Dora María Téllez, dirigente opositora sometida a un cruel juicio en Nicaragua

El gobierno de Daniel Ortega la acusó de “conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional”

 

Enfundada en el uniforme de algodón azul que portan los reos de El Chipote, la cárcel de Nicaragua que encierra a los más de 100 presos políticos del régimen orteguista, la dirigente opositora Dora María Téllez compareció a su juicio el 3 de febrero y contó con cuatro minutos para hablar en su defensa por los cargos de “conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional”.

Interrumpida en tres ocasiones por el juez, quien fuera conocida durante la guerra insurreccional de los años 70 como Comandante Dos esgrimió contra las acusaciones del régimen el argumento de que “la soberanía de las naciones no recae en las personas, sino en el pueblo”; que ni Daniel Ortega ni Rosario Murillo, presidente y vicepresidenta, “son Nicaragua”, y que ese país “no es una monarquía, sino una república”.

 

No conocía a su abogado

 

Antes del juicio, programado sin aviso previo, su defensa no tuvo acceso siquiera al número de su expediente y nunca tuvo oportunidad de visitar a la acusada ni para conocerla. Cuando fue trasladada al juzgado, la dirigente no sabía que era ya el día de su audiencia. “¿Qué hago yo aquí?, ¿dónde estoy?”, preguntó a la persona que tenía al lado, sin saber que era su abogado defensor. El 10 de febrero fue declarada “culpable”.

Como en casi todos los casos de los cerca de 170 presos políticos que hay en las prisiones de Nicaragua, 46 de ellos detenidos en las semanas previas a las elecciones de noviembre del año pasado (varios precandidatos, líderes de organizaciones opositoras, dirigentes campesinos y estudiantiles y dos periodistas), ningún proceso judicial siguió las mínimas bases de un juicio justo. A cinco ya les fueron dictadas sentencias similares, con argumentos idénticos.

 

“Fusilamiento judicial”

 

“Ha sido un fusilamiento judicial”, declaró otro ex comandante de la revolución sandinista, Luis Carrión, quien quedó al frente del partido Unamos, que fundó junto con Dora María, Víctor Tinoco y varios presos más.

Otro de los jefes históricos del Frente Sandinista de Liberación Nacional y reconocido por generaciones anteriores como héroe nacional, general de brigada en retiro Hugo Torres, también preso político, murió la semana pasada. El gobierno informó del deceso 15 horas después, sin precisar las causas de la muerte y sin haber informado a su familia que había sido trasladado a un hospital.

Torres y la Comandante Dos protagonizaron en 1979, antes de la caída de la dictadura somocista, una acción guerrillera que permitió, en un intercambio de prisioneros, la libertad de hoy presidente Ortega.

 

Operación Danto

 

En El Chipote, junto con Téllez, están presas otras tres mujeres dirigentes de Unamos, que se llamó Movimiento de Renovación Sandinista hasta que la dupla Ortega-Murillo les prohibió el uso de ese nombre: Ana Margarita Vijil, Tamara Dávila y Suyén Barahona. Todas fueron arrestadas durante los últimos días de mayo de 2021 en una acción que se llamó Operación Danto con un mismo patrón: sin orden de aprehensión fueron trasladadas a un paradero desconocido donde estuvieron 60 días sin acceso a ninguna persona. Después, en El Chipote, se les asignó un defensor de oficio que no objetó el decreto de otros 90 días de arresto en aislamiento.

También fue detenido Pedro Joaquín Chamorro, hijo de la ex presidenta Violeta Barrios, hermano de la precandidata Cristiana Chamorro (bajo arresto domiciliario) y del periodista Carlos Fernando Chamorro, cuyo periódico, Confidencial, fue allanado y saqueado. Para poder seguir operando este medio de comunicación de manera digital, tuvo que salir al exilio.

Al cabo de ese periodo, los presos políticos tuvieron derecho a contadas visitas familiares, cuatro en un periodo de ocho meses. En vista del severo deterioro de su salud y la pérdida de peso, las familias de las cuatro mujeres formaron un colectivo para llevarles cada día suplementos alimenticios y agua. Todas están confinadas en aislamiento.

 

Penumbra permanente

 

A Dora María le han impuesto un castigo adicional: la penumbra permanente. Condenada a la semioscuridad durante todo el día, cuenta que cuando se mira los pies sólo ve el contorno de sus chinelas (chanclas) y en la regadera no puede distinguir las etiquetas de los frascos. Por lo tanto, leer está fuera de su alcance. “Y eso –cuentan testigos que han podido verla– es lo que la ha lastimado más”.

El día del juicio, según algunos testimonios, se le veía “no pálida, traslúcida como una hostia”; muy delgada, un poco desorientada al principio y con un marcado tic nervioso que sacudía uno de sus brazos. Cuando finalmente pudo tomar la palabra durante cuatro cortos minutos, pudo hacer el recuento detallado de los derechos que le fueron negados para contar con un debido proceso. Hasta pocos días antes, refirió, le habían permitido a su familia hacerle llegar una cobija. El juez la interrumpió en tres ocasiones.

Las principales pruebas que se presentaron en su contra para sustentar los cargos de conspiración y menoscabo a la soberanía nacional fueron: dos retuits que hizo desde su cuenta de Twitter, uno sobre un pronunciamiento del director de Human Rights Watch y otro de una carta enviada por seis senadores de Estados Unidos al presidente Joe Biden. También, una comparecencia virtual ante el Parlamento Europeo y una entrevista con un parlamentario de la Unión Europea. Todos los testigos en su contra eran policías. No hubo declarantes de descargo.

Lo último que alcanzó a decir Dora María Téllez ante el tribunal fue: “Detenida o en libertad, seguiré luchando por Nicaragua”. El día que se dictó sentencia, siete días después, no se permitió acceso a la sala a ningún familiar: ocho años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Para Víctor Hugo Tinoco y otros detenidos, la pena fue de 13 años. Se teme que todas las demás sentencias que emita este juzgado sean en el mismo tenor. “Este procedimiento fuera de la ley se va a replicar en cada uno de los casos de los presos políticos”.

La entrevista que Téllez concedió a este diario poco antes de su arresto el año pasado puede consultarse en https://bit.ly/3LHAzPV.

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Sábado, 19 Febrero 2022 05:19

El horror nuestro

Foto tomada el 1 de julio de 1986 del General retirado del Ejército de Nicaragua Hugo Torres, exmiembro del Movimiento Renovador Sandinista. El exguerrillero murió el 12 de febrero de 2022, dijeron sus familiares en un comunicado, sin dar más detalles. Óscar Navarrete / AFP

"Cada uno es dueño de su propio miedo" es una frase célebre en Nicaragua. La dijo el periodista Pedro Joaquín Chamorro, director del diario opositor La Prensa durante la dictadura de Anastasio Somoza en los años 70. Fue su respuesta cuando le preguntaron si temía ser asesinado, como lo fue el 10 de enero de 1978.

Su muerte fue la gota que colmó la copa de la iniquidad que el pueblo nicaragüense sufrió de parte de la dinastía de los Somoza. Ya no hubo ejército que detuviera a la guerrilla sandinista y sobre todo al pueblo harto de ese régimen violento y corrupto.

Igual que cada uno es dueño de su miedo, cada pueblo es dueño de su horror. Hay muchos y muy diversos en el mundo y cada pueblo lo vive de su propia manera. Llega un momento incluso en que el horror se incorpora a la vida, se vuelve parte de la cotidianeidad. La mente desarrolla mecanismos de defensa para hacerlo tolerable, pero hay hechos repentinos que reviven ese horror e impiden que lo intolerable se normalice.

Este pasado domingo 12 de febrero, uno de los guerrilleros más admirados y conocidos del sandinismo murió tras ocho meses en prisión. Hugo Torres, que fue comandante guerrillero y luego general de brigada, fue uno de los pocos que logró ejecutar acciones heroicas y sobrevivir. En 1974 participó en una acción armada para liberar a los presos políticos sandinistas que Somoza mantenía en sus mazmorras. Uno de esos presos liberados fue Daniel Ortega.  En 1978, Torres fue el número uno de la toma del Palacio Nacional, una acción audaz que logró otra vez la liberación de numerosos presos políticos de Somoza. Edén Pastora fue el número Cero. Dora María Téllez fue el número dos.

Pastora falleció el año pasado, presumiblemente de Covid-19. Hugo Torres y Dora María Téllez, que abandonaron el Frente Sandinista cuando Ortega lo empezó a manejar como un feudo personal, fueron encarcelados en julio de 2021 por su antiguo compañero de lucha devenido en tirano. Junto a ellos han sido encarcelados, desde junio del año pasado, cuarenta personalidades de la política nacional. Tras la revuelta popular de 2018 y las acciones del régimen para aplastarla a sangre y fuego, Ortega temía que sus acciones le cobraran el precio en las elecciones de noviembre de 2021. Era un temor bien fundado: habría perdido esas elecciones. Prefirió el costo político de eliminar a cualquiera que amenazara su permanencia en la silla presidencial. Siete candidatos electorales fueron detenidos bajo cargos fabricados y el único partido independiente fue despojado de su personería jurídica. Sin oposición, Ortega y su esposa se reeligieron como presidente y vicepresidenta. Fue la cuarta reelección de un hombre que debió haberse retirado en 2012, según la Constitución que la Revolución Sandinista promulgó y que él enmendó para instaurar su reelección indefinida.

La muerte de Hugo Torres muestra el espíritu desalmado que rige Nicaragua en estos días. Vilipendiado y sometido a interrogatorios, a magra alimentación, a una celda con la luz encendida 24 horas, pasó ocho meses sin que le permitieran una frazada, un libro. A su familia no la vio sino tres meses después de ser detenido. Enfermó y no lo atendieron. En diciembre su estado se agravó y perdió el conocimiento. Entonces los carceleros los trasladaron en secreto a un hospital donde ahora el gobierno, en un cínico comunicado, afirma que murió acompañado de su familia. Hugo era un héroe de la revolución sandinista cuya rectitud lo hizo cuestionar a Ortega-Murillo y su estilo de gobierno. En una grabación que hizo antes de ser detenido sus últimas palabras son las de un hombre cabal que vivió de acuerdo con sus principios.

La muerte de Hugo sucede mientras en juicios secretos, celebrados en la misma prisión donde él estuvo detenido, se juzga a líderes políticos, campesinos, empresarios, a los candidatos electorales, periodistas y personas honorables acusados de "menoscabo a la integridad nacional" por una fiscalía que los declaró criminales a priori. Ninguno de ellos ha tenido oportunidad de preparar su defensa pues apenas han visto a sus abogados. Varios de estas personas tienen más de setenta años; uno de ellos, ochenta. Sufren de enfermedades crónicas. Tendrían que estar en prisión domiciliaria como está establecido para las personas mayores. Las penas que les han impuesto a la docena que ya fueron enjuiciados van de los ocho a los trece años de prisión.

Paralelo a estos juicios, la Asamblea Nacional dominada por Ortega se ha dedicado a descabezar e ilegalizar a universidades privadas -doce en las últimas semanas- y a noventa ONG que funcionan en el país desde la época de la revolución o desde hace más de veinticinco años. El centro nicaragüense de PEN Internacional, dedicado a la promoción de la literatura y la defensa de la libertad de expresión, del que yo fui presidente, fue desprovisto de la personería jurídica obtenida en 2005, sin ninguna justificación. Se aduce que no se presentaron informes a la oficina encargada de ONG del gobierno. Desde mayo de 2018 esa oficina se ha rehusado a recibir los documentos de PEN y los de la mayoría de ONG condenadas a desaparecer.

Se creía que, al asegurarse el trono presidencial, la pareja de Ortega y Murillo intentaría recuperar una mínima legitimidad reduciendo la ilegal agresividad de sus actuaciones. Se especulaba que contarían con la prodigalidad que a menudo la comunidad internacional concede a las naciones descarriadas si dan señales de corregir su rumbo. Sin embargo, no hay visos de que optarán por ese camino. Por el contrario, diríase que han decidido continuar con la confrontación frente a quienes siguen siendo los principales mercados para los productos nicaragüenses y el origen de las remesas que mantienen la economía del país a flote. Su reacción ante las sanciones con que Europa y Estados Unidos han intentado presionarlos para que retomen la senda democrática, es una actitud desafiante. Si tal tesitura fue válida en los años ochenta cuando la Administración Reagan condujo una guerra contrarrevolucionaria contra el sandinismo, en la actualidad es claramente una pose para evadir su crisis de credibilidad.

