Rusia busca sofocar la resistencia en el este de Ucrania en el inicio del cuarto mes de guerra

"No perseguimos ningún plazo. Todos los objetivos fijados por el presidente Vladimir Putin se cumplirán", aseguró Nikolai Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad rusa.

 

Rusia intensificó este martes su ofensiva contra los últimos focos de resistencia en la región ucraniana de Lugansk, en la cuenca esteña del Donbass, y se dijo determinada a alcanzar todos sus "objetivos" en una guerra que entró en su cuarto mes. Ucrania consiguió alejar a las fuerzas invasoras de Kiev y Jarkov, pero reconoce "dificultades" para contener la ofensiva en el Donbass, que incluye las regiones de Lugansk y Donetsk, ya parcialmente controladas desde 2014 por los separatistas prorrusos.

"No perseguimos ningún plazo. Todos los objetivos fijados por el presidente Vladimir Putin se cumplirán. No puede ser de otra manera porque la verdad, incluida la verdad histórica, está de nuestra parte", aseguró Nikolai Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad rusa. Después de un primer mes de ofensiva relámpago, la "operación militar especial" rusa en Ucrania se ha caracterizado más por los repliegues rusos del norte de Kiev y las afueras de Jarkov que por victorias de renombre.

El ministro ruso de Defensa, Serguei Shoigu, expresó que Moscú "continuará con la operación militar especial hasta que se cumplan todos sus objetivos, poco importa la enorme ayuda occidental al régimen de Kiev ni la presión sin precedentes de las sanciones" aplicadas contra su país. El lunes el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, había advertido: "Las próximas semanas de guerra serán difíciles".

Lugansk en la mira

Las tropas rusas centran actualmente su ataque en Lugansk, un bastión de resistencia en el este, y tratan de rodear las ciudades vecinas de Severodonetsk y Lysychansk. El ministerio de Defensa ucraniano reportó combates encarnizados muy cerca de esas dos ciudades, a unos 100 kilómetros al noroeste de Lugansk, en las localidades de Popasna y Bajmut. En las últimas horas, fuertes bombardeos destruyeron escuelas y afectaron a refinerías y plantas químicas en la región que se considera el motor industrial de Ucrania.

Aunque los bombardeos son constantes, muchos habitantes se niegan a partir. "La gente no se quiere marchar", lamentó el vicealcalde de Bajmut, Maxim Sutkoviy, frente a un ómnibus medio vacío previsto para alejar a los civiles de los combates. La ciudad de Severodonetsk es bombardeada "las 24 horas del día" por los rusos, que "utilizan la táctica de tierra arrasada", afirmó el gobernador de Lugansk, Sergei Gaidai, al reportar cuatro muertos en un bombardeo.

Afianzar el control en el este

El alcalde de Mariupol, Vadim Boichenko, acusó a las "fuerzas de ocupación rusas" de comportarse como un "Estado terrorista", en una intervención virtual ante Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. Después de la caída de Mariupol, Severodonetsk supondría un valioso trofeo de guerra para Moscú en el Donbass.

Rusia afianzaría de esa manera su control del este, luego de establecer el nexo terrestre entre el Donbass y la península de Crimea, anexionada en 2014.  El primer paso para lograrlo, en los primeros días de la guerra, fue la captura de Jersón, en el sur de Ucrania y al norte de Crimea. 

El frente meridional parece actualmente estable, aunque los ucranianos informaron de un "avance" de sus divisiones "en dirección a Jersón, a través de la región de Mikolaiv". En Jarkov el metro volvió a funcionar, después de servir durante semanas de refugio antiaéreo y donde todavía se siguen alojando numerosos desplazados.

En la madrugada del martes tres misiles rusos Iskander impactaron cerca de Jarkov, la segunda mayor del país, ocasionando importantes daños en una estación eléctrica aunque sin provocar víctimas. Los Iskander son misiles de crucero supersónicos con un alcance que según algunas fuentes puede llegar a los quinientos kilómetros, que tienen una alta precisión y pueden superar defensas antiaéreas.

En paralelo, los rusos aseguraron haber destruido con misiles lanzados desde el aire un gran almacén de proyectiles de 155 milímetros para obuses estadounidenses M-777, conocidos como Howitzer. En su parte bélico matutino, el vocero del ministerio de Defensa, Igor Konashenkov, señaló que el ataque ruso se produjo en Rozdolivka, en el Donbass.

En tres meses miles de personas, civiles y militares, murieron sin que haya un balance preciso de víctimas. Solo en Mariupol las autoridades calculan 20 mil muertos. El despacho de la fiscal general de Ucrania, Iryna Venediktova, denunció que 234 niños han muerto y que 433 sufrieron heridas heridos a lo largo del conflicto, mientras que el Kremlin admite "pérdidas importantes".

Ucrania sigue exigiendo más armamento

Mientras el combate en el terreno parece no tener fin, el gobierno ucraniano urge a los países occidentales a enviarle más armas. Entre el material entregado hasta el momento figura el sistema lanzamisiles antibuques Harpoon prometido por Dinamarca, que podría ayudar a Ucrania a romper el bloqueo frente a naval ruso frente al puerto de Odessa, en el mar Negro. Dicho bloqueo paraliza la exportación de millones de toneladas de trigo, con temores de que genere una crisis alimentaria mundial.

La guerra en Ucrania disparó los precios de la energía y está trazando nuevas fronteras en el mapa de seguridad en Europa, después de que Suecia y Finlandia, dos países tradicionalmente no alineados militarmente, presentaran sus candidaturas de adhesión a la OTAN.

25 de mayo de 2022

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Los límites de la protesta como forma de lucha

Con su habitual lucidez, William I. Robinson se pregunta si la oleada mundial de protestas y movilizaciones será capaz de hacer frente al capitalismo global (https://bit.ly/3MjvBsl). En efecto, desde la crisis de 2008 se produce una cadena interminable de protestas y levantamientos populares. Recuerda que en los años previos a la pandemia hubo más de 100 grandes protestas que derribaron a 30 gobiernos.

Menciona la gigantesca movilización en Estados Unidos a raíz del asesinato de George Floyd, en mayo de 2020, que define como "un levantamiento antirracista que llevó a más de 25 millones de personas, en su mayoría jóvenes, a las calles de cientos de ciudades de todo el país, la protesta masiva más grande en la historia de Estados Unidos".

En América Latina los levantamientos y revueltas en Ecuador, Chile, Nicaragua y, sobre todo, Colombia, tuvieron extensión, duración y profundidad como pocas veces se recuerda en este continente. La protesta colombiana paralizó el país durante tres meses, enseñó niveles de creatividad popular impresionantes (como los 25 puntos de resistencia en Cali) y modos de articulación entre pueblos, en la calle, abajo, absolutamente inéditos.

Robinson recuerda que las clases dominantes hicieron retroceder el ciclo de movilización, de fines de la década de 1960 y principios de los 70, "a través de la globalización capitalista y la contrarrevolución neoliberal". Eso en el norte, porque en el sur global lo hicieron a pura bala y matanza.

Hacia el final de su artículo se pregunta "cómo traducir la revuelta de masas en un proyecto que pueda desafiar el poder del capital global". La pregunta es válida. En principio, porque no lo sabemos, porque los gobiernos que surgieron luego de grandes revueltas no hicieron más que profundizar el capitalismo y promover la desorganización de los sectores populares.

Aunque participemos en grandes movilizaciones y en revueltas, que son parte de la cultura política de la protesta, es necesario comprender sus límites como mecanismos para transformar el mundo. No vamos a abandonarlas, pero podemos aprender a ir más allá, para ser capaces de construir lo nuevo y defenderlo.

Entre los límites que encuentro hay varios que quisiera poner a discusión.

El primero es que los gobiernos han aprendido a manejar la protesta, a través de un abanico de intervenciones que incluyen desde la represión hasta las concesiones parciales para reconducir la situación. Desde hace ya dos siglos la protesta se ha convertido en habitual, de modo que las clases dominantes y los equipos de gobierno ya no le temen como antaño, pero sobre todo saben ver en ella una oportunidad para ganar legitimidad.

Los de arriba saben que el momento clave es el declive, cuando se van apagando los fuegos de la movilización y gana fuerza la tendencia al retorno a lo cotidiano. Para los manifestantes, la desmovilización es un momento delicado, ya que puede significar un retroceso si no han sido capaces de construir organizaciones sólidas y duraderas.

El segundo límite deriva de la banalización de la protesta por su transformación en espectáculo. Algunos sectores buscan a través de este mecanismo impactar en la opinión pública, al punto que el espectáculo se ha convertido en un nuevo repertorio de la acción colectiva. La dependencia de los medios es una de las peores facetas de esta deriva.

El tercero se relaciona con el hecho de que los manifestantes no suelen encontrar espacios y tiempos para debatir qué se logró en la protesta, para evaluar cómo seguir, qué errores y qué aciertos se cometieron. Lo más grave es que a menudo esa "evaluación" la realizan los medios o los académicos, que no forman parte de los movimientos.

El cuarto límite que encuentro, es que las protestas son necesariamente esporádicas y ocasionales. Ningún sujeto colectivo puede estar todo el tiempo en la calle porque el desgaste es enorme. De modo que deben elegirse cuidadosamente los momentos para irrumpir, como vienen haciendo los pueblos originarios que se manifiestan cuando creen llegado el momento.

