Foto: Carlos Jasso/File Photo / Reuters

El alto funcionario aseguró, sin embargo, que la fase de examen preliminar por parte de la CPI estuvo llena de irregularidades y podría tildarse de "debilidad jurídica extrema".

Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, calificó este jueves de "victoria para las instituciones democráticas venezolanas" el memorando de entendimiento firmado con la Corte Penal Internacional (CPI). El funcionario precisó que la investigación impulsada por ese organismo es una oportunidad que puede abrir las puertas para un acercamiento positivo entre la CPI y la justicia venezolana, a fin de garantizar un procedimiento justo para el país.

No obstante, aseguró Saab que la fase de examen preliminar por parte de esa corte estuvo llena de irregularidades, ya que el país no fue informado previamente sobre las denuncias en su contra, que nunca se presentaron ante ningún organismo nacional y fueron realizadas de manera anónima, sin expediente ni sustento. Todo eso, dijo, podría calificarse como de "una debilidad jurídica extrema".

"Esta visita [del actual fiscal de la CPI, Karim Khan] rompe un silencio largo y al mismo tiempo diría yo ruidoso, porque el silencio era tendencioso en pro de una acción unilateral de la anterior fiscal, Fatou Bensouda, quien nunca nos respondió un solo informe de los ocho documentos, más de 3.000 páginas, entregados a su despacho", aseguró Saab en declaraciones a RT. 

Asimismo, informó que durante su gestión, 196 efectivos de los cuerpos de seguridad venezolanos han sido condenados por violaciones a los derechos humanos, incluyendo implicaciones en asesinatos ocurridos durante las protestas violentas del año 2017, que son el centro de las actuales acusaciones contra Venezuela ante el tribunal internacional. Según precisó, solo 19 % de los casos de violencia durante esas protestas son atribuibles a las autoridades del país.

"Fue una acción insurreccional, que lamentablemente ocurrió y que no excusamos para nada. Yo no excuso que por ese hecho se hayan cometido, por ejemplo, abusos, excesos policiales, violaciones a los derechos humanos, pero el contexto es ese. No podemos decir que fue en época de paz, no: lamentablemente, fue en medio de un embrión de guerra civil, durante los meses de abril, mayo, junio y julio de 2017", afirmó Saab. A todo ello agregó que Venezuela tiene a mano toda la información, precisa y lista, para agilizar la investigación, y que luego de esto la imagen del Estado venezolano saldrá fortalecida.

Publicado: 5 nov 2021

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El fiscal del Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante el acto celebrado en el Palacio de Miraflores. — Prensa Miraflores / EFE

El fiscal del tribunal y el presidente venezolano firman un documento conjunto en el Palacio de Miraflores. Nicolás Maduro se compromete a cooperar con el proceso.

 

El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, ha decidido abrir una investigación en Venezuela por presuntas violaciones de derechos humanos. Khan ha firmado un acuerdo de colaboración con Nicolás Maduro, con el que el presidente venezolano ha mostrado su compromiso para cooperar en el proceso.

El anuncio de la investigación se hizo mediante un acto en el Palacio de Miraflores, en Caracas, donde se realizó la firma del memorando de entendimiento. Maduro aseguró que no comparte la decisión, pero al mismo tiempo evidenció que la respeta. El documento recoge que Venezuela "interpreta que no se cumplen los requisitos del artículo 53 del Estatuto de Roma para justificar el paso de la fase de examen preliminar a la fase de investigación". "Venezuela considera que las denuncias deben ser investigadas en el país por las instituciones nacionales existentes creadas para tal fin", defiende el Gobierno.

"Soy plenamente consciente de las fallas que atraviesa y tiene Venezuela, de las divisiones geopolíticas que existen", pero "nosotros no somos políticos, nos guían principios de legalidad y el Estado de derecho", remarcó, por su parte, Khan.

El fiscal de la CPI dio por concluido el examen preliminar iniciado en 2018 por supuestos abusos que habrían cometido las fuerzas de seguridad venezolanas durante las protestas contra el Gobierno de 2017 y contra algunos políticos encarcelados. El documento firmado por Khan y Maduro destaca que en la primera fase del proceso "no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo y que la investigación tiene por objeto determinar la verdad y si existen o no motivos para formular cargos contra alguna persona".

Las partes acordaron que Venezuela, como jurisdicción nacional, "adoptará todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia, de acuerdo con los estándares internacionales, con el apoyo y el compromiso activo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en virtud del principio de complementariedad".

También "establecer mecanismos para mejorar la cooperación entre las partes y facilitar el efectivo desempeño del mandato del fiscal" en Venezuela. Además, han optado por "esmerarse por concertar medios y mecanismos que contribuyan eficazmente a los esfuerzos de la República Bolivariana de Venezuela para llevar a cabo auténticas actuaciones nacionales". Finalmente, acordaron "trabajar para que el principio de complementariedad tenga un efecto adecuado y significativo", recoge la agencia EFE.

04/11/2021 09:03

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Hatice Cengiz, expareja de Jamal Khashoggi, declarando ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) sobre asesinato de periodistas. — TPP

El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) juzga la impunidad en el asesinato de periodistas en distintos países del mundo. Denuncia que se trata de uno de los crímenes más impunes que existen y reclama la atención de los Estados.

En los escasos diez minutos que la periodista Pavla Holcová habló ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) para exponer cómo había sido asesinado su colega y amigo, el periodista Ján Kuciak, en Eslovaquia en 2018, y denunciar que el artífice intelectual de su muerte aún no ha sido aún condenado, recibió en su teléfono móvil al menos tres amenazas advirtiéndole sobre su muerte o amenazándola con que algo malo le pasaría. No es nuevo. Es con lo que convive desde hace años, cuando decidió dedicarse el periodismo de investigación y destapar los entuertos de los poderosos y las mafias. Otros como Kuciak acabaron asesinados por realizar su trabajo de denuncia a los poderosos. En muchas ocasiones, afirma Holcová, estos poderes ocultos y los gobiernos o el mismísimo poder judicial acaban siendo una misma cosa o tienen relaciones muy robustas. 

El tribunal donde se ha presentado el caso de Ján Kuciak no es un tribunal al uso. Se ha celebrado en la Haya, ante un Tribunal del Pueblo, una forma de denuncia puesta en marcha por la sociedad civil hace cerca de 40 años y en la  que se da testimonio de serias violaciones de los derechos humanos que nadie parece querer reconocer o tener intención de juzgar. En este caso, el Tribunal del Pueblo ha puesto el foco en la impunidad que existe ante los asesinatos de periodistas en todo el mundo.

El Tribunal Popular por el Asesinato de Periodistas acusará a los gobiernos de Sri Lanka, México y Siria por no impartir justicia por los asesinatos de Lasantha Wickrematunge, Miguel Ángel López Velasco y Nabil Al-Sharbaji. La sesión de este martes ha sido la apertura del proceso. En los próximos seis meses el tribunal se reunirá en otras tres ocasiones en distintos países para analizar en profundidad estos tres casos. Entre los testigos clave que han participado en la sesión de apertura de este martes dando testimonio, figuran la académica Hatice Cengiz, pareja sentimental del periodista saudí Jamal Khashoggi, asesinado en 2018 en el consulado saudí de Turquía; el periodista Matthew Caruana Galizia, hijo de la también periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, asesinada en 2017; y Pavla Holcová, periodista de investigación y colega del reportero eslovaco Ján Kuciak, asesinado en 2018, entre otros.

Durante su comparecencia, Hetice Cengiz denunció la impunidad que existe tras el asesinato de Khashoggi. "Todos saben lo que le ocurrió a Jamal pero nadie hace nada por castigar a los culpables debido a los intereses económicos". Y arremetió contra los estados que han continuado manteniendo relaciones con Arabia Saudí como si nada hubiera pasado. "No hay acción real. No hay sanciones. Hablo de la persona que ordenó su asesinato. Es necesario pararlo, decir que no puede entrar en los distintos países, que no se puede hacer negocios con él", afirmó y añadió que ella es una persona normal, a la que no le gusta que le llamen defensora de los derechos humanos, porque "sólo la inacción y el silencio internacional me ha colocado en esta situación". "Estuve en peligro, y sigo. La impunidad envalentona a los asesinos. Sabemos los nombres, pero lo que no sabemos nada es sobre los tribunales que lo deberían juzgar", denunció.

Uno de los crímenes menos perseguidos

Las organizaciones que impulsan esta iniciativa, que tuvo lugar este martes en La Haya (Holanda), denuncian que cada semana es asesinado un periodista por desvelar la verdad. Se trata, afirman, de uno de los crímenes con índices más altos de impunidad, puesto que en más de ocho de cada diez casos los asesinos no son condenados o ni siquiera juzgados.

Este Tribunal de los Pueblos fue puesto en marcha por la iniciativa A Safer World for the Truth (Un mundo más seguro para la verdad), de la mano de las organizaciones Free Press Unlimited (FPU), Reporteros sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) en respuesta al alarmante número de periodistas que son asesinados cada año y a la falta de Justicia en la mayoría de estos casos. Desde 1992, unos 1.409 periodistas han sido asesinados por hacer una labor vital: brindar información confiable al público. En al menos 900 de estos casos, los periodistas fueron asesinados en represalia directa por su trabajo. La impunidad de estos crímenes es tal, afirman las organizaciones, que en el 86% de estos casos ninguno de los perpetradores ha sido llevado ante la Justicia. "Estos asesinatos, y la impunidad posterior, son la consecuencia última de un entorno hostil para la libertad de prensa, caracterizado por acoso, ataques violentos u otros intentos de silenciar a los periodistas", afirman las organizaciones.

"No es un tribunal al uso. Se trata de un tribunal simbólico, porque su veredicto no tiene validez en las normas internacionales, pero si tiene la trayectoria de denunciar y asentar ciertas verdades para que no se puedan ignorar. A lo largo de las últimas décadas se han hecho diversas de estas iniciativas con temas como la violencia de género, cosa que no había ocurrido hasta el tribunal sobre Ruanda", afirma a Público la jurista Almudena Bernabeu, del colectivo Guernica 37, que en este proceso popular ha ejercido la labor de fiscal.

"Hay temas que a veces pasan desapercibidos o no son cohesivos para verlos como un todo, y este tipo de iniciativas te permite verlos de esta manera colectiva, agrupada, en la que ves que existen patrones y puedes ver la correlación de lo que está pasando en México y lo que está pasando en Sri Lanca. Entonces puedes ver que son similares, que son violaciones sistemáticas, que pasan de la misma manera y que responden a las mismas realidades cuando se incomoda a quien está en el poder. Es un tribunal de denuncia que nos permitirá escuchar la voz de 15 personas, entre testigos, historias personales y profesionales que han sufrido estas agresiones en su propia carne", añade la jurista.

Denunciar a los Estados y sensibilizar a la sociedad

Estos tribunales están diseñados para responsabilizar a los Estados por las violaciones del derecho internacional mediante la sensibilización de la sociedad civil y consisten en la recopilación de testimonios. "Además, añade Almudena Bernabeu, generan un registro de pruebas legítimas y desempeñan un papel importante en el empoderamiento de las víctimas y en el registro de sus historias".

Periodistas de todo el mundo son acosados, arrestados, secuestrados y asesinados por hacer su trabajo: por encontrar la verdad. Los organizadores del Tribunal han afirmado que la tendencia criminal hacia los periodistas se ha mantenido estable en los últimos diez años  "impulsada por la falta de voluntad política y la escasa capacidad institucional" de los Estados. 

"Tocar a los poderosos, o enfadarlos es lo que pone en riesgo a los periodistas. Porque los poderosos creen que son intocables, muy a menudo. Cuando los expones se sientes muy incómodos y creen que ese sentimiento de intocables les da también n sentido de impunidad. Por eso deciden silenciar a los periodistas asesinándolos", explica Pavla Holcová en declaraciones a Publico tras su denuncia ante el tribunal. "Hace un par de semanas publicamos una historia sobre el primer ministro checho y y sus inversiones offshore y sus compras de inmuebles lujosos en Francia. Desde entonces las amenazas se intensificaron", añadió.

Afirma que si la gente en Eslovaquia no hubiera salido masivamente a la calle a presionar al Gobierno y a la Policía para demandar Justicia tras el asesinato de Ján Kuciak, se hubiera venido abajo. Pero la gente salió masivamente y derrocó al Gobierno. 

"Por eso creo que lo que hemos hecho hoy en este Tribunal del Pueblo es importante, porque es clave que la sociedad en general sepa que el periodismo de investigación es un trabajo duro y peligroso y que muchas veces producimos información que nos pueden costar la vida. Pero la gente asume que va a tener este tipo de información gratis y de forma fácil de consumir", concluye Holcová.


