Milicianos de Hezbollah disparan contra grupos armados cristianos en Beirut.. Imagen: AFP

La manifestación fue convocada por el movimientos chiíta Hezbollah y sus aliados de Amal

Los enfrentamientos cerca del Palacio de Justicia de la capital libanesa incluyeron francotiradores y el uso de pistolas, fusiles Kalashnikovs y lanzadoras de granadas. Ya hay nueve detenidos, entre ellos un ciudadano sirio.

15 de octubre de 2021

Al menos seis personas murieron y unas 30 resultaron heridas en Beirut por tiroteos registrados durante una protesta de los movimientos chiitas Hezbollah y sus aliados Amal contra el juez que investiga la explosión en el puerto de la capital libanesaen agosto de 2020. Disparos incesantes y explosiones resonaron cerca del Palacio de Justicia, ante el que se habían reunido centenares de manifestantes, vestidos de negro, algunos de ellos armados. Los enfrentamientos incluyeron francotiradores y el uso de pistolas, fusiles Kalashnikovs y lanzadoras de granadas. Las escenas vividas el jueves, por las que ya hay nueve detenidos, entre ellos un ciudadano sirio, provocaron el miedo a una nueva oleada de violencia sectaria en este país que fue escenario de una guerra civil (1975-1990).

Los detalles de una escena de guerra

Francotiradores apostados en los tejados del barrio capitalino de Tayoune atacaron a un grupo de manifestantes cuando se dirigían a una protesta convocada por Amal y Hezbollah frente al Palacio de Justicia. El ministro de Interior libanés, Bassam Mawlawi, confirmó posteriormente en conferencia de prensa que varias personas recibieron disparos "en la cabeza", lo que confirmaría la hipótesis de los francotiradores, mientras que a los disparos le sumó el lanzamiento de granadas propulsadas por cohetes en la misma zona.

Al ataque le siguieron varias horas de enfrentamientos entre hombres armados chiitas y otros de afiliación aún desconocida, con un saldo de al menos 30 muertos según el último balance de la Cruz Roja. Entre los fallecidos hay una mujer de 24 años que recibió una bala en la cabeza cuando estaba en su casa, dijo un doctor del hospital Sahel, al sur de Beirut.

En las redes sociales circulaban videos de estudiantes escondidos bajo sus pupitres o tirados al suelo en plena clase. "Me escondí con mi primo y mi tía en un espacio de dos metros cuadrados, entre dos habitaciones, por miedo a las balas perdidas", decía Bissan al Fakih, una vecina de la zona.

Temor al sectarismo

El área donde se registraron los disturbios, los peores en años, se ubica cerca de la división entre una zona chiita y otra cristiana que durante la guerra civil libanesa fue escenario de importantes batallas sectarias, lo cual eleva el temor a una posible repetición de aquel conflicto entre grupos religiosos.

En un comunicado conjunto, Hezbollah y Amal acusaron por el ataque a "grupos del (partido cristiano) de las Fuerzas Libanesas desplegados en los barrios y tejados aledaños". Se trata del segundo bloque cristiano del Parlamento libanés y una antigua milicia que operó durante el conflicto que ensangrentó al Líbano.

Sin embargo la formación de Samir Geagea, quien fue un importante comandante durante la contienda y estuvo encarcelado por su participación, negó categóricamente las acusaciones y pidió a las autoridades una "clara y explícita" adjudicación de responsabilidades por la violencia. Las Fuerzas Libanesas culpan por los disturbios a los esfuerzos de Hezbollah por apartar al juez Tarek Bitar de la investigación.

Implosión del gobierno y crisis en el país

Cientos de partidarios de Amal y Hezbollah se congregaron el jueves por la mañana en Beirut al grito de "Fuera Bitar" o "Está jugando con fuego", días después de que el juez de la causa citara a declarar a dos exministros de Amal sospechosos de negligencia en el caso de la explosión del puerto, ocurrida el cuatro de agosto de 2020 debido a cantidades de nitrato de amonio almacenadas de forma irregular. En esa tragedia murieron al menos 214 personas, hubo más de 6.000 heridos y numerosos edificios de la capital terminaron devastados.

Durante la protesta del jueves, los manifestantes quemaron retratos del juez y de la embajadora estadounidense en Líbano, Dorothy Shea. Estos cruentos enfrentamientos coinciden con la presencia en Beirut de la número tres del Departamento de Estado norteamericano, Victoria Nuland. 

Ali Toubi, un abogado que asistió a la movilización, aseguró que apoya a las familias de las víctimas de la explosión en su lucha por llevar ante la justicia a "todos los perpetradores", pero insistió en que el juez actúa de forma "selectiva" y carga contra "gente de un solo color y partido".

El primer ministro Nayib Mikati llamó a mantener la calma y a "no dejarse llevar a la sedición, sin importar el pretexto". Mikati mantuvo reuniones con el presidente de Líbano, Michel Aoun, y el presidente del Parlamento, Nabih Berri, para abordar la situación y pidió una reunión del Consejo de Seguridad libanés en las próximas horas.

Hezbollah y sus aliados chiitas entienden que el juez está politizando la investigación. El martes, el juez Bitar lanzó una orden de detención contra el diputado y exministro de Finanzas Ali Hassan Khalil, miembro de Amal. Acto seguido se vio obligado a suspender la investigación ya que dos exministros presentaron una denuncia contra él ante la justicia, que fue desestimada este jueves, por lo que el magistrado podrá seguir adelante con su trabajo. 

Este asunto está a punto de provocar una implosión del recién formado gobierno libanés, después de un año de bloqueo políticoLas autoridades locales, señaladas por negligencia criminal y abandono, se niegan a autorizar una investigación internacional y son acusadas por las familias de las víctimas y ONGs de obstaculizar a la justicia.

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Venezuela denunció en el Consejo de Seguridad de la ONU a gobiernos de Colombia y EEUU de preparar una agresión militar en su contra

11.10.21 - Venezuela denunció este lunes ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la estrategia combinada de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos para justificar una agresión militar contra el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro..


Refiere la Cancillería que en carta dirigida al presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, el embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, expuso las evidencias que prueban el propósito de generar un clima artificial de tensión militar por parte de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos para involucrar a Venezuela en un conflicto armado.

“El gobierno colombiano está convencido que con la ayuda de Estados Unidos puede exportar su guerra interna a la República Bolivariana de Venezuela y lograr tres objetivos simultáneamente: el primero, eximir su responsabilidad por el fracaso del proceso de paz; el segundo, impedir el trabajo electoral y pacífico de la oposición democrática en Colombia y; el tercero, el derrocamiento violento del gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela", reza la comunicación.

La misiva dirigida por Venezuela al Consejo de Seguridad denuncia además que "el peligro es creciente y los signos de desesperación en el gobierno colombiano son claros”.

Los señalamientos contra Venezuela y sus autoridades constitucionales se generan cuando el Gobierno y las oposiciones avanzan en el proceso de diálogo en México, el cual pretende pacificar a sectores extremistas.

Pese al reconocimiento por parte de los países garantes y de la misma ONU a Venezuela por su avance en el diálogo, el presidente colombiano haciendo uso de acciones injerencistas cuestiona la posibilidad de que sectores políticos en Caracas diriman sus diferencias mediante el consenso.

Por, Aporrea, martes 12 de octubre

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Un militante del grupo mapuche Coordinadora Arauco Malleco enciende una fogata durante la ocupación de las tierras de una empresa forestal en Traiguen, región de la Araucanía.Foto Afp

Santiago. El presidente Sebastián Piñera decretó ayer el estado de emergencia en cuatro de las siete provincias de la "macrozona sur" del país, que abarca las regiones del Biobío, la Araucanía y Los Ríos, donde tiene lugar el denominado "conflicto mapuche" con el Estado chileno por la recuperación de tierras ancestrales y la obtención de autonomía.

La decisión afecta a las provincias de Malleco, Cautín, Biobío y Arauco, que suman 52 mil kilómetros cuadrados, y se prolongará durante 15 días prorrogables e implica que "las fuerzas armadas podrán prestar apoyo logístico, tecnológico y de comunicaciones, así como de apoyo de vigilancia, patrullaje y transporte, a los procedimientos policiales que se desarrollen en la zona".

Piñera prácticamente admitió el desgobierno que prevalece cuando justificó que "este estado de excepción constitucional de emergencia es para enfrentar mejor el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, y en ningún caso se orienta contra un pueblo o grupo de ciudadanos pacíficos", sin mencionar las aspiraciones de los mapuches.

Según él, "la grave situación requiere que el Estado haga uso de medios, capacidades institucionales, mecanismos contemplados en la Constitución y las leyes para proteger a la población, resguardar el orden público y el estado de derecho, y asegurar el pleno goce de los derechos constitucionalmente reconocidos".

La decisión se da en un contexto de franco deterioro gubernamental en todo sentido, con casi 80 por ciento de rechazo y apenas 15 por ciento de aprobación, en medio de un paro de camioneros que presionaba por la intervención de los militares, al igual que los partidos oficialistas.

En la macrozona el orden público está fuera de control, las ocupaciones de predios y las violentas acciones de reivindicación mapuche (ataques armados, quema de camiones, maquinaria forestal y agrícola, incendios en haciendas forestales y agrícolas, corte de carreteras y caminos, etcétera) ocurren a diario; las policías y las autoridades políticas han sido rebasadas y carecen de capacidad para garantizar el estado de derecho, ampliamente vulnerado.