Debe existir un equilibrio entre la actividad hacia fuera y hacia dentro, entre la movilización exterior y la interior, sabiendo que ésta es clave para sostenerse como pueblos, para dar continuidad a la vida y para afirmarse como sujetos diferentes. Es en los momentos de repliegue interior cuando afirmamos nuestras características anticapitalistas.

Finalmente, la autonomía no se construye durante las protestas, sino antes, durante y después. Sobre todo antes. La protesta no debe ser algo meramente reactivo, porque de ese modo la iniciativa siempre está fuera del movimiento. La autonomía demanda un largo proceso de trabajo interior y exige una tensión diaria para mantenerla en pie.

Siento que nos debemos, como movimientos y colectivos, tiempos para el debate, porque no reproducir el sistema supone trabajarnos intensamente, sin espontaneidad, superando inercias para seguir creciendo.

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Bolsonaro avanza con la privatización de Eletrobras

El gobierno de Brasil venderá la empresa eléctrica más grande de América Latina

El Tribunal de Cuentas dio luz verde para reducir de 72 por ciento a un 45 por ciento la participación del Estado en la compañía energética. 

El gobierno de Jair Bolsonaro se encamina hacia su primera gran privatización de una empresa estatal con la reciente decisión del Tribunal de Cuentas de Brasil que dio el visto bueno para reducir de 72 por ciento a un 45 por ciento la participación del Estado en la brasileña Eletrobras. El mandatario brasileño espera que la privatización se concrete antes de los comicios de octubre.

Eletrobras es la mayor compañía eléctrica de la región y en los próximos meses se convertirá en la primera empresa estatal en ser vendida por la administración de Bolsonaro. El Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil (TCU) avaló la privatización del gigante energético. El órgano encargado de fiscalizar las cuentas del Estado permitirá que la venta se efectivice entre mediados de junio y mediados de agosto, pocos meses antes de los comicios en los que se prevé que el actual mandatario se presente como candidato presidencial.

La jueza Ana Arraes, presidenta del TCU, indicó que la propuesta obtuvo siete votos a favor y uno en contra tras más de cuatro horas de debate. El único magistrado que votó en contra fue Vital do Rego, que en abril pidió aplazar el proceso para consultar con especialistas porque aseguró que Eletrobras sería ofertada por un valor muy inferior al que tiene. Mientras que el relator de la propuesta, Aroldo Cedraz, calificó la sesión de histórica. “No tengo ninguna duda de que las próximas generaciones reconocerán los esfuerzos del TCU para proteger al Estado y a la sociedad con la posibilidad de modernizar el sector eléctrico brasileño", expresó el magistrado citado por el matutino Folha de Sao Paulo.

Los integrantes del tribunal remarcaron que a pesar de la aprobación, el ministerio de Minas y Energía y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), tienen que cumplir con las recomendaciones del TCU para avanzar con la venta. Según Folha, el gobierno brasileño se moverá a contrarreloj para completar la operación que incluye registrar la privatización en la CVM (Comisión de Valores Mobiliarios, entidad encargada de supervisar el mercado) y en la SEC, la CVM estadounidense debido a las acciones que tiene Eletrobras en EE.UU.). El diario brasileño además indicó que la administración bolsonarista ya se reunió con posibles inversores para la fase que contempla atraer a interesados en comprar acciones de la empresa eléctrica.

La privatización de Eletrobras ya había sido aprobada por el congreso brasileño a mediados de 2021. La misma se realizará vía capitalización con la emisión de acciones nuevas que permitan achicar la participación del Estado del 72 por ciento actual al 45 por ciento. Brasil mantendrá el poder de veto sobre decisiones estratégicas en la compañía que genera un tercio de la energía del país.

El recientemente nombrado ministro de Minas y Energía, Adolfo Sachsida, celebró la decisión del TCU. “Es un día histórico para Brasil. El MME (el ministerio) sigue comprometido con cumplir de manera diligente y a tiempo, las próximas etapas del proceso. Con la gracia de Dios, seguimos adelante”, escribió en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el expresidente Lula da Silva, favorito en las encuestas para suceder a Bolsonaro, se había expresado en contra de privatizar la empresa eléctrica. "Sin una Eletrobras pública, Brasil pierde gran parte de su soberanía y seguridad energética. Las facturas de electricidad serán aún más caras. Sólo los que no saben gobernar intentan vender empresas estratégicas, más aún apurándose para vender en liquidación", afirmó el líder de izquierda. 

La estatal fue fundada en 1962 y tiene casi la mitad de las líneas de transmisión de electricidad en el país, con más de 70 mil kilómetros de tendidos eléctricos y la capacidad de generar unos 50 mil megavatios (MW). La expectativa del Gobierno es de captar hasta 67.000 millones de reales (13.500 millones de dólares al tipo de cambio actual), 25.000 millones de los cuales irían a las arcas del Tesoro, mientras el resto se destinará a programas públicos de reducción de tarifas y de desarrollo, según estimaciones de expertos.

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Marcos Obregón: “La locura nos revela nuestra fragilidad. La dificultad que tenemos para aceptar la vulnerabilidad”

¿Qué hacemos con el sufrimiento en la sociedad del malestar? En ‘Contra el diagnóstico. Desmontando la enfermedad mental’, Marcos Obregón aborda esta cuestión central, alertando ante el diagnóstico como forma de atajar debates más profundos, convirtiendo el sufrimiento psíquico en una identidad.

 

Hablo con Marcos Obregón (1973, Barcelona), con motivo de la reciente publicación de Contra el diagnóstico. Desmontando la enfermedad mental (Editorial Rosamerón, 2022) en momentos en los que acaba de anunciarse su segunda edición. Marcos Obregón es licenciado en filología hispánica, ha trabajado como editor y durante los últimos años ha sido, entre otras muchas cosas, presidente de la asociación Sociocultural Radio Nikosia.

Actualmente, se encuentra cursando el posgrado de Salud Mental Colectiva de la URV. Después de conocernos en persona, gracias a ese lugar físico y emocional de dignidad colectiva y encuentro que es Nikosia, no nos queda otra opción que citarnos a distancia. Él en Galicia, yo en Barcelona, Skype de por medio, acordamos reunirnos para charlar durante unas horas sobre un libro que, sin embargo, responde a inquietudes imposibles de contener en estas páginas. ¿Ha alcanzado, por fin, el tabú de la llamada salud psíquica o mental la plaza pública, o se trata de una moda pasajera? Por el momento, no podemos responder con firmeza.

Contra el diagnóstico no es un libro de autoayuda, ni un manifiesto del desencanto. No hay condenas o salvaciones ante las que su autor responda buscando itinerarios simplistas. De principio a fin, se trata de un texto cuya voz es colectiva, a pesar de que su tono es el de un ser humano de carne y hueso. No permitir que el diagnóstico se convierta en una identidad, podría ser una de sus intenciones. Recobrar la dignidad que intenta arrebatar el mundo hegemónico de la psiquiatría, podría ser otro. Marcos reconoce que, en algunos momentos, el diagnóstico puede resultar en una tranquilidad momentánea, en un espejismo, pero la pregunta sobre qué es eso del sufrimiento psíquico no será resuelta. De hecho, el miedo a la llamada locura vertebra gran parte de la gestión del sufrimiento en el marco cultural en el que vivimos.

Hablas del diagnóstico en salud mental como una identidad que termina por patologizar la propia vida.
Me refiero a una vida atravesada por un diagnóstico que te señala. Una identidad enferma. ¿Cómo un diagnóstico puede convertirse en una identidad? La idea de desmontar la enfermedad mental, que es la otra parte del título del libro, no es tanto desmontar lo que ocurre, el síntoma del malestar marca que algo está pasando. No quiero negar eso. Pero el problema con la salud mental es que existe una dictadura basada en lo que debe ser un comportamiento normal. Pero ya sabes, qué es normal, y qué no es normal está dictado por una cultura particular. Y salirse de esa esfera cultural es peligroso, así que uno finge la normalidad. Eso es lo que hacemos, todos los días. La salud mental y el silencio están muy relacionadas. Todos los malestares están sancionados y los asociamos a la falta de productividad o a una verdad que nos incomoda. La locura nos está hablando del deseo sin filtro, que es explicado magníficamente por el psiquiatra Fernando Colina. Me alegro cuando un paciente comienza a mentirme, dice él, porque se da cuenta de que vivir sin ese filtro puede resultar en un gran sufrimiento. Vivimos con esa máscara constante para evitar el riesgo de ser excluidos.

¿Qué es, por ejemplo, un esquizofrénico? Un diagnóstico socialmente asociado al peligro, a la incomodidad. Pero nosotros queremos que las cosas están bien controladas. La locura te coloca en el lugar del otro. Inquieta. El diagnóstico te obliga a despejar la presunción de culpabilidad asociada a algo que se supone que te describe. Y digo que se supone porque no es así. Al mismo tiempo, el diagnóstico genera una imagen social. Por eso, no creo que haya tanto miedo a la locura en sí, sino a las consecuencias sociales de la llamada locura. ¿Qué hacemos como sociedad con la locura? La escondemos en psiquiátricos cuyo funcionamiento es en muchas ocasiones carcelario. Se dice que, por el bien de la persona diagnosticada, ocultamos su sufrimiento con pastillas. Escondemos el malestar. Repito, hay algo incómodo en la locura que nos dice qué tipo de sociedad somos. La locura nos revela nuestra fragilidad. La dificultad que tenemos para aceptar la vulnerabilidad.