Colombia

Porcentaje de impunidad en casos de asesinatos de periodistas se acerca al 80 %, alerta la Flip

Según la Fundación Para la Libertad de Prensa, en Colombia se han registrado 132 amenazas contra periodistas en 2021

Este martes 2 de noviembre se conmemora el ‘Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas’, con motivo de esta fecha la Fundación Para la Libertad de Prensa (FLIP) alertó por los niveles de violencia que alcanza Colombia en este escenario.

De acuerdo con la Flip, la impunidad en casos de asesinatos de periodistas en el país alcanza el 78.8 %; cifra que aumenta si se tienen en cuenta otros crímenes como las amenazas que llegan al 98 % de impunidad.

El último informe de tendencias mundiales sobre seguridad de los periodistas de la Unesco registra una disminución del 20 % en el número de asesinatos de periodistas entre 2016 y 2020, comparado con el periodo entre 2011 y 2015.

Sin embargo, en Colombia las cifras son contrarias. De acuerdo con la Flip, en los últimos cinco años fueron asesinados ocho periodistas en el país, mientras que entre 2011 y 2015 fueron asesinados siete.

“Esto evidencia la violencia contra la prensa y la persistencia de los homicidios como la forma más severa de silenciamiento. La impunidad en estos crímenes genera un ambiente de permisividad para que los violentos sigan agrediendo a la prensa sin temor a consecuencias”, puntualizó la fundación.

En Colombia, entre 1938 y 2021 han asesinado a 163 periodistas por razones vinculadas a su oficio. En el 78.8 % de estos casos no se ha proferido ninguna condena a los responsables y sólo en uno de ellos, el caso de Orlando Sierra, se ha logrado una justicia plena, aseguró la Flip este martes.

El último asesinato fue hace menos de dos meses

El pasado 19 de septiembre el periodista Marcos Efraín Montalvo fue asesinado en Tuluá en hechos que aún no han sido esclarecidos por parte de las autoridades.

Según la Flip, existen indicios suficientes para sostener que el homicidio de Montalvo estaría relacionado con las denuncias que realizaba en el desarrollo de su oficio.

Como el crimen no ha sido esclarecido por parte de las autoridades competentes, no se ha hecho justicia por la muerte del periodista pues se desconoce quién o quiénes son los responsables materiales e intelectuales del hecho.

Las amenazas son el delito más constante contra los periodistas en Colombia

En el informe que publicó la Flip este martes 2 de noviembre, se resaltó el delito que más se comete contra periodistas en el país es el de amenaza.

De acuerdo con la entidad, en los últimos cinco años las amenazas han ido en aumento hasta consolidarse como la agresión más recurrente contra periodistas.

“Durante todo el 2020 la FLIP registró 152 amenazas, y en lo corrido del 2021 van 132. A pesar de algunos avances en las investigaciones, la Fiscalía General de la Nación mantiene el 98% de los casos de amenazas a periodistas en la impunidad”, aseguró la fundación.

En este documento la Flip resaltó el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el caso de la periodista Jineth Bedoya, en el que se estableció que las amenazas no son una agresión menor.

Citando el mismo caso, la entidad aseguró que las medidas de reparación ordenadas por la CIDH se convierten en una oportunidad y la hoja de ruta para que el Estado avance “en la dirección correcta para formular una política integral de prevención, protección y procuración de justicia en los crímenes contra la prensa, que resulta esencial para el fortalecimiento de una sociedad democrática”.

“El Estado debe cumplir la deuda histórica en la lucha contra la impunidad de los crímenes contra los y las periodistas. Solo a través del trabajo diligente de las entidades encargadas de la investigación y judicialización se podrán disminuir las cifras de ataques contra la prensa y se logrará justicia”, añadió la Flip.

Por Infobae

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Martes, 02 Noviembre 2021 05:24

¿Jugamos al capitalismo?

¿Jugamos al capitalismo?

En el espectacularmente violento mundo de El juego del calamar, la explotación y la brutalidad se basan en el carácter ilusorio de la elección.

El juego del calamar (Squid Game), la serie surcoreana de Netflix que se ha convertido en el programa más visto de todos los tiempos de la plataforma de streaming, se desarrolla en un tenebroso escenario de fantasía insertado en una versión relativamente inalterada de nuestra propia realidad. En el programa, 456 participantes ahogados en deudas compiten en una serie secreta de juegos para niños con el fin de ganar una porción de un pozo de 45.600 millones de wones (aproximadamente 38 millones de dólares). Perder un juego significa la muerte; cuantos menos jugadores queden al final, más dinero ganará cada jugador, con lo que se incentiva el asesinato. Los participantes dan una forma limitada de consentimiento a las reglas de juego (cuando se suman, no son conscientes del pozo letal que está en juego, pero siguen adelante influidos por el dinero que podrían ganar), y una mayoría simple de votos entre los jugadores les permitirá detener el juego e irse (cualquiera que intente escapar es directamente ejecutado). Es este elemento de elección con restricciones financieras lo que distingue El juego del calamar de competiciones mortales distópicas similares, como Los juegos del hambre.

El juego del calamar es la última de una serie de ficciones populares sobre los conflictos de clases que se han hecho en la última década. El programa no oculta sus ideas políticas. Los protagonistas son esencialmente personas de la clase trabajadora que están contra las cuerdas. Pueden tener sus debilidades, como el hábito de jugar por dinero del personaje principal, Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), pero el guionista y director Hwang Dong-hyuk hace todo lo posible para dejar en claro que los verdaderos problemas de Seong comenzaron después de que su fábrica fuera cerrada tras la violenta represión de una huelga. Otro personaje, Abdul Ali (Anupam Tripathi), es un trabajador indocumentado proveniente de Pakistán que se ve obligado a participar en el juego después de que su jefe le robara su salario. Mientras que algunos de los concursantes, como el gánster Jang Deok-su (Heo Sung-tae), son retratados como antagonistas, los verdaderos villanos del programa son una adinerada elite enmascarada que apuesta por los jugadores, y los ejecutores armados contratados para vigilar el juego. Los directores del juego incentivan activamente a los participantes a que se enfrenten entre sí. Establecen las reglas de la competencia, la cual –dicen– no está contaminada por la discriminación y la injusticia que se ve en el mundo exterior, pero también representan el sistema económico que obligó a estas personas a participar en los juegos. No es de extrañar que la serie haya tenido tanta resonancia después de una pandemia en la que muchos se enfrentaron a la muy real elección de arriesgar sus vidas trabajando o hundirse más profundamente en la pobreza y las deudas.

Si bien los creadores de la competencia están ansiosos por enfrentar a los jugadores entre sí, los personajes se unen para votar a favor de abandonar el juego en un momento dado. Pero cuando se enfrentan a las duras realidades de sus hogares, más de 90% de los jugadores decide regresar al juego para tener la oportunidad de escapar de una vida de miseria, sin importar cuán extraño o traumático –o fatal– pueda ser el proceso. Darse de baja de la competencia significa renunciar al boleto de lotería. Si bien el pozo que está en juego es enorme, Hwang cree que la abundancia de decisiones equivocadas en las condiciones abrumadoras del mundo real es clave para explicar por qué la serie ha tenido tanto éxito. En una entrevista reciente con el Korea Times, afirmó que «el mundo se ha convertido en un lugar donde son muy bienvenidas historias de supervivencia peculiares y violentas como esta (...) Los juegos de la serie que enloquecen a los participantes se alinean con los deseos de la gente de ganar el premio gordo con cosas como criptomonedas, bienes raíces y acciones». En el programa, el dinero del premio acumulado literalmente cuelga sobre las camas de los participantes dentro de una esfera transparente que se ilumina y emite chirridos de máquinas tragamonedas cada vez que muere otro jugador.

A pesar del incentivo para dañar a otros concursantes –y la incipiente comprensión de que es poco probable que más de un jugador sobreviva al juego final–, muchos de los protagonistas se unen. Seong crea un equipo de concursantes que se cuidan mutuamente; en un caso, construyen una estructura defensiva en su enorme dormitorio compartido para protegerse de ataques nocturnos. Mientras que algunos concursantes están dispuestos a pasar por encima del cuerpo de cualquiera para llegar a la instancia final, otros hacen grandes sacrificios. Una mujer da su vida tras haberse dado cuenta de que su nueva amiga, la desertora norcoreana Kang Sae-byeok (Jung Ho-yeon), tiene a su cargo personas que dependen de ella en el mundo que existe fuera del juego. En múltiples ocasiones, Seong se distingue por su compasión, especialmente en su amistad con un anciano que se encuentra en desventaja en las competiciones que dependen de la fuerza física. Cuando Seong finalmente gana el concurso a pesar de su negativa a matar a su último contendiente, usa el dinero del premio para ayudar a las familias de dos participantes fallecidos. Y en la escena final de la serie, decide no tomar el vuelo que lo alejará de Corea para estar con su pequeña hija y así poder luchar contra la organización que maneja los juegos.

El juego del calamar debe parte de su popularidad a la brutalidad y la violencia explícita que guían su trama. Pero las respuestas online a la serie han revelado que los fanáticos se conectaron profundamente con los personajes y sus luchas. El espectáculo de la competencia puede atraer espectadores, pero es nuestra familiaridad con las decisiones equivocadas, la explotación y el esfuerzo por ser decentes en condiciones horribles lo que ha convertido El juego del calamar en un gran éxito.

Publicamos este artículo como parte de un esfuerzo común entre Nueva Sociedad y Dissent para difundir el pensamiento progresista en América. Puede leerse la versión original en inglés aquí. Traducción: Carlos Díaz Rocca

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La teoría de la dependencia desde el mirador de Galeano

Las Venas Abiertas de América Latina comienza con una frase que resume la esencia de la Teoría de la Dependencia. "La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz: se especializó en perder desde los remotos tiempos". Esta breve oración ofrece una imagen concentrada y altamente ilustrativa de la dinámica de la dependencia. Por esa razón ha sido citada en infinidad de oportunidades para retratar el status histórico de nuestra región.

El libro de Galeano es un texto clave del pensamiento social latinoamericano, que confluyó con la gestación de la Teoría de la Dependencia y contribuyó a popularizar esa concepción. La primera edición de ese trabajo coincidió con el auge general del enfoque dependentista. Pero en todas sus páginas exhibió una especial afinidad con la vertiente marxista de esa teoría, que desenvolvieron Ruy Mauro Marini, Theotonio Dos Santos y Vania Bambirra. Esa mirada postuló que el subdesarrollo latinoamericano obedece a la pérdida de recursos que genera la inserción internacional subordinada de la región.

Galeano difundió precozmente ese enfoque en Uruguay y su libro repasa la historia latinoamericana en clave dependentista. Ilustra en forma muy acabada cómo el "modo de producción y la estructura de clases han sido sucesivamente determinados desde fuera, mediante una infinita cadena de dependencias sucesivas…que nos llevaron a perder incluso el derecho de llamarnos americanos". Recuerda que "como parte del vasto universo del capitalismo periférico", la región "quedó sometida al saqueo y a los mecanismos del despojo".

Esa caracterización del desenvolvimiento frustrado de América Latina empalmaba en los años 70 con una amplia producción historiográfica de mismo signo. Esos estudios detallaban los impedimentos que impuso la dependencia a la repetición de la expansión lograda por la economía estadounidense. Galeano retomó una óptica muy semejante a la expuesta por las investigaciones de Agustín Cueva y Luis Vitale.

El pensador uruguayo desarrolló una sintética historia de la región focalizada en los cuatro componentes del marxismo latinoamericano de la época. Denunció el despojo de los recursos naturales, criticó la explotación de la fuerza de trabajo, remarcó la resistencia de los pueblos y adscribió a un proyecto socialista de emancipación.

Galeano desenvolvió su texto combinando varias disciplinas y alumbró un relato que impacta por su belleza literaria. Su calidez conmociona al lector y genera un efecto explícitamente buscado por el libro.

El escritor oriental decidió difundir un "manual de divulgación que hable de economía política con el estilo de una novela de amor". Y logró un éxito arrollador para esa sorprendente empresa. Galeano comentó que siguió el camino de "un autor no especializado", que se ha embarcado en la aventura de desentrañar los "hechos que la historia oficial esconde". Abordó ese objetivo con un lenguaje alejado de las "frases hechas" y distanciado de "las fórmulas declamatorias". Consiguió consumar en un impactante ejemplar ese ambicioso propósito.

Galeano dejó atrás el acartonamiento, el academicismo y el discurso frío. Utilizó un lenguaje que sacudió a millones de lectores e inauguró un nuevo código para visibilizar la dramática realidad latinoamericana. La Venas Abiertas inspiró a una legión de escritores que adoptaron, desarrollaron y enriquecieron esa forma de retratar el despojo y la opresión que sufre nuestra región.

