China: ¡Libertad para los Seis de Fujian! Carta abierta de un joven maoísta a las puertas de la prisión

Justo cuando comenzaba 2022, el mundo recibió la noticia de que el repartidor y organizador Chen Guojiang, conocido como Mengzhu (盟主), había sido liberado después de casi un año detenido. Pero la liberación de Mengzhu de ninguna manera significó la relajación del control sobre los activistas laborales, izquierdistas u otros disidentes en China. Justo cuando Chen fue liberado, salieron a la luz noticias sobre el destino de otros seis presos políticos.

A continuación publicamos nuestra traducción de una carta publicada el 4 de enero de 2022 por el escritor maoísta Yu Yixun (余宜), anunciando la noticia de su arresto formal y la sentencia contra otros cinco jóvenes izquierdistas con sede en Fujian que fueron arrestados la primavera pasada. La repentina detención de un grupo de oscuros maoístas es en sí misma un testimonio de estos años de fuerte represión contra los disidentes de todo tipo, especialmente contra organizaciones, redes y grupos afines de izquierda y de orientación obrera. Hace una década, la caída de Bo Xilai sacudió el suelo bajo los pies de los izquierdistas que simpatizaban y criticaban a Bo. A medida que se reducía el espacio para la discusión política a lo largo de la década de 2010, el Estado tomó medidas enérgicas contra las redes feministas, ONGs reformistas de apoyo a los trabajadorers, organizaciones LGBT+ y, por supuesto, la juventud marxista. Muchos izquierdistas habían decidido mantener un perfil bajo, hasta que un grupo de ellos hizo una demostración de fuerza audaz y, en última instancia, desastrosa en el conflicto laboral de Jasic de 2018.

Con los importantes riesgos de exposición pública que impiden cualquier intento de organización abierta, la izquierda clandestina de China (que sigue dominada por varios tipos de grupos maoístas1 ) ha sido completamente marginada, tanto que, de hecho, el arresto de los Seis de Fujian nos tomó a nosotros y a muchos en la izquierda china por sorpresa. ¿Quiénes son? ¿Qué han estado haciendo? En este caso y en otros, a veces parece que la policía rastrea a los activistas más rápido de que puedan formar redes importantes. Como resultado, las redes que existen se han visto obligadas a ser tan clandestinas que es casi imposible saber quién está en ellas y qué hacen, más allá de algunas pistan que dejan en internet.

Que quede perfectamente claro para cualquiera que defienda a la administración de Xi: el nominalmente Partido Comunista de China continua cantado alabanzas a Mao y Marx, mientras que al mismo tiempo persigue sistemáticamente a los activistas maoístas y marxistas más activos del país. Tomemos, por ejemplo, Qiu Zhanxuan, presidente de la Sociedad Marxista de la Universidad de Pekín, quien fue detenido por la policía como una "advertencia" en 2018 cuando se dirigía a celebrar el cumpleaños de Mao, y que fue detenido nuevamente en febrero de 2019, después de lo cual grabó un video diciendo que había sido torturado mientras estaba bajo custodia. Finalmente, en abril de 2019 desapareció por tercera vez mientras visitaba un distrito fabril “para experimentar la vida de los trabajadores”, y no se ha vuelto a saber de él desde entonces.

Es probable que nunca hubiéramos oído hablar de los seis prisioneros maoístas de Fujian si no fuera porque uno de ellos publicó la carta abierta que se traduce a continuación. Cualquier otra información que tengamos hoy sobre los Seis de Fujian son fragmentos en el mejor de los casos. Algunos están disponibles en publicaciones en foros de izquierda y grupos de Telegram, mientras que otras pistas provienen de capturas de pantalla guardadas antes de que pudieran eliminarse. Algunos de los detalles básicos del caso son confusos o inesperados, según lo que podemos encontrar en los documentos judiciales (archivados en RedChinaCn ). Estos muestran que cinco jóvenes relacionados con Yu fueron detenidos por la policía en Pingdingshan, Henan, el 3 de mayo de 2021, bajo sospecha del delito de "buscar peleas y provocar problemas".2 arrestados formalmente el 1 de junio y finalmente sentenciados el 30 de diciembre a hasta dos años de prisión.

Los documentos alegan que el grupo, al que se hace referencia allí como "Asociación de Cultura Roja" (红色文化会),3había registrado al menos 4 empresas y controlaba más de 20 cuentas de WeChat y 10 grupos de chat de WeChat, además de gestionar un sitio en la web. Los fiscales dijeron que los acusados ​​tenían un total de más de 30.000 amigos de WeChat y “publicaron artículos que mancharon la historia del partido”, produciendo más de 1.100 textos que generaron ingresos de alrededor de 170.000 yuanes (26.655 dólares estadounidenses), principalmente a través de pequeñas donaciones de los lectores a través de WeChat (打赏). Algunos de los artículos que presuntamente habían difamado la historia del PCCh incluían títulos como: “Históricamente, XXX es un traidor” y “¿Quién está incriminando a XXX: la verdad sobre el 50 aniversario del Gran Salto Adelante” (con los nombres de las figuras históricas omitido de los títulos). Si bien otros comentaristas en línea han señalado que las sentencias y los arrestos en provincias parecen inusualmente estrictos para un caso que no va más allá de publicaciones en línea,

La carta de Yu sugiere que el caso de los Seis de Fujian es solo la punta de un enorme iceberg de represión antiizquierdista que ha continuado en silencio, incluso cuando los medios internacionales perdieron interés en las consecuencias del Incidente de Jasic de 2018 y los arrestos posteriores de otros izquierdistas, sindicalistas,feministas en 2019. En el contexto de abogar por sentencias de prisión más cortas, Yu escribe: “Este año, en toda China, muchas personas como nosotros han sido arrestadas, pero todas sus sentencias han sido inferiores a un año”, citando un ejemplo de la cercana ciudad de tercer nivel de Xuchang. Nos preguntamos cuántos otros casos se han escapado en los últimos dos años, dejando poco o ningún rastro en línea. Sin embargo, esto también muestra que el sistema aún está lejos de ser hermético y que la gente no ha perdido la esperanza por completo. Todavía encuentran formas de reunirse y, presumiblemente, poner sus ideas en práctica fuera de línea. Si este grupo logró publicar 1.100 artículos subversivos leídos por 30.000 amigos en WeChat, nos preguntamos cuántos anticapitalistas, feministas y otros disidentes que tienen mas cuidado con su seguridad son capaces de operar sin atraer la atención de las autoridades.

Por ahora, ofrecemos la siguiente traducción con un grado de buena fe en la historia de Yu, templada con un grado de escepticismo sobre los detalles del caso y algo del lenguaje, que suena oficial como “rejuvenecimiento nacional” y la promesa de publicar artículos con más “energía positiva” en el futuro. El autor suplica explícitamente la clemencia de las personas con poder, por lo que tales frases pueden haber sido adoptadas con ese propósito en lugar de reflejar su propia ideología. Solo podemos hacer conjeturas por el momento, ya que los otros escritos de Yu han sido eliminados de Internet, y entre el amplio espectro de maoístas chinos contemporáneos hay muchos que adoptan posiciones nacionalistas.4 Sin embargo, en el contexto de las restricciones cada vez más estrictas del estado sobre el pensamiento crítico, creemos que esta carta resuena con la situación que enfrentan todo tipo de disidentes, y realmente cualquiera que exprese su descontento con la via capitalista en China hoy. Ilustra tanto la perspectiva sombría de quienes cruzan públicamente los límites oficiales como el hecho de que, sin importar cuán profunda sea la represión, siempre hay quienes continúan pensando, trabajando y organizándose bajo el radar. Chuang

10/02/2022

*****

Queridos camaradas 5,

Buenas noches a todos, mi nombre es Yu Yixun. Soy del condado de Minqing, Fujian. Mi número de DNI es XXXXXXXXXXXXXXXXX. Mi número de teléfono es XXXXXXXXXX.6 Soy el principal culpable entre los seis amigos rojos7 con base en Fujian que fueron arrestados al otro lado de las fronteras provinciales. El 30 de abril de 2021,El 8 de octubre fuimos detenidos por la Policía de Internet del distrito de Xinhua en Pingdingshan, Henan, bajo sospecha de “buscar peleas y provocar problemas” debido a la publicación de grandes cantidades de “información falsa” en línea.

Debido a una enfermedad, todavía no me han llevado al centro de detención y estoy temporalmente en casa.

Hoy es 31 de diciembre de 2021 (20:35). Es con profundo pesar que escribo esta carta, diciendo adiós a mis camaradas en toda China por el momento.

Esta mañana, cinco de mis seis compañeros fueron sentenciados, siendo la sentencia más grave de dos años de prisión, y las demás de menos de un año.

Desde que entré en el camino de la propagación del pensamiento de Mao Zedong en 2019, supe que llegaría este día. No hay nada de malo en propagar la cultura roja, así que tal vez el problema era que éramos “políticamente incorrectos”. ¿Por qué digo esto? Los amigos que a menudo leen mis escritos pueden haber adivinado algunas razones, ya que mientras propagaba el pensamiento de Mao Zedong, también comparé al presidente Mao con la segunda generación de líderes. No puedo negar que en el transcurso de tres años, bajo seudónimos como Sr. Bai Yun (Nube Blanca) y Sr. Wu Yun (Nube Negra), publiqué más de mil artículos desacreditando a cierto líder de apellido Deng, con alguna "influencia".

Según el estado, soy culpable de una serie de delitos que incluyen “buscar peleas y provocar problemas”, “distorsionar la historia” y “blanquear personajes negativos”.

Mirando hacia atrás, al principio porque leí muchos artículos antiguos de Deng Liqun.9 me sentí atraído por el pensamiento de Mao Zedong y desarrollé un gran anhelo por el socialismo de la era de Mao. Empecé a intentar comprender a Mao y aprender de él. Durante estos tres años de estudio me reuní con varios jóvenes que también estaban interesados ​​en la cultura roja.

Pero fue porque me escucharon que, en última instancia, todos llegamos a este final. ¡Les hice daño! Para mí, dos años en prisión pueden no ser tan aterradores, ya que puedo leer libros en el centro de detención y en prisión puedo escribir. Pero los demás aún son niños, por lo que será mucho más difícil para ellos sobrellevarlo psicológicamente.

Desde que fuimos arrestados el 30 de abril de 2021, estas palabras han estado ocultas en mi corazón. Hoy por fin siento algo de alivio al expresarlas.

Todos ellos son de familias pobres. Dos de las niñas pertenecen a una familia designada oficialmente como “empobrecida”, y su hogar está en las montañas. Por mis ideales de propagar la cultura roja, ahora están en prisión. Sus nombres [los seis compañeros, de los cuales cinco fueron arrestados] son: Zhang Zhijing, Qiu Pingqin, Yu Chaoquan, Qiu Pinghui, Huang Yao y Huang Xiaochun. Cuatro de ellas son niñas, la más joven, Huan Xiaochun, tiene solo 18 años. Qiu Pingqin y Qiu Pinghui son hermanas de la zona rural de Zunyi en Guizhou, de un hogar designado oficialmente como "empobrecido". Qiu Pinghui y Yu Chaoquan están casados ​​y tienen dos hijos en casa. Sus dos hijos aún son menores de edad, por lo que ahora deben ser criados por sus abuelos ancianos, que no gozan de buena salud. Lo más importante, aparte de Zhang Zhijing, ninguno de los otros había trabajado para mí durante más de tres meses.10

Durante estos últimos meses, he consultado con nuestro abogado sobre todo tipo de formas de defenderlos.11 Tenía la esperanza de que pudiéramos tener un juicio justo, pero eso no fue lo que obtuvimos al final. 

