Fuentes: Rebelión [Imagen: Ponencia plenaria de Víctor Galaz del Centro de Resiliencia de la Universidad de Estocolmo (Suecia)]

– 500 profesionales de la ecología se han reunido durante cuatro días en el XV Congreso Nacional de la AEET, para compartir los conocimientos más actuales en ecología y entender las respuestas de los ecosistemas ante las perturbaciones del cambio global.

– El motivo central de este Congreso celebrado en Plasencia es “la puesta en valor de la ecología” y la puesta en práctica de los conocimientos generados dentro de esta área científica. “Desde la ecología tenemos claro qué podemos hacer para revertir o atenuar los efectos negativos del cambio global, por eso demandamos que se ponga en práctica el conocimiento ecológico generado”, ha declarado Ignasi Bartomeus, presidente de la AEET.

– Durante este evento se han compartido más de 450 trabajos científicos para profundizar en procesos ecológicos globales como la degradación de los ecosistemas, las emisiones de carbono, la pérdida de biodiversidad o la inseguridad alimentaria.

500 profesionales de la ecología se han reunido durante cuatro días en el XV Congreso Nacional de la Asociación Española de Ecología Terrestre, un evento para el intercambio de los conocimientos ecológicos más actuales y desde el cual se reclama “la puesta en valor de la ecología”, como ciencia capaz de dar respuesta a los efectos negativos del cambio global. “Desde la ecología tenemos señales muy claras de que es el momento de actuar y tenemos claro qué podemos hacer para revertir o atenuar los efectos negativos del cambio global, por eso demandamos que se ponga en práctica el conocimiento ecológico generado”, segúnha declarado Ignasi Bartomeus, presidente de la AEET.

  

Sesión científica sobre Inteligencia Artificial

En este encuentro celebrado en el Palacio de Congresos de Plasencia del 18 al 21 de octubre, se han compartido 450 trabajos científicos que son clave para entender cómo funcionan los cambios detectados en la naturaleza, tanto a nivel local como global, para que “a partir de este conocimiento científico podamos tomar las mejores decisiones de cara a que estos cambios no nos afecten en negativo o que sepamos aprovechar aquellas oportunidades que nos pueda brindar la naturaleza”, según ha explicado Gerardo Moreno, profesor de la Universidad de Extremadura y miembro del Comité Organizador del congreso.

Los temas tratados en el Congreso se han centrado principalmente en cómo la ecología puede ayudarnos a entender y enfrentarnos a retos derivados del cambio global tales como la degradación de los ecosistemas, la pérdida de biodiversidad, los cambios en el uso del suelo, la inseguridad alimentaria o la mejora de la gestión y conocimiento de los ecosistemas, entre otros.

La ceremonia de apertura de este congreso contó con la participación de Antonio Hidalgo, Rector de la Universidad de Extremadura; Jesús Alonso, Secretario General de Ciencia, Tecnología, Innovación y Universidad de Extremadura; Fernando Pizarro, Alcalde de Plasencia e Ignasi Bartomeus, Presidente de la AEET.

Un evento que ha sido impulsado por la Asociación Española de Ecología Terrestre (AEET), la cual aúna a más de 800 profesionales de la ecología y el medio ambiente terrestre, con el apoyo de la Universidad de Extremadura y el Instituto de Investigación de la Dehesa (Indehesa), así como de la Junta de Extremadura y de las entidades Fundecyt PCTEX y AllGenetics.

Desde la ecología estamos trabajando para medir y entender los riesgos a los que nos enfrentamos”

Durante estos cuatro días se han dado cita personas expertas en todas las áreas de la ecología terrestre, entre las que destacan científicos y científicas de reconocido prestigio nacional e internacional como Sara Varela de la Universidad de Vigo, investigadora que lidera el proyecto de predicción «Mapas Lab», quien ha resaltado el papel fundamental de la ecología en la actualidad: “la naturaleza está cambiando y desde la ecología estamos trabajando en medir y entender los riesgos a los que nos enfrentamos, para que el impacto sea el menor posible”, según ha apuntado en declaraciones durante el congreso.

Por su parte, Marta Goberna del Departamento de Medio Ambiente y Agronomía del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), investigadora que coordina el proyecto europeo EJP SOIL, ha señalado algunas de las barreras a las que se enfrenta la comunidad científica a la hora de poner en práctica los conocimientos generados: “nos encontramos con dificultades a la hora de transmitir a la sociedad que hay determinadas prácticas humanas que rompen los equilibrios naturales, lo que frena el impulso de actividades que respeten este equilibrio”, ha explicado.

A este respecto, desde la AEET han destacado que para conseguir “ese equilibrio con la naturaleza, no podemos seguir mirando a corto plazo”, ya que según explica Ignasi Bartomeus, los retos del cambio global requieren de una visión holística que mire a la totalidad del problema.

La importancia de la ecología en una sociedad global

En este evento se han celebrado dieciséis sesiones temáticas centradas en profundizar sobre procesos y cambios ecológicos que se están dando a nivel mundial, para comprender de forma conjuntacómo responderán los ecosistemas a lo largo del tiempo ante las perturbaciones derivadas del cambio global y poner en marcha estrategias de mitigación.“La sociedad mundial se enfrenta a desafíos medioambientales comunes como la COVID 19 o el cambio climático, lo que demuestra la vital importancia de la ecología a nivel global, el motivo central de este Congreso”, tal y como ha señalado la AEET.

Es por eso, que las sesiones han estado focalizadas en cuestiones globales tan relevantes hoy día como: la recuperación y restauración a gran escala de ecosistemas degradados para mitigar el cambio climático; las respuestas de la ecología del paisaje para hacer frente a dos procesos globales que ponen en compromiso la conservación de los ecosistemas como son la intensificación agraria o expansión urbana y el abandono o renaturalización; la función de los sistemas agrícolas para mejorar la seguridad alimentaria; la relación de la biodiversidad y el bienestar humano para avanzar hacia una sociedad más sostenible; la era del big data y su valor para el seguimiento de la biodiversidad; los avances tecnológicos para predecir de una forma más precisa los impactos humanos sobre procesos tan relevantes como el intercambio genético entre poblaciones, la polinización, la dispersión de semillas;el potencial y límites de la Eco-informática para abordar problemas ecológicos complejos; o los últimos avances en el estudio de un recurso tan valioso como el agua, captación, almacenaje, transporte y redistribución del agua en el ecosistema terrestre.

Mesa Redonda «Ecología en la educación», en el XV Congreso Nacional de la AEET

La transferencia de conocimientos científicos a la sociedad ha sido otro asunto clave de este Congreso, donde se ha visto la “necesidad urgente” de educar en ecología a las futuras generaciones o la difusión e intercambio de conocimientos ecológicos para la gestión pública y social de los ecosistemas. En este sentido, la AEET ha otorgado durante este congreso los Premios Luis Balaguer a la investigadora Montse Vilà, especializada en el estudio de los impactos de plantas invasoras, y a Fernando Valladares, profesor investigador del CSIC que dirige el grupo de Ecología y Cambio Global en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, por su excelente trayectoria y transferencia de conocimientos ecológicos a la sociedad.

Para entrevistas pueden contactar con Alba Villanueva (637 873 604)

Publicado: 23/10/2021

Publicado enMedio Ambiente
Sábado, 23 Octubre 2021 06:06

El Salvador: un autoritarismo millennial

El Salvador: un autoritarismo millennial

Dos años y medio después de la elección de Nayib Bukele, la institucionalidad de El Salvador ha sido puesta a prueba de manera creciente sin que las crisis desatadas por el nuevo mandatario parezcan mermar su popularidad. Es que después de cuatro décadas de reino de los partidos nacidos de la guerra civil, el presidente apareció no solamente como la promesa de una renovación del escenario político, sino también como el «brazo vengador» que liquidaría el «viejo mundo» político. 

Si Nayib Bukele encarnó una promesa de renovación política, fue sin duda por la imagen de outsider que vistió a lo largo de su campaña. Sin embargo, esta aura no ha sido más que el producto de una estrategia de marketing político y el resultado de los errores de valoración de su antiguo partido, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (fmln). De hecho, cuando Bukele postuló su candidatura a la Presidencia, no era ningún novato de la política. Criado en una acomodada familia de comerciantes, pasó brevemente por la carrera de Derecho en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, que abandonó con tan solo 18 años de edad para hacerse cargo de los negocios familiares. Después de haber encabezado con éxito una empresa de import/export se lanzó a la publicidad, actividad que fue su puerta de entrada en la política. Tras varios años como responsable de las campañas del fmln, Bukele conquistó la Alcaldía Municipal de una localidad de la zona conurbana de la capital con el apoyo del partido izquierdista. Valiéndose de este primer mandato y nuevamente como abanderado del Frente, se lanzó con éxito a la contienda por la Alcaldía de San Salvador. Electo en 2015, implementó una política bastante tradicional: aseguramiento y recuperación de los espacios públicos, extensión de redes eléctricas a las zonas marginadas, construcción de caminos y glorietas... Pero afianzado por «sus obras» y su popularidad en los medios de comunicación, Bukele buscó su investidura por el fmln como candidato presidencial. Lo hacía sin contar con el recelo de los apparatchiks del partido, quienes no demuestran ninguna simpatía por las «estrellas en ascenso» que no pertenecen al comité central. Fue por ello que Bukele se mostró cada vez más crítico hacia la cúpula del fmln, hasta ser expulsado del partido en octubre de 2017 por «promover prácticas que incitan a la división interna», «irrespeto a los principios del partido» e «irrespeto al derecho de las mujeres»1

Si su expulsión del partido entonces en el poder le valió la imagen de «rebelde», sus pugnas con el Tribunal Supremo Electoral, que le impidió el registro de su nuevo partido y canceló la personería jurídica del pequeño partido socialdemócrata que se había propuesto promover su candidatura, lo erigieron definitivamente en candidato «antisistema». 

Pero su verdadera imagen de outsider surgió de su estilo personal de gobernar: adepto a Twitter y a la retórica publicitaria, Bukele no dudó en privilegiar las demostraciones de fuerza y en jactarse de ser un hombre fuerte e independiente, sub 40, cuyo brazo iba a barrer «el sistema corrupto» instalado por los dos grandes partidos que compartieron el poder desde el fin de la guerra. Constantemente, en la enunciación de su poder y en la escenificación de una relación «directa» con «el pueblo» –aunque este solamente sea compuesto por la suma de sus followers–, Bukele manejó un estilo populista que chocaba con el carácter colegiado y burocrático del fmln y de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Mostraba así un estilo personal cuyos lemas antisistema y anticorrupción anunciaban algo más que el reemplazo de la vieja clase dirigente por una nueva generación de millennials: la liquidación de las reglas del juego político salvadoreño. 

No hay que olvidar el sentimiento de desilusión que invadió al electorado salvadoreño después del segundo mandato del fmln, más aún entre los votantes de este partido. No solo la revolución prometida por el partido de izquierda nunca llegó, sino que los diez años de gobierno del fmln quedaron manchados por los escándalos y la incapacidad de reforma. Ni el desempleo ni la violencia disminuyeron. Al contrario, el fmln y Arena se comprometieron en pactos con las pandillas y permitieron su reconversión al negocio de la extorsión o el tráfico de drogas, a tal punto que se habló de «partidos mafiosos». De la misma manera, los discursos revolucionarios del fmln no resistieron ante los escándalos de nepotismo y corrupción millonaria y el descubrimiento del tren de vida lujoso de la nueva «burguesía roja» vinculada al gobierno y a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (alba). En fin, tanto el fmln como Arena se encerraron en una forma muy tradicional y clientelista de hacer política, sin ver que el clientelismo se ha desgastado a los ojos de una juventud que reivindica sus derechos y aspira a algo más que recibir ayudas puntuales. En definitiva, la popularidad de Bukele fue el espejo del rechazo de Arena y el fmln. 

Por ello, la elección triunfal de Bukele en 2019 significó más que una voluntad de cambio. Personificó un rechazo de la población hacia las maniobras y los pactos partidistas que hundieron al país en un estado de convulsión permanente, de estancamiento económico y de bloqueos institucionales. Es decir que Bukele representó, si no una ruptura real, por lo menos una «brecha populista» en un país regido durante muchos años por un sistema «partidocrático» que había erigido los arreglos partidarios y la limitación de las ambiciones personales en reglas del juego.

Entre la dramaturgia y la inercia

La llegada al poder de Bukele fue sin duda una primera prueba de verdad. Sin mayoría en el Parlamento, sin partido estructurado ni cuadros sobre los cuales apoyarse, su discurso de «liquidación del viejo mundo» no podía sino tropezar con la realidad de las relaciones de poder y las inercias de la política salvadoreña. 

De hecho, desde el inicio el presidente Bukele se topó con los mismos problemas estructurales que conocieron sus predecesores: en el plano económico, el país acumulaba una deuda que lo colocaba al borde del incumplimiento y limitaba el lanzamiento de políticas públicas ambiciosas; en el institucional, Bukele gobernaba con un Congreso en el cual no solo estaba en minoría, sino donde la oposición se había coaligado en su contra. Además, tuvo que transigir con un Poder Judicial que, a pesar de su politización, se ha profesionalizado y ha ido impulsando una judicialización de la vida política, así como una fiscalización cada vez más minuciosa del ejercicio del poder. El contexto, a pesar de sus problemas, ha permitido la consolidación de sindicatos de empleados estatales, de periódicos de investigación, de ong de defensa de los derechos humanos y de otros contrapoderes atentos a la gestión tanto de los mandatarios como de sus funcionarios.

