Estados Unidos: medidas draconianas para la crisis migratoria que se aproxima

El presidente Biden se juega en la frontera con México las chances del Partido Demócrata en las elecciones de medio término que se harán el 8 de noviembre.

Estados Unidos no puede superar el viejo problema de su frontera sur. Sigue limitado al uso de dos herramientas punitivas ante cada crisis migratoria que se le viene encima. Son la deportación inmediata de indocumentados o su detención durante varios meses en una cárcel ordinaria. No incluye este racconto la ampliación del muro que lo separa de México. La primera medida llamada Título 42 es hija de las políticas xenófobas de Donald Trump que se exacerbaron con la pandemia. Es muy posible que pierda vigencia el 23 de mayo si el gobierno de Joe Biden no la mantiene. Con lo que podrían suceder dos cosas: un aumento en el flujo de personas desde Centroamérica y el endurecimiento todavía mayor de otros dispositivos para frenarlas. Si la situación se volviera explosiva en el hemisferio norte camino al verano, el Partido Demócrata estaría en aprietos para mantener la módica ventaja que conserva en las dos cámaras del Congreso. 

El 8 de noviembre son las elecciones de medio término. El debate sobre la inmigración es un tema no saldado y hay republicanos que siguen aplicando mano dura como el gobernador de Texas, Greg Abbott. Su operación Estrella Solitaria (Lone Star) le permite realizar arrestos indiscriminados bajo cualquier cargo. Medios estadounidenses denunciaron que aun pagando fianza, hubo detenidos que no fueron liberados. Un grupo de ellos demandó al gobernante porque consideró que su estrategia para la frontera es inconstitucional.

Si se trazara una línea de tiempo en políticas migratorias, ni todos los demócratas han sido condescendientes con el fenómeno, ni la intolerancia es una condición exclusiva del Partido Republicano. El ejemplo clásico que suele citarse es el de Barack Obama. Cuando llegó a la Casa Blanca en 2009 deportó más latinoamericanos que Trump en su primer año de gobierno. Incluso en sus dos mandatos superó la cantidad de expulsados que George W. Bush provocó en sus ocho años de gobierno. 

Título 42

Ahora el dilema de qué hacer ante un problema que puede incidir en las legislativas de noviembre, lo tiene Biden. El llamado Título 42 aprobado en 2020 durante la presidencia del magnate republicano es un instrumento legal que a EE.UU le permite deportar antes de que un migrante presente el pedido de asilo. El trámite es expeditivo y así, en lo que va del año fiscal 2022 – se lo considera a partir del 1° de octubre de 2021 – el 51 % de los migrantes detenidos por cruzar la frontera fue deportado bajo la normativa del Título 42.

La aplicaba y continúa haciéndolo, la Policía de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por su sigla en inglés) que desde el 20 de marzo de 2020 y por una cuestión de Salud Pública, impide la entrada de extranjeros que “potencialmente representan un riesgo para la salud”. Esa medida es la que hoy se está discutiendo, ya superada la peor etapa de la pandemia.

El gobierno de Biden todavía no definió qué hará porque el draconiano Título 42 es un disuasivo que no frena el incontenible flujo migratorio, pero le sirve para demorar el eventual desborde que se avecina. Especialistas en el tema ya lo vaticinan. El actual presidente había anticipado el final de la norma que permitió deportar poco más de un millón de personas en los últimos seis meses. Se basó en el criterio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) que aconsejaron terminar con ella.

Pero entre quienes se oponen a la derogación del Título 42 se encuentra el gobernador texano. Abbott es un halcón republicano que el 3 de junio de 2021 ya había declarado en la cadena ultraconservadora Fox News: “Sigo la ley, y la que voy a usar será la forma legal en la que Texas comenzará a arrestar a todos los que crucen la frontera. No solo arrestarlos, sino que debido a que esto ahora será un allanamiento de morada con agravantes, pasarán medio año en la cárcel, o un año”.

La amenaza la puso en práctica bajo lo que se conoce como la operación Estrella Solitaria (Lone Star). Una investigación de los medios ProPublica, The Texas Tribune y The Marshall Project aporta evidencias sobre presuntas irregularidades cometidas por Abbott con dinero público para mantener blindada la frontera de su estado, Texas.

Quienes padecen todavía el Título 42 o la incipiente política contenida en Lone Star, son los inmigrantes mexicanos o que provienen del denominado Triángulo Norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras y Salvador. Para justificar las medidas contra ellos, Abbott se basa en que “Biden no está asegurando la frontera, el estado de Texas tiene que intensificar y gastar el dinero de los contribuyentes para hacer el trabajo del gobierno federal”.

Los medios que investigaron a Abbott publicaron que la operación Estrella Solitaria “ha contado arrestos por delitos sin conexión con la frontera e incluido recuentos de drogas capturadas en todo el estado en comunidades que no recibieron recursos adicionales de la iniciativa”. Los movimientos del gobernador que va por su reelección – y es muy crítico de Biden – continuarán hasta el 31 de mayo.

El republicano se opone a que el Título 42 desaparezca porque sería una decisión “sin precedentes y peligrosa”. También declaró: “Texas tomará sus propias medidas sin precedentes este mes para hacer lo que ningún estado de EE.UU ha hecho jamás en la historia de este país y asegurar mejor nuestro estado y nuestra nación”.

El gobernador es un dinosaurio cuyos planes contra la inmigración incluyen una batería de medidas adicionales: bloqueos de botes en el Río Grande, la colocación de alambres de púas en cruces de aguas bajas y autobuses financiados por el Estado para que trasladen a los solicitantes de asilo hasta el Capitolio en Washington. Aclara, “de forma voluntaria”, una manera de trasladarle el problema al gobierno federal que ejerce Biden.

Hoy los detenidos se cuentan por miles y las denuncias por violaciones a los Derechos Humanos son reflejadas en medios de los estados fronterizos. El viernes, el presidente de EE.UU llamó a su par mexicano Andrés Manuel López Obrador. La conversación duró 45 minutos e incluyó los problemas migratorios irresueltos. La portavoz de la Casa Blanca Jen Psaki declaró: “Fue planeada en parte por la Cumbre de las Américas y también por el próximo levantamiento del Título 42 y la anticipación y expectativa del Departamento de Seguridad Nacional sobre el aumento de la afluencia de migrantes que intentan cruzar la frontera”. Las oleadas de desesperados no se detendrán. Los esperan para esta primavera en Estados Unidos. Biden se juega en su frontera sur el futuro de su gobierno en los próximos dos años.

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"Epidemia de sobredosis" de narcóticos sin precedente, alertan en EU

Washington. La Casa Blanca presentó y envió al Congreso su primera Estrategia Nacional de Control de Drogas en medio de lo que califica de una "epidemia" de sobredosis de narcóticos sin precedente, proclamando que representa un nuevo giro en la materia aunque es difícil detectar lo novedoso en su enfoque en reducción de consumo, tratamiento de adicción y cooperación internacional –con México y otros– en "combatir" el trasiego ilegal de enervantes.

La estrategia enfatiza el objetivo de superar la "epidemia de opiaceos", por la que se han registrado 105 mil 752 muertes –66 por ciento de éstas por opiaceos sintéticos incluyendo fentanilo– en los recientes 12 meses, un nivel sin precedente, y de 1999 a la fecha las sobredosis han causado el fallecimiento de casi un millón de estadunidenses.

Por lo tanto, declaró el presidente Joe Biden, la nueva política se enfocará "en los dos grandes impulsores de la invasión de opiaceos: la adicción no atendida y el narcotráfico". Agregó que "es hora de que tratemos la falta de control en el consumo de estupefacientes como cualquier otra enfermedad, y al mismo tiempo estamos irrumpiendo en las redes financieras de los narcotraficantes, sus cadenas de suministro, y las rutas de entrega, incluyendo en Internet".

La atención a la salud se enfoca en la prevención, tratamiento y “reducción de daños. A la vez, se intensifica el "combate a la producción doméstica de cultivo y producción de drogas sintéticas y su comercio".

Tal vez una novedad en esta estrategia inaugural de este gobierno es el reconocimiento explícito de que las políticas locales antinarcóticos han impactado más a comunidades minoritarias. Datos oficiales indican que los negros tienen cinco veces más probabilidad de ser encarcelados por delitos de droga que los blancos.

El documento afirma que "la mayoría de las drogas ilícitas consumidas en Estados Unidos son producidas en el extranjero por organizaciones criminales trasnacionales" (TCO, siglas en inglés), las cuales "amenazan la salud y seguridad de nuestras comunidades al exponer a nuestros ciudadanos a sustancias ilícitamente fabricadas". Más aún, dichas agrupaciones "representan una amenaza a la seguridad nacional" y "la mayor amenaza criminal a Estados Unidos", afirma la estrategia al abordar la dimensión internacional de la lucha antinarcóticos.

Por otro lado, la estrategia propone redoblar la cooperación internacional y abordar el asunto como "una responsabilidad compartida" (frase resucitada después de su entierro temporal durante el gobierno de Donald Trump). Enfatiza el esfuerzo dedicado a combatir a las redes y mecanismos financieros de las TCO como prioridad.

El perfil hacia la frontera sur

La estrategia nacional afirma que las organizaciones criminales de México suministran la mayoría de la cocaína (proveniente de Colombia), metanfetaminas, heroína, fentanilo ilícitamente fabricado (con químicos precursores provenientes de China) y mariguana.

"Los gobiernos de Estados Unidos y México han desarrollado un entendimiento común sobre el impacto económico adverso, en seguridad y en salud pública" de las TCO, afirma el documento en el que se agrega "los gobiernos estamos de acuerdo que reducir el suministro de drogas lícitas es una responsabilidad compartida".

Detalla algunos de los mecanismos de cooperación existentes, y sólo en una referencia muy general indica algunos conflictos: "A pesar de los desafíos resultado de la ley de seguridad nacional de México de 2020", los esfuerzos estadunidenses emplearán "nuestra asociación con oficiales de seguridad pública, analistas, químicos, investigadores, fiscales y personal militar mexicanos para identificar y desmantelar de manera segura los laboratorios clandestinos de droga y llevar ante la justicia a los responsables".

Buscará implementar un programa acordado para la erradicación de amapola así como también para abordar el tema de la seguridad en los puertos marítimos, entre otros rubros de cooperación binacional.

"Respetando la soberanía de México, impulsaremos esfuerzos más allá de iniciativas de construcción de capacidad con México para poner en práctica la responsabilidad compartida de nutrir el desarrollo regional igualitario", como también emplear el Marco Bicentenario a fin de "modernizar la alianza sobre seguridad" bilateral, tanto para combatir la producción y traslado de drogas, reducir la demanda en ambos países, así como para disminuir las armas ilícitas en la frontera común.