Este año, en toda China, muchas personas como nosotros han sido arrestadas, pero todas sus sentencias han sido de menos de un año, mientras que las nuestras se extienden hasta los dos años.

Me pregunto si sus sentencias de prisión no son demasiado largas.

En un caso similar este año en la cercana ciudad de Xuchang, cuatro camaradas fueron sentenciados a diez o seis meses cada uno, así que ¿por qué nuestras sentencias son tan largas? Todo lo que hicimos fue publicar nuestras opiniones en línea. Incluso si eso estuvo mal, ¿es justa una pena de dos años?

¿No es bueno que los jóvenes se preocupen por los asuntos nacionales? Incluso si sus palabras son radicales, creo que el [castigo] principal debería ser educativo, en lugar de apresurarse a aplastarlos con puño de hierro desde el comienzo.

¿Podría ser que [usted/ellos] quieren que todos los jóvenes simplemente se “tumben” (躺平), sin decir nada ni se preocupen por nada? Si las únicas voces que quedan en esta sociedad son solo aquellas que cantan alabanzas, ¿no sería eso algo horrendo para la nación en su conjunto? 

El secretario general Xi ha solicitado en múltiples ocasiones que estudiemos los nobles ideales de la generación anterior de revolucionarios, incluido Mao Zedong, a veces incluso citando dichos, poemas y anécdotas de Mao. Creo que finalmente ha llegado el mejor momento de que nuestra generación sea testigo del gran rejuvenecimiento de la nación china. Mis acciones al propagar el pensamiento de Mao fueron justas. Aunque mis opiniones llevaron a nuestra situación actual, ya que critiqué a cierto líder central de la segunda generación [es decir, Deng Xiaoping], después de todo esto solo puede considerarse una contradicción interna en el seno del pueblo. Si pudieran darme la oportunidad de hacer las paces y comenzar de nuevo, revisaría seriamente mis errores e insuficiencias del pasado, me mejoraría activamente y publicaría más artículos con energía positiva . .

Considero que el derecho penal es el tipo de ley más estricto, por lo que al aplicarlo debemos considerar el concepto de “modestia y moderación”. Es decir, debe evitarse el derecho penal a menos que sea necesario, en cuyo caso debe aplicarse con la mayor ligereza posible.

Tal como se expresa en el derecho penal, esto se denomina “el principio de que el castigo debe ser acorde con el delito y con la responsabilidad del delincuente por ese delito”.

Cuando la ley da paso a la tiranía (恶法), naturalmente pierde su autoridad y las acciones judiciales basadas en ella se ven comprometidas. Esto contradice los objetivos básicos del derecho penal.

La fuerza disuasoria del derecho penal no radica en la severidad del castigo, sino en la certeza (必然性) del castigo. Sería un gran error sustituir la certeza por la severidad.

Volviendo al tema de las penas de prisión [de mis empleados], en este caso, ¿el derecho penal ha perdido su intención original?

Un tribunal de justicia debe ser un lugar donde los sospechosos puedan sentirse cómodos. Si la decisión del tribunal fuera convincente, utilizando las leyes más apropiadas para llevar a cabo un juicio justo, ¿no ayudaría eso a la rehabilitación de los sospechosos? ¿No es el objetivo básico del derecho penal prevenir los delitos, más que castigar?

El presidente Mao dijo una vez: “Dejen que la gente hable, el cielo no se derrumbará”. Creo que los ministerios pertinentes han sobreestimado mi importancia. Solo soy un joven común nacido en la década de 1990 que publica algunos artículos en línea. El cielo realmente no se va a caer. Realmente me han tomado demasiado en serio.

Hoy tengo que escribir todas estas cosas para que todos puedan saber nuestra situación. Al menos dentro de unos años, alguien sabrá que hubo algunos jóvenes en Fujian que amaban a Mao Zedong, que estaban llenos de vitalidad, que se atrevieron a decir la verdad y que fueron a prisión con dignidad.

También espero que las amplias masas de amigos rojos evalúen qué significa "buscar peleas y provocar problemas": ¿es eso lo que hicimos? ¿Qué dice el artículo tercero de la Constitución?12  Si no puede resolverse un problema, ¿deberían ocuparse de las personas que lo causaron?

Para cuando se publique esta carta, probablemente ya no tendré comunicación. La siguiente parada es el centro de detención, luego la prisión. ¡Pero no tengo miedo! Si esta confesión (呐喊) puede ayudar a mis empleados a salir de prisión solo un día antes, valdría la pena.

Ruego un juicio justo para mis empleados. Si los ministerios pertinentes pueden leer esto, espero que [usted/ellos] puedan tomar una decisión de acuerdo con casos similares en toda China que pueda disipar nuestras dudas.

¡Cuidado, amplias masas de amigos rojos! Es difícil evitar contratiempos en el camino de propagar la cultura roja. Todos, relájense. ¡Aunque sea en el centro de detención, continuaré estudiando e investigando el pensamiento de Mao Zedong, contribuyendo con mis últimas fuerzas al gran proyecto de rejuvenecimiento nacional!

Nos vemos en unos años, camaradas. Ahora me voy a prisión.

Yu Yixun

31 de diciembre de 2021

Notas de los traductores al inglés:

1-La izquierda clandestina de China sigue dominada por varios tipos de grupos maoístas y otras formaciones leninistas, a pesar de la silenciosa proliferación de varias corrientes de izquierda antiautoritarias durante la última década. Planeamos delinear las diferentes corrientes y debates que caracterizan el panorama político no oficial de China de manera más sistemática en trabajos futuros. Mientras tanto, consulte “Un estado adecuado para la tarea: Conversaciones con Lao Xie ” en el segundo número de nuestra revista, Chuang 2: Fronteras , y varias publicaciones en nuestro blog, como “ Ver a través de aguas turbias, Parte 2: Una entrevista sobre Jasic & Maoist Labor Activism ” y el prefacio de “ Smart, Disaffected & Unseen”.

2-Este es probablemente el cargo más común que se aplica a los disidentes en China, explorado en nuestro artículo "Buscar peleas".

3-No sabemos si el grupo usó este nombre o si simplemente se lo asignó la policía, pero la redacción sugiere que era el nombre real de una empresa o plataforma de medios.

4-Una de las divisiones clave entre los maoístas chinos desde la década de 1990 que exploraremos en un trabajo futuro es la división entre nacionalistas e internacionalistas, una división que generalmente, pero no siempre, se corresponde con las posiciones "reformistas" versus "prorrevolucionarias" que econtraponen a "verdaderos socialistas” dentro del PCCh (o en algunos casos “campesinos”) versus “trabajadores” (y estudiantes de origen pobre) como sujeto político potencial que lucha por el cambio que los maoístas defienden. Aunque los debates sobre esto se endurecieron en una clara polarización alrededor de 2012, con los nacionalistas generalmente brindando un apoyo crítico a la administración Xi y los internacionalistas convirtiéndose en sus enemigos jurados, todavía hay algunos que se encuentran a ambos lados de la valla, y el lenguaje ambiguo de Yu puede reflejar tal ambigüedad ideológica. —si no es mera retórica destinada a obtener la misericordia del estado.

5-"Seis camaradas de Fujian arrestados: una carta abierta de despedida de un joven maoísta": esta es una traducción del título bajo el cual la carta fue publicada en línea por un autor desconocido el 4 de enero. Suponemos que se trata de una reproducción de la original de Yu, ya que la carta está fechada el 31 de diciembre y las dos últimas líneas fueron repetido en la parte superior (omitido aquí).

6-Hemos eliminado el número de identificación y el número de teléfono del autor, aunque ambos están disponibles en la carta original. Es muy probable que se ofrezcan para mostrar la sinceridad del autor y para probar su identidad. Sin embargo, esta información privada no tiene importancia real para nuestra traducción.

7-“Amigos rojos” (红友) es un término nuevo y aún poco común que también traducimos indistintamente como “camaradas” a lo largo de esta carta. Solo podemos suponer que se acuñó para distinguirlo del uso ahora casi universal del antiguo término para "compañero" (同志) para referirse a LGBTQ+, y por ser más específico políticamente que otros sinónimos que han sido populares en los últimos años, como "personas que comparten aspiraciones en un camino común” (志同道合的人).

8-Esta fecha difiere de los documentos judiciales que hemos encontrado, que dicen que fueron detenidos el 3 de mayo, arrestados formalmente el 1 de junio y sentenciados el 30 de diciembre. No estamos seguros de cómo explicar esta discrepancia.

9- Deng Liqun (邓力群, 1915 -2015) fue un teórico y también una de las principales figuras de la “vieja izquierda” del PCCh en la década de 1980. “Depurado durante la Revolución Cultural, Deng emergió en la década de 1980 como uno de los miembros más vocales del ala izquierdista del partido en el período previo a las protestas de la Plaza de Tiananmen en 1989. Abogó por la economía planificada de estilo comunista ortodoxo y se pronunció en contra de las reformas económicas de mercado y la liberalización política. Se retiró de la política activa en 1987, después de no poder obtener suficiente apoyo interno para obtener un puesto en el Politburó, lo que se atribuyó en parte a su dura postura ideológica, pero continuó agitando a favor de la línea de izquierda”.

10-La copia del texto del documento judicial que tenemos disponible en este momento contiene más información sobre los cinco detenidos. Aquí hay un breve resumen de parte de su información personal en el documento: Zhang Zhijing (hombre, 31) de Sanming, Fujian, graduado de secundaria; Yu Chaoquan (hombre, 31) del condado de Minqing, Fujian, graduado de secundaria; Qiu Pingqin (mujer, 27) de Zunyi, Guizhou, graduada de secundaria; Qiu Pinghui (mujer, 28) de Zunyi, Guizhou, nivel educativo desconocido; Huang Xiaochun (mujer, 19 años), de la escuela secundaria de Fuzhou, Fujian. Parecería, entonces, que el individuo llamado Huang Yao puede no haber sido arrestado.

11-Esta oración dice literalmente: "He pensado en todo tipo de formas, consultar con un abogado, defenderlo, etc.". Aún no está claro si realmente consultaron con un abogado.

12-Esto puede ser un error tipográfico por parte del autor, ya que el artículo tercero de la Constitución trata sobre el centralismo democrático, mientras que el artículo trigésimo quinto se refiere a la libertad de expresión.

Yu Yixun

Uno de los dirigentes de los "Seis de Fujian", grupo de jovenes maoistas chinos.

Chuang

colectivo comunista internacional que publica una revista epónima y un blog. Su contenido incluye entrevistas, traducciones y artículos originales sobre el ascenso de China a través de los escombros de la historia y las luchas de quienes se arrastran debajo de ellos.