No sorprendió entonces que los deseos del presidente se vieran inmediatamente frustrados por el Congreso o la Corte Suprema de Justicia. Así ocurrió con su voluntad de terminar con el llamado «nepotismo» del fmln, para lo cual despidió masivamente a los empleados públicos contratados por las administraciones anteriores y desmanteló las secretarías presidenciales existentes para sustituirlas por nuevas secretarías a su medida. No contó entonces con el bloqueo del Congreso, única institución habilitada para crear plazas, suprimirlas y asignar sueldos a funcionarios y empleados públicos2, ni con la acción de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó enseguida reinstalar a varios funcionarios removidos de sus cargos por incumplimiento de los procedimientos legales de cesación de contrato por parte de las nuevas autoridades. Es decir que, como ocurriera con los de sus antecesores, los márgenes de acción de Bukele se vieron limitados al reemplazo de las «plazas de confianza» y a la contratación de una nueva capa de funcionarios que se agregaría a las de los gobiernos anteriores. Así, Bukele tuvo que crear cerca de 3.662 empleos públicos en 2020 y 9.363 nuevas plazas en todos los sectores del Estado en 20213, además de que tuvo que inventar plazas de asesores ad honorem para sus consejeros, quienes eran en realidad pagados con plazas de otros ministerios. 

De la misma manera, en febrero del año pasado, la Asamblea Legislativa liderada por Arena bloqueó la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares destinados a la fase iii del programa estrella de Bukele: su Plan Control Territorial. La votación del préstamo, destinado a la compra de material para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, fue suspendida por la Asamblea tras las revelaciones de posibles conflictos de interés entre el mismo presidente y varios contratistas contemplados para la venta de tecnologías, así como prevenciones sobre la sobrevaluación e incoherencia de algunos gastos4. La discusión parlamentaria no tardó en convertirse en una batalla mediática entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. 

Limitado financieramente, Bukele rompió de inmediato su primera promesa de campaña de eliminar los gastos reservados de la Presidencia para utilizar de manera secreta hasta un millón de dólares por mes en los primeros tiempos de su gestión5. Pero Bukele se abocó sobre todo a una teatralización exacerbada del poder presidencial, con la cual intentaba compensar lo máximo posible su impotencia6. Así se debe interpretar el espectáculo que dio apenas instalado en el sillón presidencial, cuando ordenó por Twitter a sus nuevos ministros despedir de inmediato a los familiares de los principales cuadros del fmln que fungían legalmente como empleados públicos. Como muchos ocupaban plazas de confianza revocables, la caza de brujas de Bukele no era otra cosa que una simulación de la depuración del Estado y la puesta en escena del advenimiento de un nuevo mundo donde sus ministros acatarían sus mandamientos a golpe de «inmediatamente» o «¡sí, mi presidente!». 

La agitación populista de Bukele llegó a su verdadero clímax en febrero de 2020, cuando en un intento por doblegar a la representación nacional –después de haber amenazado a los diputados con represalias si no aprobaban el préstamo– llamó a una «insurrección popular» contra la «elite política» e instó al pueblo y al Ejército a manifestarse ante la Asamblea Legislativa. Entonces, a primeras horas del domingo 9 de febrero de 2020, Bukele irrumpió en la Asamblea rodeado de militares y policías armados para exigir a los diputados la aprobación del préstamo que requería para financiar su plan. Sentado en la silla del presidente de la Asamblea, dio inicio a la sesión plenaria ante una sala casi vacía donde solo habían acudido a su convocatoria los pocos diputados de su partido aliado, Gran Alianza por la Unidad Nacional (gana). Cuando, consciente de haber llegado al límite de su demostración de fuerza, dio marcha atrás, comenzó a orar y declaró que Dios le había ordenado ser paciente. 

Una vez más, Bukele quedaba atrapado entre la radicalidad de sus discursos y la realidad de su poder. De allí su dramaturgia: sus tuits y sus «golpes tentativos» son en esencia escenificaciones de una autoridad presidencial limitada en los hechos por la oposición. No obstante, este tipo de actuación populista comporta siempre riesgos. Por más simbólicas que sean, las demostraciones de fuerza y de autoridad implican siempre la posibilidad de pasarse los límites de la violencia y la transgresión aceptables en democracia. Y a este «cruce del Rubicón» lo llevó la crisis del covid-19.

El covid-19: la oportunidad autoritaria

Para Bukele, la pandemia de covid-19 fue sin duda una oportunidad inesperada para obtener los márgenes de acción que le faltaban. De hecho, le permitió primero invertir las relaciones de fuerza con la oposición parlamentaria, gobernar por decretos y obtener por otras vías los fondos y préstamos que la Asamblea le había denegado. Es más, el contexto de urgencia le otorgó la posibilidad de beneficiarse de nuevos préstamos internacionales, de emitir bonos y de utilizar fondos reservados o líneas presupuestales ya asignadas para financiar su nueva política, empezando por su política de seguridad pública7

De esta manera, el nuevo presidente supo ganarse, si no la fidelidad de la población y de los funcionarios públicos, por lo menos sus simpatías. De hecho, pudo celebrar su primer año de gestión con la construcción de un hospital súper moderno, así como realizar varios proyectos sociales apalancados por una fuerte campaña publicitaria. A la vez, pudo financiar el reclutamiento de miles de nuevos funcionarios en las áreas de salud o de seguridad y, sobre todo, aumentar la remuneración de varios sectores del gobierno. 

También logró implementar programas de alivio, como la entrega de un subsidio de 300 dólares a 1,5 millones de hogares considerados vulnerables o afectados por el desempleo (aproximadamente 75% de la población salvadoreña), así como el reparto de paquetes alimenticios, distribución de granos y enseres agrícolas para los agricultores o la oferta de créditos a bajo interés para las pequeñas y medianas empresas.

Pero los grandes beneficiarios de los fondos de la pandemia fueron ante todo la policía y los militares, o sea, los dos pilares sobre los cuales Bukele podía sostenerse para asentar su autoridad, a falta de apoyos significativos en el Congreso. Por lo que las fuerzas de seguridad no solo recibieron fondos considerables para el reclutamiento de nuevos efectivos y la compra de equipamientos modernos, sino que además obtuvieron «carta blanca» del nuevo mandatario para manejar «sus» asuntos. Así, el nuevo presidente no solamente prometió doblar los efectivos del Ejército en los próximos cinco años –pasando de 20.000 a 40.000– y extender sus facultades en materia de intervención interior, sino que, en septiembre de 2020, el mismo Bukele asumió la decisión de impedir el acceso a los archivos militares del juez del proceso penal encargado del caso de la masacre de El Mozote de 19818. De la misma manera, se esmeró en ganarse la lealtad de la Policía Nacional Civil y su jefatura a golpe de bonos, de seguros privados y de aumentos presupuestales, pero también encubriendo los atropellos de la institución y dejándola manejar el «problema de las pandillas» con una severidad al límite de la violación de los derechos humanos. Sobre la marcha, Bukele protegió a Osiris Luna, viceministro de Seguridad y director general de Centros Penales, sospechado de haber recibido sobornos por parte de una empresa mexicana de seguridad9. A cambio, la Policía se alineó tras el presidente y llegó incluso a desacatar órdenes de la Asamblea Legislativa u obstaculizar la investigación de la Fiscalía General en posibles casos de corrupción en el gobierno de Bukele10

Asegurados la lealtad de las fuerzas de seguridad y los nuevos financiamientos, el gobierno logró revertir en parte el desequilibrio que mantenía con la oposición. Sin embargo, la pandemia exacerbó peligrosamente las tendencias poco institucionales de Bukele. De hecho, la cuarentena nacional obligatoria otorgó poderes considerables a la Policía y al Ejército y reforzó a su vez los componentes autoritarios del gobierno. Pero el verdadero deslizamiento se dio por las contradicciones y el amateurismo del nuevo gobierno en su gestión de la crisis. Así, si bien Bukele había hecho de la lucha contra la corrupción su prioridad, a finales de 2020 la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (cicies) entregó a la Fiscalía General pruebas de numerosas irregularidades en los procesos de licitación pública o de compra de insumos médicos11. De la misma manera, por generosos e innovadores que fueran, los programas de alivio económico lanzados por el gobierno alcanzaron rápidamente sus límites y no lograron cubrir en su totalidad las necesidades de la población y de las empresas. Por ello, la cuarentena nacional implementada por el presidente –entre las más estrictas de la región– suscitó ciertas resistencias. Ante la multiplicación de desobediencias, la Policía reaccionó con exceso de violencia y arbitrariedad. Se encarceló a simples infractores del toque de queda en centros de detención o en hoteles de cuarentena donde la promiscuidad y las condiciones de atención precarias multiplicaban los riesgos de infección. De la misma manera, se prolongó fuera del límite legal el hacinamiento de viajeros puestos en cuarentena porque el Estado no tenía testeos o los recursos necesarios para asegurar su situación sanitaria12. Es decir que las propias limitaciones del gobierno lo llevaron a tomar actitudes cada vez más autoritarias. 

Bukele empezó entonces a sufrir revés tras revés. Primero, ante una prensa independiente que, atenta a la supuesta «intachabilidad» del nuevo mandatario, empezó a revelar sus contradicciones y sus incumplimientos, empezando por casos de corrupción. Luego, los golpes vinieron de la Sala de lo Constitucional, que invalidó uno tras uno los decretos antipandemia de Bukele por violar los derechos fundamentales de los ciudadanos13

Llamado por la Justicia a acatar sus resoluciones, Bukele prefirió encerrarse en un discurso populista que arremetió contra la prensa, los jueces y los universitarios. Cualquier voz crítica que reafirmaba la necesidad de respetar la formalidad del derecho era inmediatamente identificada como perteneciente a la oposición y rechazada del lado de aquellos a quienes llamaba confusamente «amigos del virus», «enemigos del pueblo» o simplemente «delincuentes»14. Pero pretendiendo encarnar al «Pueblo» y protegerlo de «sus enemigos», aunque estos fueran las propias instituciones del Estado, Bukele dio un vuelco a un discurso «provida», a través del cual se erigió en defensor de un principio aún más sagrado que la voluntad del pueblo: «la vida», y esto le permitió pisotear cualquier otro principio, ya fuera el interés público, los derechos individuales o la necesaria toma en consideración de las minorías… De tal manera que se elevó en una posición tutelar y no poco paternalista, que pretendía velar por los intereses del pueblo a pesar del pueblo mismo. Era imposible que esta actitud no suscitara el rechazo de una parte de la población.

El problema es que, en lugar de frenar a Bukele, ese mismo rechazo lo arrinconó cada vez más en su certeza autoritaria. Así se formó un círculo vicioso que lo llevó a romper en varias ocasiones con la legalidad. Se rehusó, por ejemplo, a aplicar las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia que le exigían poner en libertad a los detenidos por infracción a la cuarentena. También dirigió varios ataques contra periódicos de investigación y periodistas independientes, quienes han sufrido exclusiones de las conferencias de prensa de Casa Presidencial, acusaciones de lavado de dinero y evasión fiscal, y hasta hostigamientos, intimidaciones o agresiones físicas15

Es decir que la pandemia le permitió a Bukele no solo asentar las bases de su poder, sino también encontrar un estilo personal de gobernar que mezcla «reflejos vanguardistas» y «tentación autoritaria». Estos rasgos del bukelismo no serían tan preocupantes si no hubiera encontrado una manera de institucionalizarse tras la victoria arrasadora del oficialismo en las últimas elecciones legislativas de marzo de 2021.

La institucionalización del bukelismo

El 1 de marzo de 2021, Bukele y su partido, Nuevas Ideas, obtuvieron una contundente victoria electoral que les otorgó la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, con 56 diputados sobre 84. Aun sin contar con sus aliados de gana, el partido presidencial dispone ahora de todas las latitudes para cambiar en profundidad la institucionalidad del país16. En lo esencial, Bukele está convencido de que el mal desarrollo de El Salvador es el resultado de la corrupción de los partidos nacidos de la guerra civil, que se incrustó hace 30 años en las instituciones del Estado, y por lo tanto, ahora que tiene las manos libres, se lanzó al desmantelamiento de las instituciones heredadas de los Acuerdos de Paz de 1992. El primer acto de este desmantelamiento ha sido la destitución de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general de la República, el primer día de sesión de la nueva Asamblea. Pasando por alto los procedimientos legales y constitucionales para deponer y reemplazar a estos funcionarios, la Asamblea nombró inmediatamente a un nuevo fiscal y a nuevos magistrados afines al partido presidencial, los cuales fueron escoltados por la Policía hacia sus nuevos puestos después de que esta allanara las instalaciones de la Corte Suprema y de la Fiscalía17. Leal al presidente, el nuevo fiscal lanzó una campaña de lucha contra la corrupción, no sin que antes la Asamblea otorgara inmunidad a los funcionarios del Ministerio de Salud por compras durante la pandemia y que la sección de probidad de la Corte Suprema dejara de investigar el patrimonio de los nuevos funcionarios de Bukele. Así, la campaña anticorrupción se redujo de hecho a una auditoría de los mandatos pasados de la oposición. 