En las últimas décadas, la política de Estados Unidos hacia Latinoamérica está marcada por la indiferencia. Su involucramiento se ha concentrado en parar el tráfico de drogas y migrantes e interesarse por el petróleo venezolano. Los nexos y las conspiraciones de antaño han sido sustituidas por amonestaciones diplomáticas. Ortega sólo convence a pequeños grupos de izquierda y a sus más radicalizados seguidores cuando pretende ser víctima de injerencia extranjera. Su afán es revivir la estatura que alcanzaron Nicaragua y él mismo en la confrontación de los 80.  Dentro de ese mismo esquema, el viejo guerrillero de antaño y su excéntrica esposa primera dama vicepresidenta, parecen decididos a ser actores en su teatro del absurdo e imaginarse otra vez factores en una supuesta Guerra Fría, cortejando a China y a Rusia. A manotazos y empellones buscan un lugar en la historia, sin percatarse que en la única historia en la que cabrán será en la del horror.

Gioconda Belli, poeta y novelista nicaragüense.


Dora María Téllez, la comandante guerrillera que desafió a Ortega

A sus 66 años, Téllez acaba de ser condenada a ocho años de cárcel por un delito de "conspiración" por el régimen que preside un antiguo compañero de lucha revolucionaria, Daniel Ortega.

18/02/2022 21:29 Actualizado: 18/02/2022 21:36

Por César G. Calero

A Gabriel García Márquez, aquella joven guerrillera de tan solo 22 años le pareció "una muchacha muy bella, tímida y absorta, con una inteligencia y un buen juicio que le habrían servido para cualquier cosa grande en la vida". Asalto al Palacio, una extensa crónica de Gabo sobre la espectacular toma de la Asamblea Legislativa de Nicaragua por parte de un comando sandinista en 1978, descubrió al mundo las dotes insurgentes de Dora María Téllez, la Comandante Dos de aquella audaz operación que supuso el principio del fin de la dictadura de Somoza. Hoy, a sus 66 años, Téllez acaba de ser condenada a ocho años de cárcel por un delito de "conspiración" por el régimen que preside un antiguo compañero de lucha revolucionaria, Daniel Ortega, reelecto en noviembre pasado con más del 75% de los votos tras haber vetado a sus principales adversarios políticos.

Dora María Téllez (Matagalpa, 1955) ocupaba el tercer puesto en la cadena de mando del grupo de 25 guerrilleros que secuestró en el Palacio Nacional a decenas de diputados y otros civiles, a los que acabaría canjeando por varios presos políticos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), la guerrilla alzada en armas contra la dictadura de Anastasio Somoza Debayle. El éxito militar y propagandístico de la operación despertó la admiración de toda la izquierda latinoamericana. El asalto estuvo dirigido por Edén Pastora (Comandante Cero) y Hugo Torres (Comandante Uno). Torres fue detenido hace unos meses en Nicaragua junto a Téllez y otros dirigentes de la oposición bajo la misma acusación de "conspiración". General de brigada en retiro y excomandante del FSLN, Torres falleció la semana pasada en el penal de El Chipote, donde esperaba juicio. Tenía 73 años y un largo historial revolucionario. En 1974 participó en una acción insurgente que se saldaría con la liberación de varios presos sandinistas, entre ellos Daniel Ortega, quien gobierna Nicaragua de forma ininterrumpida desde 2007 y ha ido quitándose de encima a casi todos sus antiguos correligionarios.

Hubo un tiempo en que Téllez fue una persona cercana a Ortega. Se conocieron en un campamento sandinista de la frontera con Honduras en 1977, y lucharon juntos en octubre de ese año contra la Guardia Nacional somocista en el asedio a San Fabián. Al contrario que Daniel, Dora estuvo siempre en la primera línea de los frentes de guerra. Se había integrado en el clandestino FSLN con 17 años tras abandonar sus estudios de Medicina en la contestataria ciudad de León. En el libro Los días de Somoza, del escritor Fabián Medina, ella se retrata como una niña inquieta, desafiante y rebelde en el colegio: "En mi casa no era visto como un problema; pero en el colegio, sí. Sobre todo, en un colegio de monjas".

Tras pasar una temporada en México, recibió entrenamiento militar en Cuba en 1976 y de vuelta a Nicaragua comenzó a forjar su leyenda de guerrillera tenaz. En la denominada Operación Chanchera (el asalto al Palacio Nacional), la Comandante Dos llevaría personalmente la negociación con Somoza para el canje de los diputados secuestrados por más de 60 presos políticos. Téllez siguió después en primera línea del combate en el Frente Occidental. Bajo su mando, las fuerzas sandinistas tomarían León en junio de 1979, un mes antes de la entrada triunfal de los muchachos en Managua. Académica de Historia y activista feminista, asumiría varios cargos en la década de los 80 bajo el gobierno de Ortega. Fue ministra de Salud, vicepresidenta del Consejo de Estado y diputada.

La guerra impuesta por Estados Unidos contra la joven revolución sandinista al entrenar y financiar a la Contra fue mermando la acción política del gobierno de Ortega. Pese a ello, el Frente se impuso en las elecciones de 1984. La derrota se produciría seis años más tarde. A partir de entonces, los sandinistas, en la oposición, entraron en una dinámica de enfrentamientos internos y lucha fratricida por el control del partido. Téllez y otros dirigentes, como el exvicepresidente y escritor Sergio Ramírez, se alejarían definitivamente de Ortega y fundarían en 1995 el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), un experimento político fallido que apenas obtuvo un puñado de votos en las elecciones de 1996. Cuando Ortega retomó el poder en 2007, fruto de sus oscuros acuerdos con la derecha más corrupta, el sector más conservador de la Iglesia y las élites empresariales, se ensañó con sus antiguos compañeros de armas. Proscribió el MRS en 2008, lo que provocaría una huelga de hambre de Téllez en protesta.

Sobre el ascenso fulgurante de aquel comandante retraído, Téllez opinaba así en un extenso artículo publicado en la revista nicaragüense Envío en julio de 2013: "Creo que él [Ortega] llegó por eliminación. Cuando en 1978 se juntaron las tres tendencias del Frente Sandinista, se dio un gran debate sobre cuántos miembros de cada una de las tres tendencias (Guerra Popular Prolongada, Proletaria y Tercerista) serían parte de la dirección conjunta que íbamos a formar (…) Se pensó en Daniel Ortega, de la tendencia tercerista (la más numerosa por su condición multiclasista y a la que también pertenecía Téllez), porque era un hombre tímido, callado, hábil en la maniobra, pero carente de liderazgo público. Daniel Ortega era la persona ideal. Daba la impresión de que no sería una amenaza para nadie".

La involución

Las desavenencias entre algunos dirigentes críticos del FSLN y Ortega fueron aumentando con el paso del tiempo, a medida que se iba generando una involución dentro del partido que afectaba gravemente a la huella transformadora que había dejado el sandinismo en Nicaragua: "La revolución sandinista -escribía Téllez en 2013- cambió profundamente el diseño de esta sociedad. Desde la perspectiva de historiadora veo que nada de lo que existe ahora puede entenderse sin la revolución sandinista. Pero la hora de la involución (...) llegó. Y hemos visto, por ejemplo, cómo en un modelo de prebendas como el actual, una policía que diseñamos para que estuviera al servicio de la comunidad (...) se ha convertido ahora en una policía política, en una policía al servicio del engranaje de poder de una familia".

Las protestas sociales de 2018 mostraron la cara más autoritaria del régimen de Ortega. Varios cientos de estudiantes murieron durante ese estallido social, según organizaciones de derechos humanos. La represión no ha cesado desde entonces. A mediados del año pasado, varios precandidatos presidenciales eran vetados y detenidos. La policía apresó a Téllez (como dirigente del partido Unamos) el 13 de junio de 2021. Desde entonces, ha estado presa en la cárcel de El Chipote. Su hermano, Óscar Téllez, le visitó en septiembre. Recluida en una celda de aislamiento, interrogada a diario por la policía, había perdido cinco kilos y no se le permitía hablar con ningún otro preso. Como a otros opositores, se le acusó de "traición a la patria y conspiración", según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

Aquel 22 de agosto de 1978 Dora María se había cortado su cabellera para hacerse pasar, como el resto de guerrilleros, por un miembro de la Guardia Nacional somocista. Después de esa acción no necesitó volver a disfrazarse de hombre para empuñar las armas contra la dictadura. Aquella joven revolucionaria se convirtió en una experta historiadora, una referente del feminismo y un cuadro político prominente del sandinismo. La Administración de George W. Bush le vetó en 2005 por su trayectoria revolucionaria, tildándola de "terrorista" e impidiéndole que ocupara una cátedra de profesora visitante propuesta por la Universidad de Harvard. En Nicaragua hace tiempo que su retrato, como el de otros históricos guerrilleros, no aparece en la historiografía oficial del FSLN.

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Sábado, 12 Febrero 2022 18:43

Elegir no es mandar

Edwing Pinzón, sin título (Cortesía del autor)

Las elecciones recientes de Pedro Castillo en Perú, Xiomara Castro en Honduras y Gabriel Boric en Chile, sumadas a los gobiernos en función, que ya superan más de la mitad del mandato, de López Obrador en México y Alberto Fernández en Argentina, han suscitado un entusiasmo nada desdeñable en el Progresismo latinoamericano. Los comicios presidenciales en Colombia –29 de mayo– y de Brasil –2 de octubre– de 2022, en los que son favoritos Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva respectivamente, podrían completar el cuadro de lo que sería algo así como una fase de progresismo 2.0. Esto nos obliga a formularnos por lo menos dos interrogantes sobre ese hecho político: ¿qué puede significar realmente este giro para los pueblos del subcontinente –y de forma particular para los sectores marginales de estas naciones? Y, ¿cuáles son las analogías con la primera era progresista cuyas conquistas parecen haber sido flor de muy pocos días?


La asunción de Hugo Chávez a la presidencia de la República de Venezuela en 2002, de Néstor Kirchner y Lula Da Silva en 2003, dio inicio a gobiernos que esgrimían un discurso soberanista y popular, que buscaba contrastar con los desastres provocados por la globalización ultraliberal que en Venezuela motivaron el estallido social de febrero de 1989 contra el FMI, conocido como el Caracazo –saldado con una represión que de acuerdo con datos oficiales dejó cerca de 300 muertos, y que según fuentes no oficiales, la cifra pudo alcanzar hasta los 3.000 protestantes asesinados. En Argentina, el llamado Corralito, que consistió en el secuestro de los fondos de los cuentahabientes del sector financiero en diciembre de 2001, fue el detonante de las reacciones populares que dejó un saldo de al menos cuarenta muertos.


El deterioro generalizado de la región al finalizar el siglo XX, alentó un cambio de signo también en los gobiernos de otros países del subcontinente que vio como Uruguay en 2005 elegía a Tabaré Vásquez (sustituido en 2010 por el mediático José “Pepe” Mujica), Bolivia en 2006 ungía a Evo Morales como primer presidente indígena, y Ecuador designaba en 2007 a Rafael Correa, que desde su campaña había prometido desmantelar la base militar norteamericana de Manta como parte del discurso soberanista. El cuadro lo completó en 2008 en Paraguay el obispo Fernando Lugo, derrotando al partido Colorado que había gobernado el país por seis décadas.


Estos gobiernos tuvieron como una de sus premisas la nacionalización de recursos como el petróleo y, en general, la modificación favorable de las condiciones de participación de los Estados en los recursos del subsuelo, que tuvo su lado opaco en el reforzamiento resultante del extractivismo y una marcada reprimarización de la economía. Sobre esa base fue posible una redistribución de las rentas que, en lo esencial, filtró mejoras en los sectores marginales a través de subsidios. Los aumentos del gasto social facilitados por un ciclo de precios altos de las materias primas, y una idea de integración que llevó a pensar que los intercambios intrarregionales eran una posibilidad de fortalecimiento político y económico –materializado en Unasur como máximo organismo regulador–, luego de la derrota del proyecto de Área de Libre Comercio de las Américas (Alca) que buscaba liderar los Estados Unidos, fueron parte del núcleo común del proyecto. Los golpes de Estado “blandos” a Fernando Lugo en 2012 y a Dilma Rousseff en 2016, la muerte de Hugo Chávez en 2013 y la victoria de Mauricio Macri en el 2015 en Argentina, son quizá los hitos más importantes que marcan el principio del fin del sueño progresista que terminó desdibujado en ese corto período de cuatro años, y cuyos avances estructurales más significativos fueron desmontados, casi en su totalidad, como fue el caso de algunos logros en las leyes que rigen las relaciones capital-trabajo.


La crisis de una Venezuela golpeada desde afuera por las sanciones de las grandes potencias, y en su interior por la corrupción de funcionarios como Rafael Ramírez, hoy prófugo, que saqueó durante diez años Pdvsa, es actualmente un caso mostrado, en no pocos escenarios, como ejemplo del que debe huirse, y como eso incluye a actores del progresismo 2.0, es claro que éste busca diferenciarse sustantivamente de sus antecesores.