Fuente:

https://chuangcn.org/2022/01/free-the-fujian-six-open-letter-from-a-young-maoist-awaiting-prison/

Publicado enInternacional
 Los camioneros continúan protestando contra los mandatos de vacunación en el centro de Ottawa, Ontario, Canadá. — ANDRE PICHETTE / EFE

Las autoridades impondrán multas de hasta 79.000 dólares estadounidenses y penas de no más de un año de prisión para aquellas personas que bloqueen o impidan el tráfico de vehículos en la región. 

 

El Gobierno de la provincia canadiense de Ontario, en la que se encuentra Ottawa, ha declarado este viernes el estado de emergencia. Este viene motivado por las protestas de camioneros contra las medidas preventivas de coronavirus en Canadá y que tienen bloqueada la vía principal para el tráfico de mercancías que conecta su país con EEUU. 

Así lo ha anunciado el primer ministro de la región, Doug Ford, en una rueda de prensa. Ford, además, ha señalado que las autoridades pertinentes impondrán multas de hasta 100.000 dólares canadienses (79.000 dólares estadounidenses, aproximadamente) y penas de hasta un año de prisión para aquellos que bloqueen o impidan el tráfico de vehículos. 

Ford ha hecho estas declaraciones en el quinto día de bloqueo de la principal vía que une Canadá con EEUU, el puente Ambassador. Aunque poco antes de que el ministro hiciera su anuncio, los manifestantes han permitido la apertura de uno de los carriles para el tránsito de dicho puente. 

A través del puente Canadá y Estados Unidos quedan conectados por las localidades de Windsor y Detroit y, a través de él, transitan diariamente mercancías por valor de 400 millones de dólares

Grandes daños en ambas economías

El bloqueo ha motivado que las economías de ambos países estén sufriendo las consecuencias. Empresas multinacionales de la talla de General Motors (GM), Ford, Stellantis y Toyota se han visto en la obligación de paralizar o, en su defecto, reducir su producción en plantas de ambos países por los problemas de suministro que está causando el bloqueo del puente. 

Pero esta vía no es la única que se ha visto paralizada por las protestas. Al menos otros dos cruces fronterizos se encuentran en la misma situación: uno en el centro y otro en el oeste de Canadá. Además, en la capital, Ottawa, cerca de 400 camiones y centenas de personas llevan ocupando desde hace dos semanas las calles próximas al parlamento canadiense.   

Por su parte, Estados Unidos, además de pedir al gobierno canadiense que trabaje para reactivar el tráfico de mercancías entre ambas naciones, ha ofrecido su ayuda para actuar en el bloqueo del puente Ambassador.

11/02/2022 17:58

 

Publicado enInternacional
La lógica geopolítica bloquea la emancipación

Si observamos lo que sucede puertas adentro de las tres grandes potencias que pugnan por la hegemonía mundial (Estados Unidos, China y Rusia), veremos cómo la prioridad de las lógicas geopolíticas y las luchas interestatales estrechan los espacios de los movimientos antisistémicos y hasta la crítica a los poderes establecidos.

Cada vez que crece la tensión entre naciones, las clases dominantes se empeñan en controlar a sus sociedades, ya que la intensificación del conflicto social puede debilitarlas en sus aspiraciones globales. En estos momentos asistimos al control cada vez más asfixiante de cualquier acción social, a través de la represión directa, de la cooptación o de una combinación de ambas.

En China el poder del Partido Comunista y de un Estado autoritario aplastan cualquier movimiento de resistencia, en una nación donde el gobierno controla férreamente la sociedad civil. No existe un sindicalismo independiente del Estado, ni movimientos sociales como los que conocimos en otros periodos de la historia china, ni la posibilidad de expresar críticas abiertas a las autoridades.

Según la emisora estatal Radio Internacional, "unas mil 650 personas fallecen diariamente en China como consecuencia de trabajar en exceso", lo que supone 600 mil muertos al año (https://bit.ly/3LmdDoW). Las feministas chinas son perseguidas y encarceladas por distribuir propaganda, en una sociedad donde el poder "es paranoico respecto de todo lo que no puede controlar" (https://bit.ly/3rzpIiL).

En un excelente texto en El Sal­to, Rafael Poch de Feliu estima que tanto en Rusia como en las ex repúblicas soviéticas asiáticas, predominan oligarquías que gestionan regímenes autocráticos. La suspicacia del Kremlin ante la menor protesta social, se debe en su opinión al "miedo a una revuelta social y antioligárquica en Rusia, algo que tarde o temprano sucederá" (https://bit.ly/3oymgmG).

En países donde no existe sociedad civil autónoma y las personas están excluidas de toda participación, sin "altavoces para expresar legalmente su disconformidad", se constata la tendencia hacia "una actitud de derribo más que de reforma o enmienda del orden establecido". Acusar a los manifestantes de agentes extranjeros, es una vieja coartada que usaban las derechas en nuestras tierras contra toda oposición de abajo.

En Estados Unidos se combinan la brutal represión contra las movilizaciones de abajo (como sucedió con las protestas a raíz del asesinato policial de George Floyd), con la más sutil cooptación de los dirigentes de movimientos, para ensanchar las bases sociales del poder y debilitar las luchas.

En su Informe 2020 sobre los derechos humanos en Estados Unidos, Amnistía Internacional asegura que "al menos mil personas murieron por disparos efectuados por la policía" (https://bit.ly/3GHldai). El informe agrega que se produjeron "numerosas y flagrantes violaciones de derechos humanos contra quienes protestaban por los homicidios ilegítimos de personas negras y pedían una reforma sistémica de la policía".

Además, denuncia que "en los estados que se permitía portar armas de fuego a la vista, hubo casos de civiles armados que se enfrentaron a manifestantes con el resultado de al menos cuatro muertes". Las descripciones que hacen Amnistía y algunos medios sobre la violencia policial, son muy similares a las que se registran diariamente en algunos países latinoamericanos, como Colombia y Brasil.

En la reunión que mantuvo la vicepresidenta Kamala Harris con la presidenta hondureña, Xiomara Castro, días atrás, la primera insistió en la importancia de "combatir la violencia sexual, de género y doméstica, y que este trabajo es uno de los pilares fundamentales de la estrategia de EU para abordar las causas fundamentales de la migración en América Central" (https://bit.ly/3Lop4wo).

No se puede negar que son creativos: ahora el imperio exporta feminismo, mientras llueven las denuncias de violencia contra las mujeres en las fuerzas armadas. Deborah Snyder, coronel retirada de la Armada, dijo a France 24 que "80 por ciento de las mujeres soldados han sido víctima de agresión sexual" (https://bit.ly/3gzsjTI).

Estados Unidos y las derechas impulsan las "revoluciones de color" para promover cambios de régimen, apelando al feminismo y al ambientalismo, aprovechando el descontento social para derribar gobiernos que no les resultan afines.

De modo simétrico, las izquierdas en el gobierno acusan a quienes las critican de "hacerle el juego a la derecha", como juzgan en Brasil al movimiento de junio de 2013 que luchó contra la desigualdad. No olvidemos que el Ejército Revolucionario del Pueblo fusiló a Roque Dalton por "estar al servicio de la CIA", o sea por discrepar con la línea de la dirección.

Corren malos tiempos para la lucha de los de abajo. No desesperemos; la historia nos enseña, como sucedió en 1914, que los furores estatistas se desvanecen al emerger toda la indecencia de los estados y sus fuerzas represivas.

Publicado enSociedad
El ensayo y manifiesto ha sido escrito por Floreal M. Romero y traducido por Sergio España Maca Hernández (CC BY-NC)

Se presenta este mes el libro ‘Actuar aquí y ahora. Pensando la ecología social de Murray Bookchin’. Su autor, Floreal M. Romero, nos hace un repaso por las principales líneas del pensamiento del historiador y activista anarquista.

 

Allá por los años 60 del siglo pasado, Murray Bookchin fue de una de las pocas personas que advirtieron de los peligros del cambio climático como consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero. Menos fueron aquellas personas que lo tomaron en serio. Ahora, bien entrados en esa dinámica de calentamiento global que ya nadie niega y que ninguna cumbre del clima puede detener, la ciencia advierte de que estamos al borde de un colapso energético, de que nos enfrentamos a una sexta extinción masiva de la diversidad mundial. A lo que se suman unas fuentes hídricas comprometidas, una contaminación acentuada y la desforestación. O sea, un desastre medioambiental que, además de haber acabado con muchas especies, amenaza ahora a la humanidad. Pero el desastre empezó con el mismísimo deterioro de la sociedad y su rapto por parte del capitalismo a partir del siglo XVI, que se apoyó tanto en las dominaciones preexistentes como en la del Estado. Y ese deterioro interno no solo no ha cesado, sino que se ha acelerado provocando cada vez una mayor desigualdad, precarización y marginalización, además de la atomización de los individuos y de la creación de trabajos asalariados sin sentido. O sea, vivimos en una sociedad suicida en la que los seres humanos han ido perdiendo hasta su mismísima esencia: el apoyo mutuo y las relaciones. Lo que viene a confirmar de nuevo la más apremiante advertencia de Bookchin: “Si no hacemos lo imposible, tendremos que afrontar lo impensable”.

La conceptualización de la ecología social y del comunalismo —las ramas más libertarias de la ecología política— son obra de Murray Bookchin (1921-2006), un exobrero sindicalista que, además, se involucró en todas las luchas de naturaleza emancipadora de su tiempo. Ya en 1950 trabajaba en una doble investigación histórica sobre las causas de la crisis ecológica y sobre las políticas que podrían contribuir a superar dicha crisis. En 1960, rechaza la posición ambientalista que defiende que la crisis ecológica se puede resolver simplemente aprobando ciertas leyes proteccionistas. Tampoco está de acuerdo con el extremismo de la ecología profunda que pretende equiparar y, en cierto sentido un tanto ambiguo, someter los humanos a la naturaleza no humana.

Para Bookchin, ambas corrientes comparten una idea de base: no abordan la raíz social de los problemas. Al destacar que “casi todos los problemas ecológicos son problemas sociales” quiere evitar el reduccionismo ecológico que hace al ser humano —mediante una especie de entidad abstracta—responsable de la degradación del medio ambiente natural, mientras se ignoran las relaciones sociales capitalistas. En realidad, en el centro de todo está la búsqueda de la valorización monetaria, que se traduce en la mercantilización forzosa del mundo. Las empresas se ven obligadas a reducir constantemente sus costes de producción para ser competitivas en el mercado. “Crecer o morir” es el leitmotiv empresarial por excelencia que lleva a una explotación desenfrenada y sin límites de los “recursos humanos” y naturales. Así, el capitalismo globalizado —construido sobre las primeras jerarquías de dominación y sus corolarios de explotación y exclusión humanas— termina ejerciendo su dominación sobre el medio natural. Por tanto, “proteger la naturaleza” significa ante todo buscar la emancipación social.