Al mismo tiempo, Piñera enfrenta una investigación judicial, imputado por potenciales delitos tributarios, cohecho y soborno relacionados con negocios familiares en paraísos fiscales –la venta de 33 por ciento de acciones de un proyecto minero, durante su primer gobierno (2010-14), condicionada a no declarar protegida la zona donde estaría la minera–, incurriendo en sus recurrentes conflictos de intereses, mezclando negocios y política.

Relacionado con lo anterior, el gobernante enfrentará desde esta semana una acusación constitucional en la Cámara de Diputados, impulsada por la oposición, que podría significar su suspensión en el cargo y posteriormente, tras su paso por el Senado, la destitución.

Todo lo anterior, en un contexto de elecciones presidenciales y legislativas a realizarse el 21 de noviembre, donde el candidato oficialista, un ex ministro de Piñera, se ubica en cuarto lugar con apenas 10 por ciento de la intención de voto.

No es la primera vez que el gobierno avanza hacia la militarización del conflicto. En febrero pasado anunció que el ejército se sumaría al patrullaje conjunto, que haría coordinación estratégica con las policías y que dispondrían de puestos de mando conjuntos, sin ningún resultado práctico en cuanto a desescalar la violencia. La diferencia ahora está en el decreto del estado de excepción, en virtud del cual se pueden restringir las libertades de movilización y reunión, junto a la designación de jefes de la defensa nacional que asumen el mando de las fuerzas armadas y de orden.

En el Biobío, la Araucanía y Los Ríos se suceden acciones de resistencia indígena desde hace dos décadas, las cuales aumentaron de manera exponencial en los últimos años en busca, sobre todo, de expulsar a las grandes empresas forestales que controlan 4 millones de hectáreas, cuyos bosques nativos fueron arrasados y remplazados por plantaciones de pino y eucalipto.

Los territorios mapuches, desconociendo Chile pactos de coexistencia pacífica suscritos en 1825, fueron invadidos a mediados del siglo XIX por tropas militares que asesinaron sin piedad y se apoderaron de las tierras. Éstas fueron entregadas a principios del siglo XX a colonos europeos que formaron latifundios y que tras el golpe militar de 1973 pasaron a propiedad de conglomerados forestales que las explotan a destajo.

Los mapuches son más de 2 millones, alrededor de 12.7 por ciento de la población del país. Pese a ello, no son reconocidos como pueblo originario –al igual que ninguno de los otros 10 existentes en el país–, sino como etnia; tampoco la educación ha sido sobre la base de la interculturalidad, lo cual ha derivado en racismo y exclusión.

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La ONU condena el asesinato de dos adolescentes venezolanos en Colombia

Eran migrantes y fueron baleados después de haber sido señalados de robar en un almacén

Jaime Marthey, defensor de pueblo del departamento Norte de Santander donde ocurrieron los homicidios, aseguró que los jóvenes fueron sorprendidos robando ropa en Tibú, una población fronteriza con Venezuela.

 

La ONU y autoridades colombianas investigan el asesinato de dos adolescentes venezolanos de 12 y 18 años, que fueron baleados luego de haber sido señalados de robar un almacén en una violenta región cocalera del noreste del país, según diversas fuentes divulgadas este lunes.

En videos y fotos difundidas en redes sociales, se ve a los adolescentes con aire afligido, las manos atadas hacia adelante con cinta adhesiva mientras una persona fuera de cámara los acusa de "ladroncitos".

"Lamentablemente son muchachos muy jovencitos, no queremos verlos mañana por allá tirados en alguna orilla de las carreteras", dice la voz anónima.

Los cuerpos de los adolescentes fueron encontrados más tarde en una zona rural, aparentemente baleados y con las manos todavía amarradas.

Un cartón con la palabra "ladrones" escrita a mano reposaba sobre el cuerpo del más pequeño, tirado bocabajo con una mochila roja.

Jaime Marthey, defensor de pueblo del departamento Norte de Santander donde ocurrieron los homicidios, aseguró que los jóvenes fueron sorprendidos robando ropa en Tibú, una población fronteriza con Venezuela.

Los comerciantes los ataron, pero luego "fueron arrebatados (...) por un grupo armado ilegal que se los llevó con un destino desconocido donde luego aparecieron muertos", agregó Marthey en entrevista con Blu Radio.

Según el defensor, los jóvenes eran migrantes que huyeron de la crisis económica de Venezuela.

El coronel de la policía, Carlos Martínez, responsabilizó a las disidencias de la exguerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016 y aseguró que se adelantan pesquisas para esclarecer el crimen.

La oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia rechazó el homicidio del menor de 12 años y pidió a las autoridades "investigar estos hechos".

El convulso municipio de Tibú concentra la mayor cantidad de narcocultivos de Colombia con más de 19.000 hectáreas sembradas de hoja de coca, según la ONU.

Disidentes de la otrora guerrilla de las FARC, rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y narcos de origen paramilitar se disputan el territorio a sangre y fuego para controlar el negocio de la coca.

Organizaciones no gubernamentales como la internacional Human Rights Watch han denunciado que miles de migrantes venezolanos llegan a la región por el precario control de los pasos fronterizos y terminan atrapados en el conflicto armado colombiano.

12 de octubre de 2021

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Martes, 12 Octubre 2021 06:08

Visión de los vencidos

Pintura que recrea el encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma.

Poco tiempo después de la caída de Tenochtitlan a manos de Hernán Cortés, varios poetas nahuas supervivientes de la masacre dejaron constancia del trauma sufrido en unas elegías o cantos tristes: "En los caminos yacen dardos rotos, / los cabellos están esparcidos. / Destechadas están las casas, / enrojecidos tienen los muros. / Gusanos pululan por calles y plazas, y en las paredes están salpicados los sesos. / Rojas están las aguas, están como teñidas / y cuando las bebimos, / es como si bebiéramos agua de salitre". El historiador mexicano Miguel León-Portilla compiló a mediados del siglo pasado esos cantares y otros testimonios de los escribanos de la cultura náhuatl donde se refleja la imagen que los pueblos mesoamericanos se hicieron de los conquistadores. Visión de los vencidos (1959) ofrecía por primera vez una versión coral de los indígenas sobre la Conquista, hasta entonces relatada por los vencedores bajo el prodigioso rótulo del "Descubrimiento de América".

La Conquista supuso una tragedia para los pueblos originarios de América. Un etnocidio que redujo sensiblemente la población del continente (un 90% en apenas un siglo). Las matanzas, las enfermedades provenientes de Europa y la explotación diezmaron a los indígenas. El mal llamado "encuentro de dos mundos" no fue sino una violentísima embestida bendecida por la cruz evangelizadora de la Cristiandad. No es extraño pues que los recientes exabruptos de algunos dirigentes de la derecha española levanten ampollas al otro lado del Charco. Isabel Díaz Ayuso, Pablo Casado, José María Aznar y Toni Cantó, entre otros, han enarbolado la bandera de esta renovada cruzada cultural con declaraciones y argumentos que sonrojan tanto como hieren, y suponen un calculado preludio de una nueva celebración del Día de la Hispanidad, ese hito solo comparable con la romanización, en palabras del actual líder del PP. Si el indigenismo es hoy el nuevo comunismo (Ayuso) y ayer pura barbarie (Cantó), el relato ya no necesita mucha más letra. Si acaso, una colleja al papa Francisco por haber pedido perdón por "las acciones u omisiones que no contribuyeron a la evangelización". Y como colofón, una mofa de Aznar sobre el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por tener un nombre tan hispánico y tan poco indígena.

Cada vez que los ultraconservadores españoles sacan a relucir las supuestas bondades de la hispanidad, el eco de su rugido remueve conciencias en América Latina. Julio Hernández López, reputado columnista mexicano, les replicaba así en el diario La Jornada: "Las posturas de Aznar y Díaz Ayuso tratan de apuntalar la versión imperial hispana y advertir que el indigenismo-comunismo amenaza no a Estados Unidos sino a España. De nuevo, estos encomenderos rezagados ven a los indios como masa enajenada, manipulable, incapaz de pensar y diseñar su propio futuro".

Bautizado a principios del siglo XX como Día de la Raza, el Doce de Octubre se ha resignificado con el paso del tiempo. En Argentina se celebra el Día del Respeto por la Diversidad Cultural; en Venezuela y Nicaragua, el Día de la Resistencia Indígena; en Bolivia, el Día de la Descolonización; en Ecuador, el Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad; en Perú, el Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural; en Costa Rica, el Día de las Culturas... La hispanidad no aparece por ningún lado. Son numerosas las voces latinoamericanas que repudian la celebración de una fecha tan infausta para la región. De México a Argentina, de la exigencia de un perdón de López Obrador a la retirada de la estatua de Colón de Cristina Kirchner.

El legado del idioma español como eje vertebrador de los distintos pueblos de América Latina se ha erigido como principal argumento de los efectos positivos de la colonización. Elías Canetti refutó esa tesis en La provincia del hombre al referirse al imperio romano y la invasión de las Galias: "No hay ningún historiador que, por lo menos, no ponga en la cuenta de César como mérito, esto: que los franceses de hoy hablen francés. ¡Como si, de no haber matado César a un millón de ellos, hubieran sido mudos!".

¿Encuentro o sometimiento?

El "encuentro" del que hablan los revisionistas ultraconservadores no fue otra cosa que un sometimiento de los indígenas. A las primeras matanzas le siguieron la evangelización obligatoria (bajo la lectura del endiablado Requerimiento), la violación sistemática de las mujeres, la imposición del trabajo forzado (la mita, el catequil), las torturas, las humillaciones… y una avalancha de epidemias. De ese "encuentro" fluyeron al Viejo Mundo cientos de toneladas de oro y plata en tan solo un siglo, un expolio que contribuyó a poner los cimientos del capitalismo en Europa, "chorreando sangre y lodo por todos los poros, de la cabeza hasta los pies", como apuntó Marx.