Eso choca con una cultura que busca desesperadamente una idea de la perfección inmaculada. Y esa idea desemboca al final en descartar a quien sobra. El diagnóstico enmascara la realidad del miedo por medio de certezas intentando despejar la duda de qué es eso que nos pasa. Pero lo cierto es que a mi alrededor sigo viendo malestar. Mucha gente, para enfrentar ese malestar, lee autoayuda, busca un coach. El propio concepto de autoayuda rebela la perversión del individualismo feroz en el que vivimos, sometidos a mucha exigencia y con muy poco tiempo. Y no conectamos con esa fragilidad. ¿Cómo vamos a conectar con ella? Pues yo te digo, no cualquier vida es válida. Una vida sin sentido, anestesiada, no es válida. La vida tiene que valer la pena.

Si la llamada locura es un tabú cultural, ¿qué crees que da más miedo, el sufrimiento en sí, o el juicio social derivado?
Si tuviéramos una buena gestión del malestar, probablemente, el juicio no importaría demasiado. Por eso, para mí, es mucho más grave el juicio. Uno al malestar termina por habituarse. Pero hay que tener en cuenta que, querámoslo o no, somos vínculo. El libro es un grito de reconocimiento ante esa realidad. Porque lo que duele es no poder vincular ese malestar, o que quede, como si fuese una vergüenza, en el ámbito de la familia y que se convierta en algo enfermizo, en un secreto. Duele sentirse excluido y sentirse como alguien incómodo para los demás. Nadie se atreve a desnudarse porque teme quedar fuera, no formar parte, ser señalado. No obstante, en el libro he intentado no quedarme en el simple vómito personal, sino en explorar qué hay de humano y común en el sufrimiento psíquico, más allá de cómo nos hemos construido cada uno de nosotros, más allá de nuestras particularidades, sin pasar por encima de que cómo cada uno se construye también es importante.

Hay algunas ideas-fuerza que van fijándose a lo largo de la lectura de Contra el diagnóstico. Desmontando la enfermedad mental. Una de ellas es que quien se rompe lleva mucho tiempo resistiendo y luchando por encontrar las maneras de resistir. Quien se rompe es un superviviente. Nadie se rompe de repente ni en solitario. Es decir, quien se rompe es quien resiste y lo que se rompe es siempre colectivo.
Es así. Y fíjate, donde hay más reticencia a la hora de recibir el libro es en las familias. Eso es una gran contradicción. Una de las cuestiones fundamentales del texto tiene que ver con el impacto que el sufrimiento genera a tu alrededor, en los amigos, en las parejas, en las familias, en los conocidos. Eso que dices sobre la rotura es completamente cierto. Por eso hay que respetar el síntoma, que dice que te estás defendiendo con uñas y dientes, que te estás agarrando a la vida frente al derrumbe. El síntoma dice que quiero seguir vinculado con lo que está pasando. Hay algo muy profundo ahí, que debe ser cuidado, no silenciado. Cómo abordas todo esto nos da una imagen de la sociedad de la que formamos parte. Vamos a omitirlo, a taparlo. Si el suicidio, por ejemplo, es el fracaso del sistema de salud mental, ¿cómo puedes creer que, atando a una persona, quitándole toda la dignidad, hipermedicándola, vas a evitar algo? Pues en esas estamos.

¿Qué hacemos con el síntoma? Como decíamos antes, no hay reflexión, ni hay tiempo. ¿Sirve de algo atajar un malestar con someter a la persona a una pérdida total de dignidad? Con tal de que no moleste, de que no se vea el síntoma, que nos habla de nuestra humanidad, eso es lo que normalmente se hace. Pero esas señales son parte de nosotros, nos ayudan a poder canalizar muchas violencias del día a día. Yo, que me he visto obligado a parar, porque me han obligado, puedo asegurar que si hay tanto miedo a que la locura llegue, es porque esta sociedad no es la sociedad del bienestar, sino la sociedad del malestar. Una sociedad que nos atenaza con ese neoliberalismo salvaje, que constantemente nos amenaza con dejarnos fuera.

Y es precisamente en el seno de ese modelo social en el que cobra sentido la construcción de esa forma de psiquiatría, no como forma de saber colectivo, sino como forma de poder.
Efectivamente. No hay radiografías, ni hay nada que determine de forma científicamente objetiva ningún tipo de trastorno. Partamos de ahí. Así que, que un psiquiatra que no ve absolutamente nada más allá de lo que tú le puedas contar, tenga el poder de decidir sobre una vida, es terrible. Eres bipolar, te sacamos fuera, te damos una pensión. Con toda la perversión que ello conlleva. Si trabajas, te la quitamos. Que esas personas tengan tanto poder para decidir sobre algo que no ven es mucho más grave de lo que podemos imaginar. Me sabe mal decirlo, pero lo único que hace un buen psiquiatra es drogarte o encerrarte. ¿Qué tipo de medicina es esta?

Lo he dicho antes, no hay ninguna prueba que pueda demostrar que lo que dicen que existe, en términos de enfermedad mental, existe. Existe en tanto que síntomas. Te digo más, yo creo que hay médicos que están incómodos con ese poder. Imagínate decirle a alguien: vas a estar dos meses sin poder salir de un hospital. No hemos reflexionado lo suficiente sobre lo que significa un ingreso psiquiátrico. No se puede actuar a espaldas de la persona que sufre. Lo que nos recupera es la confianza. Tener fe conjunta, poder pensar que esa persona está ahí para apoyarme. La traición no ha funcionado, no funciona ni funcionará nunca. Además, será muy difícil recuperarse, ya que has comprobado en tus propias carnes que no te puedes sostener en otro, por lo que puedes acabar ahogado.

Quería preguntarte algo sobre el rol de la familia. Comentabas que las familias tienen un poco de miedo al título del libro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que falla?
Las palabras, como decíamos, dan alivio y también exculpan. La idea del diagnóstico exculpa. Porque la culpa, que también va apareciendo de diferentes formas a lo largo de libro, responde a la idea profunda de que una rotura interior produce una sensación muy dura en el entorno. Una idea incluso intolerable. Lo que intentaba en el texto, en cambio, es expresar que no hay culpa en sentido estricto. La culpa no está en la familia, está en un modelo que va más allá de la familia. La familia, de hecho, está a menudo muy perdida. La cuestión es que cuando enfrentas una situación de sufrimiento agudo te ofrecen pocas salidas. En teoría, puedes estar con los mejores profesionales, pero lo que realmente vale es que te puedan ver más allá de ese diagnóstico. Esa idea de que una madre haya fallado, un hermano, es muy duro. Por eso es importante remarcar que, no es que hallamos fallado como familias, estamos fallando como sociedad cuando hay personas que no encuentran alternativa, ¿comprendes? Y si pretendes que, atando a esa persona, vas a evitar algo, algo muy grave está fallando. La pregunta es ¿dónde están los espacios habitables donde alguien pueda recomponerse?

Recomponer lo que se ha roto. En tu libro hay esperanza y vitalidad. Sostener y no salvar. Escuchar y no juzgar. Si lo que se rompe es colectivo, el enfrentar esa rotura debe serlo, más allá del ámbito familiar. Ahí están los vínculos, de nuevo.
Por eso no necesitamos héroes. Parece que son momentos de heroicidades. Eso es escapar de la propia responsabilidad. Te vamos a curar, te vamos a salvar. No hace falta que me salves, solo hace falta que veas a un ser humano frente a ti. Lo que nos salva, si tuviéramos que hablar de salvación, es estar ahí, juntos. Y es cierto que ese trabajo lo ha hecho fundamentalmente la familia, pero eso no es justo, porque dejas de existir, te conviertes en una extensión de los miedos de tu familia, de sus historias, y nada más. Eso no es sano. En muchos casos, en la mayoría de hecho, las familias están solas. Lo que necesitamos es menos épica y más inclinarse hacia el otro a través de los gestos. Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando llegas al hospital y te das cuenta de que el psiquiatra no te está viendo. No quiero que me salves, quiero que me des la mano, y que mi malestar sea abrazado, no escondido, no dormido ni rechazado. Creo que cualquier persona puede conectarse con eso perfectamente. Porque el mero hecho de existir y saberse finito produce angustia. 1

La locura nos habla de eso que se escapa de nuestro control, de eso que no acabamos de comprender. Y la forma en la que, como sociedad, la enfrentamos nos habla de nosotros, de quienes somos, y de un mundo que lamentablemente no acepta la diferencia. ¿Qué tipo de mundo estamos construyendo, especialmente aquí, en Occidente? Tenemos que seguir preguntándonos sobre ello. Porque creo que, sin aceptar idea de la complejidad, que es mucho más resbaladiza, aparecen los juicios sumarios. Y la verdad es que, en el fondo, no podemos explicarnos a nosotros mismos tan fácilmente. Hay que dejarnos llevar por la curiosidad. Eso también pasa por dejar de patologizar todo lo que se hace. Con o sin diagnóstico. Habitualmente, cuando te diagnostican, todo lo que haces ya es por terapia. Todo. Eso te roba el gozo, el deseo y la propia vida.

