El primer acto de Castillo como presidente virtual

Dijo que él es el mandatario electo y llamó a la unidad

Pedro Castillo (foto), el profesor rural y sindicalista que ganó la elección presidencial pero todavía no es proclamado oficialmente como presidente electo porque el Jurado Electoral no termina de resolver el pedido, sin sustento, de su rival, la derechista Keiko Fujimori, de anular votos del ganador para voltear el resultado, participó este viernes en su primer evento público como virtual presidente. Lo hizo haciendo un llamado a la unidad en momentos que la derecha agudiza la polarización y amenaza la democracia promoviendo la anulación de las elecciones que ganó la izquierda. Castillo viajó a Cusco, en la zona sur andina del país, donde ganó las elecciones por amplio margen, para participar en un evento sobre descentralización con los gobernadores regionales. Dijo que el suyo era “un gobierno electo”, pero esperaba que el Jurado Electoral “diga su última palabra” para actuar plenamente como tal.

“El pueblo necesita de la más amplia unidad. En este caminar ya no hay ni vencidos ni vencedores, hoy somos una sola familia. Necesitamos poner el hombro todos para terminar con los grandes problemas, como la pandemia y las grandes desigualdades que tiene el país”, declaró a la prensa antes de participar en el evento. Luego, en su discurso ante los gobernadores, repetiría el mensaje de unidad.

Aseguró que el suyo será un gobierno “que piensa y siente como el pueblo”. “El Perú necesita que el pueblo sea escuchado. Lo primero que tenemos que agendar son los grandes problemas, las grandes brechas de desigualdad”. Anunció que su gestión priorizará la salud y la educación, “que deben ser un derecho y no un negocio”, y también la agricultura. “Tenemos que hacer un gobierno austero. No nos verán robar un centavo a este pueblo”, ofreció.

“Cuando sales a hacer una propuesta te dicen terrorista, chavista, comunista, que le vas a quitar su plata a los inversionistas, que vas a ahuyentar la economía, que les vas a quitar su propiedad, su casa, su terreno. Todo eso es falso”, señaló, en alusión a la guerra sucia en su contra.

Mientras Castillo se reúne con autoridades, organizaciones sociales, gremios, pensando en su próximo gobierno, que debe iniciar el 28 de julio, la derecha sigue maniobrando para desconocer su legítimo triunfo electoral, en una actitud cada vez más abiertamente golpista. Fujimoristas armados con palos atacaron a un grupo de seguidores de Castillo que hacían una vigía pacífica frente al local del Jurado Electoral. 

Por Carlos Noriega

26 de junio de 2021

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La educación que viene: híbrida, líquida, colaborativa...

La pandemia está revolucionando el mundo de la enseñanza. Conceptos como la ‘educación híbrida‘, las habilidades blandas y el papel del profesor como dinamizador forman ya parte de un cambio imparable. Sin marcha atrás.

 

Un proverbio chino lleva un par de milenios advirtiéndolo. «Tus hijos han nacido en otra época; no los limites a lo que tú aprendiste». Una idea que reformuló John Dewey, célebre pedagogo americano, hace ya más de un siglo: «Si enseñamos hoy como enseñamos ayer, les robamos a nuestros hijos el mañana». El modo de enseñar a los niños y jóvenes, sin embargo, apenas ha variado desde que surgieron las primeras escuelas populares, en el XVII, o desde que, empujadas por las necesidades laborales de la Revolución Industrial, estas se extendieron por Occidente, en el XIX. Parece, no obstante, que ha llegado el momento de cambiar. Y la pandemia, convertida ya en gran acelerador de la digitalización, podría ser el último empujón.

«Después de lo que hemos vivido, ya nadie cuestiona que la tecnología está aquí para ayudar a alumnos y docentes», señala Rocío Salguero, experta en tecnología educativa y directora de Formación y Desarrollo de la plataforma The Globe. Al fin y al cabo, el mundo educativo no se paró en los días más duros del coronavirus gracias a la tecnología y muchos creen que estamos ante el punto de inflexión para la llamada ‘educación híbrida o líquida’: aquella que combina la presencia en el aula con el uso de otros recursos para seguir aprendiendo fuera del centro educativo. «La pandemia ha sido el gran banco de pruebas de la educación híbrida, ya que nos ha permitido medir la validez de los formatos digitales en el aprendizaje -subraya Isabel Fernández, rectora de la Universidad Alfonso X el Sabio-. Y los resultados han sido muy buenos».

La demanda y creación de cursos de formación on-line para empresas se ha disparado durante el último año, al igual que las matriculaciones en universidades de educación a distancia como la UNED o la UOC. Este auge, unido a la virtualización forzosa de la enseñanza durante el confinamiento inicial, ha abierto cierto debate entre presencialidad y enseñanza virtual. Un estudio del Centro de Educación Universal, de la prestigiosa Brookings Institution, en Washington D. C., señala que los alumnos aprenden menos cuando lo hacen desde su casa. Y el problema se agiganta entre los chicos con menor nivel educativo, más proclives a perder el hilo en las clases virtuales.

“La pandemia no ha cuestionado la enseñanza presencial. Pero ha demostrado que el aprendizaje mejora si añadimos los recursos digitales adecuados”

Pero la pandemia, en todo caso, ha propiciado cambios irreversibles. «La idea de que la presencia física en el aula es fundamental ya no está tan clara -señala Alberto Mingo, vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento de la UNED-. Las nuevas generaciones valoran de forma creciente los entornos de aprendizaje virtual, pero no solo ellos. Cada vez nos llegan más estudiantes más mayores que no aprecian diferencias entre on-line y presencial». Desde el año 2000, el número de alumnos que estudian en remoto en el mundo se ha multiplicado en un 900 por ciento. «La pandemia -matiza la rectora de la Alfonso X- no ha hecho que se cuestione el modelo de enseñanza presencial. Lo que nos ha enseñado es que todo mejora si le añadimos recursos digitales adecuados».

El camino hacia una formación personalizada

Rosalía O’Donnell, CEO de Telefónica Educación Digital, lleva 20 años trabajando en ese campo. «La pandemia ha sido un tiempo de reafirmación para nosotros -señala- porque ha confirmado, por un lado, que la formación en tecnología digital, big data, ciberseguridad, marketing digital o desarrollo de webs y de apps son capacidades críticas para avanzar en la competitividad de nuestras empresas y de nuestro país. Y, por otra parte, hemos visto todos que las herramientas de formación on-line y digital, además de eficientes y eficaces, son la clave para preparar a la fuerza laboral de este país ante los retos del futuro».

Uno de ellos es proporcionar a cada estudiante la formación más adecuada para el desarrollo de sus capacidades: «Las herramientas digitales, además de muchas otras ventajas como la ubicuidad o la flexibilidad, permiten ver a los expertos en formación y pedagogos si un curso está siendo útil a determinado alumno -señala O’Donnell-. Gracias a ellas pueden comprobar si avanza y aprende y, de no ser así, corregir y generar el contenido que realmente necesita». Telefónica Educación Digital, la compañía que dirige, se especializa en formación continua para empresas, pero esta personalización de contenidos es algo que muchos llevan tiempo reclamando como eje transversal del sistema educativo, desde primaria hasta la universidad.

La idea surgió en 1983, año en que Howard Gardner -el John Dewey de nuestro tiempo- formuló su teoría de las inteligencias múltiples en su libro Frames of mind. Según Gardner, Premio Príncipe de Asturias en 2011, existen ocho tipos distintos de inteligencias y si las identificamos en cada niño podremos saber mejor qué habilidades, qué capacidades y qué tipo de aprendizaje es el más adecuado para él. Como dijo Albert Einstein: «Todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar a un árbol pasará el resto de su vida creyendo que es un idiota».

Pensamiento crítico, autogestión, resiliencia, tolerancia al estrés, flexibilidad… son las habilidades blandas, claves en la formación

«Es un buen retrato de nuestro sistema educativo, que no tiene en cuenta las capacidades y necesidades de cada alumno y trata y evalúa a todos por igual», explica Rocío Salguero. En nuestro país, sin ir más lejos, casi el 30 por ciento de los alumnos acaba repitiendo curso y el 16 por ciento no concluye la enseñanza secundaria obligatoria. «Por eso este modelo, nos guste más o menos, ya no sirve -retoma-. Debemos educar a los estudiantes para que sepan cómo aprender, cómo convertir información en conocimiento y analizar la efectividad de su propio aprendizaje».

La transformación de la docencia

En este mismo sentido, Josep María Altarriba, decano de EAE Business School, habla de las habilidades blandas o soft skills. «Una de las tendencias en formación es que las mismas personas son la herramienta para el cambio y para ello es preciso el pensamiento crítico, análisis, destrezas en la autogestión, aprendizaje activo, resiliencia, tolerancia al estrés y flexibilidad. Todo ello se gestiona a través de las habilidades blandas o soft skills».

Ayudar a los niños a identificar esos talentos e intereses personales que los involucren en su propia educación y desarrollo implica un cambio radical del paradigma educativo. Una transformación que en 2016 puso en marcha Finlandia, al descartar la enseñanza de asignaturas en favor de otra por temas o fenómenos amplios que integren diversas áreas de conocimiento (phenomenon learning, la llaman). La filosofía subyacente consiste en enseñar que lo importante es la calidad del tiempo y el esfuerzo, no la cantidad; además de desarrollar el pensamiento crítico (para, por ejemplo, detectar fake news en sus relaciones en redes sociales) y la resolución de problemas, con énfasis en la colaboración. Por eso, el gran cambio educativo, señala Cristian Olivé, autor del libro Una educación rebelde (editorial Grijalbo), pasa por la transformación de la docencia. «Ese concepto del profesor que llega al aula y da una clase magistral ante un grupo de alumnos sentados frente a él está abocado a la desaparición -sostiene-. Hay que motivar más a los profesores e implicar más a los alumnos». Dicho de otro modo: para educar a los estudiantes, los profesores deben escucharlos y guiarlos por el camino más adecuado para cada uno. «El profesor debe ser una especie de alumno líder -señala Sergio Calvo, vicerrector de Relaciones Institucionales y Vida Universitaria de la Universidad Europea-. La relación con los alumnos debe ser directa y cercana, sin dejar de ser un guía y un dinamizador. Y este es el gran cambio de paradigma: tú ya no vienes a aprender lo que yo te enseñe, sino que aquí aprendemos todos. Desde luego, es una de las cuestiones que más valoran nuestros estudiantes».

 Por Fernando Goitia / Foto: Ilustración: Mark Smith / Getty Images

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EZLN divulga lo que puede y no hacer su delegación en Europa

Ciudad de México | Desinformémonos. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) divulgó un documento en el que establece que la delegación zapatista que ya se encuentra en Europa, tiene prohibido portar armas y promover la lucha armada en los lugares que visitará; tampoco recibirá ningún tipo de apoyo para beneficio individual o familiar; y no sostendrá acuerdos ni desacuerdos con ninguna organización, entre otros puntos incluidos en el «pasaporte zapatista».

La delegación marítima zapatista zarpó el pasado 2 de mayo de Isla Mujeres, Quintana Roo, con destino al Puerto de Vigo, donde se espera que arribe entre el 19 y 20 de junio.

A continuación el comunicado íntegro:

El Pasaporte Zapatista.
(Hasta pronto Portugal, ahí vamos Galicia).

Junio del 2021.

  El 12 de junio del 2021, el llamado “Escuadrón 421”, y demás pasajeros y tripulación, recibieron en sus pasaportes el sello de entrada legal al llamado espacio o zona Schengen y desembarcaron en Horta, Islas Azores, Portugal, Europa. Sin perder la gracia y la elegancia (es un decir), bajaron de La Montaña. Como debe de ser, hubo azoro, baile, fotos y un atracón de comida. Marijose se encontró con una vieja profecía que anunciaba su llegada. Y se realizó una carrera (es un decir), tipo “el que llegue al último paga la comida” (Diego Osorno perdió). Se brindó por la vida, claro.

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  A las 09:17:45 del 14 de junio del año en curso, La Montaña se despegó del abrazo portugués y tomó dirección noreste a una velocidad de entre 6 y 7 nudos.  A las 12:30:06 rebasó por la izquierda el “Pico Das Urzes”.  Latitud: 38.805213; longitud: -28.343418.  El capitán Ludwig calcula avistar las costas de la península Ibérica, entre el 19 y el 20 de junio (aunque podría ser antes, porque La Montaña, reconciliada con el viento, parece apresurada en abrazar a sus hermanas portuguesas y gallegas). De esa fecha en adelante, se saludarán las elevaciones en las islas de San Martino, Monte Faro y Monte Agudo.  Luego se entrará a la “Ría de Vigo”.  Se prevé llegar a la Marina Punta Lagoa, al norte del puerto de Vigo, Galicia, Estado Español.

  Entonces, en silencio, lluvia hermana será la montaña nuestra, húmeda se tornará nuestra mirada, y así diremos sin palabras:

“(…)
desperta do teu sono
fogar de Breogán.

Os bos e xenerosos
a nosa voz entenden
e con arroubo atenden
o noso ronco son,
mais sóo os iñorantes
e féridos e duros,
imbéciles e escuros
non nos entenden, non.*

Fragmento de “Os Pinos”, Himno de Galicia. Pascual Veiga y Eduardo Pondal.

 * “…despierta de tu sueño / Hogar de Breogán. / Los buenos y generosos / nuestra voz entienden / y con devoción atienden / nuestro ronco sonido. / Pero solo los ignorantes / y débiles y duros, / imbéciles y oscuros / no nos entienden, no.”

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  Ahora permítame contarle de la documentación zapatista que lleva el Escuadrón 421 (que a estas horas ya podría agregar “marítimo” a su flamante nombre).  [email protected] compañ[email protected] llevan un pasaporte zapatista. Quiero decir, además del pasaporte oficial de México, llevan el llamado “pasaporte zapatista de trabajo”. Aquí se los describo:

En la portada o tapa principal: un caracol con una estrella roja dentro. Y el letrero: “pasaporte zapatista de trabajo”. En la contra portada o tapa trasera: una estrella roja con un caracol dentro.