AFINIDADES CONCEPTUALES Y POLÍTICAS

Galeano se alineó con la corriente radical de la dependencia liderada por Marini y Dos Santos, en franca contraposición con la vertiente ecléctica y descriptiva que encabezó Fernando Henrique Cardoso. La afinidad de las Venas Abiertas con la primera concepción se verifica en todos los enunciados del libro.

En ese trabajo no se limitó a describir retrasos económicos resultantes de modelos políticos desacertados, ni observó a la dependencia como un rasgo ocasional o meramente negativo. Tampoco auspició las asociaciones con el capital extranjero que Cardoso promovía como solución al atraso de la región. Cuando ese intelectual asumió la presidencia de Brasil se desdijo de sus viejos textos, repudió su pasado y objetó sus propios escritos. Pero la semilla de su involución neoliberal estaba presente en el abordaje de la dependencia que postuló polemizando con Marini y Dos Santos.

La visión de Galeano fue también distante de la CEPAL. En ninguna parte del libro se esbozan ilusiones heterodoxas en la superación del subdesarrollo regional, mediante una industrialización capitalista comandada por la burguesía nacional. El proteccionismo y la regulación estatal no son ponderados como los caminos a transitar, para erradicar los padecimientos económicos de América Latina.

La oposición a ese curso se verifica también en las incontables críticas a la impotencia de las clases dominantes locales, para encarrillar alguna modalidad efectiva de desenvolvimiento regional. Se resalta esa incapacidad para comandar un crecimiento industrial semejante al conseguido por las poderosas economías centrales.

Ese cuestionamiento era el eje del programa político inaugurado por la revolución cubana, y conceptualizado por la teoría marxista de la dependencia. Este enfoque propiciaba un tránsito directo y sin interrupciones hacia el socialismo, soslayando cualquier etapa intermedia de capitalismo nacional.

Las Venas Abiertas se inscribe en esa corriente de pensamiento y comparte el entusiasmo generado por el éxito inicial de la revolución cubana. En numerosos párrafos irrumpe el espíritu del Che, la tónica romántica y la esperanza en el triunfo de los proyectos radicalizados. También enfatiza las raíces históricas de las luchas populares en toda la región.

Galeano no olvida en ningún momento el cimiento económico estructural de la dependencia que remarcaban los estudios Gunder Frank. Pero a diferencia de esos trabajos subraya la gravitación de las resistencias populares. No habla sólo de estaño, minería, latifundio y plantaciones. Remarca la gesta de Louverture en Haití, la rebelión de Tupac Amaru en Perú y la acción de Hidalgo en México.

El libro rescata esas tradiciones de lucha popular destacando cómo la historia oficial diluye la visibilidad de esas resistencias. Recuerda que ese operativo de ocultamiento, frecuentemente empuja al propio oprimido a asumir como suya "una memoria fabricada por el opresor".

Galeano no sólo detalla de qué forma América Latina se estructuró durante siglos a partir de la explotación de los indios y la esclavitud de los negros. También resalta que los sujetos afectados por esa expoliación reaccionaron con revoluciones y levantamientos. Esas sublevaciones abrieron un horizonte alternativo de liberación.

Las Venas Abiertas recuerda, además, el nexo de esas rebeliones con la asignatura pendiente de la integración regional, que legó el proyecto inconcluso de Bolívar. Ese énfasis en el papel insurgente de los pueblos ilustra la afinidad de Galeano con el proyecto político revolucionario de la Teoría de la Dependencia.

PRIMARIZACIÓN Y EXTRACTIVISMO

La sintonía de un libro escrito hace cincuenta años, con una concepción marxista en boga en esa época no constituye ninguna sorpresa. Pero resulta más problemático desentrañar la actualidad de ambas miradas. ¿En qué terrenos se verifica la vigencia de las Venas Abiertas y del dependentismo?

Hay muchos fragmentos de un libro escrito en 1971 que parecen aludir a situaciones del 2021. Esos aspectos perdurables del texto (y de la teoría que lo inspiró) obedecen a la condición dependiente de América Latina y se corroboran ante todo en el extractivismo.

La especialización exportadora de la región en productos básicos -que bloqueó su desenvolvimiento en el pasado- continúa obstruyendo el despegue de la zona. Ese impedimento confluye, además, con un inédito agravamiento del deterioro del medio ambiente. La minería a cielo abierto concentra gran parte de esas calamidades y se ha convertido en el epicentro de numerosos conflictos en todos los países.

Primarización y extractivismo son los dos términos actualmente utilizados, para denunciar la obstrucción al crecimiento productivo e inclusivo, que Galeano destacaba hace cinco décadas. En las Venas Abiertas se describe cómo la sumisión de la región al mandato externo de los precios de las commodities genera ese ahogo.

Pero esa vulnerabilidad ya no es vista en la actualidad como un simple efecto de inexorables procesos de desvalorización de las exportaciones básicas. Muchos economistas han desentrañado la dinámica cíclica de esos precios en el mercado mundial y han estudiado el complejo proceso de sucesivos encarecimientos y abaratamientos de las materias primas. El gran problema radica en que esas fluctuaciones siempre obstruyen el desenvolvimiento por la condición dependiente de toda la región.

América Latina nunca aprovecha los momentos de valorización de las exportaciones e invariablemente padece los períodos opuestos de depreciación. En la coyuntura actual de altos precios, esas adversidades se verifican por ejemplo en el encarecimiento de los alimentos. La exportación de trigo y carne se ha tornado una desgracia para adquisición cotidiana de pan y el consumo de proteínas.

Galeano describió una desventura económica resultante del adverso manejo de la renta agraria, minera y energética en toda la región. La gravitación de esa remuneración a la propiedad de los recursos naturales se acentuó en las últimas décadas. Las grandes potencias disputan -con la misma intensidad que en el pasado- el apreciado botín de las riquezas latinoamericanas. La región continúa sufriendo la confiscación sistemática de ese excedente, en una dinámica que combina la erosión de la renta con su expropiación.

Actualmente Estados Unidos disputa con China (y en menor medida con Europa) la apropiación de los recursos naturales de la región. Los colosos mundiales ya no acaparan sólo excedentes de granos o carne. También capturan minerales estratégicos como el litio y depredan sin ninguna freno la fauna marina.

A diferencia de otras economías no metropolitanas (como Australia o Noruega) que aprovechan la renta para su desenvolvimiento, América Latina sufre el drenaje de ese excedente. No logra transformarlo en inversión productiva por el lugar subordinado que ocupa en la división global del trabajo. Ese sometimiento explica también el comercio desfavorable con los grandes adquirientes de las exportaciones de la zona.

América Latina no negocia en bloque sus intercambios con China y los resultados de las tratativas país por país son invariablemente adversos. Las desventuras que retrató Galeano hace cincuenta años vuelven a reciclarse en la actualidad.

REPLIEGUES DE LA INDUSTRIA

En las Venas Abiertas se describe cómo los procesos históricos de industrialización quedaron obstruidos en América Latina por las políticas librecambistas. Ese "industricidio" aniquiló las manufacturas del interior en Argentina y destruyó el incipiente desenvolvimiento de Paraguay, que buscaba introducir los cimientos de una estructura fabril independiente. Posteriormente las redes ferroviarias gestadas en torno a los embudos portuarios afianzaron el ahogo industrial. La mano visible del estado no intervino -como en Estados Unidos- para asegurar el despunte de un poderoso tejido fabril.

Ese ahogo industrial fue parcialmente modificado en la segunda mitad del siglo XX por los procesos de sustitución de importaciones. Ese modelo alumbró el surgimiento de estructuras industriales frágiles, pero ilustrativas de la potencial expansión manufacturera. Galeano escribió su libro en el ocaso de ese esquema y al cabo de cincuenta años, el panorama industrial es nuevamente desolador en el grueso de América Latina.

La actividad fabril se ha replegado en Sudamérica y tiende a especializarse en Centroamérica en los eslabones básicos de la cadena global de valor. Este adverso escenario es frecuentemente descripto con retratos de una "desindustrialización precoz" de la región, que difiere por su mayor nocividad de las deslocalizaciones prevalecientes en las economías avanzadas. En todos los rincones de América Latina se ha profundizado el distanciamiento con la industria asiática y muchos emprendimientos fabriles desaparecen antes de alcanzar su madurez.

En los países medianos ese deterioro afecta al modelo forjado para abastecer el mercado local. En Brasil el aparato industrial perdió la dimensión de los años 80, la productividad se ha estancado, el déficit externo se expande y los costos aumentan al compás de una creciente obsolescencia de la infraestructura. En Argentina el declive es mucho mayor.

También el modelo de las maquilas mexicanas afronta graves problemas. Continúa ensamblando partes de las grandes fábricas estadounidenses, pero ha perdido gravitación frente a los competidores asiáticos. La renegociación del tratado de libre comercio con Estados Unidos dio simplemente lugar a otro convenio (T-MEC), que renueva la adaptación de las fábricas fronterizas a las necesidades de las compañías del Norte.

El grueso de los países de la región continúa negociando (y aprobando) convenios de libre comercio que erosionan el tejido económico local. En todos los casos se afianza la desprotección interna frente a la incontrolable invasión de importaciones. Esa adversidad no ha frenado las tratativas del MERCOSUR para suscribir un convenio de libre-comercio con la Unión Europea, ni tampoco las negociaciones de acuerdos unilaterales con China.

La regresión industrial que afecta a la región actualiza todos los desequilibrios del ciclo dependiente que estudiaron los teóricos de la dependencia. En los años 70 resaltaban el sistemático drenaje de recursos que afectaba al sector manufacturero, a través del giro de utilidades. El mayor predominio de los capitales foráneos acentuó en las últimas décadas esa obstrucción al proceso local de acumulación.

Pero a diferencia de los años 70 el retroceso actual de la industria latinoamericana coexiste con el gran despunte de sus equivalentes asiáticos. Basta observar el ensanchamiento de la brecha que separa a Corea del Sur con Brasil o Argentina para notar la magnitud de ese cambio. Mientras que América Latina era funcional al viejo modelo de mercados internos del capitalismo de posguerra, el Sudeste Asiático tiende a optimizar el salto registrado en la internacionalización de la producción.

Muchos autores heterodoxos suponen que la divergencia entre ambas zonas sólo obedece a la implementación de políticas económicas contrapuestas. Estiman que los asiáticos optaron por el camino acertado que desecharon por sus pares de América Latina. Pero esa mirada olvida todos los condicionamientos estructurales que impone la maximización de la ganancia en la división mundial del trabajo.

Las tesis dependentistas resaltan ese condicionamiento que el libro de Galeano también detalla. Allí se explican las adversidades históricas estructurales que afronta la región.

DESPOSESIÓN Y EXPLOTACIÓN

Las Venas Abiertas denuncia los sufrimientos de la población explotada en todos los rincones de América Latina. No habla sólo de la esclavitud y el servilismo del pasado. Describe las condiciones inhumanas de trabajo que imperaban hace cinco décadas. La actualidad de esas observaciones es particularmente impactante en el dramático contexto actual de deterioro social.

El neoliberalismo no sólo agravó el desempleo y la informalidad laboral. Afianzó además un terrible ensanchamiento de las brechas de ingresos, en la región más desigual del planeta. Esa polarización explica la aterradora escala de la violencia que impera en las grandes ciudades. De las 50 urbes más peligrosas del planeta 43 se localizan en América Latina.

La degradación social que afecta a la región, en gran medida obedece a la renovada expulsión de campesinos que impuso la transformación capitalista del agro. Esa mutación potenció la descontrolada expansión de una masa de excluidos que arriba a las ciudades para ensanchar el ejército de los desocupados. La carencia de trabajo en las grandes urbes y la bajísima remuneración de los empleos existentes explican el enorme acrecentamiento de la informalidad. En este marco se ha masificado la narco-economía como refugio de supervivencia.

La especialización latinoamericana en exportaciones básicas es complementada en algunas economías de Centroamérica por el desarticulado crecimiento del turismo. Es la única actividad creadora de empleos en muchas localidades de esa región. En todos los casos, la ausencia de puestos de trabajo multiplica la emigración y la consiguiente dependencia familiar de las remesas. Enormes contingentes de jóvenes desempleados tienen simultáneamente vedado el arraigo y la emigración. No encuentran ocupación en sus localidades de origen y son perseguidos al ingresar en Estados Unidos

Los promedios regionales de pobreza continúan desbordando en América Latina al segmento precarizado y afectan a una enorme porción de los trabajadores estables. Esos datos no han cambiado desde la aparición del libro de Galeano.

También persiste la fragilidad de la clase media, en una región con reducida presencia de ese estrato. En comparación a los países avanzados, los sectores intermedios aportan un colchón muy exiguo, al abismo que separa a los acaudalados de los empobrecidos. Ese segmento está mayoritariamente integrado por pequeños comerciantes (o cuentapropistas) y no por profesionales o técnicos calificados.