El entorno económico mundial, luego de la crisis del 2008, ha intensificado los procesos de concentración y centralización del capital hasta niveles sin precedentes, haciendo de las multinacionales supra-poderes. La geopolítica está centrada, en este momento, en la disputa por un nuevo orden que, de hecho, muestra el fin de la unipolaridad que busca ser sostenida por el último hegemón que resiste la aceptación de la multipolaridad. La china, potencia emergente, con la excepción de Colombia, Ecuador y Venezuela –que siguen teniendo a Estados Unidos como el primer destino de sus ventas externas–, es ya el mayor socio comercial o iguala a los norteamericanos en los intercambios económicos con los demás países Suramericanos, marcando una dicotomía en los gobiernos de la región entre la lealtad al discurso de la llamada democracia occidental y los intereses económicos, que los nuevos progresistas parecen no saber cómo tratar.


El regreso del Kirchnerismo al poder en Argentina, luego del fracaso del gobierno de la derecha liderada por Mauricio Macri, y la derrota que en las elecciones de mitad de mandato sufrió en noviembre de 2021 el gobierno de Alberto Fernández, y que auguran la probabilidad de un regreso del macrismo en 2023, pueden estar indicándonos que estamos entrando en un juego análogo al del mito de Penélope en el que la derecha desteje en su mandato lo que el progresismo pueda alcanzar a tejer en el suyo, en un juego de alternancia permanente en el que a un paso temporal hacia adelante lo sigan, poco después, varios hacía atrás, mientras el movimiento social, entretenido, nubla el convencimiento de que sin acciones contundentes, masivas y permanentes sus sueños de una sociedad mejor no tendrán lugar.


No cabe duda que la política ha sufrido un corrimiento a la derecha y que eso ha tenido como efecto que los reclamos de los movimientos políticos alternativos sean cada vez más limitados. Y si bien no puede afirmarse que en los resultados electorales cualquier resultado da igual, eso tampoco debe llevar a aceptar sin miramientos que lo posible del realismo práctico borre lo deseable de los sueños. La búsqueda de conquistas irreversibles pasa, entonces, por extender el poder a las organizaciones de la base social para poder construir así una verdadera democracia.

 

 

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Domingo, 13 Febrero 2022 06:00

Elegir no es mandar

Edwing Pinzón, sin título (Cortesía del autor)

Las elecciones recientes de Pedro Castillo en Perú, Xiomara Castro en Honduras y Gabriel Boric en Chile, sumadas a los gobiernos en función, que ya superan más de la mitad del mandato, de López Obrador en México y Alberto Fernández en Argentina, han suscitado un entusiasmo nada desdeñable en el Progresismo latinoamericano. Los comicios presidenciales en Colombia –29 de mayo– y de Brasil –2 de octubre– de 2022, en los que son favoritos Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva respectivamente, podrían completar el cuadro de lo que sería algo así como una fase de progresismo 2.0. Esto nos obliga a formularnos por lo menos dos interrogantes sobre ese hecho político: ¿qué puede significar realmente este giro para los pueblos del subcontinente –y de forma particular para los sectores marginales de estas naciones? Y, ¿cuáles son las analogías con la primera era progresista cuyas conquistas parecen haber sido flor de muy pocos días?


La asunción de Hugo Chávez a la presidencia de la República de Venezuela en 2002, de Néstor Kirchner y Lula Da Silva en 2003, dio inicio a gobiernos que esgrimían un discurso soberanista y popular, que buscaba contrastar con los desastres provocados por la globalización ultraliberal que en Venezuela motivaron el estallido social de febrero de 1989 contra el FMI, conocido como el Caracazo –saldado con una represión que de acuerdo con datos oficiales dejó cerca de 300 muertos, y que según fuentes no oficiales, la cifra pudo alcanzar hasta los 3.000 protestantes asesinados. En Argentina, el llamado Corralito, que consistió en el secuestro de los fondos de los cuentahabientes del sector financiero en diciembre de 2001, fue el detonante de las reacciones populares que dejó un saldo de al menos cuarenta muertos.


El deterioro generalizado de la región al finalizar el siglo XX, alentó un cambio de signo también en los gobiernos de otros países del subcontinente que vio como Uruguay en 2005 elegía a Tabaré Vásquez (sustituido en 2010 por el mediático José “Pepe” Mujica), Bolivia en 2006 ungía a Evo Morales como primer presidente indígena, y Ecuador designaba en 2007 a Rafael Correa, que desde su campaña había prometido desmantelar la base militar norteamericana de Manta como parte del discurso soberanista. El cuadro lo completó en 2008 en Paraguay el obispo Fernando Lugo, derrotando al partido Colorado que había gobernado el país por seis décadas.


Estos gobiernos tuvieron como una de sus premisas la nacionalización de recursos como el petróleo y, en general, la modificación favorable de las condiciones de participación de los Estados en los recursos del subsuelo, que tuvo su lado opaco en el reforzamiento resultante del extractivismo y una marcada reprimarización de la economía. Sobre esa base fue posible una redistribución de las rentas que, en lo esencial, filtró mejoras en los sectores marginales a través de subsidios. Los aumentos del gasto social facilitados por un ciclo de precios altos de las materias primas, y una idea de integración que llevó a pensar que los intercambios intrarregionales eran una posibilidad de fortalecimiento político y económico –materializado en Unasur como máximo organismo regulador–, luego de la derrota del proyecto de Área de Libre Comercio de las Américas (Alca) que buscaba liderar los Estados Unidos, fueron parte del núcleo común del proyecto. Los golpes de Estado “blandos” a Fernando Lugo en 2012 y a Dilma Rousseff en 2016, la muerte de Hugo Chávez en 2013 y la victoria de Mauricio Macri en el 2015 en Argentina, son quizá los hitos más importantes que marcan el principio del fin del sueño progresista que terminó desdibujado en ese corto período de cuatro años, y cuyos avances estructurales más significativos fueron desmontados, casi en su totalidad, como fue el caso de algunos logros en las leyes que rigen las relaciones capital-trabajo.


La crisis de una Venezuela golpeada desde afuera por las sanciones de las grandes potencias, y en su interior por la corrupción de funcionarios como Rafael Ramírez, hoy prófugo, que saqueó durante diez años Pdvsa, es actualmente un caso mostrado, en no pocos escenarios, como ejemplo del que debe huirse, y como eso incluye a actores del progresismo 2.0, es claro que éste busca diferenciarse sustantivamente de sus antecesores.


El entorno económico mundial, luego de la crisis del 2008, ha intensificado los procesos de concentración y centralización del capital hasta niveles sin precedentes, haciendo de las multinacionales supra-poderes. La geopolítica está centrada, en este momento, en la disputa por un nuevo orden que, de hecho, muestra el fin de la unipolaridad que busca ser sostenida por el último hegemón que resiste la aceptación de la multipolaridad. La china, potencia emergente, con la excepción de Colombia, Ecuador y Venezuela –que siguen teniendo a Estados Unidos como el primer destino de sus ventas externas–, es ya el mayor socio comercial o iguala a los norteamericanos en los intercambios económicos con los demás países Suramericanos, marcando una dicotomía en los gobiernos de la región entre la lealtad al discurso de la llamada democracia occidental y los intereses económicos, que los nuevos progresistas parecen no saber cómo tratar.


El regreso del Kirchnerismo al poder en Argentina, luego del fracaso del gobierno de la derecha liderada por Mauricio Macri, y la derrota que en las elecciones de mitad de mandato sufrió en noviembre de 2021 el gobierno de Alberto Fernández, y que auguran la probabilidad de un regreso del macrismo en 2023, pueden estar indicándonos que estamos entrando en un juego análogo al del mito de Penélope en el que la derecha desteje en su mandato lo que el progresismo pueda alcanzar a tejer en el suyo, en un juego de alternancia permanente en el que a un paso temporal hacia adelante lo sigan, poco después, varios hacía atrás, mientras el movimiento social, entretenido, nubla el convencimiento de que sin acciones contundentes, masivas y permanentes sus sueños de una sociedad mejor no tendrán lugar.


No cabe duda que la política ha sufrido un corrimiento a la derecha y que eso ha tenido como efecto que los reclamos de los movimientos políticos alternativos sean cada vez más limitados. Y si bien no puede afirmarse que en los resultados electorales cualquier resultado da igual, eso tampoco debe llevar a aceptar sin miramientos que lo posible del realismo práctico borre lo deseable de los sueños. La búsqueda de conquistas irreversibles pasa, entonces, por extender el poder a las organizaciones de la base social para poder construir así una verdadera democracia.

 

 

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Qué significa el video que muestra a una estudiante golpeando 35 veces en la nuca a otra ante la pasividad general

La sociedad de los cobardes espectadores

El pasado 2 de febrero, en medio de una clase, una estudiante de un secundario de Clark County School en Nevada se aproximó por detrás de otra estudiante y comenzó a golpearla en la cabeza. No fueron dos ni tres golpes sino 35. La víctima apenas atinó a protegerse con la cara en su escritorio y las manos en su nuca. La agresora sólo se retiró cuando se sintió exhausta. En el video realizado por uno de sus compañeros, se puede ver que los otros estudiantes permanecen sentados y en actitud de absoluta obediencia social.

¿Por qué nadie interviene para proteger a una víctima, como la del video? ¿Acaso no hemos visto, de formas más indirectas, la misma escena en diferentes contextos, en diferentes países, con diferentes agresores, violadores, y diferentes víctimas? Es más, no con poca frecuencia el agresor recoge más solidaridad que la misma víctima.

La respuesta es simple: vivimos en sociedades de cobardes espectadores y de adulones oportunistas.

Con frecuencia recibo amenazas por decir lo que pienso y por publicar lo que encuentro en mis investigaciones sobre los poderes que gobiernan este país y el resto del mundo, casi siempre en las sombras. Entiendo que todas son amenazas de los vasallos del poder, de lo que Malcolm X llamaba “los negros de la casa”, los enemigos de “los negros del campo”, sus hermanos más pobres y en la misma condición de esclavitud. También recibo no menos consejos de quienes me quieren bien, amigos, colegas y familiares, tratando de disuadirme para que no me arriesgue tanto. “Tienes una familia; debes cuidarte”.

Pero ¿cómo sostener el vómito ante tanta cobardía de la sociedad del consumo, la sociedad de los cobardes espectadores, de los alcahuetes y escuderos que caminan detrás de sus amos esperando que caigan esas migajas que los conviertan en los nuevos opresores de sus propios hermanos?

El video que muestra una estudiante golpeando sin cesar a una compañera de clase hasta dejarla noqueada, ante la pasividad de sus compañeros, sobre todo de aquellos que, como los varones, tienen algún recurso físico para detener esa aberración, es solo una muestra y configura una metáfora de la sociedad actual.

La pandemia cultural es global y los epicentros (como casi todo lo referido a fenómenos culturales) son siempre los centros del poder global, los llamados “países desarrollados”.

Publicado enSociedad
Viernes, 11 Febrero 2022 17:18

Juventud, garrote y zanahoria electoral

Hernando Sánchez, Espera (Cortesía del autor)

En diciembre de 2021 se realizaron por primera vez, a nivel nacional, las elecciones de los Consejos municipales y locales de juventud (1). Sus antecedentes y características, así como el contexto de exclusión, conflicto intergeneracional y ruptura juvenil con las instituciones del país dan cuerpo a este artículo.

Mediante una invasiva propaganda oficial el gobierno Duque, pretendiendo cooptar y manipular el creciente descontento juvenil, encubrir la persecución, criminalización y asesinato del liderazgo de este sector social, y deslegitimar el alzamiento social que marcó la vida nacional a lo largo de varias semanas del 2021, organizó y citó precipitadamente a la juventud colombiana a participar en la elección de los Consejos municipales y locales de juventud el pasado 5 de diciembre de 2021.


El número de adolescentes y jóvenes (14 a 28 años de edad) que estaban habilitados para votar sumaba 12.282.273 (24,1% en relación con la población total colombiana). Tan solo 1.279.961 (10,4% del censo electoral juvenil previsto) respondió al llamado presidencial y a la maquinaria institucional para elegir a 10.824 consejeros municipales y locales de juventud a lo largo del territorio nacional. Unos comicios en los que también realzó el fraude y voto nulo, este último con el 23 por ciento del total de los sufragados (para el Congreso suele ser del 6 por ciento).