En la primera página se lee: “Este pasaporte es otorgado por las autoridades civiles autónomas de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas y las Juntas de Buen Gobierno, Chiapas, México.  Sólo es válido durante el período establecido y en el lugar descrito.  Este documento consta de 32 páginas y no es válido si presenta deterioro, cortes, tachaduras y enmiendas”.

  En las páginas 2 y 3 hay espacios para: foto del titular, sus datos personales, datos de la Junta de Buen Gobierno y MAREZ que expiden el documento.  Trabajo que va a desempeñar.  La fecha de expedición y el calendario y geografía donde va a cumplir el trabajo.  Lugar para sello de MAREZ y de JBG.

  En las páginas 4 y 5. Se establecen las siguientes 7 limitantes:

“1.- El, loa o la titular de este pasaporte no puede ni debe pedir ni recibir apoyos en moneda o especie para su beneficio propio o de su familia, más allá de los estrictamente necesarios para cumplir con el trabajo que se le ha encomendado.

2.- La, loa o el titular de este pasaporte sólo podrá hacer el trabajo que se específica en este mismo documento.

3.- Loa, el o la titular de este documento tiene prohibida la portación y uso de armas de fuego de cualquier tipo, y no puede ni proponer, ni sugerir, ni alentar cualquier actividad que implique, o derive en, el uso de armas de fuego en el lugar donde haga su trabajo.

4.- La, loa o el titular de este documento sólo puede contar de nuestra historia de resistencia y rebeldía como pueblos originarios y como zapatistas, previa preparación y capacitación para ello.

5.- El, loa o la titular de este documento no puede establecer acuerdos o desacuerdos a nombre de las estructuras organizativas y/o de mando político-militar con personas, grupos, colectivos, movimientos y organizaciones, más allá de lo estrictamente necesario para el cumplimiento del trabajo que se le ha encomendado.

6.- Las opiniones personales sobre asuntos públicos y privados que exprese loa, el o la titular de este documento, no sólo no reflejan las posiciones zapatistas, también pueden ser completamente contrarias a nuestro pensamiento y práctica.

7.- La, el o loa titular de este documento deberá conducirse en todo momento respetando las diferencias de identidad, sexo, credo, lengua, cultura e historia, de las personas y lugares donde realice el trabajo para el que se expide el presente documento.

  En la página 6 se establece: “Se acredita que la, loa o el titular de este documento recibió curso de capacitación (si aprendió o no, ahí se va a ver en los hechos) en__ (espacio para poner el nombre del lugar)”.

  Y la página 7 indica las fechas de salida y llegada: “La, loa o el titular de este documento salió de territorio zapatista __ (espacio para detalles y sellos en media página)”.  La mitad de abajo de la página: “La, loa o el titular de este documento regresó a territorio zapatista: ___ (espacio para detalles y sellos)”.

Las páginas subsiguientes están en blanco, para que las diferentes personas, grupos, colectivos, organizaciones y movimientos, de los distintos rincones de los disímiles mundos que se visiten, sellen, firmen, adornen, huellen, pongan dibujos, rayen o lo que sea para que el, la o loa compa tenga una especie de guía de dónde estuvo, además de los apuntes en su cuaderno, cuando regrese y platique cómo le fue.

La última página es para “Observaciones:” (por ejemplo alguna alergia, discapacidad o gustos musicales –digo, porque si le gusta la cumbia y le ponen a bailar un vals, pues ya se imaginarán-).

Doy fe.

14 junio 2021 0

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Sábado, 12 Junio 2021 06:01

¿Quién le teme a Pedro Castillo?

¿Quién le teme a Pedro Castillo?

La elección peruana ha generado una verdadera histeria entre las elites limeñas y una campaña de demonización del candidato cajamarquino. El escenario, de confirmarse la victoria de Pedro Castillo, tiene altas dosis de incertidumbre. Pero estas se vinculan poco con los fantasmas que promueve el anticomunismo zombi que recorre el país.

 

Lo que pasó en las elecciones peruanas es quizás lo más parecido a la «tempestad en los Andes» anunciada por Luis E. Valcárcel en un libro ya clásico prologado por José Carlos Mariátegui. Atraído por la idea de «mito», Mariátegui terminaba escribiendo: «Y nada importa que para unos sean los hechos los que crean la profecía y para otros sea la profecía la que crea los hechos». Lo ocurrido el pasado 6 de junio no es sin duda un levantamiento indígena como el que imaginó Valcárcel, ni tampoco uno como lo imaginara Mariátegui, como partero del socialismo. Pero fue un levantamiento electoral del Perú andino profundo, cuyos efectos cubrieron todo el país.

Pedro Castillo Terrones está lejos de ser un mesías, pero apareció en la contienda electoral «de la nada», como si fuera uno. Con los resultados del domingo, está próximo a transformarse en el presidente más improbable. No porque sea un outsider –el país está lleno de ellos desde que el «chino» Alberto Fujimori se hiciera con el poder en 1990, tras derrotar a Mario Vargas Llosa–, sino por su origen de clase: se trata de un campesino cajamarquino atado a la tierra que, sin abandonar nunca ese vínculo con el monte, se sobrepuso a dificultades diversas y llegó a ser maestro rural; en los debates presidenciales cerraba sus intervenciones con el latiguillo «palabra de maestro». 

Desde el magisterio, Castillo saltó al escenario nacional en 2017, con una combativa huelga de maestros contra la propia dirección sindical. Un reciente documental, titulado precisamente «El profesor», da varias pistas sobre su propia persona, su familia y su entorno. A diferencia de Valcárcel, cuyo indigenismo se insertaba en la disputa de elites –la cuzqueña andina y la limeña «blanca»–, Castillo proviene de un norte mucho más marginal en términos de la geopolítica peruana. Su identidad es más «provinciana» y campesina que estrictamente indígena. Desde allí conquistó al electorado del sur andino y atrajo también, aunque en menor proporción, el voto popular limeño.

Por eso, cuando Keiko Fujimori aceptó el desafío de ir a debatir hasta la localidad de Chota y dijo con disgusto «Tuve que venir hasta aquí», la frase quedó como uno de los traspiés de su campaña. Castillo había logrado sacar la política de Lima y llevarla a los rincones lejanos y aislados del país, que recorrió uno a uno en su campaña con un lápiz gigante entre las manos. 

La irrupción de Castillo en la primera vuelta –con casi 19% de los votos– generó una verdadera histeria en los sectores acomodados de la capital. Y acorde a la actual moda del anticomunismo zombi, se expresó en un generalizado «No al comunismo», manifestado incluso con carteles gigantes en las calles. No escaseó tampoco el racismo. Perú parece tener menos pruritos para expresarlo en público que los vecinos Ecuador o Bolivia.

Por ejemplo, el «polémico» periodista Beto Ortiz echó a la diputada de Perú Libre Zaira Arias de su set televisivo, mostrando que la «corrección política» no llegó a sectores de las elites limeñas. Luego la llamó «verdulera» y más tarde se disfrazó de indio –con su histrionismo habitual– para darle la bienvenida de manera socarrona al «nuevo Perú» de Pedro Castillo. 

La candidatura de Castillo fue, además, víctima constante del «terruqueo» (acusación de vínculos con el terrorismo) por sus alianzas sindicales durante la huelga de maestros y, sin experiencias previas en el terreno electoral, de sus propios tropiezos en entrevistas.

Como escribió Alberto Vergara en el New York Times: «Quienes utilizaron de manera más alevosa la política del miedo fueron los del campo fujimorista, las clases altas y los grandes medios de comunicación. Empresarios amenazaban con despedir a sus trabajadores si Castillo vencía; ciudadanos de a pie prometían dejar sin trabajo a su servicio doméstico si optaban por Perú Libre; las calles se llenaron de letreros invasivos y pagados por el empresariado alertando sobre una inminente invasión comunista». Hasta Mario Vargas Llosa abandonó su tradicional antifujimorismo –por el que incluso había llamado a votar por Ollanta Humala en 2011– y decidió darle una oportunidad a una candidata de apellido Fujimori.

Castillo está lejos de provenir de una cultura comunista. Militó varios años en la política local bajo la sigla de Perú Posible, el partido del ex-presidente Alejandro Toledo, y si bien se postuló por Perú Libre, no es un orgánico de este partido, que nació originalmente como Perú Libertario. Perú Libre se define como «marxista-leninista-mariateguista», pero muchos de sus candidatos niegan ser «comunistas».

El líder del partido, Vladimir Cerrón, definió el movimiento que se alineó detrás de Castillo como una «izquierda provinciana», opuesta a la izquierda «caviar» limeña. Castillo es un católico «evangélico compatible»: su esposa e hija son activas participantes en la evangélica Iglesia del Nazareno y él mismo se suma a sus oraciones. En la campaña se posicionó repetidamente contra el aborto o el matrimonio igualitario, aunque hoy varios de sus técnicos y asesores provienen de la izquierda urbana liderada por Verónika Mendoza, con visiones sociales progresistas. Habrá que ver la convivencia de tendencias en el futuro gobierno de Castillo, que no se anuncia fácil.

Castillo se autodefine también como «rondero», en referencia a los grupos campesinos que enfrentaron a la guerrilla de Sendero Luminoso, y funcionan muchas veces como instancia de autoridad en el campo, aunque en Cajamarca la guerrilla fue muy débil.

La incertidumbre de un futuro gobierno de Castillo no tiene que ver, precisamente, con la constitución de una experiencia comunista de cualquier naturaleza que sea. También parece muy improbable una «venezuelización» como la que anuncian sus detractores. Las Fuerzas Armadas no parecen fácilmente subsumibles, el peso parlamentario del castillismo es escaso, las elites económicas son más resistentes que en un país puramente petrolero como Venezuela y la estructuración del movimiento social no anticipa un «nacionalismo revolucionario» de tipo chavista o cubano.

Las declaraciones del «profe Castillo» muestran cierto desprecio de tipo plebeyo por las instituciones, poca claridad sobre el rumbo gubernamental y visiones sobre la represión de la delincuencia –defensa de la justicia rondera– que pueden justificar un tipo de justicia «comunitaria» por mano propia que a menudo deriva en linchamientos puros y duros, muy comunes en el mundo andino. 

La presencia en el gobierno de la «otra izquierda» –urbana y cosmopolita– puede funcionar como un equilibrio virtuoso entre lo progresista y lo popular, aunque también será fuente de tensiones internas. Algunos comparan a Castillo con Evo Morales. Hay sin duda simbologías e historias compartidas. Pero también hay diferencias. Una es puramente anecdótica: en lugar de exagerar sus logros en una clave meritocrática, Morales dice no haber terminado el secundario (aunque algunos de sus profesores aseguran lo contrario). La otra es más importante a los efectos del gobierno: el ex-presidente boliviano llegó al Palacio Quemado en 2006 tras ocho años de trayectoria como jefe del bloque parlamentario del Movimiento al Socialismo (MAS) y la experiencia de una campaña presidencial en 2002, además de tener detrás una confederación de movimientos sociales con fuerte peso territorial, articulador en el MAS. Castillo tiene, por ahora, un partido que no es propio y un apoyo social/electoral aún difuso.

El «miedo blanco» a Castillo se vincula, más que a un peligro real de comunismo, a la perspectiva de perder poder en un país en el que las elites habían sorteado el giro a la izquierda en la región y cooptado a quienes ganaron con programas reformistas como Ollanta Humala. Dicho de manera más «antigua»: el «miedo blanco» lo es a la perspectiva de un debilitamiento del gamonalismo, como se llamó en Perú al sistema de poder construido por los hacendados antes de la reforma agraria, y que perduró por otras vías y de otras formas en el país. Nadie sabe si las elites podrán cooptar también a Castillo, pero hay en este caso un abismo de clase más profundo que en el pasado y el escenario es de manera más general menos previsible. La «sorpresa Castillo» es demasiado reciente y en muchos sentidos es un desconocido incluso para quienes serán sus colaboradores. 

Posiblemente la tempestad electoral anuncie otras próximas si las elites quieren seguir gobernando como se habían acostumbrado a hacerlo.

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“El acceso a las vacunas desnuda la desigualdad en la región más desigual del mundo”

La encargada de la CIDH sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales afirma que la pandemia es una oportunidad histórica para impulsar sociedades más justas

 

A más de un año del inicio de la pandemia, al menos 60 millones de personas se han contagiado en América y casi 1,5 millones han muerto de covid-19, según cifras oficiales. El virus no ha distinguido fronteras, desde los países ricos del norte global hasta los gigantes emergentes y los territorios insulares más pobres y rezagados. Pero la vacunación sí. Mientras Estados Unidos se afianza por mucho como el país más con más inmunizaciones, Latinoamérica concentra alrededor del 30% de las defunciones mundiales, pero menos del 10% de las dosis aplicadas. “El acceso a las vacunas desnuda la desigualdad en la región más desigual del mundo”, afirma Soledad García Muñoz (Arenas de San Pedro, 1969), al frente de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca).

La oficina, abierta apenas en 2017 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha tenido que asumir con la llegada del virus el diagnóstico de un continente que parece haberlo visto todo en poco más de 12 meses: el desabasto de medicamentos e insumos cruciales, la corrupción en el reparto de inyecciones, el aumento de la pobreza y la vulneración recurrente de las garantías fundamentales. “La crisis que estamos viviendo no tiene precedentes y es sanitaria, económica y social”, señala García Muñoz en entrevista telefónica.

A principios de abril, la Redesca y la CIDH emitieron una resolución para impulsar el reparto equitativo de vacunas en 35 países del continente y que insta a sus Gobiernos a reconocer la vacunación como un derecho humano básico. Un documento que atañe, por los compromisos internacionales de cada Estado, tanto a Paraguay que ha aplicado menos de 100.000 dosis como a Chile, el país latinoamericano más avanzado respecto del tamaño de su población. En el mapa de la desigualdad, países caribeños como San Cristóbal y Nieves han aplicado poco menos de 11.500 vacunas; Dominica, 18.400, y Santa Lucía, alrededor de 24.000 dosis.