Sin embargo, casi todos estos elementos han sido parte de la estrategia antinarcóticos de Estados Unidos desde que proclamó la "guerra contra las drogas" hace medio siglo.

A pesar de los datos confirman que los problemas de adicción, sobredosis, oferta y demanda son cada vez peores, esta versión de la estrategia oficial no reconoce que estas tácticas de "reducción de consumo" doméstico y de interdicción e intervenciones internacionales –todo parte de un marco prohibicionista– han fracasado hasta ahora.

De hecho, las pretensiones en pro de desmantelar el modelo prohibicionista de la lucha antinarcóticos se extienden por todo el país –situación que no se menciona en el documento– y ahora son 18 estados y la capital federal de Washington que han legalizado la mariguana para usos recreativos, incluyendo Nueva Jersey, que ayer comenzó la venta legal de cannabis; en 37 estados es legal el uso medicinal de los derivados de la hierba. Sin embargo, el canabis sigue siendo calificado como una droga ilegal en el código penal federal.

El documento esta disponible en: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/04/National-Drug-Control-2022Strategy.pdf.

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Lunes, 11 Abril 2022 05:22

Estos también huyen

Estos también huyen

En este tramo de la carretera que cruza el desierto de Coahuila hay un reguero de mochilas de todos los colores, cobijas y piezas de ropa, al pie de las puertas abiertas de un furgón de carga. Allí iban encerrados, a una temperatura infernal, 64 migrantes con destino a Estados Unidos. El sábado 5 de marzo, cerca del poblado de Monclova, y cuando faltaban 300 kilómetros de recorrido, fueron abandonados por los coyotes con los que habían contratado el viaje en la Ciudad de México.

Clorinda Alarcón, nicaragüense, tenía 20 años y ocho meses de embarazo. La madrugada del 12 de febrero había salido de su lejana comunidad del Hormiguero, en el mineral de Siuna, junto con su esposo Pedro Manzanares, una niña de tres años, y su hermano Saturnino. Vendieron la casa y sus enseres, y todo quedaba atrás en sus vidas. La noche del viernes 4 de marzo ella llamó desde algún lugar de Coahuila a Cenia, su hermana mayor, para decirle que se iban acercando a la frontera.

Se dieron cuenta de que los coyotes los habían abandonado porque el furgón no se movía. "Estábamos casi todos desmayados por la asfixia, y entonces decidimos abrir un hoyo en la parte trasera del tráiler y sacamos a un chavalo delgado para que pudiera abrir por fuera porque si no nos hubiéramos ahogado toditos", cuenta Pedro. En la angustia por salir, pisotearon el vientre de Clorinda, quien se había caído. Murió en el hospital al segundo día, víctima de "síndrome de disfunción multiorgánica". El niño también. "Muerte fetal", declararon los médicos.

El 4 de marzo, la noche en que Clorinda habló con su hermana Cenia por última vez, otro grupo de migrantes buscaba atravesar las aguas del río Bravo cerca de Piedras Negras, también en el estado de Coahuila. En la oscuridad, metidos en la corriente hasta la cintura, hacían una cadena con las manos para evitar ser arrastrados.

Angélica Silva, también nicaragüense, formaba parte de la cadena, y uno de los hombres que cruzaba con ella le había hecho el favor de cargar a su niña de cuatro años, Angélica Mariel. Casi al alcanzar la orilla del otro lado, la madre fue arrebatada por la corriente, pero logró alcanzar la otra orilla. El hombre fue arrastrado también, y no pudo retener a la niña.

Es lo que ella cuenta a la emisora La Rancherita del Aire, desde Eagle Pass, en Texas. Escuchó a la niña gritar pidiendo auxilio, y por alguna razón creyó que la habían rescatado del lado mexicano.

Al fin la encontró, aguas abajo, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Fue identificada por la vestimenta que llevaba, una licra de color negro y una blusa de botones rosados y medias del mismo color.

A la madre le fue concedido asilo político. Su intención era llegar a Miami, donde tiene familiares. Ahora debió seguir el viaje sola.

Gabriela Espinoza, de 32 años, de Managua, también pereció en el río Bravo el 21 de marzo. Según La Voz, de Coahuila, un pescador intentó inútilmente rescatarla mientras era arrastrada por la corriente.

Había iniciado su viaje el 15 de febrero. Quería reunir dinero para mejorar la vida de su madre, María Mercedes Espinoza, dueña de una pulpería. "¿Para qué te vas a ir, mi hijita? Me estás dejando ya vieja, de 71 años, mejor quédate conmigo, sos mi única hija mujer", le suplicó, pero no pudo hacerla desistir. "Ella quería que yo viviera como una reina", dice.

El cuerpo se encuentra ahora en una morgue en México y la repatriación cuesta 7 mil dólares, que la familia no tiene.

Es un drama que se multiplica en miles de vidas. Sólo en diciembre de 2021 la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos reportó más de 15 mil detenciones de nicaragüenses que intentaban cruzar desde México, y en todo ese año la cifra llegó a 87 mil personas.

En El Paso, Texas, los nicaragüenses se entregan por centenares cada día a las autoridades con la esperanza de recibir asilo, pero no todos tienen suerte, y muchos son obligados a regresar a México. Y para llegar hasta los pasos fronterizos hay que exponerse a los engaños de los coyotes, a extorsiones de la policía, a los secuestros. Y al riesgo constante de la muerte.

Muchos huyen de la represión, de la venganza gubernamental que se ceba en los que disienten y son vigilados en sus barrios, o en sus trabajos en el gobierno. Haber estado presente en una marcha de protesta es ya un delito, opinar en las redes sociales también. Decir algo contra el régimen en un chat es suficiente para ser encarcelado.

Ahora que la atención mundial se concentra en los miles que huyen de sus hogares en Ucrania, para librarse de las bombas ultrasónicas de Putin, no olvidemos a estos otros refugiados que huyen de una dictadura de la que sólo se sabe muy de vez en cuando.

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Estados Unidos. "La rebelión de una generación de trabajadores está en marcha

A partir de hoy, la relación de fuerzas en la lucha de clases en Estados Unidos parece haber cambiado ligeramente.

¿Lucha de clases? ¿Qué lucha de clases? Más bien una interminable y unilateral guerra relámpago. Las grandes y pequeñas empresas, las corporaciones y las empresas de capital privado, los accionistas y los empleadores han estado apaleando a los trabajadores durante décadas. La oposición feroz y unificada del empresariado estadounidenses a reconocer a sus trabajadores y trabajadoras un mínimo de poder ha sido la base de la vida económica estadounidense durante los últimos 40 años. Pero puede que eso haya cambiado a partir de ahora.

El recuento final de los votos para constituir un sindicato en la JFK8, el gigante almacén de Amazon en Staten Island, ha dado que un resultado favorable de 2654 frente a 2131 [con 67 abstenciones]. La empresa más rica, poderosa y aparentemente indispensable de Estados Unidos perdió frente a una coalición espontánea de trabajadores y trabajadoras que hizo campaña sin afiliación ni ayuda de ningún sindicato existente. Está claro, que hay una nueva generación en movimiento[1].

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Los rumores venían de lejos, pero hasta hace poco se limitaban a sectores privilegiados de la economía. El hecho de que las y los trabajadores jóvenes se hayan llevado la peor parte del disfuncionamiento económico de Estados Unidos quedó claro desde la crisis de 2008. El deseo de que el capitalismo estadounidense tendría que transformarse radicalmente si querían obtener alguna seguridad económica se expresó claramente en su apoyo a Bernie Sanders en 2016 y 2020, así como en su entusiasmo por Alexandria Ocasio-Cortez en 2018. El año pasado, en la encuesta de Gallup, se mostraron a favor de los sindicatos en un 77%; un porcentaje superior al del conjunto de las personas encuestadas (68%); se trata, a su vez, del mayor porcentaje a favor de los sindicatos en los últimos 50 años.

Pero la dirección podría consolarse aún pensando que los restos de la Ley Nacional de Relaciones Laborales, que ya no protege a los trabajadores sindicados de ser despedidos (es ilegal, pero es una ilegalidad por la que ningún empleador ha sufrido consecuencias significativas en el último medio siglo), le permitiría echar por tierra las campañas a favor de sindicalizarse, independientemente de la voluntad de las y los asalariados por sindicarse. Es así como ha venido funcionando el mundo empresarial estadounidense desde principios de los años 80, con una práctica ilegal tan desarrollada que la mayoría de los sindicatos renunciaban a organizar campañas de sindicación en las empresas.

Sin embargo, en los últimos dos años, los trabajadores y trabajadoras que pensaban que sus habilidades particulares les protegía de ser  despedidos, comenzaron a sindicalizarse (para un puñado de trabajadores verdaderamente indemnes y establecidos -atletas profesionales, actores de cine, pilotos de aerolíneas- esto ha sido así incluso en los años de vacas flacas). En los últimos años, los periodistas y quienes conforman los llamados grupos de expertos, así como profesores asistentes y ayudantes de investigación, o animadores y el personal de los museos se han sindicado en masa. Se trata de una revuelta de las y los profesionales, a la que se han unido los millennials [Generación Y, nacidos en los años 80 y 90], que disfrutan al menos de cierta seguridad laboral, y los miembros de la Generación Z [nacidos a finales de los 90 y principios de los 2000], que no pueden ser sustituidos. A principios de esta semana, las y los estudiantes universitarios que trabajan en los comedores del Dartmouth College votaron, en una elección supervisada por la NLRB (Junta Nacional de Relaciones Laborales) a favor de fundar un sindicato. La votación fue de 52 a 0.

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En los últimos meses, sin embargo, la revuelta se ha extendido a los millennials que no son profesionales, a quienes los empresarios podrían sustituir fácilmente. Y lo que es más importante, la revuelta se ha extendido a los camareros y camareras de Starbucks, una mano de obra desproporcionadamente joven y formada, pero sujeta a los caprichos de horarios y a las amenazas de despido que despliega la dirección. Y sí, Starbucks ha cultivado una imagen de empresa bondadosa, que no podía arriesgarse a empañar demasiado públicamente, aunque ha jugado el clásico juego de las empresas: amenazas implícitas transmitidas en reuniones antisindicales obligatorias y similares cuando pensaba que nadie le prestaba atención.

Pero las y los empleados de Starbucks ganaron en suficientes establecimientos como para que hoy en día, miles de baristas en cientos de tiendas hayan solicitado la sindicalización.