En paralelo, el gobierno tomó medidas para descartar de las instituciones a cualquier actor exterior que no le sea leal. Así, la nueva Asamblea aprobó un pliego de reformas a leyes constituyentes de instituciones autónomas y descentralizadas de gobierno, con el fin de retirar la facultad exclusiva a los empresarios agremiados en la Asociación Nacional de la Empresa Privada (anep) de colocar representantes en las juntas directivas de estas entidades estatales. De la misma manera, el presidente Bukele rompió el acuerdo que tenía con la Organización de Estados Americanos (oea) que dio origen a una comisión internacional contra la corrupción, la cicies, para investigar irregularidades en las gestiones gubernamentales pasadas y presentes, después de que la Comisión hubiera denunciado ante la Fiscalía varios casos de posible corrupción del nuevo gobierno. 

Es decir que, asegurado de su mayoría, Bukele emprendió la tarea de reformatear las instituciones del país para debilitarlas o achicarlas, comenzando por recortar sus presupuestos. Así procedió inmediatamente con instituciones fiscalizadoras como el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Corte de Cuentas y la Procuraduría de Derechos Humanos18. A la par, promulgó reformas legislativas que concentraron los poderes de las secretarías y entidades autónomas del Estado en las únicas manos de los administrativos nombrados por él19. También, desde 2020, dejó de transferir 10% del presupuesto de la nación destinado a las municipalidades del país –muchas de ellas gobernadas entonces por la oposición– para reducir este monto a 6%, del cual 75% será únicamente entregado en «obras» sobre la base de proyectos aprobados por una nueva Dirección Nacional de Obras Municipales controlada por la Presidencia20. De esta manera, recentralizando el poder y los recursos, Bukele ha iniciado un trabajo paulatino de debilitamiento de las instituciones del Estado; trabajo que ha ido de la mano de la creación de estructuras paralelas de decisión que responden únicamente a su persona y se imponen sobre el resto de los ministros o secretarios presidenciales. El primero de estos círculos está compuesto por los hermanos del presidente, quienes, a pesar de no tener oficialmente ningún puesto público, operan como negociadores, emisarios y principales estrategas del gobierno de Nayib21. Verdadero clan familiar que tiene una influencia considerable sobre su hermano, los Bukele no solo llegaron a reclutar a algunos de los altos funcionarios del gobierno, sino que negocian y pactan en nombre del presidente con todo tipo de actores, desde la oposición legislativa hasta los grandes empresarios del país o algunas potencias extranjeras; esto sin que jamás se pueda rastrear este «trabajo entre bastidores» por no implicar ningún tipo de gasto público. 

Abajo de este clan familiar se encuentra otro gabinete ad hoc, compuesto por una decena de venezolanos, asesores extraoficiales también sin cargos formales –la mayoría de ellos ligados al gobierno «interino» de Juan Guaidó y a la dirigencia del partido Voluntad Popular–, los cuales hacen el enlace entre los hermanos Bukele, el partido dirigido por un primo de la familia y los ministros y secretarios. No solamente controlan la comunicación y la propaganda de todo el gobierno, sino que además bajan lineamientos, dan órdenes y diseñan los programas del gobierno, como el Plan Control Territorial o el Programa de Emergencia Sanitaria22

Es decir que, a la vez que debilita las instituciones del Estado, Bukele reinstitucionaliza una estructura personal de decisión compuesta de familiares y allegados, varios de ellos extranjeros, una de cuyas «virtudes» es estar completamente desarraigados del juego político salvadoreño y de sus protagonistas tradicionales; una desconexión de la esfera de decisión y de poder que se tradujo, por ejemplo, en la adopción por la Asamblea Legislativa, sin debate alguno, de una ley de reforma monetaria que confirió al bitcoin el estatus de moneda de curso legal y «obligatoria» en un país donde solo 57% de la población tiene acceso a internet23. Esta reforma, que se quiere el primer paso hacia la creación de una moneda virtual nacional y una futura «digitalización» del Estado salvadoreño, no se puede entender sin la intervención personal de los hermanos Bukele, jóvenes empresarios convertidos a la economía financiera y virtual, quienes negocian con las grandes empresas del sector y proponen usar el Estado y sus recursos para respaldar sus ambiciones de liderar una de las primeras economías digitalizadas del mundo24. Pero tampoco se puede entender sin ver en ello la huella de los asesores venezolanos de Bukele, quienes tejen indudablemente un puente entre El Salvador, la diáspora venezolana y Venezuela, cuya economía se ha transnacionalizado, digitalizado e inclinado cada vez más hacia la «minería» de bitcoins.

En conclusión, y retomando conceptos de Alain Touraine, la institucionalización del bukelismo no solamente reemplaza la institucionalidad del país por un organigrama personal a mano del presidente, sino que acentúa en exceso la desarticulación de la sociedad salvadoreña, y con ello, sus contradicciones25. Por ejemplo, abrir la economía al bitcoin no bastará para atraer inversionistas y crear empleos si no se diseña un plan de inversión millonario para que la juventud salvadoreña salga del sistema educativo con diplomas universitarios y técnicos de calidad en economía, informática o idiomas. De la misma manera, bajar las tasas de homicidios del país y así atraer a inversionistas extranjeros no bastará para dinamizar la economía nacional si no se detiene la extorsión que sofoca el tejido de empresas pequeñas y microempresas del país. Podríamos alargar la lista de evidentes contradicciones del bukelismo. El riesgo no es solamente ver alejarse una economía y un Estado cada vez más internacionalizados mientras la sociedad queda atrapada en desafíos locales muchas veces muy básicos; es también que el choque del bukelismo con las inercias de la sociedad lo hunda cada vez más en un populismo autoritario, o lo convenza de que la solución se encuentra en la liquidación total del «viejo régimen» gracias a la reescritura de una Constitución a su medida.

  • 1.

Una consejera municipal de la ciudad de San Salvador acudió al Tribunal de Ética del FMLN y acusó a Bukele de haberle dicho «bruja» y de haberle arrojado una manzana a la cara. Ver Jonathan Laguan y Cristian Meléndez: «Nayib Bukele, expulsado del fmln por estas razones» en La Prensa Gráfica, 10/10/2017; Sebastián Escalón: «¿Quién es Bukele, el presidente electo milenial y pro cicig de El Salvador?» en Nómada, 25/2/2019.

  • 2.

Eugenia Velázquez: «Secretarías creadas por Bukele sin base legal ni fondos» en El Diario de Hoy, 20/6/2019.

  • 3.

Denni Portillo y Laura Flores: «El Salvador: Ejecutivo pagará casi $200 millones más en salarios que en 2019» en El Economista, 21/12/2020; Yolanda Magaña: «Planilla estatal crecerá $124 millones y 9.363 plazas el próximo año» en Diario El Mundo, 13/10/2020.

  • 4.

Jimmy Alvarado: «El préstamo del bcie, un paso más en la militarización de la seguridad pública de Bukele» en El Faro, 8/3/2020.

  • 5.
  1. Alvarado: «Bukele ya gastó $2 millones de la billetera secreta de la Presidencia» en El Faro, 4/9/2019.
  • 6.

Para un análisis del papel de la teatralización del poder en América latina, v. Danilo Martuccelli: ¿Existen individuos en el sur?, LOM, Santiago de Chile, 2010.

  • 7.

FUSADES: «Impacto del covid-19 en la liquidez del gobierno» en Análisis Económico No 53, 9/2020.

  • 8.

José Miguel Vivanco: «Con el respaldo de Bukele, el Ejército bloquea una investigación sobre la masacre de El Mozote» en Los Angeles Times en español, 9/11/2020.

  • 9.

Sergio Arauz: «Empresa mexicana de seguridad pagó el viaje de Osiris Luna» en El Faro, 3/2/2020.

  • 10.

Gabriela Cáceres: «El día en que la Policía obstaculizó la investigación del Fiscal contra el Gobierno Bukele» en El Faro, 11/11/2020; Gabriel Labrador: «Director de la PNC es absuelto y juez le advierte que ‘no estamos en una monarquía’» en El Faro, 23/12/2020.

  • 11.

«Investigan en El Salvador 17 casos de supuestas compras irregulares por covid» en Agencia EFE, 13/11/2020.

  • 12.

Lissette Monterrosa: «Con gritos de desesperación y carteles, personas que ya cumplieron su cuarentena piden regresar a sus hogares» en Elsalvador.com, 17/4/2020.

  • 13.

Daniel Miranda: «Nayib Bukele: ‘El Estado soy yo’. ¿Hasta dónde impondrá su agenda autoritaria?» en Envío No 468, 3/2021.

  • 14.

Ibíd.

  • 15.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): «Resolución 12/2021. Medidas cautelares Nº 1051-20. 34 miembros identificados del Periódico Digital El Faro respecto de El Salvador», 4/2/2021; Nelson Rauda y Gabriel Labrador: «El Estado sin respuestas ante la CIDH por ataques a periodistas» en El Faro, 3/12/2020.

  • 16.

Para una lista de las decisiones al alcance de Bukele desde marzo de 2021, v. J. Alvarado y S. Arauz: «Todas las decisiones legislativas estarán al alcance de Bukele» en El Faro, 1/3/2021.

  • 17.

Fernando Romero, Bryan Avelar, Loida Avelar y Gerson Vichez: «La Asamblea de Bukele se toma la Corte Suprema y la Fiscalía» en Revista Factum, 2/5/2021; G. Vichez: «Asamblea estrena coreografía para elegir magistrados» en Revista Factum, 30/6/2021.

  • 18.
  1. Portillo: «¿Qué dice y qué no dice el decreto del presupuesto 2021?» en El Economista, 30/12/2020.
  • 19.

Beatriz Benítez: «Bukele pide ocultar las declaraciones patrimoniales y propone otras 12 reformas en contra de la transparencia» en El Gato Encerrado, 13/7/2021.

  • 20.

Yolanda Magaña: «Bukele anuncia recorte del Fodes y dice ‘ya no se entregará en efectivo’» en Diario El Mundo, 7/4/2021.

  • 21.

Para una descripción exhaustiva del círculo de poder familiar que rodea a Bukele, v. el artículo de J. Alvarado, G. Labrador y S. Arauz: «El clan Bukele que gobierna con Nayib» en El Faro, 7/6/2020.

  • 22.

Estos elementos han sido detallados en J. Alvarado: «El gabinete oculto de venezolanos que gobierna con Bukele y su familia» en El Faro, 6/6/2021.

  • 23.
  1. Rauda y Roman Gressier: «Asamblea aprobó en solo cinco horas la Ley Bitcoin que Bukele había anunciado tres días antes» en El Faro, 10/6/2021; José Barrera: «El Salvador alcanzó los 3,8 millones de usuarios de internet en 2020» en Diario El Mundo, 8/2/2021.
  • 24.

Para más detalles de esta confusión de intereses y proyectos, v. S. Arauz, N. Rauda y R. Gressier: «Bukele y sus hermanos planean emitir colones digitales» en El Faro, 16/6/2021.

  • 25.
  1. Touraine: Las sociedades dependientes, Siglo Veintiuno, Ciudad de México, 1978.
Publicado enInternacional
Fuentes: Nacla [Foto: fieles en el Tabernáculo Bíblico Bautista de los Amigos de Israel en El Salvador (BBC World Service, Flickr)]

El politólogo Javier Corrales llegó a decir en el 2018 que la alianza entre las iglesias evangélicas y los partidos conservadores en América Latina eran el “matrimonio perfecto” (1). No obstante, parece que pronto vendrá el divorcio, ya que un nuevo e intrigante pretendiente ha entrado en escena: la izquierda.

Muchos políticos de izquierda han intentado aliarse con las iglesias, los líderes y los partidos políticos evangélicos en los últimos años. Por ejemplo, tanto Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como su partido MORENA se aliaron con el Partido Encuentro Social (PES), de carácter evangélico, para llegar al poder en las elecciones mexicanas del 2018. Maduro también cortejó a varios líderes evangélicos durante las elecciones venezolanas del 2020, hasta el punto de que les prometió conmemorar el “Día del Pastor”, crear una universidad evangélica y donar miles de instrumentos musicales a sus iglesias (2). Ahora le ha tocado el turno a Gustavo Petro, candidato a la presidencia de Colombia y exguerrillero, que ha recibido el apoyo de Alfredo Saade (un líder evangélico de la costa caribeña) con quien pactó una alianza el 15 de septiembre (3). El movimiento de Saade, Levántate, está compuesto por más de 400 pastores evangélicos.

Aunque pueda parecer sorprendente, lo cierto es que esta clase de alianzas ya han existido en el pasado, especialmente si tenemos en cuenta que los partidos conservadores en América Latina siempre han tenido fuertes lazos con la Iglesia católica. Es por esa razón que históricamente los lideres protestantes siempre han estado del lado de los partidos liberales e incluso han apoyado gobiernos revolucionarios, ya que el objetivo de todos estos movimientos siempre ha sido el mismo: disminuir la influencia social de la Iglesia católica. Entre 1979 y 1990 la población evangélica creció del 5% al 15% durante el gobierno sandinista en Nicaragua gracias a las tensiones entre el gobierno revolucionario y la Iglesia católica a raíz de los cargos políticos que ocuparían ciertos sacerdotes (4). Los evangélicos se inclinaban mucho más que los católicos a votar por la reelección de Daniel Ortega y, de hecho, varios de sus lideres expresaron su apoyo a los dirigentes del FSLN (5). Además, los movimientos evangélicos apoyaron la nueva constitución venezolana que promocionó Hugo Chávez en 1999, ya que esta ampliaba las libertades religiosas mientras que los católicos la atacaron por considerar que promovía el aborto (6).