A la par de la ausencia en los puestos de votación de quienes fueron citados, llamó la atención la manera imprevisible y malintencionada como la Registraduría Nacional habilitó a los adolescentes para votar en cualquier puesto sin inscripción previa ni control de las veces que repitiera, abriendo de este modo un expedito camino al fraude ¡primeras lecciones de la típica democracia colombiana! Sin reparar en lo sucedido en los puestos sin votantes ni en los exiguos resultados, el histriónico presidente Iván Duque se apresuró a declarar: “Hoy es un día histórico para la democracia y para el país. Es un triunfo de la democracia y demuestra que la juventud tiene un espíritu de acción”.


Y ese espíritu estuvo presente pero no en forma de voto sino de rechazo a unos partidos tradicionales, y otros que se dicen de nuevo tipo, que no alcanzan a inquietarlos, a una burocracia que no aprecian, a unas fuerzas de seguridad que los asesina y a un proyecto de país que los excluye. En suma, su espíritu estuvo presente a través del rechazo a una institucionalidad que ni los representa ni les ofrece presente o futuro digno, tendiendo luz de esta manera, además, sobre la evidente y profunda fractura que existe entre este grupo poblacional y la institucionalidad pública; y, de otra, el escepticismo imperante o la poca credibilidad que ofrece la manoseada democracia formal para la participación activa y decisiva de los jóvenes en los asuntos estratégicos del país.


Modernización violenta y excluyente


El concepto de juventud nace con la modernidad. La puesta en escena del sujeto juvenil en Colombia es el referente existencial de las generaciones nacidas a partir de la década de los años 1950. Dos acontecimientos actúan disruptivamente durante esta época: las violencias de mediados del siglo XX prolongadas hasta tiempos presentes y la Constitución Política de 1991. La violencia actúa compulsivamente como partera de la historia –las identidades juveniles nacen, crecen, viven y mueren en medio de la guerra–. Durante la segunda mitad del siglo XX, adolescentes y jóvenes fueron estigmatizados y considerados problema y “objeto” de políticas públicas represivas, asistencialistas e inconsultas. De manera tardía, la Constitución Política de 1991 reconoció a los jóvenes como sujetos de derechos y protagonistas del desarrollo de la nación desde el ejercicio de la democracia directa, la diferencia y la autonomía.


Sin embargo, la fundamentación en los derechos humanos y la introducción de la noción de democracia participativa en el ordenamiento constitucional fue incapaz de poner fin a tres factores de riesgo que impactan estructural y negativamente el bienestar de la sociedad colombiana y, en particular, la existencia de los adolescentes y jóvenes: la precariedad del mercado laboral (desempleo e informalidad), la pobreza (la otra cara de la exclusión y la violación de los derechos humanos) y la violencia homicida (gráfico 1). En general, la medición focalizada del padecimiento de los jóvenes en relación con estas tres patologías es dos, tres y hasta cuatro veces superior al valor promedio observado en las cifras nacionales.


Lo preocupante es que durante la administración Duque estos índices de malestar se agravan y registran una tendencia creciente y acelerada: En 2021, la cifra de homicidios aumentó un 17 por ciento respecto de 2020; el año cerró con una cifra aproximada de 14.000 asesinatos; esto es, una tasa de 27,1 homicidios por cada 100.000 habitantes, superando la tasa de homicidio de los años anteriores: 2020 con 23,9 y 2019 con 25,6; ii) el grado de incidencia de la pobreza por ingresos insuficientes registraba una tendencia descendente desde 2013 hasta alcanzar el piso de 34,7 por ciento en 2018; en los años siguientes, potenciado en los últimos dos por la pandemia y el mal manejo macroeconómico, un alto número de familias de clase media cayeron en la pobreza, registrando el indicador un valor de 44 por ciento en 2021; iii) En los últimos 72 años, la tasa de desempleo registra dos fases: durante el período 1950-1965, la desocupación fue inferior a dos dígitos, manteniéndose en el rango del 2 al 8 por ciento; a partir de 1966, la exclusión laboral tiende a estar en dos dígitos, alcanzando un pico en el año 2000 de 19,7 por ciento y otro en mayo de 2020 de 21,4 por ciento. En los valores promedios anuales, en 2015 se llegó a un piso de 8,9 por ciento para luego escalar a 10,5 por ciento en 2019, 16,1 en 2020 y caer a 14,0 en 2021.


En los adolescentes y jóvenes, las causas externas son las principales causantes de las defunciones. Durante el período 1980-2018 fueron asesinados en Colombia 351.135 adolescentes y jóvenes (14 a 28 años de edad). La violencia delineó el perfil de morbilidad y mortalidad de este grupo etario. El incremento de la violencia homicida ha alcanzado niveles catastróficos para los adolescentes y jóvenes afectando principalmente a los hombres entre los 18 y 28 años de edad. Durante el período 1985-2018 la tasa promedio de homicidios por cada 100.000 habitantes a nivel nacional fue de 50,9; en el grupo de adolescentes y jóvenes el promedio de asesinatos aumentó a 86,4; esto es, 1,7 veces más alto. De los 14.000 asesinatos ocurridos durante 2021, una cifra cercana a los 9.000 corresponde a victimas adolescentes o jóvenes, en consonancia con las tasas históricas. De esta manera y sin duda, la privación del derecho a la vida es una de las principales y más severas violaciones a los derechos humanos de adolescentes y jóvenes en Colombia.


El análisis por subgrupos etarios y género presenta resultados más complejos en el comportamiento de la criminalidad del país. La tasa de homicidios promedio durante el período 1985-2018 para las “mujeres adolescentes y jóvenes” es de 12 por cada 100.000 habitantes, en el rango de 12 a 28 años; para los “hombres” es de 161; esto es, 13,4 veces más alto. La tasa promedio de homicidios en los “jóvenes tempranos hombres” (18 a 23 años de edad) es de 204,1 (4,1 veces superior a la tasa nacional) con un valor máximo de 338,5 alcanzado en 1993 y en los “jóvenes tardíos hombres” (24 a 28 años de edad) el valor promedio es de 229,6 (4,5 veces el promedio nacional) y el máximo de 373,7 en el año de 1992 (gráfico 2 y tabla1).

 

En general, la relación entre criminalidad y población adolescente y joven es multicausal y está ligada a los ciclos de violencia del país y a las complejas, estructurales y profundas causas conflictivas que los generan. No puede pensarse de manera unilateral que el aumento de las muertes de los jóvenes fue causa exclusiva del conflicto armado interno o del aumento en cifras absolutas de la población joven; hay otras igual de importantes como la lucha contra y entre los carteles de la droga, el uso de los jóvenes por bandas delincuenciales que se aprovechan de sus vulnerabilidades, la cultura de resolver los problemas mediante la violencia, la intolerancia en la convivencia cotidiana, y, los crímenes cometidos por el Estado en el contexto de los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. El país es escenario, de esta manera, un “juvenicidio” ocurrido en su historia reciente (2).


Por su parte el perspicaz escritor británico H. G. Wells (1866-1946) observó a principios del siglo XX y lo registra en su obra “El destino del Homo Sapiens” que el exceso relativo de jóvenes desocupados en las sociedades capitalistas modernas constituía una peligrosa fuerza tendiente a provocar conflicto en toda comunidad humana; la solución más fácil encontrada por las clases dominantes a la presión ejercida por el sobrante de hombres jóvenes de las clases populares, con el fin de mantenerlos disciplinados y reducir su número, ha consistido en la guerra, la cárcel o el exilio (3). De esta manera, al poder destructivo material y moral de la guerra moderna se adiciona, según Wells, el desperdicio para siempre de grandes reservas y potencialidades de energía humana (4).


Realidad que en lo fundamental no cambia. Los y las jóvenes viven hoy con mayor dramatismo que el resto de la población una serie de tensiones y paradojas. Una de las principales es que la juventud goza de más acceso a la educación y menos acceso a un empleo digno. En los análisis de su inserción laboral, resalta el alto nivel de desempleo y subempleo y la alta precariedad de quienes logran ocuparse (expresada en inestabilidad laboral, bajas remuneraciones y escasa cobertura de la seguridad social).


Durante las fases recesivas, el mecanismo de ajuste del mercado laboral colombiano empieza con el cierre de los puestos de trabajo de los jóvenes, afectando en mayor proporción a las mujeres. En general, ellas y ellos se encuentran atrapados en un círculo vicioso de empleo precario, informalidad-desempleo-inactividad-pobreza-exclusión (gráfico 3 y tabla 2).

 


En el ojo del huracán de la pandemia y los nefastos impactos de las medidas administrativas de encerramiento, la tasa de desempleo de las mujeres jóvenes alcanzó la cifra de 37,3 durante el trimestre mayo-julio de 2020 y en los hombres jóvenes de 24,5 en el trimestre abril-junio del mismo año.
De acuerdo con los resultados de las series trimestrales del Dane-Geih, durante el período 2001-2021 (julio-septiembre), en general, los valores promedio más altos de desocupación (5) lo registran las mujeres jóvenes tanto en las cabeceras (25,6%) como en los centros poblados y rural dispersa (24,6%). Los valores de las tasas de desocupación más bajas corresponden al total de los centros poblados y rural dispersa (7,3%) y los hombres jóvenes de estas áreas (8,0%). La tasa total promedio de desempleo nacional es 11,7 por ciento; en el total de hombres jóvenes es de 15,1 (3,4 puntos porcentuales –p.p.–. por encima del promedio nacional); en las mujeres jóvenes es de 25,7 (14 p.p. arriba del promedio nacional y una brecha de 10,6 p.p. respecto a la tasa de desocupación de los hombres jóvenes). Los coeficientes de variación son más bajos en las categorías de los jóvenes de ambos sexos expresando de esta manera una situación estructural de desempleo frente a los ciclos de los mercados de trabajo.


Una realidad que no escapó a los ojos de Misión de Empleo, en funciones desde julio de 2020 con el fin de encontrar una ruta que le permita crear un plan estratégico al gobierno nacional para mejorar las condiciones laborales existentes en el país. El economista mexicano Santiago Levy, jefe de la misma afirmó el pasado 11 de enero al presentar las conclusiones del estudio que “El mercado laboral colombiano está muy mal. Tiene una protección social ineficiente, un empleo precario para las personas y ofrece pocas oportunidades para que estas mejoren sus condiciones laborales, lo cual, a su vez, castiga el crecimiento económico y la productividad, por lo cual no es de extrañar que Colombia presente las tasas de crecimiento de desempleo más altas de Latinoamérica”.


Es necesario recordar la diferencia entre la condición juvenil (dato biológico y límite social y políticamente establecido) y la situación juvenil (pertenencia a una clase social, estrato socio-económico o ethos territorial). Los análisis del sociólogo francés Pierre Bourdieu (1930-2002) sobre el problema de los jóvenes le permitieron afirmar que “el hecho de hablar los jóvenes como de una unidad social, de un grupo constituido, que posee intereses comunes, y de referir estos intereses a una edad definida biológicamente, constituye en sí una manipulación evidente” (6). En efecto, en Colombia los adolescentes y jóvenes según la “situación de vida” se encuentran sobrerrepresentados en los niveles más bajos de la estratificación socioeconómica: los estratos uno y dos concentran el 76,3 por ciento de este segmento poblacional. Registran, además, graves carencias. El valor promedio del índice multidimensional de pobreza –IMP– es 37,8 por ciento en la población de 12 a 28 años; en contraste, a nivel general la pobreza multidimensional en Colombia se ubicó en 18,1 por ciento en 2020.


Además, teniendo en cuenta que la desigualdad del desarrollo es desigual en sí misma, estos adolescentes y jóvenes crecen en realidades muy diferentes dependiendo de los contextos y pares de contrarios antagónicos: riqueza/pobreza; urbano/rural; guerra/paz; jóvenes/viejos, entre muchos más. A continuación se analiza el contexto de vida de los adolescentes y jóvenes.


Falacia ecológica, desarrollo desigual y contextos de vida


La evidencia empírica y los análisis econométricos ponen al descubierto la “falacia ecológica”, es decir: hacer inferencias acerca de algunos individuos a partir de información del grupo al cual pertenecen. En efecto, cualquier análisis de series de tiempo empleando la tasa de homicidio y la proporción de la población joven encuentra una relación positiva y significativa entre estas dos variables; sin embargo, el análisis desagregado por grupos de edad muestra algo diferente, los cambios demográficos poco explican los movimientos de la tasa de homicidio. En cuanto al rol que juega la pobreza, diversos estudios concluyen que la evolución de la pobreza poco o nada explica el dramático incremento en los homicidios. En cuanto a la relación más compleja existente entre demografía y violencia en Colombia, los investigadores recomiendan hacer estos análisis a nivel de subgrupos etarios, clases sociales, actividades económicas, entidades culturales, regiones, municipios y ciudades específicas (7).