Pero Starbucks no es Amazon. Y Amazon dejó claro en Bessemer, Alabama, y en todas partes en las que su organización del trabajo fuera cuestionada, que su personal de almacén es sólo un mal necesario hasta que la empresa pueda robotizar toda su plantilla. Con su forma de actuar, Amazon ha dejado claro que no hay ningún problema con que la rotación anual en sus almacenes supere el 100%, que de hecho los puestos de trabajo están diseñados para provocar una tasa de rotación anual superior al 100%. La empresa quiere que sus trabajadores y trabajadoras se vayan; esta es una alternativa mucho mejor que la de quedarse y luchar.

Además, Amazon es la segunda mayor empresa empleadora del sector privado en el país, después de Walmart, la campeona del antisindicalismo. Hasta hace poco, la idea de que un trabajador o trabajadora de los almacenes de Amazon votara para afiliarse a un sindicato era prácticamente impensable. Pero ahora se ha pensado y se ha hecho.

Con esa victoria, se han roto muchas de las reglas estándar tanto de la sindicalización como del antisindicalismo, lo que sugiere que está ocurriendo algo más profundo en el mundo del trabajo. Reflexionemos un poco. Los trabajadores del Sindicato de Trabajadores de Amazon (ALU) que se encargaron de la organización del referéndum para constituir un sindicato] -recuérdese que ningún sindicato les proporcionó activistas profesionales; los líderes activistas fueron los propios trabajadores- sólo consiguieron las firmas del mínimo de trabajadores legalmente requerido para convocar la votación, que fue el del 30% [de la plantilla]. Prácticamente ningún sindicato celebra unas elecciones si no cuenta con las firmas del 70% de las y los trabajadores, porque prevén que las amenazas y la oposición de la empresa harán que esa cifra disminuya en el momento de la votación.

[Con esta votación] también se pone en cuestión la eficacia de la amenaza de la dirección de despedir a quienes reclaman su opinión sobre las condiciones de trabajo. En este sentido, la situación del mundo empresarial parece reforzar el valor de las y los empleados. [Actualmente] el número de personas empleadas que abandonan sus puestos de trabajo es el más alto de todos los tiempos. Muchas empresaras están desesperadas por contratar, lo que ha hecho subir los salarios en las habitualmente bulliciosas ciudades que intentan recuperar su dinamismo.

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Es el caso de Nueva York, donde Amazon se ha visto obligado a subir los salarios para mantener a los trabajadores y trabajdoras que tiene, si bien otras empresaras los han subido aún más. No es así, debo añadir, en Bessemer, Alabama, donde el salario de Amazon supera al de otras empresas que ofrecen empleos locales comparables. Sin embargo, incluso en Bessemer, el resultado de la segunda votación sobre la sindicalización -después de que fracasase la primera - sigue siendo demasiado ajustado [a 31 de marzo] y se decidirá mediante el recuento de las papeletas en disputa. Esto tampoco tiene precedentes; la segunda votación no suele cambiar mucho respecto a la primera.

Además, en Amazon podrían aprender del ejemplo de Starbucks: como ellas, son personas sometidas a las tensiones e indignidades del un sistema salarial ordinario, sin sindicatos, pero que superaron la oposición de la dirección para ganar el derecho a sindicarse en uno, luego en dos, luego en tres locales, y que, sin inmutarse, hicieron campaña a favor de la sindicación en cientos de otros. Si es posible en Starbucks, ¿por qué no en Amazon?

Y ahora, si es posible en Amazon, ¿por qué no en otros lugares? A veces, una sola victoria puede desencadenar una ola de victorias. Eso es lo que ocurrió en 1937, cuando la gran huelga de brazos caídos de la UAW (United Auto Workers) en las plantas de General Motors en Flint, Michigan, les hizo ganar un contrato con General Motor e inspiró a docenas de campañas similares y cientos de campañas de organización exitosas en todo el país.

Por supuesto, los trabajadores de Staten Island del almacén JFK8 de Amazon tienen ahora que negociar un contrato con su obstinada empresa (aunque el nuevo régimen de la Junta Nacional de Relaciones Laborales parece decidido a penalizar a las empresas que dan largas con la esperanza de que los trabajadores y trabajadoras se rindan). Hace casi 20 años, la plantilla de una tienda de Walmart en Quebec votó a favor de la sindicalización y al cabo de seis meses la empresa cerró la tienda. Pero Amazon, en virtud de sus compromisos de entrega en un día, simplemente no puede cerrar grandes almacenes que emplean a miles de personas en las principales ciudades donde viven muchos de sus clientes. Al contrario, la empresa necesita más infraestructura, no menos. La ubicuidad de Amazon le obliga a emplear una mano de obra que exige algo más por su trabajo.

Así que tal vez, sólo tal vez, la división económica y política entre la América urbana y la rural tiene hoy una nueva dimensión. Tal vez los millones de trabajadores y trabajadoras de servicios, del comercio minorista, de la cadena de suministro, de la hostelería y de la restauración de las ciudades se sientan no sólo lo suficientemente enfadadas, sino también lo suficientemente seguras como para hacer lo que están haciendo sus colegas de Starbucks y de Amazon, y organizarse en un sindicato. Por supuesto, esta sensación de seguridad podría desvanecerse si la Fed sube los tipos de interés lo suficiente como para detener el auge de la contratación en las ciudades. En las zonas fuera de las grandes ciudades de EE UU, donde los buenos empleos siguen siendo escasos, todavía es difícil imaginar que ocurra esto, pero en las ciudades, los trabajadores y trabajadoras de Starbucks y Amazon han mostrado el camino.

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Sin embargo, no puedo evitar pensar que esto podría presagiar el ascenso no sólo de un sector de la población activa, sino de una generación, cuya actitud política es al menos tan izquierdistas como las de cualquier otra generación en la historia de Estados Unidos. Los asalariados y asalariadas organizadores del último gran impulso sindical en el sector privado, los organizadores del CIO (Congreso de Organizaciones Industriales) que en los años 30 construyeron el único movimiento obrero verdaderamente poderoso que hemos visto en este país, eran también desproporcionadamente jóvenes. Los hermanos Reuther (socialistas) y Bob Travis (comunista), que ayudaron a dirigir la huelga de brazos caídos de la UAW, eran veinteañeros. Chris Smalls, el principal organizador del JFK8 en Staten Island, tiene treinta años; las y los camareros que dirigen las campañas de Starbucks son igual de jóvenes.

Cuanto antes desarrollen sus funciones de liderazgo trabajadores como éstos, ya sea dentro del movimiento sindical existente o en nuevos sindicatos que puedan surgir junto a los antiguos, mejor. Algunos sindicatos existentes -como el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), que apoya a las y los camareros de Starbucks y ha liderado la lucha por un salario mínimo de 15 dólares durante la última década- pueden ser más receptivos a dicha transformación. Otros pueden ser más desconfiados. Estoy pensando en la UAW, que, incapaz de organizar las fábricas de automóviles no sindicalizadas del sur de Estados Unidos, recurrió a la organización de los campus universitarios, y ahora se encuentra con que casi una cuarta parte de sus miembros son estudiantes graduados.

Ahora bien, [el ejemplo de] Staten Island nos dice que algo ha cambiado. Si se toman en cuenta los agravios que han estado latentes durante mucho tiempo en una generación y las sensibilidades políticas de algunos de sus miembros, y se le añaden (por ahora)  los sectores favorables [a la sindicación] en el mercado de trabajo en las ciudades estadounidenses, y relación de fuerzas que ha regido los lugares de trabajo y las vidas de las y los estadounidenses durante los últimos 40 años se podría ver alterada. Por el bien del país, esperemos que así sea.

1/94/2022

Por Harold Meyerson

9 abril 2022

Fuente: Al'Encontre

Notas:

[1] ] Un informe del New York Times del 2 de abril ofrece una visión de la brutalidad con la que la dirección de Amazon han combatido a los activistas sindicales. Amazon ha creado un equipo de combate completo, que incluye guardias de seguridad militares y especialistas en vigilancia, para acabar con la campaña de sindicalización. El primer objetivo del ataque fue Christian Smalls, que fue despedido con un pretexto, justo cuando se estaba produciendo el primer movimiento de organización; fue por la cuestión de la salud en el momento del covid. Christian Smalls pudo apoyarse en un amigo, Derrick Palmer -que había conservado su trabajo-, y organizando una verdadera red de contactos, mediante vídeos en TikTok, multiplicaron los vínculos con los empleados, en un almacén que funciona 7 días a la semana, 24 horas al día; JFK8 tiene 8000 personas empleadas. Por ejemplo, organizaron lugares de encuentro antes de que la gente volviera a casa al amanecer, con carteles que decían "Hierba y comida gratis", y los trabajadores inmigrantes llevaban sus especialidades culinarias. Christian Smalls explica: "Empezamos sin nada, con dos mesas, dos sillas y una carpa”. Recibieron una pequeña ayuda de los sindicatos. Por el contrario, según el New York Times, "Amazon gastó más de 4,3 millones de dólares sólo en consultores antisindicales en todo el país, según documentos federales [nde].

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Paro y marcha en Atenas por la inflación y los bajos salarios.. Imagen: AFP

La inflación alcanzó el 7,2 por ciento interanual en febrero, el mayor índice de los últimos 25 años

La medida de 24 horas, convocada por sindicatos del sector privado y público, se celebró bajo el lema "El salario no alcanza, las cuentas no cierran". 

Grecia vivió este miércoles su primera gran huelga del año, un paro convocado por los sindicatos para protestar contra las subas de precios y exigir aumentos salariales. Aunque el gobierno del conservador Kyriakos Mitsotakis aprobó una serie de ayudas económicas para paliar el encarecimiento de la energía, la inflación, que en febrero alcanzó el 7,2 por ciento interanual (el mayor índice de los últimos 25 años), afecta directamente a los consumidores. Frente a ese escenario el gobierno no dispuso rebajas al IVA, como vienen reclamando sindicatos y partidos de la oposición.

El gobierno destinó desde septiembre pasado alrededor de 3.700 millones de euros en ayudas para hogares, empresas y agricultores, fondos que los gremios consideran insuficientes. Mitsotakis es uno de los gobernantes de la Unión Europea que han reclamado sin éxito intervenciones más directas en el mercado del gas, como un tope a los precios o a las "superganancias de las empresas energéticas". 

Los sindicatos reclaman a su vez que el salario mínimo sea elevado por la inflación galopante hasta los 751 euros, frente a los 663 euros en los que se encuentra actualmente tras la subida del dos por ciento aprobada en enero por el Ejecutivo.

La huelga de 24 horas convocada por el sindicato del sector privado nucleado en la Confederación General de Trabajadores Griegos (GSEE) y a la que se han sumado también los trabajadores públicos, así como representantes de otros gremios, se celebra bajo el lema "El salario no alcanza, las cuentas no cierran". 

