Bolivia: Jeanine Áñez irá a juicio político por genocidio

El Tribunal Supremo de Justicia la acusó en el Parlamento

La acusación surge de la denuncia de familiares de las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata.

 

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia envió al Parlamento una acusación por "genocidio" y otros delitos contra la expresidenta de facto Jeanine Áñez (2019-2020), por el asesinato de manifestantes opositores en 2019 tras la renuncia de Evo Morales.

"Se ha dispuesto la remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional del requerimiento acusatorio (...) con los fines de que pueda autorizar o no el juicio de responsabilidades a la ciudadana Jeanine Áñez", informó anoche el presidente del TSJ, Ricardo Torres.

Cuarta acusación 

La acusación había sido presentada el 20 de agosto por la Fiscalía General de Bolivia ante el máximo órgano judicial para su remisión al Legislativo. De acuerdo con Torres, esta es la cuarta proposición acusatoria enviada al parlamento contra Áñez, que está en prisión preventiva desde marzo.

Las anteriores se deben, entre otros motivos, a la autorización de un crédito con el Fondo Monetario Internacional sin aval del Legislativo y la aprobación de un decreto contra la libertad de expresión. Ahora, la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá decidir si se realizará un juicio de responsabilidades contra la exmandataria.

La aprobación del juicio solo es posible con el voto de dos tercios de los miembros del Congreso presentes durante la votación y, aunque el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales controla el parlamento, no tiene la mayoría especial necesaria.

Masacres

La acusación contra Áñez surge de la denuncia de familiares de las víctimas de la represión el 15 de noviembre de 2019 en el poblado de Sacaba, cercano a la ciudad central de Cochabamba, y el 19 de noviembre en la planta de gas de Senkata en la ciudad de El Alto, vecina a La Paz.


En un informe presentado el 18 de agosto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), totalizó 22 fallecidos en ambos incidentes, que calificó de "masacres". "La policía y las fuerzas armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado," dice el informe.

Sedición

También hay otros dos juicios en curso contra la expresidenta, aunque por la vía penal y ordinaria: uno por los supuestos delitos de sedición, terrorismo y conspiración, y el otro por presunto incumplimiento de deberes de funcionaria pública.

La conservadora Áñez se proclamó presidenta interina el 12 de noviembre de 2019, dos días después de que su antecesor, Morales, renunciara presionado por la Central Obrera Boliviana, mandos militares, partidos opositores y movimientos indigenistas y se viera obligado a exiliarse en México y luego en Argentina tras ganar unas elecciones denunciadas como fraudulentas por la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea.

Tras la contienda electoral, 37 personas fallecieron en enfrentamientos entre seguidores y opositores de Morales y por la represión de las fuerzas de seguridad de marchas de partidarios del derrocado mandatario de izquierda.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contabilizó 22 fallecidos represiones a las que calificó de "masacres". Áñez dejó el poder en noviembre tras la elección del presidente Luis Arce, delfín de Morales, y en marzo fue detenida.

Macri y Almagro

Junto a varios de sus ministros y ex jefes militares y policiales, es acusada como coautora de un golpe de Estado contra Morales en 2019, con apoyo de la Iglesia católica, la Unión Europea, políticos bolivianos de derecha y centro, así como los Gobiernos del expresidente argentino Mauricio Macri y del exmandatario ecuatoriano Lenín Moreno.
También el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, es cuestionado por su papel en la revisión de los resultados de esas elecciones.

Mientras tanto la oposición denuncia que las acciones judiciales contra Áñez se tratan de un ajuste de cuentas. Asimismo, la CIDH puso el ojo sobre la Justicia boliviana al destacar su "falta de independencia" y la "ausencia de garantías del debido proceso", además del "uso excesivo de la detención preventiva".

Intento de suicidio

Áñez, de 54 años, intentó suicidarse el sábado tras conocer los cargos de genocidio en su contra. Según un comunicado oficial la expresidenta de facto sufrió "lesiones leves autoinfligidas y recibió tratamiento en la enfermería del penal donde se encuentra recluida. 

27/08/2021

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Matan en Kabul a 13 militares de EU y al menos 60 civiles afganos

Bombazos y fuego de artillería provocan pánico en las cercanías del aeropuerto // Canadá y países europeos dan por terminada la evacuación

Kabul.The Independent. Bombazos y fuego de artillería cerca de la base aérea británica en las cercanías del aeropuerto de Kabul mataron ayer al menos a 13 uniformados estadunidenses y 60 afganos, incluidas mujeres y niños que buscaban huir del régimen Talibán.

Los atentados suicidas, que fueron reivindicados por Isis, ocurrieron al tiempo que las fuerzas británicas se preparaban para abandonar el hotel Baron, ubicado en el camino al aeropuerto, donde se reunieron afganos desesperados que intentaban escapar en los últimos vuelos de la evacuación.

Imágenes de video mostraban una zanja húmeda a un lado de la barda que rodea el perímetro del aeroupuerto, que quedó llena de cadáveres ensangrentados; y a personas que buscaban entre los muertos a sus seres queridos.

Entre los desaparecidos está Lufthar Hussein Wardak, quien llegó al retén estadunidense con la esperanza de abordar un vuelo para huir.

"Me llamó para decirme que había logrado pasar el retén talibán y que se dirigía al estadunidense", contó su hermana, Meena. "Estaba muy emocionado. No volvimos a escuchar de él. Creímos que la batería de su teléfono se había agotado durante la larga espera. Después un amigo de él nos dijo que hubo una explosión, y ahora tratamos de contactar a los hospitales", relató.

La carnicería siguió a repetidas advertencias de los gobiernos estadunidense y británico, de que la rama local del Isis, conocida como Isis-Khorasan, planeaba un ataque en el aeropuerto a medida que se acerca el plazo límite del presidente estadunidense, Joe Biden, para completar la evacuación de 6 mil soldados internacionales y que vence el martes próximo.

Isis reivindicó el ataque anoche a través de su canal en Telegram y celebró el hecho de que hubiera talibanes entre las víctimas.

Boris Johnson, premier británico, prometió continuar los esfuerzos de evacuación a pesar del "bárbaro" atentado, y agregó que la "inmensa mayoría" de quienes eran elegibles para ser rescatados ya fueron sacados de Afganistán por la Real Fuerza Aérea.

Las explosiones ocurrieron en la entrada del aeropuerto conocida como Puerta Abbey, custodiada por fuerzas estadunidenses, sobre un camino paralelo al canal de aguas negras cerca de la entrada del hotel Baron, que está a unos 274 metros de distancia, y donde la gente hacía fila para que les procesaran sus solicitudes para salir del país.

También hubo repetidas ráfagas de disparos. Estos ataques coordinados hicieron que la multitud y las tropas se hacinaran en un estrecho corredor sobre el camino que no tenía salida.

Entre los 13 muertos estadunidenses hay 12 marines y un médico naval; además, 18 efectivos estadunidenses resultaron heridos, pero no se reportaron víctimas británicas.

Varios testigos dijeron que tras el primer bombazo, los talibanes comenzaron a disparar al aire en un intento de dispersar a la multitud. Esto provocó confusión y más pánico. Algunas personas, incluso quienes estaban heridas, saltaron al canal de aguas negras.

Lo ocurrido hace que de inmediato se cuestione la relación entre el Talibán y otros grupos islamitas con presencia en Afganistán como Isis y Al Qaeda.

Bajo el acuerdo de Doha, que pavimentó el camino hacia el retiro militar occidental, el Talibán supuestamente debe evitar los atentados "terroristas".

Ha habido contactos regulares entre las fuerzas estadunidenses y británicas con los talibanes: tanto con altos funcionarios como con líderes locales. William Burns, director de la CIA, sostuvo pláticas confidenciales con el líder talibán, mulá Abdul Ghani Baradar, a principios de esta semana, sobre temas relacionados con las evacuaciones y la seguridad.