En El encubrimiento del Otro, el filósofo Enrique Dussel diseccionaba el verdadero espíritu de la "Conquista": "Es un proceso militar, práctico, violento, que incluye dialécticamente al Otro como ‘lo Mismo’. El Otro, en su distinción, es negado como Otro y es obligado, subsumido, alienado a incorporarse a la Totalidad dominadora como cosa, como instrumento, como oprimido, como ‘encomendado’, como ‘asalariado’ (en futuras haciendas), o como africano esclavo (en los ingenios de azúcar u otros productos tropicales)".

Esa "historia común" que pregonan los paladines de la hispanidad fue en realidad un lento proceso de colonización de la vida cotidiana de los indígenas. La fase violenta y guerrera dio paso a otra forma de alienación que Dussel identifica con una "praxis erótica, pedagógica, cultural, política, económica". Se trató, en definitiva, de la imposición de un nuevo modo de vida que anuló al Otro: "Sobre el efecto de aquella ‘colonización’ (…) se construirá la América Latina posterior: una raza mestiza, una cultura sincrética, híbrida, un Estado colonial, una economía capitalista (primero mercantilista y después industrial) dependiente y periférica desde su inicio, desde el origen de la Modernidad". Esa nueva realidad sincrética, y asimétrica, alumbrará un sujeto de raza mestiza que de ninguna manera es fruto de un proceso cultural de síntesis, se lamenta Dussel, sino el efecto de un trauma: "Es necesario tener memoria de la víctima inocente (la mujer india, el varón dominado, la cultura autóctona) para poder afirmar de manera liberadora al mestizo, a la nueva cultura latinoamericana".

Los cantos tristes por la sangrienta caída de Tenochtitlan en 1521 anticipan la interminable noche que se cierne sobre toda la región. Pasan los años y la crueldad continúa. Dos siglos y medio después, Túpac Amaru II desafía a la Corona al frente de un ejército de indios en el virreinato del Perú. Pagará cara su osadía. Antes de ser decapitado en la Plaza de Armas de Cuzco, sus captores lo han intentado descuartizar atado a las cinchas de cuatro caballos. Es el año 1781. El imperio español languidece. La sevicia de sus virreyes permanece intacta. Los pueblos originarios de América Latina fueron casi exterminados por la Corona española, esclavizados y perseguidos durante siglos, marginados y olvidados también por los caudillos criollos tras la independencia de la metrópoli. Su modo de vida, su cosmogonía, quedaron enterrados un 12 de octubre de 1492. Hoy son los más pobres entre los pobres. La última vez que se alzaron en armas para denunciar sus precarias condiciones de vida fue el 1 de enero de 1994 en Chiapas. Para que el mundo los viera, los zapatistas se taparon los rostros. Y entonaron de nuevo, con el lirismo de los poetas nahuas del siglo XVI, la visión de los vencidos.

11/10/2021

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Cuadro de castas s. XVIII - Mediateca INAH (México)

-Una característica de la colonización fue el "descubrimiento" del "otro distinto", de una alteridad que significó para el europeo construir una clasificación racial que opera hasta nuestros días

-Hoy las imposiciones coloniales se ejercen a través de tratados de libre comercio, obligaciones marcadas por la banca multilateral y restricciones en la movilidad de las personas a través de leyes de extranjería racistas

Este 12 de octubre nos acercamos a la celebración nacionalista, con fuerte olor franquista, que año tras año conmemora y enaltece, como un hecho heroico del Imperio Español, uno de los peores genocidios de la humanidad: el que se cometió contra la población aborigen de Abya Yala, hoy llamado América, y contra las personas Africanas forzadas a trabajar en las colonias europeas en el Nuevo Mundo. La población aborigen del continente fue arrasada en un 90% (más de 50 millones de muertes), y más de 11 millones de personas africanas fueron secuestradas y esclavizadas para trabajar en las plantaciones y los dominios de los colonizadores.

Cuando las comunidades indígenas y afro reivindican su derecho a que se reconozca lo que padecieron sus antepasados a manos de los invasores europeos en el siglo XV, y las consecuencias que ellas mismas sufren a causa de dicha invasión, las voces reaccionarias de la derecha y la extrema derecha españolas se erigen como auténticas negacionistas de las  atrocidades cometidas. Se niegan a reconocerlas, se niegan a pedir perdón, se niegan a reparar y su lucha se señala como el nuevo enemigo: el "indigenismo", acusándolas de "hispanofobia" y hasta de "racismo inverso".

A la vez, dichas voces afirman que la colonización es un hecho que ha quedado en el pasado e insisten en blanquearla descaradamente con términos como "descubrimiento", "encuentro", "intercambio", "hermanamiento" o,  tal como la llamó recientemente con "orgullo" el director de la Oficina del Español, Toni Cantó: una "liberación" de un "poder salvaje y caníbal".

Por qué la colonización no es cosa del pasado

La colonización no es un hecho del pasado, no es un suceso delimitado por el tiempo y no terminó con las independencias de las colonias en el siglo XIX, porque la invasión y la posterior colonización del continente que llamaron "América" produjo cambios tan profundos y estructurales a nivel cultural y social que hasta el día de hoy vivimos sus consecuencias.

La aniquilación de las culturas de los pueblos originarios en nombre de la evangelización, así como el expolio cultural cometido por los conquistadores, que supuso la pérdida del 60% del patrimonio tangible e intangible de la región (según cuenta Fernando Báez en El saqueo cultural de América Latina) es la primera gran consecuencia de la invasión europea que tendría repercusiones hasta nuestros días. Seis lenguas europeas reemplazaron más de mil idiomas indígenas y se intentaron anular los valores de identidad de las culturas locales para inducir la sumisión a la Iglesia católica y a los monarcas europeos.

Las consecuencias de esto podemos verlas de forma palpable: en todo el continente la población indígena no sólo es minoritaria frente a una mayoría mestiza cuya cultura es la occidental, sino que en muchos países esta población está condenada a vivir en resguardos, soportar que sus creencias y su pensamiento sean considerados "supercherías" y sufrir el racismo estructural impuesto.

La otra gran característica de este proceso de colonización, y que lo hace distinto a muchos anteriores y posteriores, es, en palabras del filósofo Enrique Dussel en su libro 1492, el "descubrimiento" del "otro distinto", de una alteridad que significó para el europeo reforzar su ideario de cultura superior, impuesta a los indígenas y negros a través del llamado Derecho natural europeo, y construir una clasificación racial que opera hasta nuestros días y que, por supuesto, coloca a los blancos europeos en lo alto de la pirámide social.

Así, a partir de la clasificación racial que surge en el siglo XVII, en plena colonización de América, el mundo occidental moderno determinó que hay humanos (los blancos europeos) y no-humanos (los indígenas, los negros, los gitanos, etc.) y que esta diferencia aprueba el uso de los segundos como mercancías o cosas por parte de los primeros.

Esta línea divisoria entre lo humano y lo no-humano, explicada por el pensador negro Franz Fannon, construyó un relato en occidente que pervive hasta nuestros días: el que afirma que por "derecho natural" los blancos tienen privilegios y los no blancos son seres inferiores, como los animales, que no merecen más consideración que estos. Esta separación, apoyada por la ciencia eugenésica que hablaba de razas superiores e inferiores, posibilitó durante los procesos colonizadores naturalizar el hecho de someter, esclavizar y asesinar a todos aquellos que no fueran blancos y europeos.

El extractivismo de la colonización moderna

La estratificación racial se mantiene, aunque el término "raza humana" haya desaparecido del vocabulario científico de occidente, y esto permite justificar que el Norte global saquee de forma permanente el Sur global por medio del extractivismo y el expolio de los recursos que se ejecuta a través de empresas multinacionales globalizadas, bajo la aprobación del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Greenpeace, en su informe Los nuevos conquistadores. Multinacionales españolas en América Latina. Impactos económicos, sociales y medioambientales, de 2009 , señala que las relaciones de dependencia del Sur con respecto al Norte y el endeudamiento de los países de América latina con el FMI posibilitaron la entrada masiva de las multinacionales en los años 70s y su posterior expansión.

En la actualidad las multinacionales controlan la friolera del 85% de la inversión extranjera directa mundial, y más del 60% del comercio, con lo cual son las que ponen, con el beneplácito de los gobiernos que las representan, las condiciones de compra y venta de materias primas y manufacturadas, condiciones que favorecen la explotación humana y el expolio de los recursos naturales del planeta en detrimento de la vida, la salud, el acceso a derechos básicos para la mayor parte de la población mundial.

El abandono estatal, la corrupción y los conflictos internos de los países del sur, sumados al expolio sistemático de los recursos por parte de las multinacionales del norte (que opera con el aval de sus gobiernos y se garantiza con intervenciones militares), dibujan en el Sur un escenario de neocolonización en el que las imposiciones coloniales se ejercen a través de tratados de libre comercio, de obligaciones marcadas por la banca multilateral y de restricciones en la movilidad de las personas a través de leyes de extranjería racistas.

LA COLONIZACIÓN Y EL ORIGEN DE LAS MIGRACIONES

Frente a este panorama de miseria, de expolio de recursos, de desigualdad social "naturalizada", la única opción, ya no para vivir de manera digna sino para sobrevivir, es migrar hacia el norte global con todo lo que ello implica: inexistencia de rutas migratorias seguras para personas procedentes del sur, fronteras físicas infranqueables que ponen en riesgo la vida de los migrantes, leyes de extranjería que promueven la explotación de los cuerpos migrantes, asedio y persecución de las personas migrantes en condición irregular, etc.

