Por abusos sexuales a menores, piden la renuncia de 120 obispos franceses

Es a partir del informe publicado hace días por la Comisión Independiente sobre Abuso Sexual en la Iglesia donde certifican al menos 330 000 abusos sexuales y violaciones, así como el encubrimiento institucional de estos crímenes.

 

La Iglesia católica de Francia se ha convertido en la punta de iceberg de los escándalos de pedofilia que atraviesan desde hace años a la milenaria institución a nivel mundial. Tres importantes personalidades se manifestaron por la renuncia en conjunto de la cúpula eclesiástica de este país. Se trata de la teóloga Anne Soupa, la directora editorial del semanario Témoignage chretien, Christine Pedotti y del ex presidente de la asociación de víctimas “La Palabra Liberada”, François Devaux.

El informe de la Comisión Independiente sobre Abuso Sexual en la Iglesia (Ciase) publicado el 5 de octubre fue lapidario: 216 000 menores de edad fueron víctimas de violencia sexual por religiosos desde el año 1950. El 32% de estos crímenes fueron violaciones. Y a esto se agregan crímenes similares cometidos por laicos vinculados a la Iglesia como directores de coros o líderes grupos de boy scouts, entre otros.

Así, las víctimas ascienden a 330 000 menores. Esto equivale a 12 niños abusados todos los días desde aquel año. En ese terrorífico contexto, el informe señala que la Iglesia encubrió a más de 3 000 pedófilos. Y hay que tener en cuenta que muchos abusadores ya murieron, con lo cual los números globales podrían ser mucho mayores.

El escándalo llega a tal nivel que incluso personalidades de la propia Iglesia salen a marcar distancia y pedir medidas concretas para salvar la institución. "Nunca sabremos el alcance de esta tragedia absoluta", señaló en tono crítico Véronique Margron, teóloga y presidenta de la Conferencia de religiosos y religiosas en Francia.
Pierre Vignon, sacerdote del departamento de Drôme y reconocido crítico de las prácticas criminales de miembros de la Iglesia, dijo por su parte que “una renuncia colectiva tendría sentido. Sería un gesto fuerte que impactaría en el público” y que “aunque no todos los obispos lo hayan cubierto, sería una forma de ser solidarios con sus antecesores, y de asumir colectivamente esta responsabilidad”.

Estos referentes son parte de lo que podríamos llamar el sector renovador o reformista de la Iglesia cuya principal figura es el papa Francisco, quien desde el Vaticano señaló que este tipo de hechos le causan “vergüenza”. Pero no hay que llamarse a engaño. Este ala de la Iglesia no difiere en lo esencial de la doctrina ultraconservadora y antiderechos que es la base ideológica de los abusadores pedófilos. Están en contra del elemental derecho democrático al aborto para las mujeres, incluso en casos de violación o del uso del preservativo, entre otras barbaridades oscurantistas propias del medioevo.

La realidad es que la Iglesia en su conjunto es responsable. Como señala el informe de la Ciase, "Los actos cometidos, caratulados como delitos de derecho común, han sido a menudo calificados por sus autores o por funcionarios eclesiásticos como simples ‘gestos inapropiados’, ‘desviación’, ‘torpeza’ o incluso ‘imprudencia’”. Simplemente indignante.

Pero hay más. Luego de conocerse el informe, el presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, Eric de Moulins-Beaufort, dijo que “la confesión se impone a los religiosos y el secreto es más fuerte que las leyes de la República; abre un espacio de libertad de expresión, que se hace ante Dios”. Por si no queda claro, para la Iglesia las normas confesionales están por encima de las leyes y los religiosos pueden guardar silencio (o sea ser cómplices) sobre las aberraciones que cometen sus pares.

El propio gobierno del derechista Emmanuel Macron tuvo que separarse de semejantes declaraciones que violan la propia legalidad del Estado capitalista. El 12 de octubre ante la Asamblea Nacional, el ministro de Interior, Gérald Darmanin, señaló: “Quiero reiterar aquí las leyes de la República: el secreto de la confesión se conoce desde hace casi doscientos años en nuestro derecho como secreto profesional al igual que los médicos o los abogados. Sin embargo, adolece de excepciones cuando se trata, en particular, de delitos cometidos contra niños menores de 15 años."

La Iglesia como institución tiene que pagar por esas prácticas aberrantes y en particular todos los responsables directos y sus cómplices con cárcel común. Como había señalado François Devaux, cuya asociación destapó escándalos de pederastia en la iglesia de Lyon en 2018, "Ustedes deben pagar por todos estos crímenes". Devaux también denunció que el papa Francisco "está ausente" ante esta realidad y que la iglesia francesa se escuda en "una estrategia fétida" de indemnizaciones a las víctimas.

Sábado 16 de octubre

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Raúl Zibechi. Fuentes: Rebelión [Imagen: colectivo Manifiesto; publicada en la revista La Tinta]

Entrevista al periodista Raúl Zibechi, coordinador del libro Las luchas del pueblo mapuche (Eds. Baladre y Zambra)

 

 “Hoy será un día histórico del actuar racista y terrorista del Estado chileno y del gobierno del criminal Sebastián Piñera”, manifestaba el pasado 12 de octubre la Comunidad Mapuche Autónoma del territorio de Temucuicui, en respuesta al “Estado de Excepción” de 15 días decretado por el presidente, que incrementa el uso de las Fuerzas Armadas. Asimismo se demuestra, según la declaración comunitaria “el rotundo fracaso del Estado” y “la falta de voluntad política”.

La explicación de los mecanismos de represión figuran, entre otros contenidos, en el libro colectivo Las luchas del pueblo mapuche, coordinado por el periodista e investigador Raúl Zibechi, y el antropólogo Edgars Martínez. Publicado por Coordinación Baladre e Iniciativas sociales Zambra, en la edición han colaborado Ecologistas en Acción, CGT y el Centro de Documentación sobre Zapatismo (CEDOZ). Recientemente Baladre y Zambra han publicado ensayos de Zibechi como Los pueblos rompen el cerco. Tiempos de colapso. La siguiente entrevista se realiza por correo electrónico.

-¿En qué consistió la denominada Pacificación de la Auraucanía, desplegada por el Estado chileno entre 1861 y 1883? ¿Qué consecuencias tuvo?

Fue una invasión militar al territorio mapuche cuya autonomía había sido reconocida incluso por la Corona española, porque nunca pudieron conquistarlos ni dominarlos. Cuando la independencia Chile era un pequeño país cuya burguesía comenzó a expandirse militarmente hacia el norte y el sur, atacando a los pueblos originarios.

En el caso de Wall Mapu, las consecuencias fueron desastrosas para el pueblo mapuche: perdieron la mayor parte de sus tierras, la población se redujo como consecuencia del genocidio y de la dispersión, se empobrecieron y fueron confinados en espacios acotados donde la sobrevivencia se hizo muy difícil.

-El libro comienza con una referencia al asesinato de Camilo Catrillanca, en noviembre de 2018; la confirmación de la sentencia por parte de la Corte Suprema contra siete excarabineros por el crimen, en mayo de 2021; y la represión en la Comunidad de Temucuicui. ¿Qué trascendencia tuvo el asesinato del joven comunero?

El asesinato de Camilo fue el momento de mayor expansión del movimiento mapuche entre el pueblo chileno, mucho mayor que ante crímenes anteriores o ante las huelgas de hambre del bicentenario.