Adicionalmente, el hecho que dos fenómenos registren tendencias o comportamientos similares en el tiempo no permite inferir ningún tipo de causalidad entre ellos, es decir, que uno pueda ser causa u origen del otro. Las correlaciones describen relaciones simples y casi siempre lineales sin hacer afirmaciones sobre causa y efecto.


Tomando esto en cuenta, de las ocho variables condicionantes a nivel territorial elegidas para el estudio de juventud y contextos de vida (ver mapas), la mayor variabilidad (relación % entre la desviación estándar y la media) la registran la densidad poblacional (habitantes/extensión territorial), la tasa de víctimas del conflicto armado, el grado de ruralidad, y el nivel de riqueza generado. Las variables estables, homogéneas y con valores muy cercanos al promedio son el índice de pobreza multidimensional, la participación poblacional del grupo etario adolescente y joven, el grado de participación en la elección de los Consejos de juventud y la participación política de la población apta para votar en la elección de Presidente 2018 (tabla 3 y mapas).

 


Para mayor evidencia apoyemos el análisis en la Matriz de correlación, la cual muestra los valores de correlación de Pearson, que miden el grado de relación lineal entre cada par de elementos o variables. Los valores de correlación se pueden ubicar entre -1, cero y +1. Si los dos elementos tienden a aumentar o disminuir al mismo tiempo, el valor de correlación es positivo; si el valor es cero no existe relación entre las variables; si es negativo, una variable aumenta mientras la otra disminuye (tabla 4).

 

Respecto a las correlaciones positivas, de la tabla cuatro se puede inferir que el peso porcentual de la población joven (14 a 28 años) es más alto en aquellos territorios con altos índices de violencia, medido por la tasa de víctimas del conflicto armado; en los municipios de mayor ingreso per cápita la participación política es más alta en las elecciones presidenciales; el grado de participación relativa en la elección de los Consejos juveniles tiende a incrementarse en los territorios más pobres y rurales; la pobreza multidimensional aumenta en los territorios más violentos y rurales; la generación de riqueza por persona está asociada al grado de urbanización o densidad poblacional; y grados de violencia y grados de ruralidad están asociados en sus tendencias crecientes.


Respecto a las correlaciones negativas, la participación política desciende con el aumento de la pobreza y la ruralidad; la participación de los adolescentes y jóvenes en las elecciones de los Consejos tiende a ser escasa o exigua en las grandes urbes y entidades territoriales de mayor riqueza relativa; a mayor densidad de la población y mayor riqueza generada la pobreza multidimensional se reduce; la concentración de población reduce el grado de ruralidad; la riqueza por persona aumenta y se reduce la tasa de victimas del conflicto armado; el PIB per cápita aumenta de manera inversa al grado de ruralidad.
Variables no relacionadas. Llama la atención que el peso relativo del grupo etario comprendido entre los 14 y 28 años de edad respecto al total de población de cada entidad territorial no registra correlaciones estadísticamente significativas con la mayoría de las variables asociadas; solamente hay una correlación positiva con los territorios de mayor violencia y número mayor de victimas por el conflicto armado. En consecuencia, el grado de participación de población joven en el total poblacional tiende a distribuirse de manera análoga en las distintas entidades territoriales del país.


El rango (diferencia entre el máximo y el mínimo) del peso proporcional de la población de 14 a 28 años de edad en el total de la población de cada entidad territorial es de 10,7 puntos porcentuales, con un mínimo registrado de 18,5 por ciento (Vichada) y un máximo de 29,2 (Caquetá), el coeficiente de variación es de 9,2 por ciento y la media de 24,3.


La democracia participativa de los territorios en las elecciones presidenciales no tiene ningún grado de asociación con la participación en la elección de los Consejos juveniles. El hecho que en los territorios de mayor violencia el peso porcentual de la población joven sea más alto no influye en su participación en la elección, motivo de este artículo.


Es importante resaltar, como colofón de lo analizado, que mientras el 56,7 por ciento de ellos y ellas votaron en las elecciones presidenciales de 2018, en contraste, durante la elección de los Consejos municipales y locales de juventud apenas lo hizo un escaso 10,4 por ciento del censo electoral juvenil previsto (46,3 puntos porcentuales por debajo).


Consejos de juventud, participación política y democracia


Al referirse al problema de los jóvenes, el sociólogo Pierre Bourdieu era categórico al afirmar que “En la división lógica entre jóvenes y viejos está la cuestión de poder”. Esto es, cuando aparecen los conflictos sobre los límites entre las edades está en juego la trasmisión del poder y de los privilegios entre las generaciones (8).


En la Encuesta de Cultura Política –ECP– desarrollada por el Dane que permite caracterizar aspectos de la misma, acumulación de capital social, participación en escenarios comunitarios y confianza, basados en las percepciones y prácticas de los ciudadanos sobre su entorno político y social, en relación con la juventud, en particular en la realizada en el 2019, la institución rectora de las estadísticas en Colombia muestra que la participación de las personas en diferentes tipos de grupos y organizaciones es de 16,6 por ciento a nivel nacional; la participación de los hombres es 16,0 y las mujeres 17,2; en las cabeceras municipales el 14,8 y en los centros poblados y rural disperso 23,3. Los jóvenes son los que más participan en organizaciones educativas, culturales y deportivas, en comparación con otros grupos etarios; frente a la pregunta sobre la pertenencia a este tipo de organizaciones, la participación de jóvenes alcanza un 15,6 por ciento, frente a un promedio general de apenas 10,4.


Los mecanismos de participación ciudadana que más conocen los jóvenes de 18 a 25 años son el plebiscito (60,2%); el referendo aprobatorio o derogatorio (47,5%) y la consulta popular (47,8%). El 56,7 por ciento de este grupo de edad votó en las elecciones presidenciales de 2018; entre el 22 y el 38 por ciento no lo hizo por incredulidad en el sistema electoral, por considerar corruptos a los políticos y por desinterés. De acuerdo con la posición ideológica, el 15,7 por ciento se declara de izquierda, el 41,3 de centro, el 19,1 de derecha y el 23,9 no sabe o no informa. Respecto al grado de satisfacción con la forma en que la democracia funciona en Colombia, el 48,2 por ciento se siente muy insatisfecho; el 37,7 es indiferente o no sabe; el 14,1 se siente muy satisfecho. En general, existe incredulidad y desconfianza por parte de los jóvenes en las instituciones, en los políticos y en el sistema democrático colombiano.


Desencuentros y anhelos pendientes


Con la Carta Constitucional de 1991 toman forma las políticas públicas poblacionales y el reconocimiento de los y las adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho y actores estratégicos del desarrollo.


Durante las tres décadas siguientes, el Estado y la sociedad no han logrado dar una respuesta integral, universal, incluyente y democrática a las demandas-derechos de las nuevas ciudadanías. El modelo de desarrollo tampoco distribuye equitativamente sus beneficios. El desencuentro entre las ciudadanías empoderadas por una Carta Política que proclama los derechos humanos, la democracia participativa y el reconocimiento de las diferencias, de una parte, y las conservadoras instituciones públicas y privadas, de otra, frustró las expectativas nacidas en la nueva era. El desencuentro constituía una bomba de tiempo que vino a explotar durante la administración Duque.


Los datos revisados, así como las dinámicas sociales vividas durante los últimos años en el país, permiten concluir que la crisis de la democracia, del Estado y el modelo de desarrollo se expresan en la crisis del constructo social de adolescencia y juventud. La insurrección social a lo largo del gobierno Duque es la evidente expresión de la paradoja modernización sin modernidad. Las continuas explosiones sociales son causadas por las falencias acumuladas por décadas y los antagonismos intergeneracionales entre estilos de vida, cosmovisiones y modelos de desarrollo. De acuerdo con las “Observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo a Colombia de la CIDH”, en junio de 2021, las manifestaciones sociales se vinculan con reivindicaciones estructurales e históricas de la sociedad colombiana, que a su vez están consignadas en la Constitución Política de 1991 y los Acuerdos de Paz de 2016. La letra puede con todo, y en este caso la realidad lo reafirma.

 

1. Los Consejos municipales y locales de juventud son el mecanismo de participación creado desde la ley de Juventud 375 de 1997 y ratificado en la Ley Estatutaria de ciudadanía juvenil 1622 de 2013, pero nunca ha operado por falta de credibilidad y confianza. En los intentos de implementación la participación ha sido mínima y poco o nada ha influido en la participación democrática de los adolescentes y jóvenes. Ante la inoperancia de tal mecanismo o espacios de participación juvenil, en febrero de 2000 el presidente Pastrana firmó el Decreto 089 para reglamentar su organización y promover su funcionamiento. En el año 2018, una vez más con el mismo fin, se aprobó la Ley Estatutaria 1885 para “Modificar la ley estatutaria 1622 de 2013” en lo concerniente al Sistema Nacional de Juventudes. De acuerdo con lo afirmado por el abogado y Consejero Presidencial para la Juventud (cargo que ocupa desde 2020 hasta la actualidad), Juan Arango “La Ley 1622 desafortunadamente no fue una garantía de derechos, sino una especie de frustración en términos de participación juvenil”.
2. José Manuel Valenzuela Arce, investigador mexicano de El Colegio de la Frontera Norte acuñó este concepto en 2012, a partir de la publicación de su libro “Sed de mal. Feminicidio, jóvenes y exclusión social”. El “juvenicidio” es definido como el asesinato sistemático de la población joven, fenómeno documentado a lo largo de décadas y en el que se ha detectado la implicación institucional. De forma similar como ocurrió con el feminicidio, el profesor Valenzuela le dio nombre a una problemática social presente como común denominador en los países latinoamericanos.
3. Actualmente, de una parte, según la Cancillería, viven en países extranjeros alrededor de 5 millones de connacionales, la mayoría jóvenes que huyen a la falta de oportunidades, a la pobreza y a persecución política. De otra parte, en Colombia persiste una cultura carcelaria, no tanto para castigar o reeducar para la reinserción social como para ocultar y no enfrentar abierta y críticamente las causas profundas de las complejas patologías sociales: la legislación penal colombiana tipificaba como delito 296 conductas en 1980; actualmente aumentó esta tipificación a más de 600 conductas diferentes, la mayoría de ellas con pena privativa de la libertad. En consecuencia, la población carcelaria del país aumentó 462 por ciento entre 1992 y 2018. En 2018, la población carcelaria sumó 118.201 personas; el 36,1 por ciento de los presos eran jóvenes entre los 18 y 28 años de edad, esto es, 42.589, el 94% hombres y 6% mujeres.
4. H. G. Wells. (1949). El destino del Homo Sapiens. México; Editorial Diana, pp. 42-43 y 256-257.
5. La Tasa de desempleo (TD) es la relación porcentual entre el número de personas que están buscando trabajo (D) y el número de personas que integran la fuerza laboral (TD=D/PEA).
6. Bourdieu, Pierre. (1990). “La “Juventud” no es más que una palabra”, en: Sociología y Cultura. Editorial Grijalbo S. A. México, p. 165.
7. Bonilla Mejía, Leonardo. (2009). Demografía, juventud y homicidios en Colombia, 1979-2006. Banco de la República; Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional; pp. 41-42.
8. Bourdieu, Pierre, op. cit., pp. 163-173.

*Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia y desdeabajo.

 


Diagramas de dispersión y análisis de regresión lineal

 

 

 

Los diagramas de dispersión ilustran sobre el tipo de relación existente entre dos variables. Pero además, un diagrama de dispersión también puede utilizarse como una forma de cuantificar el grado de relación lineal existente entre dos variables: basta con observar el grado en el que la nube de puntos se ajusta a una línea recta. No obstante, la relación entre dos variables no siempre es perfecta o nula; de hecho, habitualmente no es lo uno ni lo otro.


Adicionalmente, para estudiar la relación entre variables se utiliza la técnica estadística de “análisis de regresión lineal”. El análisis de regresión lineal puede utilizarse para explorar y cuantificar la relación entre una variable dependiente o criterio (Y) y una o más variables llamadas independientes o predictores (X1, X2,…, Xn). La línea recta de la regresión posee la fórmula: Yi= ß0 + ßi Xi dónde el coeficiente ßi es la pendiente de la recta y el coeficiente ß0 es el punto en el que la recta corta el eje vertical. Conociendo el valor de estos dos coeficientes puede reproducirse la recta y describir la relación existente entre (Y) y (X). El coeficiente de determinación es la proporción de la varianza total de la variable explicada por la regresión. El coeficiente de determinación, también llamado R cuadrado, refleja la bondad del ajuste de un modelo a la variable que pretender explicar. El resultado del coeficiente de determinación oscila entre 0 y 1. Cuanto más cerca de 1 se sitúe su valor, mayor será el ajuste del modelo a la variable que estamos intentando explicar. De forma inversa, cuanto más cerca de cero, menos ajustado estará el modelo y, por tanto, menos fiable será.