Ha habido numerosas alertas en días pasados, incluida una que presenció The Independent, cuando se reportó que un hombre que llevaba un artefacto explosivo en una bolsa pasó a través de las filas británicas, y se dirigió a un retén estadunidense. A pesar de que había una descripción detallada del sospechoso y se emprendió una intensa búsqueda, el individuo nunca fue encontrado.

Tropas británicas de la Brigada de Asalto 16 y de las fuerzas especiales custodiaban parte del área donde ocurrieron las explosiones. Ellos, y soldados de otros países occidentales estaban siendo remplazados por estadunidenses durante los últimos días, ante la reciente reducción de su presencia militar.

Washington y sus aliados apremiaron ayer a los civiles a que se mantuvieran alejados del aeropuerto, debido a la amenaza de un ataque del Isis.

En los pasados 12 días, los países occidentales han evacuado a cerca de 100 mil personas, en su mayoría afganos que colaboraron con ellos, pero reconocen que miles fueron dejados atrás después de la orden de Biden de retirar a todas las tropas antes del 31 de agosto.

Los últimos días de las evacuaciones aéreas muy probablemente serán usados, sobre todo, para llevarse a las tropas que quedan. Canadá y algunas naciones europeas ya anunciaron que sus vuelos fuera de Afganistán han concluido, al tiempo de que lamentaron públicamente la abrupta retirada ordenada por Biden.

© The Independent

Traducción: Gabriela Fonseca

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Colombia. Con asesinatos y amenazas pretenden silenciar el descontento social

Asesinan al joven y activista estudiantil Esteban Mosquera

Dolor y frustración en amplios sectores sociales dejó el asesinato del joven activista estudiantil Esteban Mosquera, a quien le arrebataron la vida en la tarde del pasado lunes 23 de agosto en las inmediaciones de su residencia en el barrio La Pamba de su natal Popayán.

 

Un crimen que al ser puesto en contexto genera aún más indignación. Esteban, joven estudiante de música, activista y periodista comunitario, objeto de asesinato selectivo, había padecido los estragos de la represión estatal: el 13 de diciembre de 2018, en el marco de las manifestaciones estudiantiles de ese entonces, fue violentado por el Esmad en su rostro, acción por la cual había perdida su ojo izquierdo.

Ataque aleve sufrido mientras hacía el ejercicio periodístico como fotógrafo, pues Esteban a lo largo de su vida colaboró con tres medios alternativos locales: Red Alterna, Contraportada y Raíz Grafica. Además, se desenvolvía como estudiante de música en la Universidad del Cauca, en la que era conocida su labor como activista en favor de los derechos estudiantiles y símiles reivindicaciones sociales.

Objeto de la violencai estatal, y también víctima de la incomprensión hogareña. “No hay que ocultarlo”, nos dice alguién que compartió vivencias con él: Esteban también estuvo atravesada por acoso y violencia intrafamiliar, agresiones que en parte padecía por su participación activa en la protesta social y por el ejercicio del periodismo.

Una realidad que, rompiendo el silencio que muchas veces prevalece ante litigios familiares, él ventiló en Red Alterna, denunciando el maltrato que padecía en su sitio de residencia producto de su forma de pensar. Cotidianidad dificil, ya que entre maltrato físico y otras practicas su día a día se veía coartado por humillaciones, como cerrarle con llave el servicio sanitario e impedirle el acceso al piano de cola para perfeccionar sus estudios.

Víctima en todo sentido de la ignorancia e intolerancia, que históricamente se han incrustado en la idiosincrasia del colombiano de a pie, alienación que celebra gobiernos corruptos y rechaza tajantemente la crítica, la protesta, la demanda de justicia social, así como la diferencia.

Tendencias macabras

La muerte de Esteban Mosquera se suma a la sombría estadística de líderes sociales, activistas y estudiantes asesinados a lo largo del 2021, cuyas estadistícas, según Indepaz, totalizan 108 víctimas, de las cuales 56 asesinatos se produjeron dentro del marco del Paro Nacional y movilizaciones posteriores. Asesinatos a los que se suman 82 víctimas jóvenes impactados por el Esmad con sus armas “no letalres” producto de lo cual quedaron con un ojo menos, agresión, violación de sus derechos humanos, padecido por Esteban en el 2018.

El nombre de Esteban Mosquera se suma al de Juan Sebastián Quintero Munera, Yeison Benavides y Camilo Galindez, otros jóvenes asesinados desde el mes de junio en el departamento del Cauca,.

Nombres, números y fechas que alimentan las estadísticas del oprobio, en las que, caso por caso, se hallar patrones comunes, y donde aparentemente el ‘crimen’ es protestar, dignidad que en Colombia es cobrada con sangre. Intimidar, multiplicar el mideo, es sello del poder.

Números que dejan entrever patrones claros de represión y persecución contra todo tipo de personas que manifiesten sus sentires y exprese su voz en aras de tejer lazos de colaboración en tiempos de “posconflicto”. El modus operandi del establecimiento deviene de prácticas totalitarias también implementadas en protestas sociales de otras latitudes, pues las lesiones oculares también han tenido lugar en Chile, Francia, Hong Kong y demás países donde la ciudadanía ejerce su derecho a la protesta. Pero los homicios solo tienen lugar en uno que otro país y nunca en cantidades como las registradas en Colombia donde la criminalización de la protesta social tiene la huella de estrategia y operatividad militar.

El día de ayer miércoles 25, fue velado el cuerpo de Esteban en la ciudad de Popayán, luego de múltiples actos simbólicos en su alma mater y varias movilizaciones convocadas en su nombre. El día de hoy, jueves 26 de agosto, a las 5pm en el Boulevar del río en la ciudad de Cali han convocada una velatón en su nombre para honrar la memoria de Esteban Mosquera, joven comprometido con la transformación social, cuya muerte significa un duro golpe para la resistencia estudiantil en la ciudad de Popayán.

La consigna de “Ni un muerto más” se diluye entre más víctimas. Cada día se sienten los pasos totalitarios del establecimiento, uniformado o de civil, resguardados en la impnidad, porque nada más colombiano que “tapen, tapen”, procurando que las cosas se queden como están.

http://www.indepaz.org.co/lideres-sociales-y-defensores-de-derechos-humanos-asesinados-en-2021/

https://www.infobae.com/america/colombia/2021/07/06/en-colombia-han-asesinado-1201-homicidios-de-lideres-sociales-desde-la-firma-del-acuerdo-de-paz/

http://www.indepaz.org.co/victimas-de-violencia-homicida-en-el-marco-del-paro-nacional/

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Magnicidio, encubrimiento y marines “humanitarios”

Estados Unidos y Colombia

Parece una mala novela policial, donde un comando de mercenarios comete un magnicidio y donde los gobiernos que envían y financian a los asesinos luego se aseguran de que sean funcionarios propios quienes investiguen el hecho, amparados por un comando “humanitario” de marines estadounidenses.

Todo esto hace cada vez más difícil que alguna vez se sepa realmente la verdad sobre el asesinato del presidente de Haití, Jovenal Moïse, el 7 de julio pasado.

Una serie de revelaciones, versiones encontradas y filtraciones a la prensa, salpican directamente a los países que están colaborando con las investigaciones sobre el crimen: Colombia y Estados Unidos. Pero sobre llovido, mojado. El 14 de agosto, un terremoto, de más potencia pero con menos víctimas fatales que el de 2010 que dejara más de 300 mil muertos, se abatió contra Haití, con sus secuelas de muertes, destrucción y hambruna. 

La respuesta humanitaria de Washington, fue enviar un contingente de “marines”, que si bien no necesitan dar rodeos para invadir países, en este caso han utilizado el recurso de ser «bondadosos» y «solidarios» con la tragedia haitiana, y han hecho pie nuevamente en un país que invadieron en varias ocasiones y en donde casi siempre controlaron a sus gobernantes.