Miles de chilenos, de norte a sur, salieron a las calles, montaron barricadas, hicieron sonar cacerolas, en una muestra inédita de apoyo al pueblo mapuche. En Santiago, por ejemplo, durante 15 días hubo cortes de calles con quemas en varios barrios. La importancia de este apoyo al pueblo mapuche recién la comprendimos, por lo menos en mi caso, cuando en la revuelta de 2019 la bandera mapuche fue la que flameó en todas las manifestaciones, desplazando otras banderas, incluso la del Estado de Chile. 

-¿Consideras que la izquierda política y el movimiento social chileno han asumido las reivindicaciones de los pueblos originarios?

Para nada. En este mismo momento, con una Convención Constituyente presidida por una mujer mapuche y cuando estamos a semanas de las elecciones presidenciales, el gobierno decreta el estado de emergencia y envía soldados y tanques a Wall Mapu. La reacción de la izquierda es simbólica, cuando no debería ser otra que abandonar las instituciones que, de ese modo, se convierten en cómplices de la militarización de todo un pueblo.

Deberían darse hechos concretos, no sólo declaraciones. Para la izquierda hegemónica el tema mapuche es apenas un punto electoral, su población un posible caudal de votos, y poco más. Pero esto no sucede sólo en Chile, en toda la región latinoamericana las izquierdas no toman en serio a los pueblos originarios. Apoyar el nombramiento de una mujer mapuche al frente de la Convención Constituyente, no se condice con la pasividad ante la militarización.

-En los periódicos La Jornada y Desinformémonos has escrito sobre los riesgos para el movimiento mapuche que implica la Convención Constituyente. ¿Dónde está el peligro?

El principal peligro, como estamos viendo, es el vaciamiento del movimiento popular que se escora hacia las instituciones y abandona la calle y la organización autónoma. Lo hace porque cree que con una buena Constitución y un gobierno progresista, las cosas van a cambiar. Sin embargo, no quieren ver que las experiencias anteriores en la región nos enseñan que el modelo de despojo sigue en pie y se profundiza, que la militarización continúa, que la violencia contra los pueblos y contra las mujeres no se consigue frenar.

En suma, el peligro es el aislamiento de los pueblos y de las y los que luchan, por parte de gobiernos que apenas muestran un discurso –y sólo un discurso- diferente al de la derecha, sin cambios estructurales y con políticas sociales que no resuelven la pobreza sino la alivian durante un tiempo.

-El 12 de octubre el presidente Piñera decretó el Estado de Emergencia en el Wallmapu ¿Qué mecanismos de represión utiliza habitualmente el Estado de Chile contra las comunidades y organizaciones?

Desde la represión dura y pura hasta montajes judiciales para criminalizar a las comunidades rebeldes, pasando por el secuestro de personas, la invasión armada de los lof para intimidar y hacer retroceder la lucha. Además se arman civiles para atacar a las comunidades, usando toda la gama de medidas de contrainsurgencia. Se militariza Wall Mapu porque hay un crecimiento tremendo de las recuperaciones de tierras, que en un año se multiplicaron por cuatro o cinco, en un proceso imparable. Lo que está haciendo el Estado de Chile, es usar el terrorismo para seguir sometiendo a un pueblo que se levanta.

-¿Pueden citarse ejemplos de sectores económicos y empresas beneficiarias de la acumulación por desposesión en los territorios mapuche?

En particular, las grandes empresas forestales, grupos empresariales muy poderosos que hicieron su agosto durante la dictadura de Pinochet. Esas empresas invadieron el territorio mapuche con plantaciones de pinos, al punto que llegas a un lof y te encuentras con que las comunidades están apretadas entre pinos y no tienen tierra suficiente para vivir. Esas plantaciones desplazaron los árboles nativos, sobre explotan el agua y la tierra, y la madera es chipeada para explotarla al norte, en general a varios países de Asia.

A esto deben sumarse las grandes obras de infraestructura, en particular las hidroeléctricas, los monocultivos de salmones que contaminan el océano y ponen obstáculos a las comunidades de pesca.

-El libro colectivodedica un capítulo a la huelgas de hambre de los presos políticos, por ejemplo la llevada a término por el machi Celestino Córdova. ¿Por qué es importante esta forma de lucha?

Las huelgas de hambre han sido el modo de dar a conocer la resistencia de los presos mapuche, de visibilizar la criminalización y los montajes judiciales y de recabar solidaridad entre el propio pueblo mapuche, los otros pueblos originarios y los chilenos y chilenas de abajo. A mi modo de ver, las huelgas de hambre han sido fundamentales en este largo proceso de ruptura del cerco informativo, que finalmente se ha conseguido, porque el pueblo mapuche es un símbolo de dignidad y resistencia muy potentes en el sur de este continente.

-Por último, ¿consideras que existe alguna relación entre las resistencias zapatista y mapuche?

Lo que existe es una potente resonancia de las dignidades rebeldes. No se trata de si existen lazos orgánicos o relaciones políticas. Sabemos que el EZLN ha asumido la consigna mapuche “Marichiwew” (cien veces venceremos), y que entre organizaciones mapuche hay mucho interés por lo que sucede en Chiapas.

Pero lo más importante es la resonancia de dignidades, de rebeldías en resistencia, de la terca voluntad de seguir adelante pese a todas las represiones, sean de la derecha o de la izquierda, porque en Chile fue la progresista Bachelet una de las que aplicó la ley antiterrorista durante su gobierno, contra el pueblo mapuche.

 

 | 16/10/2021

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Viernes, 15 Octubre 2021 06:13

Tortura indetenible

Tortura indetenible

La violencia estatal en Venezuela

Desapariciones, golpes, culatazos, asfixia, quemaduras, descargas eléctricas, violencia sexual y, a veces, la muerte. Un mal que ha sido endémico en el país se ha agravado en los últimos años y dispara cada vez más alarmas.

 

La noche del 28 de junio de 2019, el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, de 50 años, retirado de la Armada en 2006 y considerado opositor político, fue llevado ante un tribunal castrense por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCIM) para oír cargos de conspiración contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Horas antes lo habían llevado al hospital militar de Caracas, donde el médico certificó que tenía traumatismos en el tórax, la nariz, un dedo, un tobillo, infección en la piel y deshidratación. Acosta ni siquiera pudo articular palabra. Por señas pidió ayuda a su abogado, asintió con la cabeza cuando este le preguntó si había sido torturado y el juez lo vio en tal mal estado que ordenó devolverlo al hospital.

Acosta se desmayó y, según algunos testigos, murió allí mismo, en el estrado. Llegó al hospital sin signos vitales. Un informe forense dio cuenta de que presentaba 38 lesiones, como las fracturas del tabique nasal y un pie, quemaduras, hematomas en varias partes del cuerpo y escoriaciones en hombros, codos y rodillas.

Una semana antes de su muerte, cuando viajaba desde Caracas hacia Guatire, 30 quilómetros al este, su familia perdió todo contacto con él y solo supieron de su paradero cuando se informó que era llevado al tribunal.

Dos oficiales de menor rango, un teniente y un sargento, fueron procesados por homicidio preterintencional y la fiscalía no investigó evidencias de tortura ni responsabilidades mayores en la cadena de mando. El Tribunal Supremo de Justicia ordenó una nueva investigación y un nuevo juicio, con resultados aún esperados, pero solo se responsabiliza a los subalternos.