"Durante los últimos 14 años, los trabajadores han asumido la carga de una profunda crisis que afectó a los ingresos y las vidas de todo el mundo", dijo la GSEE en relación a la crisis financiera griega que comenzó a finales de 2009 y dejó al país dependiente de rescates internacionales durante una década.

“Los años han pasado y la crisis se ha agravado, las cargas permanecen, los derechos se reducen. Vamos a la huelga y exigimos que el gobierno tome medidas aquí y ahora", advirtió el sindicato de trabajadores privados. Grecia viene registrando un aumento de los precios, especialmente en energía y algunos productos básicos como la harina, luego de la invasión rusa en Ucrania.

Prácticamente todo el transporte público quedó paralizado el miércoles, salvo colectivos que pararon solo desde el inicio del turno hasta las nueve de la mañana y lo volvieron a hacer por la tarde. Además del metro, el tranvía y los trolebuses, se detuvo también buena parte del tráfico ferroviario, tanto de cercanías como de largo recorrido, aunque se garantizaron servicios mínimos.

Tampoco los ferries han salido de los puertos ni trabajaron las administraciones públicas. En el tráfico aéreo la jornada transcurrió con normalidad, ya que un tribunal le prohibió a los controladores aéreos sumarse a la huelga. Los medios de comunicación se han sumado parcialmente a la protesta con un paro de cuatro horas, desde el mediodía hasta las cuatro de la tarde. 

Miles de personas salieron por la mañana a las calles en varias ciudades del país en apoyo a las reivindicaciones sindicales. En Atenas, la marcha discurrió por todo el centro de la capital hasta la plaza de Syntagma, en la que se encuentra el Parlamento. 

Entre los manifestantes se encontraban también empleados de ministerios como Jristina Jristidu, que trabaja en el de Fomento. Jristidu aseguró que después de diez años de crisis económica su sueldo se redujo tanto que todos los meses tiene que pedir adelantos para poder sobrevivir, y el encarecimiento de la energía pone las cosas peor.

Apostolis Dallas, que trabaja como asesor fiscal, sostuvo por su parte que las ayudas que está dando el gobierno griego para afrontar el encarecimiento de la energía "no pueden contrarrestar las enormes subidas de precios", si bien recordó que en Grecia las altos precios energéticos y de los combustibles siempre fueron un problema, incluso antes de la guerra en Ucrania. 

Pero no todas son malas noticias, ya que Grecia completó de manera anticipada el pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) de toda su deuda pendiente, contraída con la institución desde 2010 en los distintos rescates del país heleno. "¡Fin de una era para el FMI como prestamista en Grecia! Una era que los griegos no deben y nunca volverán a vivir", sostuvo en su cuenta de Twitter el primer ministro griego, Kyriakos Mitstotakis

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Jueves, 10 Febrero 2022 05:52

Brasil le hace frente a Bolsonaro

Brasil le hace frente a Bolsonaro

A medida que se acerca la campaña electoral, muchos de los mitos que hicieron atractivo a Bolsonaro se van diluyendo frente a la triste constatación de lo que siempre ha sido: un charlatán, conocido por su agresividad y su postura autoritaria.

A poco más de tres años de la elección del presidente Jair Bolsonaro, Brasil ha pasado de ser una potencia emergente respetada por la mayoría a ser un Estado paria, repudiado por su terrible historial ambiental y de derechos humanos y por lo que Médicos Sin Fronteras ha llamado la peor respuesta del mundo al covid-19. A los brasileños les gusta decir, con humor, que los extranjeros solo conocen el país como una tierra de fútbol, samba y carnaval. Hoy se lo conoce como un importante nodo de teorías conspirativas transnacionales de extrema derecha y erosión democrática. Bolsonaro, quien accedió a la Presidencia de la nación más grande de América Latina impulsado por una ola de sangre reaccionaria reaccionaria, ignorancia obstinada y el optimismo de los actores del establishment convencidos de que podrían controlarlo, se asoma en la cobertura internacional de Brasil como un claro peligro presente.

Sin embargo, Bolsonaro pareció derrumbarse. A mediados de julio, terminó hospitalizado entre eructos y ataques de hipo crónicos. Su internación coincidió con el punto más bajo de su popularidad, sobre todo como resultado de graves acusaciones de corrupción y una investigación parlamentaria sobre su calamitoso manejo de la pandemia.

A medida que se acerca la campaña electoral, muchos de los mitos que hicieron atractivo a Bolsonaro en 2018 se han diluido por la triste constatación de lo que él siempre ha sido: un charlatán incompetente y corruptible, conocido sobre todo por su agresividad y su postura autoritaria. Ya ha habido más de 120 pedidos formales de impeachment contra Bolsonaro, presentados por diversos partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. Buena parte del país se ha vuelto contra este hombre conocido como «El Mito» entre sus simpatizantes.

Entre los críticos están muchos de los bolsonaristas de alto perfil de 2018, entre ellos los gobernadores de centroderecha de San Pablo y Río Grande del Sur. Su rechazo oportunista del presidente señala una pérdida más generalizada del apoyo de destacados líderes políticos partidarios del mercado, que alguna vez coquetearon con la extrema derecha. Millones de votantes de centroderecha que en 2018 votaron a regañadientes por Bolsonaro para impedir el regreso del Partido de los Trabajadores (PT), de centroizquierda, ahora están haciendo el cálculo opuesto al darle su apoyo al ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como forma más segura de enterrar a Bolsonaro. La mayoría de las encuestas muestran a Lula con una cómoda ventaja sobre el presidente en ejercicio. Es un vuelco sorprendente; hace solo unos pocos años, la carrera política de Lula parecía terminada, luego de haber ido a prisión por cuestionables acusaciones de corrupción.

Lula da Silva terminó su segundo mandato una década atrás con un asombroso índice de aprobación de 80%, habiendo encabezado un gobierno que mejoró la vida de millones mediante políticas sociales redistributivas. En contraste, la política autoritaria y conspirativa del bolsonarismo se opone a la idea misma de un Estado eficaz, sensato y que deba rendir cuentas. Lo que está en juego en la próxima elección está claro. Y cualquier intento de comprender el futuro del bolsonarismo, aun sin su titular al timón, debe considerar cómo surgió y cómo gobernó Bolsonaro en los últimos tres años.

Durante la última campaña presidencial, se retrató a Bolsonaro como una persona franca, un outsider que no se deja intimidar por la corrección política y los negocios. Ignoró las críticas por su larga historia de comentarios homofóbicos, homicidas, sexistas, militaristas y racistas diciendo que sus opositores podrían llamarlo de cualquier modo menos corrupto. Cualquiera que estuviera familiarizado con la política sucia de Río de Janeiro sabía que esto era falso: Bolsonaro y su familia tenían muchos lazos conocidos con las mafias paramilitares que controlan buena parte de ese estado, y Bolsonaro y sus hijos, tres de los cuales ocupan cargos electivos, solían obligar a sus empleados a entregarles una parte de sus salarios para mantener sus empleos. Sin embargo, en 2018, luego de años de escándalos de corrupción muy publicitados, entre ellos la hoy desprestigiada investigación del Lava Jato que contribuyó a derrocar a Lula, la política en Brasil se había vuelto sinónimo de negocios sucios en favor del interés propio. El argumento de Bolsonaro de que él no había sido testigo de ninguna actividad ilícita en su larga carrera política encontró eco en muchos votantes.

Mientras que el ascenso de Bolsonaro indicaba la difusión de un nuevo e insidioso sentido común de derecha, también marcaba el triunfo de la antipolítica: la idea de que los problemas de la sociedad no pueden solucionarse a través de las instituciones, los actores y los sistemas de gobierno existentes. Tras cuatro victorias electorales consecutivas del PT, una porción considerable del electorado llegó a la conclusión de que se necesitaba un cuestionamiento más sólido del sistema político por parte de la derecha. En una encuesta de Latinobarómetro realizada en vísperas de las elecciones de 2018, solo 6% de los brasileños expresó alguna confianza en los partidos políticos existentes y apenas 12% en el Congreso. (A una significativa proporción de los brasileños nunca la convenció la democracia, para comenzar; de hecho, esta no recibió nunca más de 60% de apoyo en las encuestas de Latinobarómetro). Bolsonaro prosperó en medio de esta crisis de confianza.

En lugar postularse con una plataforma definida, Bolsonaro mostró un rechazo visceral a la izquierda, un compromiso de aflojar las restricciones a las matanzas extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad del país y un vago esbozo de políticas anticorrupción. Muchos votantes recibieron su conducta retrógrada y su falta de pretensión performativa como una bocanada de aire fresco. Bolsonaro ofrecía una suerte de autenticidad pro-ley y orden que atraía a un país en el que los policías que matan a muchos «malvivientes» se convierten en héroes. La sociedad brasileña, todavía moldeada por la historia de la esclavitud, ha mantenido sus desigualdades abismales mediante una especie de apartheid informal. La violencia es esencial a este sistema. Brasil posee la fuerza policial más letal del mundo (mató a 6.416 personas en el último año, en comparación con 2.212 muertes en 2013). Los poderosos siempre han necesitado matones de la calaña de Bolsonaro para mantener a las masas bajo control.

A pesar de su burda afectación, el bolsonarismo se entiende mejor como una reacción virulenta de la elite contra el Estado intervencionista y la extensión de la ciudadanía social en un país profundamente desigual. Como lo plantéo el presidente durante una visita a Estados Unidos poco después de su asunción: «Brasil no es un espacio abierto donde planeamos construir cosas para nuestra gente. Debemos deconstruir muchas cosas. Deshacer muchas cosas para que podamos luego comenzar a hacer cosas. (…). Nuestro Brasil avanzaba hacia el socialismo, hacia el comunismo».

Ya sea despanzurrando las reglamentaciones ambientales, avanzando en la privatización del servicio de correo o debilitando la educación pública, el gobierno de Bolsonaro ha buscado en forma sistemática nuevos mercados y oportunidades para actores privados con buenas conexiones. Según el filósofo Rodrigo Nunes, «el bolsonarismo no solo apoya abiertamente el emprendedorismo, sino que es un fenómeno emprendedor en sí mismo. El bolsonarista por excelencia no es ni rico ni pobre, sino un miembro de la ‘clase media alta inferior’ en movilidad descendente». La habilidad de Bolsonaro para llegar a este segmento de la población explica por qué triunfó donde otros candidatos de derecha recientes –indisociablemente unidos a los estrechos intereses de la elite– fracasaron. En el corazón de este proyecto político están los electorados conocidos como «buey, Biblia y bala», que ejercen un enorme control en el Congreso.