Soledad García Muñoz, relatora especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, en una imagen de archivo.Montserrat Boix / CREATIVE COMMONS

García Muñoz cita las desigualdades de origen como uno de los principales factores para explicar las diferencias entre países y dentro de ellos en la vacunación, pero en el medio hay variables como la geopolítica, la corrupción y las posiciones aislacionistas y nacionalistas. “Las personas con más necesidad son a menudo también las últimas en la fila”, lamenta la abogada hispanoargentina. Para muestra, nueve de cada diez personas en países pobres no tendrán a acceso a ninguna vacuna contra la covid en 2021, advierte la Organización de Estados Americanos.

Ese mapa de la desigualdad tiene varios focos rojos identificados por la CIDH, marcada por una gama de claroscuros en la respuesta a la pandemia. “Por ejemplo, la politización y opacidad de los procesos de vacunación, como ocurre en Venezuela, donde el acceso a las vacunas está determinado por la pertenencia política”, alerta la relatora. En Nicaragua y Venezuela, comenta, “la situación de las personas que trabajan en el sector salud es crítica”, por el desabasto de dosis y de equipos de protección personal. “En la mayor parte de la región, el ritmo de vacunación es demasiado lento, lo que resulta especialmente preocupante en un país de dimensiones continentales como Brasil, con el mayor número de contagios y muertes tras Estados Unidos”, agrega García Muñoz.

El impacto de la pandemia en el continente también ha dado la vuelta al mundo por las gestiones y declaraciones públicas de varios gobernantes, como Donald Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil o Andrés Manuel López Obrador en México. Y cada vez más voces abogan por que tribunales internacionales se pronuncien sobre las respuestas y el negacionismo de la crisis sanitaria de varios Gobiernos. “Es un debate que está muy en la agenda de la sociedad civil y la academia”, cuenta. ¿Cómo se vería esto? Al menos en el sistema interamericano, no se podría hablar de “delitos” con “nombre y apellido”, sino de “responsabilidades internacionales” con llamamientos a los Estados. Se hablaría de cambios y revisiones que tendría que impulsar Brasil, con todas sus instituciones, por ejemplo.

Los señalados no son solo políticos, también el sector privado. “Este momento es histórico para el rol de las empresas, principalmente las farmacéuticas”, dice García Muñoz, “cada vez se hace más urgente que las empresas tomen el tema de los derechos humanos en serio”. La opacidad en los contratos firmados y los precios pactados para enviar antígenos, la reticencia a no compartir las patentes y los problemas de abasto que han provocado demoras siguen poniendo en la mira a los principales laboratorios.

En un horizonte que ha puesto de manifiesto lo mejor y lo peor de los valores humanos, García Muñoz se confiesa optimista. “Estamos ante una tesitura histórica y crítica para cambiar las cosas en favor de la humanidad del planeta”, afirma. Las vacunas se perfilan como la salida más viable, pero si la aplicación sigue siendo desigual, los problemas serán cada vez más graves. “Si no lo hacemos juntos, no vamos a salir”, insiste. Desde su perspectiva, la variable determinante será poner los derechos humanos en el centro de la respuesta. “Se necesita un replanteamiento profundo en la manera que vivimos como sociedades”, plantea, “en la medida que nuestra región sea capaz de desarrollar una actitud más empática, más solidaria, más de aprecio a la dignidad humana, hay esperanza”.

Por Elías Camhaji

México - 24 abr 2021 - 0:33 CEST

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La Cuba que viene después de Raúl Castro

El VIII Congreso del Partido Comunista avala los principales objetivos del Gobierno: desarrollo de la economía, firmeza ideológica y renovación generacional, encarnada en el presidente Miguel Díaz-Canel, elegido primer secretario del PCC. Entre los nuevos integrantes figuran el primer ministro, Manuel Marrero, y el exyerno de Castro, Luis Alberto Rodríguez

 

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reemplazó a Raúl Castro como primer secretario del Partido Comunista de Cuba este lunes, en el cuarto y último día del VIII Congreso de la formación política, cuyos delegados han avalado los principales objetivos del Gobierno: desarrollo de la economía, firmeza ideológica y renovación generacional.

Junto con Raúl Castro, de 89 años, salieron de la cúpula del PCC otros dirigentes históricos como el actual número dos de la formación, José Ramón Machado-Ventura (90), y el comandante Ramiro Valdés (88), además de Marino Murillo, considerado el zar de las reformas económicas iniciadas hace una década.

Por el momento los medios estatales cubanos, únicos con acceso a la cobertura del cónclave, no han precisado quién ha sido designado como segundo secretario del PCC en sustitución de Machado-Ventura.

Entre los nuevos integrantes del órgano más poderoso del PCC y por tanto de Cuba están el primer ministro del país, Manuel Marrero, y Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, exyerno de Raúl Castro y jefe del conglomerado cubano de propiedad militar GAESA que controla los activos económicos más valiosos del país.

Se mantienen en el máximo órgano de dirección del PCC, además de Díaz-Canel, el presidente del Parlamento, Esteban Lazo; el vicemandatario, Salvador Valdés; el viceprimer ministro, Roberto Morales y el ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, entre otros.

En total, el nuevo órgano lo integran catorce dirigentes, tres menos que en el anterior. Entre ellos hay tres veteranos mayores de setenta años y tres mujeres: la presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, Teresa Amarelle; la científica y directora del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, Marta Ayala, y la primera secretaria del PC en Artemisa, Gladys Martínez.

Los militares están representados por el recién designado ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, general de Ejército Álvaro López Miera; el general de División Lázaro Álvarez Casas y por Rodríguez López-Callejas, quien tiene el grado de general de Brigada.

El nuevo Buró Político fue designado por el Comité Central electo la víspera por los 300 delegados que asisten a la cita en representación de los más de 700.000 militantes, y cuya composición aún no se ha difundido.

El Comité Central "tiene a su cargo la aplicación de resoluciones, políticas y programas aprobados por el congreso que lo eligió", de acuerdo a la información oficial divulgada.

El VIII Congreso del PCC finalizará este lunes, en la misma fecha en que se conmemora el 60 aniversario de Victoria de Playa Girón, como se llama en Cuba a la fallida invasión anticastrista de Bahía de Cochinos en 1961.

La renovación generacional, entre los objetivos del PCC

Los delegados al VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) aprobaron este domingo cinco resoluciones, entre ellas la del informe central, el último emitido por Raúl Castro antes de traspasar el cargo al presidente del país, Miguel Díaz-Canel.

La resolución ratifica las evaluaciones y críticas expuestas en el informe sobre el trabajo del PCC en el pasado lustro.

Los trescientos delegados presentes en la reunión avalaron el planteamiento del informe que coloca al desarrollo de la economía nacional, junto a la firmeza ideológica, entre las principales misiones del partido único cubano, según reportaron medios estatales.

Asimismo, apoyan sus señalamientos críticos sobre la burocracia, inercia y resistencia al cambio, así como los relativos a la falta de firmeza, exigencia y de control frente a los retos en el escenario sociopolítico de la nación caribeña.

Los participantes en la cita para evaluar el quinquenio 2016-2020 analizaron los documentos que la guían. Sus debates se centraron en las reformas económicas anunciadas hace una década, el funcionamiento del partido y el trabajo ideológico.

De ellas resultaron otras cuatro resoluciones relativas a la conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista, al estado de las directivas de la política económica y social y su actualización para el periodo 2021-2026, la actividad ideológica y la política de dirigentes.

De las 244 reformas aprobadas hace una década se informó de que el 30% fueron implantadas, el 40% se encuentra en proceso y el30 % restante en la etapa de propuesta y aprobación, y tras su actualización ahora quedaron 201 aprobadas.

En el ámbito ideológico, la resolución propuso "priorizar el crecimiento del Partido", trabajar en su "vinculación con las masas" y "enfrentar de manera sistemática y previsora la subversión político ideológica en todos los escenarios y formas".

la habana

19/04/2021 17:54

EFE

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China, el año del bufalo y la adaptación a una nueva realidad

China fue la única potencia en lograr en 2020 crecimiento económico, logrando a la vez cumplir el objetivo que se habían propuesto desde hace varios años atrás: eliminar la pobreza extrema. El 2021, en la cultura china, es el año del bufalo, que representa el trabajo duro, la dedicación y el esfuerzo. Como todo país que quiere seguir creciendo económicamente y continuar mejorando la calidad de vida de su población, no solo es importante el esfuerzo y el trabajo duro, sino tambien la capacidad de adaptación a las nuevas realidades, y desde ya que la pandemia ha cambiado al mundo.

Es por eso que buscando adaptarse a este nuevo mundo, el gobierno chino está tomando medidas para incentivar a los sectores que tienen oportunidades en esta nueva realidad, como son todos los negocios digitalizados que no tienen contacto con el consumidor, el sector de los servicios de salud on line y hospitales en línea, las industrias culturales digitales y la educación en línea, el cuidado "inteligente" de los ancianos y el reciclaje en línea. Para ello se esta trabajando en mejorar la infraestructura digital de ultima generación, en la formación sobre el uso de la tecnología en los distintos sectores que antes no la usaban y dar beneficios fiscales para impulsar la economía digital.

Por otro lado se esta dando apoyo a la generación de emprendimientos vinculados con esos sectores para generar oportunidades laborales a los recientes graduados universitarios a través del trabajo articulado entre el gobierno, empresas, universidades y centros de investigación.

A mediados de febrero se realizó en China la fiesta de la primavera, el año nuevo chino,  que es la celebración más importante de todo el año. Normalmente, los chinos que trabajan en las grandes ciudades regresan a su ciudad natal para celebrar junto a sus familias durante una semana o mas. Este año, en el contexto de la pandemia, el gobierno busco incentivar que los chinos se queden en las ciudades donde trabajan o estudian para de esa manera prevenir y controlar cualquier posibilidad de rebrote de la covid 19.

Asi fue que muchos eligieron este año quedarse en la ciudad donde trabajan y celebraron la Fiesta de la Primavera con sus familias a través de videollamadas,
compartiendo de esa manera la cena de fin de año, y se enviaron por correspondencia regalos y alimentos para la celebración. Históricamente en cada año nuevo chino se produce la migración interna mas grande del año pero en esta oportunidad según las estadísticas bajó considerablemente el número de pasajeros que tomaron un tren o un avión para regresar a sus ciudades de origen.

El gobierno chino incentivó e impulsó fuertemente todo esto, con premios para los que se quedaron en sus ciudades laborales. Se podía aplicar a un subsidio, se daban datos gratuitos de internet en los celulares para que puedan hablar con sus familiares libremente, se organizaron tours gratuitos por lugares turísticos en las grandes ciudades, se organizaron clases gratis de gimnasia, se aumentó la oferta cultural, y se distribuyeron libros y películas. Para aprovechar el impulso de la recuperación económica que está teniendo la economía china y mundial, se incentivó a continuar trabajando durante esa semana pagando importantes gratificaciones y valores extraordinarios de horas extras.

Con la Fiesta de la Primavera, el correo siempre tiene mucho más trabajo del habitual por el aumento de las compras, pero con la pandemia y con la disminución de encuentros y reuniones familiares, el aumento de envíos fue del doscientos por cientorespecto a 2020. Según el Buró Estatal de Correos, China entregó en tiempo record 20.000 millones de paquetes en 83 días, 45 menos de lo que necesitó el año pasado para esa cantidad. China está entregando en promedio 240 millones de paquetes por día, proyectando para este año más de 95.000 millones de paquetes.

También aumentó el consumo en general durante la Fiesta, lo que muestra el poder de recuperación de la economía china. Según las estadísticas del gobierno, las ventas minoristas y de alimentos y bebidas aumentaron casi un treinta por ciento interanual. Sólo las ventas online de alimentos y bebidas en línea subieron 135 por ciento interanual y las ventas de productos y servicios relacionados con Fiesta de la Primavera subieron casi un 80. Todo esto tambien se vio reflejado en el aumento de la tendencia de pagos móviles que tuvo un crecimiento interanual de casi el 25.

China está demostrando en el año del Bufalo que no sólo tiene capacidad de trabajar con mayor esfuerzo en un contexto duro como el actual, sino que la sociedad china, impulsada por el gobierno, busca adaptarse rápidamente a la nueva realidad para evitar que el crecimiento económico y la calidad de vida de su población se vea fuertemente afectada.

Director Ejecutivo del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos y Económicos de China (CLEPEC). Master en Cooperacion Económica Internacional de la Universidad de Economía y Negocios Internacionales de Beijing.

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Mural homenaje a los 50 años de existencia del CRIC. Foto: Javier Silva

El Consejo Regional Indígena del Cauca recuperó entre los 70 y los 90 más de 70.000 hectáreas de las manos de terratenientes colonos. Con el acceso a derechos diferenciales, su lucha se ha visto transformada.

 

“Esas tierras no son del arzobispo sino de los indígenas, que se las han arrebatado de sus manos. Entonces compañeros, nosotros lo que debemos de contestar cuando el señor juez nos pregunte que quién nos manda, que quién a nosotros nos dirige, nosotros le diremos que nos dirigen el hambre y la necesidad“. El registro audiovisual de esta joven del pueblo originario kokonuco data de 1974 y se puede encontrar en el documental Nuestra voz de tierra, de la documentalista Marta Rodríguez. Miles de comuneros y comuneras de los pueblos originarios que habitan la cordillera central andina en Colombia se organizaron a inicios de la década de los 70 para recuperar los territorios donde sabían bien que estaban enterrados sus abuelos y abuelas.

