Miércoles, 29 Septiembre 2021 05:51

El desplazamiento forzado aumenta en Colombia

La emergencia se presenta en el norte del municipio de Juradó como consecuencia de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales y su presencia en los territorios indígenas. EFE/Archivo

El desplazamiento forzado, y su aumento, tiene que ver con la reconfiguración de los grupos armados y el incumplimiento de los acuerdos de la Habana. Pero no cabe pensar en un problema puntual, o en hechos aislados en determinados territorios. Es un problema estructural que continua la dinámica histórica de desplazamientos y despojo consustancial al modelo económico de las élites dominantes en Colombia

Casi 45.000 personas sufrieron desplazamiento forzado interno en Colombia en la primera mitad del 2021, 44.647 personas según la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA). Esto no es nuevo para Colombia que ostenta el triste récord de ser el primer país del mundo en número de desplazados internos, como atestigua el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, con 8,3 millones de personas contabilizadas hasta finales de 2020. Y el dato más preocupante es que las personas desplazadas internas en este primer semestre tripliquen a las que lo hicieron en el primer semestre del año anterior, porque significa que las dinámicas de desplazamiento no se han parado sino que siguen agravándose. Comunidades del norte del país, de Ituango en Antioquia, del Sur del departamento de Bolívar, del Cauca, de Nariño han tenido que abandonar sus territorios por la disputa por el control del territorio generándose con ello una crisis humanitaria.

Los actuales desplazamientos se están dando en el curso de la profunda crisis política, económica, social y de derechos humanos, agravada por la presente pandemia, que está atravesando Colombia. El apoyo masivo de la población, que se volcó a las calles, al paro nacional indefinido que comenzó el 28 de abril ha sido una respuesta a esta crisis. La otra cara de la moneda ha sido la brutalidad militar y policial,  el escenario de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, con que el gobierno colombiano ha respondido al paro y a las demandas de la sociedad civil. Esta respuesta gubernamental nos da algunas pistas para entender el porqué de la persistencia del desplazamiento forzado.

La disputa por el control del territorio entre los grupos armados ilegales es la primera razón con la que se explican los desplazamientos. La voluntad expresa del gobierno del actual presidente Iván Duque, y del uribismo que lo sustenta, de no cumplir los acuerdos frustró la oportunidad para la paz que podía brindar lo pactado en La Habana. Este incumplimiento llevó a sectores de las FARC a retomar la guerrilla y toda la economía que gira a su alrededor y, asimismo, expresó la voluntad del gobierno de frustrar las posibilidades de lograr un acuerdo de paz con el ELN, la otra gran guerrilla histórica. Y mientras, el paramilitarismo se extendía y consolidaba en las zonas donde se retiraban las FARC-EP. Grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también denominado Clan del Golfo, los Caparros, y otros, disputaban el control del territorio autofinanciados con el narcotráfico, con el apoyo de transnacionales sobre todo extractivistas, y contando para su accionar con la connivencia del ejército.

También la no implementación de lo firmado en la Habana para favorecer el campo y la economía campesina ha estimulado nuevamente la extensión de los cultivos ilícitos en los territorios, que no han visto ninguno de los apoyos a planes productivos alternativos acordados. El Gobierno desatendió los proyectos de Zonas Veredales Transitorias de Normalización y los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación[1], y hoy muchos de los desplazados son exguerrilleros de las Farc que no pueden adelantar sus proyectos productivos mientras son amenazados y asesinados.

Las dinámicas del desplazamiento permiten el control del territorio, pero no sólo para las rutas de la ilegalidad, sino también, dentro de una clásica estrategia contrainsurgente, para el control social y lo que es todavía más importante, permiten el control de los recursos existentes y su explotación por las grandes empresas nacionales o internacionales. En la geografía del desplazamiento subyacen recursos minerales, metales o madera y grandes proyectos extractivos o de agricultura industrial que para su explotación precisan la eliminación de las insurgencias pero también de las resistencias sociales a esos proyectos y al despojo de las poblaciones campesinas, indígenas o afrodescendientes que habitan en los territorios codiciados.

La expansión de la frontera extractiva a territorios a los que no había llegado por la presencia de la guerrilla o la oposición social es una de las causas del actual agravamiento de los desplazamientos.

Los casos de Ituango en el departamento de Antioquia, del Sur de Bolívar y la situación en el norte del departamento del Cauca pueden ayudar a comprender las razones del desplazamiento forzado.

En este mes de julio en Ituango, 4090 personas, de ellas 1300 menores de edad, se desplazaron a la cabecera municipal por presión de los grupos ilegales, amenazas a personas y comunidades, combates, produciéndose así una terrible crisis humanitaria. Este desplazamiento no ha sido un fenómeno nuevo. Enlaza con las masacres del Aro y la Granja, entre otras, desde los 90 hasta ahora. Se enmarca, además de economías y grupos ilegales, con proyectos empresariales como el embalse de Hidroituango, propiedad de Empresas Públicas de Medellín fuertemente contestado por las comunidades afectadas, o las concesiones mineras a Cerro Matoso SA, empresa cuestionada por sus vínculos con el paramilitarismo, y a otras empresas nacionales y multinacionales que han presentado 34 solicitudes de contrato minero que cubrirían el 40% de las 234.700 has. del municipio de Ituango.

No hace falta profundizar mucho para ver cómo en un territorio como Ituango en el que antes de los acuerdos había una fuerte militarización, tras la desmovilización de las FARC, aunque en menor medida siguen actuando disidencias de las FARC, el ejército permite la penetración de los nuevos grupos paramilitares. El ejército retiró las bases militares que en lo más duro del conflicto protegían el proyecto de Hidroituango, manteniendo una presencia menor de tropas de la Cuarta Brigada. A la vez más de 1000 hombres armados del grupo paramilitar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia rodean el municipio. Es imposible que fuerzas de ese calibre puedan moverse con tanta facilidad sin la connivencia de la fuerza pública.

En Ituango las autoridades y las fuerzas militares y policiales han estado presionando para el retorno de los desplazados, un retorno  a un territorio que el estado no protege, sin dar garantías por tanto para la seguridad que los desplazados precisan, y por contra señalando a algunos de los líderes de los albergues. Esta política no va a evitar nuevos desplazamientos sino que permite la repetición, cada poco tiempo, de unos desplazamientos en los que se pierden las cosechas, el cuidado de los animales, con lo que es extremadamente difícil sacar el fruto de los proyectos productivos de sustentación y que pueden forzar el desplazamiento y el despojo definitivo.

También en este mes de julio se ha producido un desplazamiento masivo en el Sur de Bolívar. 1000 personas, unas 250 familias, se han visto obligadas a desplazarse al casco urbano del municipio de Santa Rosa del Sur por la violencia entre grupos armados en sus territorios. El Sur de Bolívar sufre desde hace muchos años la disputa por la explotación minera. Hay oro en las serranías de San Lucas y el Corcovado. La acumulación de títulos mineros y las solicitudes en marcha por grandes mineras nacionales y transnacionales buscan desocupar el territorio de sus pobladores y sus trabajos de minería artesanal. Mientras Fedeagromisbol, que agrupa 45 asociaciones agromineras de pequeños mineros, lucha por ir formalizando sus explotaciones artesanales grandes empresas, como AngloGold Ashanti, Mineros SA, Comercializadora  Internacional Carbones de Córdoba y Antioquia, Uragold SA, CI Minwerbank ltda, tienen proyectos de minería a gran escala acaparando los títulos concedidos y otras concesiones pendientes de aprobación. Los datos son ilustrativos, las solicitudes presentadas afectan a 960.114 hectáreas, el 60% de la región, y más de la mitad de las solicitudes se concentraron en 5 solicitantes mientras las comunidades tenían solicitudes para 7.913 hectáreas.