Este es el corazón del caso Acosta tal como lo recogen informes de la Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre el caso Venezuela constituida por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y reportes sucesivos en los dos últimos años de la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet. Esos informes están nutridos de casos, señalamientos y recomendaciones con respecto al tema de la violación de derechos humanos fundamentales en Venezuela, sistemáticamente rechazadas por el gobierno de Maduro, la fiscalía y demás instituciones en la cúpula del Estado.

En paralelo, la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), que la gambiana Fatou Bensouda traspasó en julio al británico Karim Khan, hizo un examen preliminar de la situación de los derechos humanos en Venezuela y llegó «a la conclusión de que la información disponible proporciona una base razonable para creer que desde, al menos, abril de 2017 autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y personas progubernamentales han cometido crímenes de lesa humanidad», entre ellos, la tortura. Ese reporte abre puertas para un posible encausamiento, ante la justicia penal internacional, de responsables del Estado venezolano y de sus aparatos armados.

VIEJA PRÁCTICA

La tortura en Venezuela «es una práctica que tiene muchos años, y no solo la comete la DGCIM, uno de los organismos más señalados en los últimos cuatro años, sino también el Servicio Bolivariano de Información (la Policía política), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (la Policía judicial), que tiene muchos años practicándola, y se han sumado Policías regionales y municipales», dijo a Brecha Marino Alvarado, quien ha sido coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), posiblemente la más reconocida ONG de derechos humanos en el país.

En el siglo XX, las dictaduras militares de Juan Vicente Gómez (1908-1935) y Marcos Pérez Jiménez (1948-1958) practicaron la tortura contra los detenidos políticos y, en los años sesenta y setenta, lo hicieron unidades militares y policiales que combatían a las guerrillas izquierdistas. En paralelo, fue avanzando la práctica, por parte de las Policías a cargo de combatir los delitos comunes, de torturar a los detenidos para arrancarles confesiones o para infligirles castigos, lo que, junto con los tratos inhumanos y degradantes, se hizo pan de cada día en las prisiones y comisarías. El resultado fue una suerte de institucionalización de esa práctica, que acompañó muchas veces a las ejecuciones extrajudiciales en las redadas o razias policiales y a la represión en las cárceles, que condujo a motines, varias veces saldados con decenas de muertes.

Cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999, la represión por razones políticas amainó, pero resurgió después de las manifestaciones estudiantiles de 2007. Y, tras la muerte del carismático líder, en 2013, se incrementaron las facultades, la organización, el número de efectivos y el equipamiento de las fuerzas del orden, y se crearon unidades de comandos señalados por ONG humanitarias como perpetradoras de múltiples violaciones a los derechos humanos.

Maduro, quien gobierna desde entonces, ha denunciado, develado y superado complots para derrocarlo o asesinarlo, y en ese contexto se mantiene a cientos de civiles y militares como presos políticos –con frecuencia salen algunos y se aprehende a otros, en una especie de puerta giratoria–. De allí emanan constantes denuncias de torturas y tratos inhumanos (como no permitirles a los presos políticos el acceso a una oportuna atención médica en plena pandemia, por ejemplo), a las que las entidades internacionales de derechos humanos agregan las denuncias de los crímenes perpetrados contra los presos «comunes».

CIFRAS Y GOLPIZAS

Entre 2013 y 2020, el Provea contabilizó 1.267 casos de tortura y la muerte de 76 personas por haber sido torturadas. De estos fallecimientos, 23 ocurrieron en 2019 y cuatro en 2020, cuando también disminuyeron las cifras de otras violaciones a la integridad personal (lesiones, tratos crueles, amenazas, allanamientos ilegales de hogares), que afectaron a 2.700 víctimas en vez de a las 5.200 de 2019. Pero el Provea advierte la probabilidad de un subregistro, porque, junto con las situaciones derivadas de la pandemia y el persistente miedo de las víctimas a denunciar, están la opacidad oficial y el desplome de la prensa independiente para ventilar las denuncias. Por ello, la organización considera que, en general, se mantienen para estas violaciones «los promedios de la era Maduro».

La mayoría de las lesiones infligidas a las víctimas consisten en golpes, patadas, culatazos, descargas eléctricas, crucifixión, violación, peinillazos (golpes con la hoja de un machete) e insultos, según el Provea. Familiares de internos en una cárcel de Barquisimeto, en el centrooeste del país, denunciaron que a los presos se los castiga de madrugada con palizas y colgándolos cabeza abajo con un artefacto que denominan la grúa. Las listas de ejecutores de violaciones las encabezaron el año pasado el cuerpo de vigilantes penitenciarios y los comandos de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana. En 2016 y 2017, el mayor número de casos se atribuyó a organismos militares y comandos policiales. A comienzos de julio, Bachelet dijo que este año su oficina «continúa recibiendo denuncias de torturas y tratos crueles» contra personas detenidas en Venezuela.

LAS MUJERES

A la fecha, según el Foro Penal, una red de abogados que defiende a presos políticos, en Venezuela hay 259 detenidos por razones políticas, de los que 133 son militares. Hay un adolescente y 15 son mujeres. Los familiares denuncian que, como muchas otras detenidas, las presas por razones políticas han sido víctimas de agresiones, amenazas e insultos. Un caso destacado es el de Emirlendris Benítez, detenida en las llanuras al suroeste de Caracas en agosto de 2018, acusada de participar en un intento de magnicidio contra Maduro. Estuvo presa en la DGCIM y permanece en la cárcel de mujeres de Los Teques, cerca de Caracas. Una hermana denunció que «sufrió torturas que le provocaron un aborto», según se enteró al cabo de meses sin saber de la detenida, quien ahora también padece de una hernia y otras dolencias.

En marzo, Marta Valiñas, presidenta de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, dijo que su equipo investigaba «denuncias de tortura y tratos y penas crueles, incluidas las de actos de violencia sexual y de género contra las personas detenidas». Estudios de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones señalan que las mujeres –2.300 de los 57 mil presos en este país de 28 millones de habitantes– a menudo son víctimas de extorsión por parte de custodios y lideresas negativas en las cárceles, forzándoselas a intercambiar sexo por protección o acceso a suministros esenciales como agua, alimentos, productos de higiene o atención médica.

RÉPLICA

En febrero, ante la Asamblea Nacional (Parlamento), el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, defendió el trabajo de su despacho para encarar los crímenes que padecen los detenidos, pues en el período 2017-2020, dijo, «fueron acusados 1.019 funcionarios y 136 civiles por casos de homicidio, tortura, tratos crueles, tratos inhumanos o degradantes, privación ilegítima de libertad y violaciones de domicilio. En el 16 por ciento de los casos hubo condenas». Además, Saab ofreció colaboración a la CPI. En cambio, calificó como un «panfleto» ofensivo a la institucionalidad venezolana los informes de la Misión de Determinación de Hechos y acusó a sus integrantes de recibir sobornos de gobiernos enemigos del de Caracas.

En 2013, la Asamblea Nacional, entonces dominada por el oficialista Partido Socialista Unido, adoptó la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, promulgada por Maduro. Creó una comisión nacional estatal para prevenir la tortura, adscrita a la Defensoría del Pueblo (que integra uno de los cinco poderes a la cabeza del Estado), le asignó amplias funciones en ese campo y dispuso penas de entre 15 y 25 años para los funcionarios que fueran hallados culpables de tortura.