Sin embargo, ha habido momentos en que a los evangélicos les ha parecido más conveniente aliarse con la derecha. Por ejemplo, en el Chile de Augusto Pinochet, donde la Iglesia católica participó activamente en la resistencia en contra de la dictadura, los evangélicos se apresuraron a apoyarla con la esperanza de que les otorgaran la plena igualdad religiosa con los católicos (7). Todos estos hechos nos llevan a concluir que la participación evangélica en la política latinoamericana esta caracterizada antes que nada por el pragmatismo, aliándose tanto con la izquierda como con la derecha dependiendo del momento histórico (8).

El crecimiento de las iglesias evangélica en la región implica que su participación en la política aumentará con el tiempo, aunque su intensidad varia de país en país (9). Incluso en Colombia, donde los grupos no católicos siempre han sido marginados, se estima que el 19,5% de la población nacional se identifica como evangélica o pentecostal (10).

No obstante, es imposible afirmar que las iglesias evangélicas estén unidas como un todo, por lo que el actual panorama político es un reflejo del panorama religioso. Existen muchos grupos, divisiones y competencias entre ellos debido a la falta de una estructura unitaria más amplia. Ahora bien, es precisamente esta fragmentación la que explica el rápido crecimiento de su fe, ya que cualquiera con una vocación divina puede crear su propia iglesia, pero tiene la contrapartida de inhibir la acción política conjunta. Por ejemplo, a principios de la década de 1990 los evangélicos apenas representaban el 10% de la población colombiana y entonces existían cuatro partidos evangélicos que competían entre sí. El partido político de Saade compite con otros dos: MIRA y Colombia Justa Libre.

De todos modos, las iglesias evangélicas pueden ser valiosos aliados electorales a pesar de su incapacidad de crear una plataforma unificada. Esto último se aplica especialmente a megaiglesias y organizaciones religiosas que cuentan con múltiples sedes y que tienen decenas o cientos de miles de seguidores, además del acceso que poseen a muchos recursos y el amplio uso que hacen de los medios de comunicación. Uno de los activos que pueden poner a disposición de las campañas políticas son sus enormes centros de reunión, sin hablar de los canales de televisión y radio. Todo ello puede convertir fácilmente el capital religioso en capital político, aunque estos dos ámbitos no siempre se superponen (11).

Sin embargo, esta traducción de fieles en votantes tiene cierto peso en las urnas y ha ayudado a varios líderes evangélicos a conseguir escaños en ayuntamientos, legislaturas estatales y congresos nacionales. En cuanto a las elecciones presidenciales, los evangélicos han sido más bien socios de coalición importantes y no tanto candidatos autónomos, siendo Fabricio Alvarado, del evangélico Partido de Restauración Nacional, una excepción: llegó a quedar de segundo en las elecciones presidenciales de Costa Rica de 2018. Es importante tener presente que las elecciones muchas veces se deciden por márgenes muy estrechos en gran parte de América Latina y es por eso que el capital político que pueden reunir mega-iglesias evangélicas y organizaciones religiosas tiene un peso descomunal a la hora de hacer reyes.

Las elecciones presidenciales colombianas del 2018 pusieron de manifiesto esta tendencia, ya que el candidato del Centro Democrático, Iván Duque, derrotó a Petro por 2,3 millones de votos y obtuvo un total de 10,3 millones de votos. La clave de la victoria de Duque fueron los partidos evangélicos MIRA y Colombia Justa Libres, que al parecer le aportaron al menos un millón de los votos (12).

Es muy probable que Petro aprendiera de esta derrota y esa sea la razón por la que se apresuró a buscar el apoyo de los evangélicos para su candidatura presidencial del 2022. Petro lanzó su campaña presidencial en la ciudad caribeña de Barranquilla haciendo referencia a Jesús y a los santos, además de acusar a la derecha de hacer “tratos con el diablo” (13). Poco después, se dio a conocer que el líder evangélico Saade había organizado el evento con la intención de apoyar públicamente la candidatura de Petro.

Esta alianza de Petro con los evangélicos en la densamente poblada Costa Caribe colombiana tiene mucho sentido, ya que después de la capital y el departamento de Antioquia, es la zona más poblada del país. Por otra parte, la región Caribe cuenta con la mayor concentración de evangélicos en el país, ya que el 25,4 por ciento de la población se declara seguir esta denominación, lo que da un total de 2,25 millones de ciudadanos, por lo que las iglesias evangélicas de esta región podrían proporcionar un número considerable de votos. Saade aspira a conseguir 1,5 millones de ellos.

Muchos de los grupos evangélicos de Latinoamérica han sido capaces de ampliar su influencia social debido a su participación en la política. Un caso típico es Brasil, donde los evangélicos se han presentado a las elecciones bajo distintas candidaturas, incluido al izquierdista Partido dos Trabalhadores (PT) (14), con la intención de legislar exenciones fiscales para sus respectivas iglesias, además de modificar las leyes de radiodifusión para poder alcanzar un público más amplio, conseguir financiación estatal para sus servicios religiosos haciéndolos pasar por eventos culturales y hacerse con ciertas propiedades para construir iglesias. Los pastores brasileños buscan obtener cargos electorales porque es precisamente el Congreso el que controla los derechos de difusión, así que estar en el Congreso garantiza la “televangelización”.

Esto también se aplica al PSE mexicano que se benefició bastante de su alianza con MORENA: dejo de ser un partido marginal y se convirtió en la cuarta facción más importante de la legislatura nacional (15). AMLO, a diferencia de los otros presidentes mexicanos que se apoyaron en grupos católicos, abrió las puertas del poder a los evangélicos al ampliar su acceso a los medios de comunicación, las empresas y los bienes inmuebles. Las organizaciones religiosas evangélicas se unieron a la Secretaría de Gobierno que promueve la “Cuarta Transformación” (4T) (16) y que tienen como objetivo “reparar el tejido social de México”. AMLO propuso darle concesiones en materia de radiodifusión a estos grupos religiosos con el argumento de “fortalecer los valores” y reclutó a varias de estas iglesias para difundir un libro publicado por el gobierno sobre moral y ciudadanía. Por su parte, la Fraternidad Nacional de Iglesias Evangélicas anunció en diciembre del 2020 que había conseguido inscribir a 7.000 estudiantes al programa federal de becas con la intención de proporcionarles no solo instrucción técnica y empleos, sino también formarlos en los preceptos del Evangelio (17). Para esto, los evangélicos reclutaron estudiantes en todas las latitudes del país.

Así que la alianza entre Saade y Petro, que resulta novedosa para la política colombiana, no hace sino continuar un mismo patrón regional. Saade ha retirado recientemente su apoyo a la campaña de Petro diciendo que el candidato presidencial no tomó en cuenta muchos de sus puntos (18). Sin embargo, este breve coqueteo político resulta revelador. Una fuente anónima de la campaña de Petro también ha dicho que en el futuro podrían hacerse alianzas similares con otros grupos evangélicos.

Petro es el candidato presidencial con mayor intención de voto para las elecciones del 2022 según las encuestas (19) y eso a pesar de que la intención de voto por su candidatura ha caído del 21% en junio al 17% en septiembre, mientras que las encuestas revelan que la intención de voto por los candidatos de derecha, con los que se podría esperar que los evangélicos tuvieran mayor afinidad ideológica, es sustancialmente menor.

Si Petro gana, ¿qué implicaciones tendrá su triunfo para los evangélicos colombianos? Es probable que siga el mismo camino que AMLO y fortalezca sus vínculos con los grupos evangélicos, especialmente si tenemos en cuenta la abierta hostilidad que muestra la Iglesia Católica hacia él (20). El apoyo de las organizaciones evangélicas a la campaña de Petro podría traducirse en una mayor influencia en las decisiones gubernamentales y en la implementación de ciertas políticas sociales. Pero como muy bien ilustra el caso mexicano, esta alianza no implica el triunfo de la “agenda moral” de los evangélicos que se expresa sobre todo en la prohibición del aborto y los derechos LGBTQ (21). Y ya que la agenda progresista de Petro se ha caracterizado por su promoción de los derechos LGBTQ (22), esto implica que los evangélicos muy probablemente no serán capaces de imponer su visión de la moral social.

Si Petro gana las elecciones presidenciales en Colombia, esta clase de alianzas entre la izquierda y los evangélicos podrían ser cada vez más comunes en toda América Latina. Y aunque esto no suceda, es probable que comiencen a producirse giros políticos y grandes transformaciones en las comunidades evangélicas de toda la región, ya que su número y participación en la política no hará sino aumentar.

Por Radha Sarkar | 20/10/2021


Traducido del inglés por Juan Gabriel Caro Rivera

Notas:

  1. https://www.nytimes.com/2018/01/17/opinion/evangelicals-politics-latin-america.html
  2. https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/maduro-busca-el-apoyo-de-los-evangelicos-en-venezuela-461016
  3. https://www.semana.com/nacion/articulo/quien-es-alfredo-saade-el-cristiano-que-apoya-a-gustavo-petro/202108/
  4. https://books.google.com.co/books?hl=en&lr=&id=2u1ADgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT9&dq=paul+freston+2004+protestant+political+parties&ots=5mATKy97z2&sig=VDdOqSyfkYXm0Bs2EmrUZDhCCSU&redir_esc=y#v=onepage&q=paul%20freston%202004%20protestant%20political%20parties&f=false
  5. https://www.jstor.org/stable/1387860?casa_token=Buemx_T8iwUAAAAA%3A15Tebn3e4zepqgYrxlYjQrufANU7ue2aOHh1-rIUp2zhm5OB13uAqMlm9Q9_38ljdLOdISPpFWeG1bP7x5qF1jmYN7rwS55kOaavUyQiMpQMbZnGrw
  6. https://books.google.com.co/books?hl=en&lr=&id=2u1ADgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT9&dq=paul+freston+2004+protestant+political+parties&ots=5mATKy97z2&sig=VDdOqSyfkYXm0Bs2EmrUZDhCCSU&redir_esc=y#v=onepage&q=paul%20freston%202004%20protestant%20political%20parties&f=false
  7. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780429498077-6/chilean-pentecostalism-coming-age-edward-cleary-juan-sep%C3%BAlveda
  8. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43706779
  9. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43706779
  10. https://www.svenskakyrkan.se/filer/34555608-8b30-4aec-9d33-2c0511345e65.pdf
  11. http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0121-56122017000300187&script=sci_abstract&tlng=pt
  12. https://nacla.org/alliances-leftists-and-evangelicals-latin-america
  13. https://www.elespectador.com/politica/criticas-al-pacto-historico-por-recibir-apoyo-de-sector-cristiano/
  14. https://moe.org.co/wp-content/uploads/2019/04/Libro_ReligionYPolitica_WEB-2.pdf
  15. https://nacla.org/news/2020/02/10/Church-and-State-AMLO-Mexico
  16. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45712329
  17. https://www.proceso.com.mx/nacional/2019/12/5/evangelicos-consiguen-siete-mil-becas-para-jovenes-los-moralizan-con-la-biblia-cartilla-de-amlo-235367.html
  18. https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/gustavo-petro-sin-el-apoyo-del-lider-cristiano-alfredo-saade-623096
  19. https://www.semana.com/nacion/articulo/petro-lidera-la-intencion-de-voto-pero-sigue-cayendo-en-las-encuestas-gran-estudio-electoral-de-semana/202118/
  20. https://www.elcatolicismo.com.co/editorial/la-iglesia-en-un-gobierno-de-petro
  21. https://politica.expansion.mx/mexico/2021/09/20/morena-va-por-aborto-seguro-martha-micher
  22. https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12162143
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Spencer Tunick se une al rescate del Mar Muerto

Unas 300 personas desnudas, pintadas de blanco, participaron en el proyecto del fotógrafo estadunidense en una zona desértica cerca del lago salado, en Arad, Israel. La reducción paulatina del Mar Muerto se ha agravado debido a que este último país y Jordania han usado el agua para la agricultura o como bebida, a lo que se agrega la acelerada evaporación por el cambio climático. Dijo que usó ese tono en los modelos para evocar la historia bíblica de la esposa de Lot, quien se convirtió en estatua de sal. Foto Afp. Agencias

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Raúl Zibechi

 

El escritor y periodista uruguayo explicó en Valéncia los elementos fundamentales que los "pueblos y sociedades en movimiento” ponen en marcha para generar alternativas de vida digna.

 

El domingo 10 de octubre, Raúl Zibechi, periodista uruguayo, pensador y una de las referencias más importantes en el estudio de los movimientos sociales anticapitalistas de América Latina, realizó ante varias decenas de personas, el conversatorio Tiempos de Colapso en el Centro Social La Llavor de Torrent. Invitado por la Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social (Baladre), presentó lo que considera los elementos fundamentales que los “pueblos y sociedades en movimiento” ponen en marcha para generar alternativas de vida digna ante el actual colapso global.

Durante su intervención, Zibechi realizó un repaso de algunos de los movimientos autónomos más importantes en el continente americano en la actualidad, como el de la Minga indígena, popular y negra de Colombia; o los movimientos populares del Brasil, señalando alternativas y formas de operar que difieren de lo que los movimientos de izquierda y las guerrillas latinoamericanas planteaban como mecanismos de transformación en el siglo XX o incluso hasta la fecha. Zibechi, doctor honoris causa por la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia, prefiere referirse a “pueblos y sociedades en movimiento” en contraposición a la conceptualización occidental de “movimientos sociales” menos arraigados a formas comunitarias y al territorio.