El Sur de Bolívar es un territorio en el que históricamente el grupo guerrillero ELN (Ejército de Liberación Nacional) ha tenido presencia. Hoy también están los paramilitares de las AGC, y las disidencias de las Farc, el frente 37 y los de Gentil Duarte, disputando el territorio. La militarización existente en el territorio se incrementó en enero de 2019 con la llegada de los 2000 efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta Marte del Ejército, la fuerza aérea, la armada y la policía nacional, pero como decía la nota de prensa su tarea era combatir al ELN. Es quizás por ello que en abril de 2021 se denunciaba como los paramilitares podían establecer un retén permanente en el Cerro de los Muñecos, a pesar de la cercana presencia del Batallón Nariño del ejército, incluso algunos pobladores señalaban a los miembros de ese batallón de abrirle el paso a los paramilitares y abastecerlos de alimentos.

El alcalde de Segovia, Didier Osorio, denunciaba este 24 de agosto que policías estarían informando a los paramilitares sobre operativos en la zona, de cómo son los turnos, los desplazamientos, de los cuadrantes, a qué hora están o no están en determinado lugar para que los grupos criminales puedan actuar.

El Norte del Cauca es un territorio donde mal convive con los territorios ancestrales de comunidades indígenas y afrodescendientes el desarrollo de grandes empresas, de parques industriales y de zonas francas Hay una gran militarización con bases de unidades móviles y de alta montaña. Sólo en los municipios de Caloto, Corinto y Toribio hay siete bases militares y seis retenes militares permanentes de la policía y el ejército. A pesar de ello se están repitiendo las matanzas de líderes indígenas y existe el riesgo de desplazamiento de población afrodescendiente. Población a la que se ha marginado del supuesto desarrollo que han conllevado los parques industriales, y a la que se le ha negado su cosmovisión, sus derechos, empleabilidad y proyecto social. Según Indepaz en este año se han producido 9 masacres en el Cauca, con 28 personas asesinadas que ha afectado a población indígena y afrodescendiente.

La misión de las fuerzas militares es de hecho dar seguridad a las empresas, y no a las personas y comunidades que habitan el territorio. Una base militar está en la zona franca donde se ubica una de las principales empresas, Propal (Productora de Papeles SA), la seguridad privada de las empresas está vinculada al ejército y sus jefes son exmilitares o personal activo del ejército, a la vez que algunos municipios están contribuyendo con sus fondos propios a sufragar una parte de la presencia militar. El apoyo a las empresas por parte del estado contrasta con los 350 acuerdos incumplidos firmados entre el gobierno y las comunidades afrocaucanas, que dificultan los planes de vida propios, a la vez que permiten las explotaciones mineras con impacto ambiental y el crecimiento de los cultivos ilícitos y los grupos paramilitares.

Podríamos concluir que el desplazamiento forzado, y su aumento, tiene que ver con la reconfiguración de los grupos armados y el incumplimiento de los acuerdos de la Habana. Pero no cabe pensar en un problema puntual, o en hechos aislados en determinados territorios. Es un problema estructural que continua la dinámica histórica de desplazamientos y despojo consustancial al modelo económico de las élites dominantes en Colombia.

 

Tomàs Gisbert

Centre Delàs d’Estudis per la Pau

María Jesús Pinto

Centre Delàs d’Estudis per la Pau

29/09/2021

[1] Las Zonas Veredales Transitorias de Normalización y los Puntos Transitorios de Normalización son espacios creados en virtud de los Acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC-EP en 2016, verificados por Naciones Unidas para la concentración, desmovilización y reincorporación a la vida civil de los Ex Combatientes de las FARC-EP. Al terminarse en 2017 son sustituidos por los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. En 2020 existían 20 ETCR y se crearon aproximadamente 93 Nuevas áreas de reincorporación.

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¡Adiós a la Iniciativa Mérida! México y EEUU anuncian un nuevo acuerdo de seguridad

 

Los gobiernos de México y Estados Unidos elaboran un plan de seguridad bilateral que sustituirá a la Iniciativa Mérida, suscrita en 2008 durante las administraciones de Felipe Calderón y George W. Bush, informó el titular de la oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada estadounidense en México, Alberto Rodríguez.

"En estos momentos, los Gobiernos de Estados Unidos y México se encuentran en un diálogo de cómo reformular la relación de cooperación en materia de seguridad. Este nuevo esquema reemplazará lo que fue la cooperación bajo la Iniciativa Mérida", declaró el diplomático de la administración de Joe Biden en el marco de la presentación del programa #ElDineroFácilSePagaCaro contra el lavado de dinero, que contó con la participación de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés).

"Los dos países expondrán las prioridades en áreas de seguridad y se llegará a un nuevo acuerdo de cooperación bilateral, una de estas prioridades de ambos países es precisamente el tema del financiamiento ilícito y lavado y su conexión con todo el espectro de actividades ilícitas", agregó.

En las próximas semanas se brindarán los detalles del acuerdo alcanzado, señaló Rodríguez, un proyecto que ha sido criticado por el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por considerar que responde con helicópteros artillados a problemas de fondo, como la pobreza y la migración.

"Ya basta de estar queriendo resolver un problema social, económico, con medidas coercitivas. Ya no debe de existir eso del Plan Mérida, nosotros no queremos helicópteros artillados, lo que queremos es que la gente tenga recursos para sembrar, para cultivar sus tierras", declaró el mandatario el 22 de septiembre en torno a la posibilidad de implementar programas sociales en Centroamérica de la mano de Biden.

Activo desde 2008, el Plan Mérida fue establecido entre México, Estados Unidos y Centroamérica con el presunto propósito de contener el trasiego de drogas en la región, con una inyección multimillonaria de recursos estadounidenses para operar en territorio mexicano.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, Marcelo Ebrard, aseguró en julio de este 2021 que la Iniciativa Mérida estaba muerta, en paralelo a las afirmaciones presidenciales de dar una nueva orientación al respaldo internacional de Estados Unidos en materia de seguridad y crisis migratoria con Centroamérica.

López Obrador ha subrayado en repetidas ocasiones que programas como Jóvenes construyendo el futuro y Sembrando vida, impulsados por su administración, deben extenderse a Guatemala, El Salvador y Honduras para atender las causas de origen de la migración y la inseguridad.

En el programa #ElDineroFácilSePagaCaro, además de Naciones Unidas y el Gobierno de Estados Unidos, participan la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) mexicana y el Consejo Ciudadano.

En la propuesta original de la Iniciativa Mérida se contempló la aportación de 1.400 millones de dólares por parte del Gobierno estadounidense a México para la modernización de equipo y vehículos militares, entrenamiento y asistencia técnica para los cuerpos de seguridad policiaco–militares, así como asistencia para el fortalecimiento de la infraestructura jurídica y judicial.

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Se agrava el conflicto cocalero en Bolivia: represión y patrulleros incendiados

El incendio de un módulo policial y varios vehículos policiales como resultado de la represión policial a las y los cocaleros de La Paz que ya lleva más de una semana desde que se tomó por la fuerza la sede de ADEPCOCA. Decenas de detenidos y heridos, vecinos denuncian que policías de civil manipulan dinamita para justificar la violencia policial.