Hasta aquí, las causas. La segunda parte de la investigación histórica de Bookchin se centra en cómo superar esta crisis, lo que lo lleva a integrar plenamente la ecología en la tradición socialista revolucionaria, sobre todo en su vertiente antiautoritaria. Esto significa repensar y desmitificar, liberarse de mitos como los del “Grand soir”, ese día D en el que la clase obrera o el pueblo se alzaría de golpe y tumbaría al sistema capitalista. Se trata más bien de un proceso constructivo para la emergencia de una organización de la lucha, aquí y ahora, que persiga los objetivos establecidos de salir del capitalismo creando instituciones alternativas paralelas que, una vez conseguida una relación de fuerza favorable, puedan enfrentarse a las instituciones del Estado. Y puesto que las sociedades de clase encuentran su semilla en las sociedades jerárquicas, uno de los objetivos de esta política será disolver cualquier tipo de dominación, incluyendo, claro, el patriarcado. En cierto modo, se trata, en un mismo movimiento, de luchar contra la dominación del hombre sobre el hombre, del hombre sobre la mujer y del hombre sobre la naturaleza. Bookchin actualiza el comunalismo del siglo XIX e integra la ecología, no como un añadido —el de la necesidad de «conservar el medio ambiente»—, sino como un anclaje en su problematización ecológica de la política.

Al alimentarse tanto del pensamiento anarquista como del de Marx, los supera al integrar la ecología para hacer del comunalismo una síntesis de esos tres fundamentos teóricos. Al hacer que los seres humanos interaccionen entre ellos —como seres plenamente sociales— y con los elementos de los ecosistemas a los que pertenecen, el comunalismo sitúa el vínculo social en el centro de su organización, como fundamento de una ecocomunidad basada en el principio de la “unidad en la diversidad”.  Esta ecocomunidad es un proyecto colectivo político entendido en su sentido primario: un autogobierno democrático de la ciudad por la propia ciudadanía. En las antípodas del sistema representativo y estatal, la democracia es “desespecializada” para convertirse en popular, directa, con mandatos revocables y rotatorios. Bookchin llama a un movimiento revolucionario capaz de estimular la creación de asambleas decisorias por pueblos, barrios y ciudades, articuladas juntas y en tensión con las instituciones del Estado centralizado. Para ir ganando una progresiva autonomía, estas nuevas entidades deberán instaurar circuitos cortos de abastecimiento de la manera más directa posible, con campesinos y núcleos rurales, para evitar la escasez de alimentos. La política en tanto que lugar de poder será la que determine la economía, y no al revés. Se trata de crear juntas, de decidir sobre el reparto de las tareas y sus frutos según nuestras necesidades auténticas, en interacción directa con el entorno natural en el que vivimos, para cuidarlo y enriquecerlo. Tras una evaluación exhaustiva de las posibilidades locales, las comunidades y regiones interdependientes y organizadas de la confederación “tendrán que contar las unas con las otras para la satisfacción de importantes necesidades materiales”.

Murray Bookchin, como muchos otros pensadores de la ecología política, se enfrentó a la cuestión central de la tecnología. ¿Se puede poner al servicio de la emancipación humana o se trata de una fuerza contraria a cualquier proyecto de autonomía? ¿Nos servirá o nos someterá? La abundancia material que la tecnología genera en el capitalismo devasta el medio natural y es siempre insuficiente para la creación compulsiva de necesidades alienantes y jamás satisfechas. La “tecnología para todos”, un objeto de consumo en sí misma, gestiona nuestras vidas, acentúa la atomización social e intensifica el control social. “Estandarizado por las máquinas, el ser humano se ha convertido en una máquina. El hombre-máquina es el ideal burocrático”, afirma Bookchin. Sin embargo, no desespera. Además de proteger a los seres humanos de la escasez, ahorrando esfuerzo y liberando tiempo, la tecnología ayudaría a perfilar el comunalismo tanto a nivel regional como en niveles geográficos mayores. «Una tecnología al servicio de la vida puede desempeñar un papel decisivo en la asociación entre varias colectividades; puede servir como aglutinante del concepto de confederación». En otras palabras, la tecnología bajo control puede ser liberadora: “Una sociedad liberada no buscará negar la tecnología: precisamente porque, al ser libre, encontrará un equilibrio”.

Al pensar la tecnología o cualquier otro tema que nos afecte fundamentalmente, tanto a nivel social como personal, hemos de abordarlo de forma holística, esto es, teniendo en cuenta los demás parámetros con los que interactúan. Puesto que la urgencia es salir del capitalismo, no podemos mas que unir nuestros esfuerzos para ir creando un movimiento político emancipador que abarque toda la diversidad y los componentes de la vida sin dejarlos en manos ajenas. En consecuencia, si las personas partidarias del comunalismo reivindicamos lo político, es para salir del surco profundo trazado históricamente por el Estado, esa otra cara del capitalismo en el que cayó y está embarrada tanto la izquierda como el movimiento ecologista. Estemos donde estemos, convocaremos a las fuerzas sociales emancipadoras de nuestro entorno inmediato, tanto las que luchan como las que intentan alternativas. Esa diversidad es nuestra fuerza, a poco que juntemos nuestros esfuerzos en pos de una estrategia política común que cambie a medida que avancemos. El papel del comunalismo es reanudar con la esperanza, salir de esa lógica de sumisión al cristalizar las relaciones de poder contra la economía de mercado, o sea, contra las fuerzas de destrucción social y ecológica, las del Estado y el capital. Y como nunca habrá vacío de poder, iremos tejiendo un mundo nuevo, vivo y esperanzador donde quepan muchos mundos a medida que vayamos destejiendo las tramas de la mentira y de esa pulsión de muerte que representan los poderes actuales y su dinámica del «crecer o morir»

Por Floreal M. Romero

Especialista en Ecología Social y autor de varios libros

9 feb 2022 16:00

Publicado enMedio Ambiente
Lunes, 07 Febrero 2022 05:12

Cuba: El problema de la sedición

Cuba: El problema de la sedición

El 11 de julio (11J) de 2021 sucedieron en Cuba, las protestas más grandes habidas desde 1959 en el país; cuatro días después de esa jornada, en Granma se aseguró que los comportamientos cometidos ese día tipificaban delitos comunes. En específico, fueron identificados desórdenes públicos, atentado, resistencia, desacato y desobediencia.

En contraste, al menos 158 personas, según el sitio Justicia 11, han sido o están siendo acusadas de sedición. La Fiscalía General de la República declaró un total de 790 procesados por el 11J, sin precisar cuántos serían los acusados por esta causa.

Hasta el 24 de enero de 2022, por más de seis meses tras el 11J, Granma no mencionó el concepto “sedición”. Además, en la reciente declaración de la Fiscalía aparecen novedades respecto a lo que el propio diario Granma publicó sobre el tema en julio de 2021.

Me referiré a tres nuevas calificaciones aparecidas en esa nota: “de manera tumultuaria”, “perturbación grave del orden público”, y “deliberado propósito de subvertir el orden constitucional”. Antes de hacerlo, mencionaré brevemente la historia del delito de sedición en Cuba, para entender mejor los problemas de su aparición en este escenario.

Mi interés aquí es discutir la pertinencia y aplicabilidad del concepto sedición, en los propios términos del Código Penal y la política cubanos, respecto a los procesos del 11J.

La sedición en la historia cubana

Antes de, y durante, las guerras de Independencia, un vasto registro de delitos condenaba expresiones o actos de oposición para “desbaratar los trabajos sediciosos de la gente separatista”.1

El Código Penal español vigente en Cuba exigía la presencia de “alzamiento público” para la sedición. Por ello, condenas como la sufrida por el adolescente José Martí — seis años de trabajos forzados— fueron por “Infidencia”.

La palabra “sedicioso” fue empleada por el gobierno interventor estadunidense (1898) para combatir el naciente movimiento obrero cubano.2 En un proceso amañado contra el Partido Independiente de Color (PIC), se quiso procesar a sus líderes (1910) “porque su propaganda no solo era ilegal sino también sediciosa.”3 Ya reprimido el PIC en 1912, cuatro campesinos de Güines fueron a prisión por dicho delito.4

Tras el Golpe de Estado batistiano, la sedición apareció, con “relativa frecuencia” en el Tribunal de Urgencia de La Habana, o como delito conexo para condenar a revolucionarios. En 1953 fueron jugados por sedición militares complotados.5

Después de 1959, Huber Matos recibió 20 años de prisión, por sedición. En 1999, Vladimiro Roca Antúnez, René Gómez Manzano, Martha Beatriz Roque Cabello y Félix Bonne Carcassés fueron condenadas entre tres y cinco años bajo cargos de sedición.

Luego, esta no ha sido una figura frecuente en los tribunales o en el discurso oficial. No se encuentra en los archivos de Granma, ni en la colección de la Revista Cubana de Derecho6No aparecen acusados de sedición tras el “Maleconazo” (1994), ni se menciona en alguno de los discursos que Fidel Castro pronunció en agosto de 1994.

La regulación del delito de sedición en Cuba

Según el Código Penal, la sedición es un “delito contra la seguridad interior del estado”, de tipo político. Presos bajo ese cargo pueden considerarse presos políticos, aunque es un tema en debate.

El delito se tipifica de esta forma: “Los que, tumultuariamente y mediante concierto expreso o tácito, empleando violencia, perturben el orden socialista o la celebración de elecciones o referendos, o impidan el cumplimiento de alguna sentencia, disposición legal o medida dictada por el Gobierno, o por una autoridad civil o militar en el ejercicio de sus respectivas funciones, o rehúsen obedecerlas, o realicen exigencias, o se resistan a cumplir sus deberes….”.

El marco sancionador es muy amplio. Según condiciones, va de un año a ocho, a de 10 a 20 años de prisión, o muerte. Las condenas por sedición de las que ya se tienen noticia llegan al límite legal de la privación de libertad: 20 años. En los casos que son mayores, debe ser por sumar delitos conexos.

La regulación del Código Penal presenta problemas serios.

El primero tiene que ver con la distinción con la rebelión. En otros sistemas legales —aunque es otro tema, técnico, en discusión— la sedición se considera como “rebelión de segundo grado”. Por ello, las sanciones son menores.

En España, por ejemplo, las penas de prisión por rebelión, según agravantes, van desde 10 hasta 30 años. La sentencia del Procés (2019) negó el cargo de rebelión para los líderes institucionales del independentismo catalán, y rebajó el cargo a sedición. La sanción mayor, para Oriol Junqueras, fue de 13 años por sedición más malversación. Ello, siendo España un ejemplo negativo en Europa de regulación de la sedición.

La norma cubana exige, para la calificación del delito como rebelión, el uso de armas, no así para la sedición. Luego, el grado de violencia parece crucial para distinguir entre ambos. No obstante, la sanción puede llegar a ser igual: “privación de libertad de diez a veinte años o muerte”, cuando la sedición ocurra “durante grave alteración del orden público”.

Durante el estallido social chileno, autores de lanzamientos de cócteles molotov recibieron entre 3 y 5 años de prisión.7 Esas sanciones fueron muy bajas para episodios tales de violencia, comparadas con las sanciones del 11J, porque el encuadre como sedición de actos similares multiplica la gravedad de la sanción.

La mera mención a la “violencia” no explica ya el grado en que se comete. Es necesaria información pública sobre los criterios usados para definir los grados de violencia, y poder valorar así la proporcionalidad de las sanciones.