Evidentemente, la norma ha quedado en el papel. La oficina de Bachelet señaló hace tres meses, por ejemplo, que entre junio de 2020 y abril de 2021 no logró conocer ninguna acción de esa comisión nacional. La Defensoría del Pueblo tampoco se moviliza ante las denuncias de tortura, según organizaciones de derechos humanos, a pesar de que su titular, Alfredo Ruiz, condujo durante años la ONG Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, impulsora de la ley contra la tortura.

EL DRAMA SIGUE

«La mejor prevención es sancionar a los responsables de la tortura, lo que prácticamente no se hace», lamenta Alvarado. Pero, además, señala que ese lunar en la vida venezolana se expande con hechos como la existencia, según denuncias recogidas por organizaciones de derechos humanos, de centros o casas clandestinas para la práctica de la tortura por parte de algunos organismos de seguridad. Otras denuncias refieren, con por lo menos un caso documentado, que algunos grupos paraestatales alineados con el oficialismo, los autodenominados colectivos, han practicado por su cuenta detenciones arbitrarias durante semanas, acompañadas de torturas, de personas de tendencias políticas rivales. Muchos de estos colectivos son agrupaciones solo de trabajo político y comunitario, pero algunos exhiben su condición de grupos armados y controlan la vida de vecindarios enteros en Caracas y otras ciudades.

Alvarado también lamentó recibir denuncias de casos en los que fiscales y jueces presencian torturas a detenidos o se enteran de ellas y hacen la vista gorda, a despecho de que la ley dispone castigar con entre 13 y 23 años de cárcel al funcionario que sea cómplice de ese delito. Y, finalmente, reconoce que la tortura adquiere visibilidad cuando sus víctimas son detenidas por razones políticas, pero casi nunca cuando lo son por delitos comunes, lo que explica de forma parcial la indiferencia de gran parte de la población –por lo demás, en el caso de Venezuela, sumida y absorta en una superposición de crisis económica, política, social y migratoria– a este drama.

Sin embargo, el tema ya se ha instalado en los radares de los sistemas internacionales de derechos humanos. Se trata de delitos que no prescriben y pueden dar lugar a un proceso penal contra responsables del Estado venezolano.

Por Humberto Márquezdesde Caracas 
14 octubre, 2021

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Milicianos de Hezbollah disparan contra grupos armados cristianos en Beirut.. Imagen: AFP

La manifestación fue convocada por el movimientos chiíta Hezbollah y sus aliados de Amal

Los enfrentamientos cerca del Palacio de Justicia de la capital libanesa incluyeron francotiradores y el uso de pistolas, fusiles Kalashnikovs y lanzadoras de granadas. Ya hay nueve detenidos, entre ellos un ciudadano sirio.

15 de octubre de 2021

Al menos seis personas murieron y unas 30 resultaron heridas en Beirut por tiroteos registrados durante una protesta de los movimientos chiitas Hezbollah y sus aliados Amal contra el juez que investiga la explosión en el puerto de la capital libanesaen agosto de 2020. Disparos incesantes y explosiones resonaron cerca del Palacio de Justicia, ante el que se habían reunido centenares de manifestantes, vestidos de negro, algunos de ellos armados. Los enfrentamientos incluyeron francotiradores y el uso de pistolas, fusiles Kalashnikovs y lanzadoras de granadas. Las escenas vividas el jueves, por las que ya hay nueve detenidos, entre ellos un ciudadano sirio, provocaron el miedo a una nueva oleada de violencia sectaria en este país que fue escenario de una guerra civil (1975-1990).

Los detalles de una escena de guerra

Francotiradores apostados en los tejados del barrio capitalino de Tayoune atacaron a un grupo de manifestantes cuando se dirigían a una protesta convocada por Amal y Hezbollah frente al Palacio de Justicia. El ministro de Interior libanés, Bassam Mawlawi, confirmó posteriormente en conferencia de prensa que varias personas recibieron disparos "en la cabeza", lo que confirmaría la hipótesis de los francotiradores, mientras que a los disparos le sumó el lanzamiento de granadas propulsadas por cohetes en la misma zona.

Al ataque le siguieron varias horas de enfrentamientos entre hombres armados chiitas y otros de afiliación aún desconocida, con un saldo de al menos 30 muertos según el último balance de la Cruz Roja. Entre los fallecidos hay una mujer de 24 años que recibió una bala en la cabeza cuando estaba en su casa, dijo un doctor del hospital Sahel, al sur de Beirut.

En las redes sociales circulaban videos de estudiantes escondidos bajo sus pupitres o tirados al suelo en plena clase. "Me escondí con mi primo y mi tía en un espacio de dos metros cuadrados, entre dos habitaciones, por miedo a las balas perdidas", decía Bissan al Fakih, una vecina de la zona.

Temor al sectarismo

El área donde se registraron los disturbios, los peores en años, se ubica cerca de la división entre una zona chiita y otra cristiana que durante la guerra civil libanesa fue escenario de importantes batallas sectarias, lo cual eleva el temor a una posible repetición de aquel conflicto entre grupos religiosos.

En un comunicado conjunto, Hezbollah y Amal acusaron por el ataque a "grupos del (partido cristiano) de las Fuerzas Libanesas desplegados en los barrios y tejados aledaños". Se trata del segundo bloque cristiano del Parlamento libanés y una antigua milicia que operó durante el conflicto que ensangrentó al Líbano.

Sin embargo la formación de Samir Geagea, quien fue un importante comandante durante la contienda y estuvo encarcelado por su participación, negó categóricamente las acusaciones y pidió a las autoridades una "clara y explícita" adjudicación de responsabilidades por la violencia. Las Fuerzas Libanesas culpan por los disturbios a los esfuerzos de Hezbollah por apartar al juez Tarek Bitar de la investigación.

Implosión del gobierno y crisis en el país

Cientos de partidarios de Amal y Hezbollah se congregaron el jueves por la mañana en Beirut al grito de "Fuera Bitar" o "Está jugando con fuego", días después de que el juez de la causa citara a declarar a dos exministros de Amal sospechosos de negligencia en el caso de la explosión del puerto, ocurrida el cuatro de agosto de 2020 debido a cantidades de nitrato de amonio almacenadas de forma irregular. En esa tragedia murieron al menos 214 personas, hubo más de 6.000 heridos y numerosos edificios de la capital terminaron devastados.

Durante la protesta del jueves, los manifestantes quemaron retratos del juez y de la embajadora estadounidense en Líbano, Dorothy Shea. Estos cruentos enfrentamientos coinciden con la presencia en Beirut de la número tres del Departamento de Estado norteamericano, Victoria Nuland. 

Ali Toubi, un abogado que asistió a la movilización, aseguró que apoya a las familias de las víctimas de la explosión en su lucha por llevar ante la justicia a "todos los perpetradores", pero insistió en que el juez actúa de forma "selectiva" y carga contra "gente de un solo color y partido".

El primer ministro Nayib Mikati llamó a mantener la calma y a "no dejarse llevar a la sedición, sin importar el pretexto". Mikati mantuvo reuniones con el presidente de Líbano, Michel Aoun, y el presidente del Parlamento, Nabih Berri, para abordar la situación y pidió una reunión del Consejo de Seguridad libanés en las próximas horas.

Hezbollah y sus aliados chiitas entienden que el juez está politizando la investigación. El martes, el juez Bitar lanzó una orden de detención contra el diputado y exministro de Finanzas Ali Hassan Khalil, miembro de Amal. Acto seguido se vio obligado a suspender la investigación ya que dos exministros presentaron una denuncia contra él ante la justicia, que fue desestimada este jueves, por lo que el magistrado podrá seguir adelante con su trabajo. 