El primero de ellos, la agricultura a gran escala, es uno de los principales impulsores de la deforestación que ha alcanzado niveles alarmantes durante el gobierno de Bolsonaro. Los intereses de la agroindustria buscan constantemente pasturas para alimentar al ganado y cultivos comerciales como la soja. Bolsonaro jamás se enfrentaría a los intereses de la explotación forestal ilegal y los ganaderos rapaces que impulsan la deforestación en la actualidad. ¿Qué bien económico proviene de la selva tropical?

En segundo lugar, está la bancada de la Biblia, una fuerza poderosa en un país que es mayoritariamente cristiano y cada vez más evangélico. En 2018, Bolsonaro ganó 11 millones más de votos entre quienes se reconocen evangélicos de los que logró Fernando Haddad del PT. En un estudio dado a conocer días antes de que Bolsonaro y Haddad se enfrentaran en las urnas, 59% de los evangélicos estaba a favor de Bolsonaro, contra 26% a favor de Haddad. Entre los católicos, que son todavía el grupo religioso mayoritario en Brasil, los candidatos estaban prácticamente empatados. Bolsonaro debió su victoria a esta ventaja decisiva entre los evangélicos. En 2019, se comprometió a nombrar un juez «terriblemente evangélico» para la Supremo Tribunal Federal. En julio de 2021 cumplió su promesa, nominando al pastor y jurista André Mendonça para el más alto tribunal de Brasil. Dado el grado involucramiento de destacados pastores evangélicos en escándalos políticos en los últimos años, su alianza con Bolsonaro parece menos enraizada en un compromiso compartido con la moral cristiana que en una búsqueda mutuamente beneficiosa de control social.

El tercer grupo, la bancada de la bala, representa más directamente la cosmovisión de Bolsonaro. Compuesta por funcionarios surgidos de elecciones con antecedentes en cuerpos de seguridad o en las Fuerzas Armadas, este grupo presiona por leyes menos rigurosas en relación con las armas, sentencias de prisión más duras y mayor libertad de acción para la policía. Bolsonaro mismo ha proclamado a viva voz su apoyo a la tortura y a los asesinatos extrajudiciales a lo largo de su carrera política. Por ejemplo, durante una entrevista televisiva en 1999, exclamó que «las elecciones no van a cambiar nada en este país. Cambiará solo el día que aquí estalle una guerra civil y hagamos el trabajo que el régimen militar no hizo: matar a 30.000. Si muere alguna gente inocente, está bien. En todas las guerras muere gente inocente».

Bolsonaro lanzó su carrera política en 1988 como un ex-capitán insatisfecho del Ejército que se autoproclamó vocero de los intereses de los soldados rasos, policías y bomberos. Hoy estos sectores ultraconservadores integran la base de apoyo más fuerte del presidente en el Congreso y fuera de él. En una posible señal de problemas futuros, se han producido numerosos levantamientos de la policía local en nombre de Bolsonaro, en especial en los estados donde gobernadores opositores implementaron medidas de confinamiento. Estas protestas han tenido hasta ahora un limitado poder de permanencia, pero no es difícil imaginar a los agentes policiales como soldados de infantería del presidente si este decidiese impugnar una derrota en las elecciones de este año. Un coronel de la policía con 5.000 oficiales a su mando que obligó públicamente a funcionarios de seguridad a concurrir a una manifestación en favor de Bolsonaro organizada en San Pablo para el 7 de septiembre, Día de la Independencia de Brasil, fue destituido por el gobernador. Podría resultar más difícil controlar la politización de la policía brasileña a medida que se acerque la elección.

A pesar de su propia mitología como defensores moderados del orden constitucional, los militares brasileños han sido siempre una fuerza corrupta y autoritaria. Muchos de sus líderes comparten la visión conspirativa del presidente. Bajo Bolsonaro, los militares han ideado un sigiloso regreso al gobierno. Ostentan un poder significativo: hay más militares en el gabinete de Bolsonaro de los que hubo en algunos gabinetes de la propia dictadura militar. Parte de su apoyo a Bolsonaro tiene que ver con los beneficios económicos que los oficiales han recibido del gobierno, incluyendo la eliminación de topes salariales para funcionarios públicos, una medida que permite a los oficiales retirados cobrar la totalidad de sus salarios además de sus pensiones militares extremadamente generosas.

Aunque las Fuerzas Armadas han hecho esfuerzos ocasionales para distanciarse públicamente del extremismo de Bolsonaro, están directamente implicadas en los crímenes más atroces del gobierno, entre ellos la acelerada destrucción de la Amazonia, la corrupción generalizada y, sobre todo, la fallida respuesta a la pandemia. Eduardo Pazuello, el general en servicio activo que actuó como ministro de Salud en el pico de la pandemia, contribuyó a promover las curas con aceite de serpiente de Bolsonaro al tiempo que fracasaba en asegurar la provisión de vacunas. Esperó con los brazos cruzados mientras la ciudad de Manaos se quedaba sin oxígeno en medio de la segunda ola en enero de 2021.

El poder de las bancadas del buey, la Biblia y la bala está conectado con la cambiante demografía de la clase política brasileña. En las elecciones de 2014, 2016 y 2018, juró una multitud de nuevos diputados de derecha. 85% de los senadores y 51% por ciento de los diputados nacionales elegidos en 2018 entraban en el Congreso por primera vez, y la mayoría repetía el discurso de outsider de Bolsonaro. Entre ellos se encontraban 72 integrantes de la Policía o el Ejército, un actor porno retirado y un heredero de la familia real brasileña. En su libro Beef, Bible and Bullets [Buey, Biblia y balas] (Manchester UP, 2021), Richard Lapper presenta el perfil de una de las nuevas figuras políticas brasileñas, Katia Sastre, cabo de policía que se hizo famosa por matar a un hombre en la periferia de San Pablo. La nueva clase política se basó más en la influencia een las redes sociales que en el clientelismo político tradicional para acceder a cargos electivos, aun si se ha mostrado más que ávida de disfrutar del tradicional botín disponible para los funcionarios luego de asumir.

El bolsonarismo representa un esfuerzo por debilitar no solo las políticas recientes del PT, sino el Estado moderadamente redistributivo e inclusivo construido con dificultad en Brasil durante el último siglo. Este Estado ha sido en diversas ocasiones autoritario y excluyente, en particular para los pobres de las zonas rurales y los habitantes de la periferia de las principales ciudades del país. Pero se basó en la extensión de una forma limitada de ciudadanía social para la clase obrera brasileña, y casi todos los gobiernos desde 1930, incluyendo la dictadura militar (1964-1985), intentaron construir sobre este legado. Para 2018, sin embargo, un nuevo sentido común conservador había reducido las funciones redistributivas del Estado brasileño a una forma demoníaca de corrupción o comunismo ejercida por el PT para mantener el poder a toda costa. Bolsonaro y sus aliados describían los logros de Lula y su sucesora, Dilma Rousseff, como corruptos e inmorales. La victoria de Bolsonaro vino así a significar no solo la ruina de un legado socialdemócrata moderado, sino también la neutralización de su premisa básica, a saber, que el gobierno federal puede y debería actuar para mejorar la vida de la mayoría de la población.

La elección de Bolsonaro estuvo precedida por un incendio dantesco que destruyó el Museo Nacional en Río de Janeiro, una de las grandes obras emprendidas durante el gobierno de Getúlio Vargas, el líder populista autoritario que sentó las bases del Brasil moderno entre las décadas de 1930 y 1950. El fuego, que consumió piezas de perdurable orgullo nacional e importancia –una gran parte de la herencia cultural del país–, no tuvo demasiada repercusión entre la elite de Brasil. Cuanto mucho, el incendio sirvió como una metáfora patética de lo que la agenda de Bolsonaro, un proyecto esencialmente elitista embozado en un populismo encendido, buscaba lograr: la destrucción completa del legado del Estado post 1930. Uno de los primeros actos de Bolsonaro tras asumir fue cerrar el Ministerio de Trabajo, que estaba en el centro del proyecto político de Vargas. En ese sentido, el proyecto de Bolsonaro continúa el que implementó el gobierno no electo e ilegítimo de Michel Temer, quien llegó al poder mediante un golpe parlamentario que destituyó a Rousseff en 2016. Temer lanzó un ataque abierto a los cimientos del Estado de Bienestar brasileño, destruyendo el código laboral y aprobando una enmienda constitucional que limitaba el gasto federal, junto a otras medidas extremas de austeridad. Los avances sociales logrados con esfuerzo desde el fin del gobierno militar bajo la Constitución de 1988 están hoy en la mira.

El problema para el presidente y sus aliados es que este no es un proyecto político popular, en parte porque no ofrece nada a los que han perdido su empleo o a sus seres queridos a causa del covid-19. El encanto inicial del outsider Bolsonaro se ha desvanecido. Ya no es una incógnita. Brasil ha aprendido dolorosamente quién es y qué representa a través del desastre en curso que es su presidencia. 

Es imposible exagerar el impacto de la pandemia en la decreciente base de apoyo de Bolsonaro. Más de 550.000 personas murieron de covid-19 en Brasil, solo superado en cifras por Estados Unidos y los expertos predicen que superará las cifras estadounidenses en esta métrica nefasta en los meses por venir. El país tiene uno de los sistemas de salud pública más grandes del mundo. Ha respondido en forma rápida y efectiva en pandemias anteriores, estableciendo la capacidad necesaria de producción de vacunas junto con las estrategias de comunicación y distribución requeridas para una crisis. El país tuvo los medios para responder con eficacia a la pandemia –y las autoridades estatales y locales en general actuaron en forma responsable–, pero esa respuesta fue saboteada de manera deliberada por el gobierno de Bolsonaro.

Como declaró a la BBC Pedro Hallal, un epidemiólogo que lidera el estudio más grande sobre covid en Brasil, «Brasil ha hecho todo lo que no se debería hacer». Hallal culpó en particular al presidente por minimizar el riesgo que representaba el virus. A lo largo de la pandemia, Bolsonaro no ofreció apoyo explícito a ninguna medida, desestimando el covid-19 como tan solo «una gripecita». En el pico de la pandemia, Bolsonaro organizó actos masivos casi en forma semanal, llamando a la disolución del Congreso y atacando al Supremo Tribunal Federal. Mientras la pandemia escalaba, el presidente visitaba centros comerciales y mercados al aire libre en Brasilia para sugerir que no había peligro. Intercedió en nombre de las iglesias, permitiéndoles permanecer abiertas como «servicios esenciales» a pesar del alto riesgo de extender el contagio. Su campaña en redes sociales «Brasil No Puede Parar», lanzada justo después de que la pandemia llegara a Brasil en marzo de 2020, impulsó a la gente a volver a sus puestos de trabajo, hasta que un juez federal prohibió rápidamente su difusión. Señaló en varias ocasiones que los gobernadores que tomaban medidas drásticas contra el virus carecían de coraje, y hasta amenazó con desplegar tropas federales para desbancar su autoridad. Los funcionarios del gobierno erraron sistemáticamente por falta de acción, y cuando fueron cuestionados por ese motivo, exageraron la falta de certeza sobre cómo detener la expansión del virus. En lugar de asegurar la provisión de vacunas, Bolsonaro, los militares y sus simpatizantes gastaron sumas incalculables de dinero y tiempo promoviendo remedios inútiles como la cloroquina y la ivermectina como «tratamientos preventivos».