Este adverso escenario se agravó en forma dramática durante la pandemia del último bienio. En términos porcentuales, América Latina fue la región con más contagios y fallecidos del planeta y sufrió también el mayor impacto económico-social de la infección.

La caída del PBI duplicó en la zona los promedios internacionales y ese deterioro profundizó la desigualdad. El 50% de la masa laboral (que sobrevive en la informalidad) fue severamente afectado por la retracción económica que impuso el coronavirus. Esos sectores debieron acrecentar sus deudas familiares para contrarrestar la brutal caída de ingresos.

También la brecha digital se acentuó en toda la región e impactó con gran dureza a los niños empobrecidos que perdieron un año de escolaridad. Ese deterioro de la educación genera efectos explosivos por su entrelazamiento con la creciente precarización laboral. Las grandes empresas aprovechan el nuevo escenario para reducir costos laborales, con nuevas formas de teletrabajo que multiplican la explotación de los asalariados.

En las últimas cinco décadas los capitalistas recurrieron a numerosos mecanismos, para compensar su debilidad internacional con mayor explotación de la fuerza de trabajo. Por esa razón la brecha de salarios que separa a la región con las economías centrales se expandió en forma muy significativa. La tendencia mundial a la segmentación laboral -entre un sector formal-estable y otro informal-precarizado- presenta en América Latina una escala pavorosa.

Esa disparidad corrobora la vigencia del diagnóstico dependentista y confirma la continuidad de los mismos problemas que Galeano observó en el mundo trabajo. Cincuenta años después todas sus observaciones se corroboran a otra escala.

LA VIEJA PESADILLA DEL ENDEUDAMIENTO

En las Venas Abiertas se denunciaba la triplicación de la deuda externa entre 1969 y 1975 y el consiguiente afianzamiento de un círculo vicioso que ahoga a la economía de la región. Ese encadenamiento obliga a Latinoamérica a seguir un libreto de aumento de las exportaciones, extranjerización industrial y auditoría de los banqueros que impone el FMI. Galeano señalaba que esas exigencias consolidan a su vez la acción de los capitalistas estadounidenses, que controlan gran parte de la región mediante el manejo de las finanzas.

En los últimos cincuenta años esa pesadilla se mantuvo sin cambios estructurales y acentuó los desequilibrios fiscales y los déficits externos, que engrosan los pasivos y precipitan nuevas crisis.

Durante la era neoliberal se registraron períodos de distinta gravedad de ese vasallaje financiero. En la década pasada la apreciación de las materias primas y el ingreso de dólares permitieron cierto alivio, pero cuando el respiro comercial desapareció el endeudamiento resurgió con gran intensidad. En la actualidad el FMI (y los fondos de inversión) intervienen nuevamente en forma protagónica, en la administración de una deuda inmanejable.

En los momentos más dramáticos de la pandemia el FMI emitió hipócritas mensajes de colaboración. Pero en los hechos se limitó a convalidar un irrisorio alivio del pasivo entre un grupo minúsculo naciones ultra-empobrecidas. Repitió la actitud asumida frente a la crisis del 2008-2009, cuando combinó convocatorias formales a la regulación internacional de las finanzas con mayores exigencias de ajuste para todos los deudores.

La tradición dependentista ha evitado el análisis del endeudamiento en simple clave de especulación financiera. Destaca que el creciente peso de los pasivos expresa la fragilidad productiva y comercial del capitalismo dependiente. La vulnerabilidad financiera de América Latina sólo complementa esas inconsistencias.

Hay agobio con el pago de intereses, con refinanciaciones compulsivas y con cesaciones de pagos por el perfil subdesarrollado de economías primarizadas, signadas por la flaqueza de la industria y la elevada especialización en servicios básicos. El endeudamiento no se dispara sólo por el "saqueo de los financistas". Refleja la creciente debilidad estructural de los procesos de acumulación.

La región no está exenta del proceso de financiarización que caracteriza a todas las clases dominantes del planeta. Pero la mutación central que se ha verificado en América Latina ha sido la transformación de las viejas burguesías nacionales en nuevas burguesías locales.

El texto de Galeano estaba aún inscripto en el primer período. Desde ese momento han perdido gravitación los grupos capitalistas que privilegian la expansión de la demanda con producciones orientadas al mercado interno. Ganaron peso los sectores que priorizan la exportación y prefieren la reducción de costos a la ampliación del consumo.

Ese giro confirmó también todos los diagnósticos dependentistas sobre el entrelazamiento del gran capital latinoamericano con sus pares del exterior. La localización de grandes fortunas locales en los paraísos fiscales y la estrecha asociación gestada por las principales compañías de la región con empresas transnacionales, ilustran esa simbiosis. El endeudamiento que denunciaba Galeano apuntaló esa mutación de las clases dominantes.

CRISIS TORMENTOSAS

El libro del escritor uruguayo conmueve por el desgarrador retrato que presenta de la realidad cotidiana de América Latina. Ese escenario está condicionado por la sistemática irrupción de las agobiantes crisis que impone el capitalismo dependiente. Estas convulsiones derivan, a su vez, del estrangulamiento externo y del periódico recorte interno del poder adquisitivo.

La era neoliberal que sucedió a la aparición de las Venas Abiertas estuvo signada por crisis económicas más frecuentes e intensas, que precipitaron mayores recesiones e indujeron gigantescos socorros de los bancos. Esas turbulencias fueron invariablemente desencadenadas por los estrangulamientos del sector externo, que generan los desequilibrios comerciales y la pérdida de recursos financieros.

Como las economías latinoamericanas dependen del vaivén de precios de las materias primas, en los períodos de valorización exportadora afluyen las divisas, se aprecian las monedas y se expanden los gastos. En las fases opuestas los capitales emigran, decrece el consumo y se deterioran las cuentas fiscales. En el pico de esa adversidad irrumpen las crisis.

Esas fluctuaciones magnifican a su vez el endeudamiento. En los momentos de valorización financiera los capitales ingresan para lucrar con operaciones de alto rendimiento y en los períodos inversos se generaliza la emigración de los capitales. Estas operaciones se consuman engrosando los pasivos del sector público y privado.

Otro determinante de las crisis regionales son los periódicos recortes del poder adquisitivo. Esas amputaciones agravan la ausencia estructural de una norma de consumo masivo. La debilidad del mercado interno y el bajo nivel de ingreso de la población explican esa carencia. La expansión de la informalidad laboral, los bajos salarios y la estrechez de la clase media acentúan la fragilidad del poder de compra.

Las dos modalidades de la crisis -por desequilibrio externo y por retracción del consumo- se han verificado en todos los modelos de las últimas décadas. Irrumpieron en forma inicial durante la sustitución de importaciones (1935-1970) y reaparecieron con mayor virulencia en la "década perdida" de estancamiento e inflación (años 80). Alcanzaron una mayor intensidad en el posterior debut del neoliberalismo, como consecuencia de la desregulación financiera, la apertura comercial y la flexibilidad laboral.

La teoría de la dependencia siempre estudió esas tensiones con criterios multicausales y subrayó la ausencia de un sólo determinante de la crisis. Las convulsiones que padece la región son desencadenadas por fuerzas diversas, que combinan los desequilibrios externos con las restricciones del poder de compra.

Esa combinación de determinantes externos e internos tuvo un impacto demoledor en los últimos dos años de pandemia. América Latina padeció la mayor contracción planetaria de horas de trabajo, en consonancia con retrocesos del mismo porte de los ingresos populares. Al cabo de un quinquenio de estancamiento, el Covid acentuó un descomunal deterioro de la estructura productiva. Para colmo de males los indicios de recuperación son tenues y los pronósticos de crecimiento son inferiores al promedio mundial. Otro capítulo de las Venas Abiertas ha padecido la región en el "Gran Confinamiento" del último bienio.

EL ESCENARIO POLITICO

La afinidad de las Venas Abiertas con la Teoría de la Dependencia no se limita al estrecho ámbito de la economía. En la tradición expositiva de esta última concepción, el libro evita abrumar al lector con meras cifras e intrincadas estadísticas. Subraya con ejemplos la incidencia de la dominación imperialista sobre el subdesarrollo regional. Denuncia especialmente los golpes de estado, que siempre han manejado las embajadas estadounidenses para instalar gobiernos favorables a las grandes empresas del Norte.

Al cabo de 50 años esa intromisión de Washington persiste con más disfraces, pero con el mismo descaro del pasado. Estados Unidos intenta actualmente recuperar su deteriorada hegemonía mundial reforzando su control de América Latina, a fin del contener la creciente gravitación de China. La primera potencia está embarcada en utilizar su enorme poder geopolítico-militar para recuperar las posiciones económicas perdidas. Por esa razón la región es nuevamente tratada como un "patio trasero", sujeto a las normas de sometimiento que estableció la doctrina Monroe.

Estados Unidos busca reducir el margen de autonomía de los tres países medianos de la región. Exige que Brasil entregue la supervisión del Amazonas, que México refuerce la penetración de la DEA y que Argentina acepte los mandatos del FMI. Como las invasiones directas (tipo Granada o Panamá) ya no son factibles, el Pentágono refuerza sus bases en Colombia y auspicia incontables conspiraciones contra Venezuela.

Trump implementó ese libreto con brutalidad y Biden se apresta a continuarlo con buenos modales. Necesita recomponer la deteriorada dominación de Norte y reduce los excesos verbales de su antecesor para rearmar alianzas con el establishment latinoamericano. Pero al igual que Trump prioriza la disminución de la presencia de China en la región. Todas las iniciativas de la Casa Blanca desmienten la ingenua percepción "que a Estados Unidos ya no le interesa América Latina". Recuperar la dominación plena del hemisferio es la gran prioridad de Washington.

Por esa razón sostiene a los gobiernos derechistas que actúan como herederos de las dictaduras que denunciaba Galeano. Al igual que los teóricos dependentistas, el pensador oriental indagaba en los años 70 el pilar coercitivo de todos los sistemas políticos latinoamericanos. Retrataba cómo las tiranías implementaban distintos modelos de totalitarismo y remarcaba la primacía ejercida por las burocracias militares en la gestión del estado.

En el período pos-dictatorial de las décadas siguientes ese esquema fue sustituido por diversas modalidades de constitucionalismo, que combinaron políticas económicas neoliberales con la forzada aceptación de las conquistas democráticas.

Pero al cabo de varias décadas, los regímenes derechistas intentan recuperar nuevamente predominio al compás de una restauración conservadora. Actúan a través de gobiernos reaccionarios continuados, novedosas capturas electorales y reiterados golpes institucionales. En el último bienio de pandemia militarizaron sus gestiones e instauraron estados de excepción con creciente protagonismo de las fuerzas armadas.

La derecha regional opera actualmente en forma coordinada para establecer regímenes autoritarios. No promueve las tiranías militares explícitas de los años 70, sino formas disfrazadas de dictadura civil. Entre sus exponentes persiste una visible división entre personajes extremistas y moderados, pero todos unifican fuerzas en los momentos decisivos.

Los derechistas implementan una estrategia común de proscripción de los principales dirigentes del progresismo. Recurren a imaginativos mecanismos para inhabilitar opositores e instrumentan golpes parlamentarios, judiciales y mediáticos. Aspiran a lograr el brutal control de los gobiernos que retrataba el texto de Galeano. Han recreado, además, los discursos primitivos de la guerra fría y las campañas delirantes contra el comunismo que propagaban cuando se publicó la primera edición de las Venas Abiertas.

Pero todas las figuras de la derecha regional afrontan una gran erosión política por su responsabilidad en las desastrosas gestiones del estado. Deben lidiar además con el gran resurgimiento de la movilización popular.

En tres bastiones del neoliberalismo (Colombia, Perú y Chile) se han verificado revueltas callejeras de enorme masividad y en otros casos, las protestas permitieron reinstalar el gobierno progresista desplazado por un golpe militar (Bolivia). En distintos rincones del hemisferio despunta una tendencia convergente al reinicio de las rebeliones, que convulsionaron a Latinoamérica a principio del milenio.

UN SÍMBOLO DE NUESTRAS LUCHAS

En las Venas Abiertas hay una repetida convocatoria a construir una sociedad no capitalista de igualdad, justicia y democracia. Ese mensaje está presente en varios pasajes del texto. Galeano compartía con los teóricos de la dependencia el objetivo de apuntalar un proyecto socialista para la región.

En los años 60-70 se esperaba avanzar hacia meta al cabo de victoriosas revoluciones populares. Esa expectativa tuvo corroboración en las rebeliones anticoloniales, el protagonismo del Tercer Mundo y los triunfos de Vietnam y Cuba.