Lo empezaron a hacer a través de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), creada en 1967, pero “la concepción de la tierra fue la que marcó la diferencia: nosotros necesitábamos el territorio para vivir y para construir vida, para reconstruir nuestra cultura, nuestra familia, nuestros lazos con la Ley de Origen”, explica Ana Alicia Chocué, lideresa del pueblo nasa y coordinadora pedagógica del Programa de Educación Bilingüe Intercultural del CRIC. El hambre y esa concepción integrada con la tierra, hicieron posible que el 24 de febrero de 1971 se fundara en el Resguardo Indígena de Tacueyó, en el norte del departamento, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) bajo los lemas de “Unidad, Tierra y Cultura”.

El eje histórico: la recuperación de tierras

Juan Tama de la Estrella, legendario cacique del pueblo nasa, logró en 1700 que la corona española reconociera legalmente los territorios indígenas del departamento del Cauca y parte del Huila. Más allá de la ancestralidad de sus tierras, esos títulos de resguardo coloniales y la Ley 89 de 1890, “por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que se reduzcan a la vida civilizada” y que define los cabildos como su forma de organización propia, fueron los instrumentos legales que las comunidades indígenas de los 70 utilizaron para empezar a sacudirse los terratenientes de encima. Gracias a la capacidad organizativa del CRIC, muchos lograron dejar atrás la servidumbre y pusieron fin, lentamente, al sistema que los obligaba a trabajar a cambio del derecho a vivir y cultivar pequeñas parcelas que les habían sido anteriormente arrebatadas, el famoso terraje.

Una de las primeras fincas recuperadas fue la de Cobaló, en territorio Kokonuco, propiedad del arzobispo de Popayán Monseñor Arce Vivas, en 1971. De las 13.000 hectáreas que hoy tiene el Resguardo de Kokonuco, antes de las recuperaciones solo se conservaban, de la época colonial, 1.688. Las recuperaciones de tierras avanzaron en el norte y oriente del Cauca a pesar de la capacidad manipuladora de la religión y de la violencia ejercida por los terratenientes, el Estado y la iglesia que se recrudeció de manera brutal en la década de los 80.

En 1984, durante la recuperación de la finca Lopezadentro del Resguardo Indígena de Corinto, fueron asesinados por grupos armados de los terratenientes, en aquella época llamados “Los Pájaros” —los paramilitares de hoy—, cinco recuperadores de tierra del pueblo nasa, entre ellos una niña de siete años. Quien llevó esos comuneros hasta el hospital y celebró una misa en su honor en la tierra recuperada regada de sangre, fue el primer sacerdote indígena de Colombia, el padre Álvaro Ulcué Chocué. Este nasa, oriundo del Resguardo Indígena de Pueblo Nuevo, en Caldono, defendía la legalidad y legitimidad de la recuperación de tierras indígenas ante gobiernos, ejércitos y terratenientes. Pocos meses después de la masacre en Lopezadentro, el padre Álvaro era asesinado a bala en las calles de Santander de Quilichao, capital del norte del Cauca.

La necesidad de las armas

Esa fue, posiblemente, la muerte que agotó la paciencia de la resistencia pacífica ejercida por las comunidades indígenas organizadas de aquel momento. Y las armas no eran precisamente algo desconocido en estas tierras. Como relató el sociólogo Alfredo Molano, “todas las guerras han pasado por el Cauca. La gente se acostumbró a vivir en esa zozobra”. Desde las Guerras de Liberación del siglo XVI protagonizadas por la Cacica Wey Tama o Gaitana, quién logró unir a pueblos históricamente enemistados en un gran ejército que enfrentara los colonizadores españoles encabezados por Sebastián de Belalcázar, hasta la guerra de los 1000 días, alrededor de 1900, que puso soldados indígenas en ambos frentes de batalla, el de los conservadores y el de los liberales, a matarse entre ellos en nombre de una patria.

De modo que cuando el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL) se alzó públicamente en armas ese mismo 1984, las comunidades lo recibieron con alegría. Se llamaba así por “el indio Quintín Lame”, para seguir citando al gran Alfredo Molano, quién en los años 1920, “encarcelado, perseguido con saña, logró sin embargo crear un corredor de lucha indígena entre Popayán y Chaparral y agitar en Bogotá, frente a los “altos poderes”, las banderas indígenas”. El MAQL, primera guerrilla indígena de América Latina, se erigía para garantizar la recuperación de territorios ancestrales indígenas ante la barbarie de los terratenientes.

Que otros reconozcan tus derechos

Si bien se alió y caminó las montañas del Cauca al lado de guerrillas como el M-19, el Quintín Lame funcionó más como una autodefensa del pueblo nasa que, sin embargó contó con miembros imprescindibles externos como Luis Ángel Monroy, el primer comandante del MAQL, de origen afro, asesinado en 1985 o Pablo Tattay, miembro de la dirección política, original de Hungría, quién vive en Popayán. En 1991, en una desmovilización ejemplar, el Quintin Lame logró una representación indígena en la Asamblea Nacional Constituyente. Ésta resultó en una Constitución Política que reconoce y protege “la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana”, y que permitió la entrada a las instituciones políticas de una fuerza electoral indígena, la Alianza Social Indígena.

El primer senador originario, Anatolio Quirá, del pueblo kokonuco, dio la pelea para que quedara establecida la entrega de un 0,52% de los recursos del Sistema General de Participaciones a los cabildos indígenas para poder ejercer sus gobiernos propios con más garantías. Con eso, y en la medida en que las comunidades han podido —o se han visto obligadas a— prepararse administrativamente para poder recibir estas transferencias del estado, muchos territorios cuentan hoy con sistemas de educación propia indígena, programas de salud basados en la medicina tradicional o centros de armonización que, de la mano de la Jurisdicción Especial Indígena, sustituyen las cárceles punitivas.

Con la entrada a la Constitución del 91 y “a pulso de luchas y de movilizaciones, a sangre y fuego hemos logrado normas que nos ayudan. Cada decreto ha costado dos, tres vidas de compañeros, y así hemos logrado crecer en lo institucional, en lo electoral”, asegura Chocué, “pero con eso seguramente descuidamos los principios de unidad, tierra y cultura y nos enmarcamos mucho (en lo administrativo). Hoy existen unos vacíos en nuestros jóvenes en términos de identidad. Las que ya estamos viejas, vemos que ahí fallamos y estamos tratando de reconstruirnos, tenemos que ser pueblos verdaderos, tenemos que hablar de identidad, pero de corazón”, asevera un tanto emocionada.

Institucionalidad y defensa del territorio

La amplia llegada de recursos económicos a los cabildos y asociaciones regionales de cabildos, sumada al reconocimiento de derechos diferenciales, ha hecho que en muchas ocasiones estar censado como indígena signifique tener acceso a una mejor prestación de salud o dejar de pagar un impuesto ordinario, unos beneficios fácilmente deseados por una población rural precarizada y marginalizada que habita uno de los departamentos históricamente más golpeados por la guerra. Además, la remuneración de tareas que anteriormente se hacían de manera militante ha implicado también la creación, dentro del movimiento indígena, de un creciente aparato burocrático institucionalizado que inevitablemente acarrea consigo dinámicas de meritocracia, profesionalismo y verticalidad.

“Lo indígena aún es muy fuerte y valoramos la fuerza que tiene el CRIC, la capacidad de convocatoria, pero la forma en que se ha institucionalizado también la cuestionamos, por ejemplo, con la educación, ahí estamos en un camino prestado todavía”, asegura Gentil Guejia, nasa de la región de Tierradentro que impulsa los procesos de educación desde la tulpa, el centro espiritual del pueblo nasa. “Nuestros mayores tenían muy claro que lo espiritual estaba conectado y por encima de lo político”, sigue Guejia, “ahora se ve una ausencia. Queremos lo propio, pero siempre estamos trabajando y definiéndonos en función de lo de afuera —lo occidental— y eso es lo que nos tiene enredados”.

Esa coyuntura interna, sumada a la persistencia, a pesar de la firma de los acuerdos de paz entre las FARC y el estado colombiano, de la guerra en los territorios, propician que las comunidades vivan sumidas en complejas contradicciones. La recuperación de tierras, que resiste solo en el norte del Cauca con el proceso de Liberación de la Madre Tierra, ya no es la principal tarea de los procesos de lucha. Defender el territorio y la vida —desde el año 2000 con un cuerpo comunitario de paz reconocido ya internacionalmente cómo la Guardia Indígena —ante la presencia de grupos armados que administran el negocio del narcotráfico ha sido el motivo por el cual han matado en los últimos años a comuneros, guardias y autoridades indígenas como Edwin Dagua, asesinado en el Resguardo de Huellas Caloto en diciembre de 2018 y Cristina Bautista, asesinada en el Resguardo de Tacueyó en octubre de 2019.

Contradicciones y diversidades

En los últimos 15 años la organización ha crecido mucho y se ha complejizado y diversificado. Si en 1971 fueron siete los cabildos que dieron origen al CRIC, hoy éste articula a 127 autoridades tradicionales pertenecientes a diez pueblos indígenas del departamento del Cauca, que va de los Andes hasta el Pacífico. Y si durante los primeros años de organización las reuniones eran en voz bajita y los canales de comunicación totalmente clandestinos, los 50 años del Consejo Regional Indígena del Cauca se han celebrado por todo lo alto en un ambiente festivo lleno de grandes carpas, tarimas y pantallas y entre más de 20.000 comuneros y comuneras, representantes de organizaciones sociales nacionales e internacionales, delegados de otros pueblos étnicos y simpatizantes del CRIC.

Durante cinco días de celebración, con una programación a base de ponencias sobre temáticas sociales y políticas y de música y danzas andinas, propias y prestadas, acompañadas del tradicional chirrincho, agua ardiente artesanal, la mayoría de oradores en tarima han sido hombres. Y es que, en el presente, —y los espacios de mujeres se cuestionan que ancestralmente haya sido así— los principales liderazgos indígenas en Colombia son masculinos. Uno de los más visibles, por su actividad política y mediática como senador de la República, es Feliciano Valencia, nasa del norte del Cauca.

Visiblemente molesto con la presencia del uribista ministro del interior en la celebración de los 50 años del CRIC, Valencia asegura que “debemos reconocer que hay contradicciones, pero lo más importante es que estamos unidos bajo un solo proyecto, la pervivencia y la lucha por la tierra.”“Hay gente que desde los resguardos está celebrando este aniversario de otra forma, brindando desde los sitios sagrados dándole fuerza al CRIC. Esa es la diversidad, y la contradicción, que nos representan y por eso habrá CRIC para rato”, continua Valencia. Los contrastes si existen: en el aniversario vemos desde los médicos tradicionales que hacen ofrendas al fuego y “a los espíritus de la naturaleza”, tal como ellos los nombran y sienten, hasta los dirigentes de la organización que recientemente han pactado una “reactivación económica” con el Ministerio de Interior y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo promotor de megaproyectos extractivistas en América Latina.

Transformaciones y desafíos

Feliciano Valencia asume como retos del CRIC, llegar a ejercer una autonomía real, seguir “defendiendo la vida, ante tanta masacre” y darle a la mujer “el espacio que se merece: no tenerla a un lado, no tenerla atrás como a veces alegremente decimos, sino en su sitio, valorada, respetada y escuchada”, afirmación novedosa en un líder como Valencia. En ese sentido, existe una transformación muy lenta, pero mujeres de los distintos pueblos, inspiradas en la lucha de la Cacica Gaitana, cada vez golpean más fuertemente una pared que sigue firme, de piedra, pero que va poco a poco agrietándose.

Dan golpes como el reconocimiento que el Programa Mujer del CRIC hizo a los aportes invisibilizados de 35 mujeres mayoras en los 50 años de lucha del CRIC. O como este llamado de atención que la lideresa del pueblo misak Ascención Tunubulá hizo a la multitud indígena el pasado 24 de febrero: “Muchas compañeras dieron su vida por este proceso de lucha y de recuperación. Yo les digo a nuestros hombres, a nuestros esposos, que valoremos a nuestras mujeres porque gracias a ellas es que tenemos nuestros territorios, ellas son las tejedoras de vida. Hay que darle ese valor, ese realce y esa dignidad a la mujer”, exclamó en su lengua propia, el namrik.

Por ahora, de los nueve consejeros del CRIC, una es mujer, y de los diez de la Organización Nacional Indígena de Colombia, solo dos lo son. Una de ellas es Aida Quilcué, mujer nasa de Tierradentro históricamente perseguida por unos y otros, erigida como defensora de derechos humanos después de que las FARC asesinara a su compañero y articuladora de luchas con otros pueblos. De las que sabe aterrizar su discurso a las problemáticas presentes con cierta reflexión autocrítica, parada en la tarima ante unos 10.000 comuneros y comuneras, aconseja: “Revisémonos hacia adentro, kwe’sx le'cxkwe puutxwe'weka, kwe'sx fxi'jzenxi's le'cxkwe the’guka”, afirma en su lengua propia porque sabe que no es lo mismo que hablar en la que llaman “lengua prestada”. “Hagamos lo que ustedes, la comunidad, han denominado la Minga hacia adentro, ir hacia la vida que nos identifica a nosotros desde las raíces, eso es parte de la resistencia”, asevera Quilcué.

“Nos corresponde necesariamente caminar hacia adentro, y así llegar al seno de la familia, para mirar cómo conversamos con ellos y generar un camino. Y ese camino tiene que reafirmarse en la identidad y la cosmovisión propia que son las que están en riesgo”, asegura el mayor Gentil Guejia. Una tarea compleja teniendo en cuenta lo que Aida Quilcué denomina una “invasión política, cultural y espiritual de 500 años”, pero que, sin duda, las comunidades del CRIC sabrán seguir haciendo, porque de ello, de la posibilidad de seguir viendo y viviendo el mundo desde otros paradigmas que no sean el occidental, depende que el CRIC y el resto de la humanidad puedan celebrar 50 años más de vida.

Por Berta Camprubí

Cauca (Colombia)

7 mar 2021 06:00

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La pandemia desde América Latina Nueve tesis para un balance provisorio

El balance, aún provisorio, de lo ocurrido en América Latina en tiempos de covid-19 deja un gusto amargo y una sensación ambivalente. La pandemia colocó en el centro cuestiones antes periféricas, pero las reacciones son todavía débiles para enfrentar la necesidad de cambios profundos derivada de la crisis socioecológica. Si no quiere ser hablada desde el Norte, América Latina debe ser parte de las grandes discusiones globales.