Los observadores extranjeros se han preguntado en forma repetida por qué Bolsonaro se mantuvo tan firme en su negacionismo. Incluso más que Donald Trump, Bolsonaro se ha destacado por su negativa empecinada a tomar con seriedad la pandemia. Una de las razones para esta actitud displicente del presidente es su personaje de macho. Admitir vulnerabilidad sería admitir debilidad. Nunca ha temido expresar su indiferencia frente a la muerte y su sociopatía ocasional está bien documentada. Más allá de estas cuestiones de personalidad, las teorías conspirativas y la mentalidad de asedio paranoica son las marcas distintivas de la administración Bolsonaro. El presidente siempre ha apostado a intensificar la crisis y dejar que sus adversarios traten de razonar con los efectos. En el abordaje de la pandemia, se apoyó en el mismo repertorio de disimulo al que recurrió en crisis de relaciones públicas pasadas. Para esquivar las críticas provenientes del extranjero, el gobierno advierte sobre un intento de debilitar la legitimidad de un presidente debidamente elegido. En el plano nacional, considera que cualquier ataque es una ventaja para la oposición. En ocasiones, Bolsonaro parece deleitarse con su condición de paria.

Esta estrategia se topó con una pared cuando la pandemia se extendió en el tiempo. Los votantes se cansaron de las incesantes guerras culturales y de la politización de la ciencia básica por parte del presidente, mientras sus familiares y amigos morían. Y a fines de abril el Congreso abrió formalmente una investigación sobre el manejo presidencial de la pandemia, lo que resultó en incendiarias revelaciones que erosionaron su posición. La pesquisa reveló múltiples incidentes de supuesta corrupción y un grosero desmanejo que podrían servir como bases para nuevos cargos en un impeachment. Se reveló, por ejemplo, que el gobierno de Bolsonaro no respondió a 53 de los 81 correos electrónicos enviados por Pfizer cuando el gigante farmacéutico estadounidense se puso en contacto para ofrecer vacunas a fines de 2020. Algo quizás más escandaloso, funcionarios del gobierno habrían reclamado un retorno de un dólar por dosis de vacuna comprada a un potencial proveedor. Afortunadamente para Bolsonaro, el vocero de la Cámara Baja del Congreso, un aliado clave, es la única persona que puede iniciar el procedimiento de impeachment. Mientras el presidente mantenga aceitados los engranajes de las partes más corruptibles y turbias del Congreso con fondos federales y la tradicional política clientelista, el impeachment seguirá siendo una posibilidad remota. Sin embargo, la pretensión de altura moral de Bolsonaro parece haberse perdido para siempre.

En el New York Times, Vanessa Barbara describió el abordaje de la pandemia por parte del gobierno –la búsqueda de inmunidad de rebaño y el rechazo de los ofrecimientos de Pfizer y otros fabricantes de vacunas durante muchos meses– como «un clásico plan de supervillano, a la vez perverso y absurdo, mortal y espantoso». Es el resultado inevitable del vaciamiento del Estado bajo Bolsonaro. De hecho, la aparente alergia del presidente a un manejo real del gobierno es el tema en que Lula ha hecho más hincapié desde que fue habilitado para buscar un tercer mandato en las elecciones de 2022. En su discurso de regreso del 10 de marzo de 2021 en la sede central del Sindicato de Metalúrgicos de San Bernardo del Campo, el centro industrial de la región metropolitana de San Pablo de donde surgió por primera vez como figura nacional en la década de 1970, Lula declaró indignado: «¡Este país no tiene gobierno!». A continuación, delineó todos los pasos que habría tomado si hubiera estado a cargo del gobierno cuando estalló la pandemia, cada medida más sensata que la anterior. Más recientemente, comparó a Bolsonaro con la reina de Inglaterra, una figura que toma muy pocas decisiones efectivas.

Desde su regreso a la contienda política, Lula ha resultado ser un adversario formidable para Bolsonaro. Algunas encuestas han mostrado al ex-presidente muy cerca de ganar de manera rotunda en un campo presidencial muy poblado. La resiliencia política de Lula se debe a su capacidad de articular un mensaje conciliatorio basado no en una confrontación ideológica, sino en un reclamo de los valores republicanos básicos que Bolsonaro desdeña en forma manifiesta. También indica el fracaso tanto de la centroderecha como de la izquierda que no es parte del PT para formar una oposición creíble al calamitoso gobierno de Bolsonaro. Los brasileños parecen ansiosos de un retorno a la inclusividad progresista y sobria de Lula luego de años de arrebatos violentos y malintencionados por parte de Bolsonaro que empujaron al país al borde de la catástrofe.

Con su posible desaparición política en el horizonte, Bolsonaro se ha dedicado a poner en duda que las autoridades lleven a cabo elecciones justas en octubre próximo. Hay incluso noticias sobre varias figuras militares experimentadas que repiten las teorías conspirativas paranoicas de Bolsonaro sobre la confiabilidad del voto electrónico, que según los expertos ha virtualmente eliminado el fraude de las elecciones brasileñas. En una democracia saludable, no debería importar lo que pensaran los uniformados sobre el modo en que se desarrollan las elecciones. Pero los militares de Brasil están hoy en el gobierno, con miles de integrantes de las Fuerzas Armadas en puestos civiles. No es claro qué tan dispuestos estarán a dejar el poder si hay un cambio de gobierno este año.

Si el bolsonarismo es una fuerza perdurable en la política brasileña, es probable que se deba al retorno de los militares a la política y al surgimiento de una clase política de derecha que comparte la misma visión del presidente. Parece que el futuro de la política brasileña será una batalla entre la centroizquierda y la extrema derecha. La centroderecha todavía mantiene el poder en algunas regiones, pero por el momento ya no es una fuerza nacional. Al aferrarse a los faldones de Bolsonaro en 2018, abrió la puerta a un conservadurismo radical nunca visto desde el regreso de la democracia en la década de 1980. Estos autoproclamados moderados cargan con una porción enorme de la culpa por el estado deplorable de Brasil.

Teniendo en cuenta que enfrenta un número creciente de dificultades legales, perder las elecciones podría ser la menor de las preocupaciones de Bolsonaro. Pero aun si cae, los efectos sociales a largo plazo de la muerte masiva que Bolsonaro facilitó persistirán muchos años después de que abandone el gobierno. Su arremetida contra la educación pública, el ambiente, las convenciones internacionales y las normas democráticas ha sido traumática. Y muchos de los que terminen votando contra Bolsonaro en una elección nacional bien podrían emitir un voto que lleve al Congreso a ex-policías chiflados que creen en disparar contra los vagabundos, luchar contra el globalismo, erradicar la ideología de género del sistema escolar y destruir la Amazonia a cambio de dinero fácil. En otras palabras, es mucho más difícil eliminar el veneno cívico del bolsonarismo de la Legislatura que de la Presidencia. El mismo Bolsonaro integró el Congreso durante décadas antes de ser elegido para el cargo supremo de su país, y es probable que sus hijos, que en la actualidad cumplen funciones en el gobierno, también ocupen cargos electivos después de 2022. Aun si la posición nacional del presidente es insalvable para el momento de las elecciones, la marca Bolsonaro se mantendrá sólida en el nivel local y de los estados. Más que ser un fin en sí mismo, una victoria de Lula marcaría el comienzo de un arduo esfuerzo por imaginar cómo debería verse un Brasil más justo, igualitario y solidario.

Publicamos este artículo como parte de un esfuerzo común entre Nueva Sociedad y Dissent para difundir el pensamiento progresista en América. Puede leerse la versión original en inglés aquí

Traducción: María Alejandra Cucchi

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Ansiedad, miedo y hambrunas le impiden a millones vivir dignamente, sostiene el informe del organismo para el desarrollo. . Imagen: AFP

El organismo promueve redefinir la idea de progreso

"A pesar de los avances de desarrollo acumulados durante años, la sensación de seguridad de la población se encuentra por debajo del mínimo en casi todos los países, incluidos los más ricos", sostuvo el PNUD. El índice de desarrollo humano medido por el organismo se hundió en 2019-2020, coincidiendo con la irrupción de la Covid-19.

La unidad de medida del éxito de un país suele ser su Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, un estudio publicado por el Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) señaló que seis de cada siete personas aseguraron sentirse inseguras por su situación de vida durante 2021, año que de acuerdo a los registros fue el de mayor PBI mundial de la historia. "El progreso en el desarrollo a nivel mundial no genera automáticamente una mayor sensación de seguridad", reconoció el PNUD y solicitó redefinir la idea de "progreso".  

"A pesar de los avances de desarrollo acumulados durante años, la sensación de seguridad de la población se encuentra por debajo del mínimo en casi todos los países, incluidos los más ricos", sostuvo el PNUD y resaltó que no tiene que ver con los niveles de riqueza --Estados Unidos y China reúnen el 42% del PBI mundial-- ya que aún en los países "de los niveles más elevados de buena salud, riqueza y educación muestran mayor grado de ansiedad incluso que hace diez años".

Esperanza de vida

El estudio agrega que, tras la pandemia de Covid-19, la esperanza de vida ha caído a nivel mundial por segundo año consecutivo y advierte que los cambios de temperatura por el cambio climático podrían causar la muerte de 40 millones de personas de aquí al final del siglo. 

La Covid-19, el cambio climático, la hambruna, las tecnologías digitales, las desigualdades, la capacidad de los sistemas de salud ante nuevos retos, además de los conflictos armados --que afectan a unos 1.200 millones de personas-- han seguido generando ansiedad, miedo y penurias que le impiden a millones vivir dignamente, sostiene el informe del organismo para el desarrollo. 

Por eso, el PNUD asegura que la sensación de inseguridad entre la población es cada vez mayor a pesar del avance del desarrollo y llamó a "promover la solidaridad y reorientar los esfuerzos en el ámbito del desarrollo".