Unos 420 marineros y alrededor de 200 infantes de marina, trabajarán en la limpieza de escombros y reapertura de carreteras, búsqueda, rescate y evacuación de heridos. Las tropas podrían permanecer en Haití hasta cuatro meses o más según sea necesario. El transporte anfibio USS Arlington se desplegará con dos helicópteros MH-60 Seahawk, un equipo quirúrgico y una lancha de desembarco. 

Además, Estados Unidos está enviando el USNS Burlington Spearhead Class Expeditionary Fast Transport (T-EPF-10) –un transporte rápido expedicionario- que también servirá como plataforma para lanzar drones para vigilancia aérea, así como dos aviones de patrulla marítima P-8A Poseidon. ¿Ayuda humanitaria?

 La población haitiana que viene sufriendo una desgracia tras otra, entre los malos gobernantes, el asesinato de su presidente Jovenal Moïse por mercenarios colombianos y estadounidenses, y la reacción de la Naturaleza en forma de terremoto frente a tanta agresión, ahora tendrán que lidiar con la prepotencia y el afán represivo de una tropa como la de los marines estadounidenses, acostumbrada a matar, a violar y a torturar. 

Los haitianos aún recuerdan el terremoto de 2010 que mató a cerca de 300 mil personas, en particular en la capital Puerto Príncipe y sus alrededores, y ahora vuelven a preguntarse sobre la frontera entre la ayuda de buena fe ante una emergencia humanitaria y la alimentación carroñera del “capitalismo del desastre”, ya que éste lucra con los cadáveres y el dolor ajeno. El terremoto pasa, las invasiones no.

Las familias haitianas que trataban, durante más de una década, de superar el duelo, de un momento a otro se vieron literalmente obligadas a enfrentar sus viejos fantasmas: el miedo, la incertidumbre, la zozobra, los turbulentos estados emocionales y psíquicos e incluso los complejos cuadros psicopatológicos que provocaron el terremoto y sus múltiples réplicas de sur a norte del país. 

Mercenarios y algo más

Los largos años de conflicto armado en Colombia han proporcionado un prolífico campo de entrenamiento para los militares, generalmente por parte de expertos estadounidenses e israelíes. Empresas de seguridad privadas en el mundo contratan a soldados entrenados en Estados Unidos por su experiencia contra guerrillas, campesinos, obreros e incluso cárteles de la droga (a veces contra y otras a favor).  Para el NYT, una veintena de comandos retirados colombianos viajaron a Haití este año, después de que un colega les prometió trabajos de seguridad con un salario de 2.700 dólares mensuales, cifra casi siete veces mayor que sus pensiones, que ascienden a 400 dólares y sirve apenas para subsistir.

El gobierno colombiano incumple el tratado de paz con la guerrilla y no tiene más argumentos que una creciente represión para detener el estallido social en el país, mientras el ejército entrena y despliega a una nueva generación de soldados que, de no mejorar las oportunidades en Colombia, seguramente será captada por una industria global de mercenarios cada vez más voraz que tiene el potencial de desencadenar más operativos de desestabilización en todo el mundo.

Colombia fue ganando reputación como tierra fértil para mercenarios. Hasta ahora, alrededor de seis mil soldados colombianos retirados han trabajado como guardias de seguridad, pilotos o técnicos de mantenimiento de aeronaves y vehículos en los Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Afganistán y Dubai. Las ofertas llegan por whatsapp y por empresas colombianas administradas por oficiales retirados, muchos de ellos cobertura de altos cuadros en actividad.  Pero no solo seducen a personal retirado, sino a militares en actividad: a mediados de la deácada del 2000, renunciaron en masa pilotos de helicópteros Black Hawk, capacitados por instructores estadounidenses e israelíes, para trabajar con empresas privadas. Y algunos terminaron bombardeando aldeas en Afganistán o Irak.

¿Una trasnacional del crimen?

El embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada introdujo la semana pasada un documento ante el Consejo de Seguridad para que se investiguen las operaciones mercenarias que vinculan a EEUU y Colombia y denunció que los mercenarios colombianos formarían parte de una red de crimen transnacional narcoparamilitar, que presuntamente cuenta con el apoyo del Estado colombiano y «su aparato de propaganda» para lavar sus actos criminales.

Pero vayamos a los hechos. La detención de 18 veteranos colombianos en Puerto Príncipe por su participación en el magnicidio del presidente Moïse, desató un debate sobre el trato que el gobierno de Colombia da a sus soldados retirados y sobre los contratistas de éstos para perpetrar asesinatos y otros actos delictivos para desestabilizar gobiernos y favorecer los negocios de sus financistas.  También Estados Unidos está involucrado en el magnicidio, no solo porque le ofreció atención sanitaria a la exprimera dama, Martine Moïse, sino porque al menos siete de los mercenarios fueron entrenados por el Pentágono, o sea el Departamento de Defensa.

La canciller Marta Lucía Ramírez y el gobierno de Iván Duque han asegurado que los mercenarios «fueron engañados». O sea, no se niega que sean mercenarios ni que el gobierno supiera de sus actividades, sino que además ha encabezado las gestiones para que los familiares de los exmilitares tengan permitido viajar a Puerto Príncipe y sea posible lograr la repatriación de los cuerpos de tres asaltantes abatidos en enfrentamientos con la policía haitiana.

Colombia salió muy rápidamente a pretender organizar el proceso de investigación de los hechos en Haití e intentó producir un mantoque le permitiera desviar la atención y encubrir lo que está ocurriendo.  Por su parte, Washington envió a altos funcionarios del FBI y del Departamento de Seguridad para «apoyar» la solicitud del Ministro de Interior de Haití, Claude Joseph, quien –siguiendo el libreto- pidió «investigadores» a Interpol y a las agencias de seguridad de Estados Unidos y Colombia.

La policía colombiana confirmó que los asesinos de Moïse salieron en dos vuelos desde suelo colombiano, planearon el crimen entre Haití, EEUU y República Dominicana, y que al menos cuatro empresas habrían sido responsables de reclutar a los comandos.  Pero a mediados de julio, el discurso oficial dio un giro, y la vicepresidente Ramírez -quien fuera ministra de Defensa del genocida presidente Álvaro Uribe Vélez en 2002 y 2003-  anunció el envió de una misión consular para asistir a los mercenarios colombianos detenidos y gestionar la repatriación de los asesinos muertos en el magnicidio.  Y lanzó la especie –que tomaron varios medios trasnacionales- de que varios de los conspiradores, lamentablemente habían sido engañados: algunos de los colombianos que fueron a Haití sabían de qué se trataba, la mayoría fue a otra misión, que supuestamente consistía en apoyar las fuerzas de seguridad de ese país. Y en arenga patriotera dirigida quizá al mercado interno, aseguró que «jamás un militar colombiano» sería capaz de pensar «en la hipótesis de participar en un magnicidio».

Obviamente, el Gobierno de Colombia y los medios de comunicación en ese país buscan imponer la narrativa de que los mercenarios son héroes y caballeros militares (no sería de extrañar que apareciera alguna película sobre el hecho), pero se trata de otra operación de desinformación en desarrollo contra Haití.

Paralelamente, el Departamento de Estado estadounidense anunció que Dabniel Foote sería el enaviado especial a Haití para colaborar «con los socios haitianos e internacionales«, «facilitar una paz y una estabilidad duradera», y apoyar «los esfuerzos para celebrar elecciones presidenciales y legislativas libres y justas». Amén.

El magnicidio de Moïsepuso en evidencia la compleja situación a lo interno del Ejército colombiano, convertido en el mayor exportador de mercenarios para las empresas militares de seguridad privada,  asociadas con actores políticos actuales, que relacionados estrechamente con actores económicos estadounidenses, israelíes y del Reino Unido, países a los que se les hace rentable contratar mano de obras asesina colombiana, ya utilizada en los conflictos de Irak, Siria, Afganistán y Yemen.   «Marta Lucía Ramírez y otros funcionarios están ligados y comprometidos con el segundo producto de mayor exportación que tiene Colombia, el paramilitarismo, que se ha convertido en mercenarismo internacional», denuncia el activista de Derechos Humanos y de migrantes Juan Carlos Tanus.