Estas condiciones de desigualdad del Sur con respecto al Norte global, que nacieron en el siglo XV y perviven hasta hoy, demuestran que la colonización no es una cuestión del pasado y que lo que ha ocurrido es que los mecanismos de dominación colonial simplemente se han adaptado a las lógicas globales del capitalismo actual.

Así que, por mucho que la exalten y la blanqueen, la colonización no se celebra: se pide perdón y se repara.

Sandra Yáñez es comunicadora social, Investigadora, activista migrante, feminista y antirracista. Miembro de Poder Migrante, una red de activistas y colectivos que trabaja por los derechos de las personas migrantes y crea conciencia contra el racismo estructural, discursos xenófobos y políticas que criminalizan.

12 octubre, 2021  

Sandra Yáñez / Poder Migrante

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Mezquita en la zona de Sayed-Abad en Kunduz. — STRINGER / reuters

La explosión tuvo lugar en una mezquita en la zona de Sayed-Abad en Kunduz, en la cual cientos de personas se encontraban reunidas por los rezos del viernes.

 

Un atentado suicida contra una mezquita chií provocó este viernes la muerte de al menos ochenta personas y dejó unos cien heridos en el norte de Afganistán, un ataque que no ha sido reivindicado pero que es similar a otros del grupo yihadista Estado Islámico (EI), contra el que los talibanes han lanzado una operación masiva en el país, al considerarlos su principal amenaza.

Se trata de uno de los atentados más sangrientos desde que los talibanes tomaron el control de Kabul el pasado 15 de agosto, después del ataque suicida reivindicado por el EI que el 26 de ese mes golpeó el aeropuerto de la capital, dejando unos 170 muertos.

80 muertos y unos 100 heridos

El atentado suicida de este viernes tuvo lugar en una concurrida mezquita durante la hora del rezo colectivo situada en la zona de Sayed-Abad en Kunduz, capital de la provincia homónima. "Una fuerte explosión tuvo lugar en la mezquita Sayed-Abad, en la que ochenta personas de la comunidad chií que acudieron a los rezos han muerto y unas cien más han resultado heridas", dijo Ghulam Rabani Rabani, un antiguo miembro del consejo provincial de Kunduz.

Nazir Naeemi, un ciudadano que se encontraba en el lugar del atentado, afirmó a Efe que "parece que unas cien personas han muerto y cerca de doscientas han resultado heridas", aunque el número todavía es confuso a falta de una cifra oficial de las autoridades.

Un residente de Kunduz, Sayedullah Kamran, relató que se encontraba cerca cuando escuchó la explosión y vio "gente corriendo fuera de la mezquita, algunos heridos y cubiertos en sangre. Después de unos minutos, nos apresuramos al interior para ayudar. El suelo estaba cubierto de cadáveres y heridos", recordó. El joven de 25 años contó unos 50 cuerpos, pero "dejé de contar por las prisas, creo que hay unos noventa o cien heridos".

Vídeos de la mezquita tras la explosión muestran decenas de cuerpos cubiertos de sangre con miembros amputados y tendidos en el suelo, entre escombros y los gritos de angustia de las personas que se afanaban por prestar ayuda.

Un vecino del lugar, Sayed Naeem Musavi, perdió a decenas de sus familiares en la explosión cometida por un "atacante suicida". "La explosión fue muy fuerte. Solo de nuestra localidad perdimos a entre 80 y 90 personas, algunos familiares cercanos y amigos, como tíos, primos y sobrinas, pero el número real es mayor que este y va en aumento", explicó.

Musavi criticó que cuando llegaron los talibanes al poder les desarmaron y no colocaron a nadie para que protegiera la mezquita, y además tras el atentado de este viernes tardaron unos 30 minutos en llegar. "Los bomberos (...) todavía están limpiando la sangre de la mezquita. La gente ha recogido tres bolsas con partes de cuerpos", relató.

Falta de confirmación oficial

Los talibanes han confirmado la explosión pero por el momento no han aportado datos oficiales de víctimas. "Ha habido una fuerte explosión en la provincia de Kunduz que causó muchas bajas, no conocemos la cifra exacta de víctimas en este momento", dijo un miembro de la Comisión de Cultura de los fundamentalistas, Jawad Sargar.

Otro líder talibán, que pidió el anonimato, afirmó que la formación sospecha que el Estado Islámico podría encontrarse detrás de este ataque. "De momento el área ha sido acordonada por nuestras fuerzas y una investigación está en marcha", dijo. Hasta ahora, ningún grupo u organización armada ha reivindicado el ataque.

Sin embargo, la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) remarcó que el grupo yihadista Estado Islámico ha reivindicado recientemente varios atentados similares, el último el pasado domingo cerca de la entrada de una mezquita en Kabul durante la ceremonia fúnebre por la muerte de la madre del principal portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid.

El Estado Islámico de Khorasán, la rama afgana del EI, se ha ensañado además en el pasado con la minoría chií, especialmente contra la población hazara, a los que considera apóstatas.

Operación contra el EI

Las recientes acciones del EI, desde la retirada final de las tropas de Estados Unidos de Afganistán poco antes de la medianoche del pasado 31 de agosto, han provocado que los talibanes lancen una serie de operaciones masivas contra el grupo yihadista, para acabar con la que consideran la principal amenaza contra su Gobierno.

"Continúan las operaciones de nuestras fuerzas especiales y de los servicios de inteligencia contra el Daesh (acrónimo del EI en árabe). Esperamos poder erradicarlos pronto y eliminar esta sedición del país", dijo el portavoz talibán Bilal Karimi.

Las operaciones tienen lugar en al menos cuatro de las 34 provincias afganas: en Kabul, en las orientales Kunar y Nangarhar, y en la norteña Parwan, donde los yihadistas tienen una mayor presencia y han reivindicado varios ataques contra los talibanes.

kabul

08/10/2021 16:45 Actualizado: 08/10/2021 18:01

EFE

Publicado enInternacional
La sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos. Colombia: Genocidio continuado

A mediados de junio pasado finalizó el proceso de sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos en su cuarenta octava sesión, con Colombia como país valorado. Su conclusión es que acá existe un proceso sistemático de violencia y permanente violación de los derechos humanos que concreta un genocidio político continuado. Su fallo resume un proceso de violencia histórica con profundas consecuencias de todo tipo para su población.

No toda soledad, como en Macondo, ni toda impunidad, como es tan frecuente por estos días en variedad de sociedades, pervive. Grupos humanos, revestidos de dignidad y profundo sentido humanista actúan para correr velos y sentar precedentes que conmuevan la conciencia de millones de personas, las ofendidas con la violación de sus derechos humanos, pero también otros muchos y muchas que son testigos de ello, con o sin conciencia de lo que ocurre a su alrededor.

Así, ante la ausencia de espacios expeditos nacionales e internacionales para atender realidades de violencia y ruptura de los derechos humanos, así como la fragilidad de un marco jurídico que de cuenta cabal de realidades violentas de alta complejidad, ha tomado forma el TPP (Ver recuadro “¿Qué es el TPP?), un espacio de la sociedad civil constituido para valorar y emitir juicios sobre la violación de los derechos humanos. De acuerdo a su filosofía, el Tribunal responde al llamado de organizaciones sociales y políticas, así como personas, de uno y otro país, para acudir a los mismos, escuchar sus denuncias, valorar la documentación aportada y emitir juicio.

El TPP fue fundado en 1979, y se siente heredero del Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra que tomó forma en 1966 bajo el impulso de destacados humanistas, intelectuales y filósofos, entre ellos Bertrand Russel y Jean Paul Sartre. Su propósito: juzgar a los Estados Unidos por sus innumerables y crueles crímenes cometidos en Vietnam. Como imperio ninguna Corte internacional los sindicaría ni juzgaría, pero una parte de la sociedad sí podía proceder y de esa manera conmover la conciencia de la sociedad global. La impunidad no podía estar asociada a la indiferencia.

Como heredero de aquel Tribunal, el TPP no es un tribunal judicial, ni pretende serlo, ni tiene carácter vinculante para el Estado en cuestión, su misión es, en tanto los poderes dominantes a nivel local y global no reparan en métodos ni formas para violentar de distinta manera los derechos humanos de numerosas poblaciones, y en tanto las normas internacionales aún no garantizan justicia plena, su misión es, como el referido Tribunal que juzgó a los Estados Unidos, sentar antecedentes humanistas, evidenciar ante sus sociedades el irrespeto de los derechos humanos a manos de sus gobernantes, y llenar las lagunas del Derecho que facilitan la prevalencia de la impunidad.

En el caso particular de Colombia, este Tribunal ha respondido en tres ocasiones a solicitudes de intervención de diferentes organizaciones sociales y políticas, así como personas, la primera vez entre 1989-1991 centrado en impunidad de los Crímenes de Lesa Humanidad, otra entre 2006-2008 enfocada en empresas transnacionales y la violación de los derechos humanos, y la recién realizada centrada en el Genocidio (Ver sección “Síntesis jurídica...”).

En esta ocasión el TPP respondió a una solicitud de intervención firmada por 209 organizaciones de distinto carácter y 179 personas y líderes sociales, solicitud ante la cual la Presidencia del TPP respondió el 15 de mayo de 2020 (Ver recuadro “Apertura”).

Para el desarrollo de su misión, el TPP constituyó un jurado que en esta ocasión estuvo integrado según puede verse en el recuadro (El Jurado).