Posteriormente predominó una etapa inversa de expansión del neoliberalismo, desaparición del denominado "campo socialista" y reconfiguración de la dominación global. Pero en América Latina resurgieron las esperanzas con las rebeliones que singaron el inicio del nuevo siglo, facilitando el despunte del ciclo progresista y la aparición de varios gobiernos radicales. El contexto actual está signado por una disputa irresuelta y por la persistente confrontación entre desposeídos y privilegiados.

Ese choque incluye revueltas populares y reacciones de los opresores. En un polo aflora la esperanza colectiva y en el otro el conservadurismo de las elites. Las victorias significativas coexisten con preocupantes retrocesos, en un marco signado por la indefinición de los resultados. Está pendiente el resultado de la batalla que opone los anhelos de los pueblos con los privilegios de las minorías.

Las Venas Abiertas es texto representativo de esa lucha y por esa razón es periódicamente redescubierto por la juventud latinoamericana. Lo mismo ocurre con la Teoría Marxista de la Dependencia. Ese instrumento teórico recobra auditorio por la explicación que aporta para entender la dinámica contemporánea de la región. Suscita el interés de todos los interesados en cambiar la agobiante realidad de la región.

El libro de Galeano y el dependentismo comparten la misma recepción entre las nuevas generaciones que recuperan los ideales de la izquierda. Las Venas Abiertas es un verdadero emblema de los ideales transformadores. Por esa razón en abril del 2009 durante la Quinta Cumbre de las Américas, el presidente Chávez le regaló públicamente un ejemplar del libro a Barak Obama. Con ese gesto subrayó cuál es el texto que sintetiza los sufrimientos, los proyectos y las esperanzas de toda la región.

Galeano personificaba esos ideales y también generaba una inigualable fascinación entre el público. Transmitía calidez, sinceridad y convicción. Sus palabras convocaban a forjar un futuro de hermandad e igualdad y la renovación de ese compromiso es el mejor homenaje a su obra.

RESUMEN

Las Venas Abiertas resume y populariza con una extraordinaria belleza literaria las principales tesis de la Teoría Marxista de la Dependencia. Sintoniza con esa vertiente en la crítica al capitalismo y en la gravitación que asigna a las rebeliones populares. El libro anticipó denuncias actuales del extractivismo y la primarización y subrayó la regresión industrial que generan las políticas liberales. La degradación del trabajo, la escala del endeudamiento y la gravedad de la crisis confirman los diagnósticos expuestos en el texto. El imperialismo y la derecha continúan acosando a la región y la resistencia popular recrea las tradiciones políticas descriptas por Galeano. Su libro es un símbolo de la esperanza que preservan muchos latinoamericanos.

Publicado enEconomía
Miembros de milicias armadas afroamericanas marcharon con sus armas en Tulsa, Oklahoma, para conmemorar el aniversario 100 de la masacre contra la comunidad afroamericana de esa ciudad. Foto: Getty Images.

La notoria Asociación Nacional del Rifle (National Rifle Association, NRA) de Estados Unidos, un grupo que históricamente ha tenido formidable influencia para promover la venta, posesión y uso de armas y frenar los intentos de control de éstas, se encuentra actualmente en decadencia y enfrenta severos problemas legales que podrían imponerle su disolución.

Pero la compra, posesión y portación de armas de fuego en Estados Unidos tienen actualmente niveles récord y, en paralelo, otros grupos han surgido para promover, afirman, el ejercicio de la Segunda Enmienda entre poblaciones diferentes.

Es el caso, por ejemplo, de la Latin Rifle Association (LRA, que podría traducirse como Asociación del Rifle Latino) que, como comenta la televisora CBS News, fue constituida como autodefensa y para promover visiones de izquierda de propietarios latinos de armas de fuego.

Sus argumentos

“No creo que la defensa propia, que es fundamentalmente autonomía corporal, deba se ejercida exclusivamente por personas políticamente de derecha”, dijo P.B. Gómez, fundador de LRA de 23 años.

La LRA fue fundada en 2020 y se afirma cuenta ya con cientos de miembros en varias partes de Estados Unidos.

“Nuestros principales simpatizantes han sido izquierdistas, han sido socialistas, progresistas. Uno tiene que tener una desconfianza de la autoridad. La policía y el gobierno no estaban cuidándome, así que yo tuve que hacer las cosas por mi cuenta”, añadió Gómez a CBS News.

Gómez cuenta que la masacre provocada por un tirador en un Walmart de El Paso, Texas, lo impulsó a crear la LRA, ante el hecho de que un supremacista blanco haya específicamente atacado a latinos.

Así, la LRA promueve la posesión y portación de armas, y en la lógica de Gómez eso sería una forma de dar a latinos como él la capacidad de protegerse y lograr esa autonomía corporal en un contexto hostil. El ejercicio de la Segunda Enmienda, él considera, no es exclusivo de los anglosajones o de la derecha.

No es ciertamente un caso único. “Hemos visto un dramático incremento de grupos que apoyan el derecho a las armas para personas LGBTQ, personas de color y otros grupos de orientación de izquierda en los años recientes”, dijo a la CBS News el profesor de derecho constitucional de UCLA, Adam Winkler.

Con todo, Winkler señala que esos grupos aún son pocos y distanciados unos de otros.

También entre los afroamericanos

Otro caso es la Asociación Nacional Afroamericana de Armas (National African American Gun Association) que actualmente suma ya 30,000 miembros y ha crecido en los años recientes.

Casos de grupos afroamericanos que portan abiertamente armas no son nuevos, y se han dado casos de diversos cuños desde hace décadas. Van desde grupos históricos como los Black Panthers hasta otros de reciente creación como la Not Fucking Around Coalition, que ha organizado notorias marchas de personas afroamericanas fuertemente armadas.

Nick Bezzel, fundador del Elmer Geronimo Pratt Gun Club, también promueve la posesión y portación de armas entre los afroamericanos. Su organización fue bautizada en alusión a Elmer Geronimo Pratt, veterano del ejército y uno de los líderes de los Black Panthers a finales de los años 60 y principios de los 70 que pasó casi tres décadas en prisión tras una condena por asesinato que luego fue anulada.

“Todos tienen derecho a la autopreservación, sin importar quién sea… No promuevo la violencia, pero sí la autodefensa”, dijo Bezzel a CBS News.

El auge de organizaciones como las fundadas por Gómez y Bezzel se da en un contexto de severa polarización en Estados Unidos, y en el rudo contexto de masacres como la de El Paso o de la Iglesia Emanuel AME o del asesinato a manos de policías del afroamericano George Floyd.

Y, al parecer, ambos ven a las armas y al ejercicio irrestricto de la Segunda Enmienda como una forma de protegerse de ataques supremacistas y racistas ante una autoridad que no los protege.

Con todo, la proliferación de armas y la actividad de grupos que las poseen y portan abiertamente y en gran escala puede catalizar las tensiones, y algunos expertos cuestionan que esas expresiones, así sean de autodefensa y en reacción a presiones ominosas, pueden ser destructivas “del debate político y del tupo de comunicad que necesitamos para salir adelante en los grandes problemas que enfrenta Estados Unidos”, señaló el profesor Winkler.

29 octubre 2021

(Tomado de Yahoo Noticias)

Publicado enInternacional
El magnicidio de Jovenel Moïse ¿Un golpe dentro del golpe?

El brutal magnicidio del presidente Jovenel Moïse añade nuevos elementos a la crisis de Haití, tras años de intervención extranjera y un Estado que cada vez más es una maquinaria para el enriquecimiento de las camarillas en el poder. Hoy el país se enfrenta a la perspectiva de una permanente degradación de los derechos humanos y de las condiciones de vida de su población, si no es capaz de aprovechar esta coyuntura para iniciar un proceso de reconstrucción.

La muerte de alguien, asesinado cruelmente en presencia de su esposa y sus hijos, tal como lo fue el presidente haitiano Jovenel Moïse en julio pasado, llama a un gesto de condena firme y unánime por parte de todos los demócratas del mundo. Es un drama que recuerda la crisis de 1867 en Haití, que terminó con el fusilamiento del presidente Sylvain Salnave en enero de 1870, y la crisis de 1915, cuando fue masacrado el presidente Vilbrun Guillaume Sam en víspera de la ocupación militar estadounidense que se inició en julio y duró 19 años. No quisiera referirme al asesinato del padre de la patria, Jean-Jacques Dessalines, en octubre de 1806. Requeriría de una puesta en contexto más extensa, ya que es utilizado retóricamente en la actualidad por los defensores de la política del presidente Moïse, quienes buscan hacer temerariamente este paralelo.

El principal riesgo que trae aparejado el reciente magnicidio es que, con una Justicia inoperante, se refuerce la impunidad reinante, un mal permanente que padece la sociedad haitiana y que funciona como un obstáculo al imperio de la ley y del Estado de derecho. 

Existe así el riesgo de una doble impunidad: por una parte, quizás nunca se sabrá quiénes fueron los responsables de la muerte del mandatario; por la otra, ni Moïse ni sus cómplices responderán ya por los crímenes que han cometido, como lo reclamaban las organizaciones de derechos humanos, al igual que la oposición política, desde hace por lo menos tres años.

Un asesinato misterioso

Empecemos por el acontecimiento que conmovió al mundo entero y dejó en estado de shock a la sociedad haitiana: Moïse fue asesinado el 7 de julio de manera sorpresiva y rocambolesca, en una operación que a la vez parece muy bien planificada y absolutamente descabellada. He aquí algunos elementos que atraen la atención de todos los observadores: (a) sus guardias de seguridad no dispararon ni una bala; (b) la policía haitiana habría resuelto este caso en menos de 12 horas, un récord sospechoso considerando que, hasta la fecha, no había podido resolver ni una sola investigación sobre los numerosos asesinatos cometidos en el país; entre ellos, el del presidente de la Orden de Abogados, el insigne Monferrier Dorval; (c) el comando de los asesinos, compuesto esencialmente por ex-militares colombianos, no habría previsto un plan b de escape y todos se dejaron arrestar sin defenderse.

El primer ministro ad interim Claude Joseph, destituido dos días antes del magnicidio y reemplazado por el neurocirujano Ariel Henry, aparece frente a las cámaras y con una calma sorprendente declara tener todo bajo control y decreta el estado de sitio por dos semanas. Asimismo, pide ayuda al gobierno de Estados Unidos y a la Organización de las Naciones Unidas (onu). En estas circunstancias, la Oficina Integrada de la Naciones Unidas en Haití (binuh, por sus siglas en francés), a través de su representante, Helen La Lime, le ofrece su apoyo. Días después, Henry, que había sido nombrado pero no había asumido su cargo al momento del asesinato, es sorpresivamente reconocido como jefe de gobierno legítimo por los representantes del así llamado «Core Group», integrado por los embajadores de eeuu, Canadá, Alemania, Francia y Brasil y los representantes del secretario general de la onu y de la Organización de Estados Americanos (oea) en Haití. 

El primer ministro destituido, que acababa de insultar a Henry en una reunión, finalmente acepta y reconoce su autoridad. Se forma así un gobierno de continuidad con casi todos los ministros del gabinete de Moïse y del Partido de las Cabezas Calvas (phtk, por sus siglas en creole).

Por su parte, la esposa del presidente, Martine Moïse, gravemente herida y evacuada hacia eeuu el mismo día del asesinato para ser atendida, reaparece una semana después, con un brazo enyesado, protegida por el fbi, y se proclama heredera política de su difunto marido, héroe y mártir, en un discurso muy elocuente durante el funeral. En realidad, ella es la testigo clave de este asunto. A pesar de eso, vuelve a eeuu el 28 de julio sin haber sido interrogada por la Justicia haitiana y declara al New York Times el 30 de julio que será candidata a la Presidencia. Sus intervenciones públicas confunden más aún las pistas.

Notemos que, en un caso tan crítico como este, hasta ahora no ha sido nombrado un juez instructor y es la Policía Nacional la que lleva las riendas de la investigación de manera desordenada, con la ayuda del fbi, de Interpol y de la Administración de Control de Drogas (dea, por sus siglas en inglés). Hay que considerar que la Policía también ha sido señalada entre los sospechosos. Los jueces que podrían llevar adelante el caso denuncian las numerosas amenazas anónimas que reciben y ninguna de las normativas haitianas para asegurar la justicia está siendo respetada. 

Mientras tanto, el Departamento de Estado de eeuu nombró a Daniel Lewis Foote, un diplomático de carrera con larga experiencia en países en crisis, para trabajar con las autoridades haitianas con el objetivo de intentar garantizar elecciones libres y estabilidad en el país. Foote viene también acompañado de la zanahoria: la ayuda humanitaria.

