escenario internacional —invasión de Ucrania, papel de China y Estados Unidos—, pero sobre todo actitudes dubitativas y hasta temerosas de provocar roces con Washington, cuestión que caracteriza al progresismo actual, preso de contradicciones que en apariencia los paralizan.

Los gobiernos de la región necesitan comerciar con China, ya que suele ser su principal socio comercial, pero siguen mirando a Estados Unidos como referente con el cual, con la excepción de Venezuela, Nicaragua y Bolivia, no quieren tener problemas. Por un lado, el bloqueo de Washington contra Caracas —con sus tremendas secuelas económicas— puede estar funcionando como un factor disciplinador para los progresismos. Por otro, los equipos de gobiernos progresistas parecen encontrarse desorientados ante la gravedad de la crisis global, a la que no han podido anticiparse ni encuentran el modo de posicionarse como naciones.

En este punto habría que establecer una clara distinción entre Sudamérica, que tiene una profunda relación comercial con China, y Centroamérica y México que siguen escorados hacia Estados Unidos. El caso de México es el más desconcertante: López Obrador formula críticas verbales, pero está firmemente alineado con su vecino del norte, tanto en la represión a los migrantes como en las relaciones con China.

Las nuevas derechas

El segundo problema que enfrenta la nueva ola progresista es el crecimiento y la movilización de las nuevas derechas. Con la relativa excepción de México, en el resto de los países está tallando una nueva derecha que no tiene el menor empacho en mostrarse como racista y antifeminista, haciendo gala de discursos peyorativos en relación a las mujeres, el aborto, el matrimonio igualitario y las disidencias sexuales.

Durante mucho tiempo las izquierdas, los sindicatos y movimientos populares tuvieron el monopolio de calles y plazas, pero desde la crisis de 2008 la derecha comenzó a ocuparlas de forma casi permanente, como sucedió en Brasil, y en particular en las coyunturas que les resultaron convenientes, como en Argentina, Chile, Perú, y ahora Ecuador. Esta presencia no sólo pone límites a las fuerzas progresistas y de izquierda, sino que a menudo las desconcierta y desmoviliza.

Esta nueva derecha reacciona contra el destacado papel que están jugando las mujeres, los colectivos LGTBQ, los pueblos originarios y negros, a las que considera como amenazas al lugar de privilegio que ocupan las minorías blancas de clase media urbana. Colombia y Brasil han sido los países donde más éxito han tenido. En el primer caso, el impacto de esta derecha se tradujo en el triunfo del No en el plebiscito que debía aprobar los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC, en octubre de 2016. En el segundo, se hizo visible en el masivo apoyo a Jair Bolsonaro, en una sociedad ofuscada y desorientada que permitió que un personaje sin escrúpulos ascendiera a la presidencia.

Estas nuevas derechas han tejido una alianzas con las iglesias evangélicas, con fuerte presencia en barrios populares, pero también con militares, policías y grupos paramilitares que comparten su rechazo visceral a las izquierdas y a la agenda de derechos. En este entramado de intereses no debe descartarse el papel del narcotráfico, y de otros negocios ilegales, en la configuración de fuerzas políticas con amplio apoyo social que desdeñan los valores democráticos y odian a los diferentes.

La militarización de la sociedad

Una tercera limitación, que tampoco afectó a la primera ola progresista, es la creciente militarización de nuestras sociedades. Se trata de un proceso que se viene intensificando desde la crisis mundial de 2008, que atraviesa a todos los países con modos y formas diferentes según sus historias y los niveles de racismo y machismo presentes en cada uno de ellos. Siendo América Latina el continente más desigual del mundo, la intervención de las fuerzas armadas y policiales en el control de las poblaciones persigue congelar esa situación.

Pese a la creación de la polémica Guardia Nacional, dirigida por las fuerzas armadas, la violencia no ha disminuido en México donde se registran índices similares a los que tuvieron los gobiernos anteriores. La militarización creció de forma exponencial: el Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, destaca que durante el sexenio de Vicente Fox hubo 35.000 militares desplegados en tareas de seguridad pública en y que bajo López Obrador, en mayo de 2022, el número llegó a 239.865 uniformados en las calles. Siete veces más. Peor aún, en sus tres primeros años de gobierno han sido asesinadas 132.088 personas y 67.122 han desaparecido, crecimiento exponencial que permite a algunos analistas asegurar que el sexenio de López Obrador será el más violento de la historia.

El coordinador de dicho programa señala que “la militarización de la seguridad jamás fue un proyecto de uno u otro gobierno, de una u otra ideología, representando más bien una tendencia histórica de raíces estructurales” (Animal Político, 13 de junio de 2022).

El otro gran país de la región, Brasil, presenta tendencias militaristas similares, aunque uno y otro están gobernados por fuerzas que se dicen ideológicamente opuestas.

Mientras López Obrador ha entregado las grandes obas de infraestructura —como el Tren Maya y el Corredor Transístmico— a los militares, Bolsonaro incluyó a 6.157 uniformados en activo o en la reserva en cargos civiles, lo que representa un aumento del 108% respecto a 2016, último año del Gobierno del Partido de los Trabajadores (PT).