La definición de tumulto

La Fiscalía menciona actos cometidos “de manera tumultuaria” para encajarlos en el tipo de la sedición. En julio de 2021, José Luis Reyes Blanco, jefe del Departamento de Supervisión de la Dirección de Procesos Penales, no usó la palabra “tumulto”. Tampoco lo hizo Moraima Bravet Garófalo, jefa de la Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio del Interior.

Entonces, Reyes Blanco explicó que el delito de atentado se agrava con la presencia de dos o más personas. O sea, existen formas legales que sancionan el concurso de personas, y causar en ello daños a personas y bienes, que no equivalen a “tumulto”.

En la versión agravada del atentado la sanción llega a 8 años. Si un acto similar al de un atentado se encuadra como sedición, se multiplica la sanción. En tal caso, la elección del tipo penal puede revelar motivaciones políticas interesadas en sobrepenalizar.

En todo caso, es necesario definir con transparencia que se entiende por “tumulto”. Frente a la sentencia del Procés, expertos aseguraron que el “tumulto” propio de la sedición es solo un apoyo de “miles de personas”,que “producen altercados”, que dan lugar “a que se paralice la actividad normal del conjunto o parte de la ciudadanía”.

Así, se trata de una desobediencia masiva y conectada de actos de resistencia, que logra paralizar con éxito, por cierto tiempo, funciones estatales. La Fiscalía cubana no ha ofrecido datos sobre estos asuntos: se desconoce de modo oficial el número de personas que consideró “tumulto”, tanto como el monto de la masividad de la protesta en general.8

El “orden público” y su definición

Otro problema de regulación en la norma cubana sobre la sedición es la definición de “perturbación grave del orden público”. Es un asunto común en la legislación cubana: tomar conceptos indeterminados como si fuesen ya hechos calificados.

Un hecho calificado es atentar contra la celebración de referendos, o impedir el cumplimiento de una sentencia, como hace el mismo artículo 100, pero atentar contra el “orden público” es un concepto indeterminado, que se “mezcla” en la regulación del Código con hechos calificados. En Derecho, no es dable confundir ambas nociones.

El artículo 100 menciona asimismo “orden socialista”, concepto más problemático aún de definir en términos legales. La Constitución regula derechos y deberes en relación con el orden público, no frente a un programa ideológico. Para más, en el propio 2021, a nivel oficial aún se discutía cómo “conceptualizar” ese programa.

En el mundo, el uso de conceptos abiertos a la interpretación, y así ambigüos, en los tipos penales corresponden a tendencias penales conservadoras.9

Para evitar problemas mayores con conceptos indeterminados, una parte importante de las regulaciones internacionales sobre la sedición son concretas y limitadas en alcance, sin dejar lugares tan abiertos a la interpretación como son los conceptos indeterminados del tipo “orden público”.10

Un conflicto relacionado con lo anterior es sumar a las causales cubanas de sedición el hecho de “realizar exigencias” al Estado. Es un contenido muy singular del Código cubano, con escaso paralelo en el mundo.

Otro problema refiere a la expresión de la Fiscalía sobre el “deliberado propósito de subvertir el orden constitucional”.

El proceder “vandálico”, subrayado por el Gobierno desde el 11J hasta hoy —también por la Físcalía—, puede conllevar el ataque al orden constitucional, pero es un tipo de actuación diferente al que supone “deliberación” para cometer un delito de tipo político.

En ello, debe quedar demostrado frente al público que las protestas respondieron efectivamente a un “plan enemigo” —más allá de hechos puntuales denunciados, como pago por acciones de violencia inducida para desinformación—, cómo ese plan tuvo capacidad para organizar manifestaciones a lo largo del país, y cómo tuvo éxito frente a la vigilancia de la Seguridad del Estado y de la Policía.

Durante la misma semana posterior al 11J, el discurso gubernamental matizó sus calificaciones sobre los protestantes, y situó también factores económicos y sociales en el origen de las protestas. Tras ello, lanzó un plan de intervención en 65 barrios empobrecidos. Tal reconocimiento muestra, al menos, incongruencias respecto a la calificación de sedición.

El problema del orden público, y su protección democrática, es un asunto político, no se conforma solamente con el reclamo de “normal funcionamiento de las instituciones”. Dicho solo así, se repetiría el concepto de “orden público” que manejaba, por ejemplo, el régimen de Francisco Franco.

La sedición, los derechos políticos y la legitimidad de la protesta social

Los estallidos sociales latinoamericanos fueron presentados por los gobiernos de derecha regional como actos de “vándalos” y “sediciosos”. Lo hicieron reclamando enemigos externos, como la “influencia venezolana”, o internos, como acciones “subversivas”.

Según un estudio publicado por CLACSO, la actuación del Estado ecuatoriano en octubre de 2019 mostró una “oxidada comprensión de la seguridad nacional en clave de combate al enemigo interno”, y “desconoció siempre la legitimidad de las movilizaciones”.

En esos contextos, el tema de la violencia ha sido agitado como un discurso de clase para repudiar las consecuencias que todo conflicto democrático supone, y para fijar una idea de libertad entendida solo como seguridad.

Politizar, complejizar, la discusión sobre la “violencia desde abajo” es una necesidad tan democrática como revolucionaria. Lo es también abrir caminos institucionales y políticos a la protesta pacífica, y al ejercicio de derechos de manifestación, reunión y expresión.

Caracterizar el 11J solo como intento de “golpe blando” cierra toda legitimidad a la expresión de conflictos. Las múltiples operaciones estadunidenses sobre esos hechos, que califican en rigor de guerra híbrida, no privan a esas protestas de su núcleo popular con demandas de calidad de vida, libertad, y justicia.

El Estado cubano debe lidiar con la amenaza que representa el poder de los EEUU, con su proyecto concreto de ser actor interno de la política cubana, a la vez que gestionar las demandas de sus ciudadanos. El campo principal de las soluciones a este conflicto es el social y el político, no el de la policía ni el de la Seguridad del Estado.

El futuro

Al “problema” específico de las consecuencias de la protesta social, se le han ofrecido diversas soluciones. La amnistía es uno de ellos.

En junio de 2021, el presidente español Pedro Sánchez indultó a los nueve presos del Procés, con el objetivo de “abrir un nuevo tiempo de diálogo”, hecho que la derecha española, como el Partido Popular y VOX, amenazó con impugnar, sin éxito.

El presidente electo Gabriel Boric ha pedido amnistía o indulto para los manifestantes chilenos. Lo hizo para “buscar la mejor solución que logre cerrar las heridas”. La derecha se opone al indulto, y asegura que en ese país no hay “presos políticos”.

Tratar políticamente lo que es político, hacer uso estricto del Derecho Penal, amnistiar a los presos del 11J —empezando por los 55 procesados con edades entre los 16 y los 18— que no hayan cometido hechos de gravedad para personas y bienes, y revisar las figuras delictivas aplicadas, haría parte de un camino interesado en soluciones.

Según un estudio publicado en Cuba, tras “un momento de profunda reforma hacia la despenalización y el retroceso de la intervención del Derecho Penal en los finales de la década de los ochenta, la tendencia ha sido hacia la criminalización y la agravación de las penas”.11

El nuevo Anteproyecto de Código Penal contiene aspectos que refuerzan esa muy negativa tendencia: la sanción de la sedición sube el mínimo sancionable a tres años, y aumenta el máximo a 30 años, o privación perpetua de libertad, y mantiene la pena de muerte, una rareza creciente en el mundo.12

La ruta menos indicada hacia el futuro inmediato de la crisis cubana es la combinación de escasez crónica de comida, de carencia de vivienda, salario y jubilaciones dignas, de aumento de la pobreza, la desigualdad y los privilegios, con represión y autoritarismo. La defensa democrática del orden público no es la defensa del principio de autoridad del Estado, sino del ejercicio social de los derechos recíprocos de libertad y justicia.

Durante el 27N, el cineasta Fernando Pérez aseguró que allí se escuchaba “el nuevo lenguaje que necesita la cultura cubana”. Su frase podría ampliarse: la interdependencia de derechos, y su ejercicio, es el nuevo lenguaje que necesita la nación cubana.

Notas:

1 Dentro del campo independentista, las actuaciones contra la República en armas también fueron llamadas sediciones, como Lagunas de Varona (1875) y Santa Rita (1877).

2 La Discusión, 27 de septiembre de 1899.

3 La acusación cambió luego ese delito por “conspiración para la rebelión”. Rodríguez, Rolando (2010). La conspiración de los iguales. La protesta de los Independientes de Color en 1912. La Habana: Imagen Contemporánea, p. 138

4 Helg, Aline (2000). Lo que nos corresponde. La lucha de los negros y mulatos por la igualdad en Cuba (1886-1912). La Habana: Imagen Contemporánea, p. 293

5 Estos datos aparecen en una investigación de Amalia Pérez Martín está en curso. Generosamente me compartió estos datos, por lo que le agradezco.

6 Consulté desde 1972 hasta 2011.

7 Nada hay que celebrar en la actuación del Estado chileno durante aquellas jornadas, responsable de más de 30 muertos, miles de heridos y detenidos, y de violaciones de derechos, incluidas muchas violaciones al debido proceso.

8 Inventario, un sitio de periodismo de datos, no oficial, construyó un mapa de las protestas.

9 “Las Tendencias del Derecho Penal moderno. Breve acercamiento a la legislación penal cubana”, (2017) en Reflexiones desde la toga. La justicia penal en Cuba. (María Caridad Bertot Yero Coordinadora), Ediciones ONBC. ISBN: 978-959-7234-63-0.

10 Estos son algunos ejemplos. Para calificar de sedición, en España no se hace referencia a objetivos políticos, sino a impedir funciones estatales específicas. En Ecuador, se sanciona a servidoras o servidores militares o policiales. En Panamá, a quien “se valga de fuerzas armadas o usurpe sus atribuciones, tome el mando de la tropa, plazas, puestos de seguridad pública, …”. En México, a quienes “resistan o ataquen a la autoridad para impedir el libre ejercicio de sus funciones”.

11 “Las Tendencias del Derecho Penal moderno. Breve acercamiento a la legislación penal cubana”, Ob. Cit.

12 Tras tres sentencias ejecutadas en 2003, en Cuba existe una moratoria de la pena capital. Fue esa la última vez que se ha aplicado la pena de muerte en América Latina.

Por Julio César Guanche, Jurista e historiador cubano. Es miembro del comité de redacción de Sin Permiso.

Fuente:

05/02/2022

Sin permiso

https://oncubanews.com/opinion/columnas/la-vida-de-nosotros/el-problema-de-la-sedicion/?fbclid=IwAR1gXhhzppmlYs6i14UQFMfyZuLDtCStMYAuGJ97I98XeM0toA8gZFuJckA

Publicado enInternacional
Segunda Declaración de La Habana: El día en que todo el mundo puso los ojos sobre Cuba

La Habana, Cuba, Territorio Libre de América. Febrero 4 de 1962. La Plaza está abarrotada. Es la mayor concentración popular desde que triunfó la Revolución tres años atrás. Un niño, sobre los hombros de su padre, mira a la tribuna con unos binoculares.