Para terminar, también insinúas que lo contrario a esconder el sufrimiento es todo menos morbosidad.
Eso es muy importante. Para mí, lo vital es cómo coser esa cicatriz que dejó la herida y asegurarse de que quede visible, porque me recuerda el camino que he hecho y lo que soy. No esconder, no avergonzarse. Porque eso es lo que me ha llevado a la soledad. Si tienes claro que eres frágil, que eres vulnerable, y que cuando estás sólo eres más débil, no olvidas que puedes volver a caerte. Y eso no es hurgar con morbo en el sufrimiento, sino abordarlo con dignidad. No sólo me refiero a la salud mental. Es algo que nos interpela a todos. Al final de todos los cambios está la muerte.

Muchas gracias, Marcos.
A ti.

20 may 2022

Miembros del servicio de las tropas prorrusas esperan encima de un vehículo blindado de transporte de personal ante la evacuación de los soldados ucranianos heridos de la asediada fábrica de acero de Azovstal, Mariúpol. — ALEXANDER ERMOCHENKO / REUTERS

 La evacuación de la acería se ha logrado gracias al alto al fuego decretado entre ambos lados de la contienda. Moscú se hace con el control total de la ciudad, lo que supone una gran victoria geoestratégica para el Kremlin.

La batalla por el control de la acería de Azovstal, en Mariúpol llega al principio de su fin. Rusia tiene ahora vía libre para hacerse con el control total de la ciudad portuaria después de que el Ejército ucraniano haya dado por terminada su "misión de combate". En los últimos días, Kiev y Moscú han llegado a un acuerdo para evacuar a los soldados ucranianos que seguían en la acería, último reducto de resistencia.  

Este lunes se ha evacuado un total de 264 militares ucranianos de la fábrica de acero de Azovstal, al este del país. Del total de evacuados, 53 heridos considerados graves, fueron trasladados a un centro médico en Novoazovsk para recibir atención médica. El resto fueron llevados a la región de Olenivka a través del corredor humanitario abierto entre ambos bandos.

La región a la que los heridos y militares han sido evacuados está en manos de las tropas del Kremlin, en la zona del Donetsk, por lo que los evacuados podrían ser objeto de un posible intercambio de prisioneros con Rusia. En la actualidad se ha implantado un alto al fuego en la zona, abriéndose por tanto un corredor humanitario por el que los militares heridos serán trasladados. Esto supone que Rusia se alce con el control total de la región

Este acto ha sido agradecido por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, tras señalar en su habitual aparición nocturna que "Ucrania necesita héroes ucranianos vivos". A su vez, agregó que espera se pueda "salvar la vida del equipo negociador".

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia había informado ya este lunes desde Moscú de un acuerdo para evacuar a combatientes ucranianos heridos de la fábrica de acero ucraniano. "El 16 de mayo como resultado de negociaciones con los representes de los militares ucranianos bloqueados en el territorio de la planta metalúrgica de Azovstal se llegó a un acuerdo para la evacuación de heridos", apuntaba un comunicado de Defensa ruso, aunque sin concretar el número exacto de rescatados. 

La viceprimera ministra para la Reintegración de los Territorios Temporalmente Ocupados de Ucrania, Iryna Vereschuk, dijo la semana pasada que en la acería se encontraban entre 500 y 600 militares heridos, pero que las partes estaban negociando por el momento la evacuación de los "más graves", que ella cifró en 38 personas.

Región clave en la guerra

El acuerdo entre Kiev y Moscú pone fin a la batalla más larga y sangrienta de la guerra de Ucrania, pues Azovstal se había convertido en el centro de resistencia de esta región clave en el conflicto. Mientras el resto de los distritos de Mariúpol se encontraban bajo dominio ruso, cientos de tropas (entre ellos miembros del Batallón Azov,unidad militar de ideología neonazi) y civiles ucranianos se refugiaron en Azovstal. 

Mariúpol da acceso al mar de Azov, al noroeste de la península de Crimea, considerado como uno de los puertos comerciales más importantes de la región. Ha sido escenario de multitud de ofensivas de Moscú en la guerra. El acceso de las tropas ucranianas al mar lleva bloqueado desde principios del mes de marzo, y la importancia de este enclave portuario es notable. 

Por esta razón, a pesar de que "la guarnición de Mariúpol ha cumplido su misión de combate" según apunta el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania en un comunicado, los medios cercanos al Kremlin consideran la evacuación comouna gran victoria rusa, pues supone un gran golpe a la moral ucraniana y el control total de la región. 

madrid

17/05/2022 10:59

 

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Fuente: diarioconvos.com

El joven presidente Gabriel Boric finalmente cedió a la agenda de la derecha y los empresarios con una medida que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas en la región de La Araucanía y dos provincias de la región del Biobío (sur) para reprimir la creciente resistencia en la zona del denominado "conflicto mapuche".

 

Este lunes, el gobierno de Gabriel Boric ha claudicado nuevamente a la agenda de la derecha. La ministra del Interior de Chile, Izkia Siches decretó el “estado de excepción” en el territorio ancestral del pueblo nación mapuche en dos regiones del sur del país trasandino. El joven presidente Gabriel Boric finalmente cedió a la agenda de la derecha y los empresarios con una medida que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas para reprimir la creciente resistencia en la zona del denominado "conflicto mapuche".

"Hemos decidido hacer uso de todas las herramientas para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos decretando estado de emergencia (un tipo de estado de excepción)", anunció en un punto de prensa desde la sede de Gobierno.

Esta medida, que implica un despliegue militar, regirá en toda la región de La Araucanía y en dos provincias de la región del Biobío (sur) para "resguardar las rutas, permitir el libre tránsito de personas y el abastecimiento", señaló tras reconocer un aumento de la violencia en los últimos meses.

En estas y otras zonas del sur de Chile existe desde hace décadas un reclamo territorial al Estado de algunas comunidades mapuche y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales por los indígenas.

En este contexto, son cada vez más frecuentes los ataques incendiarios a maquinaria y predios, tiroteos con víctimas mortales y huelgas de hambre de presos indígenas que luchan por recuperar su tierra.

Cambio de rumbo

Hasta ahora, el mandatario Gabriel Boric se había mostrado reacio a la militarización, señalando que solo ponía más tensión sobre el conflicto, y había criticado ferozmente a su predecesor, el conservador Sebastián Piñera, por promoverla entre octubre de 2021 y marzo de 2022.

El gobierno declaró que el decreto de estado de excepción constitucional en la Araucanía sería “acotado” exclusivamente a las carreteras. Sin embargo, en poco se diferencia de su predecesor Piñera si a la par de desplegar militares para el resguardo del orden público, presenta querellas contra líderes mapuche manteniendo el enfrentamiento histórico entre el estado de chile y el pueblo nación mapuche.

Tras asumir la Presidencia el pasado marzo, Boric decidió no perpetuar esta medida y apuntó a una estrategia de "diálogo" a través del despliegue territorial de diferentes autoridades. Esto no fue bien recibido por varios grupos indígenas, que continuaron saboteando varias visitas del Ejecutivo. Naturalmente, “diálogo” en este caso significa “ceder” territorio ancestral al Gobierno y a empresas que buscan hacer ganancias por fuera de los intereses indígenas y de las clases populares chilenas, aumentando el volumen de extracción de recursos y destruyendo el ambiente.

Desde la derecha y el centro, presionaron para que se tomaran más medidas de seguridad y acusaron extrañamente al presidente de "inacción" y de ser "cómplice de la violencia".

Además del despliegue militar, la ministra Siches detalló otras medidas como la solicitud de un fiscal preferente para delitos relacionados con narcotráfico y robo de madera, el impulso a la creación de un Ministerio de los Pueblos Indígenas y la inversión de 400.000 millones de pesos (460 millones de dólares) para mejorar la infraestructura y servicios de la zona. También agregó una política de restitución de tierras vía la cuestionada CONADI.
Pero es difícil esperar algo diferente de los gobiernos anteriores que impulsaron medidas similares desde la institucionalidad hacia a la restitución de tierras, presupuestos, etc, pero nunca cesan la represión, de la cual hoy el Gobierno de Boric confirma que seguirá perpetuando a pesar de llamarse un Estado Plurinacional. A fin de cuentas se busca una rendición del pueblo mapuche a sus reclamos territoriales.

Entre críticas y logios

El estado de emergencia fue recibido entre elogios del oficialismo y de la oposición. Por supuesto recibió el repudio de los representantes de comunidades mapuches -la etnia mayoritaria del país- y algunos sectores de la izquierda, que denuncian un cambio drástico en la política del mandatario.

Boric prometía un “cambio”, pero en los hechos se asemeja más a los gobiernos del orden neoliberal de las últimas tres décadas que a un cambio de rumbo hacia las clases explotadas y oprimidas. Tras una serie de demostraciones de “fuerza” y respaldo a las fuerzas represivas del estado, como mantener al general de carabineros Ricardo Yañez en su cargo, y de negociaciones con la derecha, el gobierno finalmente dio el paso y cedió a la presión mediática para desplegar efectivos militares en el Wallmapu.