 

Sábado 25 de septiembre

El presidente David Choquehuanca convocó para este sábado a un diálogo en la vicepresidencia del Estado Plurinacional, a todos los sectores cocaleros para poner fin a los enfrentamientos, particularmente se convocó a los tres sectores que hoy disputan el control de la Asociación Cocalera así como a los comités de autodefensa recientemente conformados.

El conflicto por el control de Asociación Departamental de Productores de Coca (ADEPCOCA) lleva ya más de 3 años y pese a los permanentes intentos de diálogo entre las diversas fracciones los enfrentamientos no paran.

El lunes 20 de septiembre, la toma violenta de la sede por parte de dirigentes afines al Gobierno junto a efectivos policiales dio inicio a esta nueva ronda de enfrentamientos con detenciones permanentes, periodistas violentados como sucedió con Carlos Quisberth de Página Siete, y el secuestro y golpizas al dirigente opositor Armin Lluta.

La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) a través de su cuenta de twitter condenó el “uso excesivo de la fuerza” y afirmó que los responsables deben ser sancionados y reparar a las víctimas.

Luego de la violenta toma de ADEPCOCA por parte de afines al Gobierno y la policía, en la localidad de Coripata, el miércoles pasado una masiva asamblea de productores de coca conformó con 6 representantes de 3 provincias productoras, el Comité de Autodefensa cuyo mandato es recuperar la sede central de los productores de coca, además de exigir la renuncia de los ministros de Gobierno y de Desarrollo Rural y Tierras junto al viceministro de la Hoja de Coca.

La situación actual es el resultado de la política sostenida por Evo Morales durante su Gobierno, que buscó garantizar el control estatal de las organizaciones sindicales y sociales. Para ello no dudó en impulsar prácticas que alentaron la división de las organizaciones sindicales reconociendo a las directivas afines.

En el caso de ADEPCOCA esta política se ha traducido en violentos enfrentamientos con muertos y heridos a lo largo de estos últimos años y conduciendo a una situación en la que sectores de la derecha golpista buscan hacer pie en movimientos sociales que rechazan esta instrumentalización de sus organizaciones.

Para peor, hoy los golpistas empiezan a recurrir a las mismas técnicas de cooptación y división de las organizaciones sociales para fortalecer un proyecto político claramente pro imperialista y oligárquico, como sucede con la marcha indígena que a días de llegar a la ciudad de Santa Cruz, cada vez más se pone al servicio del golpismo y la derecha cruceña.

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Guerra y caos arriba; resistencia y dignidad abajo

Desde la distancia no se pueden aportar análisis tan precisos y ajustados como los que aparecen en el comunicado del EZLN, del 19 de setiembre, "Chiapas al borde de la guerra civil" (https://bit.ly/3krmlH6). Tampoco un bordado de datos como los que integran el artículo de Luis Hernández Navarro, "El infierno chiapaneco" (https://bit.ly/3ksil9l).

Sólo quisiera enmarcar la agresión a las bases de apoyo zapatistas, en particular, y a los pueblos originarios de Chiapas y de otras geografías, en general, en la estrategia de "guerra perpetua" definida por el Pentágono, que se despliega en estos momentos con una tremenda capacidad destructiva.

La contrainsurgencia ha mutado tanto como la guerra. En Vietnam, el Pentágono creó las "aldeas estratégicas", donde encarceló a 8.5 millones de campesinos, 55 por ciento de la población total de Vietnam del Sur (https://bit.ly/3kwjmxm). Era la forma de aislar a la guerrilla para evitar que se moviera como "pez en el agua", según el aserto de Mao.

En las guerras actuales no se trata de "quitarle el agua al pez", como se hizo hasta la derrota de Estados Unidos en el sudeste asiático, sino de enturbiar y envenenar el agua, para que nadie pueda vivir en paz, y así el capital sigue destruyendo "creativamente", territorios y pueblos, para seguir acumulando.

Lo primero a tener en cuenta es que la guerra dejó de ser un medio para convertirse en un fin. Antes las guerras pretendían derrotar enemigos para instalar una paz que permitiera la continuidad y fluidez de la acumulación de capital. Ahora la guerra es el fin, porque el capital acumula despojando, robando, destruyendo.

Los ingenieros de la guerra, los que tienen una visión más clara y descarnada de las necesidades del capital y del imperio, para seguir siendo el poder dominante, no andan con vueltas. El teniente coronel Ralph Peters, en un texto diáfano como "Constant conflict" (Conflicto constante), publicado en la revista militar Parameters en 1997, enseña la brutalidad conceptual del Pentágono (https://bit.ly/39pEHBY).

La democracia es apenas "esa hábil forma liberal de imperialismo". Peters recomienda la guerra sucia para mantener la dominación, y destaca que "no habrá paz", ya que "durante el resto de nuestras vidas habrá múltiples conflictos en formas mutantes en todo el mundo".

La "guerra perpetua" del Pentágono busca "mantener el mundo seguro para nuestra economía y abierto a nuestro asalto cultural", con un ejército bien informado capaz de "negar ventajas militares a nuestros oponentes". Es evidente que cuando el capitalismo se convirtió en sinónimo de guerra, el pensamiento militar es el que define los modos de actuar y los pasos a seguir.

No se le puede negar precisión y lucidez a estos análisis, por más que resulten repugnantes. La "guerra perpetua" busca eliminar porciones enteras de la población, a la que consideran sobrante, como ha sido analizado por el subcomandante Marcos, en el texto "¿Cuáles son las características fundamentales de la IV Guerra Mundial?", hace ya más de dos décadas (https://bit.ly/3hSKwfS).

Que la guerra se haya convertido en el fin del sistema, cambia las cosas de raíz. El mejor escenario para comprender la "guerra perpetua" es Siria, donde no hay potencias mejores ni peores, ni regímenes o gobiernos aceptables; donde las milicias kurdas defienden a su pueblo de un amplio espectro de enemigos: desde los ejércitos de Turquía y Siria hasta las bandas del Estado Islámico y otros grupos terroristas.

Como en Chiapas, estos grupos no surgieron espontáneamente, sino arropados por el Estado, sostenidos por los más diversos gobiernos, incluso por los que se denominan progresistas. Sencillamente, porque son formas sistémicas de dominación, o sea los modos de mantener a los capitalistas en el lugar de mandones.

Asumir que la guerra será para un largo periodo histórico, plagado de tormentas sistémicas, supone decidir el tipo de organización y las formas de lucha adecuadas a esta nueva situación. Si la guerra busca instalar el caos, debemos ser principio de orden y claridad en nuestros territorios. Si quieren instalar la muerte de pueblos y de geografías, defendamos la vida en todo tiempo y lugar.

Por supuesto que los gobiernos progresistas no comprenden el peligro, porque sueñan con poder gobernar a las mafias narcoparamilitares. No perciben que esas mafias están dispuestas a enfilar sus armas contra esos mismos gobiernos que miran para otro lado, mientras disparan contra los pueblos. Cuando adviertan el error, será demasiado tarde.

Entre los de abajo, lo primero es la cohesión comunitaria y el apego a los territorios en resistencia. Aunque elegimos transitar el camino de la lucha pacífica, no somos pacifistas, no renunciamos a defendernos. En cierto momento hace falta un "tatequieto", un ya basta colectivo que ponga las cosas en su sitio.