 

2020 no será un año para el olvido. Disruptivo y devastador como pocos, deja enormes heridas sin restañar en nuestros cuerpos, en nuestras subjetividades y memorias. Y aunque algunos esperan un 2021 más tranquilizador, nadie puede en rigor asegurar que lo que se abrió en este inicio de década con la pandemia de covid-19 vaya a cerrarse con una o más vacunas milagrosas. La dinámica desencadenada nos advierte sobre los contornos de una configuración civilizatoria cuyas características globales, regionales y nacionales todavía no están del todo definidas, pero cuyos ejes y puntos de referencia pueden vislumbrarse. Sobre algunos de ellos me gustaría reflexionar en este artículo, dividido en nueve «tesis».

  1. La pandemia colocó en el centro aquello que estaba en la periferia: visibilizó el vínculo entre desigualdades sociales y dueñidad, así como la relación entre zoonosis, pandemia y crisis socioecológica.

La pandemia de covid-19 colocó en el centro de la escena problemáticas que antes estaban en la periferia, minimizadas o invisibilizadas. Por un lado, puso al desnudo las desigualdades sociales, económicas, étnicas y regionales y los altos niveles de concentración de la riqueza, haciéndolos más insoportables que nunca. Tras varias décadas de neoliberalismo, evidenció el retroceso de los servicios básicos, en relación no solo con la salud sino también con la educación (la brecha digital), en el acceso a la vivienda y la degradación del hábitat. La diseminación del virus mostró el fracaso de un modelo de globalización neoliberal consolidado en los últimos 30 años al calor de la Organización Mundial del Comercio (omc), lo cual no quiere decir que el neoliberalismo esté muerto o agónico; lejos de ello. La crisis desatada por la pandemia exacerbó las desigualdades extremas en todos los niveles. A escala latinoamericana, según un informe de Oxfam, las elites económicas y los superricos ampliaron su patrimonio en 48.200 millones de dólares, 17% más que antes de la aparición del covid- 19, mientras que la recesión económica provocaría que 52 millones de personas caigan en la pobreza y más de 40 millones pierdan sus empleos, impulsando un retroceso de 15 años para la región1. El virus mostró hasta qué punto estamos frente a un mundo de dueños, pues como sostenía la antropóloga Rita Segato ya antes de la pandemia, la palabra desigualdad no alcanza para graficar tamaña obscenidad: «Este es un mundo marcado por la dueñidad o el señorío»2.

En segundo lugar, la pandemia visibilizó el vínculo estrecho entre crisis socioecológica, modelos de maldesarrollo y salud humana. Hasta marzo de 2020, el término «zoonosis» no formaba parte de nuestro lenguaje y quizá para algunos todavía sea un concepto algo técnico o lejano, pero es la clave para entender el detrás de escena de la pandemia. Detrás del covid-19 se halla la problemática de la deforestación, esto es, la destrucción de ecosistemas que expulsa a animales silvestres de sus entornos naturales y libera virus zoonóticos que estuvieron aislados durante milenios, poniéndolos en contacto con otros animales y humanos en entornos urbanizados y posibilitando así el salto interespecie. Claro que el covid-19 no es el primer virus zoonótico que conocemos; ya hubo otros, incluso más letales (el ébola, el sars, la gripe porcina y aviar, el hiv)3. Y aunque el virus se manifestó primero en China, esto podría haber sucedido en cualquier otra región del planeta, porque lo que está en su base es un modelo productivo global enfocado en la alta productividad y en la maximización del beneficio económico, construido por las grandes firmas corporativas, que se acompaña con una degradación de todos los ecosistemas: expansión de monocultivos que conllevan la aniquilación de la biodiversidad, sobreexplotación de bienes naturales, contaminación por fertilizantes y pesticidas, desmonte y deforestación; acaparamiento de tierras, expansión de modelos alimentarios basados en la cría de animales a gran escala, entre otros.

Así, el elemento revelador es que el avance del capitalismo sobre los territorios tiene la capacidad de liberar una gran cantidad de virus zoonóticos, altamente contagiosos, que mutan con rapidez y para los cuales no tenemos cura. En suma, la pandemia mostró hasta qué punto hablar de «Antropoceno» o «Capitaloceno» no es solo una cuestión de cambio climático y calentamiento global, sino también de globalización y modelos de maldesarrollo. Resaltan así otros aspectos de la emergencia climática, no vinculados exclusivamente con el incremento en el uso de combustibles fósiles, sino también con los cambios en el uso de la tierra, la deforestación y la expansión de la ganadería intensiva, todas ellas fuentes de potenciales pandemias.

  1. Las metáforas y conceptos que fuimos utilizando para tratar de captar y analizar la pandemia deben ser entendidos en un sentido dinámico. Hemos pasado de la metáfora del «portal» a la del «colapso», conservando en el centro del lenguaje político la metáfora bélica.

La activación del freno de emergencia como producto de la crítica situación sanitaria generó una crisis extraordinaria, de enormes consecuencias sociales, económicas y políticas. Desde el comienzo, la metáfora bélica, esto es, la alusión a la guerra contra el virus, recorrió el lenguaje político hegemónico. Desde mi perspectiva, su uso tiende a concentrarse en el síntoma y a desdibujar y ocultar las causas estructurales, más allá de que apunta a lograr la cohesión social frente al daño, de cara a un enemigo «invisible» y «desconocido». No voy a abundar en esto, pero vale la pena poner de relieve la persistencia de esta metáfora, pese a la información que circula sobre las causas de la pandemia4.

En realidad, me interesa volver sobre otras dos metáforas utilizadas: la del portal y la del colapso. Efectivamente, la crisis extraordinaria producida por el covid-19 abrió a demandas ambivalentes y contradictorias entre sí. Por un lado, demandas de transformación, de solidaridad y de cambio; por otro, demandas de orden y de retorno a la «normalidad». Así, la crisis extraordinaria nos instaló en un «portal», entendido como un umbral de pasaje, que produjo la desnaturalización de aquello que teníamos naturalizado. Como subrayó la poeta india Arundhati Roy en un notable artículo, nos invade el sentimiento de que dejamos un mundo atrás, la sensación de abrirnos a un mundo otro, diferente e incierto5. Pero la metáfora del portal también aludía a una encrucijada: o bien la crisis abría a la posibilidad de abordar todos aquellos debates civilizatorios que hasta ayer estaban en la periferia, tales como la dueñidad y la crisis socioecológica; o bien la humanidad consolidaba la ruta del capitalismo del caos, acelerando el colapso sistémico, con más autoritarismo, más xenofobia, más desigualdades, más devastación ecológica. 

En suma, la metáfora del portal no tenía nada que ver con la posibilidad de un mundo reseteado, tarea imposible y descabellada. Más bien conllevaba una doble dimensión, pues si bien en un primer momento abría a un proceso de liberación cognitiva, que impulsaba la necesidad de concebir transformaciones mayores (la crisis como una oportunidad), también nos advertía sobre el peligro de clausura cognitiva, a través del repliegue insolidario y el afianzamiento de las desigualdades. Como recordaba la periodista y escritora Naomi Klein, la crisis podía ser una nueva oportunidad para repetir la fórmula del capitalismo del desastre o la «doctrina del shock», que define como

la estrategia política de utilizar las crisis a gran escala para impulsar políticas que sistemáticamente profundizan la desigualdad, enriquecen a las elites y debilitan a todos los demás. En momentos de crisis, la gente tiende a centrarse en las emergencias diarias de sobrevivir a esa crisis, sea cual fuere, y tiende a confiar demasiado en quienes están en el poder.6

A nueve meses de declarada la pandemia, la sugestiva y potente metáfora del portal cayó en desuso y lo que se vislumbra bajo el nombre de «nueva normalidad» se parece más a un empeoramiento y exacerbación de las condiciones existentes –sociales y ecológicas–, algo que la figura del «colapso» sintetiza de un modo a la vez unívoco y pluridimensional. El colapso no es solo ecológico, como vienen anunciando tantos estudios científicos sobre la emergencia climática, sino también sistémico y global. Su tránsito involucraría diferentes niveles (ecológico, económico, social, político), así como distintos grados (no tiene por qué ser total) y diferencias geopolíticas, regionales, sociales y étnicas (no todos sufrirán el colapso de la misma manera)7. En fin, el ingreso en la era del colapso alienta diferentes visiones: en lo empírico, estamos ante la proliferación de imágenes catastrofistas y distópicas sobre el futuro, muchas de ellas desprovistas de un lenguaje político (o abiertamente antipolíticas), que aluden a la extinción y al caos; por otro lado, en cuanto a lo teórico y ensayístico, pareciera dar lugar a una nueva disciplina científica, hoy en ciernes, la «colapsología», creada por los franceses Pablo Servigne y Raphaël Stevens, que apunta a reflexionar sobre el finde un mundo, este que conocemos, y propone discutir elementos y políticas para poner en marcha para atravesarlo «lo más humanamente posible»8.

  1. La pandemia puso en cuestión el multilateralismo y los liderazgos mundiales por la vía del repliegue a las agendas nacionales, frente a la escasez de estrategias cooperativas e internacionalistas.

Desde marzo de 2020, suele afirmarse que asistimos a un retorno o relegitimación de un Estado fuerte. Sin embargo, el retorno de los Estados es también expresión de un repliegue hacia las agendas nacionales. En el marco de la pandemia, cada país ha venido haciendo su juego, mostrando con ello la variabilidad de las estrategias sanitarias y políticas disponibles. A escala nacional, el repliegue ilustró una conjunción paradójica, que combina el decisionismo hipermoderno (la concentración de las decisiones en el Poder Ejecutivo y la ampliación del control sobre la ciudadanía de la mano de las tecnologías digitales) con un fuerte proceso de fragmentación local (el cierre de las ciudades, provincias y Estados, a la manera del modelo de las aldeas medievales).

No hubo respuestas globales ante la emergencia de la pandemia sino una mayor fragmentación y escasa cooperación a escala internacional, algo que afectó incluso a la Unión Europea, acentuando –al decir de muchos– la pérdida de confianza en la integración. De la mano de Donald Trump, Estados Unidos renunció al rol de líder mundial sin que esto significara una mejor gestión de la pandemia en el ámbito nacional. Hacia afuera, esto se expresó en un incremento de la tensión geopolítica con China, así como con organismos multilaterales como la Organización Mundial de la Salud (oms); hacia adentro, en el enfrentamiento de Trump con los gobernadores de los diferentes estados. Por su parte, al inicio de la pandemia, China realizó una serie de vuelos para asistir sanitariamente a diferentes países (entre ellos, varios latinoamericanos). Hacia adentro, casi todos los países del globo sufrieron procesos de militarización que repercutieron muy especialmente sobre las poblaciones más vulnerables, en particular en América Latina (donde los controles son menos de orden digital y mucho más de orden físico y territorial); esto tuvo su agravante en algunos países emergentes (como la India), e incluso en eeuu se expresó, puertas adentro, en la centralidad que cobró el racismo como estructura de dominación de larga duración. 

Por último, en esta enumeración incompleta, pese a que se habló mucho del regreso de un Estado fuerte y se subrayaron tempranamente sus ambivalencias (el Estado de excepción que coexiste con el Estado social), hubo escasa reflexión teórica y política sobre la posibilidad de su transformación para enfrentar la crisis económica y social, visto y considerando los límites que impone su evidente colonización por parte de las elites (la dueñidad). 

La pandemia acentuó la competencia nacionalista en el marco del desorden global. Un reflejo de ello es la carrera por lograr una vacuna eficaz, pero también la carrera por agenciarse esas mismas vacunas. En los últimos meses, los países más ricos buscaron asegurarse el aprovisionamiento de las diferentes vacunas que hay en danza, comprando dosis por adelantado. Esta política de acaparamiento hace que entre 40% y 50% del suministro mundial ya esté en manos de los países más ricos, lo cual deja con menos chances a los países más pobres9. Uno de los ejemplos más escandalosos es Canadá, donde el primer ministro progresista Justin Trudeau, lejos de cualquier estrategia cooperativa, firmó contratos con siete farmacéuticas para obtener 414 millones de dosis, cinco veces más de las que se utilizarán en el país10. Mientras tanto, en diferentes países del Sur (sobre todo en América Latina), los gobiernos se desesperan por agenciarse alguna de las vacunas, frente al temido segundo brote del virus.

  1. En América Latina, los Estados apostaron a intervenir a través de políticas públicas sanitarias, económicas y sociales, pero el devenir de la pandemia puso al desnudo las limitaciones estructurales y coyunturales.

La pandemia y los horizontes que abre plantean numerosos interrogantes. A escala global, parece haber llegado la hora de repensar la globalización desde otros modelos y de sentar las bases de un Estado fuerte, eficaz y democrático, con vocación para reconstruir lo común, articulando la agenda social con la ambiental. Sin embargo, en los niveles regional y nacional, frente a los impactos económicos, la pregunta salta a la vista: ¿hasta dónde los Estados periféricos tienen las espaldas anchas para avanzar en políticas de recuperación social?