“Porque esta gran humanidad ha dicho ¡basta! y ha echado a andar”, dice el primer ministro Fidel Castro al finalizar la declaración. Poco antes había sentenciado allí mismo, frente a casi un millón y medio de cubanos: “En todo el mundo están puestos los ojos sobre nuestro pueblo en el día de hoy; los pueblos de todos los continentes están esperando esta respuesta de nuestra patria”.

El joven gobierno revolucionario había convocado a la Segunda Asamblea General Nacional del Pueblo para el 4 de febrero, luego de que Cuba fuera expulsada de la Organización de Estados Americanos (OEA), durante la VIII Reunión de Consultas de Ministros de Relaciones Exteriores de esa organización, celebrada en Punta del Este, Uruguay, entre el 23 y el 31 de enero de 1962.

En la cita de cancilleres, el gobierno de Estados Unidos utilizó como pretexto el vínculo de la Isla con naciones extracontinentales y lo incompatible del marxismo-leninismo con los principios del Sistema Interamericano, para promover nuevas sanciones económicas contra la Isla y cesar el comercio. Acusaban a Cuba de querer exportar su revolución, como si se tratara de una mercancía, pero “las revoluciones no se exportan, las hacen los pueblos”.

Mientras esto sucedía en Uruguay, en La Habana, el expresidente mexicano Lázaro Cárdenas junto al entonces senador chileno Salvador Allende y otras personalidades como Roque Dalton, Fabricio Ojeda, Pedro Mir y Jacobo Arbenz, inauguraron una Conferencia de los Pueblos a la par de la reunión de cancilleres de la OEA, con el objetivo de apoyar a la Revolución Cubana.

Con la mayoría mínima de catorce votos (dos de ellos comprados por Estados Unidos), en Punta del Este expulsaron a Cuba de la organización. El gobierno revolucionario –representado allí por el Canciller de la Dignidad, Raúl Roa, y el Presidente de la República, Osvaldo Dorticós– votó en contra de la resolución. Se abstuvieron Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador y México. Con la excepción de este último país, todos los gobiernos de América Latina rompieron relaciones diplomáticas con La Habana.

¿Cuál fue la respuesta de Cuba?

En un contexto de transformaciones en el país, producto de la llegada al poder de un gobierno revolucionario hacía apenas tres años, y en medio de la constante injerencia de Estados Unidos para derrocar a la Revolución, se convocó a los cubanos a la Plaza.

El entonces primer ministro, Fidel Castro, presentó la Segunda Declaración de La Habana, aprobada por casi un millón y medio de cubanos que se encontraban allí. En el histórico documento se ratificó lo planteado en la Primera Declaración –también aprobada en consulta popular, el 2 de septiembre de 1960– en cuanto a la posición de Cuba ante la injerencia de Washington.

Hace 60 años, en aquella concentración popular en la Plaza de la Revolución, se condenó la ruptura de relaciones diplomáticas de los países miembros de la OEA –exceptuando a México– con la Mayor de las Antillas.

Un día antes de la Segunda Declaración de La Habana, como si fuera poco, el entonces presidente Kennedy firmó la Orden Ejecutiva Presidencial número 3 447, que establecía el bloqueo total del comercio entre Cuba y Estados Unidos.

La Segunda Declaración de La Habana reafirmó el carácter socialista y latinoamericanista de la Revolución Cubana.

Fieles a ese ejemplo, la #DiplomaciaRevolucionaria defiende en todos los escenarios, la soberanía y principios de nuestro pueblo.#TenemosMemoriapic.twitter.com/9WRHHoXwiU

Tanto la Segunda como la Primera Declaración de La Habana, y posteriormente la de Santiago de Cuba reflejaron la solidaridad y el internacionalismo como pilares fundamentales de la política exterior de la Revolución Cubana, así como el derecho de los pueblos a la libre autodeterminación y la vocación latinoamericanista de la nación. Dejaron claro que en el Caribe había una Isla rebelde.

Historiadores e investigadores refieren que el documento es, asimismo, expresión del ideario martiano vigente en el proceso revolucionario, al ser un texto antimperialista y de lucha por la libertad de los pueblos. Tanto es así que han pasado seis décadas y mucho ha cambiado, pero si hay algo incólume e irrenunciable es, sin que resulte manido, la soberanía e independencia del país. Quizás por eso los ojos del mundo siguen mirando a la Isla cada vez que ha hecho falta la respuesta de Cuba.

 

Libro relacionado

Fidel Castro Ruz. Segunda Declaración de La Habana

Publicado enInternacional
Cartel en calles de La Habana, en imagen de archivo.Foto Afp

Apenas llegó al poder, intensificó la presión que había impuesto Eisenhower a Cuba // La CIA ya admitió el fracaso de esta política // Es un símbolo de "hostilidad perpetua": experto

 

Nueva York. Hace 60 años, el entonces presidente John F. Kennedy firmó una orden ejecutiva que impuso "un embargo sobre todo comercio con Cuba", medida que nació de una recomendación de política exterior de Washington de que la mejor manera para provocar un cambio de régimen en la isla era "generando hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno".

La orden ejecutiva conocida como Proclamación 3447 fue firmada por Kennedy el 3 de febrero de 1962 e implementada el 7 de febrero imponiendo un bloqueo "sobre todo comercio" que, seis décadas después, sigue vigente e incluso ha aumentado, a pesar de ser una política que la propia CIA en los años 80, y el gobierno de Barack Obama hace sólo ocho años, calificaron de fracaso, y que ha sido explícitamente reprobada por casi todos los países cada año en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.

Los documentos oficiales desclasificados que establecen esta política, una selección de los cuales fueron presentados ayer por el National Security Archive –organización independiente de investigaciones y documentación sobre política exterior de Estados Unidos–, demuestran que el propósito de un bloqueo total era generar "dificultades" y "desencanto" entre el pueblo cubano para minar su apoyo a la revolución, que era lo que más entorpecía los deseos de Washington de cambiar el régimen en La Habana.

De hecho, el famoso memorando elaborado por el subsecretario asistente de Estado para Asuntos Interamericanos Lestor Mallory, fechado el 6 de abril de 1960, resume el razonamiento oficial con que se desarrolló la política del bloqueo. El tema del memorando es "El declive y caída de (Fidel) Castro". Enumera consideraciones sobre el gobierno de la isla: que la mayoría de los cubanos apoyan a Castro; no hay una oposición política efectiva, la "influencia comunista" está creciendo dentro del gobierno; oposición "militante" a Castro desde el exterior "sólo serviría a su causa y a la comunista" y que dado todo esto “el único medio que se puede vislumbrar para enajenar el apoyo interno es a través del desencanto… basado en la insatisfacción y dificultad económica”.

El memorando de Mallory concluye que ante estas consideraciones "todo medio posible debería ser llevado a cabo cuanto antes para debilitar la vida económica de Cuba" a través de medidas como "negar dinero y suministros, reducir los salarios reales y monetarios, generar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno". Aunque se conocía este texto, el Archive por primera vez difundió una imagen del original (https://nsarchive.gwu.edu/sites/default/files/2022-02/Embargo1-Mallorymemo.pdf).

Eisenhower amplió las sanciones comerciales a Cuba en octubre de 1960, a pesar de su preocupación de que eso podría provocar una reacción adversa de México y también fomentar división en la Organización de Estados Americanos. Sus asesores sugieren eximir del embargo medicinas y alimentos para aplacar posibles posturas contrarias a la medida entre la opinión pública estadunidense

Pero no sería hasta febrero de 1961, apenas un mes después de que Kennedy llegó a la Casa Blanca, que se intensificó la presión política para ampliar el embargo comercial parcial de su antecesor. Su secretario de Estado, Dean Rusk, ofreció su evaluación sobre las implicaciones de imponer un bloque comercial total, concluyendo que prohibir importaciones de Cuba pondría en desventaja económica a Castro y sería superior a cualquier beneficio político que Castro podría lograr al acusar a Estados Unidos de agresión económica y la aplicación de medidas unilaterales.

Más aún, Rusk aseguró a Kennedy que un bloqueo "ofrecerá apoyo moral y alentará a aquellos que están resistiendo al régimen de Castro" y que era la mejor opción para minar al gobierno de la isla.

Poco más de 20 años después, en una evaluación extensa del impacto de sanciones económicas estadunidenses en el mundo, la CIA concluyó que después de dos décadas las sanciones estadunidenses contra Cuba "no han cumplido con ninguno de sus objetivos". En esa misma evaluación, la CIA señala que aunque en público Washington promueve su meta de "una Cuba realmente libre e independiente", el objetivo real siempre ha sido "remover a Castro del poder".

Según Peter Kornbluh, director del Proyecto de Documentación sobre Cuba del Archive, 60 años después "este embargo eterno se ha convertido en un símbolo perdurable de la hostilidad perpetua en la postura de Estados Unidos hacia Cuba".

La colección de documentos difundida ayer ofrece la evolución de esta política, desde el embargo parcial del presidente Dwight Eisenhower, hasta el bloqueo impulsado por Kennedy, así como modificaciones y maniobras de los siguientes presidentes y otros funcionarios desde Lyndon Johnson, Richard Nixon y Jimmy Carter. (Para ver la colección de los documentos y una cronología del bloqueo: https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/cuba/2022-02-02/cuba-embargoed-us-trade-sanctions-turn-sixty).

 

Publicado enInternacional
Los desafíos del «socialismo democrático» de Xiomara Castro

La investidura de Xiomara Castro en Honduras generó un gran entusiasmo popular y puso fin de las derivas autoritarias que siguieron al golpe de Estado de 2009. Su discurso de cambio alimenta múltiples esperanzas. No obstante, como muestra la crisis en el nuevo Parlamento, los desafíos serán muchos, incluida la resistencia a los cambios de los grupos de poder.

 

El pasado 27 de enero, Xiomara Castro Sarmiento asumió la Presidencia de Honduras. Castro, quien el 28 de noviembre de 2021 fue la candidata presidencial más votada en la historia del país, tuvo su toma de posesión en un renovado Estadio Nacional Chelato Uclés, estadio que por casi un siglo llevó el nombre de Tiburcio Carías Andino, dictador que gobernó Honduras entre 1933 y 1949, ampliamente reconocido por su política de sometimiento frente a Estados Unidos y por su estrategia para desarticular toda oposición a su régimen. El cambio de nombre de este escenario deportivo fue una de las primeras medidas tomadas por el nuevo gobierno, en un acto simbólico para demostrar al pueblo hondureño que la refundación del Estado está a la vuelta de la esquina.

La asunción al poder de Xiomara Castro y el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) está cargada de símbolos. En medio de la crisis en el Poder Legislativo, la Policía Nacional se vio obligada a quitar las vallas que prohibían el paso a las instalaciones del Parlamento; niñas y niños se sentaron en las curules de los parlamentarios y tomaron sus micrófonos; vendedoras y vendedores del mercado informal ingresaron al edificio para vender agua y nueces a la gente que se aglutinó en un acto de recuperación de este espacio público. Los pueblos, en todas partes, han quitado la antigua bandera nacional que hacía alusión al color de la bandera del Partido Nacional de Honduras y han colocado en su lugar la antigua bandera azul turquesa, recuperada por el nuevo gobierno, en las plazas de todo el país. En las calles, las niñas ven en Xiomara a la primera presidenta de muchas más que tendrá Honduras.