El potente comunicado del EZLN nos alerta de la cercanía de esos momentos. Cada quien, en su geografía, estamos alertados.

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Viernes, 24 Septiembre 2021 15:36

Historias sin contar sobre violencia y paz

Historias sin contar sobre violencia y paz

En días pasados fui invitado a un taller sobre “Intervención en miedo y duelo” organizado por el Programa de Desarrollo y Paz del Cesar en Pueblo Bello, a 56 km de la ciudad de Valledupar. Durante la visita, conocí algunas personas de la región que me contaron sus testimonios de luchas y conquistas en contextos de violencia. Sus relatos me llevaron a reflexionar sobre lo poco o nada que sabemos de la vida en los territorios más apartados del país ni de sus experiencias en torno a la paz y el conflicto militar, porque las noticias rápidas de la televisión o los titulares del periódico no se pueden comparar con las historias contadas por las mismas personas. .

La imagen que tenía de Valledupar se limitaba a las evocaciones nostálgicas que hacía mi mamá sobre los años que vivió allí en su juventud. Había ido solo una vez hace muchos años a un encuentro de un movimiento juvenil. Recuerdo el ambiente vallenatero, un resbalón en las piedras del río Guatapurí y la gran cantidad de árboles en todas las calles. Las vivencias que me contaron los locales cambiaron mi impresión sobre la ciudad y elevaron mi asombro sobre los alcances inimaginables del conflicto armado.

En el taller reflexionamos sobre la connotación del miedo y del duelo; de lo frágil y delicado que son estos procesos en la piel de quienes han vivido el conflicto desde adentro porque les tocó una suerte peor que nacer en Colombia: la de nacer en zonas abandonadas por el Estado, donde se está a merced de guerrilleros, paracos, narcotraficantes, políticos y empresarios corruptos y mafiosos que han propiciado desplazamientos forzados, desapariciones, secuestros, tortura y muchas formas de violencia.


En Pueblo Bello conocí a una familia de indígenas arhuacos, a los que visitamos después del taller. En el patio de su casa nos hablaron del hombre moderno y su distracción en cosas sin importancia; y del maestro pájaro que canta todos los días sobre la rama de un árbol y así nos enseña a vivir, porque es libre y es feliz cantando y saltando de rama en rama, sin preocuparse por tener o acumular. Simplemente es.

En la reunión, uno de ellos me explicó que el conocimiento de los arhuacos y su arraigo cultural los ha ayudado a sobrevivir después del genocidio de la colonización, la marginación estatal y los múltiples exterminios que la violencia ha infringido a los pueblos originarios en Colombia. De no conservar sus creencias, sus prácticas y su cosmología sin duda habrían desaparecido hace cientos de años y junto con ellos, un conocimiento ancestral y una espiritualidad profundamente conectada con la tierra, tan relevante y urgente para la conservación natural.

Hubiera querido grabar esa conversación aunque lo más importante era aprovechar el encuentro, como un regalo que llega sin anunciarse para atesorarlo en la memoria y el corazón. Al día siguiente por la mañana, un mamo nos compartió su reflexión en un lugar sagrado, dentro del patio de su casa. Allí nos invitó a depositar nuestras preocupaciones y deseos en un pedacito de algodón de lana de ovejo que enrollamos con los dedos para que él las ofreciera en un pagamento a la Madre Tierra. También nos dio un puñadito de hojas de coca para usarla como “jabón espiritual” en el río y luego echarlas al agua antes de irnos. Hermoso.

El mamo, con sus palabras sencillas. nos explicó lo que yo intenté decir en una tesis de casi 100 hojas. Sus historias y reflexiones se articulan en ese proyecto de decolonizar la paz, es decir, de construirla desde los territorios y las características de las luchas de las comunidades. Conocer cómo se vive, se piensa y lo que se hace por fuera del orden establecido, a través de formas subalternas de subsistencia es abrir una puerta a otros mundos posibles y desconocidos, a pesar de existir desde mucho antes del mundo que conocemos.

Es necesario acercarse a otros saberes a partir de lo que cuentan quienes han tejido las historias y procesos de paz al interior de las comunidades y en los territorios apartados. Esto nos puede ayudar a ampliar nuestra comprensión sobre los fenómenos que han marcado el rumbo del país y cuestionar la retórica oficial del gobierno y de los medios comprometidos con sus intereses, que promocionan la paz como un tema de seguridad y exaltan la labor de la fuerza armada como garante de la paz y la tranquilidad.

Ese libreto no se detiene en lo que sintieron, por ejemplo, aquellas familias en la Serranía del Perijá cuando huyeron de sus casas repentinamente dejando todo porque ese día llegaron los paracos a su vereda, quemaron sus casas y asesinaron a su gente. Ahora sabemos por qué hay personas que se acostumbraron a vivir en la zozobra permanente, tanto como para cambiar sus hábitos alimenticios y comer solo plátano verde cocido, porque era lo más rápido de preparar por si les tocaba emprender la huida en cualquier momento.

Estas historias de dolor y tragedia permiten dimensionar los efectos del conflicto. Lo que pesa saberse entre las más de 8 millones de víctimas, como las que tuvieron que huir en una carrera a muerte por las trochas de la Sierra porque los venían persiguiendo, obligados a abandonar a sus padres en el camino para que no retrasaran al resto de la familia, previo ingenio para ocultarlos vivos, enterrándolos pero que pudieran respirar de algún modo.

No conocemos muchas historias de paz distintas a las que cuentan los dirigentes políticos, esos que anuncian una Paz definitiva y en mayúscula, como dice William Ospina, con la promesa de desmovilizar a grupos insurgentes, bandoleros, guerrilleros, paramilitares para generalmente atribuirles la responsabilidad de todo lo ocurrido. Pero la Paz nunca llega, afirma, porque lo que nunca se construye es la paz con la ciudadanía pacífica que lleva vidas enteras esperando una economía incluyente y una cultura que dignifique … que “nos den lo que ya tuvimos y que ahora dicen que es imposible” dice.

Los procesos de paz tejidos por la gente en sus territorios, en cambio, tienen una resonancia más espectacular y urge darlos a conocer. Algunos de ellos, como el colectivo artísticos y de danza creado por hijos e hijas de excombatientes y víctimas en un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Etcr), como estrategia para romper los discursos de odio y de venganza; el proyecto de cultivo y producción de café en la Serranía del Perijá de campesinos desplazados por paramilitares que han retornado a sus hogares. Estos son solo dos casos en los que ha sido posible cambiar la historia de violencia y muerte en Colombia por medio de la acción y el empoderamiento de las comunidades.

Un conocimiento a fondo del país no tiene que ver con portar una bandera y ponerse a discutir con quienes la exhiben al revés en señal de repudio al orden corrupto que nos gobierna. Más bien, es la escucha atenta de las historias que la gente ha vivido en las regiones apartadas impregnadas de sabiduría ancestral, históricamente desechada por la hegemonía del pensamiento occidental. La diversidad de culturas, lenguas y tradiciones, aunque algunos se avergüencen de las raíces originarias e insistan en criminalizar a la minga indígena y excluirla de la sociedad, han dado respuestas sostenibles al problema.

De mi visita a Valledupar me queda lo que escuché y aprendí de un arhuaco de la sierra orgulloso de su identidad y guardián de su pueblo; de un joven hijo de ex guerrilleros desmovilizados que cree en el impacto social de su trabajo y sus proyectos; de un líder comunitario que defiende la gobernanza como modelo de desarrollo económico y social; y de un ejecutivo comprometido con la paz de la región aún arriesgando su propia seguridad.