Así, en América Latina, el virus acentuó aún más las desigualdades sociales y territoriales existentes y exacerbó las fallas estructurales (el hacinamiento y falta de acceso a la salud, la insuficiencia de la estructura sanitaria, la informalidad, la brecha de género), lo que dio lugar a un cóctel potencialmente explosivo. Una vez pasada la primera ola en Europa, América Latina, con 8% de la población mundial, se convirtió en el epicentro de la pandemia, con más muertes en el mundo, al menos hasta el arribo de la segunda ola, que afectaría a los países europeos a partir de noviembre11

Casi todos los países de la región adoptaron medidas económicas y sanitarias destinadas a contener la crisis social y sanitaria. Según un reciente informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en total son 26 los programas temporales de transferencias monetarias adoptados por 18 países de la región, entre los cuales se destaca el caso de Honduras con la asistencia ofrecida a trabajadores independientes, la extensión hasta diciembre del programa de transferencias Ingreso Solidario de Colombia, el incremento en el valor y la expansión de cobertura del Ingreso Familiar de Emergencia chileno y las nuevas disposiciones para la protección al empleo en Nicaragua (uno de los últimos países en implementar este tipo de respuesta)12. En Brasil, Jair Bolsonaro dejó de lado la ortodoxia e implementó una «renta básica» de 600 reales (unos 112 dólares) para unos 60 millones de personas. En el caso de Argentina, el gobierno implementó hasta diciembre de 2020 un Ingreso Familiar de Emergencia (ife) para desocupados, informales y trabajadores autónomos de las categorías más bajas, que alcanza a 7.854.316 personas; incrementó la ayuda alimentaria en comedores y lanzó algunas medidas ligadas al crédito para contener la crisis de las pymes, que son la principal fuente de trabajo en el país. También implementó un Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, destinado a pagar 50% de los sueldos de empresas (pequeñas, medianas y algunas grandes). Pero, como afirma el economista Rubén Lo Vuolo, «quienes más sufren la pandemia son las actividades declaradas como ‘no esenciales’, las pequeñas y medianas unidades productivas y la fuerza de trabajo informal y precarizada; que además, coincide con los grupos que registran mayores déficits habitacionales y menor acceso a servicios públicos básicos, incluyendo los sanitarios»13. Este diagnóstico podría extenderse a toda la región, dadas las características del mercado laboral (54% es fuerza de trabajo informal, según datos de la Organización Internacional del Trabajo, oit). Si sumamos los cambios ocurridos en el mundo del trabajo, en relación con la expansión del teletrabajo así como las llamadas economías de plataformas, el panorama indicaría que la precarización ha ido en aumento. En todo caso, según el ya citado informe de Unicef, en América Latina el desempleo saltó de 5,4% en diciembre de 2019 a 13,5% en diciembre de 2020, afectando a un total de 44,1 millones de personas. En su Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) prevé una contracción promedio de 7,7% para 2020 –la mayor en 120 años– y un rebote de 3,7% en 202114. Asimismo, considera que los impactos de la crisis económica no son de corto, sino de mediano plazo.

Por otro lado, en un contexto de fragmentación, no hubo instituciones regionales que estuvieran a la altura del desafío. En términos políticos, la crisis del covid-19 encontró a América Latina fragmentada, sin hegemonías neoliberales ni tampoco progresistas, muy distante del crecimiento económico experimentado durante el boom de los commodities. Ni la experiencia de Andrés Manuel López Obrador en México (muy desconectada del ciclo progresista anterior), ni la vuelta del peronismo en Argentina (como una suerte de progresismo de baja intensidad), ni la reciente recuperación institucional en Bolivia, con el nuevo triunfo del Movimiento al Socialismo (mas), pueden ser interpretadas sin más como el advenimiento tout court de una segunda ola progresista. Una parte importante de los progresismos están bastante agotados, luego del ciclo hegemónico extendido entre 2000 y 2015 aproximadamente, cuyo balance –desigual, según los países– todavía sigue siendo debatido en la región. A esto hay que agregar la emergencia de una extrema derecha en Brasil, lo cual dispara la reflexión sobre la existencia de corrientes sociales y políticas fuertemente autoritarias y antiderechos, que recorren otros países de la región. 

En suma, lo novedoso en América Latina es que, a la fragilidad del escenario político emergente, se agrega una triple crisis: sanitaria, económica y social. Como sostiene el título de un libro reciente, América Latina pasó de «la implosión social a la emergencia sanitaria y social post-covid»15. En ese marco, es posible que estemos ingresando en un «tiempo extraordinario», en el cual la liberación cognitiva de las multitudes mueva las placas tectónicas de la transición, pero a ciencia cierta, en un contexto post-covid 19 caracterizado por el incremento de las desigualdades y la aceleración del neoextractivismo, no sabemos hacia qué transición nos estamos dirigiendo. No solo los tiempos políticos se han acelerado, sino que además, en su vertiginosidad, el hartazgo de las sociedades amenaza con mutaciones bruscas y violentas del escenario político, a imagen y semejanza de la crisis climática actual.

  1. Aunque el covid-19 hizo que se activara el freno de emergencia, el neoextractivismo no cesó. Más aún, para los países latinoamericanos, la aceleración del extractivismo forma parte esencial de la apuesta por la reactivación económica y la llamada «nueva normalidad».

Durante 2020, no pocos celebraron que la paralización de diferentes actividades económicas se tradujera en una reducción de 7% de la emisión de gases de efecto invernadero. Como aquellos animales que salieron de sus nichos y se atrevieron a recorrer las ciudades en época de confinamiento, sabemos que el fenómeno, por no buscado, es sencillamente pasajero; apenas un efecto colateral de corto alcance. Por otra parte, el freno de emergencia activado fue relativo. Así, por ejemplo, el extractivismo no se detuvo; todo lo contrario. En América Latina, pese a la importancia cada vez mayor de los conflictos socioambientales y la amplitud de las problemáticas que estos incluyen, las políticas públicas de los diferentes gobiernos no apuntaron a fortalecer las demandas ambientales. No pocas de las actividades extractivas fueron declaradas esenciales (como la minería), avanzaron el desmonte y la deforestación, y con ello también los incendios. Durante la pandemia continuaron los asesinatos de activistas ambientales, reafirmando con ello que América Latina –particularmente países como Colombia, Brasil y México– sigue siendo la zona más peligrosa del mundo para los defensores del ambiente.

 La política neoextractivista continúa desbordando cualquier grieta ideológica. Así, el «lobby del fuego» desató su furia más que nunca. Por ejemplo, el Pantanal brasileño, el humedal continental más grande del planeta, que cubre gran parte de los estados de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul, registró 16.000 incendios en 2020, que se convirtió en el año más castigado por el fuego según datos del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (Inpe)16. Durante 2020, Argentina ocupó el segundo lugar a escala global por la cantidad de focos de incendios que afectaron a humedales y bosques nativos, detrás de los cuales se encuentran los lobbies sojero, minero y de los grandes agentes inmobiliarios (urbanizaciones privadas). Los incendios afectaron 14 provincias y arrasaron más de un millón de hectáreas17. Asimismo, pese a la caída de la demanda de combustibles fósiles (que hizo que en algún momento su precio fuera negativo), en países como Argentina continuaron los subsidios a las empresas petroleras. El colmo fue la aprobación del impuesto a las grandes fortunas –una medida que costó instalar frente a la oposición cerril de la derecha–, que se suponía iría a paliar exclusivamente los males de la pandemia. Sin embargo, el proyecto aprobado destina nada menos que 25% del monto recaudado a financiar el gas del fracking que se extrae en el megayacimiento de Vaca Muerta. 

En México, en septiembre de 2020, Víctor Toledo, uno de los grandes referentes continentales de la ecología política, tuvo que dimitir de su cargo en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Toledo es un defensor de la agroecología y de la transición ecosocial, y bajo su mandato impulsó la prohibición del glifosato y criticó el proyecto del Tren Maya, uno de los emblemas del «desarrollo» del gobierno de López Obrador, que atropella los derechos de las comunidades ancestrales. Su renuncia dejó al descubierto, una vez más, los límites del progresismo selectivo latinoamericano.

Por último, mientras en Colombia continúa la lucha contra la práctica del fracking, tanto en Ecuador como en Argentina se profundizó el embate de la minería, pese a que esta no cuenta con licencia social y que la ciudadanía movilizada busca activar dispositivos institucionales disponibles (consultas públicas en Cuenca, Ecuador; iniciativas ciudadanas en Chubut, Argentina), los cuales son negados y/o retaceados por las autoridades. Así, el avance de la minería, en alianza con los gobiernos provinciales y nacionales, en nombre de la reactivación económica, muestra la consolidación de la nefasta ecuación: «a más extractivismo, menos democracia»18

No hay que olvidar que, en las últimas décadas, los gobiernos latinoamericanos buscaron oponer lo social y lo económico a lo ambiental. Por ejemplo, los progresismos justificaron el neoextractivismo y la depredación ambiental en nombre del desarrollo y de la reducción de las desigualdades, lo cual generó una situación paradójica, a partir de la instalación de una agenda selectiva de derechos, que negaba o desestimaba las demandas socioambientales y gran parte de los reclamos indígenas por tierra y territorio. Hoy sabemos que una porción importante del crecimiento económico experimentado en América Latina durante el boom de los commodities fue capturado por los sectores más ricos de la sociedad. Datos de la revista Forbes muestran que la riqueza de los multimillonarios latinoamericanos (con fortunas superiores a 1.000 millones de dólares) creció a un ritmo de 21% anual entre 2002 y 2015, un incremento seis veces superior al del pib de la región (3,5% anual)19. En 2013-2014, según Oxfam, el 10% de las personas más ricas de la región se quedaba con 37% de los ingresos; pero si se consideraba la riqueza, estos datos ascendían de modo abrumador: el 10% más rico acumulaba 71% de la riqueza, mientras que el 1% más privilegiado se quedaba con 41%20

Todavía hoy se sigue oponiendo lo social a lo ambiental, como si hubiera una contradicción entre ambos aspectos, desestimando el hecho de que quienes más sufren los daños ambientales en nuestras latitudes son los sectores más vulnerables, porque habitan en zonas expuestas a fuentes de contaminación y carecen de los medios económicos y humanos para afrontar las consecuencias, resistir los embates del extractivismo y sobrellevar los impactos del cambio climático (inundaciones, sequías, tormentas). En suma, resulta increíble que en plena emergencia climática y atravesando una pandemia de raíz zoonótica, las elites políticas y económicas latinoamericanas continúen negando la importancia de la crisis socioambiental y el indudable lazo que existe entre la salud del planeta y la salud humana. En realidad, prevalecen la ceguera epistémica y el analfabetismo ambiental, ligados a una determinada visión del desarrollo, del crecimiento económico indefinido y del progreso, responsable de la actual situación de catástrofe ecológica. Por supuesto, hasta dónde la ceguera epistémica, combinada con intereses económicos, impide leer la realidad depende del contexto. La conclusión es que, pese a que los hechos ponen en tela de juicio la mirada desarrollista, para la mayoría de los gobiernos latinoamericanos el extractivismo continúa siendo visto como una tabla de salvación en medio de la crisis.

  1. La pandemia habilitó discusiones sobre la transición ecosocial, la reforma tributaria y diferentes formulaciones sobre el ingreso básico universal.

En la medida en que el covid-19 puso en el centro aquello que estaba en la periferia, habilitó también los debates sobre la urgencia de la transición ecosocial. Así, aquello que aparecía reservado a unos pocos especialistas y activistas radicales entró en la agenda pública. Propuestas integrales elaboradas en años anteriores fueron actualizadas al calor de la pandemia. Científicos e intelectuales de todo el mundo promovieron manifiestos y propuestas que incluían desde una agenda verde y un ingreso básico hasta la condonación de la deuda de los países más pobres. 

Sería imposible relevar las diferentes propuestas de transición ecosocial que se han difundido en estos meses. No es mi interés tampoco presentar una cartografía de ellas, por lo cual solo me concentraré en algunas. La primera, por su proyección, es aquella del Green New Deal (Nuevo Pacto Verde) promovido por el ala izquierda del Partido Demócrata de eeuu, que tiene como referentes a Bernie Sanders y a Alexandria Ocasio-Cortez y es sostenida por intelectuales como Naomi Klein21. Esta propuesta apunta a la descarbonización de la economía y a la creación de empleos verdes, para lo cual propone un Estado planificador y democrático. Durante 2020, la propuesta se tradujo en un «Plan Estímulo Verde» cuyo objetivo es recuperar la economía utilizando recursos públicos para la transición energética (energía, transporte público y viviendas verdes, salud y educación). En todo caso, como sostiene la politóloga Thea Riofrancos, una de las autoras de A Planet to Win: Why We Need a Green New Deal [Un planeta por ganar. Por qué necesitamos un Nuevo Pacto Verde]22 y de las más activas en esa plataforma, el reciente triunfo del demócrata Joe Biden abre un escenario de disputa que permite anticipar que «ha comenzado la década del Nuevo Pacto Verde».

En el plano internacional, se constituyó la Internacional Progresista, bajo el lema «Internacionalismo o extinción», lanzado entre otros por el célebre lingüista Noam Chomsky. Esta tuvo su primera cumbre virtual entre el 18 y el 20 de septiembre pasado, ocasión en la cual el ex-ministro de Economía griego Yanis Varoufakis sostuvo que «ya estamos entrando en una etapa poscapitalista», y el dilema es si su economía «será autoritaria y oligárquica o democrática y social». Ante el desastre ambiental, planteó un «acuerdo ecológico internacional» que, con un presupuesto de ocho billones de dólares anuales, podría llevar a cabo la transición de las energías fósiles hacia las energías renovables, disminuir el consumo de carne y apostar a los alimentos orgánicos. Desde su perspectiva, se trata de un reto análogo a la reconstrucción de Europa luego de la Segunda Guerra Mundial, aunque no solo se trate de reconstruir sino de crear nuevas tecnologías23

Sin embargo, más allá del llamado global contra el avance de las extremas derechas y las apelaciones al poscapitalismo, la Internacional Progresista reúne a un conglomerado muy heterogéneo de figuras intelectuales y políticas: desde connotados ecologistas que promueven la transición ecosocial hasta la flor y nata del progresismo extractivista latinoamericano (Rafael Correa, Álvaro García Linera, entre otros), reconocidos por la persecución a sectores ambientalistas de su país. En razón de ello, no queda claro cuál sería el rol de la transición social-ecológica o cuál su visión sobre la articulación entre justicia social y justicia ambiental. 