A estas alturas, tres cuestiones parecen evidentes: (a) el misterio sigue a pesar de la presencia de la Interpol y del fbi; (b) es la comunidad internacional, o sea las grandes potencias occidentales, quien decide; (c) pareciera que se trata de un complot transnacional con implicados de diferentes nacionalidades: colombianos, estadounidenses, venezolanos, ecuatorianos, dominicanos y haitianos del círculo muy cercano al presidente asesinado, entre ellos Joseph Badio, ex-funcionario del Ministerio de Justicia, así como un pastor protestante, supuestamente médico, residente en Florida (Emmanuel Sanon), y una jueza de la Corte de Casación (Windelle Coq Thélot).

En este orden de ideas, podríamos preguntarnos si no se trataría de un golpe de Estado dentro del mismo golpe de Estado que Moïse ya había llevado a cabo el pasado 7 de febrero de este año, cuando decidió quedarse en el poder más allá de la fecha prevista por la Constitución y la ley electoral haitiana. Por otra parte, muchos observadores se preguntan también qué papel han podido jugar los servicios secretos extranjeros en este drama.

Circulan en la prensa y en las redes sociales las más fantasiosas y múltiples versiones sobre los hechos y los responsables, lo que vuelve todavía más turbias las investigaciones. 

Los antecedentes

En efecto, las elecciones presidenciales que debían llevarse a cabo en 2020 para permitir que el presidente entregara el poder el 7 de febrero de 2021 no se realizaron como lo establecen el decreto electoral publicado en el periódico oficial Le Moniteur del 2 de marzo de 2015 y la Constitución vigente de 1987. Moïse trató de justificarlo señalando que había tardado un año en asumir, en medio de la controversia electoral tras su elección de 2016. De esta manera, buscaba imponer ilegalmente una nueva Constitución y realizar elecciones generales con un consejo electoral también ilegal, que les permitirían a él y a sus aliados entregarle el poder a un candidato de su partido, el phtk.

Vayamos un poco más atrás. Veamos la política del presidente asesinado y el clima que reinaba durante los últimos años de su mandato hasta la fecha de su brutal desaparición. 

Es importante remarcar que, según las interpretaciones de numerosos y calificados juristas y constitucionalistas haitianos y extranjeros, el mandato de Moïse había culminado el 7 de febrero de 2021. El Consejo Superior del Poder Judicial había declarado el fin de su mandato y en respuesta a ello, el presidente mandó destituir arbitrariamente a tres de sus jueces inamovibles.

Entre sus esfuerzos para destruir todas las instituciones del Estado, en noviembre de 2020 el presidente emitió un decreto que reducía el poder de la Corte Superior de Cuentas, institución clave en el control de los gastos del Estado. Además, en lo que respecta al Senado, el mismo presidente había interpretado que, según la Constitución haitiana aún vigente de 1987 y la Ley Electoral, el mandato de una tercera parte del cuerpo había llegado a término el 13 de enero de 2020. Pero aun así, Moïse aplicó una vara diferente para sí mismo, hizo caso omiso de la prohibición constitucional de prolongar su mandato por cualquier motivo que fuera y se otorgó un año más hasta el 7 de febrero de 2022. La oposición, la sociedad civil y los grupos de derechos humanos calificaron su intento de permanecer en el poder como un golpe de Estado. Desde 2020, empezó a gobernar mediante tuits y decretos presidenciales, de los que llegó a dictar más de 40 sin control parlamentario. Por otro lado, el Poder Judicial también se había tornado inoperante por diversas razones. Y era así como el presidente Moïse, con plenos poderes, dejaba entrever su proyecto de instaurar en Haití una nueva dictadura, tal como lo denunciaba desde hace tiempo la oposición. Tomó una serie de iniciativas ilegales y operativas que demostraban con claridad sus intenciones. 

En este sentido, en noviembre de 2017, Moïse resucitó el ejército disuelto por el ex-presidente Jean-Bertrand Aristide en 1995. El nuevo cuerpo carecía de los recursos necesarios y fue montado de manera muy precaria y precipitada. Viendo que esto no le garantizaba el apoyo militar que necesitaba para llevar a cabo sus iniciativas políticas, empezó a fomentar la formación de bandas armadas, que lograron constituirse a través del territorio nacional como verdaderos feudos. A veces desfilaban por las calles de la capital, Puerto Príncipe, con armas pesadas, sin intervención alguna de las autoridades. Por otra parte, se creó un cuerpo de policía civil forestal y costera, encargado de proteger algunas regiones ecológicas (áreas protegidas), el cual se transformó luego en una verdadera milicia al servicio de los objetivos del gobierno. Esto hace recordar los tiempos de los muy famosos Tonton Macoutes, la milicia política de la dictadura de Duvalier en los años 60 y 70. 

Los grupos de derechos humanos Red Nacional de Defensa de Derechos Humanos (rnddh), Je Klere (Ojos Abiertos) y el Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (cardh) reportan que entre el 15 de septiembre y principios de octubre de 2019 las bandas armadas masacraron a 17 personas y dejaron 200 heridos, entre ellos mujeres, niños y hasta bebés, en un solo barrio de la capital, La Saline, con la complicidad de funcionarios del Ministerio de Justicia, lo que amplificó la política del terror ya existente. Gran parte de los manifestantes callejeros en contra del gobierno provenían de estos barrios populares y el poder quiso escarmentarlos. Estas masacres se volvieron recurrentes hasta poco antes del magnicidio.

Algunos de los miembros de estas bandas armadas secuestran, a diestra y siniestra, alegando que están obligados a hacerlo porque el gobierno no les pagó lo prometido. Estas bandas asesinan a personas de todo origen y condición social. El 29 de junio de 2021, dispararon y mataron a 11 personas, entre ellas, al periodista Diego Charles y a la activista Marie Antoinette Duclaire. Duclaire era una joven militante feminista que había participado en la organización de las marchas contra Moïse y había estado en el grupo que entregó a la binuh una petición de la sociedad civil por el cese del apoyo a Moïse a principios de este año. Había recibido ya amenazas de muerte por sus posiciones.

El presidente politizó más que nunca a la Policía, que ya había perdido cualquier operatividad en la lucha contra la inseguridad por no contar con el equipo ni el armamento necesarios para combatir a las bandas armadas, estas sí muy bien equipadas con armas de guerra y municiones a granel. Además, intentó crear una serie de dispositivos legales para asegurar su poder en el futuro. En este sentido, contra todas las normas democráticas, Moïse emitió un decreto que instituía una policía secreta omnipotente, la Agencia Nacional de Inteligencia (ani), base de un claro Estado dictatorial. Apenas instalado en su cargo, el nuevo primer ministro Henry trató de eliminarla, pero el secretario general del Consejo de Ministros, Renald Luberice, el mismo del difunto presidente, se opuso firmemente. Se espera aún la reacción de Henry a este acto de insubordinación. 

Asimismo, Moïse creó un Consejo Electoral Provisional por fuera de las normativas legales, encargado de organizar el referéndum para cambiar la Constitución de 1987, las elecciones legislativas que no se habían realizado en 2020 y las presidenciales en septiembre de 2021. Creó también una comisión, con miembros designados por él, encargada de redactar la nueva Constitución. Es necesario destacar que la Constitución enmendada de 1987, sobre la cual se juramentó Moïse, prohíbe explícitamente cualquier tipo de referéndum, por ser esta una de las armas que usó el régimen duvalierista para crear la Presidencia vitalicia y luego la vitalicia hereditaria. Hay que tener en cuenta que la Constitución actual especifica cuáles son los mecanismos para su modificación.

Moïse pretendía hacer un referéndum sumario, diseñado a su gusto y medida, para aprobar la redacción de una nueva Constitución con personas designadas por él, algo que nada tiene que ver con los procesos de referéndums democráticos y trasparentes que se han realizado, por ejemplo, en países como Chile para cambiar la Carta Magna. En la nueva Constitución se preveía eliminar el Senado y la figura del primer ministro y otorgar plenos poderes al presidente, entre otras cosas. 

En torno de Moïse, a pesar de que le gustaba referirse a sí mismo como jefe supremo (después de Dios) que lo «sabía todo» y tenía poder de decisión sobre todo, se creó una camarilla de intelectuales que armaron con él un discurso ideológico con todos los elementos de la filosofía fascista. Junto con la exaltación de la figura del presidente como «superhombre» y la eliminación de los demás poderes, se empezó a machacar sobre la figura de unos oligarcas «enemigos del pueblo», recordando a François Duvalier y su lucha contra los mulatos, o a Benito Mussolini con su lucha contra la plutocracia. Intentaban así crearse una base social a partir de un muy peligroso discurso de odio, llamando a una solidaridad basada en el color de piel, ya que Moïse era negro como la gran mayoría de la población. Sin embargo, su gobierno se instaló y pudo conquistar el poder gracias al apoyo de esos mismos «oligarcas» u hombres de negocios de piel más clara a los que siguió dándoles ventajas económicas hasta el final. Esta táctica ha sido recurrente en diferentes periodos de la historia haitiana.

El miedo a la justicia

Una de las grandes preocupaciones de Moïse era la posibilidad de tener que responder a la Justicia. Había sido acusado de crímenes económicos y de sangre por parte de diferentes organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, así como de grupos que se habían constituido en parte civil frente a los tribunales. Uno de los eslóganes presentes en todas las manifestaciones era «Jovenel Moïse a la cárcel». Grupos de la sociedad civil y de defensa de los derechos humanos, reunidos en una estructura llamada «Caminemos por la Vida» (Mache pou lavi), lograron montar un Tribunal Popular en un proceso simbólico, el 19 de febrero de 2021, donde encontraron culpable a Moïse y lo condenaron a prisión por destrucción de las instituciones del Estado y violación de la Constitución y de los derechos humanos. 

Sería muy largo tratar de enumerar la cantidad de informes producidos por organizaciones de derechos humanos, haitianas e internacionales, en los que se documentan diversos tipos de violaciones por parte del gobierno de Moïse. Contentémonos con citar el trabajo conjunto de la Coalición Haitiana de Defensa de Derechos Humanos y la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard del 22 de abril de 2021. Allí se analizan tres masacres perpetradas contra residentes de barrios desfavorecidos de Martissant, Bel Air y La Saline por bandas armadas, con un apoyo estatal que va desde altos funcionarios del gobierno de Moïse hasta agentes de la Policía Nacional. Los responsables son acusados de crímenes contra la humanidad. Por su parte, un informe de la Corte Superior de Cuentas ya había señalado al presidente como responsable de varios actos de corrupción, incluso desde que era solamente candidato. El propio Parlamento, antes de caer en la inoperancia, había elaborado un informe en el que lo acusaba de ser uno de los responsables del robo de los fondos Petrocaribe, que incluían un préstamo del gobierno de Venezuela por 11.000 millones de dólares. A fines de julio de 2019, un grupo de parlamentarios había presentado un acta de acusación de 29 páginas donde se denunciaba a Moïse por violación de la Constitución y crímenes de alta traición por diferentes razones.  

Hay que saber que, antes de ser candidato, Moïse era un pequeño empresario bananero en quiebra del norte de Haití. Fue rescatado por la familia Martelly durante la campaña para las elecciones senatoriales de 2014, cuando Michel Martelly era presidente, elecciones que tampoco se realizaron. Fue así como en los comicios presidenciales de 2015, frente a las agudas rivalidades entre los allegados a Martelly, este decidió lanzar a Moïse como su candidato, con el acuerdo tácito de que al terminar su periodo le devolviera el poder.

Las primeras grandes manifestaciones multitudinarias en su contra se dieron en torno de la lucha contra la corrupción y el reclamo de su enjuiciamiento por parte del grupo de jóvenes llamados «Petrochallengers».

Un hombre de Trump

Al final de su vida, Moïse se había vuelto el presidente quizás más aislado y rechazado de Haití. Casi todos los partidos políticos, agrupaciones de la sociedad civil organizada, sindicatos, periodistas e intelectuales, asociaciones gremiales, asociaciones estudiantiles y de profesores, iglesias católicas, protestantes y vudú, e incluso algunas asociaciones del sector privado, le pedían que respetara la Constitución vigente y presentara su renuncia.

Su impopularidad era tan elevada que cuando trató de dirigirse a la población para que adoptara las medidas de protección frente a la epidemia de covid-19, la reacción fue: «Si lo dice el presidente, debe ser mentira». Moïse había profundizado el carácter depredador del Estado haitiano y ya no estaba en capacidad de ofrecer el más mínimo servicio a la población. El Estado mismo parecía haber desaparecido, mientras que, paradójica y patéticamente, hacía un discurso de presidente de un gobierno «fuerte». El clima de terror no hizo sino contribuir a la delicuescencia general y ningún indicador económico o social había estado tan bajo desde los años 80.