Este asunto está a punto de provocar una implosión del recién formado gobierno libanés, después de un año de bloqueo políticoLas autoridades locales, señaladas por negligencia criminal y abandono, se niegan a autorizar una investigación internacional y son acusadas por las familias de las víctimas y ONGs de obstaculizar a la justicia.

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Venezuela denunció en el Consejo de Seguridad de la ONU a gobiernos de Colombia y EEUU de preparar una agresión militar en su contra

11.10.21 - Venezuela denunció este lunes ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la estrategia combinada de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos para justificar una agresión militar contra el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro..


Refiere la Cancillería que en carta dirigida al presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, el embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, expuso las evidencias que prueban el propósito de generar un clima artificial de tensión militar por parte de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos para involucrar a Venezuela en un conflicto armado.

“El gobierno colombiano está convencido que con la ayuda de Estados Unidos puede exportar su guerra interna a la República Bolivariana de Venezuela y lograr tres objetivos simultáneamente: el primero, eximir su responsabilidad por el fracaso del proceso de paz; el segundo, impedir el trabajo electoral y pacífico de la oposición democrática en Colombia y; el tercero, el derrocamiento violento del gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela", reza la comunicación.

La misiva dirigida por Venezuela al Consejo de Seguridad denuncia además que "el peligro es creciente y los signos de desesperación en el gobierno colombiano son claros”.

Los señalamientos contra Venezuela y sus autoridades constitucionales se generan cuando el Gobierno y las oposiciones avanzan en el proceso de diálogo en México, el cual pretende pacificar a sectores extremistas.

Pese al reconocimiento por parte de los países garantes y de la misma ONU a Venezuela por su avance en el diálogo, el presidente colombiano haciendo uso de acciones injerencistas cuestiona la posibilidad de que sectores políticos en Caracas diriman sus diferencias mediante el consenso.

Por, Aporrea, martes 12 de octubre

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Un militante del grupo mapuche Coordinadora Arauco Malleco enciende una fogata durante la ocupación de las tierras de una empresa forestal en Traiguen, región de la Araucanía.Foto Afp

Santiago. El presidente Sebastián Piñera decretó ayer el estado de emergencia en cuatro de las siete provincias de la "macrozona sur" del país, que abarca las regiones del Biobío, la Araucanía y Los Ríos, donde tiene lugar el denominado "conflicto mapuche" con el Estado chileno por la recuperación de tierras ancestrales y la obtención de autonomía.

La decisión afecta a las provincias de Malleco, Cautín, Biobío y Arauco, que suman 52 mil kilómetros cuadrados, y se prolongará durante 15 días prorrogables e implica que "las fuerzas armadas podrán prestar apoyo logístico, tecnológico y de comunicaciones, así como de apoyo de vigilancia, patrullaje y transporte, a los procedimientos policiales que se desarrollen en la zona".

Piñera prácticamente admitió el desgobierno que prevalece cuando justificó que "este estado de excepción constitucional de emergencia es para enfrentar mejor el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, y en ningún caso se orienta contra un pueblo o grupo de ciudadanos pacíficos", sin mencionar las aspiraciones de los mapuches.

Según él, "la grave situación requiere que el Estado haga uso de medios, capacidades institucionales, mecanismos contemplados en la Constitución y las leyes para proteger a la población, resguardar el orden público y el estado de derecho, y asegurar el pleno goce de los derechos constitucionalmente reconocidos".

La decisión se da en un contexto de franco deterioro gubernamental en todo sentido, con casi 80 por ciento de rechazo y apenas 15 por ciento de aprobación, en medio de un paro de camioneros que presionaba por la intervención de los militares, al igual que los partidos oficialistas.

En la macrozona el orden público está fuera de control, las ocupaciones de predios y las violentas acciones de reivindicación mapuche (ataques armados, quema de camiones, maquinaria forestal y agrícola, incendios en haciendas forestales y agrícolas, corte de carreteras y caminos, etcétera) ocurren a diario; las policías y las autoridades políticas han sido rebasadas y carecen de capacidad para garantizar el estado de derecho, ampliamente vulnerado.

Al mismo tiempo, Piñera enfrenta una investigación judicial, imputado por potenciales delitos tributarios, cohecho y soborno relacionados con negocios familiares en paraísos fiscales –la venta de 33 por ciento de acciones de un proyecto minero, durante su primer gobierno (2010-14), condicionada a no declarar protegida la zona donde estaría la minera–, incurriendo en sus recurrentes conflictos de intereses, mezclando negocios y política.

Relacionado con lo anterior, el gobernante enfrentará desde esta semana una acusación constitucional en la Cámara de Diputados, impulsada por la oposición, que podría significar su suspensión en el cargo y posteriormente, tras su paso por el Senado, la destitución.

Todo lo anterior, en un contexto de elecciones presidenciales y legislativas a realizarse el 21 de noviembre, donde el candidato oficialista, un ex ministro de Piñera, se ubica en cuarto lugar con apenas 10 por ciento de la intención de voto.

No es la primera vez que el gobierno avanza hacia la militarización del conflicto. En febrero pasado anunció que el ejército se sumaría al patrullaje conjunto, que haría coordinación estratégica con las policías y que dispondrían de puestos de mando conjuntos, sin ningún resultado práctico en cuanto a desescalar la violencia. La diferencia ahora está en el decreto del estado de excepción, en virtud del cual se pueden restringir las libertades de movilización y reunión, junto a la designación de jefes de la defensa nacional que asumen el mando de las fuerzas armadas y de orden.

En el Biobío, la Araucanía y Los Ríos se suceden acciones de resistencia indígena desde hace dos décadas, las cuales aumentaron de manera exponencial en los últimos años en busca, sobre todo, de expulsar a las grandes empresas forestales que controlan 4 millones de hectáreas, cuyos bosques nativos fueron arrasados y remplazados por plantaciones de pino y eucalipto.

Los territorios mapuches, desconociendo Chile pactos de coexistencia pacífica suscritos en 1825, fueron invadidos a mediados del siglo XIX por tropas militares que asesinaron sin piedad y se apoderaron de las tierras. Éstas fueron entregadas a principios del siglo XX a colonos europeos que formaron latifundios y que tras el golpe militar de 1973 pasaron a propiedad de conglomerados forestales que las explotan a destajo.

Los mapuches son más de 2 millones, alrededor de 12.7 por ciento de la población del país. Pese a ello, no son reconocidos como pueblo originario –al igual que ninguno de los otros 10 existentes en el país–, sino como etnia; tampoco la educación ha sido sobre la base de la interculturalidad, lo cual ha derivado en racismo y exclusión.

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La ONU condena el asesinato de dos adolescentes venezolanos en Colombia

Eran migrantes y fueron baleados después de haber sido señalados de robar en un almacén

Jaime Marthey, defensor de pueblo del departamento Norte de Santander donde ocurrieron los homicidios, aseguró que los jóvenes fueron sorprendidos robando ropa en Tibú, una población fronteriza con Venezuela.

 

La ONU y autoridades colombianas investigan el asesinato de dos adolescentes venezolanos de 12 y 18 años, que fueron baleados luego de haber sido señalados de robar un almacén en una violenta región cocalera del noreste del país, según diversas fuentes divulgadas este lunes.