Otras iniciativas, provenientes de intelectuales y reconocidas organizaciones ambientalistas –como Ecologistas en Acción, en España, o Attac Francia–, han promovido propuestas integrales que abordan la temática del decrecimiento. Por ejemplo, Attac Francia publicó, en mayo de 2020, un libro titulado Ce qui dépend de nous. Manifeste pour une relocalisation écologique et solidaire [Lo que depende de nosotros. Manifiesto por una relocalización ecológica y solidaria]24, en el cual propone refundar los servicios públicos por y para el cuidado, repensar las necesidades y planificar el decrecimiento, inventando un proceso democrático de planificación ecológica para hacer sostenible nuestro sistema de producción. Eso implica decrecer para algunos sectores y crecer para otros. Antes que un ingreso básico, propone financiar un «ingreso de transición ecológica» para sostener a aquellos actores que se involucren en actividades ecológicas (agroecología, eficiencia energética, ecomovilidad, low tech, entre otros).

  1. En América Latina, desde la sociedad civil y, excepcionalmente, desde algunos partidos políticos, surgieron propuestas de llamados a la transición ecosocial, no todas ellas vinculadas a referentes ambientales.

Son varias las propuestas de transición ecosocial elaboradas desde América Latina. Entre ellas, quisiera destacar el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, que me involucra de modo personal y colectivo. Se trata de una propuesta promovida por diferentes activistas, intelectuales y organizaciones sociales de países como Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela y Chile, vinculados a las luchas ecoterritoriales del continente. 

El Pacto Ecosocial fue lanzado en junio de 2020 y tuvo diferentes inflexiones y agendas, según los países y articulaciones sociales logradas. Sus ejes son el paradigma de los cuidados, la articulación entre justicia social y justicia ecológica (ingreso básico, reforma tributaria integral y suspensión de la deuda externa); la transición socioecológica integral (energética, alimentaria y productiva) y la defensa de la democracia y la autonomía (en clave de justicia étnica y de género). Se trata de una plataforma colectiva que invita a construir imaginarios sociales, acordar un rumbo compartido de la transformación y una base para plataformas de lucha en los más diversos ámbitos de nuestras sociedades25.El pacto ecosocial dialoga con otras propuestas en danza, como el Nuevo Pacto Verde, el decrecimiento o los manifiestos de relocalización ecológica y solidaria. Pero se trata de una apuesta ecosocial, económica, intercultural, pergeñada desde el Sur, que rechaza que este continúe siendo hablado y pensado solo desde el Norte, incluso cuando se trata de propuestas de transición, que por lo general no colocan en el centro la cuestión de la deuda ecológica y, en algunas ocasiones, tampoco van más allá de la descarbonización de las sociedades. Desde el Pacto Ecosocial se afirma que los problemas de América Latina son diferentes de los del Norte, que existen fuertes asimetrías históricas y geopolíticas; que al calor de la crisis socioecológica y del aumento del metabolismo social, la deuda ecológica del Norte aumentó de modo exponencial en relación con el Sur. En esa línea, nos advierte también sobre las falsas soluciones, sobre la imposibilidad de subirnos sin más al carro de cualquier transición, si esta promueve un modelo corporativo y concentrado y no un modelo democrático y popular que asegure una transición justa para el Sur. Así, sostiene que es necesario debatir qué se entiende por transición. Por último, lejos de tratarse de una propuesta abstracta, se entronca con las luchas, con los procesos de reexistencia y los conceptos-horizontes forjados en las últimas décadas en el Sur global y en América Latina en particular, entre ellos, derechos de la naturaleza, buen vivir, justicia social y redistributiva, transición justa, paradigma del cuidado, agroecología, soberanía alimentaria, posextractivismos y autonomías, entre otros. 

Hubo también otras propuestas, entre ellas «Nuestra América Verde», un movimiento que se une al Nuevo Pacto Verde bajo la consigna «realismo científico, cooperación internacional y justicia social»26, que contiene 14 propuestas del Plan de Recuperación Económica con Justicia Social y Ambiental 2020-2030, con dos capítulos, uno internacional y otro social/ambiental. El plan postula 100% de energías limpias para 2050, junto con el compromiso de la eficiencia energética y cambios tributarios. Y aunque incluye a legisladores de partidos progresistas de Brasil, Argentina y Chile y algunos de sus firmantes están lejos de ser referentes en temas ambientales, revela la importancia que tiene en el contexto actual la generación de programas integrales ligados a la transición ecosocial.

Vale la pena agregar también que una de las pocas instituciones regionales que estuvo presente en el debate fue la Cepal, para la cual no es posible desarrollar una política de austeridad. Según este organismo, la crisis dejó en claro que la política fiscal vuelve a ser la herramienta para enfrentar choques sociales y macroeconómicos. Para ello es necesario aumentar la recaudación tributaria, mediante la eliminación de espacios de evasión y elusión tributaria que alcanzan 6,1% del pib. Asimismo, hay que consolidar el impuesto a la renta a personas físicas y corporaciones, y extender el alcance de los impuestos sobre el patrimonio y la propiedad, a la economía digital, así como correctivos, como impuestos ambientales y relacionados con la salud pública27. La propuesta de la Cepal incluyó la recomendación a los gobiernos latinoamericanos de implementar un ingreso básico universal de modo gradual, primero incluyendo a los sectores más afectados por la pandemia. La inflexión no es casual y muestra, como señalan Rubén Lo Vuolo, Daniel Raventós y Pablo Yanes, que «hoy el debate sobre la renta básica ya no es en torno de ‘experimentos’ acotados a grupos seleccionados como ‘pilotos’, sino en relación con políticas y con intervenciones de escala nacional»28.

En suma, en América Latina no son los gobiernos, sino las organizaciones, activistas e intelectuales quienes, desde la sociedad civil, habilitaron la discusión sobre programas de transición ecosocial. Para los diferentes gobiernos de la región, lo ambiental continúa siendo un saludo a la bandera, algo meramente decorativo, un adjetivo («desarrollo sustentable»), una columna más en el balance contable de las empresas, algo que se cree poder resolver con un par de soluciones tecnológicas (la razón arrogante), que no apunta por supuesto a las causas de la crisis, y que permite continuar con la fuga hacia adelante, sin cuestionar la visión hegemónica del desarrollo.

  1. La pandemia puso en la agenda el paradigma de los cuidados y develó que esta es la clave de bóveda para la construcción de una sociedad resiliente y democrática.

La pandemia mostró la necesidad de transformar la relación entre sociedad y naturaleza, de superar el paradigma dualista y antropocéntrico que concibe a la humanidad como independiente y externa a la naturaleza, concepción y vínculo que está en el origen de los modelos de maldesarrollo que hoy padecemos, e incluso de una visión instrumental y objetivista de la ciencia. No es casual, por ello, que nuestra mirada preste cada vez más atención a otros paradigmas o narrativas relacionales, que colocan en el centro la interdependencia, el cuidado, la complementariedad y la reciprocidad. En esa línea, una de las grandes contribuciones de los ecofeminismos, de los feminismos populares del Sur y de la economía feminista, junto con los pueblos originarios, es el reconocimiento de otros lenguajes de valoración, otros vínculos posibles entre sociedad y naturaleza, que colocan el cuidado y el sostenimiento de la vida en el centro.

La pandemia visibilizó la importancia de los cuidados en sus múltiples dimensiones. Por un lado, lo hizo en la dirección más general del cuidado de los territorios, de los ciclos de la vida, de los ecosistemas. Así, en tiempos del covid-19, asistimos a una verdadera explosión de foros y conversatorios en la región latinoamericana sobre los cuidados, protagonizados por diferentes lideresas, activistas y organizaciones de diferentes corrientes feministas, territoriales, comunitarias y socioambientales sobre el cuidado y la relación con los cuerpos y los territorios, las prácticas de cuidado, las semillas y la agroecología, el cuidado y la soberanía alimentaria, el cuidado y las tareas de la autogestión comunitaria. 

Por otro lado, la pandemia puso en evidencia la insostenibilidad de su actual organización, que recae sobre las mujeres, especialmente sobre las mujeres pobres. En América Latina y el Caribe, desde antes de la pandemia, «las mujeres dedicaban el triple de tiempo que los hombres al trabajo de cuidados no remunerado, situación agravada por la creciente demanda de cuidados y la reducción de la oferta de servicios causada por las medidas de confinamiento y distanciamiento social adoptadas para frenar la crisis sanitaria»29. Así, en estos meses se multiplicaron las reflexiones acerca de los cuidados como un derecho, temática impulsada particularmente desde la economía feminista. Hace unos años, la abogada argentina Laura Pautassi, impulsora de un enfoque de derechos en relación con el tema, hablaba del periodo 2010-2020 como «la década de los cuidados»30. Hoy esto está más presente que nunca. La necesidad de pensar políticas públicas activas, mediante sistemas integrales de cuidados, que conciban el cuidado como un derecho y reduzcan la brecha de género, resulta clave para pensar en la recuperación pospandemia.

Por último, el paradigma de los cuidados, como base de una transición ecosocial, apunta a ser concebido desde una perspectiva multidimensional, incluyendo la articulación con las diferentes esferas de la vida social: cuidado y salud, cuidado y educación, cuidado y trabajo, cuidado y acceso a la vivienda, cuidado y gestión comunitaria, entre otros. En suma, lejos de ser una moda, el paradigma de los cuidados como clave de bóveda de la transición ecosocial revela la potencia de los diferentes feminismos hoy movilizados en la escena social y política, en su cuestionamiento radical al patriarcado, en su denuncia del capitalismo como una máquina de guerra contra la vida y en su apuesta por la sostenibilidad de la vida digna.

  1. La pandemia generó cambios importantes en la conciencia colectiva en América Latina y la expansión de un ambientalismo popular en varios países de la región.

Pese a que los gobiernos latinoamericanos han profundizado su ceguera epistémica, los cambios generados en la sociedad civil, en términos de conciencia colectiva, son significativos. Por ejemplo, el avance de la destrucción y los incendios de la selva amazónica, que incluye varios países latinoamericanos, generó que, desde los diferentes pueblos de la región, se realizara la primera Asamblea Mundial por la Amazonía, «para compartir un deseo de cambio, una postura de unidad, con un llamado global para frenar el modelo político extractivista e invasor». En ese foro se escucharon denuncias sobre las quemas de la selva, la expansión ganadera y agroindustrial, la deforestación, la minería legal e ilegal, la industria petrolera, las hidroeléctricas, la violencia de los grupos armados, las amenazas y asesinatos de líderes y lideresas sociales, en fin, «el listado de toda la estrategia que han emprendido gobiernos y compañías multinacionales, el último centenio, para apoderarse de la selva amazónica»31.

En Argentina, la cuestión ambiental volvió a irrumpir en la agenda pública, revelando la conexión entre crisis sanitaria, neoextractivismo y emergencia climática: de un lado, hubo numerosas movilizaciones que denunciaron los incendios en los humedales del Delta y la acción de los lobbies empresariales que hay detrás de la negativa a sancionar una ley protectora. De otro lado, asistimos a un amplio rechazo ambientalista al proyecto promovido por la Cancillería argentina que busca instalar 25 megafactorías de cerdos para vender carne a China32. Como ya sucedió con la soja, la minería a cielo abierto o el fracking, el gobierno busca avanzar sin llevar a cabo estudios de impacto ambiental y sanitario, sin abrir la discusión pública ni promover la participación de la sociedad. Numerosas investigaciones indican que las megafactorías de cerdos, además de consolidar un modelo cruel de explotación de los animales y conllevar riesgos ambientales y sanitarios, son un caldo de cultivo de potenciales pandemias. Por último, se sumó el rechazo a la introducción del trigo transgénico, en el que confluyen organizaciones ambientales y científicos autoconvocados por la salud33.

Como afirman las agrupaciones juveniles, muy presentes en estas luchas, la crisis nos enfrenta a otros «mandatos de deconstrucción», no solo en las relaciones de género sino también en lo ecológico34. El tema no es menor, pues una parte importante de las ciencias sociales y humanas, sea por indiferencia, por comodidad o por pura negación, ha venido dándoles la espalda a las problemáticas socioambientales, las cuales aparecen confinadas a ciertos «nichos» (ecología política, economía ambiental, sociología de los movimientos sociales, geografía crítica, entre otros), cuando no solamente reservadas a especialistas de las ciencias naturales o ciencias de la Tierra, como si lo ambiental no hablara del planeta, de nuestra casa común, y solo remitiera a un aspecto parcial, una variable más, abordable desde una de las tantas disciplinas existentes. Sucede que como la problemática ambiental incomoda y cuestiona los credos desarrollistas preexistentes y supone levantar el velo sobre los modelos de apropiación, de producción, de consumo y de desechos que todos reproducimos, no son pocos quienes prefieren no abandonar la zona de confort. Más aún, para una parte importante de las ciencias sociales latinoamericanas, vinculadas al campo progresista, colocar la atención sobre lo ambiental no solo conllevaría un cuestionamiento de sus credos desarrollistas, implicaría también interrogarse sobre los alcances de sus adhesiones políticas. 

En tiempos de Antropoceno, esto conlleva consecuencias desastrosas, pues obstaculiza la posibilidad de construcción de un lenguaje transdisciplinario, de un enfoque integral que dé cuenta de la complejidad y transversalidad de la problemática socioecológica.

                                                                               ***

El balance aún provisorio de lo ocurrido en América Latina en tiempos de covid-19 deja un gusto amargo y una sensación ambivalente. Por un lado, los impactos económicos, sanitarios y sociales son tan extensos que todavía resulta difícil avizorar un horizonte de recuperación. Pero es claro que los gobiernos no se proponen avanzar en la transformación de la matriz productiva y apuestan, una vez más, a reactivar la economía de la mano de las falsas soluciones, profundizando el extractivismo. Tampoco se avanzó en reformas tributarias significativas que apunten a financiar políticas públicas de recuperación económica. Por otro lado, son cada vez más las personas que se suman a diferentes movimientos y colectivos de la sociedad civil en pos de un llamado a la transición ecosocial, desmontando con ello la falsa oposición entre lo económico y lo ecológico. 