Unos 15 mil soldados, con alta preparación castrense, salen del Ejército colombiano tentados por contratos apetitosos de contratistas como la británica G4S o la estadounidense CTU Security LLC (investigada por el magnicidio a Moïse). Los dineros los reciben a través de empresas legalizadas en Colombia que guardan vínculos con el paramilitarismo y las redes del narcotráfico.

Por Aram Aharonian | 24/08/2021

Fuentes: Rebelión - CLAE

*Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Creador y fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

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La victoria talibán rompe el equilibrio regional en beneficio de Pakistán, China y Rusia

Vuelco en Afganistán

La salida desordenada de los americanos y sus aliados de la OTAN es ante todo una tragedia para los afganos

 

Hace siete años, un antiguo jefe de los servicios secretos pakistaníes, Inter-Services Intelligence (ISI), Hamid Gul, lanzó una provocadora sentencia en unas declaraciones en televisión: “Cuando se escriba la historia, se dirá que el ISI derrotó a la Unión Soviética en Afganistán con la ayuda de América. Y después que el ISI, con la ayuda de América, derrotó a América”. El tiempo ha revelado que se trataba de un vaticinio certero. Y una confesión cruda del doble juego que Pakistán –aliado formal de Estados Unidos y patrocinador bajo mano de los talibanes– ha llevado a cabo en Afganistán. La victoria de los islamistas afganos, con la precipitada y caótica retirada de EE.UU., es también una victoria pakistaní.

La desordenada salida de Afganistán de EE.UU. y sus aliados de la OTAN –veinte años después de la invasión en represalia por los atentados del 11-S–, con el súbito derrumbe del régimen prooccidental de Kabul y el inopinado retorno de los talibanes al poder, es ante todo una tragedia para los propios afganos, que ven emerger de nuevo la amenaza de un régimen de terror como el que ya sufrieron entre 1996 y 2001. Pero tendrá también importantes efectos en el tablero internacional.

El fracaso de EE.UU. y sus aliados deja un claro vencedor, Pakistán, y abre una ventana de oportunidades –no exenta de riesgos– a otros países de la región, como Irán y Turquía, y sobre todo a las dos grandes potencias rivales de los norteamericanos, China y Rusia. Los primeros movimientos en el tablero indican que, a poco que los talibanes cumplan su compromiso de no volver a convertir Afganistán en una base del terrorismo internacional, el régimen no será esta vez el paria que fue hace dos décadas.

“Pakistán es el gran ganador, puesto que es el sponsor de los talibanes. Pero también hay otros ganadores indirectos, como China y Rusia”, sostiene Pascal Boniface, fundador y director del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas (IRIS, en sus siglas en francés): “Quienes contestan la supremacía occidental ganan. Ver a a los occidentales fracasar es un motivo de perverso regocijo, especialmente para los rusos”. Desde Moscú recuerdan estos días con sorna que tras su retirada de Afganistán en 1989 –después de una cruenta guerra de diez años, en la que los grupos rebeldes recibieron el apoyo clandestino de los norteamericanos–, el régimen comunista sobrevivió tres años, frente a los diez días que sólo ha durado el gobierno del presidente Ashraf Ghani.

A diferencia de los occidentales, que están evacuando a todo su personal, chinos y rusos han mantenido abiertas sus embajadas en Kabul y han establecido contactos directos con los líderes talibanes. Su primera y compartida preocupación, sin embargo, no es tanto ganar influencia como evitar la desestabilización, a través de grupos radicales próximos a los islamistas afganos, de la gran provincia oriental china de Xinjiang –de mayoría musulmana uigur–, por un lado, y de las repúblicas exsoviéticas de Asia Central, por el otro.

Mientras el mundo asistía pasmado a la victoria militar talibán, Pakistán aplaudía sin disimulo. “Los afganos han roto los grilletes de la esclavitud”, declaró el primer ministro pakistaní, Imran Jan (el mismo que en el 2019 acudió a Washington en busca de árnica, después de que Donald Trump les pusiera en el disparadero con amenazas públicas)

 “Estados Unidos ha dado ingenuamente a Pakistán más de 33.000 millones de dólares de ayuda durante los pasados 15 años, y lo único que nos han dado ellos son mentiras y engaños, porque ven a nuestros líderes como tontos. Dan refugio a los terroristas a los que perseguimos en Afganistán, y ayudan poco. ¡SE ACABÓ!”, escribió el entonces presidente de EE.UU. en Twitter. Jan logró suavizar las relaciones y las amenazas acabaron en nada (Trump suspendió temporalmente la ayuda militar, para luego desbloquearla con la misma facilidad). Pero no le faltaba razón.

La mediación de Pakistán para facilitar las conversaciones de paz entre los talibanes y la Administración Trump, que concluyeron en el 2020 con el acuerdo de retirada de las tropas extranjeras en Afganistán, fue un importante linimento. Pero otros factores explican la tolerancia de Washington. A fin de cuentas, EE.UU. prefiere tener a Pakistán –potencia nuclear y aliado estrecho de Arabia Saudí– de su lado, por difícil y engañoso que sea, que en contra.

Pakistán siempre ha jugado con varias barajas. Daba apoyo a la lucha antiterrorista global de EE.UU. mientras, a la vez, ocultaba en su territorio al líder de Al Qaeda y autor intelectual de los atentados del 11-S, Osama Bin Laden (a quien los norteamericanos tardaron diez años en encontrar y matar). Combatía en el interior a la rama pakistaní de los talibanes –Tehreek-e-Taliban Pakistan, que habían cometido atentados en el país–, mientras cobijaba y apoyaba a los talibanes afganos.

La proximidad ideológica no es aquí lo más importante. Para Islamabad, tener en Kabul un régimen afín es una apuesta geopolítica fundamental. De ahí que desde los años cincuenta haya metido mano en el país vecino apoyando a unos u otros. Su insistencia le ha dado rédito. “Afganistán le da a Pakistán profundidad estratégica frente a su conflicto con India”, subraya Gabriel Reyes, director de proyectos del Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITPax) e investigador del Cidob experto en la región. Dicho de otro modo, se cubre las espaldas por su retaguardia. La fiabilidad que pueda tener esta alianza es otra cuestión. El control que los militares pakistaníes han ejercido hasta ahora sobre los talibanes podría debilitarse una vez estos se consoliden en el poder en Kabul –apunta una nota de la consultora GZero-Eurasia Group, especializada en investigación de riesgos políticos globales, dirigida por el analista Ian Bremmer–, e incluso podrían convertirse en un foco potencial de desestabilización por sus vínculos tribales al otro lado de la frontera –dada la pertenencia común a la etnia pastún– y su relación con los talibanes pakistaníes.

Junto a Pakistán, aunque a otro nivel, el otro gran beneficiario del cambio en Afganistán puede llegar a ser China. Su principal preocupación, en este momento, como confirman los diversos analistas, es el riesgo de ataques terroristas a través de la estrecha frontera que tiene con Afganistán en el corredor de Wakhan, donde podrían refugiarse grupos radicales uigures como el Movimiento Islámico de Turkestán del Este (ETIM). Y ese fue el objeto central del encuentro que mantuvieron el pasado 28 de julio en Tianjin el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, y el dirigente talibán Abdul Ghani Baradar.

“Pero China tiene también otros intereses, particularmente las riquezas mineras de Afganistán, que son muy golosas”, señala Pascal Boniface. Por el momento, la empresa China Metallurgica Group Corporation tiene formalmente la concesión para explotar la gran mina de cobre de Mes Aynak, a unas decenas de kilómetros al sur de Kabul. Pero el enorme coste y la inseguridad han dejado la inversión en suspenso.