Estas personas con mucho para contar y compartir nos ayudan a descubrir la verdadera cara de este país, sin maquillajes ni imaginerías patrióticas y románticas como los que repiten e insisten en que este es un país feliz y en paz, mientras reprimen con la mayor brutalidad cualquier intento de rebeldía y de emancipación. No sé cuántas historias de paz y reconciliación deben haber por ahí pero me gustaría escucharlas todas y contárselas al mundo para ayudar a transformar la narrativa que define a Colombia por dentro y fuera. Dejar por sentado que en este país de violencias desgarradoras pero también de resiliencias, resistencias y re-existencias no todo está dicho.

 

 

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Publicado enEdición Nº284
Viernes, 24 Septiembre 2021 15:12

Historias sin contar sobre violencia y paz

Historias sin contar sobre violencia y paz

En días pasados fui invitado a un taller sobre “Intervención en miedo y duelo” organizado por el Programa de Desarrollo y Paz del Cesar en Pueblo Bello, a 56 km de la ciudad de Valledupar. Durante la visita, conocí algunas personas de la región que me contaron sus testimonios de luchas y conquistas en contextos de violencia. Sus relatos me llevaron a reflexionar sobre lo poco o nada que sabemos de la vida en los territorios más apartados del país ni de sus experiencias en torno a la paz y el conflicto militar, porque las noticias rápidas de la televisión o los titulares del periódico no se pueden comparar con las historias contadas por las mismas personas. .

La imagen que tenía de Valledupar se limitaba a las evocaciones nostálgicas que hacía mi mamá sobre los años que vivió allí en su juventud. Había ido solo una vez hace muchos años a un encuentro de un movimiento juvenil. Recuerdo el ambiente vallenatero, un resbalón en las piedras del río Guatapurí y la gran cantidad de árboles en todas las calles. Las vivencias que me contaron los locales cambiaron mi impresión sobre la ciudad y elevaron mi asombro sobre los alcances inimaginables del conflicto armado.

En el taller reflexionamos sobre la connotación del miedo y del duelo; de lo frágil y delicado que son estos procesos en la piel de quienes han vivido el conflicto desde adentro porque les tocó una suerte peor que nacer en Colombia: la de nacer en zonas abandonadas por el Estado, donde se está a merced de guerrilleros, paracos, narcotraficantes, políticos y empresarios corruptos y mafiosos que han propiciado desplazamientos forzados, desapariciones, secuestros, tortura y muchas formas de violencia.


En Pueblo Bello conocí a una familia de indígenas arhuacos, a los que visitamos después del taller. En el patio de su casa nos hablaron del hombre moderno y su distracción en cosas sin importancia; y del maestro pájaro que canta todos los días sobre la rama de un árbol y así nos enseña a vivir, porque es libre y es feliz cantando y saltando de rama en rama, sin preocuparse por tener o acumular. Simplemente es.

En la reunión, uno de ellos me explicó que el conocimiento de los arhuacos y su arraigo cultural los ha ayudado a sobrevivir después del genocidio de la colonización, la marginación estatal y los múltiples exterminios que la violencia ha infringido a los pueblos originarios en Colombia. De no conservar sus creencias, sus prácticas y su cosmología sin duda habrían desaparecido hace cientos de años y junto con ellos, un conocimiento ancestral y una espiritualidad profundamente conectada con la tierra, tan relevante y urgente para la conservación natural.

Hubiera querido grabar esa conversación aunque lo más importante era aprovechar el encuentro, como un regalo que llega sin anunciarse para atesorarlo en la memoria y el corazón. Al día siguiente por la mañana, un mamo nos compartió su reflexión en un lugar sagrado, dentro del patio de su casa. Allí nos invitó a depositar nuestras preocupaciones y deseos en un pedacito de algodón de lana de ovejo que enrollamos con los dedos para que él las ofreciera en un pagamento a la Madre Tierra. También nos dio un puñadito de hojas de coca para usarla como “jabón espiritual” en el río y luego echarlas al agua antes de irnos. Hermoso.

El mamo, con sus palabras sencillas. nos explicó lo que yo intenté decir en una tesis de casi 100 hojas. Sus historias y reflexiones se articulan en ese proyecto de decolonizar la paz, es decir, de construirla desde los territorios y las características de las luchas de las comunidades. Conocer cómo se vive, se piensa y lo que se hace por fuera del orden establecido, a través de formas subalternas de subsistencia es abrir una puerta a otros mundos posibles y desconocidos, a pesar de existir desde mucho antes del mundo que conocemos.

Es necesario acercarse a otros saberes a partir de lo que cuentan quienes han tejido las historias y procesos de paz al interior de las comunidades y en los territorios apartados. Esto nos puede ayudar a ampliar nuestra comprensión sobre los fenómenos que han marcado el rumbo del país y cuestionar la retórica oficial del gobierno y de los medios comprometidos con sus intereses, que promocionan la paz como un tema de seguridad y exaltan la labor de la fuerza armada como garante de la paz y la tranquilidad.

Ese libreto no se detiene en lo que sintieron, por ejemplo, aquellas familias en la Serranía del Perijá cuando huyeron de sus casas repentinamente dejando todo porque ese día llegaron los paracos a su vereda, quemaron sus casas y asesinaron a su gente. Ahora sabemos por qué hay personas que se acostumbraron a vivir en la zozobra permanente, tanto como para cambiar sus hábitos alimenticios y comer solo plátano verde cocido, porque era lo más rápido de preparar por si les tocaba emprender la huida en cualquier momento.

Estas historias de dolor y tragedia permiten dimensionar los efectos del conflicto. Lo que pesa saberse entre las más de 8 millones de víctimas, como las que tuvieron que huir en una carrera a muerte por las trochas de la Sierra porque los venían persiguiendo, obligados a abandonar a sus padres en el camino para que no retrasaran al resto de la familia, previo ingenio para ocultarlos vivos, enterrándolos pero que pudieran respirar de algún modo.

No conocemos muchas historias de paz distintas a las que cuentan los dirigentes políticos, esos que anuncian una Paz definitiva y en mayúscula, como dice William Ospina, con la promesa de desmovilizar a grupos insurgentes, bandoleros, guerrilleros, paramilitares para generalmente atribuirles la responsabilidad de todo lo ocurrido. Pero la Paz nunca llega, afirma, porque lo que nunca se construye es la paz con la ciudadanía pacífica que lleva vidas enteras esperando una economía incluyente y una cultura que dignifique … que “nos den lo que ya tuvimos y que ahora dicen que es imposible” dice.

Los procesos de paz tejidos por la gente en sus territorios, en cambio, tienen una resonancia más espectacular y urge darlos a conocer. Algunos de ellos, como el colectivo artísticos y de danza creado por hijos e hijas de excombatientes y víctimas en un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Etcr), como estrategia para romper los discursos de odio y de venganza; el proyecto de cultivo y producción de café en la Serranía del Perijá de campesinos desplazados por paramilitares que han retornado a sus hogares. Estos son solo dos casos en los que ha sido posible cambiar la historia de violencia y muerte en Colombia por medio de la acción y el empoderamiento de las comunidades.