Luego de recibir decenas de testimonios y sucesos documentados por variedad de organizaciones de distinto carácter, y deliberar por varias ciudades, la Sentencia que emite afirma que “Este Tribunal ha caracterizado el conjunto de hechos analizados durante el largo período histórico que ha sido objeto de esta sesión, como un genocidio continuado cometido contra una parte del grupo nacional colombiano. Por tanto, el exterminio de grupos específicos de carácter étnico, político o social se subsume en ese escenario global y sostenido en el tiempo del genocidio dirigido a transformar la realidad plural del grupo nacional, eliminando a quienes no deben tener cabida en el mismo, según la concepción de quienes han concebido, articulado y llevado a cabo el genocidio”. (Ver sección “Fallo”).

Fallo al que se llega luego de escuchar numerosos testimonios y revisar la documentación recibida. Testimonios como los relacionados a continuación:

 

Indígenas y afrodescendientes

Sin duda, la violencia contra estos pueblos viene desde la invasión y la Colonia. Sin lograr romper esa constante, continúan padeciendo masacres, desapariciones, desplazamientos, despojo de su tierra, para completar con una posterior discriminación étnica. Los principios de “Unidad, Tierra y Cultura” que los orienta en su histórica resistencia son irrespetados por los intereses de multinacionales extractivistas y agroforestales depredadoras.

En tiempo reciente el Centro Nacional de Memoria Histórica tiene documentados 423 casos de indígenas asesinados desde 1970. Por su parte la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) registra 70.314 hechos victimizantes: confinamientos, desplazamientos forzados, manifestaciones de racismo, discriminación y xenofobia por parte de agentes del Estado, asesinatos, intimidaciones, amenazas, hostigamientos por grupos legales e ilegales. Todo ello sin contar la gran cantidad que se queda en el olvido. Especial mención tienen las comunidades Barí despojadas de sus tierras iniciando la tercera década del siglo XX, para que pasaran a manos de las empresas petroleras Colombian Petroleum Company y South American Gulf Oil Company, despojo legalizado por la Ley 80 de 1931, y el cual estuvo acompañado de la instalación de alambradas electrificadas, uso de armas de fuego, quema de bohíos, violencia sexual contra niñas y mujeres y envenenamiento de comidas.

Violencia también padecida, por ejemplo, por el pueblo Embera Chamí que por la riqueza de su tierra en recursos naturales, su ubicación geoestratégica y por la decisión de las comunidades de vincularse en procesos electorales fueron convertidas en objetivo de los paramilitares desde 1980. Proceso violento en el que también están involucradas multinacionales extractivas y agroforestales.

Pueblo negro afrodescendiente

La violencia racial contra pueblos afrodescendientes ha tomado forma por medio de masacres, asesinatos, desapariciones y desplazamientos. Los registros señalan en la última década, que de los 1091 desplazamientos registrados en Colombia la mitad se concentran en la región del Pacífico. Sucesos para dar espacio a la entrada de empresas transnacionales que usurpan el territorio y destruyen el ambiente. Actos violentos precedidos de asesinatos, torturas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones y agresiones sexuales, lesiones físicas graves y amenazas.


Campesinos

Se presenta un claro exterminio de comunidades campesinas, en especial de aquellas que tienen un liderazgo y relación estrecha con la tierra y la naturaleza. El TPP recoge el testimonio de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), en particular su segunda época (años 80 en adelante), periodo en el que toma forma la Anuc Unidad y Reconstrucción (Anuc-UR), conformada en 1987 y con arraigo en el Nororiente del país y la región Caribe (Santander, Norte de Santander, Cesar, Magdalena y Bolívar). La Anuc-UR dejó testimonio ante el TPP de numerosas detenciones de sus dirigentes, desplazamientos forzados y, sobre todo, de masacres padecidas entre los años 1988 - 2005, con un saldo de 45 asesinatos entre sus dirigentes y líderes locales con amplio reconocimiento.

Testimonio también brindado por la Comunidad de Paz de San José de Apartado, que desde su conformación en 1997 fue sometida por el ejército nacional a bombardeos, concretados sobre 27 de las 32 veredas que integran el corregimiento de San José, paralelo a lo cual el paramilitarismo penetra el territorio y somete a las comunidades a intimidación constante para que lo abandonen, producto de lo cual queda un saldo de 300 víctimas, entre asesinatos, desapariciones forzadas y masacres.

El acoso es constante: entre 2006-2014 se concretaron numerosas intervenciones armadas de “destrucción de cultivos y fumigaciones” en terrenos donde no hay presencia de ningún cultivo ilegal, envenenando aguas y matando animales.

Casos similares se registran en Cajibio-Cauca: entre el 19 y el 26 de noviembre de 2000, prolongado incluso hasta enero de 2001, los paramilitares privaron de su libertad a pobladores a quienes señalaron de colaborar con la guerrilla, torturaron, asesinaron y obligaron a 300 familias a desplazarse en lo que se llamó “recorrido de la muerte”.

En Recetor y Chámeza-Casanare, asimismo, entre 2002 y 2003 la población de estos dos municipios fue víctima de operaciones contrainsurgentes que implicaron el confinamiento general y la violaciones masivas de los derechos humanos. En 6 meses se registraron 100 desapariciones forzadas, además de numerosas torturas, ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento de cerca de 3.000 personas. Según la Unidad de Víctimas, de los 1.820 habitantes de Chámeza, 1.693 fueron victimizados y de los 1.390 habitantes de Recetor, 1.264 fueron victimizados (el 91%). Toda esta represión brutal coincide con la instalación y desarrollo de empresas petroleras apoyadas por el Estado, en particular la multinacional británica British Petroleum Company que entra a operar el campo Cupiaga y Cusiana.

Las poblaciones campesinas del Carmen y San Vicente de Chucury en Santander, por su parte, entregan testimonio de la constante estigmatización sufrida a manos del ejército nacional. Para el aparato armado del Estado colombiano, en tanto allí cayó en operación militar el sacerdote guerrillero Camilo Torres, todos los campesinos residentes en esa región eran “subversivos”, catalogados como “enemigo interno”. En los años 80, reivindicando sus derechos, realizaron marchas y la respuesta no tardó: el ejército, en alianza con gremios adinerados conformaron estructuras paramilitares para asesinar campesinos, desplazarlos y despojarlos de sus tierras. A comienzos de los años 90 fueron documentados 300 asesinatos de campesinos a manos del ejército y de paramilitares. El 30 por ciento de la población fue obligada a desplazarse.

Movimiento social del Centro Oriente

Especial atención tiene la práctica generalizada de criminalización padecida por los movimientos sociales, como los ubicados en el centro oriente colombiano. El caso citado tipifica el operativo “Heroica”, cuando en el 2002 el ejército sacó de sus viviendas y trabajos a 2.000 pobladores de Saravena-Arauca y los llevó a un estadio, hasta seleccionar 90, quienes fueron amarrados y acusados de guerrilleros, el resto marcados con sellos. Posteriormente fueron absueltos por no hallar piso probatorio.

Las violaciones no corren solo a cargo de las fuerzas militares, también son parte de ello otros componentes del Estado, como su aparato judicial que judicializa de manera arbitraria sino ficticia, apoyada en omisiones procesales, montajes probatorios y otros exabruptos.

En el actual milenio en Arauca, Casanare y Meta más de 2.000 personas han sufrido detención y reclusión por largos periodos; cerca de otras 10.000 han padecido “retenciones administrativas” sin proceso judicial alguno y durante 2018 al menos 40 dirigentes sociales fueron encarcelados.

Un despliegue de violencia en el que el ejército es el perpetrador de asesinatos y amedrentamientos. Por ejemplo, el Coordinador Nacional Agrario (CNA) conformado en 1997 por varias organizaciones de base campesina: Asociación de Pequeños y Medianos Agricultores del Tolima –Asopema– y la Asociación Campesina del Centro del Valle del Cauca –Acaceva–, ha estado sometida a destrucción a través de control territorial, criminalización de sus integrantes y despojo de tierras. En 2007 el ejército asesina a Héctor Alirio Martínez, uno de los fundadores del CNA, junto con otros dos líderes sindicales. En marzo del año 2020 nuevamente otro líder de esta organización, Marco Rivadeneira, vocero de la Asociación Campesina de Puerto Asis fue asesinado. Otros 32 integrantes han sufrido igual suerte en los últimos años, todo ello tras la destrucción del tejido organizativo y de la cultura campesina.

En otros escenarios, departamentos orientales: Meta, Caquetá y Guaviare, se estigmatizó a los pobladores como violentos y hostiles, sometiéndolos, bajo esta estigmatización, a planes contrainsurgentes en el marco del Plan Colombia, el Plan Patriota y, a partir de 2006, el Plan de Consolidación Integral, que implicaron restricciones para circular, con exigencia de permisos para desplazarse, toques de queda, retenes, bloqueos de alimentos, empadronamientos forzados, allanamientos sin orden judicial, capturas masivas, torturas, ejecuciones extrajudiciales, y utilización por los militares de bienes particulares para acampar.

Violencia masiva con efectos devastadores. En los cinco cementerios de la zona se hallaron 2.300 cuerpos no identificados, de los cuales la misma Fiscalía reconoce 1.664 reportados como “dados de baja en combates”. Pero los ataques también se reportaron en el Putumayo, departamento en el que se registran, desde la segunda mitad del siglo XX, distintas fases de exterminio, cuando el ejército, a órdenes de las empresas petroleras, reprime.