A juicio de Gabriel Reyes, ésta es una apuesta a largo plazo de China, cuya estrategia es ir tomando posiciones y esperar el momento apropiado. Pero no es prioritaria. “Sus principales intereses pasan por Pakistán, donde han invertido masivamente en el marco de su proyecto de las nuevas rutas de la seda (Belt and Road Initiative)”, explica. Y en el que los pivotes esenciales son la ciudad de Karachi y el puerto de Gwadar, en el Índico.

Nuevamente, el problema de la seguridad es aquí esencial. Desde el pasado mes de abril, los intereses chinos han sido objeto de cuatro atentados en Pakistán, el último el pasado 14 de julio, en el que murieron nueve ingenieros chinos a causa de la activación de una bomba al paso del convoy en el que viajaban.

Lo mismo obsesiona a Rusia, que además de la base que tiene en Tayikistán se ha apresurado a desplegar tropas –para unas maniobras militares conjuntas– en la frontera entre la república amiga de Uzbekistán y Afganistán. Moscú, que salió escaldado del país asiático hace más de treinta años, puede congratularse del infortunio padecido ahora por Estados Unidos –como si fuera una suerte de justicia poética–, pero está lejos de querer volver a meter los pies en el mismo barrizal.

Los rusos no tienen grandes intereses económicos directos en Afganistán y buscan ante todo fijar una convivencia razonable –“positiva y constructiva”, en palabras del embajador Dimitr Zhirnov– con el nuevo régimen, que no ponga en peligro la estabilidad de su flanco sur en Asia Central, la tripa blanda del imperio. Toda la cuestión es si los talibanes cumplirán sus promesas.

Si nadie confía mucho en la moderación ideológica de los integristas afganos y su disposición a respetar los derechos de las mujeres –“Dudo que se hayan vuelto liberales”, ironiza Boniface–, pocos dudan de que esta vez se guardarán muy mucho de volver a atraer las iras internacionales convirtiendo Afganistán en base del terrorismo islamista global. “Es su propio interés”, apunta el director del IRIS. “Parecen haber aprendido la lección”, remarca Reyes, quien no obstante deja un cierto margen a la duda: “Habrá que ver si lo pueden cumplir”.

En todo caso, en el este del país tienen un problema por resolver: la presencia del aún más oscurantista Estado Islámico.

 

22/08/2021 06:00

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EEUU y la OTAN mataron a más de 10.000 civiles durante la intervención en Afganistán

En medio de bombardeos y ataques en suelo afgano, la administración estadounidense pagó "compensaciones" a familiares de sus víctimas mortales que oscilaron entre los 1.000 y los 5.000 dólares, según distintos informes.

 

El capítulo afgano de la denominada "guerra global contra el terror" lanzada por EEUU con el apoyo de la OTAN ha dejado un reguero de muertos y heridos entre civiles. La intervención militar lanzada hace 20 años se ha cerrado con la victoria de los talibanes y un largo listado de víctimas que cayeron bajo disparos y bombardeos lanzados en el marco de una operación que, paradójicamente, nació con el nombre de "libertad duradera".  

De acuerdo a distintos datos recogidos por Público a través de documentos de la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA, por sus siglas en inglés) y de un estudio realizado por Marc W. Herold, profesor Profesor de Desarrollo Económico en la Universidad de New Hampshire, el número de víctimas provocadas por las tropas de EEUU y la OTAN entre octubre de 2001 y junio de este año –última fecha sobre la que existen cifras disponibles– asciende al menos a 10.111. 

Si se añaden los crímenes atribuidos al Ejército Nacional Afgano –creado y entrenado por las fuerzas estadounidenses y de la Alianza Atlántica– el número de víctimas llega a 15.424.

Ese mismo recuento establece que las "fuerzas antigubernamentales", entre las cuales ocupaban un lugar preponderante los talibanes, están detrás de 24.779 asesinatos de civiles. Se estima que solo en 2020, los combatientes del movimiento talibán perpetraron más de 1.300 crímenes.

El número total de civiles afganos muertos durante estos 20 años a raíz de las actuaciones de los distintos actores llega, según datos de la ONU, a más de 38.000. Amnistía Internacional habla en total de 150.000 muertos entre civiles y militares, de los cuales 60.000 pertenecían a las fuerzas de seguridad de Afganistán.

"Los niveles extraordinarios de daños infligidos a los civiles en el conflicto afgano continúa sin cesar", advertía la UNAMA en su último reporte, publicado en abril pasado. En los tres primeros meses del año se contabilizaban ya 573 muertos y 1.210 heridos, lo que representaba un 29% más de víctimas en comparación con el mismo periodo de 2020.

La misión de Naciones Unidas calificaba como "especialmente preocupante el aumento del 37% en el número de mujeres muertas y heridas", así como un crecimiento del 23% entre las víctimas infantiles en comparación con el primer trimestre de 2020.

"El número de civiles afganos muertos y mutilados, especialmente mujeres y niños, es profundamente preocupante. Imploro a las partes que encuentren urgentemente una forma de detener esta violencia", decía en ese informe la diplomática canadiense Deborah Lyons, representante especial de la ONU en ese país asiático.

"En Afganistán han sido frecuentes los daños colaterales, eufemismo utilizado para señalar a aquellas muertes indeseables, por lo general civiles, causadas por las fuerzas militares occidentales (las provocadas por la insurgencia son calificadas como meros asesinatos). Sin embargo, aun no deseadas, no se trata, en muchos casos, de 'errores'. Es decir, si se bombardea una localidad habitada, ya se conoce que, con toda probabilidad, morirán civiles", apunta por su parte Alejandro Pozo, investigador del Centro Delàs de Estudios por la Paz especializado en el conflicto afgano. 

En tal sentido, Pozo destaca que "la Guerra contra el Terror ha afectado a los principios de proporcionalidad, necesidad y discriminación", de forma que "el mero hecho de habitar en las regiones que controlan los grupos armados designados como terroristas y no salir malparado es indicio de no haberse opuesto lo que se considera como suficiente".

2.400 dólares por la vida de un niño

Los "daños colaterales" registrados a lo largo de dos décadas de intervención militar en Afganistán dieron lugar a "compensaciones" pagadas por la administración estadounidense a los familiares de sus víctimas. De acuerdo a los registros publicados en los últimos años por la publicación digital estadounidense The Intercept y por la agencia Reuters, EEUU ha pagado 1.000 dólares a un hombre por el asesinato de su hijo en una operación cerca de la frontera con Irán o 2.414 dólares por un niño muerto por un carro de combate. 

"Los pagos de condolencia están destinados a ser gestos simbólicos y, hoy en día, en Afganistán, por lo general, tienen un límite de 5.000 dólares, aunque se pueden aprobar cantidades mayores", relataba la periodista Cora Currier en una investigación publicada en febrero de 2015 en The Intercept

Un informe desclasificado del Ejército estadounidense señalaba que entre 2005 y 2014 el ejército se habían registrado 1.630 pagos de "compensaciones", cuya media era de 2.985 dólares por indemnización. En ese contexto,  un portavoz del Pentágono aseguró en 2017 que los pagos de "compensaciones" quedaban a criterio de los comandantes de EEUU sobre el terreno, ya que estaban "en mejor posición" para "juzgar los incidentes". 

Crímenes de guerra

El 5 de marzo de 2020, la Cámara de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) autorizó a la fiscal jefe de dicho organismo, Fatou Bensouda, para abrir una investigación sobre los presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Afganistán. La investigación pone el foco en las actuaciones ilegales por parte de las tropas estadounidenses y miembros de la CIA como por integrantes de las fuerzas afganas o combatientes talibanes.

El Gobierno de Donald Trumpreaccionó entonces con anuncios de sanciones contra la fiscal Bensouda y Phakiso Morchochoko, responsable de la división de jurisdicción, complementariedad y cooperación de la CPI, mientras proclamaba que ese tribunal era una institución "corrupta" e "ilegítima".   