Un conocimiento a fondo del país no tiene que ver con portar una bandera y ponerse a discutir con quienes la exhiben al revés en señal de repudio al orden corrupto que nos gobierna. Más bien, es la escucha atenta de las historias que la gente ha vivido en las regiones apartadas impregnadas de sabiduría ancestral, históricamente desechada por la hegemonía del pensamiento occidental. La diversidad de culturas, lenguas y tradiciones, aunque algunos se avergüencen de las raíces originarias e insistan en criminalizar a la minga indígena y excluirla de la sociedad, han dado respuestas sostenibles al problema.

De mi visita a Valledupar me queda lo que escuché y aprendí de un arhuaco de la sierra orgulloso de su identidad y guardián de su pueblo; de un joven hijo de ex guerrilleros desmovilizados que cree en el impacto social de su trabajo y sus proyectos; de un líder comunitario que defiende la gobernanza como modelo de desarrollo económico y social; y de un ejecutivo comprometido con la paz de la región aún arriesgando su propia seguridad.

Estas personas con mucho para contar y compartir nos ayudan a descubrir la verdadera cara de este país, sin maquillajes ni imaginerías patrióticas y románticas como los que repiten e insisten en que este es un país feliz y en paz, mientras reprimen con la mayor brutalidad cualquier intento de rebeldía y de emancipación. No sé cuántas historias de paz y reconciliación deben haber por ahí pero me gustaría escucharlas todas y contárselas al mundo para ayudar a transformar la narrativa que define a Colombia por dentro y fuera. Dejar por sentado que en este país de violencias desgarradoras pero también de resiliencias, resistencias y re-existencias no todo está dicho.

 

 

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Las fotografías que muestran a agentes de la Patrulla Fronteriza a caballo persiguiendo a migrantes no reflejan lo que somos como país ni lo que es el Servicio de Aduanas, afirmó el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ante un comité de la Cámara de Representantes, en medio de reportes de que muchos caribeños fueron liberados en la localidad Del Río. Por el conflicto, la policía texana colocó una gran hilera de patrullas en las márgenes del río Bravo, cerca del campamento de haitianos. Foto Ap. Agencias

Condenan persecuciones a caballo. Las imágenes de Del Río, Texas, evocan a vaqueros que arrean ganado, señalan // Miles de caribeños han sido liberados y se les permitirá reunirse con familiares, indican reportes

 

Washington. Las fotografías que muestran a agentes de migración a caballo y persiguiendo a migrantes haitianos "no reflejan lo que somos como país, ni tampoco lo que es el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos", sostuvo ayer el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, en medio de reportes de que muchos caribeños han sido liberados y por ahora no serán deportados.

En una de las imágenes tomadas por el fotógrafo de Afp Paul Ratje el lunes y publicadas en medios de Estados Unidos y de todo el mundo, un jinete de la Patrulla Fronteriza agarra a un hombre por la camisa en el lado estadunidense del Río Grande, cerca de Del Río, Texas. En otra, el agente retiene a un grupo de personas blandiendo sus riendas en una postura amenazante para obligarlos a volver hacia México.

"He ordenado que se lleve a cabo una investigación de los hechos que se retratan en esas imágenes", aseguró Mayorkas. El resultado "impulsará las acciones que tomemos, no nos andaremos con rodeos", afirmó, al prometer un resultado "en días y no semanas".

“Los horribles videos (…) son el último de una serie de abusos contra los derechos humanos como resultado de la continuación de las políticas fronterizas de la era (Donald) Trump (2017-2021) por parte de la administración Biden”, afirmó la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en un comunicado de prensa.

Críticos dijeron también que las imágenes de Del Río evocan a vaqueros que arrean ganado o momentos de la historia estadunidense en los que la policía montada, guardias de prisiones o propietarios de esclavos utilizaban látigos contra los negros.

Estas imágenes se produjeron en un momento en que el departamento de Mayorkas lucha por detener a miles de haitianos y personas de otros países que cruzan la frontera con la esperanza de quedarse en Estados Unidos. La Patrulla Fronteriza comenzó a deportar a los haitianos a su país por vía aérea durante el fin de semana. Pero después de que se difundieran las fotografías de los jinetes y los migrantes, miembros del Partido Demócrata del presidente Joe Biden condenaron el trato a los extranjeros.

Por lo pronto, del domingo al martes llegaron a Haití 10 vuelos con unos 135 deportados cada uno.

El campamento instalado debajo del puente en Del Río, Texas, albergó a más de 14 mil personas el fin de semana, según estimaciones. El martes, el gobernador de Texas, Greg Abbott, expuso que el máximo funcionario del condado le informó que el número de migrantes se redujo a unos 8 mil 600.

Liberaciones masivas

Fuentes citadas por Ap y Reuters señalaron que a la par de las deportaciones, las autoridades están liberando a muchos haitainos, que están a la espera de trasladarse a otros puntos de Estados Unidos para reunirse con familiares.

Los haitianos han sido dejados en libertad "a una escala muy, muy grande" en los últimos días, indicó un funcionario que habló de varios miles, indicó Ap.

Muchos han quedado libres con un aviso para acudir a una oficina de inmigración en el plazo de 60 días, una solución que requiere menos tiempo de procesamiento para los agentes de la Patrulla Fronteriza que ordenar una aparición ante una corte migratoria, y apunta a la velocidad con la que se están moviendo las autoridades, dijo el funcionario.

Wade McMullen, abogado de la organización de derechos humanos Robert F. Kennedy, afirmó que varios cientos de personas, en su mayoría embarazadas y padres con niños, fueron liberadas en Del Río, durante los últimos días. "La gente duerme en la estación de autobuses o afuera del aeropuerto esperando su autobús o avión para reunirse con sus familiares".

Los relatos de las liberaciones masivas, algunas presenciadas por The Associated Press, contradicen declaraciones realizadas antier por Mayorkas, quien viajó a la ciudad y advirtió: "si vienes a Estados Unidos de forma ilegal, serás deportado, tu viaje no tendrá éxito y estará poniendo en peligro tu vida y la de tu familia".

Las condenas al matrato a los caribeños continúan. El director del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, se manifestó "impactado" y señaló que las expulsiones podrían violar el decerecho internacional.

Desde Puerto Príncipe, el Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos calificó de "cacería humana" la persecución a los caribeños en Del Río, y pidió una moratoria en la deportación masiva, hasta que mejore la situación sociopolítica de Haití, marcada por el deterioro acelerado de las condiciones de vida, la inestabilidad política y aumento de la delincuencia.

De igual manera, un grupo de abogados haitianos basados en Estados Unidos anunció su intención de presentar acciones legales para detener lo que consideran expulsiones sumarias.

Varados en Colombia, 19 mil extranjeros

Por otra parte, unos 19 mil migrantes, "en su mayoría haitianos", están varados en un puerto del norte de Colombia en su travesía hacia Estados Unidos, informó la Defensoría del Pueblo colombiana.

Por un acuerdo entre los gobiernos de Colombia y Panamá, el tránsito de migrantes se restringe a un máximo de 650 personas al día. Más de 50 mil han cruzado esa frontera en 2021.

Los viajeros deben atravesar el golfo de Urabá, un tramo marítimo de unos 60 kilómetros. También sortear la amenaza del Clan del Golfo, la mayor organización del narcotráfico en la región.

El lugar es uno de los principales puntos de tránsito de haitianos, africanos y asiáticos que buscan migrar hacia Estados Unidos. La mayoría proceden de Chile y Brasil, buscando cruzar hacia Panamá por la peligrosa selva del Tapón del Darién, uno de los tramos más duros del viaje.