La debacle del régimen de Juan Orlando Hernández Alvarado y el Partido Nacional se juega en una guerra simbólica propia de una verdadera situación revolucionaria, sin precedentes en la historia hondureña. Sin embargo, como en todo ciclo progresista latinoamericano, el gobierno del «socialismo democrático» (como lo definió Castro en su discurso del 27 de enero) tendrá que lidiar con la enorme contradicción entre la promesa de consumar un proyecto «refundacional» y la presión de la elite local y transnacional por preservar su hegemonía y sus intereses económico-políticos en el país.  

Esta es una contradicción que el gobierno encabezado por Castro tiene muy clara. Así lo expresó ella misma desde el inicio de su discurso en el Estadio Nacional, al referirse al estado de la administración pública y sus recursos, donde los retos son bastante claros: «La catástrofe económica que recibo no tiene parangón en la historia del país y su impacto en la vida de la gente se refleja por el aumento de 700% de la deuda. La pobreza se incrementó al 74% para convertimos en el país más pobre de América Latina (…). Es prácticamente imposible cumplir con los vencimientos de la deuda. La única forma es un proceso de restructuración integral mediante un acuerdo con los acreedores privados y públicos. (…) La pregunta que todos los hondureños nos hacemos de este presupuesto es: ¿cuánto dinero llega a la gente pobre? ¿Al servicio de quién está el presupuesto? ¿Quién audita el presupuesto y su ejecución? ¿Qué hacen con la corrupción presupuestaria?».

Esta contradicción también se avizora en la conformación de su gabinete, anunciado el mismo 27 de enero. Si bien está integrado en gran medida por personajes y cuadros de su partido, LIBRE, es notable la participación de cuadros del Partido Salvador de Honduras (PSH), con el cual se conformó una alianza de oposición en la contienda electoral que fue vital para garantizar el triunfo de Castro frente al candidato presidencial del régimen, Nasry Juan Asfura Zablah.

Particularmente notable es la participación del empresario Pedro Barquero en la coordinación del Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico, institución estratégica para la formulación de la política económica del país, y vital para un gobierno del «socialismo democrático» que aspira a solventar el gran problema de la excesivamente desigual distribución de la riqueza en Honduras, así como a aliviar las consecuencias de la política extractiva sostenida por el gobierno de Hernández en la última década. Por su parte, Barquero, que antes de involucrarse en el PSH fue presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), representa mucho más los intereses del capital privado nacional que del proyecto «refundacional».  

Es previsible y comprensible que en el campo de la Realpolitik se produzcan acuerdos de esta naturaleza para la conformación de cualquier gobierno. Sin embargo, aquí están puestas grandes tensiones de un país con miras a superar los estragos del régimen autoritario que siguió al derrocamiento de Manuel Zelaya, esposo de Castro, en el golpe de Estado de 2009.

Las transiciones posdictadura, como es bien sabido en la experiencia latinoamericana, son periodos para sanar las heridas profundas, no solo en la institucionalidad o la legislación, sino sobre todo en la vida de la población. Desde el golpe de Estado hasta hoy, más de 5.000 mujeres han sido víctimas de feminicidio y más de 300 personas LGBTI+ han sido asesinadas. Según datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), al menos 23 personas fueron asesinadas durante la crisis poselectoral de 2017 que culminó en el continuismo del ex-presidente Hernández. Muchos fueron los crímenes cometidos contra los pueblos y la demanda en materia de justicia transicional es grande. De igual manera, Honduras se convirtió en un país reconocido por la comunidad internacional por los vínculos de la familia Hernández Alvarado con el narcotráfico, así como por el flujo masivo de personas expulsadas de este país en caravanas migrantes.

La crisis migratoria representó, en sí misma, un punto de inflexión en la política exterior de Estados Unidos hacia Honduras. Así quedó demostrado con la presencia de la vicepresidenta Kamala Harris en la toma de posesión de Castro. Harris reconoció en el ascenso de Castro a la Presidencia de Honduras un «cambio positivo» para el país. Este acercamiento de Washington no es casual; responde a la necesidad de hacer frente a la crisis humanitaria, económica, política y social que se registra en el Triángulo Norte de América Central.

Frente a este orden de cosas, el proyecto refundacional corre grandes riesgos de ser desplazado por las pretensiones de la elite política y económica que respalda a Castro de restaurar el viejo liberalismo existente antes del golpe de Estado de 2009, cuyo andamiaje institucional se construyó para preservar los proyectos y negocios de los grupos de poder. En ese sentido, Honduras enfrenta tres grandes desafíos para construir el camino a cambios profundos.

El primer desafío es el de la democratización interna de LIBRE. En los últimos días, se ha especulado sobre las causas que originaron los enfrentamientos facciosos en el seno del Poder Legislativo. Mientras escribimos este artículo, el Congreso Nacional atraviesa una enorme crisis política e institucional que se manifiesta en la existencia de dos juntas directivas: la primera, presidida por el parlamentario Luis Rolando Redondo Guifarro (promovida por la alianza entre LIBRE y el PSH), y la segunda, encabezada por Jorge Luis Cálix Espinal (promovida por parlamentarios disidentes de LIBRE, el Partido Nacional y el Partido Liberal).

La convulsión política que generó esta «dualidad de poderes» tuvo como consecuencia la expulsión de 18 diputados de LIBRE que respaldaron la presidencia de Cálix y la masiva movilización de la población al Congreso Nacional para expresar su repudio hacia esta junta directiva, por carecer de legitimidad y legalidad. Por su parte, la junta de Redondo posee legitimidad, pero la disputa entre ambas directivas pone en vilo la gobernabilidad de este poder del Estado. A estas alturas, la posibilidad de llegar a un acuerdo ha presentado grandes dificultades. El Centro de Estudio para la Democracia de Honduras  ha propuesto tres elementos para entender esta coyuntura crítica: las dificultades del Partido LIBRE para construir consensos internos, la conspiración de la derecha contra el gobierno electo y la participación de otros actores poderosos, como el crimen organizado y sectores del gran capital nacional. Videos y audios filtrados en redes sociales han mostrado los vínculos entre los diputados disidentes de la bancada de LIBRE y el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (PLH), Yani Rosenthal, quien ha pasado tres años en prisión por el delito de lavado de activos en Estados Unidos. También se ha evidenciado el vínculo entre diputados disidentes y el ex-parlamentario y hermano del ex-presidente Hernández, Juan Antonio Hernández Alvarado (mejor conocido como Tony Hernández), condenado a cadena perpetua en Nueva York por cuatro cargos, incluido narcotráfico.

Sin embargo, es importante prestar atención a la mencionada dificultad de LIBRE para procesas sus tensiones. Los conflictos intrapartidarios entre múltiples corrientes y actores internos han sido históricos y es probable que estos se intensifiquen con el ascenso del partido al gobierno, como ha quedado en evidencia en la crisis del Legislativo. Es muy importante que el partido no pierda de vista el horizonte de fortalecer su estructura interna para que sus principios elementales, de naturaleza refundacional, no sean atomizados o diluidos en el ejercicio del poder en el gobierno.

El segundo desafío es el de sostener y aumentar el alto respaldo popular hacia la presidenta. En las elecciones del 28 de noviembre de 2021, Castro recibió 1.716.793 votos válidos y se convirtió así en la candidata presidencial más votada y en la primera mujer en acceder a la Presidencia en la historia de Honduras. La nueva mandataria goza de un respaldo popular sin precedentes, que le ha dado la legitimidad necesaria para tomar decisiones políticas contrarias a los intereses de los grupos de poder, como demostró al expulsar del Partido LIBRE a varios parlamentarios de su bancada en el marco de la crisis del Poder Legislativo.

Castro demostró también su fortaleza con la masiva movilización de la población durante la toma de posesión y ha hecho promesas que podrían modificar sustancial y estructuralmente la vida en el país. Entre ellas, se destacan el subsidio en el pago de energía eléctrica para las personas más desposeídas, el subsidio al combustible, la concentración de esfuerzos en conseguir la soberanía alimentaria, la prohibición de más concesiones de minería a cielo abierto, la libertad para los ambientalistas en prisión por defender el río Guapinol, la amnistía para otros presos políticos y personas exiliadas durante la dictadura, la justicia por el asesinato de Berta Cáceres y la realización de la primera consulta popular sobre reformas constitucionales, entre muchas otras.

No obstante, resistir los intereses de la elite será un desafío de gran envergadura para Castro, con un Poder Legislativo en crisis, un Poder Judicial que continúa en manos de personeros del régimen del Partido Nacional de Honduras y una matriz mediática corporativa cuya cercanía con los intereses de los grupos de poder ya es más que evidente. El destino de Honduras para los próximos cuatro años es incierto. Sin embargo, es vital que el gobierno de Castro mantenga el respaldo popular, que seguirá siendo el contrapeso esencial frente a intereses de la elite que insiste en preservar el modelo neoliberal en todas sus formas.

El tercer gran desafío es el que enfrentan los movimientos sociales y populares frente a las posibilidades del proceso constituyente. Si bien Castro ha sido clara en que su gobierno promoverá un proceso de consulta popular que podría culminar en una Asamblea Nacional Constituyente —una exigencia histórica del pueblo hondureño desde el golpe de Estado de 2009—, lo cierto es que los movimientos sociales y populares del país deben generar las condiciones objetivas y subjetivas para lograr la legitimidad que requiere un proceso de ese tipo. En ese sentido, los movimientos deben construir capacidad de respuesta frente a las disposiciones del nuevo gobierno, pero, sobre todo, propuestas técnicas y políticas de cara a un proceso constituyente con miras a una verdadera refundación del Estado.

Así lo han expresado múltiples organizaciones, movimientos, y articulaciones del país, como la Asamblea Permanente del Poder Popular (APPP), un espacio de articulación formado en enero de 2022, en el marco del proceso de transición política que se inicia. Entre otras posiciones, la APPP afirmó que «la próxima estación de la utopía popular hondureña es la autoconvocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente refundacional, originaria y plenipotenciaria, con representación de todos los sectores de la sociedad hondureña».

Los desafíos de Honduras son muchos. En la historia política del país jamás hubo una transición a un gobierno progresista ni una participación tan masiva de la población en asuntos públicos como las que hay hoy. Para un «país de bolsillo» como este, con un andamiaje institucional de mucha fragilidad y una legislación construida para violentar sistemáticamente a los pueblos, será vital acercarse a los aprendizajes adquiridos en América Latina y mantener vivas las banderas del cambio.

Publicado enInternacional
Nicaragua: liberar a los presos políticos y suspender el estado policial

Desde el dolor y la desesperación por el deterioro físico y emocional de los que hoy sufren la injusticia y la tortura en las cárceles, más de un centenar de familias de ciudadanos presos políticos han relanzado el reclamo nacional por la liberación de los 170 reos de conciencia, demandando, además, la anulación de los juicios políticos en su contra, para preservar todos sus derechos y garantías constitucionales.