20/08/2021 22:30 Actualizado: 20/08/2021 22:50

Por Danilo Albin@Danialri

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Cuatro de los mercenarios capturados en Haití contaron cómo mataron a Moise.

Noticias Caracol tuvo acceso a 15 horas de grabaciones en las que cuatro de los 18 colombianos implicados cuentan su versión de lo que pasó ese día y en las horas posteriores al magnicidio.

Cuatro exmilitares colombianos detenidos en Haití confesaron su responsabilidad en el asesinato del presidente Jovenel Moise, en una acción ejecutada el pasado siete de julio en su residencia en Puerto Príncipe en la que también resultó herida su esposa Martine. Así lo informó el programa Noticias Caracol de Colombia, que tuvo acceso a 15 horas de grabaciones de audio en las que cuatro de los 18 implicados cuentan su versión de lo que pasó ese día y en las horas posteriores al magnicidio. La orden de un exfuncionario del ministerio de Justicia haitiano, según los detenidos, era terminar con la vida del mandatario ante el pedido de políticos locales que pretendían tomar el poder. Los mercenarios habrían trabajado para la firma CTU Security (Counter Terrorist Unit Federal Academy) radicada en Miami.

"Matar a todos"

Los que hablan en los audios fueron identificados como el capitán retirado del Ejército Germán Rivera García, el subteniente retirado Jheyner Carmona, el exsargento Ángel Yarce Sierra y el soldado retirado Naiser Franco Castañeda. Según los relatos obtenidos por Noticias Caracol, Joseph Felix Badio, exfuncionario del ministerio de Justicia de Haití, fue quien dio a Rivera la orden de la operación que desembocó en el asesinato de Moise.

En una de las grabaciones Rivera, al que los otros exmilitares llamaban "Mike", afirma: "Badio dijo que había que matar a todos. Todos son los policías, la seguridad del presidente, todo el que se encuentre adentro de la casa, que había que matarlos". Inicialmente el plan era detener a Moise, pero Badio dijo que las órdenes ya no eran las mismas y que su objetivo era no dejar a nadie vivo en la residencia presidencial.

Así, el siete de julio a la una de la madrugada y acompañados de Badio, el ciudadano estadounidense James Solages y cuatro policías locales que desaparecieron del lugar una vez cometido el crimen, los exmilitares salieron en seis coches con el objetivo de ejecutar a Moise. "Ellos paraban y neutralizaban a los policías que estaban ahí", relató el exsargento Ángel Yarce. El exmilitar Duberney Capador supervisaría la operación dentro de la casa y Rivera esperaría en la entrada.

La información difundida por Noticias Caracol indica que el exsoldado Víctor Pineda Cardona le efectuó al presidente Moise 12 disparos con un fusil M4. "Dicen que fue Pineda. Lo escucharon a él mismo. Está preocupadísimo, ese muchacho no tiene paz", se escucha decir a quien se identifica como Franco en otro de los audios.

Fuga frustrada

El noticiero colombiano indicó que el asalto a la residencia de Moise duró alrededor de 30 minutos y que luego de asesinar al mandatario haitiano los mercenarios buscaron dinero y objetos de valor. Antes de la operación les habían avisado que Moise tenía entre 18 y 45 millones de dólares en su casa: en la habitación de Jovenel y Martine Moise encontraron dos valijas y tres cajas al parecer cargadas de billetes. Parte del botín debía ser entregado, presuntamente, a la firma CTU Security, la encargada de reclutarlos.

El grupo que organizó el operativo cargó el dinero en vehículos y, siguiendo el plan establecido, se dirigíó al palacio presidencial ya que allí iba a tomar posesión el nuevo presidente de Haití, al que supuestamente debían cuidar. "(El sargento retirado) Capador nos llevaba para el palacio porque en el palacio nos iban a proteger, y estaba la policía y nos iba a proteger", relata quien dice ser Yarce. 

Posteriormente la policía haitiana les bloqueó el paso con camionetas y tanquetas, por lo que la banda de mercenarios se refugió en una casa de la que luego fueron desalojados con armas y gases lacrimógenos. Tres exmilitares murieron y los demás escaparon a la embajada de Taiwán en busca de protección diplomática, aunque terminaron siendo detenidos.

El magnicidio de Moise fue cometido, según las investigaciones, por un comando de 26 mercenarios que irrumpió en la residencia presidencial sin hallar resistencia por parte de las fuerzas de seguridad que custodiaban al mandatario. Según los últimos datos de la policía, 44 personas están detenidas, entre ellas 12 miembros de esa institución así como 18 colombianos, en su mayoría militares retirados, y seis haitianos, tres de ellos nacionalizados estadounidenses.

19/08/2021

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Una persona sostiene una foto de Jovenel Moise durante su funeral en Haití, el 23 de julio de 2021Ricardo Arduengo / Reuters

Washington y Bogotá enviaron equipos a Puerto Príncipe para ser parte de las investigaciones.

La verdad sobre el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, parece cada vez más difícil de dilucidar. Desde que ocurriera el magnicidio el pasado 7 de julio, una serie de revelaciones, versiones encontradas y filtraciones a la prensa, dan cuenta de cómo el caso salpica directamente a los países que están colaborando con las investigaciones: Colombia y EE.UU.

Un punto que llama la atención es la manera en que Bogotá ha abordado la situación, ya que después de que se revelara la participación de al menos 18 exmilitares colombianos en el magnicidio, capturados en Puerto Príncipe, el Gobierno de Iván Duque ha asegurado que los mercenarios "fueron engañados".

La principal vocera de la Casa de Nariño ha sido la canciller y vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, quien se ha encabezado las gestiones para que los familiares de los exmilitares tengan permitido viajar a Puerto Príncipe y sea posible lograr la repatriación de los cuerpos de tres asaltantes abatidos en enfrentamientos con la policía haitiana.

Arte y parte

EE.UU. también ha estado involucrado en los hechos, no solo porque le ofreció atención sanitaria a la exprimera dama, Martine Moïse, sino porque al menos siete de los mercenarios colombianos fueron entrenados por el Pentágono. Tras esas revelaciones, tanto Washington como Bogotá informaron que enviarían equipos a Puerto Príncipe para las investigaciones del crimen.

La Casa Blanca envió a altos funcionarios del FBI y del Departamento de Seguridad para "apoyar" la solicitud del Ministro de Interior de Haití, Claude Joseph, quien pidió "investigadores" a Interpol y a las agencias de seguridad de EE.UU. y de Colombia.

En Bogotá, el ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que la fuerza militar y la policía de su país prestarían "toda la colaboración en el esclarecimiento del magnicidio". La policía de ese país, mientras tanto, confirmó que los presuntos asesinos de Moïse salieron en dos vuelos desde suelo colombiano, planearon el crimen entre Haití, EE.UU. y República Dominicana, y que al menos cuatro empresas habrían sido responsables de reclutar a los comandos.

No obstante, el 16 de julio comenzó el giro discursivo desde Bogotá. Ese día, la vicepresidenta Ramírez dio unas controvertidas declaraciones sobre el envío a Haití de una misión consular que daría asistencia a los detenidos y gestionaría la repatriación de los abatidos.

Días más tarde, el Departamento de Estado de EE.UU. creó la figura del "enviado especial para Haití", a cargo de Daniel Foote, para colaborar "con los socios haitianos e internacionales", "facilitar una paz y una estabilidad duradera", y apoyar "los esfuerzos para celebrar elecciones presidenciales y legislativas libres y justas".

En medio de la controversia, la viuda y exprimera dama de Haití, Martine Moïse, —la única testigo presencial del asesinato— denunció que su esposo se hizo de enemigos peligrosos y poderosos porque, a su juicio, intentó finiquitar contratos del Estado que lucran a "la oligarquía" corrupta.