En videos y fotos difundidas en redes sociales, se ve a los adolescentes con aire afligido, las manos atadas hacia adelante con cinta adhesiva mientras una persona fuera de cámara los acusa de "ladroncitos".

"Lamentablemente son muchachos muy jovencitos, no queremos verlos mañana por allá tirados en alguna orilla de las carreteras", dice la voz anónima.

Los cuerpos de los adolescentes fueron encontrados más tarde en una zona rural, aparentemente baleados y con las manos todavía amarradas.

Un cartón con la palabra "ladrones" escrita a mano reposaba sobre el cuerpo del más pequeño, tirado bocabajo con una mochila roja.

Jaime Marthey, defensor de pueblo del departamento Norte de Santander donde ocurrieron los homicidios, aseguró que los jóvenes fueron sorprendidos robando ropa en Tibú, una población fronteriza con Venezuela.

Los comerciantes los ataron, pero luego "fueron arrebatados (...) por un grupo armado ilegal que se los llevó con un destino desconocido donde luego aparecieron muertos", agregó Marthey en entrevista con Blu Radio.

Según el defensor, los jóvenes eran migrantes que huyeron de la crisis económica de Venezuela.

El coronel de la policía, Carlos Martínez, responsabilizó a las disidencias de la exguerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016 y aseguró que se adelantan pesquisas para esclarecer el crimen.

La oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia rechazó el homicidio del menor de 12 años y pidió a las autoridades "investigar estos hechos".

El convulso municipio de Tibú concentra la mayor cantidad de narcocultivos de Colombia con más de 19.000 hectáreas sembradas de hoja de coca, según la ONU.

Disidentes de la otrora guerrilla de las FARC, rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y narcos de origen paramilitar se disputan el territorio a sangre y fuego para controlar el negocio de la coca.

Organizaciones no gubernamentales como la internacional Human Rights Watch han denunciado que miles de migrantes venezolanos llegan a la región por el precario control de los pasos fronterizos y terminan atrapados en el conflicto armado colombiano.

12 de octubre de 2021

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Martes, 12 Octubre 2021 06:08

Visión de los vencidos

Pintura que recrea el encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma.

Poco tiempo después de la caída de Tenochtitlan a manos de Hernán Cortés, varios poetas nahuas supervivientes de la masacre dejaron constancia del trauma sufrido en unas elegías o cantos tristes: "En los caminos yacen dardos rotos, / los cabellos están esparcidos. / Destechadas están las casas, / enrojecidos tienen los muros. / Gusanos pululan por calles y plazas, y en las paredes están salpicados los sesos. / Rojas están las aguas, están como teñidas / y cuando las bebimos, / es como si bebiéramos agua de salitre". El historiador mexicano Miguel León-Portilla compiló a mediados del siglo pasado esos cantares y otros testimonios de los escribanos de la cultura náhuatl donde se refleja la imagen que los pueblos mesoamericanos se hicieron de los conquistadores. Visión de los vencidos (1959) ofrecía por primera vez una versión coral de los indígenas sobre la Conquista, hasta entonces relatada por los vencedores bajo el prodigioso rótulo del "Descubrimiento de América".

La Conquista supuso una tragedia para los pueblos originarios de América. Un etnocidio que redujo sensiblemente la población del continente (un 90% en apenas un siglo). Las matanzas, las enfermedades provenientes de Europa y la explotación diezmaron a los indígenas. El mal llamado "encuentro de dos mundos" no fue sino una violentísima embestida bendecida por la cruz evangelizadora de la Cristiandad. No es extraño pues que los recientes exabruptos de algunos dirigentes de la derecha española levanten ampollas al otro lado del Charco. Isabel Díaz Ayuso, Pablo Casado, José María Aznar y Toni Cantó, entre otros, han enarbolado la bandera de esta renovada cruzada cultural con declaraciones y argumentos que sonrojan tanto como hieren, y suponen un calculado preludio de una nueva celebración del Día de la Hispanidad, ese hito solo comparable con la romanización, en palabras del actual líder del PP. Si el indigenismo es hoy el nuevo comunismo (Ayuso) y ayer pura barbarie (Cantó), el relato ya no necesita mucha más letra. Si acaso, una colleja al papa Francisco por haber pedido perdón por "las acciones u omisiones que no contribuyeron a la evangelización". Y como colofón, una mofa de Aznar sobre el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por tener un nombre tan hispánico y tan poco indígena.

Cada vez que los ultraconservadores españoles sacan a relucir las supuestas bondades de la hispanidad, el eco de su rugido remueve conciencias en América Latina. Julio Hernández López, reputado columnista mexicano, les replicaba así en el diario La Jornada: "Las posturas de Aznar y Díaz Ayuso tratan de apuntalar la versión imperial hispana y advertir que el indigenismo-comunismo amenaza no a Estados Unidos sino a España. De nuevo, estos encomenderos rezagados ven a los indios como masa enajenada, manipulable, incapaz de pensar y diseñar su propio futuro".

Bautizado a principios del siglo XX como Día de la Raza, el Doce de Octubre se ha resignificado con el paso del tiempo. En Argentina se celebra el Día del Respeto por la Diversidad Cultural; en Venezuela y Nicaragua, el Día de la Resistencia Indígena; en Bolivia, el Día de la Descolonización; en Ecuador, el Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad; en Perú, el Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural; en Costa Rica, el Día de las Culturas... La hispanidad no aparece por ningún lado. Son numerosas las voces latinoamericanas que repudian la celebración de una fecha tan infausta para la región. De México a Argentina, de la exigencia de un perdón de López Obrador a la retirada de la estatua de Colón de Cristina Kirchner.

El legado del idioma español como eje vertebrador de los distintos pueblos de América Latina se ha erigido como principal argumento de los efectos positivos de la colonización. Elías Canetti refutó esa tesis en La provincia del hombre al referirse al imperio romano y la invasión de las Galias: "No hay ningún historiador que, por lo menos, no ponga en la cuenta de César como mérito, esto: que los franceses de hoy hablen francés. ¡Como si, de no haber matado César a un millón de ellos, hubieran sido mudos!".

¿Encuentro o sometimiento?

El "encuentro" del que hablan los revisionistas ultraconservadores no fue otra cosa que un sometimiento de los indígenas. A las primeras matanzas le siguieron la evangelización obligatoria (bajo la lectura del endiablado Requerimiento), la violación sistemática de las mujeres, la imposición del trabajo forzado (la mita, el catequil), las torturas, las humillaciones… y una avalancha de epidemias. De ese "encuentro" fluyeron al Viejo Mundo cientos de toneladas de oro y plata en tan solo un siglo, un expolio que contribuyó a poner los cimientos del capitalismo en Europa, "chorreando sangre y lodo por todos los poros, de la cabeza hasta los pies", como apuntó Marx.

En El encubrimiento del Otro, el filósofo Enrique Dussel diseccionaba el verdadero espíritu de la "Conquista": "Es un proceso militar, práctico, violento, que incluye dialécticamente al Otro como ‘lo Mismo’. El Otro, en su distinción, es negado como Otro y es obligado, subsumido, alienado a incorporarse a la Totalidad dominadora como cosa, como instrumento, como oprimido, como ‘encomendado’, como ‘asalariado’ (en futuras haciendas), o como africano esclavo (en los ingenios de azúcar u otros productos tropicales)".