Por eso que la derecha le tira flores. "Valoramos que el Gobierno se haya dado cuenta que el estado de emergencia era una medida urgente para el sufrimiento de las medidas en Biobío y Araucanía", dijo el senador de Evópoli (derecha) Felipe Kast.

El expresidente y senador Ricardo Lagos (2000-2006) señaló en Twitter que apoya "las decisiones que tome Boric para poder dar más seguridad a la comunidad y a la vez impulsar el diálogo con una fuerte inversión en infraestructura pública y otras áreas".

Las organizaciones indígenas llaman a resistir frente a este nuevo intento de subordinación al pueblo mapuche. La semana pasada, la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), una organización indígena que se ha atribuido decenas de ataques desde la década de 1990, llamó a la "resistencia armada" ante la posibilidad de una militarización.

En una entrevista con un medio local, el líder de grupo, Héctor Llaitul, hizo un llamado a "preparar las fuerzas y organizar la resistencia armada por la autonomía", a lo que el Ejecutivo respondió el domingo anunciando que presentará una querella en su contra.

Hoy cuando la crisis económica diluye día a día el poder adquisitivo de la clase trabajadora, la agenda de los partidos políticos chilenos está muy lejos de responder a dichas necesidades. Los empresarios claramente no quieren que esto se discuta por eso presionan a Boric que fácilmente cede antes que enfrentar con la movilización popular a los empresarios chilenos.

Dauno Totoro, dirigente del Partido de los Trabajadores Revolucionario, declaró a La Izquierda Diario que “En todo este escenario, con un gobierno que decide reprimir a estudiantes secundarios, trabajadores y mapuches y alinearse con los intereses empresariales, hace falta una izquierda que no ceda ante la presión de los poderosos ni a su agenda, y que mantenga la pelea por conquistar las demandas de la rebelión.”

Hoy la salida para el Gobierno de Boric, no implica nada nuevo del viejo régimen, donde mantienen la dotación policial, el refuerzo de seguir en el camino de la militarización y buscar la salida por vía la CONADI para la entrega de tierras a los indígenas que no responde ni una pizca al histórico despojo sin tocar a ningún capital, como lo es la industria forestal. Incluso con el avance a la “integración” de la nación mapuche con el Estado capitalista en Chile, como lo es el Estado plurinacional, solo busca el reconocimiento de naciones originarias. También se nombra la “autodeterminación” pero esto debería suponer una lucha por la expropiación de las 2 millones de hectáreas de los grupos empresarios Matte y Angelini, que hoy siguen siendo protegidas por el Estado militarizado como lo ha hecho el cuestionado régimen pinochetista.

Martes 17 de mayo

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El ataúd casi cae al suelo cuando el cortejo que lo llevaba en hombros se vio rodeado de policías israelíes que golpeaban a la multitud de dolientes palestinos.Foto Ap

Jerusalén. Miles de palestinos despidieron ayer en Jerusalén a la periodista palestina-estadunidense Shireen Abu Akleh, abatida durante una operación militar israelí, en exequias marcadas por escenas de violencia tras una intervención policial al comienzo del cortejo.

Antes del funeral, decenas de personas trataron de marchar con el féretro desde el hospital hasta una iglesia católica en la vecina Ciudad Vieja. Muchos de los dolientes llevaban banderas palestinas, prohibidas en Jerusalén, y la multitud empezó a gritar: "Sacrificamos nuestra alma y nuestra sangre por ti, Shireen".

Al poco tiempo, la fuerza pública israelí golpeó a manifestantes con garrotes, justo al lado de las personas que avanzaban llevando en hombros el ataúd, el cual casi cae al suelo. Las tropas de Tel Aviv aseguran que reaccionaron a un ataque de piedras en su contra. Según la Media Luna palestina, 33 personas resultaron heridas y seis fueron hospitalizadas.

Imágenes transmitidas por Palestine TV mostraron que quienes llevaban el ataúd fueron agredidos por soldados de Tel Aviv, mientras policías dispersaron a las personas que ondeaban banderas palestinas.

Los restos de la popular reportera de la cadena catarí Al Jazeera, una cristiana de 51 años nacida en Jerusalén Este, fueron finalmente llevados hasta un templo de esta ciudad, donde se ofició una misa. La multitud siguió después al féretro hasta un cementerio adjunto a la Ciudad Vieja, donde Abu Akleh fue enterrada cerca de los restos de sus padres. Las calles aledañas estaban repletas de quienes fueron a despedirse de la periodista.

La comunicadora, quien portaba casco y chaleco antibalas con el rótulo "Prensa", recibió un disparo en la cabeza el miércoles cuando cubría una operación militar israelí en el campo de refugiados de Jenin, en Cisjordania, un territorio palestino ocupado por Israel desde 1967.

El caso dio lugar a varias hipótesis. Al Jazeera acusó a las fuerzas de Tel Aviv de matar "deliberadamente" y "a sangre fría" a su periodista estrella. El primer ministro israelí, Naftali Bennett, declaró que la reportera murió "probablemente" por disparos de combatientes palestinos.

En una investigación preliminar, el ejército israelí aseguró: "no es posible identificar el origen del disparo que alcanzó y mató a la periodista". Pero la indagatoria, consultada por el diario Jerusalem Post, apunta a dos posibilidades: como parte del intento de atacar a las tropas de Tel Aviv, palestinos armados dispararan cientos de balas desde varios puntos y acertaran a la periodista; la otra, es que ella, que estaba de pie cerca de los pistoleros, “fuera alcanzada por disparos de la fuerza (israelí) contra los ‘terroristas’”, cita el diario.

La Autoridad Nacional Palestina, dirigida por Mahmoud Abbas, ha rechazado la idea de una investigación conjunta con Israel y declaró que quería remitir el caso a la Corte Penal Internacional.

El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, manifestó estar "profundamente afectado" por las acciones de "algunos policías israelíes" en Jerusalén Este al comienzo del cortejo por el funeral de Abu Akleh, comunicó el viernes el portavoz Farhan Haq.

La Unión Europea se declaró "consternada" por este uso "inútil" de la fuerza y Estados Unidos expresó su "profunda perturbación" por las imágenes del funeral.

Durante las exequias, se produjeron nuevos enfrentamientos en Jenin, donde falleció la reportera, que dejaron 13 heridos, según el Ministerio de Salud de la ANP. La localidad es un bastión de facciones armadas palestinas, de donde proceden los autores de recientes atentados en Israel, que lanzó múltiples operaciones para capturarlos.

Un oficial israelí murió durante esta jornada en un operativo en Burqin, cerca de Jenin, indicó un comunicado oficial. El grupo armado palestino Yihad Islámica se atribuyó la muerte del agente.

Quince países europeos, entre ellos Alemania, Francia e Italia, pidieron ayer a Israel retirar un proyecto de construcción de más de 4 mil viviendas en Cisjordania.

"Pedimos a las autoridades reconsiderar esta decisión", escribieron los cancilleres. Además, piden a los israelíes "no proceder a las demoliciones o a las expulsiones previstas, particularmente en Masafer Yata".

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Un grupo de desplazadosllega al centro de evacuación en Zaporiyia, Ucrania.. Imagen: AFP

Los desplazados internos por el conflicto en Ucrania ya son más de ocho millones

La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas corroboró la muerte de cerca de 3.400 civiles desde que empezó la guerra, "pero las cifras reales son mucho más altas y el gran agujero negro es Mariupol", dijo la jefa de los observadores, Matilda Bogner.

 

Una misión de observadores de la ONU sospecha que "miles de civiles" murieron en Mariupol como consecuencia de la invasión rusa, una cifra que podrán verificar cuando consigan tener acceso a esta ciudad que ha quedado ampliamente destruida. La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas corroboró la muerte de cerca de 3.400 civiles desde que empezó la guerra, "pero las cifras reales son mucho más altas y el gran agujero negro es Mariupol, donde es difícil acceder a la información", dijo la jefa de los observadores, Matilda Bogner, en una rueda de prensa en Ginebra. En paralelo, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reveló que más de ocho millones de personas han tenido que dejar sus casas y encontrar refugio en otro lugar de Ucrania debido al ataque ruso.

Miles de muertos que no fueron verificados

"En términos del país, todo lo que puedo decir es que hay miles de muertos civiles más de los que hemos podido verificar hasta ahora", declaró Bogner. La jefa de los observadores de Naciones Unidas señaló que en visitas y recorridos por 14 localidades en las regiones de Kiev y Chernigov, su equipo recolectó informaciones sobre la muerte de más de 300 hombres, mujeres y niños, en particular en zonas al norte de la capital ocupadas por tropas rusas hasta fines de marzo.

En estos lugares la misión de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, dirigida por la Alta Comisionada Michelle Bachelet, ha recopilado pruebas de asesinatos, ejecuciones sumarias, torturas y violencia sexual. "Cada muerte es una tragedia. Dependiendo de las circunstancias, la muerte de un solo civil o de alguien que no participa en los combates puede ser un crimen de guerra porque son personas protegidas por el derecho internacional", explicó Bogner.