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Israel asesinó al científico iraní utilizando un francotirador por control remoto

Según New York Times

 

Israel asesinó al principal científico nuclear iraní, Mohsen Fakhrizadeh, el pasado mes de noviembre utilizando una ametralladora por control remoto e inteligencia artificial, según un informe del New York Times. Los israelíes han matado a varios científicos iraníes a lo largo de los años.

Se dice que llevaban años queriendo asesinar a Fakhrizadeh, pero, por diversas razones, no fue posible. Sin embargo, una vez que quedó claro que el ex presidente estadounidense Donald Trump iba a ser sustituido por Joe Biden, los israelíes decidieron seguir adelante y matar al hombre de 63 años.

La retirada unilateral de Trump del acuerdo nuclear con Irán en 2018 tranquilizó a los israelíes, pero esto no duró mucho. Antes de su elección, Biden prometió revertir las políticas de su predecesor y volver al Plan de Acción Integral Conjunto de 2015 al que Israel se había opuesto enérgicamente.

Sabiendo que era poco probable que obtuvieran la aprobación de Biden, los israelíes actuaron antes de que el nuevo presidente pudiera tomar posesión. Si Israel iba a matar a un alto funcionario iraní, un acto que tenía el potencial de iniciar una guerra, necesitaba el asentimiento y la protección de Washington.

El informe del NYT dice que el éxito de la operación fue el resultado de muchos factores: graves fallos de seguridad del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, una amplia planificación y vigilancia por parte de la agencia de espionaje Mossad y la indiferencia de Fakhrizadeh. Al parecer, al haber vivido durante décadas bajo la amenaza de ser asesinado, se había acostumbrado a las nuevas amenazas y, en consecuencia, no tomó las precauciones necesarias.

Al parecer, fue asesinado con un arma computarizada de alta tecnología, dotada de inteligencia artificial y múltiples cámaras, operada vía satélite, y capaz de disparar 600 balas por minuto. Se informa de que la ametralladora por control remoto puede situarse en cualquier lugar y manejarse a miles de kilómetros de distancia, cualidades que, según el NYT, es muy probable que reconfiguren el mundo de la seguridad y el espionaje de un modo nunca visto.

Se teme que esta nueva tecnología pueda suponer una grave amenaza para los activistas, los disidentes políticos y las figuras de la oposición en los estados autoritarios que compran armas de fabricación israelí. El Estado ocupante ya está en el centro de un escándalo mundial por la forma en que su tecnología de software espía «mercenario» se ha utilizado para hackear los teléfonos de unas 50.000 personas, incluidos jefes de Estado.

Al parecer, tanto Israel como EE.UU. se sintieron alentados por la respuesta relativamente tibia de Irán al asesinato del general Qasem Soleimani, el comandante militar iraní muerto en un ataque de un avión no tripulado estadounidense con la ayuda de la inteligencia israelí en enero de 2020. El razonamiento en ese momento fue que si podían matar al máximo líder militar iraní con poca repercusión, eso indicaba que Irán era incapaz o reacio a responder con más fuerza.

Por | 23/09/2021

Fuente: https://www.monitordeoriente.com/20210921-nyt-israel-asesino-al-cientifico-irani-utilizando-un-francotirador-por-control-remoto/

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Imagen: AFP

El gobierno de Joe Biden comenzó las masivas deportaciones

En los últimos meses Haití atraviesa una crisis política por el magnicidio del presidente Jovenel Moise y los efectos del terremoto. 

 

Las deportaciones masivas de migrantes haitianos por parte de Estados Unidos despertaron la preocupación de la ONU, que advirtió que personas con solicitudes de asilo serias pueden estar en riesgo. El gobierno norteamericano comenzó a expulsar a cientos de miles de haitianos que llegaron hasta la frontera entre México y EE.UU tras un peligroso recorrido desde Sudamérica.

Expulsiones exprés

Unos 15 mil haitianos y haitianas que llegaron a la ciudad fronteriza de Del Río, en el estado de Texas comenzaron a ser deportados por Washington. Los migrantes han estado varados durante días bajo el puente que cruza el río Grande que divide a México de Estados Unidos. Muchos viajaron desde Chile o Brasil, donde residieron en los últimos años.

Según el secretario de Seguridad Interior estadounidense, Alejandro Mayorkas, los haitianos recibieron información errónea de que podían quedarse en EE.UU. como refugiados bajo el “Estatuto de Protección Temporal” (TPS) debido a la crisis política tras el asesinato de Jovenel Moise a principios de julio y el terremoto que devastó al país en agosto. El TPS alcanzaba a los haitianos que quedaron en EE.UU. después del terremoto de 2010 en el que murieron 200 mil personas en el país caribeño. Tras el magnicidio de Moise se extendió el TPS para los haitianos que estaban en suelo estadounidense antes del 29 de julio, pero no alcanzaba a los que llegaron después de esa fecha.

Patrullas ecuestres

"Hemos reiterado que nuestras fronteras no están abiertas y que la gente no debería emprender ese peligroso viaje", agregó. "Si usted entra ilegalmente a Estados Unidos, será devuelto", remarcó Mayorkas en conferencia de prensa desde la ciudad fronteriza. El funcionario llegó a Del Río tras la polémica desatada cuando fueron difundidas imágenes de los guardias fronterizos que recorrieron la frontera a caballo e hicieron retroceder a migrantes haitianos. Una de las fotografías tomadas por el reportero gráfico de la AFP, Paul Ratje, muestra a un policía montado a caballo atrapando a un hombre por la camisa.

"La situación era de tensión y los migrantes empezaron a correr alrededor de ellos (...) Muchos comenzaron a correr para intentar escapar de los jinetes y uno de los agentes agarró a un hombre de la camisa y lo hizo dar vueltas mientras el caballo trotaba en círculos", dijo Ratje sobre una de las fotos.

Las patrullas ecuestres fueron desplegadas en los últimos días cerca del río Bravo donde acampaban miles de migrantes, en su mayoría haitianos, según dijo a los medios el jefe de la patrulla fronteriza, Raúl Ortiz. "Les pedí que averiguaran si las personas estaban en peligro y que recopilaran información sobre los contrabandistas", agregó. "Controlar un caballo en un río es difícil". La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, calificó el hecho de “horrible”. "No tengo todo el contexto, pero no imagino en qué contexto eso sería apropiado", afirmó en una rueda de prensa.

Familias expulsadas

Al menos tres vuelos salieron de Texas para aterrizar en la capital Puerto Príncipe. Cerca de la mitad de los más de 500 migrantes expulsados por Estados Unidos eran menores de cinco años y nacieron fuera de Haití. Antes de cruzar el río Grande, los haitianos habían residido durante varios años en Chile y Brasil donde llegaron entre 2016 y 2017.

Familias enteras viajaron hasta México para intentar solicitar asilo en Estados Unidos, como el caso de Jeanne, que habló bajo condición de anonimato. Ella, su esposo y su hijo Mael de tres años que cuenta con pasaporte chileno viajaron durante dos meses hasta llegar a Del Río y gastaron cerca de 10 mil dólares. "En Santiago tenía un pequeño negocio, mi esposo trabajaba. Logramos ahorrar dinero: esto es lo que nos permitió viajar hasta Estados Unidos", relata.