Esa "historia común" que pregonan los paladines de la hispanidad fue en realidad un lento proceso de colonización de la vida cotidiana de los indígenas. La fase violenta y guerrera dio paso a otra forma de alienación que Dussel identifica con una "praxis erótica, pedagógica, cultural, política, económica". Se trató, en definitiva, de la imposición de un nuevo modo de vida que anuló al Otro: "Sobre el efecto de aquella ‘colonización’ (…) se construirá la América Latina posterior: una raza mestiza, una cultura sincrética, híbrida, un Estado colonial, una economía capitalista (primero mercantilista y después industrial) dependiente y periférica desde su inicio, desde el origen de la Modernidad". Esa nueva realidad sincrética, y asimétrica, alumbrará un sujeto de raza mestiza que de ninguna manera es fruto de un proceso cultural de síntesis, se lamenta Dussel, sino el efecto de un trauma: "Es necesario tener memoria de la víctima inocente (la mujer india, el varón dominado, la cultura autóctona) para poder afirmar de manera liberadora al mestizo, a la nueva cultura latinoamericana".

Los cantos tristes por la sangrienta caída de Tenochtitlan en 1521 anticipan la interminable noche que se cierne sobre toda la región. Pasan los años y la crueldad continúa. Dos siglos y medio después, Túpac Amaru II desafía a la Corona al frente de un ejército de indios en el virreinato del Perú. Pagará cara su osadía. Antes de ser decapitado en la Plaza de Armas de Cuzco, sus captores lo han intentado descuartizar atado a las cinchas de cuatro caballos. Es el año 1781. El imperio español languidece. La sevicia de sus virreyes permanece intacta. Los pueblos originarios de América Latina fueron casi exterminados por la Corona española, esclavizados y perseguidos durante siglos, marginados y olvidados también por los caudillos criollos tras la independencia de la metrópoli. Su modo de vida, su cosmogonía, quedaron enterrados un 12 de octubre de 1492. Hoy son los más pobres entre los pobres. La última vez que se alzaron en armas para denunciar sus precarias condiciones de vida fue el 1 de enero de 1994 en Chiapas. Para que el mundo los viera, los zapatistas se taparon los rostros. Y entonaron de nuevo, con el lirismo de los poetas nahuas del siglo XVI, la visión de los vencidos.

11/10/2021

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Cuadro de castas s. XVIII - Mediateca INAH (México)

-Una característica de la colonización fue el "descubrimiento" del "otro distinto", de una alteridad que significó para el europeo construir una clasificación racial que opera hasta nuestros días

-Hoy las imposiciones coloniales se ejercen a través de tratados de libre comercio, obligaciones marcadas por la banca multilateral y restricciones en la movilidad de las personas a través de leyes de extranjería racistas

Este 12 de octubre nos acercamos a la celebración nacionalista, con fuerte olor franquista, que año tras año conmemora y enaltece, como un hecho heroico del Imperio Español, uno de los peores genocidios de la humanidad: el que se cometió contra la población aborigen de Abya Yala, hoy llamado América, y contra las personas Africanas forzadas a trabajar en las colonias europeas en el Nuevo Mundo. La población aborigen del continente fue arrasada en un 90% (más de 50 millones de muertes), y más de 11 millones de personas africanas fueron secuestradas y esclavizadas para trabajar en las plantaciones y los dominios de los colonizadores.

Cuando las comunidades indígenas y afro reivindican su derecho a que se reconozca lo que padecieron sus antepasados a manos de los invasores europeos en el siglo XV, y las consecuencias que ellas mismas sufren a causa de dicha invasión, las voces reaccionarias de la derecha y la extrema derecha españolas se erigen como auténticas negacionistas de las  atrocidades cometidas. Se niegan a reconocerlas, se niegan a pedir perdón, se niegan a reparar y su lucha se señala como el nuevo enemigo: el "indigenismo", acusándolas de "hispanofobia" y hasta de "racismo inverso".

A la vez, dichas voces afirman que la colonización es un hecho que ha quedado en el pasado e insisten en blanquearla descaradamente con términos como "descubrimiento", "encuentro", "intercambio", "hermanamiento" o,  tal como la llamó recientemente con "orgullo" el director de la Oficina del Español, Toni Cantó: una "liberación" de un "poder salvaje y caníbal".

Por qué la colonización no es cosa del pasado

La colonización no es un hecho del pasado, no es un suceso delimitado por el tiempo y no terminó con las independencias de las colonias en el siglo XIX, porque la invasión y la posterior colonización del continente que llamaron "América" produjo cambios tan profundos y estructurales a nivel cultural y social que hasta el día de hoy vivimos sus consecuencias.

La aniquilación de las culturas de los pueblos originarios en nombre de la evangelización, así como el expolio cultural cometido por los conquistadores, que supuso la pérdida del 60% del patrimonio tangible e intangible de la región (según cuenta Fernando Báez en El saqueo cultural de América Latina) es la primera gran consecuencia de la invasión europea que tendría repercusiones hasta nuestros días. Seis lenguas europeas reemplazaron más de mil idiomas indígenas y se intentaron anular los valores de identidad de las culturas locales para inducir la sumisión a la Iglesia católica y a los monarcas europeos.

Las consecuencias de esto podemos verlas de forma palpable: en todo el continente la población indígena no sólo es minoritaria frente a una mayoría mestiza cuya cultura es la occidental, sino que en muchos países esta población está condenada a vivir en resguardos, soportar que sus creencias y su pensamiento sean considerados "supercherías" y sufrir el racismo estructural impuesto.

La otra gran característica de este proceso de colonización, y que lo hace distinto a muchos anteriores y posteriores, es, en palabras del filósofo Enrique Dussel en su libro 1492, el "descubrimiento" del "otro distinto", de una alteridad que significó para el europeo reforzar su ideario de cultura superior, impuesta a los indígenas y negros a través del llamado Derecho natural europeo, y construir una clasificación racial que opera hasta nuestros días y que, por supuesto, coloca a los blancos europeos en lo alto de la pirámide social.

Así, a partir de la clasificación racial que surge en el siglo XVII, en plena colonización de América, el mundo occidental moderno determinó que hay humanos (los blancos europeos) y no-humanos (los indígenas, los negros, los gitanos, etc.) y que esta diferencia aprueba el uso de los segundos como mercancías o cosas por parte de los primeros.

Esta línea divisoria entre lo humano y lo no-humano, explicada por el pensador negro Franz Fannon, construyó un relato en occidente que pervive hasta nuestros días: el que afirma que por "derecho natural" los blancos tienen privilegios y los no blancos son seres inferiores, como los animales, que no merecen más consideración que estos. Esta separación, apoyada por la ciencia eugenésica que hablaba de razas superiores e inferiores, posibilitó durante los procesos colonizadores naturalizar el hecho de someter, esclavizar y asesinar a todos aquellos que no fueran blancos y europeos.

El extractivismo de la colonización moderna

La estratificación racial se mantiene, aunque el término "raza humana" haya desaparecido del vocabulario científico de occidente, y esto permite justificar que el Norte global saquee de forma permanente el Sur global por medio del extractivismo y el expolio de los recursos que se ejecuta a través de empresas multinacionales globalizadas, bajo la aprobación del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Greenpeace, en su informe Los nuevos conquistadores. Multinacionales españolas en América Latina. Impactos económicos, sociales y medioambientales, de 2009 , señala que las relaciones de dependencia del Sur con respecto al Norte y el endeudamiento de los países de América latina con el FMI posibilitaron la entrada masiva de las multinacionales en los años 70s y su posterior expansión.