Algunos crímenes eran selectivos, pero otros eran totalmente al azar, contra gente que transitaba en sus vehículos o intentaba cruzar una calle. También se sabe de francotiradores que disparaban contra civiles con el motivo aparente de disuadir a la gente de salir de sus casas. Sin embargo, Bogner destacó que "tomará tiempo entender toda la magnitud de lo que ha ocurrido, aunque lo que hemos visto hasta ahora ofrece una idea clara de cuáles son las preocupaciones".

"Una vez que sea lo suficientemente seguro y los investigadores puedan visitar el terreno, se espera que el número real de víctimas se ubique muy por encima del actual, incluyendo a los de la devastada ciudad portuaria de Mariupol", reiteró la observadora de Naciones Unidas. Bogner se mostró preocupada por la información recibida acerca de que las fuerzas armadas, del bando ruso y ucraniano, instalaron equipos militares cerca de escuelas en varias zonas del país.

La misión de la ONU trabaja en Ucrania desde 2014, luego del estallido del conflicto en la región oriental del Donbass, fronteriza con Rusia y alentada por este país a través de grupos separatistas a los que suministró armamento. Actualmente, la misión tiene varias oficinas en distintas localidades y 55 observadores en Ucrania, que se han desplazado para verificar y documentar la destrucción y los crímenes cometidos desde el pasado 24 de febrero, cuando se inició la guerra.

Bogner dijo que desde entonces la forma en que Rusia ha conducido las hostilidades cambió, ya que pasó de atacar inicialmente objetivos militares a bombardear áreas pobladas con el consiguiente impacto en la población. Los observadores de la ONU aseguran que no pudieron recoger directamente información en las zonas bajo control de Rusia o donde el conflicto está activo.

Ocho millones de desplazados internos

Ocho millones de personas en Ucrania se han visto forzadas a desplazarse en el interior del país, dijo este martes la OIM en la presentación de los datos actualizados del impacto de la guerra en la población. Esa cifra representa "un 24 por ciento más en comparación con las primeras cifras de desplazamiento interno publicadas el 16 de marzo", indicó el organismo, que realizó una nueva evaluación sobre el terreno entre el 17 de abril y el pasado tres de mayo.

"Las necesidades de aquellos desplazados internamente y de todos los afectados por la guerra en Ucrania crece a cada hora que pasa", afirmó el director general de la OIM, Antonio Vitorino. De los desplazados internos, un 63 por cien son mujeres y casi la mitad han dejado sus hogares en el este del país, donde está concentrada la ofensiva rusa. 

La OIM también comprobó en una serie de encuestas que dos terceras partes de los desplazados consideran que la mejor manera de ayudarlos es a través de asistencia con dinero en efectivo para comprar comida y medicamentos, frente a un 49 por ciento que prefería este tipo de ayuda al inicio de la guerra. En tanto, el hospedaje es la segunda necesidad más importante, con el 27 por ciento de los desplazados entrevistados que dijeron que sus viviendas habían sido destruidas o dañadas, mientras una de cada diez personas pidió materiales y herramientas para reparar sus hogares.

Los datos de la OIM también indican que 2,7 millones de personas han retornado a sus casas en Ucrania, de los cuales casi todos volvieron de otras áreas dentro de su misma región o de otras regiones de Ucrania, lo que indica que el número de refugiados en otros países que regresan es escaso. Desde el inicio de la guerra, este organismo de Naciones Unidas aporta ayuda directa en alimentos, artículos de higiene y atención psicológica a 320 mil personas.

Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), el número de refugiados ucranianos registrados desde que empezó la guerra, el pasado 24 de febrero, es de 5,92 millones, la gran mayoría en países vecinos. 

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Tras retomar el control de la cárcel de Bellavista, los vigilantes arrodillaron a decenas de reos en el patio del penal. Foto Afp/Ministerio del Interior de Ecuador

Se fugan 220 en el motín; recapturan a 112

Quito. Al menos 44 presos murieron y 10 resultaron heridos, la mayoría de de gravedad, tras un enfrentamiento ayer entre bandas rivales vinculadas con el narcotráfico en una cárcel de Ecuador, donde en medio de la situación 220 presos aprovecharon para fugarse.

En una actualización al final de la tarde, el ministerio del Interior detalló esas cifras en su cuenta de Twitter, mientras decenas de agentes fueron desplegados en las carreteras de acceso y salida de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, en cuya cárcel estatal se produjo el motín que comenzó en horas de la madrugada.

Un policía resultó herido, confirmaron las autoridades.

El presidente Guillermo Lasso, quien está de gira en Israel, envió su el pésame a los familiares de los fallecidos. "Este es un lamentable resultado de la violencia entre bandas", añadió en Twitter.

La refriega se desató por la madrugada en la cárcel Bellavista, en Santo Domingo, unos 80 kilómetros al suroeste de Quito, cuando la banda de Los Lobos "agrede y elimina" a unos 40 integrantes de una facción denominada R7, indicó el ministro de Interior, Patricio Carrillo, en rueda de prensa.

Las autoridades sospechan que los choques se originaron por el traslado a Bellavista de un cabecilla del grupo R7, gracias a una medida cautelar.

El líder estaba en una prisión de máxima seguridad en la costera provincia de Guayas (suroeste) tras haber protagonizado otro enfrentamiento entre Los Lobos y R7 en la cárcel de El Turi, en la andina ciudad de Cuenca, que dejó 20 muertos hace un mes, explicó Carrillo.

"No quieren rehabilitarse y lo han demostrado, son los hechos los que los definen. Lo que se vivió en el centro carcelario de la ciudad de Santo Domingo fue una crueldad", sostuvo el funcionario.

Destacó que a simple vista "se puede evidenciar que los que perdieron la vida fueron ajusticiados con arma blanca" y ofreció la ayuda del gobierno a los familiares para trasladar los cuerpos a sus sitios de origen.

En los videos que circularon en las redes sociales se veía la cárcel, aún a oscuras, y se escuchaban gritos y disparos que provenían de su interior.

Carrillo añadió que se encontraron armas de fuego, granadas y otros materiales en poder de los presos de la cárcel Bellavista.

La policía confirmó que tras la intervención de grupos tácticos y de asalto el centro de reclusión quedó nuevamente bajo el control de las autoridades, en especial el pabellón de máxima seguridad, donde ocurrieron los hechos.

En un patio decenas de reclusos eran obligados a arrodillarse con las manos en la cabeza bajo la mirada de los uniformados, durante una operación para retomar el control del penal, se vio en imágenes difundidas por las autoridades.

De los 220 fugados, 112 fueron recapturados por los uniformados en las afueras de la prisión.

Con este último episodio sangriento, las prisiones ecuatorianas suman casi 400 reclusos muertos brutalmente en seis matanzas desde febrero de 2021, en medio de una ola violenta que el gobierno atribuye al enfrentamiento de grupos vinculados al narcotráfico.

En los últimos años las cárceles de Ecuador se han convertido en escenario de violentos ataques entre reclusos, principalmente debido a disputas entre bandas relacionadas con el narcotráfico y rutas de exportación de droga presuntamente vinculadas con cárteles mexicanos. El último de estos motines, que dejó 20 fallecidos, se registró a inicios de abril.

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Norma McCorvey (izq.), quien fue Jane Roe en el caso Roe v. Wade de 1973, con su abogada, Gloria Allred, en 1989.

El equilibrio de poderes entre Washington y los Estados se ve amenazado en EE.UU., donde la ultraderecha religiosa se ha unido a la élite conservadora para poner límites a unas libertades civiles que tachan de libertinaje

 

De los tres poderes –Ejecutivo, la espada; Legislativo; la cartera; y Judicial, los jueces–, el encargado de administrar justicia nació como el hijo tonto de la joven democracia estadounidense. Alexander Hamilton ya lo advirtió a primera hora: “el [poder] judicial carece de influencia sobre la espada o la cartera. No tiene capacidad de acción sobre la fuerza o sobre la riqueza de la sociedad, por lo que no puede actuar decididamente sobre ningún asunto de importancia”. Es decir: no puede imponer sus decisiones. Corría el año de 1789.

La vista del número uno de la First St NE de Washington D.C. es imponente: primero la escalinata flanqueada por dos estatuas: a la izquierda una mujer, Contemplation of Justice; a la derecha, una figura masculina, The Guardian or the Authority of Law, también llamado The Executor of Law, ambas obras de James Earle Fraser. Después, las dieciséis columnas corintias que sostienen el frontón; y finalmente impresas sobre el arquitrabe, cinco palabras: Equal Justice Under the Law. El Tribunal Supremo de Estados Unidos (SCOTUS en sus siglas en inglés) ocupa este impresionante edificio desde 1935, 146 años después de que fuera establecido como máxima autoridad judicial de la nación mediante la ratificación de la Constitución de los Estados Unidos en 1789. 

Hasta 1935, la historia de SCOTUS es singular y accidentada: desde constituirse en una especie de consejo de sabios nómada, atendiendo casos de ciudad en ciudad en los primeros años de la nueva nación, hasta la oscuridad de los sótanos del Capitolio, pasando por breves periodos en Nueva York o Filadelfia. Su originario papel secundario y sus más de doscientos años de historia son la lucha continuada por consolidar su poder sobre la tierra; esto es: constituirse en the law of the land, el último órgano de decisión, no solo capaz de decir qué es constitucional sino de imponerse sobre sus hermanos. 