Los gráficos 4 a 10 ilustran los diagramas de dispersión y las regresiones lineales en el estudio de la relación entre la participación política de los adolescentes y jóvenes en la elección de los Consejos de 2021 y los contextos de vida en que estos crecen y habitan.
El comportamiento de la variable “Porcentaje de adolescentes y jóvenes (14 a 28 años de edad) que participaron en las elecciones de los Consejos municipales y locales de juventud a nivel nacional en diciembre de 2021” tiende a ser explicada o a encontrar una determinación mayor (R² más cercano a 1) con las siguientes tres variables independientes: i) “Incidencia de la pobreza multidimensional por departamento (% IPM)”; ii) “Grado de ruralidad departamental (%)”; iii) “Ingreso per cápita departamental ($)”.


De los 12.282.273 adolescentes y jóvenes (14 a 28 años de edad) que estaban habilitados para votar durante la jornada, solamente acudieron a las urnas 1.279.961 adolescentes y jóvenes, esto es, 10,4% del censo electoral juvenil previsto. El coeficiente de variación fue reducido: 27,2 por ciento. El rango de variación fue de 15,1 puntos porcentuales (PP); el valor mínimo fue de 6,2 por ciento (Bogotá D.C. y Antioquia) y el máximo 21,3 (Sucre). En general, las entidades territoriales de mayor desarrollo (medido en densidad poblacional, % población urbana, ingreso per cápita, mayor participación política, menor tasa de victimas por el conflicto armado) fue donde el movimiento juvenil expresó radicalmente su ruptura con la institucionalidad de la administración Duque (paradójicamente, son las entidades territoriales con mayor experiencia y continuidad histórica, inversión y trabajo en políticas públicas de adolescencia y juventud).


La propaganda oficial y el funcionamiento tradicional de las maquinarias electorales de los partidos del establecimiento (el Centro Democrático fue de los más activos) nada pudo en contra de la crítica y exigencias democráticas radicales de la Juventud colombiana. El gráfico 11 es contundente en mostrar que la manipulación política del gobierno Duque con la convocatoria a la elección de los Consejos de Juventud fue un total fracaso; en efecto, la variable “% de participación de adolescentes y jóvenes en la elección de los Consejos” no guarda relación alguna con las variables “Total población joven 2021”, “% población entre 14 y 28 años respecto al total poblacional” y “Participación política en la elección presidencial 2018”.

 

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Viernes, 11 Febrero 2022 16:25

Juventud, garrote y zanahoria electoral

Hernando Sánchez, Espera (Cortesía del autor)

En diciembre de 2021 se realizaron por primera vez, a nivel nacional, las elecciones de los Consejos municipales y locales de juventud (1). Sus antecedentes y características, así como el contexto de exclusión, conflicto intergeneracional y ruptura juvenil con las instituciones del país dan cuerpo a este artículo.

Mediante una invasiva propaganda oficial el gobierno Duque, pretendiendo cooptar y manipular el creciente descontento juvenil, encubrir la persecución, criminalización y asesinato del liderazgo de este sector social, y deslegitimar el alzamiento social que marcó la vida nacional a lo largo de varias semanas del 2021, organizó y citó precipitadamente a la juventud colombiana a participar en la elección de los Consejos municipales y locales de juventud el pasado 5 de diciembre de 2021.


El número de adolescentes y jóvenes (14 a 28 años de edad) que estaban habilitados para votar sumaba 12.282.273 (24,1% en relación con la población total colombiana). Tan solo 1.279.961 (10,4% del censo electoral juvenil previsto) respondió al llamado presidencial y a la maquinaria institucional para elegir a 10.824 consejeros municipales y locales de juventud a lo largo del territorio nacional. Unos comicios en los que también realzó el fraude y voto nulo, este último con el 23 por ciento del total de los sufragados (para el Congreso suele ser del 6 por ciento).


A la par de la ausencia en los puestos de votación de quienes fueron citados, llamó la atención la manera imprevisible y malintencionada como la Registraduría Nacional habilitó a los adolescentes para votar en cualquier puesto sin inscripción previa ni control de las veces que repitiera, abriendo de este modo un expedito camino al fraude ¡primeras lecciones de la típica democracia colombiana! Sin reparar en lo sucedido en los puestos sin votantes ni en los exiguos resultados, el histriónico presidente Iván Duque se apresuró a declarar: “Hoy es un día histórico para la democracia y para el país. Es un triunfo de la democracia y demuestra que la juventud tiene un espíritu de acción”.


Y ese espíritu estuvo presente pero no en forma de voto sino de rechazo a unos partidos tradicionales, y otros que se dicen de nuevo tipo, que no alcanzan a inquietarlos, a una burocracia que no aprecian, a unas fuerzas de seguridad que los asesina y a un proyecto de país que los excluye. En suma, su espíritu estuvo presente a través del rechazo a una institucionalidad que ni los representa ni les ofrece presente o futuro digno, tendiendo luz de esta manera, además, sobre la evidente y profunda fractura que existe entre este grupo poblacional y la institucionalidad pública; y, de otra, el escepticismo imperante o la poca credibilidad que ofrece la manoseada democracia formal para la participación activa y decisiva de los jóvenes en los asuntos estratégicos del país.


Modernización violenta y excluyente


El concepto de juventud nace con la modernidad. La puesta en escena del sujeto juvenil en Colombia es el referente existencial de las generaciones nacidas a partir de la década de los años 1950. Dos acontecimientos actúan disruptivamente durante esta época: las violencias de mediados del siglo XX prolongadas hasta tiempos presentes y la Constitución Política de 1991. La violencia actúa compulsivamente como partera de la historia –las identidades juveniles nacen, crecen, viven y mueren en medio de la guerra–. Durante la segunda mitad del siglo XX, adolescentes y jóvenes fueron estigmatizados y considerados problema y “objeto” de políticas públicas represivas, asistencialistas e inconsultas. De manera tardía, la Constitución Política de 1991 reconoció a los jóvenes como sujetos de derechos y protagonistas del desarrollo de la nación desde el ejercicio de la democracia directa, la diferencia y la autonomía.


Sin embargo, la fundamentación en los derechos humanos y la introducción de la noción de democracia participativa en el ordenamiento constitucional fue incapaz de poner fin a tres factores de riesgo que impactan estructural y negativamente el bienestar de la sociedad colombiana y, en particular, la existencia de los adolescentes y jóvenes: la precariedad del mercado laboral (desempleo e informalidad), la pobreza (la otra cara de la exclusión y la violación de los derechos humanos) y la violencia homicida (gráfico 1). En general, la medición focalizada del padecimiento de los jóvenes en relación con estas tres patologías es dos, tres y hasta cuatro veces superior al valor promedio observado en las cifras nacionales.


Lo preocupante es que durante la administración Duque estos índices de malestar se agravan y registran una tendencia creciente y acelerada: En 2021, la cifra de homicidios aumentó un 17 por ciento respecto de 2020; el año cerró con una cifra aproximada de 14.000 asesinatos; esto es, una tasa de 27,1 homicidios por cada 100.000 habitantes, superando la tasa de homicidio de los años anteriores: 2020 con 23,9 y 2019 con 25,6; ii) el grado de incidencia de la pobreza por ingresos insuficientes registraba una tendencia descendente desde 2013 hasta alcanzar el piso de 34,7 por ciento en 2018; en los años siguientes, potenciado en los últimos dos por la pandemia y el mal manejo macroeconómico, un alto número de familias de clase media cayeron en la pobreza, registrando el indicador un valor de 44 por ciento en 2021; iii) En los últimos 72 años, la tasa de desempleo registra dos fases: durante el período 1950-1965, la desocupación fue inferior a dos dígitos, manteniéndose en el rango del 2 al 8 por ciento; a partir de 1966, la exclusión laboral tiende a estar en dos dígitos, alcanzando un pico en el año 2000 de 19,7 por ciento y otro en mayo de 2020 de 21,4 por ciento. En los valores promedios anuales, en 2015 se llegó a un piso de 8,9 por ciento para luego escalar a 10,5 por ciento en 2019, 16,1 en 2020 y caer a 14,0 en 2021.


En los adolescentes y jóvenes, las causas externas son las principales causantes de las defunciones. Durante el período 1980-2018 fueron asesinados en Colombia 351.135 adolescentes y jóvenes (14 a 28 años de edad). La violencia delineó el perfil de morbilidad y mortalidad de este grupo etario. El incremento de la violencia homicida ha alcanzado niveles catastróficos para los adolescentes y jóvenes afectando principalmente a los hombres entre los 18 y 28 años de edad. Durante el período 1985-2018 la tasa promedio de homicidios por cada 100.000 habitantes a nivel nacional fue de 50,9; en el grupo de adolescentes y jóvenes el promedio de asesinatos aumentó a 86,4; esto es, 1,7 veces más alto. De los 14.000 asesinatos ocurridos durante 2021, una cifra cercana a los 9.000 corresponde a victimas adolescentes o jóvenes, en consonancia con las tasas históricas. De esta manera y sin duda, la privación del derecho a la vida es una de las principales y más severas violaciones a los derechos humanos de adolescentes y jóvenes en Colombia.


El análisis por subgrupos etarios y género presenta resultados más complejos en el comportamiento de la criminalidad del país. La tasa de homicidios promedio durante el período 1985-2018 para las “mujeres adolescentes y jóvenes” es de 12 por cada 100.000 habitantes, en el rango de 12 a 28 años; para los “hombres” es de 161; esto es, 13,4 veces más alto. La tasa promedio de homicidios en los “jóvenes tempranos hombres” (18 a 23 años de edad) es de 204,1 (4,1 veces superior a la tasa nacional) con un valor máximo de 338,5 alcanzado en 1993 y en los “jóvenes tardíos hombres” (24 a 28 años de edad) el valor promedio es de 229,6 (4,5 veces el promedio nacional) y el máximo de 373,7 en el año de 1992 (gráfico 2 y tabla1).

 

En general, la relación entre criminalidad y población adolescente y joven es multicausal y está ligada a los ciclos de violencia del país y a las complejas, estructurales y profundas causas conflictivas que los generan. No puede pensarse de manera unilateral que el aumento de las muertes de los jóvenes fue causa exclusiva del conflicto armado interno o del aumento en cifras absolutas de la población joven; hay otras igual de importantes como la lucha contra y entre los carteles de la droga, el uso de los jóvenes por bandas delincuenciales que se aprovechan de sus vulnerabilidades, la cultura de resolver los problemas mediante la violencia, la intolerancia en la convivencia cotidiana, y, los crímenes cometidos por el Estado en el contexto de los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. El país es escenario, de esta manera, un “juvenicidio” ocurrido en su historia reciente (2).


Por su parte el perspicaz escritor británico H. G. Wells (1866-1946) observó a principios del siglo XX y lo registra en su obra “El destino del Homo Sapiens” que el exceso relativo de jóvenes desocupados en las sociedades capitalistas modernas constituía una peligrosa fuerza tendiente a provocar conflicto en toda comunidad humana; la solución más fácil encontrada por las clases dominantes a la presión ejercida por el sobrante de hombres jóvenes de las clases populares, con el fin de mantenerlos disciplinados y reducir su número, ha consistido en la guerra, la cárcel o el exilio (3). De esta manera, al poder destructivo material y moral de la guerra moderna se adiciona, según Wells, el desperdicio para siempre de grandes reservas y potencialidades de energía humana (4).


Realidad que en lo fundamental no cambia. Los y las jóvenes viven hoy con mayor dramatismo que el resto de la población una serie de tensiones y paradojas. Una de las principales es que la juventud goza de más acceso a la educación y menos acceso a un empleo digno. En los análisis de su inserción laboral, resalta el alto nivel de desempleo y subempleo y la alta precariedad de quienes logran ocuparse (expresada en inestabilidad laboral, bajas remuneraciones y escasa cobertura de la seguridad social).


Durante las fases recesivas, el mecanismo de ajuste del mercado laboral colombiano empieza con el cierre de los puestos de trabajo de los jóvenes, afectando en mayor proporción a las mujeres. En general, ellas y ellos se encuentran atrapados en un círculo vicioso de empleo precario, informalidad-desempleo-inactividad-pobreza-exclusión (gráfico 3 y tabla 2).