"¿Es un crimen querer liberar al Estado de las garras de los oligarcas corruptos?", se preguntó la exprimera dama durante el funeral de su esposo, donde pidió buscar a los "verdaderos responsables" del magnicidio, a quienes calificó como "aves de rapiña" que siguen en libertad, "sedientos de sangre" y con la intención de ahuyentar a cualquier otro líder que pretenda hacer reformas en el país.

"Fueron engañados"

El viceministro colombiano Francisco Echeverri fue el encargado de tener contacto permanente con los familiares de los detenidos y con el embajador haitiano en Bogotá, Jean Mary Exil.

Mientras tanto, la vicepresidenta —exministra de Defensa entre 2002 y 2003 en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez—, aprovechó ese contexto para defender "el alma de los soldados de Colombia" y aseguró que "jamás un militar colombiano" sería capaz de pensar "en la hipótesis de participar en un magnicidio".

La vicepresidenta insistió en que varios de los mercenarios, "lamentablemente" habían sido "engañados". Según ella, aunque "algunos de los colombianos que fueron a Haití sabían de qué se trataba", "la mayoría fue a otra misión", que supuestamente consistía en "apoyar las fuerzas de seguridad" de ese país.

"Sé perfectamente que los militares de Colombia no son, jamás y bajo ninguna circunstancia, mercenarios que vayan a ir de oficio a cometer ningún crimen en ningún lugar", indicó Ramírez, a pesar de conocerse que una gran cantidad de soldados retirados terminan contratados por empresas extranjeras de seguridad para actuar en conflictos armados.

La canciller, que se ha mostrado preocupada por la "imagen negativa" de su país por estos hechos, ha informado que el cónsul honorario de Colombia en Haití, Julio César Santa, visitó a los reos y verificó que han recibido "valoración médica" y se encuentran "en mejores condiciones".

De hecho, ha sido insistente en prometer que su gobierno dará "asistencia consular" a los 18 detenidos, "para que tengan garantías humanitarias y se les respete el debido proceso". Este jueves, anunció que les buscarán un abogado para defenderlos y que, si tienen la posibilidad de llevar el caso a un organismo internacional, lo harán.

"Desviar la atención y encubrir"

Para el activista de Derechos Humanos y de migrantes Juan Carlos Tanus, el magnicidio de Moïse ha puesto en evidencia la compleja situación a lo interno del Ejército colombiano, "convertido en el mayor exportador de mercenarios para las empresas militares de seguridad privada".

En entrevista para RT, Tanus aseveró que cada año salen del Ejército colombiano "unos 15.000 soldados que cuentan con una alta preparación militar", que terminan siendo "muy apetecidos" por las contratistas militares privadas como la británica G4S o la estadounidense CTU Security LLC (investigada por el magnicidio a Moïse).

Por esas operaciones, los soldados reciben grandes cantidades de dinero a través de empresas legalizadas en Colombia que, según Tanus, guardan vínculos con el paramilitarismo y las redes del narcotráfico.

De hecho, el embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada —quien introdujo la semana pasada un documento ante el Consejo de Seguridad para que se investiguen "las operaciones mercenarias" que vinculan a EE.UU. y Colombia— denunció que los mercenarios colombianos formarían parte de una red de crímen transnacional narcoparamilitar, que presuntamente cuenta con el apoyo del Estado colombiano y "su aparato de propaganda" para lavar sus actos criminales.

"Se trata una operación de desinformación en desarrollo contra Haití", dijo Moncada, quien aseguró que el Gobierno de Colombia y los medios de comunicación en ese país buscan "imponer la narrativa" de que los mercenarios son "héroes" y "caballeros militares", que "supuestamente fueron engañados por haitianos corruptos".

Para el diplomático venezolano, esta versión es "una segunda agresión contra Haití".

Al respecto, Tanus coincide: "El Gobierno de Colombia salió muy rápidamente a pretender organizar el proceso de investigación de los hechos en Haití e intentó producir un manto que le permitiera desviar la atención y encubrir lo que está ocurriendo".

Según el activista colombiano, las empresas de mercenarios también están asociadas "con actores políticos gubernamentales actuales", y guardan una "estrecha relación" con actores económicos de EE.UU, Israel y Reino Unido.

Por ejemplo, comenta, a esos países se les hace "muy rentable" contratar a exmilitares colombianos, cuestión que queda en evidencia con los "graves antecedentes" de su participación en los conflictos en Irak, Siria, Afganistán o Yemen.

"Marta Lucía Ramírez y otros funcionarios están ligados y comprometidos con el segundo producto de mayor exportación que tiene Colombia, el paramilitarismo, que se ha convertido en mercenarismo internacional", denuncia Tanus.

Para él, es evidente que la rapidez con la que ha reaccionado Colombia tras el escándalo por el magnicidio, ha sido porque buscan "darle otro rumbo a la historia para que no se indague el origen de la expresión mercenaria y la exportación del paramilitarismo, que genera más de 50.000 millones de pesos [unos 13.000 millones de dólares] anuales, que solo supera el narcotráfico de cocaína".

Mientras se desarrollan los hechos, el discurso de Colombia y de algunos medios de comunicación en ese país sigue orientado a tratar como víctimas a los mercenarios, que en la víspera admitieron su responsabilidad en el magnicidio a través de unos audios que difundió de manera inédita Noticias Caracol.

Publicado: 19 ago 2021 22:11 GMT

Por Orlando Rangel Y.

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El inicio turbulento de Pedro Castillo en Perú

La renuncia prematura del canciller ahonda el accidentado comienzo del presidente peruano

 

No existen los días plácidos para Pedro Castillo en el poder. Su idea de transformar Perú se va a encontrar con más baches de lo que imaginó. El maestro de escuela vive casi en una crisis continua desde que asumiera el cargo de presidente a finales de agosto. La prematura renuncia del canciller, Héctor Béjar, un sociólogo que había señalado a la Marina de Guerra como la causante del inicio del terrorismo en el país, en lugar del grupo maoísta Sendero Luminoso, añade aún más turbulencias a un Gobierno que apenas comienza. Las continuas polémicas en las que se ha visto envuelto su Gabinete han provocado que sea el presidente peruano más impopular al inicio de su mandato de los últimos 20 años.

Castillo se ha topado esta vez con el Ejército, un poder fáctico dentro del Estado. La designación como ministro de Exteriores de alguien que en el pasado había sido ambiguo sobre el papel de los militares en su guerra contra Sendero Luminoso había provocado algún arqueo de cejas. A eso se le sumaba que Béjar, de 85 años, había sido guerrillero del ELN entrenado en Cuba. Se le restó importancia a que después fuese indultado y trabajase para el Gobierno de Juan Velasco Alvarado, un general que accedió al poder a la fuerza a finales de los sesenta y ejecutó una importante reforma agraria que metió de lleno a Perú en la era moderna.

Entre una cosa y otra, Béjar fue visto como un intruso. En las últimas semanas han ido apareciendo declaraciones del canciller, de meses atrás, en las que ahondaba en esta idea de que la violencia armada había sido cosa de los militares. Concretamente con esta frase: “El terrorismo en el Perú lo inició la Marina y eso se puede demostrar históricamente y han sido entrenados para eso por la CIA”. Además, Béjar aseguraba que fueron francotiradores los que mataron a cuatro policías durante la toma de una comisaría en 2005, un intento de golpe de Estado que protagonizó entonces Antauro Humala, el hermano de quien años después sería presidente. Antauro permanece en prisión desde entonces, acusado de causar esas cuatro muertes. Castillo insinuó en campaña que le concedería un indulto.

La Marina emitió un comunicado demoledor en el que calificaba las palabras de Béjar como una afrenta. El Congreso comenzó a moverse para aplicarle una moción de censura. Béjar se quedó, en cuestión de horas, en una posición de debilidad. Castillo, práctico, lo ha dejado caer. El ministro de Defensa, Walter Ayala, hizo suya la indignación de las Fuerzas Armadas, quizá en un ejercicio por mantener su propio cargo. Ayala fue claro con Castillo: “Le dije que había dos caminos, que el señor Béjar pida disculpas al Perú y a la Marina o que renuncie”. El canciller optó por la segunda, a la luz de los hechos. Algunos historiadores, entre los que se encuentra Béjar, sostienen que, además del terrorismo de Sendero Luminoso, existió otro de Estado que algunos sectores se niegan a reconocer.