Primer acto: SCOTUS 1-mujeres 0. La sede de SCOTUS, también llamada El palacio de mármol, se levanta sobre el solar que ocupaba el Old Brick Capitol, histórico cuartel hasta 1929 del National Woman’s Party –la compró el Gobierno federal a insistencia del expresidente William Howard Taft, en ese momento primer magistrado del Alto Tribunal–, el partido que abogó incansablemente por el sufragio femenino en EE.UU. hasta su consecución en 1920 (Enmienda 19 de la Constitución) y que, desde entonces, se entregó a las luchas por los derechos civiles desde su feminismo militante. Fue una compra, sí. Pero digamos que aquellas primeras feministas fueron invitadas a abandonar su casa. Las ironías de la historia.

Segundo acto: SCOTUS 0-mujeres 1. 1973, Roe v. Wade. La archiconocida sentencia por la que el máximo órgano judicial estadounidense declaraba inconstitucional cualquier restricción al acceso de la mujer a la posibilidad de abortar en condiciones sanitarias adecuadas y de forma legal. La argumentación sobre la que se basaba Roe contra Wade poco tenía que ver con la moral y mucho menos con la biología (ambos pilares que sostienen las posiciones de los autodenominados pro-vida): se trataba única y exclusivamente de salvaguardar el “derecho a la intimidad” de cada persona en relación a una de las cláusulas de la 14º Enmienda de la Constitución. Es decir: el gobierno (ninguno) no es quien para decidir qué puede hacer cada uno con su cuerpo. Ese uno era una mujer, Norma McCorvey, la camarera de Texas que se escondía bajo el pseudónimo de Jane Roe, quien tras quedarse embarazada de su tercer hijo en 1969 quiso abortar. El problema era que en Texas, donde residía, el aborto era ilegal salvo riesgo para la vida de la madre. No era la primera vez, pero sí una de las más importantes en las que SCOTUS volvía a poner de manifiesto la fuente de su poder: la confirmación del concepto de judicial review del que emana su supremacía judicial. En resumen: la decisión sobre un caso específico se aplica y afecta a todos los demás casos semejantes en cualquier lugar del país. Una vez más, SCOTUS marcaba la única distancia posible entre el suelo y el techo de la casa común estadounidense. 

En realidad, Roe contra Wade fue el canto del cisne de una época que en 1969 estaba a punto de cerrarse con la llegada de Nixon a la presidencia: la gran expansión de los Derechos Civiles iniciada una década antes y que había sido consecuencia de la madre de todas las batallas en EE.UU.: el enfrentamiento entre la Casa Blanca (con o sin el Capitolio) y SCOTUS, es decir, la espada contra la toga. Una batalla ganada por los liberales, cuyo punto culminante habían sido las grandes sentencias en favor de los Derechos Civiles auspiciadas bajo un Tribunal (la llamada Warren Court Era) que había empezado a perfilarse bajo la presidencia de Franklin Delano Roosevelt. En la mente del Partido Republicano solo era cuestión de tiempo, de paciencia. Y de colocar en la Casa Blanca al hombre adecuado. La derecha y la ultraderecha estadounidense habían entendido por fin que la política de un país no se cambia tanto en el Capitolio como desde la sala noble del Palacio de Mármol.

Por eso no es casualidad que este tercer acto empiece precisamente por Roe contra Wade. La filtración del borrador publicado en la noche del pasado lunes por el diario Politicoy firmada por el juez Samuel Alito (conservador) reflejaba una opinión predominante de cinco de los nueve magistrados que integran la Corte a favor de la revocación del derecho a la interrupción del embarazo. Hacía meses que había sospechas de que esto ocurriría, no es ningún secreto que el propio tribunal vive tiempos convulsos con acusaciones de corrupción sobre algunos de sus miembros y enemistades personales entre otros. Incluso la pandemia y su politización ha sido motivo de discordia entre el grupo patricios togados: algunos de los jueces más jóvenes y conservadores se han mostrado reticentes a ponerse mascarillas en las reuniones con sus compañeros más veteranos.

La única sorpresa aquí ha sido que la bomba explotara vía filtración, acto sin precedentes en la historia de la institución y que ha desatado una caza de brujas con los ojos puestos en los magistrados liberales y, especialmente, su staff. El martes, el presidente de la Corte Suprema, el conservador –fue nombrado por George W. Bush, y últimamente se posiciona con sus compañeros más progresistas, lo que indica hacia dónde se ha movido el tribunal en los últimos cuatro años– John Roberts confirmó el contenido del documento de 98 páginas conocido el lunes, aunque señaló que se trataba de un “primer borrador”. Hay que indicar que la filtración en sí no es delito, pero si se descubre a su autor supondría el final de su carrera, amén de otro tipo de actos disciplinarios. 

El texto no deja lugar a dudas: según el voto privado emitido el pasado febrero, la mayoría conservadora cree necesario derogar el precedente sentado por la sentencia de 1973 (y confirmado en el caso Planned Parenthood contra Casey, de 1992): “[La sentencia de] Roe estaba terriblemente equivocada desde el principio”, escribe Alito, para el que “su motivación fue excepcionalmente endeble y aquella decisión ha tenido consecuencias perjudiciales. Lejos de lograr un consenso nacional en torno al tema del aborto, Roe y Casey atizaron el debate y profundizaron en la división”. Decenas de personas se han concentrado a las puertas del edificio del Alto Tribunal desde la publicación del borrador para protestar. Según un estudio reciente del Pew Research Center, seis de cada diez estadounidenses creen que el aborto debería ser legal en todas o casi todas las circunstancias, mientras que un 54% se manifiesta contrario a la derogación de Roe contra Wade.

“La Constitución no hace ninguna referencia al aborto, y ningún derecho de este tipo está protegido implícitamente por ninguna disposición constitucional”, argumenta Alito en una posición que secundan los magistrados Clarence Thomas, Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch, estos tres últimos nombrados durante la presidencia de Donald Trump. El fallo definitivo no se espera hasta finales de junio o principios de julio. La mayoría conservadora, seis contra tres, hace poco probable un cambio en la argumentación de la misma.

Una aclaración: si finalmente Roe contra Wade es revocada, eso no significa que el aborto se vuelva ilegal en EE.UU.. Solo que el poder de decisión tornará a los Estados y, por tanto, los más conservadores ya no tendrán obstáculo federal para prohibirlo en su territorio. La distancia entre las dos Américas, una liberal y otra conservadora, se agrandará todavía más.

El GOP y Trump, historia de un amor de conveniencia

Para entender un poco el origen de lo que está ocurriendo hay que irse al último año de legislatura de Obama. A un año de las elecciones, Obama pretendió llenar la vacante dejada por el fallecimiento del juez Anthony Scalia con el moderado Merrick Garland (hoy Fiscal General de Joe Biden). El entonces líder del GOP en el Senado, Mitch McConnell se negó incluso a reunirse con Garland y bloqueó cualquier intento de nominación durante 293 días. El tiempo justo para que Donald Trump se hiciera con la presidencia de EE.UU..

Con Trump en la Casa Blanca, fue el ultraconservador Neil Gorsuch quien ocuparía la vacante de Scalia en el Alto Tribunal. No sería el único. En solo cuatro años, Trump colocaría dos jueces conservadores más: Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. Los tres en la cincuentena, para una posición que, recordemos, es vitalicia salvo renuncia voluntaria –es el caso de Stephen Breyer cuyo asiento será ocupado por la jueza Ketanji Brown Jackson (51 años) en algún momento de este verano y confirmada por el Senado a propuesta del presidente Biden el pasado 7 de abril. 

Aquel fue el verdadero legado de Trump, un presidente que para hacerse con el poder en el GOP se alió con el ala más conservadora del movimiento republicano estadounidense, la misma que llevaba décadas esperando la oportunidad para asaltar SCOTUS. Un quid pro quo necesario para iniciar la estrategia de demolición de lo conseguido desde la década de los Derechos Civiles. En definitiva, una partida de póker en la que en Estados Unidos siempre se apuesta en una doble vertiente. Por un lado, a medida que crece el poder de SCOTUS decrece el de la Casa Blanca, y viceversa. Por el otro, a medida que decrece el poder del Gobierno federal, crece el de los Estados; también y viceversa. 

Y aquí estamos otra vez: “Es hora de hacer caso a la norma fundamental y devolver el tema a los representantes elegidos por el pueblo”, sentencia el borrador de Alito, en una clara referencia a los gobiernos estatales. En la práctica, la derogación de Roe contra Wade supondría la libertad de los Estados para decidir sobre los derechos reproductivos de 166 millones de mujeres. Insisto, el GOP lleva décadas fraguando esto, y la derrota de Trump hace dos años simplemente potenció el cambio de paradigma en los estados controlados por los republicanos donde sus gobernadores han preparado leyes restrictivas que entrarán en vigor inmediatamente.