Nadie dice que la deconstrucción en clave ecológica y la transición ecosocial sean algo simple o lineal, mucho menos en un contexto de potenciación de la dueñidad, de destrucción de los ecosistemas y de peligrosa expansión de las extremas derechas. Pero no nos queda otra alternativa que navegar estas aguas turbulentas, pues es muy probable que en 2021 los tiempos no sean mejores. Los gobiernos latinoamericanos deben abrir cuanto antes la discusión sobre todos estos temas, pues el riesgo es que, en un contexto de aceleración del colapso, y en lo referido a la hoja de ruta de la transición ecosocial, sigamos siendo hablados por y desde los gobiernos del Norte, por y desde una transición corporativa, en detrimento de nuestras poblaciones y territorios.

  • 1.

Mar Centenera: «La pandemia agranda la brecha en América Latina: ocho nuevos multimillonarios y 50 millones más de pobres» en El País, 29/7/2020.

  • 2.

«Rita Segato: ‘El mundo de hoy es un mundo marcado por la dueñidad o el señorío’», comunicado de prensa, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 26/8/2019.

  • 3.

François Moutou: «Las zoonosis, entre humanos y animales» en Nueva Sociedad No 288, 7-8/2020, disponible en www.nuso.org.

  • 4.
  1. Svampa: «Reflexiones para un mundo post-coronavirus» en Nueva Sociedad edición digital, 4/2020, www.nuso.org.
  • 5.
  1. Roy: «The Pandemic is a Portal» en Financial Times, 3/4/2020.
  • 6.

Marie Solis: «Naomi Klein: Coronavirus Is the Perfect Disaster for Disaster Capitalism», entrevista en Vice, 13/3/2020.

  • 7.

Sobre el tema, v. Carlos Taibo: Colapso, capitalismo terminal, transición ecosocial, ecofascismo, Libros de Anarres, Buenos Aires, 2017.

  • 8.
  1. Servigne y R. Stevens: Comment tout peut s’effondrer. Petit manuel de collapsologie à l´usage des generations presentes, Seuil, París, 2015, p. 26.
  • 9.

Amnistía Internacional: «Los países ricos ya están acaparando la nueva vacuna», 9/11/2020, www.amnesty.org/es/latest/news/2020/11/wealthy-countries-already-hoarding-breakthrough-vaccines/.

  • 10.

«Denuncian que los países ricos han acaparado dosis para vacunar casi tres veces a la población» en La Vanguardia, 9/12/2020.

  • 11.

«Coronavirus: ¿por qué América Latina es la región con más muertes en el mundo?» en BBC Mundo, 19/10/2020.

  • 12.

Mónica Rubio, Gerardo Escaroz, Anna Machado, Nurth Palomo, Luis Vargas y Marcela Cuervo: «Protección social y respuesta al covid-19 en América Latina y el Caribe. III Edición: Seguridad social y mercado laboral», Unicef / Centro Internacional de Políticas para el Crecimiento Inclusivo, Panamá, 7/2020.

  • 13.

R.M. Lo Vuolo: «La pandemia del covid-19 y sus impactos en Argentina: el espejismo de la opción entre salud y economía» en Revista Rosa, 10/11/2020.

  • 14.

Cepal: Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2020, disponible en www.cepal.org/es/publicaciones/bp.

  • 15.

Vanni Pettina y Rafael Rojas (eds.): América Latina, del estallido social a la implosión económica y sanitaria post-covid 19, Planeta, Lima, 2020.

  • 16.

«Pantanal: 7 impactantes imágenes de los incendios en el humedal más grande de Sudamérica» en BBC Mundo, 11/9/2020.

  • 17.

Iván Federico Hojman: «Más de un millón de hectáreas fueron arrasadas por el fuego» en Télam, 25/12/2020.

  • 18.
  1. Svampa: Debates latinoamericanos. Indianismo, desarrollo, dependencia y populismo, Edhasa, Buenos Aires, 2016.
  • 19.

Gabriel Kessler y Gabriela Benza: La nueva estructura social latinoamericana, Siglo Veintiuno, Buenos Aires, 2020, p. 86.

  • 20.

Ibíd., p. 85.

  • 21.

El Nuevo Pacto Verde tuvo un origen reformista-conservador, asociado a ciertos sectores partidarios de la economía verde. Surgió entre 2007 y 2008, en Europa, en el marco del Plan 20-20-20 (20% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y 20% de energías renovables para 2020), que buscaba ubicar a la ue a la vanguardia para afrontar el cambio climático. Este aparecía más ligado al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (2009), diseñado en la Conferencia de Río+20 en torno de la economía verde, un modelo de modernización ecológica que profundiza la mercantilización en nombre de una economía limpia. El Partido Verde alemán y otros partidos verdes europeos lo adoptaron entonces como plataforma política. Sin embargo, en febrero de 2019, fue Ocasio-Cortez quien logró darle una vuelta de tuerca radical. Para el tema, v. M. Svampa y E. Viale: El colapso ecológico ya llegó. Una brújula para salir del (mal)desarrollo, Siglo Veintiuno, Buenos, Aires, 2020.

  • 22.

Kate Aronoff, Alyssa Battistoni, Daniel Aldana Cohen y T. Riofrancos: A Planet to Win: Why We Need a Green New Deal, Verso, Nueva York, 2019.

  • 23.
  1. Varoufakis: «¿El poscapitalismo ya está aquí?» en Nueva Sociedad edición digital, 9/2020, www.nuso.org.
  • 24.

«Ce qui dépend de nous – manifeste pour une relocalisation écologique et solidaire», Attac Francia, 24/6/2020.

  • 25.
  1. https://pactoecosocialdelsur.com/ y https://pactoecosocialyeconomico.blogspot.com/.
  • 26.

Puede encontrarse más información en www.nuestraamericaverde.org/.

  • 27.

«No es posible tener austeridad, se requiere política fiscal expansiva: Cepal» en Milenio, 6/10/2020.

  • 28.
  1. Lo Vuolo, D. Raventós y P. Yanes: «Renta básica, pandemia y recesión» en Público, 31/3/2020.
  • 29.

ONU Mujeres, Cepal y Covid-19 Respuesta: «Cuidados en América Latina y el Caribe en tiempos de covid-19. Hacia sistemas integrales para fortalecer la respuesta y la recuperación», Naciones Unidas, Santiago de Chile, 19/8/2020.

  • 30.
  1. Pautassi: «Del ‘boom’ del cuidado al ejercicio de derechos» en Sur vol. 13 No 24, 2016.
  • 31.

Camilo Chica: «Una gran minga, así fue el 1er día de la Asamblea Mundial por la Amazonía» en Foro Social Panamazónico, 19/7/2020.

  • 32.

Ver Soledad Barruti, Inti Bonomo, Rafael Colombo, Marcos Filardi, Guillermo Folguera, M. Svampa y E. Viale: «10 mitos y verdades de las megafactorías de cerdos que buscan instalar en Argentina», 2020, disponible en https://drive.google.com/file/d/1vx-hjktexu8u_eieu3-wfhivmjvfl1og/view">https://drive.google.com/file/d/1vx-hjktexu8u_eieu3-wfhivmjvfl1og/view.

  • 33.

«Contra el trigo transgénico: científicxs y organizaciones populares convocan a una audiencia pública este viernes» en La Izquierda Diario, 17/12/2020.

  • 34.

La expresión es de Ana Julia Aneise, miembro de Jóvenes por el Clima de Argentina, un movimiento que adhiere a Fridays for Future, fundado por Greta Thunberg. Ver M. Svampa: «¿Hacia dónde van los movimientos por la justicia climática?» en Nueva Sociedad No 286, 3-4/2020, disponible en www.nuso.org.

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El desmantelamiento de la democracia y ciudadanía

Desde los años setenta del siglo XX, se está produciendo un  ataque concéntrico a la democracia.  Su objetivo, romper la ciudadanía mediante la  despolitización de los procesos de toma de decisiones  y la  desideologización de la gestión pública.  El primer envite recayó en la bautizada Internacional del capitalismo allá por el año 1973. La Trilateral.  En su interior, se dan cita empresas  trasnacionales, banqueros, políticos liberales, conservadores o  socialdemócratas, de Japón, Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá. Su objetivo refundar el capitalismo y realizar una crítica de fondo al concepto de la democracia acuñada por el keynesianismo.

La Trilateral,  fue el buque insignia desde la cual  se lanzaron  las directrices  para encarar  las reformas neoliberales. Así se inició el desmontaje de los acuerdos nacidos tras la segunda guerra mundial para enfrentar la pobreza, el subdesarrollo, el hambre y la injusticia social. La carta de los derechos humanos, 1948, había sido el referente. El acceso  a la vivienda, la salud, la seguridad social, la educación, condición sine qua non para construir una democracia representativa, a la par  que un como proyecto de sociedad incluyente, fue cuestionada. El capitalismo con rostro humano perdía fuerza.

A inicios de los años setenta, con la primera crisis el petróleo, se dudó del sentido y los principios sobre los cuales se definía la democracia.  La trilateral introdujo un argumento espurio.  La extensión de los derechos democráticos ponía en riesgo la propia democracia y con ello el capitalismo.  La ampliación de la ciudadanía dirán,   hace ingobernable la democracia. Si los ciudadanos exigen un aumento del gasto social, subidas salariales, jubilaciones dignas,  es imposible que el capitalismo subsista a largo plazo. Hay que  actuar de forma rápida y quirúrgicamente. Limitar las libertades y redefinir la democracia. Da igual el color del gobierno, socialdemócrata, liberal, conservador o democristiano. Hubo coincidencia. Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Felipe Gonzalez,  Miguel de la Madrid,  Alan García, o el tirano Augusto Pinochet, todos coincidían. La democracia era un problema. Abrir las fronteras, flexibilizar el mercado laboral, quitar barreras arancelarias, y construir una economía de mercado eran los nuevos retos. Fueron la reforma del Estado y el proceso de gobernabilidad los pilares sobre los cuales comenzó el desmontaje de los derechos de ciudadanía y la jibarización de la democracia.  En 1979,  el hoy,  ex director de El País, Joaquín Estefanía publicó su ensayo La Trilateral, internacional del capitalismo. El poder de la trilateral en España. En el interior  aparece el nuevo significado de la democracia trilateral como: "una profundización e impulso a la internacionalización del capital (…) y una defensa  de las democracias autoritarias, o lo que Poulantzas ha denominado ‘estatismo autoritario’, consistente  en el recorte  de las libertades primarias dentro de un legitimador Estado de derecho".

Ha trascurrido medio siglo y las democracias restringidas, protegidas u ordenadas se han expandido en el mundo de la mano de las políticas neoliberales y la reforma del Estado. Privatizar, desregular y descentralizar, han sido los  argumentos para destruir  la ciudadanía. Lentamente se han  perdido derechos democráticos.  La inversión pública tiene topes constitucionales,  la sanidad, la educación, la vivienda son trasformados en negocios rentables para fondos de riesgos. Igualmente los trabajadores han visto disminuir los salarios, criminalizar sus organizaciones sindicales, cuando no ver crecer contratos basura y el despido libre. Las desigualdades, la pobreza y el desempleo, se han cronificado. Se procedió a  rematar y desmantelar el sector público, llevando a miles de ciudadanos a la indigencia, aumentando el número de pobres, junto a los suicidios por depresión.

La primera revolución neoliberal consiguió su objetivo, reformar el Estado y desarticular la democracia como una forma de vida, la redujo a una técnica procedimental. La democracia son, ahora,  simplemente reglas del juego, un modelo normativo, un cascaron vacío.  Democracias sin demócratas y ciudadanos sin ciudadanía. De esta guisa emerge una definición de mínimos, los ciudadanos mutan  en consumidores. Von Mises, teórico,  junto a Hayek, exponente del liberalismo y la economía de mercado, aclara en  La mentalidad anticapitalista, que debemos entender por democracia: "la democracia de mercado se desentiende del ‘verdadero mérito, de la íntima santidad, de la personal moralidad, de la justicia ‘absoluta’. Prosperan a la palestra mercantil, libre de trabas administrativas, quienes se preocupan y consiguen proporcionar a sus semejantes lo que éstos, en cada momento, con mayor apremio desean. Los consumidores, por su parte, se atienen exclusivamente a sus propias necesidades, apetencias y caprichos. Esa es la ley de la democracia capitalista. Los consumidores son soberanos y exigen ser complacidos".

Hayek por su parte, en un artículo publicado en 1976, ¿A dónde va la democracia? , señala como  su significado  ha degenerado y se ha vuelto un problema para las elites gobernantes: "democracia, un método saludable para llegar a tomar decisiones políticas (…) se ha convertido en pretexto para imponer fines sustancialmente igualitarios" Una democracia  de mercado, no debe verse influenciada por decisiones éticas, ni valores igualitarios. Para Hayek, la justicia social o las políticas destinadas a favorecer a los sectores más vulnerables y  desprotegidos son distorsionan las leyes del mercado y no forman parte de la democracia capitalista.

La democracia ha dejado de ser una práctica política, una forma plural de control y ejercicio del poder, mediado por el bien común y el interés general.  Hace ya décadas, el mandar obedeciendo del sentir democrático se ha extraviado. Ya no es un proyecto de vida, de ciudadanía, de dignidad, de compromiso ético, de responsabilidad colectiva. Si hablamos de democracia, al decir de Pablo Gonzalez Casanova,  deberíamos preguntarnos qué tal andamos de participación, de representación, de mediación, de negociación y de coacción.  La democracia no puede ser un método, una forma sin contenido.  Es un proyecto vital de ciudadanía, posee una dimensión social, de género, cultural, étnica y política. Es un acto de responsabilidad, su ejercicio tiene consecuencias.  Hoy, sufre un proceso de involución. La pandemia deja al descubierto los múltiples rostros de la injusticia social, la pérdida de derechos. En definitiva, hoy morirse de hambre se ha convertido en un hecho auténticamente democrático.

Por Marcos Roitman Rosenmann

Sociólogo y analista político

22/02/2021

Publicado enSociedad