Explicó que en la actualidad, los movimientos que superan la prueba del tiempo y son capaces de crear “otros mundos en los que se vive en dignidad”, son aquellos que trabajan al interior de sus comunidades, pero que también “se esfuerzan por abrirse a otras luchas más allá de su área de acción, para fortalecerse y seguir aprendiendo”. Un buen ejemplo sería la actual Gira por la Vida de las zapatistas por Europa. En las cuales el sujeto político son principalmente mujeres indígenas y niñas. Ya no se trata del típico varón blanco de clase media. La gira zapatista está pensada no para los grandes eventos, sino para pequeñas reuniones, íntimas, en las que los grupos de Escucha y Palabra puedan realmente conocer a las personas de la Europa de “abajo y a la izquierda”, a la “Europa Insumisa” que lucha. Lo interesante es que el neozapatismo viene realizando desde hace más de dos décadas encuentros internacionales para abrirse a otras luchas, siempre dejando claro que no son vanguardia, que no vienen a dar recetas y que de lo que se trata es que “cada quién a su modo” resista.

El uruguayo señaló que de las zapatistas de México y del movimiento de Cajamarca de Perú aprendió, a diferencia de “la propuesta tradicional de la toma del poder, que la lucha no termina nunca y que debe de crearse siempre desde abajo”. Para el estudioso, los pueblos en movimiento han clausurado la vieja táctica de la izquierda revolucionaria de tomar el poder y transformar las cosas desde arriba. En cambio, los pueblos, con la paciencia de un caracol van construyendo entre todas y todos una nueva realidad en la que el poder es dispersado. El zapatismo claramente, pero en general los pueblos en movimiento, no defienden la “lógica de la guerra” de la tradición occidental, más bien se centran en la “construcción de la vida”.

Otro de los elementos novedosos señalados por el periodista es “la fiesta, la alegría, el gozoso compartir” que forman parte importante de lo cotidiano en los nuevos movimientos alternativos y que permite, por ejemplo, sobrellevar la simple monotonía o incluso contextos de violencia muy arraigados. Se trata de lo que el zapatismo denomina la “alegre rebeldía” o cuando el movimiento feminista recuerda la épica frase de la anarquista lituana Emma Goldman “si no puedo bailar, no es mi revolución”. Las sociedades en movimiento, se organizan, cumplen su palabra, practican un fuerte compromiso ético, pero también otorgan un tiempo importante a la fiesta, al compartir.

Finalmente, el autor de Los arroyos cuando bajan (Zambra-Baladre, 2019) sobre el neozapatismo, se centró en lo que considera el corazón de las propuestas alternativas de los pueblos en movimiento. Se trata de un nuevo entendimiento de lo que es la comunidad. “Ante el colapso una nueva forma de relaciones comunitarias son necesarias”. Tradicionalmente, apuntó, “la comunidad se ha entendido como un espacio estable, una institución, en la que los hombres trabajan la tierra”. Pero explicó que este sentido ha sido trascendido en la práctica incorporando nuevas propuestas, como las del movimiento feminista “centradas en los vínculos relacionales, la participación real de las mujeres, los cuidados, la medicina local y la educación”. Señaló que los nuevos movimientos han de comportarse como “arcas que sirvan para substituir el diluvio”. Es decir, los pueblos en movimiento han generado una nueva cultura política, basada en la confianza de los vínculos sociales, que nos pueden servir de faro y concluyó a este respecto que “somos nosotras, los colectivos, los pueblos, las que tenemos la posibilidad de reconstruir la sociedad en colapso”.

Al terminar la ponencia, las y los asistentes se reunieron en pequeños grupos para pensar entre todas en estrategias para fortalecer las alternativas ante el colapso global. Una de las reflexiones que más afloraron fue la necesidad de los cuidados y la fiesta al interior de los movimientos. Se evidenció que las “militancias, cuyo nombre ya nos dice mucho” muchas veces repiten esquemas capitalistas, dejando la relación comunitaria para otros espacios. Por último, las y los asistentes unieron sus manos formando un caracol humano, para pasar finalmente a compartir una paella preparada por las organizadoras del evento.

13 oct 2021 18:43

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El Premio Nobel de Física, "espaldarazo" al estudio de los sistemas complejos: expertos de la UNAM

El Premio Nobel de Física 2021 otorgado al científico japonés Syukuro Manabe, al alemán Klaus Hasselmann y al italiano Giorgio Parisi, muestra que ya existe un consenso mundial acerca de la importancia de la ciencia detrás del calentamiento global, además de que es un "espaldarazo" muy relevante para todo el campo de sistemas complejos, afirmaron investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Los especialistas, integrantes del Departamento de Sistemas Complejos del Instituto de Física, ofrecieron una conferencia a distancia. Gerardo García Naumis expuso que a pesar de que hay políticos y personas como Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos, que opinan que no existe el calentamiento global debido a sus causas humanas, el Comité del Nobel consideró que hay un consenso mundial entre científicos para reconocer su existencia.

"Ahí están los resultados científicos, ahí están las predicciones", destacó García Naumis. Al mismo tiempo, insistió en que, pese a ello, "parece que la gente que toma las decisiones no lo comprende". Indicó que los efectos del calentamiento global ya se están observando y, aunque es necesario que se tome "muy serio esto a nivel político y económico", a veces se anteponen otras prioridades.

Además, sostuvo, lo anterior se relaciona con una crisis energética. "Al mismo tiempo, vemos que, por un lado tenemos la paradoja de que los combustibles fósiles son no renovables y, por el otro, emitimos todas estas concentraciones de gases invernadero mediante ellos".

Los especialistas García Naumis, Denis Pierre Boyer y José Luis Mateos Trigos resaltaron que en México hay grupos muy relevantes que trabajan en las áreas que se reconocieron con el Premio Nobel de Física, como el Departamento de Sistemas Complejos, " un parteaguas y uno de los pioneros" a escala nacional e internacional, el Centro de las Ciencias de la Complejidad y el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM.

Al respecto, Mateos Trigos señaló que si bien esa casa de estudios "va por buen camino", es importante "tener más apoyo para este gran campo que tiene que ver no sólo con el clima, sino con la salud, las pandemias".

El Premio Nobel de Física 2021 se otorgó a Syukuro Manabe y Klaus Hasselmann por el modelado físico del clima que permite predecir de forma confiable el calentamiento global, y a Giorgio Parisi por descubrir la interacción del caos y las fluctuaciones en los sistemas físicos.

 

Lunes, 04 Octubre 2021 05:53

A color

A color

Para un país fundado sobre la exterminación de los indígenas y la explotación de esclavos africanos y después inmigrantes para su desarrollo económico, el color sigue siendo factor determinante para explicar su presente.

Hoy día los defensores de un pasado definido por la hegemonía blanca tienen razón en estar alarmados. Según cifras recientes del Buró del Censo de Estados Unidos, el país se diversificó de manera significativa esta última década con todo crecimiento en población conformado completamente por latinos, asiáticos, afroestadunidenses y los que se identifican como de más de una raza. Más aún, la población blanca por primera vez se redujo durante esta última década. De acuerdo con el censo, el número de los que se identifican como blancos se desplomó en 8.6 por ciento, a sólo 58 por ciento de la población. Demógrafos calculan que aproximadamente para 2045 los blancos serán una minoría más en Estados Unidos.

A la vez, a pesar de conquistas y reformas logradas por luchas sociales, el racismo no ha sido superado, de hecho, algunos argumentan que la justicia racial ha retrocedido en años recientes. Proclamaciones políticas sobre la igualdad racial son contestadas por datos nada ambiguos: los afroestadunidenses son el grupo más grande de los encarcelados (33 por ciento, casi triple del 12 por ciento que representan en la demografía nacional); uno de cada tres hombres afroestadunidenses nacidos en 2001 será encarcelado por un tiempo durante su vida; uno de cada mil hombres y jóvenes negros morirán a manos de la policía; uno de cada tres niños negros viven en la pobreza, ocho de cada 10 adultos negros con algún nivel de estudio universitario reportan haber sido víctima de discriminacion racial. Para los latinos, los datos son sólo un poco menos terribles.

En casi cualquier rubro socioeconómico, los afroestadunidenses, latinos e indígenas están, como siempre, muy por debajo de todos los demás. Y el racismo sigue siendo una de las principales herramientas de políticos para dividir a los trabajadores.

Más aún, no se puede entender el debate sobre migración –ahora y a lo largo de la historia del país– sin el lente de raza. Es casi imposible recordar noticias sobre redadas, arrestos masivos, detenidos y deportados de migrantes blancos, y eso que existen, por supuesto (6 por ciento provienen de Europa y Canadá, según el Migration Policy Institute).

Más de 44 millones de residentes en Estados Unidos nacieron en otro país, el número más alto de inmigrantes en cualquier nación del mundo, según Pew Research Center. Pero los inmigrantes indocumentados de hoy, sobre todo latinos y otros de "color", padecen de un trato dramáticamente diferente al que recibieron la mayoría de los millones de inmigrantes blancos que ingresaron sin papeles entre 1900 y la década de los 60, los cuales no fueron sometidos a redadas y deportaciones (https://www.brookings.edu/blog/how-we-rise/ 2021/03/26/us-immigration-policy-a-classic -unappreciated-example-of-structural-racism/).

Los cientos de agrupaciones de odio –incluidos neonazis, el Ku Klux Klan y otros supremacistas blancos– son las tropas de choque de la derecha republicana, y las filas más fervientes de Trump, que sigue cultivando el racismo y el movimiento antimigrante. Las más de 250 medidas promovidas por republicanos en 45 estados están diseñadas para suprimir el voto de color –de afroestadunidenses, latinos e indígenas– así como de blancos pobres. Son los mismos que acusan que los migrantes indocumentados están votando de manera ilegal como parte del gran "fraude" inexistente que dicen haber robado la elección de Trump. Están asustados, incluso listos para destruir a a su propia democracia para "salvarse" y mantener “su America”.

El intento de golpe de Estado del 6 de enero, las maniobras para suprimir el voto, la cultivación del odio contra migrantes, son todo parte de una ofensiva derechista tal vez sin precedente en este país, una que representa la peor amenaza a lo que se llama democracia en Estados Unidos.

Pero el futuro de este país es a todo color.

Sly & The Family Stone. Everyday People.https://www.youtube.com/watch?v=YUUhDoCx8zc

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Diego Sztulwark / Investigador y escritor

Bolsonaro, Trump, Vox, Le Pen, Javier Milei ahora en Argentina… ¿Es un mismo fenómeno global o esta sincronicidad sólo es una alucinación? La consigna “comunismo o libertad” rebota desde Latinoamérica hasta España, ¿cómo es posible que prenda en la sociedad actual el lenguaje de la guerra fría? Las nuevas derechas pasan por rebeldes, transgresoras, contraculturales incluso, ¿realmente es así? En la izquierda se suceden los debates sobre cómo combatir este fenómeno, ¿se trataría de disputar en su mismo terreno comunicativo? Hablamos sobre todo ello con Diego Sztulwark (Buenos Aires, 1971), investigador y escritor argentino, autor de La ofensiva sensible (Caja Negra, 2019). 

La derecha exhibicionista

¿Ve rasgos comunes entre las nuevas derechas que emergen un poco por todos sitios? ¿Cómo nombrar este fenómeno? 

Hace algunos años, Enzo Traverso hablaba de las “nuevas caras de la derecha” y empleaba el término “posfascismo” para reagrupar bajo una misma rúbrica fenómenos reaccionarios emergentes sobre todo en Europa y en EE.UU. Lo notable de su enfoque era su capacidad de retener simultáneamente lo nuevo y lo viejo. En otras palabras, atendía tanto a las continuidades con los fascismos históricos o clásicos, como a las innovaciones o rupturas, evitando reduccionismos, recobrando genealogías, atendiendo a los contextos. 

Si consideramos fenómenos como Bolsonaro, Trump, Le Pen o Vox, aparece bastante claro un rasgo común que a mí me resulta definitorio. Me refiero al aspecto “securitista”, entendido como el esfuerzo agresivo tendente a la defensa de un privilegio o supremacía –social, racial, nacional, sexual, étnica, propietaria– que se percibe como amenazada, bien por la profundidad de la crisis o por la fragilidad de las estructuras sobre las que se sostiene. Se trata de una reacción paranoica, obsesionada por fantasmas (“comunismo”) y decidida a proteger activamente lo que cree en peligro. 

Este neofascismo tiene mucho de reacción sintomática. Vive en una anticipación constante, producto de una alta sensibilidad a la crisis, a la menor vacilación de las estructuras en las que basa su dominio. De allí su brutal intolerancia hacia los cuestionamientos que suponen los feminismos populares, lo LGTBIQ, lo inmigrante, lo comunitario-indígena, lo anticolonial, la organización del trabajo precarizado: todas estas figuras son leídas como enemigos a derrotar, elementos desestabilizadores de la propiedad privada, de la familia, del trabajo y el orden. 

Las nuevas derechas, dice, no son rebeldes o transgresoras, como hoy se afirma a menudo, sino más bien exhibicionistas. Adjudicarles la etiqueta de transgresoras o contraculturales le parece un grave error de juicio político. ¿Por qué? ¿Exhibicionistas, pero de qué?