Los níveles de "inseguridad" son medidos por el organismo de la ONU a partir del Índice de Desarrollo Humano, que mantuvo una mejora desde que comenzó a elaborarse en 1994, hasta que se hundió en 2019-2020 coincidiendo con la irrupción de la Covid-19.

"Hay que redefinir el verdadero significado de progreso"

Aunque en 2021 experimentó una recuperación, el PNUD calcula que en dos años el índice perdió las mejoras logradas en cinco años, entre 2014 y 2019.

"A pesar de que el mundo disfruta de una riqueza sin precedentes, la mayoría de las personas sienten preocupación por el futuro, sentimientos que probablemente se han visto exacerbados por la pandemia", dijo el administrador del PNUD, Achim Steiner.

Además, el organismo insistió en que existe una estrecha relación entre la pérdida de confianza y los sentimientos de inseguridad. "Las personas con una mayor sensación de inseguridad humana tienen tres veces menos probabilidades de tener confianza en los demás", lo que afecta a las relaciones diarias de convivencia.

Para Steiner, la solución pasa por "prestar atención a las señales que emiten las sociedades que sufren un estrés inmenso y redefinir el verdadero significado de progreso". En este sentido, insta a un modelo de desarrollo que se levante sobre la protección y la restauración del planeta, con nuevas "oportunidades sostenibles" para todos.

El PNUD sostiene que los agentes del cambio deberían promover la solidaridad, el empoderamiento y la protección en todos los ámbitos y evitar que la mejora de un aspecto implique el empeoramiento de otro.

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Las mujeres acceden al mundo laboral un 20% menos que los hombres, según el FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) afirma que, de media, las mujeres de todo el mundo hacen al día dos horas más de trabajo no remunerado que los hombres. Hay  también grandes diferencias entre países.
 

El promedio de participación femenina en el mercado laboral global sigue siendo un 20% más bajo respecto a la tasa masculina, al igual que las brechas de género que se acentúan en los salarios y el acceso a la educación.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Gueorguieva, ha alertado sobre la situación de empleo entre las mujeres de todo el mundo tras la pandemia de la covid, en la cual se han perdido muchos trabajos relacionados con el área de servicios y cuidados, con gran presencia femenina.

Según los datos de la primera mujer en liderar el FMI, existen dos grupos de mujeres que han sido excluidas del mercado laboral y que no han regresado en la misma posición.

El primer grupo consta de las mujeres con niños menores de cinco años que no encuentran guarderías asequibles donde los pequeños puedan aprender mientras ellas vuelven al trabajo. Mientras que el segundo abarca a las mujeres de más edad preocupadas por los riesgos que la pandemia ha podido suponer para su salud.

Además, las alertas sobre las brechas de género sobre los salarios y el acceso a la educación continúan acrecentándose, al igual que las desigualdades en el trabajo no remunerado que las mujeres realizan en el propio hogar al cuidar de sus familiares.

Un nuevo modelo que permita prosperar a las mujeres

Otro factor importante que impide el regreso de las mujeres a nuevos puestos de trabajo corresponde al cambio del modelo laboral: los nuevos empleos están vinculados a la rama de la economía digital, sobre todo, comercio e internet. Georgieva insiste en que el resto de la población debe ayudar a las mujeres para que desarrollen este tipo de habilidades para pasar de un sector a otro.

La gerente del FMI ha considerado que el mundo necesita un "nuevo modelo" que permita prosperar a las mujeres que tienen un gran talento, pero a las que aún se las exige que cuiden de forma gratuita a jóvenes y personas de mayor edad.

El FMI ya había avisado en varias ocasiones sobre la situación de las mujeres que cargan de manera desproporcionada las responsabilidades del trabajo no remunerado con las tareas del hogar y el cuidado de familiares.

De media, las mujeres de todo el mundo hacen al día dos horas más de trabajo no remunerado que los hombres con grandes diferencias entre países, según el Fondo.

04/02/2022 21:39

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Inmigrantes: el buen esclavo y el esclavo rebelde

Los inmigrantes más sufridos en Estados Unidos, los indocumentados.

En la Edad Media y en el Renacimiento europeo, el título de hidalgo pudo haber significado “hijo de algo” o “fiel a su amo”. Aunque su etimología es discutida, lo que está claro es que se trataba de un aspirante a noble, un aristócrata de segunda. Un noble hacía cosas nobles por herencia, mientras el vulgo era vulgar y los villeros eran villanos por naturaleza. Eran los hijos de nadie. Eran los peones sin rostro del ajedrez, sin corona, sin bonete, sin caballos y sin torres donde refugiarse. Eran los primeros en ir a morir en las guerras de los nobles, los primeros en defender al rey y a la reina, aunque nunca subían al castillo y menos entraban a palacio. En grupos de a mil, formaban las militias. Eran números. Como en las guerras modernas, iban a matar y a morir, con fanatismo, defendiendo una causa noble, en el doble sentido de la palabra. Dios, la patria, la libertad. Causas nobles que ocultaban los intereses de los nobles. 

Poco o nada ha cambiado desde entonces. Los soldados estadounidenses que vuelven de las guerras de sus nobles, bajan en el aeropuerto de Atlanta y son aplaudidos por los vasallos que luego los abandonarán a la locura de sus memorias. Los recuerdos y hasta los olvidos los persiguirán como el diablo. Muchos terminarán en la mendicidad, en las drogas o en el suicidio. Cuando ya no importen, serán honrados en tumbas sin nombres o les llevarán flores a un peón caído, tan abstracto como en el ajedrez, llamado Tumba del Soldado Desconocido. Sobre todo, si hay cámaras de televisión cerca. 

Por no hablar de las cifras mil veces mayores de los civiles muertos del otro lado, que ni siquiera son números claros sino estimaciones. Aproximaciones que nunca alcanzan la indignación de los grandes medios ni la conciencia confortable de los ciudadanos del Primer Mundo, porque los suprimidos pertenecen a razas inferiores, son categorías subhumanas que nos quieren atacar o amenazan con quitarnos nuestro way of life dejando de ser esclavos. Los ataques de los poderosos nobles son tan preventivos que suelen eliminar cincuenta niños en un solo bombardeo sin que provoque discursos ni marchas indignadas con lideres mundiales al frente. Ni siquiera un tímido 6 de enero a favor de la paz y de la justicia ajena.

Los peones y los vasallos medievales no tenían rostros ni tenían apellidos porque no tenían nada que dejarle a sus hijos como herencia. Apenas tenían un nombre y la referencia de dónde habían nacido o a qué se dedicaban, cuando trabajar era signo de vergüenza y, como ahora, signo no necesidad. Para decir que alguien no se puede dar el lujo de un descanso prolongado se dice que es un trabajador. Ser hijo de una familia de obreros es un eufemismo de ser pobre. No es tan grave, porque, como las razas inferiores, los pobres no tienen sentimientos. 

“Los pobres sienten también sus penas,” dice una empleada en La casa de Bernarda Alba, y Bernarda, la pobre aristocrática, responde: “Pero las olvidan delante de un plato de garbanzos”. 

El dolor de quien no está cerca del poder no importa, como no importan cincuenta niños suprimidos por una bomba en un país lejano. Como no importan cincuenta niños enjaulados en un recinto de inmigración. Como no importan los indocumentados pobres y de piel oscura, porque también son criminales que han violado Nuestras leyes trabajando para nosotros como esclavos y robando un salario que ningún esclavo se merece.

En la Antigüedad, los esclavos por deudas se conocían como “adictos”. Eran aquellos que decían, que hablaban en nombre de sus amos. Estaban atados a una servidumbre. Cuando siglos más tarde el invento de la esclavitud hereditaria y basada en el color de piel fue ilegalizado en el siglo XIX, la esclavitud volvió a ser cuestión de adictos. Ahora son pobres atados a una servidumbre por la necesidad de su pobreza, casi siempre hereditaria, como los pobres europeos que antes se vendían a sí mismos por cinco o por diez años como esclavos en Norteamérica. 

Pero los indentured laborers (“trabajadores sin salario”) de hoy no son sólo inmigrantes que deben venderse al bajo precio de la necesidad; también son aquellos que, sin hambre y sin una madre enferma del otro lado de la frontera, deciden vender su palabra a cambio de confort físico y moral. Como los esclavos en la antigua Roma, son “adictos”, no a una substancia sino a los valores, a la moral y a las ideas de sus amos, los millonarios a los cuales debemos agradecer la paz, el orden y el progreso, como en el siglo XIX los negros esclavos debían agradecerles a los esclavistas por la sombra de los árboles, por la lluvia y por la pócima que comían dos veces al día. Como en el siglo XIX, los esclavistas se expandieron con un fusil en una mano, con el discurso de la lucha por la libertad en la otra y con sus adictos detrás.

Como en su momento lo denunciaron el peruano González Prada y el estadounidense Malcolm X, estos adictos (“el buen indio”, “el negro bueno”) son los peores enemigos de la justicia y la liberación de sus propios hermanos. La lengua, que conserva una infinita memoria escondida, también sabe que la palabra lacayo era el nombre de los escuderos alcahuetes de sus amos, codiciosos mercenarios que caminaban detrás de sus amos como los peces remora viajan pegados a los tiburones.

Pero también están aquellos que no han vendido su libertad al precio de la necesidad y se resisten a inocularse el mito de “El país de la libertad” a donde “llegaron de forma voluntaria” y pueden irse, también “de forma voluntaria”, allanando el camino de las remoras y de los adictos. Son aquellos inmigrantes ilegales que ocupan los estamentos más bajo de las sociedades más ricas. Aquellos que deben vender sus cuerpos, pero no venden sus conciencias. 

Muchas veces me han preguntado si no tengo miedo de escribir contra las mafias imperiales desde las entrañas de la bestia, como decía José Martí. Cierto, no es fácil y mucho más ganaría adulando al poder y acomodando mis ideas a mis intereses personales. Pero hay cosas que no las compran ni todos los miles de millones de los nobles modernos. Ahora, si hablamos de coraje, el primer premio se lo llevan los inmigrantes indocumentados. Sobre todo, inmigrantes como Ilka Oliva-Corado. Empleada doméstica, talentosa pintora y escritora, valiente como un barquito de papel en la tempestad, mujer, guatemalteca, negra orgullosa y sin ataduras en la lengua. Una representante digna de los inmigrantes más sufridos en Estados Unidos, expulsados de sus países de origen, despreciados, explotados y deshumanizados por las sociedades que los usan y por las sociedades que los expulsan para luego recibir sus remesas.

 Por Jorge Majfud | 22/01/2022  

Publicado enInternacional
Miércoles, 12 Enero 2022 05:31

Contra la meritocracia

Contra la meritocracia

Convertida durante los últimos años en un asunto de disputa ideológica, la meritocracia ha sido esgrimida como el antídoto contra la corrupción y la intervención estatal desmesurada. En La tiranía del mérito, recientemente publicado en español, el filósofo político Michael Sandel desnuda las trampas del discurso meritocrático y sus efectos negativos sobre las sociedades.