Situación aún más agravada a partir de los años 80, con el sembrado y extensión del cultivo de coca, bajo cuya sombra incursionan los grupos paramilitares que persiguen también a simpatizantes de la guerrilla, sembrando terror y zozobra sobre la población en general.

Por su parte, al sur de Bolívar, con población minera, se extiende la represión estatal y paramilitar a partir de 1999, la cual queda sometida a bloqueo político, social y económico. Asimismo, en el Tolima, miles de familias huyeron desplazadas, muchos niños separados de sus familias y entregados a instituciones oficiales o abandonados en las calles. Incluso, creación de redes de espías para atrapar a quienes habían pertenecido a la resistencia campesina.

Sindicatos y organizaciones políticas

La Escuela Nacional Sindical informa que 3.162 sindicalistas fueron asesinados en el periodo 1986-2020, varios de ellos en acción comprobada entre paramilitares y militares con empresas, forma de actuar para impedir el reclamo laboral y el conflicto sindical, expresión, además, de una clara cultura antisindical que impera en el país, a la par de la extensión del discurso de enemigo interno que concibe a la población civil como insurgente.

Resalta en este particular, Sinaltrainal (Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario) que en 1993 contaba con 6.000 afiliados, y que tras una política de exterminio e intimidación en 2021 registra 3.728 afiliados.

El desangre no da tregua: 35 asesinatos o desapariciones de líderes, 12 atentados, 169 amenazas, 51 renuncias forzosas o despidos, 9 detenciones arbitrarias, 42 montajes judiciales, 1 caso de tortura y otro de secuestro. Han desaparecido 11 de sus seccionales. De esta violenta arremetida han sido parte empresas como Coca-Cola y Nestlé.

Unión Sindical Obrera –USO–. Deja constancia de 808 actos de violencia padecidos a partir de los años 80: 125 asesinatos, 24 secuestros, 7 desapariciones forzadas, 49 atentados, 102 detenciones arbitrarias, cerca de 400 amenazas y numerosos dirigentes forzados al exilio.

Central Unitaria de Trabajadores de Colombia –CUT–. Su documentación consigna asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, amenazas, persecuciones, estigmatizaciones, desplazamientos forzados, exilios, persecuciones por vías judicial, atentados contra las sedes sindicales, eliminación de organizaciones sindicales, pérdida de derechos laborales.


A nivel de organizaciones políticas, el primer caso referenciado se remonta a Jorge Eliécer Gaitán, muchos de cuyos seguidores fueron asesinados antes de él, provocando sus enérgicas denuncias. Los asesinatos continuaron con el propósito de aniquilar física e ideológicamente el movimiento gaitanista, con un saldo calculado de 300.000 asesinatos en el periodo 1948-1958, en acciones perpetradas por el ejército y paramilitares contratados y entrenados por el gobierno.

Persecución y muerte que no terminó allí. En tiempo más reciente, a partir del año 2002, con los gobiernos de Álvaro Uribe, se lleva a cabo un “memoricidio”, es decir, la destrucción del legado de Gaitán y del gaitanismo, todo ello propiciado desde la expedición del decreto 271 de 2004 que eliminó leyes, decretos y otras normas legales establecidas para honrar la memoria de Jorge Eliécer Gaitán.

En otro acápite, la Sentencia retoma el periodo comprendido entre los años 1984-1992, resaltando lo padecido por la organización A Luchar –Movimiento político y social que actuó buscando alternativas al bipartidismo y que agrupó a corrientes camilistas, trotskistas, maoístas, así como sectores sindicales, campesinos, estudiantiles, cívicos, étnicos y cristianos. Esta organización fue víctima de 254 asesinatos, 6 ejecuciones extrajudiciales, 80 desapariciones forzadas, 165 detenciones arbitrarias y 58 torturas.

También retoma el conocido exterminio contra la Unión Patriótica (UP). Según la Corporación Reiniciar entre 1984-2006 se cometieron 6.500 violaciones de derechos humanos en contra de sus militantes: 3.111 asesinatos, 131 judicializaciones infundadas, 508 desapariciones forzadas, 280 tentativas de asesinatos, entre otros actos violentos padecidos y en los que están implicados altos agentes militares y directivos del Estado colombiano. Para la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP, reconoce como práctica genocida lo ocurrido con la UP.

Con el M-19, tras los procesos de paz y desmovilización fueron asesinados y desaparecidos pobladores de lugares donde tenía presencia. Organizaciones sindicales, movimientos de acción comunitaria, familiares y amigos de militantes fueron incluidos en la categoría de “enemigo interno”, según lo estipulado por los manuales militares; de esa manera, intelectuales, simpatizantes de la izquierda, fueron apresados y llevados a instalaciones militares donde fueron torturados; otros fueron forzados al exilio.

Frente popular –Movimiento que surgió en 1985 en varias regiones del país–: desde su inicio comenzó a ser perseguido por fuerzas policiales, militares y paramilitares. Entre 1987 y 1989, fueron desaparecidos 64 de sus militantes y al menos 120 asesinados, entre éstos algunos diputados, concejales, estudiantes y activistas.

A su vez, con el movimiento UNO (Unidad Nacional de Oposición): padeció más de 1930 crímenes: 22 desapariciones, 107 asesinatos de militantes y 127 de articuladores sociales, además de exilios, desplazamientos forzados, “falsos positivos”, detenciones arbitrarias, montajes judiciales, torturas, lesiones y abusos sexuales, allanamientos, atentados y quema de viviendas, falta de garantías electorales, requisas y retenes arbitrarios, decomiso de documentos, amenazas, estigmatizaciones, ataques a sedes políticas.

Más recientemente, el caso de la organización social Marcha Patriótica (Mapa), que no ha escapado a esta violencia, y más visible desde el paro agrario de 2013, acusada de fachada de las Farc. En un video de formación militar, con fecha de 2014, señalan a la Mapa como “enemiga del Estado” y como “objetivo militar”. Es la misma época en la que los Rastrojos ofrecían 35 millones por muerte de Coordinador Regional o Departamental.

Firmantes de paz y líderes sociales

La muerte se extiende a quienes quieren la paz y la justicia. Entre el 13 de noviembre de 2016 hasta el 13 de febrero del presente año 272 son los excombatientes asesinados. Y desde entonces la cifra sigue en ascenso. Al mismo tiempo, la mira enfoca hacia el liderazgo social: en el periodo 2017-2019 el TPP tuvo conocimiento de 710 asesinatos, a los que deben sumarse otros 310 ocurridos el año pasado. Actos acaecidos, incluso, en zonas de sustitución de cultivos, en zonas, por ejemplo, donde los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial se están implementando. Es así como en el periodo señalado se registraron 444 asesinatos, cifra única en toda América Latina. Así mismo, se denunció la comisión de 50 tentativas de homicidio, 17 desapariciones forzadas, amenazas, estigmatizaciones, hechos que además fuerzan al desplazamiento individual y colectivo de quienes están en proceso de reinserción. También se denuncia que las mujeres excombatientes sufren una mayor estigmatización tras la versión difundida de que habrían sido “esclavas sexuales” de los comandantes guerrilleros, despojándolas así de su carácter de actoras políticas.

Estudiantes y activistas en general

En lo comprendido entre los años 1994-2019 el país registra hasta 1.815 víctimas de asesinato o desaparición de personas que ejercían un liderazgo notable en los territorios. En ese marco, la violencia en contra de activos universitarios es conocida de larga data. La represión, tortura, asesinato, violación hace parte de las aulas. La documentación allegada al Tribunal resalta la situación vivida en las universidades Industrial de Santander (UIS) y de Antioquía (U de A), en la primera, entre los años 1964-2006 fueron asesinados 24 integrantes de su movimiento estudiantil, y entre los años 1980-2003 otros 10 de sus activos fueron víctimas de desaparición forzada. Por su parte, en la segunda de ellas, 86 de sus activistas fueron violentados y 45 asesinados entre entre los años 1958-2018, 18 de ellos tras ser retenidos por efectivos oficiales, torturados y/o desaparecidos. 42 miembros de la comunidad universitaria, 30 de ellos estudiantes, han sido víctimas de desaparición forzada.

Resaltan sus testimonios que además de la violencia armada padecen un permanente ambiente de estigmatización, un constante señalamiento a la comunidad académica como “aspirantes a guerrilleros”. La represión estatal y la impunidad policial hacen parte de los principales fenómenos que ligan a los perpetradores.

Además de la impunidad judicial también persiste la persecución de dirigentes y lideresas. Entre el 2012 y 2019 se calculan 249 condenas y reclusiones de personas vinculadas con causas sociales, ambientales y en defensa de los derechos humanos. Entre el 2012 y julio de 2019 se registra un incremento de 244 por ciento de casos en que el derecho penal ha servido para criminalizar la defensa de los derechos humanos, práctica centrada en los departamentos que concentran títulos mineros y explotación petrolera, evidenciando una clara relación entre la defensa de los derechos humanos en luchas ambientales y el uso indebido del derecho penal.

Se entiende que la naturaleza y el territorio también son víctimas. Por el despojo y el desplazamiento, grandes empresas agroindustriales, ganaderas o extractivas se han beneficiado, concentrando más propiedad y dominando de manera amplia sobre el territorio, concretando un ecocidio.