El Sindicato Nacional de Docentes de Enseñanza Superior (ANDES) publicó un dossier sobre la militarización del Gobierno de Bolsonaro, en marzo pasado. Asegura que se han creado 216 escuelas primarias cívico-militares, en la que se implementa el modelo basado en las prácticas pedagógicas y en los patrones de enseñanza de los colegios del Ejército, policías militares y cuerpos de bomberos militares. También están nombrando miembros de las fuerzas armadas en servicios básicos como la salud, para evitar que sean ocupados por fuerzas opositoras.

En Chile, Boric hizo campaña electoral prometiendo la desmilitarización de Wall Mapu, pero semanas después de asumir la presidencia volvió a decretar el estado de excepción en la región, enviando incluso más uniformados y blindados que su antecesor, el neoliberal Sebastián Piñera. Tiene escasa utilidad criticar al gobierno o a los grupos mapuche, porque la militarización del territorio mapuche es un asunto estructural, que atraviesa gobiernos de todos los colores, así como dictadura o democracia.

Un aspecto central de la militarización es el despliegue de grupos ilegales integrados por exmilitares y policías, dedicados al control de la población y a hacer negocios con sus necesidades básicas como el transporte, el acceso al gas y la internet.

La ciudad de Medellín ha sido completamente copada por grupos armados con apoyo del Estado que controlan los barrios populares. En esta ciudad se puede constatar “una suerte de reordenamiento criminal del territorio urbano, un reordenamiento impuesto a la fuerza, sobre engaños, dilaciones, mentiras y con la fuerza del Estado” (Rebelión, 22 de junio de 2022).

Estos casos no son excepcionales sino estructurales, porque los Estados latinoamericanos ya no son capaces de gobernar todo el territorio. En Rio de Janeiro, las milicias armadas —herederas de los escuadrones de la muerte nacidos en dictadura— controlan no sólo una parte de las favelas, sino también los conjuntos de edificios del programa estatal Mi Casa Mi Vida creado durante los gobiernos del PT.

El Grupo de Estudios de Nuevos Ilegalismos, de la Universidad Federal Fluminense, estima que el 57% del territorio de la segunda ciudad brasileña está siendo controlado por las milicias, lo que supone que más de seis millones de personas están a merced de los paramilitares. Por eso el sociólogo José Claudio Alves, que estudia las milicias desde hace 30 años, asegura que no son un Estado paralelo, sino el Estado mismo.

En su conjunto, estamos ante una crisis de gobernabilidad democrática en América Latina, que se hizo muy evidente desde las grandes manifestaciones de junio de 2013 en Brasil y de la decena larga de levantamientos, revueltas y protestas que atravesaron la región. Una ingobernabilidad que abarca gobiernos de derecha y de izquierda y que dificulta el despegue de procesos de cambios estructurales. El problema desde el lado de los progresismos, es que buscan resolverla falta de gobernabilidad virando hacia el centro o la derecha, lo que termina estrechando la posibilidad de cambios.

Obstáculos enquistados

Parece evidente que los tres obstáculos principales que enfrentan los progresismos llegaron para quedarse, que no son fruto de una coyuntura sino de largos procesos incubados en las dictaduras de los 70 y 80, pero revitalizados en democracia bajo el modelo extractivista o acumulación por despojo. Petro prometió “desarticular de forma pacífica el narcotráfico”, algo justo y necesario, pero imposible de concretar. No dice cómo piensa hacerlo porque intuye que es un camino estéril: no se puede negociar con fuerzas que rechazan cualquier tipo de acuerdos.

En la misma dirección, aunque Lula gane las elecciones de octubre, el bolsonarismo seguirá vivo y constituirá un obstáculo mayor para su gobierno. Como recuerda el sociólogo Rudá Ricci, hay 25 millones de brasileños “con valores de extrema derecha, fanáticos y que estarán con Bolsonaro en la oposición”. Por lo tanto, habrá caos político y para evitarlo, Lula deberá hacer alianzas con el gran empresariado y la derecha (IHU Unisinos, 8 de julio de 2022).

Como se desprende de este relato, el panorama no es nada alentador, ni para los progresismos ni para los movimientos sociales. Para superar el estado de cosas heredado y no solamente para gestionarlo, los gobiernos de signo progresista deberían construir fuerzas sociales organizadas y contundentes, capaces de neutralizar a las nuevas derechas que los desestabilizan y bloquean los cambios.

Sin embargo, la historia reciente dice que los gobiernos progresistas dilapidaron el entusiasmo popular que tuvieron al comienzo del ciclo, hace ya 20 años. El apoyo que están recibiendo ahora se debe más al rechazo a las ultraderechas, que a un respaldo a sus propuestas y formas de actuación. Podemos decir con Massimo Modonesi que los progresismos se asimilaron al orden existente y rompieron con sus raíces izquierdistas. “De esta manera, se definen en antítesis a las derechas más por una postura defensiva y conservadora que por aspectos propositivos y transformadores”, sostiene el filósofo ítalo-mexicano (Jacobin, 4 de julio de 2022).

La conversión de los progresismos en conservadurismos está arrastrando a buena parte de los movimientos sociales, en particular los más visibles e institucionalizados. Lo más grave, empero, es que tendrá consecuencias nefastas en el espíritu colectivo emancipatorio en el largo plazo, aislando a los sectores más consecuentes y más firmes que, en América Latina, son a su vez los más castigados por el modelo extractivista, como los pueblos originarios y negros, los campesinos y los pobres de la ciudad y del campo.

13 jul 2022

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