 


En el ojo del huracán de la pandemia y los nefastos impactos de las medidas administrativas de encerramiento, la tasa de desempleo de las mujeres jóvenes alcanzó la cifra de 37,3 durante el trimestre mayo-julio de 2020 y en los hombres jóvenes de 24,5 en el trimestre abril-junio del mismo año.
De acuerdo con los resultados de las series trimestrales del Dane-Geih, durante el período 2001-2021 (julio-septiembre), en general, los valores promedio más altos de desocupación (5) lo registran las mujeres jóvenes tanto en las cabeceras (25,6%) como en los centros poblados y rural dispersa (24,6%). Los valores de las tasas de desocupación más bajas corresponden al total de los centros poblados y rural dispersa (7,3%) y los hombres jóvenes de estas áreas (8,0%). La tasa total promedio de desempleo nacional es 11,7 por ciento; en el total de hombres jóvenes es de 15,1 (3,4 puntos porcentuales –p.p.–. por encima del promedio nacional); en las mujeres jóvenes es de 25,7 (14 p.p. arriba del promedio nacional y una brecha de 10,6 p.p. respecto a la tasa de desocupación de los hombres jóvenes). Los coeficientes de variación son más bajos en las categorías de los jóvenes de ambos sexos expresando de esta manera una situación estructural de desempleo frente a los ciclos de los mercados de trabajo.


Una realidad que no escapó a los ojos de Misión de Empleo, en funciones desde julio de 2020 con el fin de encontrar una ruta que le permita crear un plan estratégico al gobierno nacional para mejorar las condiciones laborales existentes en el país. El economista mexicano Santiago Levy, jefe de la misma afirmó el pasado 11 de enero al presentar las conclusiones del estudio que “El mercado laboral colombiano está muy mal. Tiene una protección social ineficiente, un empleo precario para las personas y ofrece pocas oportunidades para que estas mejoren sus condiciones laborales, lo cual, a su vez, castiga el crecimiento económico y la productividad, por lo cual no es de extrañar que Colombia presente las tasas de crecimiento de desempleo más altas de Latinoamérica”.


Es necesario recordar la diferencia entre la condición juvenil (dato biológico y límite social y políticamente establecido) y la situación juvenil (pertenencia a una clase social, estrato socio-económico o ethos territorial). Los análisis del sociólogo francés Pierre Bourdieu (1930-2002) sobre el problema de los jóvenes le permitieron afirmar que “el hecho de hablar los jóvenes como de una unidad social, de un grupo constituido, que posee intereses comunes, y de referir estos intereses a una edad definida biológicamente, constituye en sí una manipulación evidente” (6). En efecto, en Colombia los adolescentes y jóvenes según la “situación de vida” se encuentran sobrerrepresentados en los niveles más bajos de la estratificación socioeconómica: los estratos uno y dos concentran el 76,3 por ciento de este segmento poblacional. Registran, además, graves carencias. El valor promedio del índice multidimensional de pobreza –IMP– es 37,8 por ciento en la población de 12 a 28 años; en contraste, a nivel general la pobreza multidimensional en Colombia se ubicó en 18,1 por ciento en 2020.


Además, teniendo en cuenta que la desigualdad del desarrollo es desigual en sí misma, estos adolescentes y jóvenes crecen en realidades muy diferentes dependiendo de los contextos y pares de contrarios antagónicos: riqueza/pobreza; urbano/rural; guerra/paz; jóvenes/viejos, entre muchos más. A continuación se analiza el contexto de vida de los adolescentes y jóvenes.


Falacia ecológica, desarrollo desigual y contextos de vida


La evidencia empírica y los análisis econométricos ponen al descubierto la “falacia ecológica”, es decir: hacer inferencias acerca de algunos individuos a partir de información del grupo al cual pertenecen. En efecto, cualquier análisis de series de tiempo empleando la tasa de homicidio y la proporción de la población joven encuentra una relación positiva y significativa entre estas dos variables; sin embargo, el análisis desagregado por grupos de edad muestra algo diferente, los cambios demográficos poco explican los movimientos de la tasa de homicidio. En cuanto al rol que juega la pobreza, diversos estudios concluyen que la evolución de la pobreza poco o nada explica el dramático incremento en los homicidios. En cuanto a la relación más compleja existente entre demografía y violencia en Colombia, los investigadores recomiendan hacer estos análisis a nivel de subgrupos etarios, clases sociales, actividades económicas, entidades culturales, regiones, municipios y ciudades específicas (7).


Adicionalmente, el hecho que dos fenómenos registren tendencias o comportamientos similares en el tiempo no permite inferir ningún tipo de causalidad entre ellos, es decir, que uno pueda ser causa u origen del otro. Las correlaciones describen relaciones simples y casi siempre lineales sin hacer afirmaciones sobre causa y efecto.


Tomando esto en cuenta, de las ocho variables condicionantes a nivel territorial elegidas para el estudio de juventud y contextos de vida (ver mapas), la mayor variabilidad (relación % entre la desviación estándar y la media) la registran la densidad poblacional (habitantes/extensión territorial), la tasa de víctimas del conflicto armado, el grado de ruralidad, y el nivel de riqueza generado. Las variables estables, homogéneas y con valores muy cercanos al promedio son el índice de pobreza multidimensional, la participación poblacional del grupo etario adolescente y joven, el grado de participación en la elección de los Consejos de juventud y la participación política de la población apta para votar en la elección de Presidente 2018 (tabla 3 y mapas).

 


Para mayor evidencia apoyemos el análisis en la Matriz de correlación, la cual muestra los valores de correlación de Pearson, que miden el grado de relación lineal entre cada par de elementos o variables. Los valores de correlación se pueden ubicar entre -1, cero y +1. Si los dos elementos tienden a aumentar o disminuir al mismo tiempo, el valor de correlación es positivo; si el valor es cero no existe relación entre las variables; si es negativo, una variable aumenta mientras la otra disminuye (tabla 4).

 

Respecto a las correlaciones positivas, de la tabla cuatro se puede inferir que el peso porcentual de la población joven (14 a 28 años) es más alto en aquellos territorios con altos índices de violencia, medido por la tasa de víctimas del conflicto armado; en los municipios de mayor ingreso per cápita la participación política es más alta en las elecciones presidenciales; el grado de participación relativa en la elección de los Consejos juveniles tiende a incrementarse en los territorios más pobres y rurales; la pobreza multidimensional aumenta en los territorios más violentos y rurales; la generación de riqueza por persona está asociada al grado de urbanización o densidad poblacional; y grados de violencia y grados de ruralidad están asociados en sus tendencias crecientes.


Respecto a las correlaciones negativas, la participación política desciende con el aumento de la pobreza y la ruralidad; la participación de los adolescentes y jóvenes en las elecciones de los Consejos tiende a ser escasa o exigua en las grandes urbes y entidades territoriales de mayor riqueza relativa; a mayor densidad de la población y mayor riqueza generada la pobreza multidimensional se reduce; la concentración de población reduce el grado de ruralidad; la riqueza por persona aumenta y se reduce la tasa de victimas del conflicto armado; el PIB per cápita aumenta de manera inversa al grado de ruralidad.
Variables no relacionadas. Llama la atención que el peso relativo del grupo etario comprendido entre los 14 y 28 años de edad respecto al total de población de cada entidad territorial no registra correlaciones estadísticamente significativas con la mayoría de las variables asociadas; solamente hay una correlación positiva con los territorios de mayor violencia y número mayor de victimas por el conflicto armado. En consecuencia, el grado de participación de población joven en el total poblacional tiende a distribuirse de manera análoga en las distintas entidades territoriales del país.


El rango (diferencia entre el máximo y el mínimo) del peso proporcional de la población de 14 a 28 años de edad en el total de la población de cada entidad territorial es de 10,7 puntos porcentuales, con un mínimo registrado de 18,5 por ciento (Vichada) y un máximo de 29,2 (Caquetá), el coeficiente de variación es de 9,2 por ciento y la media de 24,3.


La democracia participativa de los territorios en las elecciones presidenciales no tiene ningún grado de asociación con la participación en la elección de los Consejos juveniles. El hecho que en los territorios de mayor violencia el peso porcentual de la población joven sea más alto no influye en su participación en la elección, motivo de este artículo.


Es importante resaltar, como colofón de lo analizado, que mientras el 56,7 por ciento de ellos y ellas votaron en las elecciones presidenciales de 2018, en contraste, durante la elección de los Consejos municipales y locales de juventud apenas lo hizo un escaso 10,4 por ciento del censo electoral juvenil previsto (46,3 puntos porcentuales por debajo).


Consejos de juventud, participación política y democracia


Al referirse al problema de los jóvenes, el sociólogo Pierre Bourdieu era categórico al afirmar que “En la división lógica entre jóvenes y viejos está la cuestión de poder”. Esto es, cuando aparecen los conflictos sobre los límites entre las edades está en juego la trasmisión del poder y de los privilegios entre las generaciones (8).


En la Encuesta de Cultura Política –ECP– desarrollada por el Dane que permite caracterizar aspectos de la misma, acumulación de capital social, participación en escenarios comunitarios y confianza, basados en las percepciones y prácticas de los ciudadanos sobre su entorno político y social, en relación con la juventud, en particular en la realizada en el 2019, la institución rectora de las estadísticas en Colombia muestra que la participación de las personas en diferentes tipos de grupos y organizaciones es de 16,6 por ciento a nivel nacional; la participación de los hombres es 16,0 y las mujeres 17,2; en las cabeceras municipales el 14,8 y en los centros poblados y rural disperso 23,3. Los jóvenes son los que más participan en organizaciones educativas, culturales y deportivas, en comparación con otros grupos etarios; frente a la pregunta sobre la pertenencia a este tipo de organizaciones, la participación de jóvenes alcanza un 15,6 por ciento, frente a un promedio general de apenas 10,4.


Los mecanismos de participación ciudadana que más conocen los jóvenes de 18 a 25 años son el plebiscito (60,2%); el referendo aprobatorio o derogatorio (47,5%) y la consulta popular (47,8%). El 56,7 por ciento de este grupo de edad votó en las elecciones presidenciales de 2018; entre el 22 y el 38 por ciento no lo hizo por incredulidad en el sistema electoral, por considerar corruptos a los políticos y por desinterés. De acuerdo con la posición ideológica, el 15,7 por ciento se declara de izquierda, el 41,3 de centro, el 19,1 de derecha y el 23,9 no sabe o no informa. Respecto al grado de satisfacción con la forma en que la democracia funciona en Colombia, el 48,2 por ciento se siente muy insatisfecho; el 37,7 es indiferente o no sabe; el 14,1 se siente muy satisfecho. En general, existe incredulidad y desconfianza por parte de los jóvenes en las instituciones, en los políticos y en el sistema democrático colombiano.


Desencuentros y anhelos pendientes


Con la Carta Constitucional de 1991 toman forma las políticas públicas poblacionales y el reconocimiento de los y las adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho y actores estratégicos del desarrollo.


Durante las tres décadas siguientes, el Estado y la sociedad no han logrado dar una respuesta integral, universal, incluyente y democrática a las demandas-derechos de las nuevas ciudadanías. El modelo de desarrollo tampoco distribuye equitativamente sus beneficios. El desencuentro entre las ciudadanías empoderadas por una Carta Política que proclama los derechos humanos, la democracia participativa y el reconocimiento de las diferencias, de una parte, y las conservadoras instituciones públicas y privadas, de otra, frustró las expectativas nacidas en la nueva era. El desencuentro constituía una bomba de tiempo que vino a explotar durante la administración Duque.


Los datos revisados, así como las dinámicas sociales vividas durante los últimos años en el país, permiten concluir que la crisis de la democracia, del Estado y el modelo de desarrollo se expresan en la crisis del constructo social de adolescencia y juventud. La insurrección social a lo largo del gobierno Duque es la evidente expresión de la paradoja modernización sin modernidad. Las continuas explosiones sociales son causadas por las falencias acumuladas por décadas y los antagonismos intergeneracionales entre estilos de vida, cosmovisiones y modelos de desarrollo. De acuerdo con las “Observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo a Colombia de la CIDH”, en junio de 2021, las manifestaciones sociales se vinculan con reivindicaciones estructurales e históricas de la sociedad colombiana, que a su vez están consignadas en la Constitución Política de 1991 y los Acuerdos de Paz de 2016. La letra puede con todo, y en este caso la realidad lo reafirma.