"Es una cosa inexplicable. Nadie puede realmente transmitir lo que es este horror", dijo Jeanne. "Si hubiera sabido por lo que iba a pasar, nunca hubiera hecho este viaje", lamentó. La pareja contó que gastó 7.000 dólares para llegar a México y 2.000 más para alcanzar la frontera de Texas. Jeanne dejó su país tras finalizar sus estudios de administración de empresas en 2016. "Si hubiera podido encontrar trabajo, nunca me hubiera ido. Ahora la situación en el país ha empeorado mucho", dice.

"Biden sabe lo que está haciendo"

Cientos de haitianos se mostraron frustrados tras su expulsión y luego de haber gastado miles de dólares para llegar hasta EE.UU. "Biden sabe lo que está haciendo, pero no le importa. Nos trata a nosotros y a nuestros hijos peor que a las bestias", gritó una mujer desde la terminal aérea en Puerto Príncipe. Otro de los migrantes deportados se refirió a las condiciones en el centro gestionado por la agencia migratoria estadounidense tras haber cruzado el río Bravo.

"No teníamos camas para dormir, dormíamos solo con una fina sábana de plástico para cubrirnos, en un espacio con demasiado aire acondicionado. Y dormíamos en el piso de concreto", cuenta Garry Momplaisir, de 26 años, quien pasó cinco días en el lugar. "No podíamos ducharnos. Había baños pero no había lugar para lavarnos", agrega Momplaisir, expulsado junto a su esposa y su hija de cinco años.

Políticas trumpistas

Por su parte, el líder de la mayoría del Senado estadounidense, Chuck Schummer, del partido demócrata, instó al presidente Joe Biden a terminar con las deportaciones masivas de migrantes haitianos, una política que advirtió tenía actitudes “detestables y xenófobas” similares a las que se vieron durante le gestión del exmandatario republicano Donald Trump.

"Insto al presidente Biden (...) a poner fin inmediatamente a estas expulsiones, y a terminar con esta política del Título 42 en nuestra frontera sur. No podemos continuar con estas políticas detestables y xenófobas de Trump que ignoran nuestras leyes de refugiados", dijo Schumer en el pleno del Senado. La oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos anunció que la mayoría de los migrantes serán expulsados bajo el Título 42, una política del gobierno que restringe la inmigración debido a la pandemia de coronavirus.

"Todos hemos visto estas horribles imágenes procedentes de nuestra frontera sur, con solicitantes de asilo haitianos, que simplemente buscan escapar de la tiranía (...) siendo recibidos en nuestras puertas con una (indignidad) inimaginable", añadió Schumer. "Las imágenes de migrantes haitianos siendo golpeados con látigos y otras formas de violencia física son completamente inaceptables. Este comportamiento debe ser abordado y debemos rendir cuentas. Las imágenes revuelven el estómago", sostuvo.

Desde la ONU se sumaron a la preocupación por las expulsiones masivas. "Estamos seriamente preocupados por el hecho de que parece que no ha habido ninguna evaluación individual en los casos (de Haití)", señaló la vocera del organismo internacional, Marta Hurtado. "Quizás algunas de estas personas no han recibido la protección que necesitaban", agregó y subrayó que todos los solicitantes de asilo tienen derecho a que sus demandas sean consideradas

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Sábado, 18 Septiembre 2021 06:32

Una feria de vanidades

Viñeta de Matador dedicada al presidente colombiano y su moneda (tomada del canal de Instagram del autor)

Ni libros ni medallas, que no les confundan. En Colombia no ha lugar para ferias, aunque se sigan dando. Hoy imperan las balas, las que su policía dispara contra la población por ejercer su derecho a la protesta, y las monedas, las que el propio presidente se ha dedicado para que su imagen quede grabada en algún sitio más allá de en los anales de la estulticia.

A este aprendiz de político, que sigue los dictados de su maestro, lo que le importa es figurar, que hablen de él aunque sea mal. Por eso se dedicó a presentador de televisión, a exprimir la economía con sus promesas naranjas y a formar parte de la numismática nacional. Revisen lo bien que lo retrata Matador en sus viñetas.

No deberíamos equivocar el objetivo de las manifestaciones, o al menos no dejar como diana solamente al presidente colombiano. Habría que preguntarse de quién ha sido la idea de concederle una condecoración española al gobernante más inútil de la historia del país. Pero también, de quién ha partido, en estos tristes tiempos que corren, nombrar a Colombia como país invitado de la Feria del Libro de Madrid. Sin ir más lejos, acaba de vetar al periodista y escritor Daniel Samper Ospina impidiéndole participar en un programa de televisión en el que el gobernante iba a someterse a las preguntas de los medios.

Durante el gobierno de este señor, al que el Estado español condecora y recibe con honores, se han sucedido cientos de asesinatos de líderes sociales (Indepaz reporta 116 solamente en lo que va de año), que en muchos casos también eran defensores ambientales de esa diversidad y vitalidad que aparece en el logo de la Feria; se han producido numerosas masacres, que el “insigne” presidente ha cambiado por el eufemismo de homicidios colectivos; se han reprimido con violencia, mucha más de la habitual y con participación de civiles disparando a sus paisanas y paisanos, las manifestaciones populares para reclamar paz, trabajo y dignidad; se han incumplido los acuerdos de La Habana que terminaron con los enfrentamientos con la guerrilla de las FARC-EP, que, a pesar de haber abandonado las armas, sigue poniendo una parte importante de los muertos; se ha negado a reconocer púbicamente, y a ponerle algún remedio, a algo que la mayoría ya sabía pero que los gobernantes no querían saber, que fueron seis mil cuatrocientos dos los falsos positivos, personas asesinadas y  presentadas como bajas en combate, entre 2002 y 2008, y se han seguido dando los mismos o más casos de corrupción de siempre, el último el protagonizado por la ya exministra de las TIC que ha hecho desaparecer 70 mil millones de pesos (aproximadamente 15 millones de euros al cambio actual) que deberían haber servido para llevar conectividad a las áreas rurales, mayoría todavía en el territorio, en las que niñas y niños no tienen acceso a internet (por cierto, la susodicha no se merece que su apellido se convierta en verbo, aunque sea para recordarnos que ha robado). Y podríamos seguir enumerando.

Por suerte, la creatividad y el arte colombianos, no sólo su literatura, también su cine, su fotografía, su teatro, su música, su pintura y su escultura, están muy por encima de sus políticos y las políticas que practican, de sus legisladores y sus inacciones y de sus jueces y sus sentencias. Pero si el Gobierno colombiano invita a la Feria de Madrid a autoras y autores “neutros”, que otros organismos en el Estado español (ya sean organizaciones sociales, partidos políticos o editoriales) inviten al personal crítico para hacer contrapeso. No solamente o las y los conocidos, sino a toda una pléyade de jóvenes, y no tanto, que llenan la producción literaria, las salas de exposiciones, los teatros y los múltiples festivales al parque y a las calles que se dan en todo el país.

Si es el Gobierno español el que le premia, habría que sancionarle por anteponer los posibles beneficios económicos a la defensa de los derechos humanos y las libertades públicas. Claro, porque detrás de esa medalla debe haber un montón de intereses comerciales para que los buitres empresariales españoles “invadan” económicamente el país andino y echen a los cóndores de allá, a pesar de las muchas águilas negras que sobrevuelan el cielo colombiano.

Creo que es a todas luces injustificable el reconocimiento ofrecido al presidente de Colombia, tanto el de carácter político dado por el Gobierno español como el premio literario que supone que un presidente censurador represente a su país en la Feria del Libro de Madrid.

17SEP2021

Publicado enCultura