Con mirada histórica

En perspectiva histórica, el TPP resalta la existencia de siete oleadas de violencia:

1812-1899. Es el primer siglo de vida independiente, atravesado por una polarización entre bolivarianos y santanderistas, centralistas y federalistas, esclavistas y abolicionistas, confesionales y seculares, evolucionando hacia los conflictos entre conservadores y liberales.
1899-1902. Aunque no difiere mucho de las guerras y confrontaciones del anterior ciclo, dados los niveles extremos de odio que convoca entre conservadores y liberales, manifestado ello en la “Guerra de los Mil Días”.
1918-1948. Continúa la polarización entre liberales y conservadores y para los indicadores de violencia del periódio anterior, la vida parece transcurrir en paz. Dentro del período hay subperíodos: 1925-1930: “pequeña violencia”, y 1928-1946: “Primera Violencia”, para distinguirla del periodo abierto en 1948 que sería simplemente “La Violencia”.
1946-1958. El cuarto oleaje comprende los años 1946 - 1958. Se inicia cuando el presidente Ospina Pérez se propone bloquear y perseguir al movimiento gaitanista (1946), coincidiendo con la creación de la Escuela de las Américas en Panamá (1946), la formación de la CIA (1947) y con el lanzamiento por parte de Estados Unidos de su agenda anticomunista en América Latina, alrededor de la IX Conferencia Panamericana, incluyendo el asesinato de Gaitán.
1960-1982. La quinta oleada va de 1960 a 1982. Los años 50 finalizaron con el ensayo de un régimen militar, el de Rojas Pinilla, que alarmó a la oligarquía pro-norteamericana por su tendencia a autonomizarse con una peligrosa inclinación a satisfacer algunas necesidades populares.
1982-2010. En esta sexta oleada la prosperidad económica del narcotráfico vierte ingresos nunca vistos en la sociedad colombiana, trastoca el poder de la oligarquía y afecta a todos los actores del conflicto. Un fenómeno favorecido por el modelo latifundista heredado de la Colonia y la consolidación de una oligarquía violenta.

En este periodo se vive una autonomización del narcotráfico y multiplicación como fortalecimiento del paramilitarismo, del crimen, de la corrupción gubernamental, a la par de ampliación de los acuerdos de cooperación antiterrorista con los Estados Unidos.

En medio de las acciones militares, abiertas o encubiertas, desplegadas desde el Estado, se llega a un proceso de genocidio continuado en que los muertos se cuentan en 400.000, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, y los desplazados en 8 millones. Es claro que el narcotráfico sirvió no sólo para derrotar a los enemigos del latifundismo y para la entrega de la soberanía del país, sino también para expandir como nunca los territorios de la élite latifundista, particularmente en el cultivo de la coca, la palma africana y otras plantaciones y en la expansión de la extracción minera, gracias a lo cual, esta oleada de violencia permitió el despojo de 6 millones de hectáreas a los campesinos.

2010-2021, es el periodo comprendido por la séptima oleada y en el que resalta la concreción de un Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, el cual termina bloqueado por los resultado de un plebiscito en el que la sociedad votó mayoritariamente en su contra, resultados ahondados por los posteriores incumplimientos, o lenta concreción, de lo acordado. El asesinato de cientos de los desmovilizados extiende la constante histórica de violencia en contra de todo tipo de opositores.

Una realidad ampliada al conjunto social en las jornadas de descontento social que tomaron cuerpo desde finales del mes de abril del año en curso, y en las cuales se registra decenas de asesinatos, lesionados, amputados en una de sus vistas, violaciones y agresiones sexuales de distinto tipo padecidas por jóvenes detenidas, miles de capturas, entre otras manifestaciones de un poder expresado de manera abierta en su real carácter.

Esta constante de violencia desplegada desde el Estado nos coloca ante un persistente sistema de genocidio, concretado con la intención de destruir total o parcialmente un grupo social desde la eliminación física y la utilización de otras técnicas.

Persistencia en la amenaza, agresión y exterminio, consolidada como comportamiento sistemático. El crimen es un genocidio continuado, materializado como un fenómeno histórico de larga duración, con actores cambiantes pero conjugados con propósitos estratégicos compartidos que deriva en intentos de largo aliento de destrucción de grupos nacionales. Como parte de ello, el discurso de la institucionalidad estatal y fuerzas militares fomentan una doctrina contrainsurgente con una lectura de enemigo que cubre al conjunto social que protesta. Englobar a la población civil en una estrategia contrainsurgente, con medidas de control y acción, tratándola como si estuviera involucrada con la lucha armada es parte de ello, lo justifica y lo propicia. Es un persistente proyecto de reorganización social, concretado a través del terror, a través de decenas de masacres y crímenes selectivos o no, parte de los cuales han sido asumidos por instancias internacionales las que, tras revisar las demandas judiciales, han proferido condenas en contra del Estado colombiano.

Los crímenes de lesa humanidad y de guerra, que se suman al genocidio continuado se concentran en dos fenómenos: en la estrategia de apropiación y control del territorio que implica el desplazamiento, el reclutamiento de menores, pérdida de identidad de las comunidades. Y la segunda mención incluye, incluso, el siniestro plan de los falsos positivos, justificado en la doctrina militar del enemigo interno que naturaliza las violaciones sistemáticas; así se fue arraigando una práctica de premios y estímulos para lograr bajas –de supuestos enemigos armados– como práctica recurrente, así lo registran las 50 órdenes del general Nicacio Martínez para exigir cuotas de muertes, como requisito para permanecer en el cargo. Una práctica degradante que segó la vida de muchos jóvenes presentados como combatientes y que tuvo su punto más álgido entre los años 2004-2008.

La realidad de una sociedad sometida a tal nivel de violencia, con fines claramente determinados, lleva al Tribunal a condenar a todos los presidentes que han regido al país desde 1946. Preocupa la impunidad, en la que se enfoca finalmente el Tribunal, calificada como una constante histórica, componente clave para la vulneración masiva y continuada de los derechos humanos en la que la persistente impunidad oscila entre el 98 y el 99 por ciento.

Con la sentencia emitida por el TPP, los acusados no tendrán castigo, los verdugos proseguirán impunes, pero somos testigos de la barbarie y nuestra misión es ser la persistente memoria que denuncia.

 


¿Qué es el TPP?

 

El TPP es un Tribunal Internacional de Opinión o de Conciencia, no un tribunal judicial ni pretende serlo ni dispone de medios para serlo. Tampoco fue creado mediante instrumentos jurídicos ni estatales ni por tratados internacionales, sino de manera privada. De acuerdo a su Estatuto, busca ser tribuna de visibilidad del derecho a la palabra y de afirmación de los derechos de los pueblos expuestos a violaciones graves y sistemáticas por parte de actores públicos o privados, nacionales o internacionales. También busca ser una herramienta para explicitar y determinar la existencia, gravedad, responsabilidad e impunidad de las violaciones cometidas, de las medidas de justicia y de la reparación debida. Así mismo: testigo y promotor de la investigación dirigida a llenar las lagunas institucionales y doctrinales del derecho internacional actual. Su única legitimidad es la que le reconocen quienes solicitan su actuación. Con todo, el artículo 17 de su Estatuto le ordena informar a los gobiernos, autoridades o grupos privados involucrados, sobre las acusaciones y peticiones que les conciernen y sobre la posibilidad de participar en cada etapa del procedimiento, presentado pruebas y ejerciendo la defensa.


Apertura

Un Comité Impulsor en Colombia preparó el evento de lanzamiento que tuvo lugar el 26 de enero de 2021 en el cual el Tribunal recibió la acusación formal de parte de los Fiscales: lxs juristas ÁNGELA MARÍA BUITRAGO e IVÁN VELÁSQUEZ y escuchó informes de otras personalidades. Entre el 25 y el 27 de marzo de 2021 se realizaron las audiencias públicas en Buca-ramanga, Bogotá y Medellín a las cuales acudieron delegados de numerosos movimientos y sectores sociales victimizados, quienes además de la prueba oral pusieron a disposición del Jurado una extensa y detallada documentación. El Tribunal notificó a las autoridades colombianas y las invitó a pronunciarse sobre la acusación, a lo cual no respondieron y el Tribunal escuchó una defensa de oficio del Estado.


 

La CIDH alerta sobre el aumento de desplazamientos forzados en Colombia

Entre enero y agosto más de 57 mil personas fueron desplazadas en el país.

Según la ACNUR el país tiene el número más alto de desplazados en el mundo superando los 8 millones de personas.

 

La cantidad de desplazamientos forzados en Colombia aumentó en un 135 por ciento en lo que va del año en comparación a 2020, según denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El organismo además recordó que Colombia tiene el número más alto de personas desplazadas internas en todo el mundo: un total de 8,3 millones de personas hasta fines de 2020. La comisión pidió al gobierno de Iván Duque aplicar medidas urgentes ante los desplazamientos forzado a raíz de las amenazas de grupos armados no estatales.

Desplazamiento forzado

Entre enero y agosto de 2021 la cantidad de colombianos y colombianas que tuvieron que desplazarse internamente aumentó en un 135 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2020 según la información de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) citada por la CIDH en un comunicado de prensa. “Las cifras indican que en este periodo más de 57.100 personas habrían sido desplazadas en 110 eventos de emergencias masivas, cuya causa principal fueron las amenazas directas por parte de grupos armados no estatales”, indicó la Comisión. Mientras que según las cifras de la Defensoría del Pueblo de Colombia durante el primer semestre del año se presentaron 102 eventos de desplazamiento masivo que llevaron a la movilización forzada de más de 44 mil personas en el país. Para la Defensoría el número de desplazamientos internos se duplicó en comparación a los registrados el año pasado.

La comisión también se refirió al Informe sobre Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) que ubica a Colombia como el país que más desplazados internos genera en todo el mundo. Hasta fines de 2020 registraron un total de 8,3 millones de personas desplazadas en el país.