Contra el nepotismo y la venalidad, pero también contra la multiforme omnipresencia de la corrupción, el mérito parece un concepto neutral. Su criterio, ahora extendido, es elegido como parámetro de distribución de premios, reconocimientos y honores. Las historias de superación, los logros deportivos y académicos excepcionales, así como diferentes tipos de proezas individuales, concitan atención y, en ocasiones, conmueven a las sociedades. No hay adversidad ni constreñimiento que pueda subyugar la voluntad: allí radica la esperanza del mérito.

Esta narrativa se encuentra en el centro de la crítica que Michael Sandel le propina a lo que denomina «la tiranía del mérito». Eslabón principal del «sueño americano», el mérito se ha convertido en un valor transversal para nuestras sociedades, a la vez que en un criterio difícil de impugnar. Su relato, corporizado en palabras y expresiones, tiende a ser expresado en términos individuales: «me lo merezco» o «me lo gané» son las formulaciones clásicas que cristalizan ese sentido común. Pero entre muchos mensajes encubiertos, el mérito parte de una serie de premisas que, tomadas de forma aislada, parecen inocuas, pero cuya combinación dan un resultado que a Sandel le preocupa: la valoración positiva de la meritocracia, la competencia y el exitismo, el individualismo radical y el voluntarismo y, finalmente, el daño profundo a la solidaridad comunitaria.

¿Quién le teme a la meritocracia?

Convertida durante los últimos años en un asunto de disputa ideológica, la meritocracia ha sido esgrimida por parte de las derechas latinoamericanas como el antídoto contra la corrupción y la intervención estatal desmesurada. La idea de mérito, atada a la de progreso, evidenciaría la existencia de individuos sobresalientes y capaces que, sin la intervención del Estado (o incluso contra ella), conseguirían mejoras y allanarían el camino a la prosperidad. Bajo esta concepción, el emprendedorismo y el esfuerzo individual primarían sobre una esfera pública degradada, que llevaría a los individuos a hacer menos y no más.

Esta forma de lectura del mérito, como bien explica Sandel en La tiranía del mérito (Debate, 2021), no pertenece solo a las derechas. Con matices y variantes, diversos actores políticos han puesto al mérito como un criterio loable y pasible de ser defendido. El culto a la igualdad de oportunidades (criticada recientemente por otros autores como Ángel Puyol o César Rendueles) y la defensa a ultranza de la educación como mecanismo de prosperidad social, se han vuelto moneda corriente. Estas posiciones han planteado supuestos que colocan al mérito en un lugar de primacía que, como afirma Sandel, puede devenir tiránico.

En su diatriba, Sandel recuerda al laborista británico Michael Young y su célebre libro El triunfo de la meritocracia, quien acuñó el término en cuestión en 1958 y lo connotó de forma peyorativa. Al mismo tiempo, el autor recupera el malestar que manifestó un ya anciano Young frente al uso y la deriva del concepto en manos de, entre otros, el Nuevo Laborismo de Tony Blair y Gordon Brown, anonadado ante la valoración positiva que había adquirido el concepto en manos de sus compañeros de filas. El mérito puede parecer un criterio más justo y transparente para ordenar nuestra sociedad, pero no es por ello menos inequitativo y elitista. La defensa del mérito aspira a la movilidad y el ascenso, a que las condiciones de origen no determinen las alternativas a seguir ni los puntos de llegada, pero esto ha demostrado resultados magros. Las aristocracias venales fueron sucedidas por oligarquías de otro tipo, mientras que las desigualdades, a pesar de los esfuerzos y algunos logros, parecen reproducirse y potenciarse unas a otras.

Que el mérito no tape el bosque

En su trabajo, Michael Sandel no se conforma con criticar las características de las «meritocracias realmente existentes» —a las que considera fallidas en su afán de equiparar las condiciones de partida y el acceso a oportunidades semejantes—, sino que apunta a la idea misma de mérito como problema. Según Sandel, uno de los inconvenientes fundamentales de la defensa del mérito estriba en la posibilidad de identificarlo y aislarlo como un factor autónomo. En definitiva, los apologistas de las pretendidas meritocracias actuales tienden a llamar «mérito» a cualquier cosa. Las versiones más vulgares y más extendidas han montado una operación, por cierto muy eficaz, que homologa el mérito con el éxito. La ventaja de esta asociación es que su circularidad sobre el éxito (en cualquiera de sus versiones) funciona como evidencia empírica del mérito y, por tanto, el éxito presupone el mérito. Esto lleva a un estiramiento conceptual particularmente grosero y a unas derivas curiosas: en algunos casos el mérito se vuelve un bien hereditario e intergeneracional, en otros el mérito desconoce circunstancias fortuitas, accidentes u oportunismos. Quien se encuentra en la cima de la pirámide social han hecho las cosas bien, pero quienes se encuentran en el más profundo de los subsuelos son también responsables de su situación. Entre el voluntarismo y el exitismo, la meritocracia parece cualquier cosa menos justa.

Desde el punto de vista teórico, lo más problemático es distinguir el mérito de otras circunstancias o condiciones que forjan o propician el mentado éxito. Todas las vertientes que pregonan la igualdad de oportunidades parten del supuesto ingenuo de que pueden delimitarlo de manera más o menos sencilla. Sin embargo, es notorio que en las sociedades contemporáneas muchas circunstancias producen desigualdades sobre las que los individuos no tienen gobierno o, al menos, forjan relaciones asimétricas de dominación o discriminación que establecen límites y restricciones al desarrollo de las capacidades de cada uno. De algún tiempo a esta parte, no sin resistencias, algunas de estas han sido beneficiarias de cierta discriminación positiva o políticas restitutivas, mientras que otras son soslayadas o directamente desconocidas. Por un lado, la desigualdad económica, por el tufillo socializante que puede conllevar las iniciativas para reducirlas, es tratada con mucho recaudo por algunos defensores de la meritocracia. Por el otro, el talento natural, cuestión muy difícil de mensurar pero reconocible, se intenta licuar dentro de una definición amplia de mérito o, al menos, mitigar la responsabilidad de las consecuencias de este bien desigual para quienes lo detentan («Messi no tiene la culpa de jugar bien al fútbol»).

En su desarrollo argumentativo contra el mérito y la meritocracia, Sandel apunta a dos gigantes del pensamiento político contemporáneo para terminar de cerrar su posición: un liberal progresista, John Rawls, y el economista austriaco Friedrich Von Hayek. Tras describir sus posiciones particulares y la defensa que cada uno de ellos hace en favor de ciertas desigualdades, Sandel encuentra que ambos autores se cuidan bien de no quedar apresados de una noción tan poco consistente como la del mérito. Ni el mercado autorregulado ordena ganadores y perdedores en base a este criterio, ni tampoco hay manera de ordenar la inconmensurabilidad del mérito sin atentar contra el pluralismo y la libertad en nuestras sociedades. A pesar de eso, critica Sandel: «Aunque el liberalismo de libre mercado y el igualitario rechazan ambos el mérito como principio fundamental de la justicia, comparten en última instancia una inclinación meritocrática».

¿Triunfadores a qué costo? ¿Derrotados por su culpa? 

Como buen comunitarista, la principal preocupación de Sandel es más moral que política. La meritocracia erosiona los lazos que unen a la comunidad, no solo profundizando y legitimando las desigualdades con argumentos inconsistentes, sino también estableciendo parámetros destructivos para la mayor parte de los individuos, los exitosos y los derrotados.  

El ideal meritocrático se traduce en un ordenamiento jerárquico que reproduce las desigualdades que promete mitigar. Entre los ganadores, esto impacta en prácticas que corroen de forma directa el ideal y animan valores particularmente nocivos para la vida en sociedad. La suposición del merecimiento, incluso sobre sustentos cuestionables, alimenta la soberbia y el desprecio contra aquellos que por diferentes motivos no lo lograron. Más todavía, la pirámide del mérito es tan empinada y tan elitista que las diferencias entre escalón y escalón pueden ser lapidarias. Entre los que triunfan, la competencia feroz coadyuva, cuando no produce, una miríada de malestares psicológicos, desde la ansiedad hasta la depresión, que cunde en nuestro mundo. La desmesura de las expectativas y la desproporción de las exigencias castigan incluso a los ganadores de este juego.

Para los derrotados, el panorama es incluso peor. La épica del voluntarismo y el discurso de la igualdad de oportunidades abre ventanas de esperanzas de forma constantes: «si usted quiere, usted puede». Pero las cifras son contundentes: ni los que quieren, pueden. La apelación constante al ejemplarismo y el cherrypicking que intenta brindarnos la historia épica como reflejo en el cual mirarnos: el jugador afrodescendiente de orígenes humildes que triunfa en el deporte o la mujer que llega a la primera magistratura de su país en una política dominada por varones. Pero por cada Michael Jordan o Angela Merkel, ¿cuántos han quedado en el camino? ¿cuántos han sucumbido sin siquiera probar un bocado de las mieles del éxito? Si no lo hicieron, nos dicen los defensores de la meritocracia, es porque no lo desearon lo suficiente. La tiranía del mérito genera el self-made man, pero también produce culpables en una cantidad infinitamente mayor.

El conjunto sueco ABBA cantaba: The winner takes it all/ The loser has to fall/ It's simple and it's plain/ Why should I complain? [El ganador se lo lleva todo/ el perdedor tiene que caer/ es simple y claro/ ¿por qué debería quejarme?]. Esta canción de tópico amoroso, recuperada hace algunos años en una escena de la serie Better Call Saul, sintetiza de manera cruel el razonamiento detrás del discurso de la meritocracia: no hay de qué quejarse, las cosas son así por algo. El mérito funda una justificación de la desigualdad y, al mismo tiempo, una esperanza que, a la luz de los hechos, se delata como falsa. En tal sentido, Sandel se anima a desafiar algunos consensos y, en afán provocativo, señala que en las sociedades de castas al menos los perdedores no eran seducidos con falsas promesas y, más importante aún, no eran responsabilizados de su situación de inferioridad. Otro tanto ocurre con un razonamiento de tipo providencial, siempre y cuando no se le incorpore, como ocurrió en la deriva protestante que analizó de forma magistral Max Weber, una ética individual forjada en base al sacrificio y el éxito económico. La tiranía del mérito no solo alimenta desigualdades semejantes, en su profundidad y rigidez, sino que alienta conductas que demuelen las bases solidarias de la comunidad, ya sea como cooperación o caridad.  

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