Sí, me sorprende mucho la idea de que estas derechas extremas, que a mi juicio son aseguradoras del sistema, entendido como conjunto de estructuras de dominación, sean presentadas como “anti-sistema”. Es cierto que el discurso de estas derechas transgrede cierto consenso de la política convencional al denunciar a la “casta política” o el “statu quo”; y también lo es que al hacerlo conectan con descontentos múltiples. Pero en ningún caso su rebelión apunta a relaciones de dominación. Su retórica no es rebelde en ningún caso, sino exhibicionista: lejos de atentar contra las líneas duras de subordinación, marginación, exclusión y explotación de nuestras sociedades, las subrayan con un lenguaje desinhibido, exaltando las pulsiones más oscuras. 

Esto supone en lo inmediato un conflicto con las fuerzas conservadoras –socialdemocracias, nacionalismos, liberalismos– que se han dedicado a mediar la dominación por medio de un contrato de corrección política, de una supuesta tregua social. Estas derechas neofascistas rompen el pacto, llaman a las cosas por su nombre, apelan a una sinceridad siniestra, exhiben todo lo que la política democrática convencional encubre. Explicitan todo aquello que el pacto de dominación oculta por la vía de eufemismos. Pero al contrario de lo que ocurre con las manifestaciones históricas de la izquierda anti-sistema, no padecen sanción alguna por sus supuestas transgresiones. 

El fantasma del comunismo y la izquierda realmente existente

Las nuevas derechas se proclaman rebeldes contra la tiranía del “marxismo cultural” y el “comunismo”. Mientras los demás lamentamos el momento de mayor debilidad de la izquierda en décadas, la derecha denuncia su total hegemonía. ¿Cómo explicar esta paradoja?

No deja de sorprender el recurso anacrónico al lenguaje de la guerra fría. La derecha denuncia una estrategia omnipresente de “marxismo cultural” que se filtra entre los pliegues del lenguaje, las instituciones, el mundo entero de la comunicación. Para entender cómo se “viraliza” este discurso, podemos sostener la siguiente hipótesis: hay una cierta lucidez alucinada de una derecha paranoica y ultra-sensible a la crisis (crisis más pandemia). Esta sensibilidad y esta paranoia de propietario llevan al acto agresivo anticipatorio. Es decir, la derecha imagina preventivamente un enemigo y proyecta contra él maniobras bélicas. 

Me parece que vale la pena tomarse en juego este “delirio”. Hay una verdad en todo delirio. Y la verdad, en este caso, es que no hay capitalismo sin presentimiento de comunismo. El hecho de que se pretenda conjurar de modo violento lo que se presiente no es nuevo. Nos permite comprender cómo piensa una parte de las clases dominantes y cómo prende ese tipo de subjetivación paranoica en una parte de la sociedad. 

Imposible saber si, a la larga, las élites podrán controlar lo que ponen en movimiento. Solo cabe desear que de tanto agitar el fantasma del comunismo, ¡ese fantasma por fin se concrete y diga lo suyo! No deja de ser interesante el hecho que parte de las élites sean las que confiesan el carácter precario de toda dominación histórica, el riesgo de que las grietas crezcan, de que se generalicen resistencias. ¡Lo que sorprende más es que sólo sea la derecha la que anuncie la revuelta!

La izquierda electoral plantea la alternativa entre “democracia o fascismo” y llama a crear un “frente amplio o popular”. Más que revuelta, se trata de una barrera de contención. ¿No queda así la izquierda reducida a gestos puramente defensivos, reactivos? 

Estoy de acuerdo sin vacilar en todo tipo de unidad contra las derechas fascistas. A más fascismo, más realismo. Sólo que la unidad política no es por sí misma suficiente en lo más mínimo. Dada la magnitud de la crisis –y de la violencia que la acompaña– hay que decir dos palabras sobre hacia dónde queremos ir. Tomemos el ejemplo argentino: tras el desastre del gobierno de Macri y de la pandemia, el frente antimacrista en el gobierno constituido con bastante éxito en el 2019 acaba de ser derrotado incluso en los distritos donde gobierna. El problema por tanto no se reduce a repetir que hay que evitar que vuelva a ganar la derecha neoliberal o sus fracciones extremas, sino de saber cómo puede un gobierno, en este contexto, garantizar un límite a la caída de salarios e ingresos de la población. La crisis acorta tiempos, desgasta las alianzas políticas, acelera definiciones y, en el fondo, pide algo más que unidad contra el enemigo histórico

Nuevas derechas y comunicación política

¿Dónde reside la eficacia comunicativa de las derechas? ¿Cómo prende su mensaje entre tanta gente joven? 

Cada vez más la política reposa en un tipo de mediación que son las “consultoras”, agentes a cargo de todo aquello que se muestra. Sólo por su intermedio la política percibe –a través de estudios cuantitativos y cualitativos– a la sociedad bajo la forma de los análisis de “demandas sociales”; sólo por su intermedio la política se hace oír y escuchar. Las consultoras son agentes mediadores de mercado, cuya misión es consumar todo el proceso que culmina en la venta de un producto particular: lo político. 

Pensemos en el caso de Javier Milei, el candidato de derecha extrema que acaba de dar una sorpresa en las recientes elecciones de Buenos Aires. Pablo Fernández ha escrito un texto en el que analiza dos cosas importantes: cada generación se politiza en una plataforma que la expresa, la actual lo hace vía Tik Tok. Y Tik Tok es ritmo. Milei, dice Pablo Fernandez, es el primer político editable en ese tipo de formatos. El segundo argumento tiene tanto peso como el primero: Milei es a la vez un traductor de impulsos oscuros inhibidos por la policía de lo políticamente correcto, sin descuidar por ello los modos de la representación política y los requisitos del discurso de la ciencia (racionalidad económica). Es decir: el más antipolítico de los candidatos es el garante más enérgico del sistema de la propiedad. 

Las consultoras hacen análisis desde los “estudios del deseo” y piensan el estado de la sociedad en pandemia en términos de un supuesto repliegue libidinal. La derecha lleva la iniciativa en explorar un nuevo tipo de producciones capaces de articular la narración clásica con imaginarios y formatos nuevos, tomando en cuenta las mutaciones que pudieron ocurrir durante la pandemia, sobre todo entre los más jóvenes.

Una izquierda de derecha

Cierta izquierda –populista, “rojiparda” o anticapitalista– parece fascinada con la eficacia comunicativa de la derecha y llaman a imitarla “para el otro lado”. Es decir, entrar a disputar desde la izquierda lo identitario, los horizontes de certezas, los símbolos de pertenencia y nacionales, los modos de vida tradicionales, el lenguaje simplificador y agresivo, etc. ¿Qué piensa al respecto?

La izquierda, como bien sabemos, sólo quiere decir algo real cuando nombra un modo de pensar, de percibir, de vivir. La izquierda pierde su historicidad específica cuando se fascina con el modo en que piensa, percibe y vive la derecha. Y esto es válido tanto para la guerra como para la economía o la comunicación. No se trata, por tanto, de situar dos lados simétricos. Hay izquierda si hay asimetría, diferencia, proceso de transformación. Cada vez que las izquierdas asumen las formas racionales y sensibles de la derecha no tenemos más que una izquierda de derecha.

Con respecto a la comunicación, por tanto, es preciso tener en cuenta las premisas críticas más elementales según la cuales la comunicación, tal y como se practica en la sociedad del espectáculo, parte de captar la vida sólo como mercancía y los individuos en el mercado se comunican como personas privadas, dispersas, incapaces de resistir colectivamente, de hacer experiencias a partir de sus malestares. Desde ahí no es posible hacer ninguna política de izquierdas. El espectáculo impone su gramática  sean cuales sean los contenidos.

Una política transformadora parte de otro tipo de conexiones, de resistencias, de malestares, de luchas, de otros modos de sentir, de otra lengua. Entiendo que muchas personas experimenten un vértigo extraordinario al llegar a los medios y ver aumentada sus audiencias, pero no me parece que se trate sólo de ampliar audiencia. Hay problemas más serios. 

¿Por ejemplo?

Podemos decirlo de este modo: la derecha extrema ha hecho saltar por los aires la lengua de lo políticamente correcto, que consiste en no llamar por su verdadero nombre la realidad de los derrotados. Es decir, todos sabemos que las líneas de dominación del sistema producen indios, negros, palestinos, putas o migrantes, pero contamos con un eufemismo políticamente correcto para evitar la desagradable experiencia de exhibir esas relaciones de poder. La derecha extrema, al percibir amenazados sus privilegios, ha decidido hablar claro, afirmar esas relaciones de dominación, desinhibir su verbo. ¿Qué hacemos ante eso? ¿Reaccionamos como custodios de lo políticamente correcto, como policías de la lengua? 

La retórica llamada progresista, de la izquierda que sólo aspira a la gestión de lo que hay, es una lógica discursiva sin ideas, sin fuerza, sin voluntad de transformación. Pura razón cínica. Por tanto, un serio problema de la “comunicación de izquierda” –si tal cosa fuera posible– es poner en juego otro modo de hablar, para poder enfrentar tanto el cinismo parlamentario como a las ultraderechas. Evidentemente, no es sólo un problema de audiencias, sino de cómo amarrar experiencias, sentidos, palabras. De otro modo sólo la derecha capitaliza la evidente miseria del progresismo. Sin que aparezca un contrapoder con capacidad de narrativa propia, no hay comunicación de izquierda.

La izquierda más visible insiste en la “disputa del relato”, pero sin atención a la dimensión de contrapoder efectivo, esos relatos son puros significantes flotando en el éter comunicativo, sin mayor relación directa u orgánica con experiencias, vínculos o territorios. 

El aspecto narrativo me parece fundamental, pero siempre en la medida en que se conciba la palabra ligada al sentido y a la constitución de mundos. De hecho, no hay huelgas sin un tejido narrativo interno, que actúa transmitiendo experiencias y saberes entre generaciones. Lucha y narración han ido siempre de la mano. Este sentido materialista de la narración, que supone la palabra como un momento del enhebrado colectivo de las fuerzas, está en proceso de actualización, en el sentido de que tal vez aún no hemos narrado del todo lo que fueron estos años de pandemia, crisis y cuarentena. En este terreno de las narraciones estamos siempre por empezar, siempre comenzando.

Diego Sztulwark / Investigador y escritor, /10/2021

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Después de Argentina y México, ¿puede avanzar América Latina hacia la despenalización del aborto?

En América Latina, pensar en términos futboleros no suena tan descabellado. En este mundial por el aborto, el continente latinoamericano viene dando batalla.

 

El 28 de septiembre se reconoce como el Día Internacional por el Aborto Seguro, fecha que enmarca las actividades de campaña realizadas para visibilizar y fortalecer la lucha por la despenalización y legalización del aborto a lo largo y ancho del planeta. 

Podría decirse que es el día para parar la pelota y analizar el partido: dónde estamos, hacia dónde se va, quiénes se oponen a los avances. En América Latina, pensar en términos futboleros no suena tan descabellado. Ya lo dijo el escritor uruguayo Eduardo Galeano: “El fútbol es el espejo del mundo”. Y en este mundial por el aborto, el continente latinoamericano viene dando batalla, en una marcha y contramarcha constante, mezclando estrategias ofensivas y defensivas. De a una o en simultáneo. Pep Guardiola o José Mourinho, depende el momento. Con resultados dispares, en los que nos jugamos las vidas.

No es lineal el caminito y mucho menos se llega a una meta. Ni siquiera lograr la legalidad de la interrupción voluntaria de un embarazo puede entenderse como la ocasión de alzar la copa. Ahí comienza otro campeonato. Una nueva fase de lucha. Siempre alertas, porque los derechos de las mujeres y de las diversidades nunca se dan por adquiridos y “… debéis permanecer vigilantes…”, como adelantó Simone de Beauvoir.  

Venas abiertas

Según el Centro de Derechos Reproductivos (CRR, por su sigla en inglés), durante las últimas décadas se avanzó en la garantía del derecho de las mujeres al aborto con casi 50 países liberalizando sus legislaciones. En la actualidad, 970 millones de mujeres ─que representan el 59% de las mujeres en edad reproductiva─ viven en tierras que permiten ampliamente el aborto.

Parte de las reformas han sido graduales, con supuestos que lo autorizan en determinadas situaciones. Muchos otros cambios fueron totales transformaciones que revocaron las prohibiciones absolutas del aborto en favor de la autonomía reproductiva de las mujeres. En América latina el panorama es complicado: la mayoría de los países se reparten entre la prohibición sin excepciones y un abanico de causales.

Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, reflexiona sobre este mapa desigual y selectivo que presenta las Américas: “Dependiendo de las condiciones sociales, económicas y del lugar en donde le haya tocado nacer a una mujer tendrá mayores o menores oportunidades de ejercer sus derechos. Así y todo, Argentina y nuestra región impulsan la discusión mundial por los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, en países que durante el siglo XX fueron vanguardia en la reforma de la legislación sobre aborto hoy las mujeres y niñas ven sus derechos en peligro. Tal es el caso de Texas, Estados Unidos, que aprobó una norma regresiva que prácticamente prohíbe el derecho al aborto. En conclusión, la fuerza del movimiento de mujeres de América latina ha demostrado su capacidad para generar cambios poderosos y estas embestidas contra derechos conquistados nos encienden una alarma para nunca dejar de pelear”.

México

México reúne 32 entidades federativas, cada una con sus propias legislaciones sobre aborto. Es decir, opera bajo un sistema federal que regula el aborto a nivel estatal, por ende la ley varía según el estado. 

La mayor parte de la población mexicana se asienta en territorios que solo permiten la interrupción del embarazo en casos de violación, y algunos agregan otros supuestos como el riesgo para la vida o la salud de la gestante o malformaciones fetales. 