Sin embargo, la única respuesta del régimen ha sido programar más juicios políticos en las cárceles del Chipote contra 12 reos de conciencia: Yader Parajón, Yaser Muhammad Vado, Ana Margarita Vijil, Dora María Téllez, Miguel Mendoza, José Antonio Peraza, Suyen Barahona, Miguel Mora, Noel Vidaurre, María Oviedo, Irving Larios y Freddy Navas.

El pasado 17 de enero fue condenado en Chinandega Donald Margarito Alvarenga, un ex combatiente sandinista que luchó contra la dictadura de Somoza, ex oficial del Ministerio del Interior en los años 80, el primer preso político procesado bajo las llamadas leyes de "ciberdelitos" y "defensa de la soberanía" de la dictadura Ortega-Murillo.

Por expresar sus opiniones contrarias al régimen en Facebook y WhatsApp, lo acusaron de los presuntos delitos de subversión e incitación al odio y la violencia. Todos los testigos que declararon en el juicio en su contra y presentaron "pruebas" fueron los mismos siete policías que lo espiaban y lo secuestraron. La audiencia judicial, presidida por la jueza Rosa Velia Baca Cardoza, duró 13 horas, se realizó en un solo día, y cinco días después emitió una condena de culpabilidad con pena de siete años y medio de cárcel. Veinticuatro horas después, la jueza rectificó su sentencia, no para reconocer y reparar las aberraciones jurídicas del juicio, sino para aumentar la pena a 12 años de cárcel.

Así son los "juicios" con que el régimen pretende legalizar la condena de todos los reos de conciencia; no son verdaderos juicios con derecho a la defensa bajo un estado de derecho o un Poder Judicial autónomo, sino únicamente un trámite de ordeno y mando para ejecutar la venganza política, que se decide y se ejecuta de forma discrecional desde El Carmen.

Entre los 170 presos políticos de Ortega y Murillo, hay mujeres y hombres de todas las edades y departamentos del país; precandidatos presidenciales y líderes cívicos; líderes políticos de partidos de derecha, centro e izquierda, y una mayoría de ciudadanos sin partido; dirigentes campesinos y líderes estudiantiles; intelectuales, diplomáticos y ex militares; empresarios, productores, banqueros y líderes gremiales; periodistas y defensores de derechos humanos. Ellos representan una muestra de la pluralidad y la unidad nacional de la Nicaragua azul y blanco que resiste y demanda un cambio democrático, que el proyecto totalitario de Ortega y Murillo no ha podido aplastar.

Todos, los 170 presos políticos, son inocentes porque no han cometido ningún delito, su único pecado es haber protestado durante la rebelión cívica, demandado justicia y democracia, y haber aspirado a liderar el reclamo de elecciones libres de todos los nicaragüenses, que fue conculcado por la fuerza el 7 de noviembre.

Las encuestas de opinión han reflejado el clamor nacional de esa gran mayoría que no está pidiendo un indulto o una amnistía, sino la liberación incondicional de todos los presos políticos, la anulación de los juicios y la suspensión del estado policial.

Durante el segundo diálogo nacional en 2019, el gobierno se comprometió a liberar a todos los presos políticos, pero Ortega solamente cumplió de forma parcial el acuerdo, para lo cual recurrió a una autoamnistía, pero mantuvo en la cárcel a más de un centenar de reos de conciencia que nunca fueron liberados.

Pero, además, la delegación oficial encabezada por el canciller Denis Moncada firmó el 29 de marzo de 2019 un "acuerdo para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas", asumiendo el compromiso de levantar el estado de excepción de facto y restituir todos los derechos constitucionales. El gobierno nunca cumplió el acuerdo, y los representantes del Vaticano y la OEA, que actuaban como testigos internacionales de la negociación, también fracasaron en su obligación de garantizar su cumplimiento. Por el contrario, Ortega reforzó el estado policial con las leyes represivas aprobadas a finales de 2020 y desató una nueva ola represiva de encarcelamientos hasta liquidar el proceso electoral en 2021.

De manera que hablar de un eventual "diálogo" sin precondiciones con el gobierno, como sugiere el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), o imponer un monólogo económico, sin liberar a los presos y sin levantar el estado policial, como ha anunciado el gobierno, no le traerá al país ninguna expectativa de paz.

Para devolverle al país la esperanza se necesita primero sumar fuerzas y ejercer máxima presión, nacional e internacional, para exigir y lograr la liberación de todos los presos políticos, la anulación de los juicios y la suspensión del estado policial. Ese es el punto de partida para lograr una solución humanitaria, que libere del sufrimiento a los reos de conciencia y a sus familiares, y también para buscar una solución política a la crisis nacional.

La salida empieza por recuperar las libertades para derribar los muros de esa gran cárcel nacional en la cual somos rehenes todos los nicaragüenses, incluidos los servidores públicos –civiles y militares–, así como decenas de miles de exiliados, para encontrar entre todas las fuerzas vivas del país, sin los carceleros, una solución nacional a través de elecciones libres.

Publicado enInternacional
Palestinos queman neumáticos durante los enfrentamientos con las tropas israelíes en la ciudad de Hebron. — ABED AL HASHLAMOUN / EFE

El nuevo informe que Amnistía Internacional ha publicado este martes documenta los padecimientos que causa a los palestinos el comportamiento de Israel tanto dentro como fuera del estado judío. Tras una investigación de cinco años se determina que Israel aplica el apartheid contra todos los palestinos y se exige a la comunidad internacional que intervenga y deje de lado las habituales "condenas anodinas y declaraciones ambiguas".

 

Un informe divulgado este martes por Amnistía Internacional documenta detalladamente el apartheid que Israel aplica a los palestinos dentro del país israelí, en los territorios ocupados en la guerra de 1967 y a los refugiados que residen fuera de Israel y de los territorios ocupados, aportando datos que confirman la naturaleza y el alcance de una brutal segregación.

Amnistía Internacional no es la primera gran organización no gubernamental que llega a esa conclusión. Su investigación se inició en 2017 y se ha desarrollado hasta hoy, pero con anterioridad Human Rights Watch y otras ONG, así como investigadores independientes, han llegado a la misma conclusión sobre la dominación y la opresión que día y noche experimenta la población palestina.

Amnistía Internacional insta a la comunidad internacional a que intervenga y no sea cómplice de un sistema construido en torno a la opresión racista institucionalizada y prolongada de millones de personas; y que recurra a las numerosas vías existentes para que "se haga justicia".

Pero esta petición no cuenta con ninguna posibilidad de prosperar mientras EEUU y Europa sostengan el apartheid con una hipocresía palmaria. Como EEUU, las potencias europeas, con Alemania y Francia a la cabeza, se niegan a inmiscuirse y financian a los palestinos para lavar su conciencia sabiendo perfectamente que las ayudas económicas que les dispensan contribuyen a mantener e incrementar la injusticia, la discriminación y el apartheid.

El exhaustivo informe, que consta de 182 páginas, documenta las confiscaciones masivas de tierras y propiedades palestinas, los homicidios ilegítimos, los traslados forzosos, las restricciones a la circulación de las personas o la negación de nacionalidad y ciudadanía a la población palestina, "elementos de un sistema, que, según el derecho internacional, equivale al apartheid".

El informe califica las consecuencias de la ocupación de crímenes de lesa humanidad, un sistema que se mantiene con constantes violaciones de derechos humanos que vulneran el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención contra el Apartheid.

Amnistía Internacional pide a la Corte Penal Internacional que incluya el crimen de apartheid en la investigación que está realizando sobre la situación en los territorios ocupados, e insta a los estados miembros a que apliquen la jurisdicción universal para llevar ante la justicia a los israelíes que perpetran crímenes de apartheid.

"Vivan en Gaza, Jerusalén oriental, Hebrón o en la propia Israel, los palestinos y palestinas son tratados como un grupo racial inferior al que se priva sistemáticamente de sus derechos", afirma Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional. "Las crueles políticas de segregación, desposesión y exclusión en los territorios que están bajo control de Israel constituyen sin duda apartheid" y "la comunidad internacional tiene la obligación de actuar".

El informe se basa en gran parte en los trabajos de distintas ONG palestinas, israelíes e internacionales que durante años han confeccionado un detallado corpus de datos relativos a los constantes abusos de Israel. "No hay justificación posible para un sistema construido en torno a la opresión racista institucionalizada y prolongada de millones de personas", sostiene Callamard.

La secretaria general de Amnistía Internacional subraya que "el apartheid no tiene cabida en nuestro mundo" y denuncia a los estados que colaboran, apoyan y protegen el sistema de apartheid de Israel… exacerbando el sufrimiento del pueblo palestino. Para acabar con ello se precisa una enérgica intervención de la comunidad internacional.

El informe denuncia algunas obviedades sobre las que habitualmente se hace la vista gorda, como el hecho de que desde su creación en 1948, Israel trata de establecer y mantener una mayoría demográfica judía y de maximizar el control sobre las tierras y los recursos para beneficiar a la población judía en detrimento de los palestinos. A partir de 1967 esa misma política se empezó a aplicar en los territorios ocupados ese año, incluida Jerusalén oriental.

Todos los gobiernos israelíes han considerado consistentemente que la población palestina es una amenaza demográfica y han aplicado medidas coercitivas para reducir su presencia y su acceso a la tierra, tanto dentro de Israel como en los territorios ocupados, para lo que han "judaizado" de facto el territorio que controlan.

El informe muestra que las autoridades israelíes tratan a los palestinos como un grupo racial inferior, una discriminación cimentada en leyes. En Cisjordania y Gaza, Israel controla el registro civil desde 1967 impidiendo que la población tenga ciudadanía; a la mayoría se la considera apátrida. Se observa que Israel segrega a los palestinos geográficamente en diversos niveles de discriminación "en función de su condición y de su lugar de residencia".

Pero la investigación muestra que toda la población palestina, incluida la del interior de Israel, "está sometida al mismo sistema general". "El trato que da Israel a la población palestina en todas las zonas persigue el mismo objetivo: privilegiar a la población israelí judía en el reparto de tierras y recursos, y reducir al mínimo la presencia y el acceso a la tierra de la población palestina".

Los más afectados son los refugiados palestinos que fueron desplazados durante los conflictos de 1948 y 1967, a quienes se les niega el derecho a regresar a sus antiguos lugares de residencia, en una "violación flagrante del derecho internacional que ha dejado a millones de personas en la incertidumbre perpetua del desplazamiento forzado".

Entre los ejemplos que pone Amnistía Internacional está que a la población palestina se le impide el arrendamiento del suelo en el 80% de las tierras del estado "como resultado de confiscaciones racistas de tierra y de una red de leyes discriminatorias sobre asignación, planificación y zonificación de las tierras".

La magnitud y gravedad de las violaciones documentadas "exigen un cambio drástico en el enfoque de la comunidad internacional", que los estados ejerzan la jurisdicción universal, para lo que tienen la obligación a la vista de la Convención contra el Apartheid, dejando a un lado las habituales "condenas anodinas y declaraciones ambiguas", señala Callamard.

"Israel debe desmantelar el sistema de apartheid y empezar a tratar a la población palestina como a seres humanos con iguales derechos y dignidad. Hasta que eso ocurra, la paz y la seguridad seguirán estando lejos para una y otra parte", concluye la secretaria general de Amnistía Internacional.

01/02/2022 10:00

Publicado enInternacional