Según la OCHA, la mayoría de los desplazamientos masivos tuvieron lugar en los municipios de Roberto Payán y Magüí (Nariño, donde el mes pasado ocurrió una masacre), Argelia (Cauca), Cáceres e Ituango (Antioquia) y Buenaventura (Valle del Cauca), entre otros departamentos. En Buenaventura, la Comisión se refirió a las denuncias de organizaciones de la sociedad civil que advirtieron que sólo entre enero y marzo de 2021 los desplazamientos afectaron a 3.625 personas. “En particular, indicaron que los hechos de violencia que habrían ocasionado el desplazamiento estarían vinculados al control territorial a fin de poder construir infraestructura portuarias y turísticas”, señaló la CIDH.

Líderes asesinados

El organismo también advirtió la preocupación de la sociedad civil por los desplazamientos en los municipios de Santa Rosa (Bolívar) y Litoral de San Juan en el departamento de Chocó, donde el mes pasado fue asesinado el gobernador y guardia indígena Efrén Antonio Bailarín Carupia. En este sentido la CIDH expresó su preocupación por el desplazamiento individual y familiar que “termina afectando a una mayor cantidad de personas que los desplazamientos masivos”.
“Esto es particularmente relevante en el caso de personas con liderazgo social que tuvieron que desplazarse de sus territorios por amenazas”, detalló la comisión en el comunicado. “Las personas con liderazgo social cuya función es reclamara territorios pertenecientes a familias y comunidades desplazadas, se enfrentan a diversos actos de violencia, incluyendo el asesinato de las mismas”, alertó.

"Escasos avances"

La CIDH reconoció los esfuerzos que se realizaron desde el Estado colombiano a través de medidas para fortalecer a la policía y su articulación con las fuerzas armadas. Sin embargo, la comisión también evidenció que de acuerdo a las organizaciones de la sociedad civil “la respuesta no sería adecuada atendiendo la dimensión del fenómeno”. En este sentido, el organismo advirtió que recibieron información sobre “los escasos avances en la implementación del Acuerdo de Paz, especialmente, en los componentes que procuran mitigar las causas estructurales de la violencia". “Las organizaciones denunciaron la expansión de grupos armados no estatales que amenazan y expulsan a la población local de sus territorios; la reducción de presupuesto para la atención de contingencias; la ausencia o insuficiencia de la asistencia a las víctimas”, indicó la comisión en su comunicado.

Además según a Defensoría, los colectivos más afectados son los que enfrentan una “situación de vulneración histórica y estructural, tales como las comunidades étnicas indígenas y afrodescendiente (en el 59 por ciento de los casos) y la población campesina. El impacto diferenciado del desplazamiento interno también se extiende a las mujeres. La comisión se refirió a la información destacada por la Corte Constitucional de Colombia, que indica los riesgos específicos basados en el género: riesgo de violencia, explotación o abuso sexual, así como el riesgo de reclutamiento forzado de hijos e hijas y los obstáculos para acceder a la propiedad de la tierra y en la protección de su patrimonio.

La CIDH urgió al Estado colombiano a cumplir sus obligaciones para prevenir el desplazamiento y garantizar los derechos de las personas afectadas. La comisión le recordó que para la Corte Interamericana de Derechos Humanos “la situación del desplazamiento se mantiene hasta que las personas puedan retornar a sus lugares de origen de manera voluntaria, digna y en condiciones de seguridad o que haya ocurrido su reasentamiento voluntario en otra parte del país”.

2 de octubre de 2021 - 00:58

 

Publicado enColombia
Familiars de detenidos se abrazan después del motín en la entrada a la cárcel de Guayaquil. . Imagen: AFP

La nueva masacre deja al descubierto la crisis penitenciaria que atraviesa el país

Más allá de los supuestos vínculos con el narcótrafico de las bandas enfrentadas, subyace el desmantelamiento de las políticas implementadas por el gobierno de Rafael Correa que habían logrado reducir los daños.

 

Un feroz enfrentamiento entre bandas por el control de una cárcel en Guayaquil dejó al menos 116 muertos, 80 heridos y el sistema penitenciario de todo el país en estado de excepción, según lo establecido por el presidente Guillermo Lasso. La masacre, producto de un enfrentamiento entre bandas criminales en el Centro de Privación de Libertad Nº 1 de Guayaquil, pone de manifiesto la crisis carcelaria que atraviesa el país desde hace al menos tres años. 

Más allá de los supuestos vínculos de estas bandas con poderosos carteles del narcotráfico subyace el desmantelamiento, primero bajo el mando de Lenin Moreno y ahora en la continuidad de Lasso, de políticas implementadas por el gobierno de Rafael Correa que habían logrado reducir los daños. "Si el Estado no tiene el control y la administración de las cárceles, definitivamente no hay Estado de derecho en Ecuador", asegura Jorge Vicente Paladines, profesor de la Universidad Central del Ecuador, en diálogo con Página/12.

Un imponente contingente militar llegó el miércoles a la Penitenciaría de Guayaquil, dando cuenta de que la situación estaba lejos de resolverse. El propio Lasso confirmó cerca de la noche del miércoles que había al menos 116 muertos y 80 heridos, y que todas las víctimas eran detenidos. Horas antes el flamante director del sistema carcelario de Ecuador (SNAI), Bolívar Garzón, calculó que habría más de 100 fallecidos y que, junto a la policía, las autoridades penitenciarias continuaban "entrando a los pabellones del conflicto y descubriendo más cadáveres".

El motín, según el SNAI, se originó en una pelea entre bandas por el control del penal, una situación que se viene repitiendo en los últimos tiempos. "Lo que está pasando en el Ecuador es que el Estado no tiene el control ni la administración penitenciaria. Las cárceles están en manos de organizaciones criminales", advierte en ese sentido Paladines. "Hay una masacre sistemática. Las cifras de personas asesinadas, descuartizadas, decapitadas en las cárceles ascienden bajo esos componentes que son claros signos del narcotráfico que los carteles mexicanos aprendieron de los grupos paramilitares y del narco colombiano", agrega el jurista. 

Una crisis sostenida en el tiempo

El incidente más grave hasta el momento se había dado en febrero de este año con un amotinamiento en cuatro cárceles a la vez, que dejó un saldo de 79 muertos. El pasado 22 de septiembre durante un registro en una cárcel de Guayaquil, la policía encontró tres armas de fuego, 150 municiones, una granada, 12 tacos de dinamita y más de 200 municiones de distinto calibre. "La Fiscalía de Ecuador debe investigar si ese armamento militar ingresa a los penales como consecuencia de haber corrompido a funcionarios del Estado", sostiene Paladines al respecto.

La crisis carcelaria en Ecuador viene por lo menos desde 2018, cuando empezaron a producirse asesinatos en el interior de los centros penitenciarios y también otros vinculados fuera de ellos. Mario Ramos, director del Centro Andino de Estudios Estratégicos (CENAE), asegura a este diario que antes de esta última masacre Ecuador ya tenía un índice per cápita de muertes muy alto sobre las cárceles de América latina. "Brasil tenía la punta pero es un país con un población mucho mayor. Ahora seguramente el Ecuador ya lleve la delantera", plantea Ramos, considerando que en lo que va del año ya son más de 200 los muertos en motines.

El desmantelamiento de las políticas del correísmo

Ecuador había desarrollado, bajo el gobierno de Correa, una política pública que intentaba atender los problemas urgentes en las cárceles. Con ese fin se creó el ministerio del Interior, que se dedicó a las cuestiones de seguridad y le dio conducción política a la policía. También se instaló el ministerio de Derechos Humanos, abocado a las cárceles, y se estaba creando una escuela de guías penitenciarios. "Todas estas cuestiones desaparecieron en el gobierno de Moreno. Todas esta políticas públicas que se llegaron a implementar no hay que verlas como de izquierda o derecha, eran cosas de sentido común", enfatiza Ramos.

Debido a la crisis penitenciaria, alimentada por la sobrepoblación, la corrupción, la insuficiencia de guardias y la violencia, los militares se dedican desde hace meses al control exterior de las cárceles. Paladines explica que "las cárceles están militarizadas y policializadas", pero la estrategia de la mano dura tuvo consecuencias adversas. "A más policías en las cárceles, a más militares en las cárceles, más violencia y esto va íntimamente de la mano de la cooperación militar con los Estados Unidos en nombre de la guerra contra las drogas", explica el criminólogo.

Las promesas de Lasso

Las cárceles de Ecuador albergan a más de 39 mil presos, una cifra que se triplicó en los últimos tres lustros. Además el índice de hacinamiento llegó al 36 por ciento en los últimos años y actualmente ronda el 30 por ciento. Paladines remarca que aproximadamente 1500 personas hacen seguridad penitenciaria en las cárceles ecuatorianas, mientras que no hay más de 62 trabajadores sociales. "Hay más cárceles que trabajadores sociales en Ecuador", enfatiza. Para mejorar el estado crítico del sistema penitenciario, el presidente Lasso anunció que destinará 75 millones de dólares en los próximos cuatro años.

Más allá de lo prometido, que iría principalmente a reparar los daños materiales producidos por los motines de este año, Paladines cree que es importante que se apliquen instrumentos internacionales como el denominado Protocolo de Minnesota para investigar el rol del Estado en las masacres. "Si el Estado incumplió con el deber de cuidado de los bienes jurídicos, por ejemplo la vida, la seguridad, la salud de las personas privadas de la libertad, entonces el Estado tiene que ser sancionado", explica el jurista y sostiene: "No podemos asistir a una película de terror cada vez que hay una noticia sobre las cárceles en Ecuador".

30 de septiembre de 2021

Publicado enInternacional