La Ciudad de México, sin embargo, legalizó en 2007 el aborto a pedido con un límite de gestación de 12 semanas; y entre 2019 y 2021 se sumaron Oaxaca, Hidalgo y Veracruz.

“Estamos muy contentas de que los cambios en los tres estados hayan sido tan rápidos. Lo que estamos buscando es que la implementación sea igual de rápida como fue en la capital. Tenemos el aprendizaje de esa ciudad para poder implementar y mejorar. Además, hay muchas colectivas capacitándose para acompañar abortos con medicamentos y así responder un poco a los vacíos que deja el Estado. El hecho de que no sea legal en todo México no quiere decir obviamente que no haya acceso a través de iniciativas feministas”, valora Sofía Garduño Huerta, a cargo de la coordinación del Fondo de Aborto para la Justicia Social MARIA (Mujeres, Aborto, Reproducción, Información y Acompañamiento), quien resalta el coletazo que generó la novísima aprobación del aborto en Argentina. 

Para Garduño Huerta, “el movimiento de la marea verde argentina dio un impulso muy grande para la movilización social mexicana”. “Hizo, sobretodo, que se pusiera el tema otra vez sobre la mesa, que se incorporaran más jóvenes al movimiento y personas de distintos ámbitos como actrices, cantantes e influencers. Visibilizó las colectivas al interior de la República y fuera de la capital. Vino a renovar las estrategias y a inyectar energía y alegría al movimiento feminista”.

Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México declaró inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta por parte de mujeres y personas gestantes en el estado de Coahuila, sentando un precedente judicial histórico. 

Garduño Huerta explica la magnitud del fallo: “Se han dado tres discusiones con fallos muy importantes: por un lado, la Suprema Corte ha dicho que criminalizar a las mujeres y personas con capacidad de gestar que deciden abortar de manera voluntaria es inconstitucional. De esta manera básicamente le está diciendo a todas las entidades del país (y no solo a Coahuila) que revisen sus códigos penales, y lo que esperamos son nuevas reformas para despenalizar en los estados que nos hacen falta. Otra cosa que ha dicho la Suprema Corte es que la protección de la vida desde el momento de la concepción ─tal como la entienden los grupos conservadores─ también es inconstitucional”.

Así, explica, se hace un reconocimiento a la vida pero no puede estar por encima de los planes de vida y derechos de las mujeres. Además, ha habido discusiones sobre la objeción de consciencia, en las que se resguarda este derecho del personal de salud a la vez que establece muy claramente que la objeción de consciencia no puede ser institucional: “En este sentido obliga al Estado a tener proveedores de salud que atiendan a quien lo necesite. Estas últimas discusiones son de muy avanzada al poner en el centro la libertad y autonomía reproductiva de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar”.

Cuba

Cuba fue el primer país de América latina y el Caribe en despenalizar el aborto. En 1961 la práctica salió de la clandestinidad y en 1965 se creó la base legal para que pudiera realizarse en el marco del Sistema Nacional de Salud sobre cuatro principios básicos: es la persona gestante quien decide, la práctica debe llevarse a cabo en una institución hospitalaria, por personal experto y de forma totalmente gratuita. 

Desde hace casi 60 años, entonces, las cubanas acceden a su derecho a interrumpir un embarazo siempre que sea en un marco institucional y dentro de las primeras 12 semanas de gestación. Más allá de este plazo se siguen criterios médicos.

Aun antes de la Revolución, igualmente, la interrupción del embarazo podía enmarcarse en causales. A partir de 1936 el aborto fue legal en Cuba para salvar la vida de la mujer o evitar un daño a su salud, en caso de violación, o si existía la posibilidad de transmitir al feto alguna enfermedad grave.

“Es importante que exista el derecho desde 1936. La Revolución del 59 heredó esa conquista. Pero a pesar de ser legal no existe una ley constitucionalizada, como en Argentina. Y eso no es bueno, porque aunque una mujer cisgénero pueda decidir no continuar con un embarazo tiene obligatoriamente que pasar por el sistema de salud”. Así se explica la periodista y ecuménica Yuliet Teresa Villares Parejo desde Morón, municipio de la provincia cubana de Ciego de Ávila.

Según Villares Parejo, en Cuba existe un método menos invasivo de interrupción que es la regulación menstrual, que se hace en una institución sanitaria. “Los altos números sobre esta práctica que ha informado el Ministerio de Salud dan cuenta de un nivel de educación sexual integral muy bajo en nuestro país. Este es uno de los debates que nos estamos dando en el movimiento feminista: la necesidad de un programa que se imparta en la educación cubana, porque obviamente a nuestras adolescentes y a nuestros jóvenes les falta información. Por otro lado, hay una escasez muy grande de anticonceptivos. Claro que es un derecho el aborto, pero las formas anticonceptivas tienen que existir en el sistema nacional de farmacia porque en el imaginario de muchas mujeres cubanas el aborto es la última opción”.

Para Villares Parejo tampoco es un dato menor que se trate de un proceso de gran impronta burocrática: “Sabemos que abortar es seguro, es legal, pero es muy moroso. Para que una mujer rural llegue al hospital provincial… la demora, el burocratismo es muy fuerte. La morosidad en una persona que quiere abortar, teniendo en cuenta que se le puede pasar el tiempo, es complejo. Ese es otro de los desafíos que tiene la salud pública de Cuba, con el Estado como eje gobernante de todo el proceso”. 

El Salvador

El Salvador tiene una de las leyes antiaborto más estrictas, con una prohibición de la práctica en todas las circunstancias. 

La historia de Manuela ─una mujer joven, analfabeta, de la zona rural salvadoreña ─ es un ejemplo de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que ocurren en este país. Manuela llegó al hospital público con una emergencia obstétrica, pero el personal de salud la denunció alegando que había abortado por ser infiel. El centro de salud se convirtió así en una antesala del juicio: Manuela fue perseguida y condenada a 30 años de cárcel. Varios meses después le diagnosticaron cáncer linfático, enfermedad que pudo haber causado la pérdida del embarazo. Falleció en prisión. Tenía dos hijos. 

“La situación de penalización absoluta del aborto ha generado que entre 1998 y 2019, 181 mujeres sean procesadas injustamente por abortos o emergencias obstétricas. Las consecuencias de esta ley, además, hacen cómplice al Estado salvadoreño de la violencia sexual y los embarazos impuestos que enfrentan niñas y mujeres”. Sara García es activista feminista de El Salvador y defensora de derechos humanos y cree que en la actualidad se están viviendo retrocesos democráticos impulsados por el presidente Nayib Bukele, que ha aumentado presencial militar y ha acumulado más poder desdibujando la separación de poderes de Estado. “Encima, la nueva Asamblea Legislativa conformada mayoritariamente por diputadas y diputados del partido de gobierno ha archivado la propuesta que habíamos colocado para despenalizar el aborto, sin diálogo ni debate”, indica.

Nicaragua

En Nicaragua la interrupción del embarazo también está penalizada bajo cualquier supuesto. El 16 de noviembre de 2007, el Código Penal explicitó la pena de uno a tres años de prisión a “quien provoque aborto con el consentimiento de la mujer (…) Si se trata de un profesional médico o sanitario, la pena principal simultáneamente contendrá la inhabilitación especial de dos a cinco años para ejercer la medicina u oficio sanitario”. Y penas de uno a dos años de prisión a “la mujer que intencionalmente cause su propio aborto o consienta que otra persona se lo practique”. Se castiga, incluso, el aborto terapéutico ─aquel que se realiza cuando la vida de la persona gestante o el feto corren peligro─, y no importan las edades ni las situaciones de abuso sexual.

Maryorit Guevara es periodista feminista y directora de La Lupa, el único medio crítico con perspectiva de género en Nicaragua: “Daniel Ortega y Rosario Murillo lograron con acuerdos que se reformara la ley para penalizar el aborto, permitido en algunas circunstancias por más de 100 años en el país. Este pacto político favoreció al Frente Sandinista de Liberación Nacional para poder retornar al poder y congraciarse con la Iglesia. Sin embargo, vale mencionar que no tenemos casos, como en otros países de Centroamérica, de mujeres que hayan sido procesadas y condenadas por este supuesto delito”, dice esta periodista, que aclara que esto no significa que no se practiquen abortos, “sino que hay una gran clandestinidad en clínicas que no cuentan con las condiciones necesarias, y son situaciones que terminan atentando contra las vidas de las mujeres”.

Guevara pone el foco en otra de las consecuencias más dolorosas de los 14 años de penalización absoluta del aborto en Nicaragua: “La afectación más visible es el embarazo impuesto en niñas y adolescentes. Hasta 2020, al menos 1600 niñas menores de 14 años fueron obligadas a convertirse en madres. Sin tener acceso a justicia a pesar de haber sufrido vejaciones. Esta es una de las mayores denuncias que se ha hecho desde el movimiento de mujeres organizadas nicaragüenses”.

Chile

La ley 21030 del año 2017 reguló la despenalización de la interrupción del embarazo en Chile bajo tres causales: si la mujer se encuentra en riesgo vital, si el embrión o feto padece una patología congénita adquirida o genética incompatible con la vida extrauterina independiente, o si el embarazo fuera resultado de una violación ─siempre que no hayan transcurrido más de 12 semanas de gestación─. 

Izani Bruch, Obispa de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile, señala los pasos dados cerca de la cordillera: “La ley de las tres causales no contempla las realidades de todas las mujeres, pero se perciben muchas resistencias desde sectores de la derecha, de parte de iglesias evangélicas, de la iglesia católica y de los movimientos pro-vida para generar cambios. Sin embargo, en el último debate presidencial, tres de los cinco candidatos en campaña plantearon estar de acuerdo con impulsar la ley de aborto legal, seguro y gratuito que demandan las mujeres y los feminismos chilenos”.

Cabe recordar que el estallido social que movilizó a Chile en octubre de 2019 abrió un proceso constituyente histórico que se orientó a la elaboración de una nueva Constitución. Por primera vez, entonces, existe la posibilidad de incorporar al catálogo de derechos fundamentales la salud, la salud sexual y reproductiva, y los derechos sexuales y reproductivos.

Uruguay

La ley 18.987 aprobó en 2012 la legalización del aborto en Uruguay hasta las 12 semanas de gestación, y los datos oficiales cuentan que son 75 mil las mujeres que en ocho años de servicios pasaron sus abortos por el sistema de salud.

Pero aunque fue punta de lanza en América del Sur, la norma uruguaya no sacó al aborto del Código Penal; y mantuvo como punibles a las mujeres que aborten o a quienes las ayuden a abortar por fuera de las condiciones definidas por la ley. Es decir: fuera de las 12 semanas de gestación, fuera de los servicios de salud y a las migrantes con menos de un año de residencia. Hasta las 14 semanas se permite interrumpir un embarazo solo en casos de violación, y sin plazo cuando hay riesgo de vida de la mujer o malformación fetal incompatible con la vida.

“Esa no era la ley que queríamos ni que habíamos peleado como movimiento feminista, porque es restrictiva y extremadamente tutelante. Establece una serie de condiciones para llegar al aborto legal que son una falta de respeto a la capacidad ética de las mujeres de tomar nuestras propias decisiones. La ley uruguaya lo que hace es poner bajo control médico el cerciorarse que la mujer esté decidiendo por un aborto de manera informada y responsable, y la intencionalidad es que desista de abortar. Esto es grave en términos feministas y es un dolor enorme para nosotras”. 

Quien comparte el pesar es Lilian Abracinskas, activista feminista y directora de Mujer Y Salud (MYSU), una organización para la promoción y defensa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en Uruguay.

“A los seis meses, sin embargo, tuvimos que salir a defender esa ley que se había conseguido porque los opositores ─que hoy gobiernan el país─ constituyeron una Coordinadora Por la Vida para derogar la norma llamando a una consulta ciudadana. Esta consulta ciudadana necesitaba el 25% de adhesión para habilitar un plebiscito derogatorio. Solo obtuvieron el 9%, y esto fue el gran éxito que tuvimos como movimiento social en términos de apoyo democrático a la lucha que habíamos llevado”.

Luis Lacalle Pou asumió en 2019 como presidente de Uruguay por el Partido Nacionalista. Previamente, como diputado, no apoyó ninguna de las leyes de la agenda de derechos: aborto legal, matrimonio igualitario, regulación del cannabis, ley de jornada laboral del peón rural, ley para empleadas domésticas, ni la ley integral para personas trans. Y en campaña declaró que su gobierno seguiría una agenda “pro-vida”.

Así analiza Abracinskas el recorrido reciente: “Como movimiento feminista debemos estar alertas siempre. Saber que nada de lo que se consigue termina estando grabado a piedra. Por eso creo que entre las cosas que hicimos bien estuvo mantener la movilización social en torno al aborto. Que la gran movilización que hubo en Uruguay para conseguir la ley no se desvinculara. Porque conseguir la ley no es el final del camino sino entrar en una nueva fase, que requiere apropiarse del logro, garantizar los servicios, mantener exigibilidad ciudadana para que lo que se comprometió se cumpla y tratar de generar las condiciones para avanzar sobre lo logrado”.