Dos países y una puerta hacia el abismo

Hay un país azul demócrata a punto de convertirse en santuario de los derechos de las mujeres y preparándose para acoger una ola de turismo reproductivo. Hay otro rojo republicano, en el que más de una veintena de estados aguardan la confirmación de lo filtrado esta semana. Estados como Oklahoma, cuya Cámara de Representantes aprobó la semana pasada una estricta norma que prohíbe las intervenciones después de la sexta semana de gestación, antes incluso de que la mayoría de las mujeres sepan de su embarazo. O Texas, siempre a la vanguardia de la reacción y no solo en el ámbito sanitario, cuya nueva legislación, promulgada en septiembre y conocida como la “Ley del latido”, propone la persecución de los ciudadanos particulares que ayuden a una persona a poner fin a un embarazo no deseado. Se trataría de una puerta hacia un abismo: según sea interpretada la norma, un taxista que lleve a una mujer a una clínica abortiva, aunque sea en otro Estado, podría ser perseguido judicialmente con penas de hasta 10 años de prisión. Tras Texas y Oklahoma, Florida, Ohio y otros Estados del sur anuncian su intención de convertirse en “santuarios de la vida”. 

Este abismo no tendría por qué circunscribirse a las cuestiones reproductivas. Por ejemplo: en Lawrence contra Texas (2003), SCOTUS usó el mismo argumento de Roe contra Wade (derecho a la privacidad) para determinar que era inconstitucional castigar a las personas por cometer sodomía. Obergefell contra Hodges (2015), que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo y utilizó el derecho a la privacidad y la cláusula de igual protección para hacerlo. Esto podría abrir la puerta para que un Estado trate de desafiar las leyes de matrimonio entre personas del mismo sexo y las distintas legislaciones en relación a la comunidad LGTBQ, que ya están en el punto de mira de los legisladores republicanos. De nuevo Texas, donde se ha llegado a plantear la posibilidad de poner a cargo de las autoridades a los niños trans si estos son apoyados por sus padres en su proceso de transición. Pero hay más: Griswold contra Connecticut (1965), que protege la capacidad de los matrimonios para comprar anticonceptivos sin restricciones gubernamentales. No se trata solo del aborto. O Meyer contra Nebraska (1923), que permite que las familias decidan si quieren que sus hijos aprendan un idioma que no sea inglés. Esto podría abrir la puerta para que Estados antinmigración intenten prohibir el aprendizaje de otros idiomas que no sean el inglés en las escuelas públicas. Incluso, la obligación estatal de ofrecer un sistema público de enseñanza (Plyler contra Doe, 1982), como ha anunciado que va a estudiar el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott. La educación pública nunca ha dejado de estar en el punto de mira republicano. 

También Skinner contra Oklahoma (1942), el fallo que declaró inconstitucional la esterilización forzosa de personas (se hizo con miles de mujeres afroamericanas). Hay quien ha señalado estos días que la caída de Roe contra Wade podría abrir la puerta para que algunos Estados determinaran la esterilización de delincuentes, personas discapacitadas o minorías de todo tipo. Sin duda, también el derecho al voto en un momento en el que en muchos Estados republicanos están aprobándose legislaciones encaminadas a restringir o dificultar el sufragio y que tienen a minorías raciales como principal objetivo.

En el origen de todo está la condición del juez Alito como ‘originalista’ constitucional. Con ese término se conoce a los magistrados que defienden que la Constitución debe interpretarse tal y como fue pensada por sus creadores hace más de dos siglos. Originalistas son también los jueces Thomas, Barrett, Gorsuch e, incluso, Kavanaugh también son originalistas. Los tres nominados por Trump.

Biden contra la Corte Suprema 

Muchos dicen que los senadores son los patricios del imperio americano. No es del todo cierto. Son los miembros de la Corte Suprema, depositarios de un poder casi omnipotente y sin aparente fecha de caducidad. Una situación sin paralelismo en ninguna otra democracia occidental.

El número de asientos en el Alto Tribunal permanece inalterado desde la presidencia de Ulysses S. Grant (1864-1865), y ante la herencia de Trump, no pocas voces llevan defendiendo la idea de que ha llegado el momento de ir a una nueva guerra contra la máxima institución judicial del país. En política estadounidense esto se conoce como Court Packing: que un presidente trate de incrementar –a veces reducir– el número de jueces del Supremo para lograr un tribunal con cierto equilibrio ideológico. En la práctica lo que se busca es una Corte más alineada con la Casa Blanca o el mismo Capitolio. En 1801, John Adams redujo el número de miembros de seis a cinco para evitar que su sucesor, Thomas Jefferson, pudiera nombrar a su propio magistrado. Poco después, el Congreso incrementó de cinco a siete el número de asientos. Andrew Jackson sumó dos más hasta conformar un Tribunal con nueve sillas. Más tarde, Lincoln añadiría una más; mientras que su sucesor, Andrew Johnson, volvería a reducir la alineación a siete, hasta que el mencionado Grant conformara los nueve actuales. 

La posibilidad de sumar nuevos jueces al actual SCOTUS, es algo que cuenta con la oposición frontal del GOP, muy cómodo con la situación actual, mientras que tampoco se ve claro en los círculos de poder más cercanos al presidente. No tanto por su problemática, es completamente legal y hay precedentes, sino porque supondría que la Administración Biden abriera un nuevo frente de batalla –sin cuartel y a todos los niveles, Partido Demócrata incluido–, y con la cita electoral de las elecciones de medio mandato –legislativas– el próximo noviembre. 

El enfrentamiento más sonado entre SCOTUS y la Casa Blanca data de 1933. EE.UU. vivía inmerso en la Gran Depresión y el entonces presidente, Franklin Delano Roosevelt, puso encima de la mesa su primer New Deal, la mayor expansión del Gobierno Federal de la historia de EE.UU. hasta la fecha. Su agenda populista(como fue calificada entonces, algunos dirían hoy socialista) chocó con la oposición frontal de un Tribunal muy conservador y receloso de un poder de Washington en expansión a costa del de los Estados. Todas las iniciativas contenidas en aquel primer New Deal fueron tumbadas por los togados, una tras otra. SCOTUS acababa de mudarse a su nueva y flamante sede y, en 1935, en un editorial publicado por The New Yorker se podía leer: “el nuevo edificio [de SCOTUS] dispone de unas grandes y maravillosas ventanas desde las que arrojar el New Deal”. 

Franklin Delano Roosevelt decidió cambiar de estrategia y reescribir las reglas del juego: amenazó con nominar un nuevo juez por cada miembro mayor de 70 años que se negara a retirarse. Esto suponía añadir seis nuevos magistrados hasta un total de quince. Todos ellos, claro, receptivos, cuando no directamente favorables, a las políticas del presidente. No fue necesario. El Alto Tribunal aflojó, y para 1937 un segundo paquete del New Deal pasó el dictamen de SCOTUS. Fruto de aquella victoria, los ciudadanos de EE.UU. contaron por vez primera con salario mínimo federal, seguridad social (nada que ver con la española) o el derecho de los trabajadores a formar sindicatos. En los siguientes dos años, la mayor parte de los jueces más conservadores optó por retirarse y Roosevelt fue sustituyéndolos. Un nuevo SCOTUS se centraría desde entonces en el ámbito de los llamados “derechos individuales”, un rincón al que nadie había hecho demasiado caso desde el punto de vista constitucional. Este sería el germen de lo que se consumaría en los años sesenta, y cuyas bases comenzaron a asentarse en 1952 con la sentencia de Brown contra Board of Education, que supuso el inicio del fin de la segregación racial en el sistema educativo y, por extensión, en todo el país. 

El problema hoy es que Biden no es Roosevelt, y sí un presidente mucho más débil, con un partido más dividido y una oposición mucho más escorada hacia la derecha. 

No se trata del aborto, insisto. Se trata, una vez más, de derechos civiles y en último término del equilibrio de poderes entre Washington y los Estados. Un sector de la sociedad estadounidense, la ultraderecha religiosa, ha unido sus fuerzas a la élite más conservadora y libertaria a nivel económico, y ha decidido que ya basta. Que hay que poner orden en unas libertades civiles que tachan de libertinaje, contrarias incluso al modo de vida americano. El derecho al aborto es el primer asalto. 

McCorvey, la Jane Roe original, no pudo beneficiarse de su lucha: fue madre de una niña en junio de 1970 que acabaría dando en adopción. Se convirtió, sin quererlo, en un símbolo de la lucha por los derechos reproductivos de las mujeres en Estados Unidos. Con posterioridad cambió de idea, y se convirtió en una convencida antiabortista. Ello no impidió que su caso garantizase constitucionalmente el derecho a interrumpir un embarazo hasta la semana número 23, en la que se fija la viabilidad del feto, y el derecho de millones de mujeres a decidir sobre su propio cuerpo en condiciones de legalidad y salubridad. 

“En muchas otras ocasiones, este Tribunal ha anulado importantes decisiones constitucionales…”, dice el texto de Alito. “Sin esas decisiones, la ley constitucional estadounidense tal y como la conocemos sería irreconocible, y este sería un país diferente”. Lo que nadie podría sospechar es que el país podría regresar en 2022 a un tiempo en el que una mujer debía cambiar de Estado o jugarse la vida y la libertad en la clandestinidad si decidía no ser madre.

Por Diego E. Barros 8/05/2022

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