¿En qué se apoyaba entonces el presidente Moïse para mantenerse en el poder? Principalmente, en un pacto con el entonces presidente Donald Trump celebrado durante una reunión el 21 de marzo de 2019 en la residencia de Mar-a-Lago en Florida. Trump le había prometido apoyo incondicional a cambio de que Haití abandonara su sostén a Venezuela y su régimen en la oea y de que ayudara a frenar la ofensiva económica y comercial de China en la región. 

En dos oportunidades, cuando la oposición haitiana parecía capaz de lograr su objetivo de derrocar a Moïse, Trump mandó a Haití a representantes de alto nivel para pedir un diálogo entre el gobierno y la oposición, dejando claro que el poder del Moïse no era negociable. El 20 de noviembre de 2019, el mandatario estadounidense envió a Kelly Knight Craft, embajadora permanente de eeuu en la onu, quien subrayó que era amiga personal del presidente Trump y, el 5 de diciembre, al embajador David Hale. A partir de ese momento, Moïse se sintió totalmente apoyado para seguir adelante con sus planes autoritarios.

Fue así como el presidente haitiano se lanzó en una cruzada contra el sistema institucional y la corrupción, tratando de ahogar los gritos de la oposición. Denunció los contratos firmados por el Estado haitiano con las compañías privadas de suministro de energía eléctrica y el contrabando. Sus directivos fueron acusados de sobrefacturación y de apropiación de bienes del Estado. 

A todo esto se agregaba un nuevo y dramático caso: la sospechosa muerte del ex-fiscal y juez de instrucción Claudy Gassant, en República Dominicana, el 31 de julio de este año. Este abogado, famoso por sus audaces declaraciones como fiscal, había sido nombrado por Moïse jefe de la Unidad de Lucha contra la Corrupción (ulcc) de Haití. En este nuevo puesto, abrió una investigación contra el Consulado de Haití en República Dominicana, bajo sospechas de corrupción generalizada, lo que suscitó la ira del ministro de Relaciones Exteriores de entonces, Bocchit Edmond. Asimismo, instó a los senadores a que presentaran su declaración de patrimonio personal exigida por ley, algo que muchos de ellos no habían hecho. Corrió entonces el rumor de que el próximo investigado sería el propio presidente de la República. Moïse lo destituyó. Gassant decidió instalarse en República Dominicana, donde lo encontraron muerto en su casa. Su mujer explicó que se había suicidado degollándose con un cuchillo, debido a que sufría de depresión y había contraído covid-19. La Justicia dominicana concluyó en su investigación que había sido un suicidio. Todos se preguntan, sin embargo, si esta muerte puede estar relacionada con la de Moïse, ya que Gassant guardaba secretos de muchas personalidades. 

Trump era quizás el único referente «ideológico» de Moïse. Quería hacer un negocio de todo, utilizaba la demagogia de la lucha contra el establishment y, sobre todo, aplicaba el principio de que la mentira descarada es lo que paga en política. Inventaba todo tipo de proyectos que no llevaba a cabo, pasando de uno a otro sin ninguna referencia al anterior. Poco le importaba que lo que dijera no tuviera ninguna relación con la realidad. Parecía vivir en un mundo de fantasía y, para darse coraje, manejaba un discurso de odio, que podía eventualmente voltearse contra él.

Durante su funeral en Cabo Haitiano –ya que Moïse era originario del norte de Haití–, se desencadenó una ola de violencia creada no por sus adversarios, sino por sus mismos seguidores, que obligó a los pocos diplomáticos que asistieron a huir rápidamente. En esta ocasión, los manifestantes saquearon e incendiaron el principal centro comercial de la ciudad y un puente, rechazando así a los «oligarcas» y a la gente de la capital que habían asesinado a un «presidente del Norte». El discurso de odio y divisionismo, que ha sido comparado con el de Radio Televisión Libre de las Mil Colinas de Ruanda en 1993-1994, antes del genocidio, funcionó y hace temer en Haití no una guerra civil, sino eventuales masacres, sobre todo en Puerto Príncipe, por parte de las bandas armadas. 

Al término del mandato de Trump, Moïse debería haberse dado cuenta de que no tenía más recurso que marcharse. Es verdad que las aparentes vacilaciones del recién asumido Joe Biden y el trabajo bien pagado de sus lobistas podían darle la ilusión de que no había perdido toda esperanza de un apoyo de la potencia del Norte. ¿Trataba Moïse de ampliar sus relaciones internacionales en previsión de una reducción del apoyo estadounidense? El miércoles 2 de junio de 2021, el presidente recibió las cartas credenciales de Sergei Mélik-Bagdasárov como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario de la Federación de Rusia. Sin embargo, en el caso de las relaciones con China, contrariamente a República Dominicana, continuó dándole su apoyo a Taiwán, manteniéndose fiel a su acuerdo con Trump. Poco después, Moïse y su esposa realizaron un viaje intempestivo a Turquía para participar en una reunión internacional el 17 de junio de este año y firmar un acuerdo para el suministro de armas a Haití. Washington no emitió juicio.

Perspectivas

Una pesimista: continuidad de un neoduvalierismo que significa la permanente degradación de los derechos humanos y de las condiciones de vida del pueblo. Una optimista: la oportunidad para que un nuevo gobierno logre hacer una transición capaz de reconquistar la confianza del pueblo, de organizar unas elecciones democráticas creíbles, en condiciones de seguridad, y que estas no sigan siendo una ocasión de otras crisis mayores en Haití, para que así comience el fin del reino de la impunidad, esclareciendo, para empezar, el caso del asesinato del presidente.

Lamentablemente, es muy probable que este escenario optimista no se concrete y que ciertos sectores de la comunidad internacional prefieran adoptar un escenario más simplista. 

¿Cuál será el papel de la comunidad internacional en el futuro próximo de Haití? 

Por desgracia, la comunidad internacional ha sido a menudo parte del problema y pocas veces de la solución. No vamos a extendernos sobre el embargo y bloqueo de 1804, después de la independencia, que duró 21 años, ni sobre la famosa deuda de la independencia de 1825 reclamada por Francia, que ha pesado enormemente sobre el desarrollo económico y financiero de Haití, ni sobre la ocupación estadounidense de 1915 que se extendió durante 19 años. 

Las recientes Misiones de la onu para la Estabilización de Haití, iniciadas en 2004, han dejado un mal sabor en Haití, así como las intromisiones extranjeras de todo tipo después del terremoto de 2010. En este sentido, es muy elocuente el libro-requisitorio L’échec de l’aide internationale à Haïti. Dilemmes et égarements [El fracaso de la ayuda internacional. Dilemas y extravíos], de Ricardo Seitenfus, ex-jefe de la misión de la oea en Haití1.

La onu no logró su objetivo principal, que era la reforma de la justicia y la seguridad. Además, se agregó un desastroso accidente que ocasionaron sus soldados y que el secretario general de la onu tardó demasiado en reconocer como de la responsabilidad de la Misión: se trata de la introducción del cólera en Haití, que dejó unos 9.000 muertos. Esto ocasionó que se asociara el nombre de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (minustah) sobre todo con esta desgracia. La situación haitiana actual tiene evidentemente repercusiones directas en todo el Caribe, sobre todo hacia República Dominicana, y algunos países latinoamericanos como Colombia, Chile y Brasil, receptores de miles de migrantes haitianos. Ahora muchos de estos países están involucrados en las investigaciones.

Para finalizar, consideramos que técnica y económicamente es indispensable el apoyo de la comunidad internacional para resolver: 

(a) el problema de la seguridad, en ausencia de un ejército y de una policía preparados para hacer frente a las bandas armadas que controlan gran parte del territorio;

(b) el problema de la destrucción de la producción nacional, del medio ambiente y de la miseria infrahumana de la población. Se necesitan inversiones masivas en los servicios y en la producción. Hace falta una especie de Plan Marshall para Haití, y no una ayuda humanitaria o dádivas dispersas. Un ente estatal autónomo, formado por personas íntegras, de intachable reputación, debería garantizar la buena gestión de estos fondos;

(c) el problema de la dependencia total de Haití de las decisiones externas. En consecuencia, las potencias extranjeras deben abstenerse de intervenir en los asuntos políticos internos y, principalmente, en la elección de las autoridades, como ha sucedido a menudo hasta ahora;

(d) el apoyo a las acciones de los grupos de derechos humanos, que han hecho un trabajo valiente e impecable de monitoreo y denuncia a riesgo de sus vidas.

La mejor alternativa creo que estaría basada en un pacto de gobernabilidad entre las fuerzas políticas haitianas de oposición y la sociedad civil, lo cual crearía el interlocutor válido para que cualquier futuro apoyo de la comunidad internacional en Haití pueda tener éxito y para responder a las reivindicaciones populares con un plan de desarrollo y de reconstitución de las instituciones del Estado.

El problema haitiano es un desafío para que se reflexione sobre las relaciones entre un país cautivo de un grupo de dirigentes depredadores y los centros hegemónicos internacionales, y sobre la forma de encontrar nuevas soluciones para salir de las experiencias nefastas del pasado. Hace falta una conjunción de voluntad política, imaginación, coraje y verdadero patriotismo de las nuevas generaciones.

Adenda

La cantidad de acontecimientos, de diversa índole, que se siguen sucediendo en cascada cada día hacen que un nuevo hecho cubra el otro y al fin nada se resuelva. Esto hace que los gravísimos problemas existentes de manera permanente se vayan imponiendo, y que temas como la investigación sobre el asesinato del presidente pasen a un segundo plano y finalmente sean aplazados sine die. En estas condiciones, cualquier análisis de coyuntura, día a día, puede perder actualidad. Desde el asesinato del presidente Moïse el 7 de julio pasado han ocurrido varios hechos relevantes, entre ellos un terremoto de 7,2 grados en la escala de Richter, el 14 de agosto.

Entre los hechos sucedidos entre la fecha en que concluimos este artículo el 4 de agosto y la fecha actual, queremos mencionar los siguientes:

(a) El hallazgo, revelado por el director de la rnddh, Pierre L’Esperance, de una importante suma de dinero en efectivo en la casa del presidente Moïse, que según otras fuentes puede ascender a varios millones de dólares. Este hecho aparece como un elemento importante entre los móviles del crimen. Hasta ahora, no se ha aclarado por qué el presidente tenía en su residencia privada tanto dinero líquido ni qué ha sido de él.

(b) La Dirección General de la Policía Judicial entregó, un mes después del asesinato, el resultado de su investigación al juez Bernard St. Vil, decano del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe. Este, luego de que varios jueces declinaran llevar adelante la instrucción del juicio por el asesinato del presidente aduciendo falta de seguridad, nombró el 9 de agosto al juez Mathieu Chanlatte. Este fue inmediatamente rechazado por la opinión pública debido a su amistad con la familia del ex-presidente Martelly y el mismo Moïse. Pocos días después, el 11 de agosto, el secretario judicial del juez Chanlatte, Ernst Lafortune, fue asesinado, según la denuncia de la Asociación de Secretarios Judiciales Haitianos (anagh, por sus siglas en francés) luego de una viva discusión con el juez de instrucción recién nombrado a propósito del caso Moïse. Ante estos hechos, el juez Chanlatte, el 13 de agosto, desiste de asumir la instrucción del caso, aduciendo falta de protección y de medios. La causa terminó a cargo del juez Gary Orélien y, en un giro imprevisto, el fiscal Bed-Ford Claude acusó al primer ministro en funciones Ariel Henry, quien destituyó al fiscal el 14 de septiembre, lo que suma más opacidad a la conspiración para cometer el magnicidio.

(c) Varios elementos de prueba del asesinato han desaparecido y la escena del crimen ha sido totalmente vandalizada.

(d) Entre tanto, el sábado 14 de agosto un terremoto golpeó tres departamentos haitianos. Según la Protección Civil, las cifras provisionales al 18 de agosto de 2021 eran: 2.189 muertos, 12.168 heridos y 332 desaparecidos, unas 53.000 edificaciones destruidas y 77.000 dañadas, entre ellas 127 escuelas, 60 iglesias,125 estructuras hospitalarias. 650.000 personas necesitan ayuda humanitaria urgente, es decir 40% de la población de esta zona. A esto se agregó la tormenta tropical Grace que se abatió sobre Haití a partir de la noche del domingo 15 y durante todo el lunes 16, lo que aumentó en modo extremo los sufrimientos de la población, que tuvo que dormir a cielo abierto por no poder refugiarse en sus casas y carecer de tiendas de campaña o alguna alternativa para protegerse.

Esta nueva catástrofe natural puso en evidencia las condiciones de precariedad en las que sobrevive la mayor parte de la población haitiana y la ausencia total del Estado en todos los campos. En lo que se refiere a la construcción de viviendas, vemos los resultados en esta nueva catástrofe. 