Argentina

El 30 de diciembre de 2020 se sancionó en Argentina la ley 27.610 que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y a la atención postaborto. El 24 de enero de 2021 entró en vigencia en todo el territorio. La ley establece una mixtura de plazos y causales y concede el derecho de personas con capacidad de gestar a interrumpir voluntariamente su embarazo hasta la semana 14 ─inclusive─ del proceso gestacional. Este derecho coexiste con un sistema de causales que indica que, independientemente de la edad gestacional, la persona gestante puede interrumpir el embarazo si fuera resultado de una violación o si estuviera en peligro su vida o su salud (ILE).

Valeria Isla, Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, destaca la amalgama feminista de la región: “En América latina hay una marea verde muy grande, y nuestra ley ha generado un impacto altamente positivo. Tenemos muchos intercambios con distintos países de la región para favorecer la ampliación de derechos a partir de la experiencia argentina. Sobre todo porque nosotras logramos llegar a sancionar la ley con mucho apoyo de la red feminista latinoamericana”.

La Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR) es responsable de la implementación efectiva de la ley en Argentina, en conjunto con las direcciones y programas provinciales de salud sexual y reproductiva de las 24 jurisdicciones. Con ese fin, las estrategias en estos ocho meses giraron alrededor de fortalecer la capacidad de resolución sanitaria, remover barreras, capacitar al personal de salud y proveer de insumos.

Algunos números que refleja el Informe de Implementación de la Ley 27.610 con fecha junio de 2021 son 22 intervenciones del equipo legal de la DNSSR por problemas relacionados con el acceso a IVE-ILE y con el acceso a anticoncepción durante la pandemia; 12.010 llamados durante el primer cuatrimestre de 2021 a la línea telefónica gratuita que brinda información a la población o 15.445 tratamientos de misoprostol distribuidos en el primer semestre 2021. 

Pero el trecho es largo y “en la cancha se ven los pingos” dice el dicho. Por eso, desde distintos espacios feministas festejan lo logrado mientras machacan con lo que falta.

Julieta Bazán es médica generalista e integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir: “Celebramos la ley que nos da un piso para seguir exigiendo que se cumplan las acciones necesarias para su implementación. Porque notamos que muchas provincias generan discursos contradictorios que dificultan el acceso al derecho y a información segura. Es una ley nacional y se necesita que todos los efectores tengan los medios para garantizarla. Asimismo notamos mucha heterogeneidad: en las ciudades más grandes hubo un aumento de la demanda y de tratamientos pero que son insuficientes. Las personas que recurrían a intervenciones clandestinas se animan hoy a acercarse al sistema de salud, pero no estamos pudiendo dar abasto con las respuestas. Faltan recursos, tanto en equipos de salud capacitados como en tratamientos”.

De punta a punta, América latina batalla contra el perejil. También contra las perchas, las agujas de tejer, las varas de mimbre y el yuyerío que, desde que el mundo es mundo, las mujeres usan para inducir abortos. Porque las mujeres siempre abortaron. Pero algunas, muchas, todavía mueren con sus cuerpos invadidos de precariedad clandestina

Por Mariana Fernández Camacho

28 sep 2021

Publicado enInternacional
Miércoles, 15 Septiembre 2021 05:57

Crónica de una derrota no anunciada

Crónica de una derrota no anunciada

El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner sufrió una dura derrota electoral en las elecciones primarias, que funcionaron en la práctica como un simulacro de las elecciones de mitad de término que se llevarán adelante el próximo 14 de noviembre, a manos de la centroderecha aglutinada en Juntos por el Cambio.

 

Las elecciones argentinas del 12 de septiembre fueron Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en las que toda la ciudadanía es convocada a elegir la conformación de las listas de las fuerzas políticas que aspiren a presentar candidaturas para competir en las elecciones generales, en este caso las elecciones legislativas intermedias del 14 de noviembre. Estas, como ya ha mostrado suficientemente la ciencia política local, contribuyen a ordenar y concentrar la oferta electoral habilitando la competencia interna en aquellos espacios que la tengan, así como obligar a todas las fuerzas aspirantes a presentar candidaturas en las elecciones generales a superar el 1,5% del padrón electoral para poder hacerlo. Pero para quienes votan, y para quienes se postulan, es una especie de primera vuelta, por lo que los resultados se leen como los de una elección común y silvestre. Y, en este caso, lo que se puede leer es una tan imprevista como contundente derrota del peronismo en el poder a manos de la centroderecha que tiene al ex-presidente Mauricio Macri como referente y al actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, como presidenciable para 2023.

Si estas hubieran sido las elecciones generales, el bloque opositor de Juntos por el Cambio alcanzaría la primera minoría en la Cámara de Diputados, y el oficialista Frente de Todos (peronismo) perdería la mayoría propia en la Cámara de Senadores. De cara a la próxima presentación del Presupuesto 2022, que el Poder Ejecutivo nacional tiene que hacer frente al Congreso en los próximos días, y a las negociaciones en curso con el Fondo Monetario Internacional (FMI), estos resultados si serían una catástrofe.

Pero son las PASO, y de acá a noviembre -cuando se desarrollará la elección en la que efectivamente quedará conformado el Congreso Nacional que acompañará a la gestión presidencial de los próximos dos años- el gobierno nacional tiene la oportunidad de, si no revertir el resultado, lo cual parece muy difícil, mejorar su performance de modo de aminorar el fuerte golpe recibido. Por lo pronto, los resultados del domingo fueron un baño de agua fría que el oficialismo no esperaba. La oposición de centro derecha ganó la estratégica Provincia de Buenos Aires, territorio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pese a que todo el peronismo fue unido, y en la mayoría de las provincias, incluso las de hegemonía peronista. 

El voto económico

La situación económica en la Argentina no mejora. No obstante, el oficialismo se esforzó en mostrar datos que mostraban una recuperación de la economía, que a sus graves problemas de arrastre sumó los efectos de la pandemia.

Con un gobierno nacional que puso su mayor esfuerzo en el avance de la campaña de vacunación en los últimos meses, llegando a vacunar al 40% de la población con las dos dosis, el gobierno fue flexibilizando las medidas de restricción que caracterizaron los primeros 15 meses de pandemia y así la actividad económica en junio demostró un repunte de 2,5% mensual. Sin embargo, hace tiempo que, desde varios sectores, propios y ajenos, se le advertía al oficialismo nacional la necesidad de tomar nota (y actuar en consecuencia) de la no recuperación o incluso empeoramiento de variables económicas que hacen al día a día de la vida de las personas, de la no traducción de esta recuperación de las variables macro en la vida cotidiana de, especialmente, los sectores más bajos de la población. Todo lo cual puede verse en la caída del salario real.

Las tasas de pobreza e indigencia, aun con las políticas de transferencias monetarias de 2020, se mantienen actualmente en torno de 42% y 10,5% respectivamente. Estos índices son especialmente dramáticos si se hace un recorte de la población de 0 a 17 años. Para esta porción de la población, de acuerdo con el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), la pobreza asciende a 62,5% y la indigencia a 15,8%. En este contexto, el trabajo registrado no logra recuperarse al ritmo de la recuperación de los niveles de actividad, y la presión sobre el salario que ejerce la inflación es cada vez más alta. A su vez, el acceso a la vivienda dejó de ser una posibilidad alcanzable no ya para los sectores bajos de la población, sino para la clase media trabajadora. Justo ese, el voto que inclina balanzas para cualquier lado de la «grieta» que divide a la sociedad argentina. Con un mercado inmobiliario valuado en dólares en la Argentina, la falta de acceso al crédito y políticas publicas oficiales insuficientes para satisfacer la demanda habitacional esto se manifiesta hoy con toda crudeza.

Por supuesto, estos no son problemas nuevos; la pandemia puso de relieve problemas estructurales que las recetas coyunturales de ninguno de los últimos gobiernos, ni progresistas ni conservadores, han podido resolver. La demanda por trabajo registrado, salarios suficientes, acceso a la vivienda, y las propuestas claras del cómo, cuánto y para quién, con recursos extraídos de dónde fueron temas que sobrevolaron la campaña con señalamientos desde la oposición y sin que el oficialismo diera respuestas concretas más allá de propuestas de futuro que no satisficieron, a decir de las urnas, las demandas del presente. El avance en las agendas del siglo XXI, vinculadas al acceso a derechos y diseños de políticas para la promoción de industrias que atraen divisas, pero no generan trabajo en el corto plazo ni para grandes porciones de la población, se topó con una Argentina heterogénea que aun arrastra problemas del siglo XX.

Mientras la política de vacunación avanza, la oposición capturó más rápidamente que le oficialismo el agotamiento de la pandemia como recurso retórico, aprovechando además electoralmente los errores autoinfligidos del oficialismo nacional, como el denominado «vacunatorio vip», el cumpleaños de la primera dama en medio del confinamiento y otros traspiés cometidos durante el último año por el gobierno de Alberto Fernández.

Participación, coaliciones y terceras fuerzas

Según datos de la Cámara Nacional Electoral la participación electoral rondaría el 68%, y si bien es cierto que es la participación más baja desde la implementación de las PASO, no es un porcentaje menor en un escenario de pandemia y descontento social. Acá no hay crisis de representación.

A este dato que puede ser leído como positivo, se suma que alrededor del 70% del voto a nivel nacional se concentró en las dos grandes coaliciones que hoy dominan el escenario político nacional: Juntos por el Cambio (que incluye, entre otras fuerzas, al macrismo y a la Unión Cívica Radical) y el Frente de Todos (una coalición panperonista). El bicoalicionismo es ya una realidad presente en la Argentina para el votante promedio, las PASO incentivan su supervivencia y esto implica mayores incentivos para los actores políticos para no romper con sus aliados.

Sin embargo, esta lectura seria miope si no se da cuenta de dos fenómenos que, si bien territorializados, llaman la atención en el escenario local. El experimento de la alt-right criolla, personificado en la candidatura de Javier Milei por la fuerza La Libertad Avanza recogió 14% de los votos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con un discurso libertario de derecha, este excéntrico economista atrajo el voto joven y capturó el descontento de porciones de la población metropolitana vinculado a la presión del Estado sobre la actividad privada, e incluso canalizó las frustraciones de posiciones de los sectores más bajos de la población que interpretan que la ayuda del Estado no compensa la realidad que viven, y logró construir un ethos local que se tradujo en votos. Fue, no obstante, un fenómeno limitado a la Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT, trotskista), prácticamente la única izquierda fuera del Frente de Todos, mejoró sus guarismos electorales. En los dos grandes distritos, Ciudad y provincia de Buenos Aires obtuvo el 6,23% y 5,1% de los votos respectivamente, así como alcanzó a convertirse en la tercera fuerza en la provincia de Jujuy (en el norte argentino fronterizo con Bolivia) con 23% de los votos.

Para evitar una merma de votos por derecha como en 2019, Juntos por el Cambio abrazó a gran parte de la derecha metropolitana en la candidatura de López Murphy, y otros candidatos con discursos más radicales, que hoy juegan por dentro de la coalición.

Finalmente, el gran ganador del que pocos hablan es el centenario partido al que se ha dado por muerto varias veces, pero sigue ahí resucitando. Los resultados en el nivel local de la Unión Cívica Radical -parte de Juntos por el Cambio- dan cuenta de que el partido que lideró la transición democrática con Raúl Alfonsín y en estos años giró a lacentroderecha fue, es y seguirá siendo un socio necesario para cualquier coalición que busque disputar poder al pan peronismo nacional. La candidatura del neurólogo Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires obtuvo resultados, especialmente en el interior provincial, que muestran a las claras que, aunque el partido no logre hace ya décadas impulsar un liderazgo nacional aglutinante, si tienen estructuras locales vitales que se muestran útiles a la hora de las elecciones.

Lo que se viene

Restan exactamente dos meses de cara a las elecciones parlamentarias de noviembre. El oficialismo nacional no tiene demasiado tiempo ni márgenes para recuperarse de esta derrota. En un contexto de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) donde la estabilización de las variables macro se vuelven un imperativo, la posibilidad de mejora de las variables micro vía trasferencias monetarias tiene límites muy estrechos.

Los desafíos son muchos para el gobierno, y con la derrota vuelven a emerger las pujas internas entre «albertistas» y «cristinistas», que se tradujeron en frases públicas de la vicepresidenta sobre los «funcionarios que no funcionan», pujas dentro del espacio oficialista sobre las políticas de seguridad, y sectores del kirchnerismo desanimados con un gobierno al que consideran demasiado «centrista».

Hoy cambiar a las autoridades económicas -que son parte del «albertismo»- se complica ya que se encuentra en proceso la negociación con organismos internacionales de crédito que son claves para la recuperación económica.

Qué puede pasar en los próximos días es tarea de adivinadores, y no de politólogos ni politólogas, que, a las postres, tampoco avizoramos semejante derrota del oficialismo.

Para Juntos por el Cambio, por su parte, el desafío está en retener los votos obtenidos, evitar el crecimiento de una derecha externa que no avizora intenciones de dialogar futuro, y lograr capturar el mayor porcentaje de ese alrededor del 30% del padrón que no se presentó a votar en estas PASO.

Finalmente, para la Argentina, y más allá de los resultados del último domingo y de los del 14 de noviembre, resta poner sobre la mesa una discusión que es esquiva pero necesaria: la estabilización de las variables macro y micro de la economía sin costos sociales mayores a los que actualmente existen llevan mucho más tiempo que los dos años que las reglas actuales imponen entre elección y elección, sometiendo al sistema político nacional a un estrés que se presenta como impedimento para los acuerdos sectoriales de largo plazo necesarios para dar respuesta a los problemas estructurales que la pandemia desnudo con toda su crudeza.

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