En la actualidad las multinacionales controlan la friolera del 85% de la inversión extranjera directa mundial, y más del 60% del comercio, con lo cual son las que ponen, con el beneplácito de los gobiernos que las representan, las condiciones de compra y venta de materias primas y manufacturadas, condiciones que favorecen la explotación humana y el expolio de los recursos naturales del planeta en detrimento de la vida, la salud, el acceso a derechos básicos para la mayor parte de la población mundial.

El abandono estatal, la corrupción y los conflictos internos de los países del sur, sumados al expolio sistemático de los recursos por parte de las multinacionales del norte (que opera con el aval de sus gobiernos y se garantiza con intervenciones militares), dibujan en el Sur un escenario de neocolonización en el que las imposiciones coloniales se ejercen a través de tratados de libre comercio, de obligaciones marcadas por la banca multilateral y de restricciones en la movilidad de las personas a través de leyes de extranjería racistas.

LA COLONIZACIÓN Y EL ORIGEN DE LAS MIGRACIONES

Frente a este panorama de miseria, de expolio de recursos, de desigualdad social "naturalizada", la única opción, ya no para vivir de manera digna sino para sobrevivir, es migrar hacia el norte global con todo lo que ello implica: inexistencia de rutas migratorias seguras para personas procedentes del sur, fronteras físicas infranqueables que ponen en riesgo la vida de los migrantes, leyes de extranjería que promueven la explotación de los cuerpos migrantes, asedio y persecución de las personas migrantes en condición irregular, etc.

Estas condiciones de desigualdad del Sur con respecto al Norte global, que nacieron en el siglo XV y perviven hasta hoy, demuestran que la colonización no es una cuestión del pasado y que lo que ha ocurrido es que los mecanismos de dominación colonial simplemente se han adaptado a las lógicas globales del capitalismo actual.

Así que, por mucho que la exalten y la blanqueen, la colonización no se celebra: se pide perdón y se repara.

Sandra Yáñez es comunicadora social, Investigadora, activista migrante, feminista y antirracista. Miembro de Poder Migrante, una red de activistas y colectivos que trabaja por los derechos de las personas migrantes y crea conciencia contra el racismo estructural, discursos xenófobos y políticas que criminalizan.

12 octubre, 2021  

Sandra Yáñez / Poder Migrante

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Mezquita en la zona de Sayed-Abad en Kunduz. — STRINGER / reuters

La explosión tuvo lugar en una mezquita en la zona de Sayed-Abad en Kunduz, en la cual cientos de personas se encontraban reunidas por los rezos del viernes.

 

Un atentado suicida contra una mezquita chií provocó este viernes la muerte de al menos ochenta personas y dejó unos cien heridos en el norte de Afganistán, un ataque que no ha sido reivindicado pero que es similar a otros del grupo yihadista Estado Islámico (EI), contra el que los talibanes han lanzado una operación masiva en el país, al considerarlos su principal amenaza.

Se trata de uno de los atentados más sangrientos desde que los talibanes tomaron el control de Kabul el pasado 15 de agosto, después del ataque suicida reivindicado por el EI que el 26 de ese mes golpeó el aeropuerto de la capital, dejando unos 170 muertos.

80 muertos y unos 100 heridos

El atentado suicida de este viernes tuvo lugar en una concurrida mezquita durante la hora del rezo colectivo situada en la zona de Sayed-Abad en Kunduz, capital de la provincia homónima. "Una fuerte explosión tuvo lugar en la mezquita Sayed-Abad, en la que ochenta personas de la comunidad chií que acudieron a los rezos han muerto y unas cien más han resultado heridas", dijo Ghulam Rabani Rabani, un antiguo miembro del consejo provincial de Kunduz.

Nazir Naeemi, un ciudadano que se encontraba en el lugar del atentado, afirmó a Efe que "parece que unas cien personas han muerto y cerca de doscientas han resultado heridas", aunque el número todavía es confuso a falta de una cifra oficial de las autoridades.

Un residente de Kunduz, Sayedullah Kamran, relató que se encontraba cerca cuando escuchó la explosión y vio "gente corriendo fuera de la mezquita, algunos heridos y cubiertos en sangre. Después de unos minutos, nos apresuramos al interior para ayudar. El suelo estaba cubierto de cadáveres y heridos", recordó. El joven de 25 años contó unos 50 cuerpos, pero "dejé de contar por las prisas, creo que hay unos noventa o cien heridos".

Vídeos de la mezquita tras la explosión muestran decenas de cuerpos cubiertos de sangre con miembros amputados y tendidos en el suelo, entre escombros y los gritos de angustia de las personas que se afanaban por prestar ayuda.

Un vecino del lugar, Sayed Naeem Musavi, perdió a decenas de sus familiares en la explosión cometida por un "atacante suicida". "La explosión fue muy fuerte. Solo de nuestra localidad perdimos a entre 80 y 90 personas, algunos familiares cercanos y amigos, como tíos, primos y sobrinas, pero el número real es mayor que este y va en aumento", explicó.

Musavi criticó que cuando llegaron los talibanes al poder les desarmaron y no colocaron a nadie para que protegiera la mezquita, y además tras el atentado de este viernes tardaron unos 30 minutos en llegar. "Los bomberos (...) todavía están limpiando la sangre de la mezquita. La gente ha recogido tres bolsas con partes de cuerpos", relató.

Falta de confirmación oficial

Los talibanes han confirmado la explosión pero por el momento no han aportado datos oficiales de víctimas. "Ha habido una fuerte explosión en la provincia de Kunduz que causó muchas bajas, no conocemos la cifra exacta de víctimas en este momento", dijo un miembro de la Comisión de Cultura de los fundamentalistas, Jawad Sargar.

Otro líder talibán, que pidió el anonimato, afirmó que la formación sospecha que el Estado Islámico podría encontrarse detrás de este ataque. "De momento el área ha sido acordonada por nuestras fuerzas y una investigación está en marcha", dijo. Hasta ahora, ningún grupo u organización armada ha reivindicado el ataque.

Sin embargo, la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) remarcó que el grupo yihadista Estado Islámico ha reivindicado recientemente varios atentados similares, el último el pasado domingo cerca de la entrada de una mezquita en Kabul durante la ceremonia fúnebre por la muerte de la madre del principal portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid.

El Estado Islámico de Khorasán, la rama afgana del EI, se ha ensañado además en el pasado con la minoría chií, especialmente contra la población hazara, a los que considera apóstatas.

Operación contra el EI

Las recientes acciones del EI, desde la retirada final de las tropas de Estados Unidos de Afganistán poco antes de la medianoche del pasado 31 de agosto, han provocado que los talibanes lancen una serie de operaciones masivas contra el grupo yihadista, para acabar con la que consideran la principal amenaza contra su Gobierno.

"Continúan las operaciones de nuestras fuerzas especiales y de los servicios de inteligencia contra el Daesh (acrónimo del EI en árabe). Esperamos poder erradicarlos pronto y eliminar esta sedición del país", dijo el portavoz talibán Bilal Karimi.

Las operaciones tienen lugar en al menos cuatro de las 34 provincias afganas: en Kabul, en las orientales Kunar y Nangarhar, y en la norteña Parwan, donde los yihadistas tienen una mayor presencia y han reivindicado varios ataques contra los talibanes.

kabul

08/10/2021 16:45 Actualizado: 08/10/2021 18:01

EFE

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