Esto abre la primera crisis de Gobierno oficial de la era Castillo, que ni siquiera ha pasado todavía el voto de confianza del Congreso, que será el día 26. La oposición había sido muy crítica con la denominación de Béjar, aunque había pasado desapercibido por todas las críticas que recibió la de Guido Bellido como primer ministro, incluso de sectores de izquierda que habían apoyado a Castillo durante la campaña. Bellido representa el ala radical de Perú Libre, el partido bajo cuyas siglas se presentó el profesor de escuela a las elecciones. El líder de ese partido, Vladimir Cerrón, no pudo presentarse por una condena por corrupción y pidió a Castillo que fuera en su lugar. Los más críticos con el maestro siempre le achacaron que detrás de él y la imagen de hombre puro venido de los Andes, no contaminado por la corrupción política, se escondía Cerrón, una especie de consejero en la sombra. El nombramiento de Bellido, un cuadro intermedio del partido, muy leal a Cerrón, fue interpretado como una confirmación de esas sospechas.

La inestabilidad del Gobierno le pasa facturas en las encuestas. De acuerdo a los estudios de Ipsos Perú, Castillo arranca con menos popularidad (45%) que los cuatro últimos presidentes que ganaron en las urnas. Tres de ellos han pasado por prisión y el cuarto se suicidó cuando iba a ser detenido. La cercanía de Cerrón no favorece a Castillo. El 40% de los peruanos cree que es él en realidad quien toma las decisiones importantes y el 57% está convencido de que Bellido le hace más caso a Cerrón que al propio presidente. Castillo en campaña intentó alejarse de él, llegó a decir que no trabajaría ni como portero, pero el interesado nunca le ha dejado cortar del todo ese cordón umbilical. La banca del Congreso se divide entre partidarios de uno y otro. Y resulta que Cerrón tampoco es que practique la discreción. En una entrevista reciente en sudaca.pe, aseguró que tiene la capacidad de rectificar algunas opiniones del Gobierno.

Castillo llega a su tercera semana de presidente acusando el desgaste. La oposición se ha apuntado un tanto con la renuncia de Béjar. Y seguro que en las próximas semanas intentará apuntarse otro. El presidente ahora debe buscar un nuevo canciller y encarar una cuestión de confianza en el Congreso, que por el momento parece resuelta. Tras dos desaprobaciones seguidas Castillo podría disolver el Congreso, un escenario en el que no quieren verse los que no apoyan su Gobierno. Su llegada al poder no fue sencilla, tras las denuncias infundadas de fraude electoral que profirió su rival, Keiko Fujimori. Perú vivió semanas de tensión y especulaciones hasta que finalmente se confirmó su victoria. El día que se enfundó la banda presidencial parecía que toda esa confrontación había quedado atrás. En realidad solo era el principio.

Por Juan Diego Quesada

Bogotá - 17 ago 2021 - 21:11 COT

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Asesinato de Jovenel Moïse: Premeditación, participación de los EEUU y complicidad del personal de seguridad

El 20 de junio, 17 días antes de su asesinato, un grupo armado pretendía ejecutar el secuestro del entonces presidente de Haití, Jovenel Moïse, en el aeropuerto de Puerto Príncipe, pero un cambio en su agenda impidió realizar la operación.

El dato emerge del informe preliminar elaborado por las autoridades haitianas, al que tuvo acceso el diario El Tiempo, y en el que la Policía deja asentadas sus presunciones sobre el magnicidio: la premeditación de los mercenarios colombianos en el plan de asesinato, la participación de dos empresas con sede en EE.UU. y la complicidad del personal de seguridad del mandatario en los hechos porque, cuando se ejecutó el asalto a la residencia de Moïse, "la puerta principal estaba abierta".

Según la policía, hubo un comando integrado por seis personas, en el que participaron los fallecidos mercenarios colombianos Mauricio Javier Romero Medina y Duberney Capador Giraldo, que tenían la orden clara de "asesinar al presidente y buscar los dólares", que presuntamente se encontraban en la habitación del mandatario.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

El informe apunta que, tras analizar los testimonios, se puede deducir que "los indiciados presuntamente sabían que iban a matar al presidente".

Un día antes del crimen, el capitán retirado, el colombiano Germán Alejandro Rivera García, designado como jefe de la operación, les dio la orden de "asesinar a todas las personas que se encontraran en la casa". El comando se habría negado, porque supuestamente viajó a Haití para "cuidar a personalidades de la vida nacional y no a matar a nadie".

Pero Joseph Felix Badio, exfuncionario del Ministerio de Justicia y considerado unos de los autores intelectuales del asesinato, les informó que en el cuarto del mandatario había dos maletas y dos cajas con 45 millones de dólares. De ese dinero, recibirían 18 millones por "ejecutar la acción", lo que les habría empujado a aceptar perpetrar el crimen. Pusieron una condición: "solo darían muerte al presidente. A nadie más".

Para llevar a cabo la operación, las empresas CTU Security y Worldwide Capital, ambas con sede en EE.UU., invirtieron 865 376 dólares, un dinero que también se recuperaría tras el robo.

La noche del crimen

En la madrugada del 7 de julio, cerca de la 1:00 de la mañana, los mercenarios llegaron a la residencia privada de Moïse. Iban organizados en cuatro grupos y distribuidos en seis camionetas. En cada vehículo viajaban también entre tres y cuatro policías haitianos, siempre según la investigación.

En la primera camioneta iba un comando, bautizado como Delta, y en el que estaban el exmilitar Duberney Capador y James Solages, un ciudadano haitiano-estadounidense que se habría entregado a las autoridades policiales de Haití tras el magnicidio.

"Sometieron al personal de los dos puestos de control de ingreso a la casa presidencial, en cada puesto había cuatro uniformados y los montaron en la parte trasera de las camionetas", reza el texto.

El grupo Delta se dirigió a la habitación del presidente, mientras que el resto permaneció en el primer piso. Se comunicaban a través de una radio. "Sacaron las cajas, tulas y maletas al corredor para que el grupo que estaba en el primer piso ayudara a bajar el dinero y acomodar en las camionetas", apunta el documento. A muchos de los integrantes del comando se les capturó después con fajos de billetes de 100 dólares encima.

El diario no da detalles sobre el momento del asesinato de Moïse en el informe.

La huida

 La Policía averiguó que tres días antes del asesinato hubo una reunión en casa de Wendelle Coq Thélot, jueza del Tribunal de Casación, el máximo órgano judicial del país, y en la actualidad prófuga de la Justicia. Participaron Joseph Felix Badio, el empresario Rodolphe Jaar y el exsenador opositor John Joel Joseph, los tres buscados por la Policía, entre otros.

Según la información, en aquel encuentro se comunicó al comando que tras la muerte de Moïse, la jueza asumiría la Presidencia y que después el magnicidio se encargarían de brindarle protección.

"Estaban tranquilos, hasta seguros de que serían protegidos por las autoridades de Haití, porque así se los habían afirmado. Por eso no huyeron de la isla", se enfatiza.

Pero a la salida de la residencia, la Policía Nacional abatió a varios integrantes del comando, entre ellos Duberney Capador. El coronel Rivera García les dio la orden de dirigirse a la Embajada de Taiwán, donde finalmente al menos once integrantes fueron detenidos.

Una de las cosas que la Policía tiene pendiente esclarecer es la quema de tres de las camionetas, donde además de perderse varias pruebas, como el video del circuito cerrado que fue desactivado y extraído por uno de los comandos, también estarían "millones de dólares" que sacaron de la residencia.

12 agosto 2021

(Tomado de RT en Español)

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