Después del terremoto de 2010, hace ya 11 años, durante los gobiernos de Martelly y Moïse, no se tomaron las medidas necesarias para impedir la construcción de cientos de miles de viviendas anárquicas o sin permiso de construcción, y mucho menos se avanzó en la construcción masiva de viviendas económicas para personas de bajos recursos por parte del Estado.

  1. Les Éditions de l’Université d’État d’Haïti, Puerto Príncipe, 2015.
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Asentamiento israelí de Har Homa en la Cisjordania ocupada en una imagen de este 27 de octubre de 2021. — AMMAR AWAD / REUTERS

En los últimos días Israel ha reanudado la construcción en las colonias judías de los territorios ocupados, ha declarado "terroristas" a media docena de ONG palestinas y ha recrudecido la campaña contra los campesinos que recogen aceitunas. Estos tres hechos confirman que Israel no tiene la menor intención de retirarse de Cisjordania y que obra de un modo sistemático para desposeer a la población autóctona.6

 

Con el nuevo Gobierno de Naftalí Bennett, los planes de Israel con respecto a los palestinos no se han modificado ni un ápice, contando incluso con el hecho de que el ejecutivo tiene el respaldo de un partido islamista palestino, lo que en principio debería servir para moderar el ímpetu de las tradicionales medidas de castigo.

Tres medidas adoptadas en los últimos días por el Gobierno confirman que la ocupación se mantiene firme y sigue expandiéndose sin control y sin que nadie le ponga coto. Las tímidas protestas europeas de siempre forman parte del cíclico juego de lo esperado, y ni el más ingenuo confía en que los mandatarios europeos respondan a Israel con energía.

Como Europa, los Estados Unidos participan en el mismo teatro de condenas, o pidiendo "explicaciones" a Israel por sus excesos diarios, pero ni unos ni otros hacen caso a sus propios comunicados, detrás de los cuales se esconden dirigentes que conocen perfectamente la naturaleza de la desposesión que sigue adelante a un ritmo trepidante.

En primer lugar, Israel ha anunciado la construcción de otras 1.300 viviendas para colonos judíos en los territorios palestinos, así como ha anunciado la aprobación total de 3.144 viviendas. Ha sido el primer anuncio de este tipo desde que Bennett asumió la jefatura de gobierno en junio y se produce pocas fechas después de su viaje a Washington y Rusia.

Es también el primer anuncio de esta naturaleza que tiene lugar bajo el mandato de Joe Biden, una circunstancia bien significativa. El anterior primer ministro Benjamín Netanyahu no se atrevió a autorizar nuevos planes de construcción durante los meses que coincidió con Biden, pero Bennett ya se ha puesto manos a la obra sin que los americanos respondan de una manera creíble.

La población judía de los asentamientos sigue creciendo a buen ritmo impulsada por el gobierno. Los planes de Israel son claros, y a esto hay que añadir que no pasa prácticamente ni un día sin que los medios hebreos informen del incremento de los precios de la vivienda dentro de Israel, de manera que muchos jóvenes no tienen más opción que cambiar su residencia a los territorios ocupados, un plan perfectamente dibujado por las autoridades.

En segundo lugar, el titular de Defensa, Benny Gantz, ha declarado "terroristas" a seis organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos de los palestinos. Esta decisión es consistente con la política israelí de desmantelar cualquier atisbo de sociedad civil en los territorios ocupados. El objetivo es impedir cualquier estructura por pequeña que sea que combata la brutal desposesión de la población palestina.

En este caso, los americanos han protestado, aunque lo han hecho de manera poco convincente, de hecho menos convincente que algunos partidos israelíes, como el laborista o liberal Meretz, que forman parte de la coalición de Bennett y se han sentido obligados a levantar la voz, aunque todo el mundo es consciente de que es una voz condenada a no oírse y forma parte del bien engrasado juego democrático israelí.

Las protestas de Washington no van a llegar a ninguna parte y los americanos son los primeros que lo saben. En cualquier caso, Israel ha anunciado que en los próximos días enviará a Washington una delegación para que les "explique" por qué se cierran las ONG y sus vínculos con el "terrorismo".

En tercer lugar, estos días se asiste en los territorios ocupados a un impulso del ejército y de los colonos judíos contra la campaña de recogida de la oliva. Cada año por estas fechas el ejército y los colonos incrementan la violencia, que ya es significativa durante el resto del año, contra los campesinos que recogen unos frutos que con frecuencia constituyen su único medio de subsistencia.

Según el primer ministro palestino, Muhammad Shtayyeh, desde que Israel ocupó Cisjordania en la guerra de 1967, los colonos judíos han arrancado más de 2,5 millones de árboles de las tierras palestinas. Los colonos se sienten libres para arrancar, quemar, destruir y cortar los árboles frutales de los campesinos locales, y para ello cuentan con el decisivo respaldo de los soldados.

Los mismos occidentales e israelíes que con razón ponen el grito en el cielo ante la menor señal de antisemitismo en Occidente, permanecen con los brazos cruzados ante las tropelías que a diario cometen los colonos y los soldados contra los campesinos palestinos.

Los colonos no solo destruyen los olivos, sino que también les roban los sacos de la cosecha que es el resultado de un año de trabajo. Emboscan a los campesinos, les golpean, les amenazan, les tiran piedras y les roban el dinero o los teléfonos. Esto ocurre a diario bajo la protección de los soldados y sin que ningún país occidental actúe con determinación para impedirlo.

Todas estas circunstancias corroboran cuáles son las políticas de Israel y sus objetivos con respecto a los palestinos, políticas que se remontan a 1967 y que de una manera sistemática desposeen a la población autóctona de sus tierras con confiscaciones periódicas de territorios que hacen que los palestinos vivan cada día de una manera más miserable y sin ninguna esperanza.

27/10/2021 23:1

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Representantes de la CIDH durante su visita, el pasado 7 de junio, a Bogotá.

Este 26 de octubre, la CIDH lideró una audiencia en la que diferentes partes de la sociedad colombiana expusieron lo que ha pasado en el país tras las protestas sociales entre abril y junio de este año

 

El pasado 7 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo público el informe sobre lo que recopiló en su visita a Colombia entre el 8 y el 10 de junio en el marco del Paro Nacional. En el documento, el mecanismo hizo 41 recomendaciones al Estado colombiano para evitar futuras violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos que participan en las protestas sociales.

Como parte del seguimiento que la CIDH le hace al país para evaluar si ha cumplido con la implementación de lo recomendado, este 26 de octubre se realizó una audiencia en la que las organizaciones civiles denunciaron que el Estado no ha acatado lo dicho por el organismo internacional.

Más de 20 organizaciones presentaron cifras sobre la situación del país tras la visita de la CIDH y pidieron la instalación de un mecanismo de seguimiento de las recomendaciones que la Comisión le hizo al Estado.

Luis Carlos Montenegro, de la campaña ‘defender la libertad, asunto de todas’, aseguró que, “luego de la visita de la CIDH, más de cuatro misiones internacionales han dado cuenta de la gravedad y continuidad de las violaciones a los derechos humanos en entornos de protestas sociales y así es como entre el 28 de abril al 28 de septiembre, se han presentado cuando menos 7.394 violaciones a derechos humanos”.

De hecho, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia señaló que las recomendaciones que hizo la CIDH son valiosas para el país y mostró nuevamente la preocupación del exceso de la fuerza por parte de las autoridades en medio de las protestas.

“Nuestra oficina considera útil que la fuerza de seguridad y los órganos del Estado revisen los protocolos y procedimiento del uso de la fuerza y dispersión en el marco de las protestas y su efectivo cumplimiento para asegurar que no se repita el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza incluyendo el uso de armas no letales”, señaló la comisionada de la ONU, Juliette de Rivero.

Por su parte, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que trabaja en defensa de derechos humanos en el país, señaló que el mecanismo de seguimiento es prioritario y pidió visitas periódicas de esa comisión al país y que se impulsen reuniones con el Estado.

Por parte del Gobierno, el viceministro encargado de asuntos multilaterales, Carlos Morales, expresó su desacuerdo con el establecimiento del mecanismo de seguimiento.

“En el contexto de la protesta social, un mecanismo especial de seguimiento no resulta un método pertinente para el Estado para seguir profundizando una relación de cooperación para ahondar aún más en el trabajo que ya realiza el país en términos de prevención de violaciones de derechos humanos en estos contextos de reuniones o manifestaciones pacíficas”, sostuvo.

Además, dijo que el Estado colombiano sí está teniendo en cuenta las recomendaciones de la CIDH. “Prueba de ello son los ejercicios de diálogo adelantados desde el Ministerio del Interior con distintos actores de las manifestaciones, así como la promoción de espacios de escucha que han permitido llegar a numerosos acuerdos, como la protección de grupos en situación de vulnerabilidad”, señaló Morales.

Cabe resaltar que, entre las recomendaciones que hizo la CIDH está el promover el estándar interamericano según el cual los funcionarios públicos tienen el deber de abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen o inciten a la violencia contra las personas que participan de las manifestaciones y protestas.

También le pidió al Estado crear una ley estatutaria que regule los alcances y limitaciones del derecho a la protesta en Colombia, de acuerdo con lo dictado por la Corte Suprema y en conformidad a los estándares internacionales en la materia.

26 de Octubre de 2021

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Desplazamiento forzado por el conflicto armado en Colombia. Foto: Alcaldía Santander

La Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) afirmó que la crisis de seguridad en el país se debe a la expansión e incremento de los grupos armados ilegales

 

Durante los nueve primeros meses de 2021 se registró el desplazamiento forzado de más de 60.700 personas en Colombia, una cifra que triplica los datos recogidos durante todo 2020, según alertó este martes 26 de octubre la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA).

Así lo evidencia el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas en Colombia titulado ‘Impacto y Tendencias Humanitarias entre enero y septiembre de 2021′, en el que advierte que el principal determinante de esta grave situación de seguridad en país se debe a la multiplicidad, incremento y expansión de los grupos armados ilegales.

“El nivel de respuesta complementaria de los socios humanitarios a la población afectada por desplazamientos masivos en 2021 ha sido del 41 %. En la mayoría de los casos se tiene respuesta con ayuda humanitaria inmediata (AHI) por parte de las administraciones locales y/o la Unidad para las Víctimas (UARIV). Sin embargo, quedan vacíos ya que en ocasiones no es suficiente o no se cubren todos los sectores con necesidades, especialmente en un contexto con más de 50.500 personas desplazadas en emergencias masivas, que no han podido retornan a sus lugares de origen”, advierte el informe.

A su vez, la OCHA indicó que en los últimos diez años, a excepción de 2013 y 2020, no se registraba un número tan alto de personas confinadas, debido a que entre enero y septiembre de 2021 se ha documentado que al menos 50.900 personas han sido forzadas a confinarse por el accionar y presencia de los grupos armados ilegales que hace presencia en los territorios.

Dentro de las zonas del país más afectadas por esta grave situación de seguridad se encuentran la región del Pacífico, en la que confluyen varios factores de riesgo como el recrudecimiento de la violencia y el conflicto armado en los territorios, así como el incremento de la migración ilegal, que han ocasionado una crisis humanitaria en varios municipios del Chocó, Nariño, Cauca y Valle del Cauca.

“Cabe resaltar que, la multiplicidad de emergencias ha desbordado la capacidad de respuesta de las administraciones locales, e inclusive algunas personas desplazadas optan por retornan a sus lugares de origen sin tener las garantías de seguridad para un retorno. Por esta razón las personas sufren nuevamente hechos victimizantes en un corto periodo de tiempo”, indica la oficina de la ONU.

A su vez, el informe alerta sobre el deterioro de la situación de seguridad en los departamentos de Córdoba, Bolívar y Sucre, debido a la reciente presencia e influencia de varios grupos armados organizados que han realizado varias amenazas en contra de la población con el propósito de imponer su control social en estas localidades.

En ese sentido, la OCHA indicó que la Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta temprana de inminencia en el Amazonas, que evidencia el alto riesgo al que están expuestas las comunidades indígenas de La Pedrera por las recientes amenazas de reclutamiento y uso de menores por las disidencias de la desmovilizada guerrilla de las FARC que hace presencia en este territorio.

“Por otra parte, se evidenció que las principales preocupaciones de los migrantes y comunidades de acogida en la frontera con Panamá giran en torno al acceso a agua segura, condiciones de seguridad durante el trayecto por la selva del Darién, atención en salud, alimentación, acceso a otros bienes y servicios a precios más bajos y formas para poder realizar el tránsito hasta sus lugares de destino (EE.UU.) en menor tiempo y de forma digna”, concluyó el informe.

26 de Octubre de 2021

Publicado enColombia