 

1. Los Consejos municipales y locales de juventud son el mecanismo de participación creado desde la ley de Juventud 375 de 1997 y ratificado en la Ley Estatutaria de ciudadanía juvenil 1622 de 2013, pero nunca ha operado por falta de credibilidad y confianza. En los intentos de implementación la participación ha sido mínima y poco o nada ha influido en la participación democrática de los adolescentes y jóvenes. Ante la inoperancia de tal mecanismo o espacios de participación juvenil, en febrero de 2000 el presidente Pastrana firmó el Decreto 089 para reglamentar su organización y promover su funcionamiento. En el año 2018, una vez más con el mismo fin, se aprobó la Ley Estatutaria 1885 para “Modificar la ley estatutaria 1622 de 2013” en lo concerniente al Sistema Nacional de Juventudes. De acuerdo con lo afirmado por el abogado y Consejero Presidencial para la Juventud (cargo que ocupa desde 2020 hasta la actualidad), Juan Arango “La Ley 1622 desafortunadamente no fue una garantía de derechos, sino una especie de frustración en términos de participación juvenil”.
2. José Manuel Valenzuela Arce, investigador mexicano de El Colegio de la Frontera Norte acuñó este concepto en 2012, a partir de la publicación de su libro “Sed de mal. Feminicidio, jóvenes y exclusión social”. El “juvenicidio” es definido como el asesinato sistemático de la población joven, fenómeno documentado a lo largo de décadas y en el que se ha detectado la implicación institucional. De forma similar como ocurrió con el feminicidio, el profesor Valenzuela le dio nombre a una problemática social presente como común denominador en los países latinoamericanos.
3. Actualmente, de una parte, según la Cancillería, viven en países extranjeros alrededor de 5 millones de connacionales, la mayoría jóvenes que huyen a la falta de oportunidades, a la pobreza y a persecución política. De otra parte, en Colombia persiste una cultura carcelaria, no tanto para castigar o reeducar para la reinserción social como para ocultar y no enfrentar abierta y críticamente las causas profundas de las complejas patologías sociales: la legislación penal colombiana tipificaba como delito 296 conductas en 1980; actualmente aumentó esta tipificación a más de 600 conductas diferentes, la mayoría de ellas con pena privativa de la libertad. En consecuencia, la población carcelaria del país aumentó 462 por ciento entre 1992 y 2018. En 2018, la población carcelaria sumó 118.201 personas; el 36,1 por ciento de los presos eran jóvenes entre los 18 y 28 años de edad, esto es, 42.589, el 94% hombres y 6% mujeres.
4. H. G. Wells. (1949). El destino del Homo Sapiens. México; Editorial Diana, pp. 42-43 y 256-257.
5. La Tasa de desempleo (TD) es la relación porcentual entre el número de personas que están buscando trabajo (D) y el número de personas que integran la fuerza laboral (TD=D/PEA).
6. Bourdieu, Pierre. (1990). “La “Juventud” no es más que una palabra”, en: Sociología y Cultura. Editorial Grijalbo S. A. México, p. 165.
7. Bonilla Mejía, Leonardo. (2009). Demografía, juventud y homicidios en Colombia, 1979-2006. Banco de la República; Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional; pp. 41-42.
8. Bourdieu, Pierre, op. cit., pp. 163-173.

*Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia y desdeabajo.

 


Diagramas de dispersión y análisis de regresión lineal

 

 

 

Los diagramas de dispersión ilustran sobre el tipo de relación existente entre dos variables. Pero además, un diagrama de dispersión también puede utilizarse como una forma de cuantificar el grado de relación lineal existente entre dos variables: basta con observar el grado en el que la nube de puntos se ajusta a una línea recta. No obstante, la relación entre dos variables no siempre es perfecta o nula; de hecho, habitualmente no es lo uno ni lo otro.


Adicionalmente, para estudiar la relación entre variables se utiliza la técnica estadística de “análisis de regresión lineal”. El análisis de regresión lineal puede utilizarse para explorar y cuantificar la relación entre una variable dependiente o criterio (Y) y una o más variables llamadas independientes o predictores (X1, X2,…, Xn). La línea recta de la regresión posee la fórmula: Yi= ß0 + ßi Xi dónde el coeficiente ßi es la pendiente de la recta y el coeficiente ß0 es el punto en el que la recta corta el eje vertical. Conociendo el valor de estos dos coeficientes puede reproducirse la recta y describir la relación existente entre (Y) y (X). El coeficiente de determinación es la proporción de la varianza total de la variable explicada por la regresión. El coeficiente de determinación, también llamado R cuadrado, refleja la bondad del ajuste de un modelo a la variable que pretender explicar. El resultado del coeficiente de determinación oscila entre 0 y 1. Cuanto más cerca de 1 se sitúe su valor, mayor será el ajuste del modelo a la variable que estamos intentando explicar. De forma inversa, cuanto más cerca de cero, menos ajustado estará el modelo y, por tanto, menos fiable será.


Los gráficos 4 a 10 ilustran los diagramas de dispersión y las regresiones lineales en el estudio de la relación entre la participación política de los adolescentes y jóvenes en la elección de los Consejos de 2021 y los contextos de vida en que estos crecen y habitan.
El comportamiento de la variable “Porcentaje de adolescentes y jóvenes (14 a 28 años de edad) que participaron en las elecciones de los Consejos municipales y locales de juventud a nivel nacional en diciembre de 2021” tiende a ser explicada o a encontrar una determinación mayor (R² más cercano a 1) con las siguientes tres variables independientes: i) “Incidencia de la pobreza multidimensional por departamento (% IPM)”; ii) “Grado de ruralidad departamental (%)”; iii) “Ingreso per cápita departamental ($)”.


De los 12.282.273 adolescentes y jóvenes (14 a 28 años de edad) que estaban habilitados para votar durante la jornada, solamente acudieron a las urnas 1.279.961 adolescentes y jóvenes, esto es, 10,4% del censo electoral juvenil previsto. El coeficiente de variación fue reducido: 27,2 por ciento. El rango de variación fue de 15,1 puntos porcentuales (PP); el valor mínimo fue de 6,2 por ciento (Bogotá D.C. y Antioquia) y el máximo 21,3 (Sucre). En general, las entidades territoriales de mayor desarrollo (medido en densidad poblacional, % población urbana, ingreso per cápita, mayor participación política, menor tasa de victimas por el conflicto armado) fue donde el movimiento juvenil expresó radicalmente su ruptura con la institucionalidad de la administración Duque (paradójicamente, son las entidades territoriales con mayor experiencia y continuidad histórica, inversión y trabajo en políticas públicas de adolescencia y juventud).


La propaganda oficial y el funcionamiento tradicional de las maquinarias electorales de los partidos del establecimiento (el Centro Democrático fue de los más activos) nada pudo en contra de la crítica y exigencias democráticas radicales de la Juventud colombiana. El gráfico 11 es contundente en mostrar que la manipulación política del gobierno Duque con la convocatoria a la elección de los Consejos de Juventud fue un total fracaso; en efecto, la variable “% de participación de adolescentes y jóvenes en la elección de los Consejos” no guarda relación alguna con las variables “Total población joven 2021”, “% población entre 14 y 28 años respecto al total poblacional” y “Participación política en la elección presidencial 2018”.

 

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Viernes, 11 Febrero 2022 09:39

Democracia para no engañar

Democracia para no engañar

El sistema democrático, tal vez el menos malo de los conocidos, no puede denominarse como tal si en su ejercicio se incumple una de sus máximas: contar con el pueblo. En Colombia, la democracia más antigua, y falaz, del continente latinoamericano, el pueblo llano apenas cuenta, porque no se escuchan sus narraciones y porque no es tenido en cuenta.

 

Para denunciar gran parte de la falsedad democrática es para lo que ha escrito Carlos Gutiérrez su libro Democracia que no has de ejercer, déjala ser. Recién salido del horno de esa editorial batalladora e incansable que es desde abajo, el texto hace una disección de esa democracia tan manida y hueca: la que se enseña en las escuelas y la que se practica en la política y que para nada es ejercida por la ciudadanía.

A lo largo de sus poco más de ciento sesenta páginas, el autor analiza la realidad colombiana de los últimos tiempos a partir de los hechos acaecidos en septiembre de 2019 tras el asesinato a manos de la policía de Javier Ordoñez, una especie de caso Floyd a la colombiana. La violencia policial sirve de hilo conductor que desarma la democracia y tiñe de sangre a quienes se atreven a ejercer sus supuestos democráticos derechos.

El respaldo de los gobiernos a la violencia ejercida por las fuerzas del orden deslegitima la democracia que dicen representar, y las actuaciones de las fuerzas del orden, Policía y Ejército, son, según señala Gutiérrez, uno de los “diques que bloquean la emergencia de la democracia que requiere el país para cerrar una historia de dos siglos de régimen presidencialista, centralista, militarista, autoritario y policivo” (pág. 13).

Frente al “cementerio ampliado” en el que estamos convirtiendo el planeta, en el libro se intenta responder a preguntas difíciles y profundas, aunque necesarias para mantener viva la llama de la esperanza y no morir de asco por la falta de perspectivas: ¿Cómo proceder para que la democracia –más allá de formal– tome forma directa, radical? ¿Es posible que la libertad recupere sus pasos, así como la igualdad y la fraternidad solidaridad, y como resultado de todo ello la justicia?

Una realidad cerrada al cambio


Es la realidad actual de Colombia, con reiteración de crímenes, incluidos los de Estado, con elevada concentración de la propiedad y la riqueza y con una brecha social cada vez más ancha, la que hace que este libro grite “Democracia que no has de ejercer, déjala ser”.

El vigente panorama mundial es de crisis democrática, al menos en su ejercicio ciudadano, con pocos visos de cambio debido a un sistema económico, social y cultural que impide el cambio necesario. Las imágenes, relatos, testimonios, cifras y noticias de cualquier rincón del planeta “confirman en el diario vivir que de la democracia no va quedando mucho más que la cáscara. La pulpa ya está podrida” (pág. 16).

Hoy, la democracia colombiana, al igual que muchas otras, es solamente formal pero no efectiva “la sociedad tiene ante sí una forma democrática que guarda apariencias –el voto– pero niega realizaciones plenas: económicas, sociales, ambientales y de otros órdenes, sin las cuales la Carta de Derechos Humanos no es más que la relación de un conjunto de buenos deseos (pág. 19).

El anhelo explícito en el libro es “que las mayorías de cada país, ante la imposibilidad histórica que carga la burguesía para hacer realidad la democracia integral, sean quienes asuman el reto de luchar y defender la democracia directa, radical, asamblearia, no solo formal o delegataria, (…) para lo cual son condición irrenunciable una justicia en todos los niveles, una visión integradora sobre la vida con estimación ecológica plena y una ética de altos valores” (pág. 20).

Carlos Gutiérrez se pregunta si es posible hacer realidad la democracia plena, integral, que a primera vista parece una utopía más. A lo que responde, tal vez más desde la ilusión de que así sea, “sentimos que otra democracia sí es posible y que nos corresponde encarar el reto de concretarla a quienes sufrimos las consecuencias de la implementación de la democracia formal, la realmente existente, sentando las bases para que la misma germine en beneficio de nuestros pueblos y de la humanidad en
su conjunto” (pág. 22).

Memoria y democracia

Hay una mención especial a la memoria y a no olvidar la historia, que en la política latinoamericana ha estado marcada por la presencia perenne de los EE. UU. y su “proyecto de poder y dominio para el cual la ´democracia` más avanzada es aquella que les garantiza privilegios a las multinacionales” (pág. 24) con el que han intervenido a su antojo promoviendo a sus fieles lacayos y acabando con todo lo que le pudiera hacer sombra, ya sea en lo político, en lo económico o en lo social, a través de conspiraciones, presiones y golpes de Estado que han empobrecido una región naturalmente rica despojándola de los derechos humanos más básicos. En ese escenario, “la democracia no trasciende la formalidad” y es poco más que una palabra vacua en la que los derechos humanos “son negados por la realidad, y esa realidad se llama injusticia” (pág. 25). Todo ello en un escenario regional de desigualdad social y económica.

Es cierto que el momento, al menos en Colombia tras dos años de movilizaciones, es novedoso y esperanzador; que para las elecciones previstas este 2022 se atisba un cambio que puede hacer posible el primer gobierno no de derechas de su historia, y que la sociedad parece haber despertado de su letargo y se revela contra el “eterno” sometimiento. La lucha de las y los de abajo sigue siendo necesaria para enfrentar al poder y a sus privilegiados; aunque se esté pagando un alto precio en vidas humanas.

El director del periódico desde abajo se reafirma en su idea de que “Aquí somos y aquí luchamos para que la democracia deje de ser una consigna y se transforme en realidad cotidiana, no en el simple derecho a elegir y ser elegido sino en el derecho más vital de todos: a vivir, pero no de cualquier manera sino con total dignidad, y a ser persona”; recordando la definición que María Zambrano hizo de la democracia como “la sociedad en la que es permitido y exigido el ser persona” (p. 30).

La transformación social como esperanza

El texto es una mirada lúcida a esa democracia de las apariencias que todo lo tergiversa. Y más en Colombia, “país de apariencias y de hechos del poder y de la oposición y la resistencia, donde el discurso oficial dice una cosa y otra no igual es lo que habla la realidad en la cotidianidad de los territorios y de quienes los habitan” (p. 91).

Un repaso por las problemáticas que hacen de la democracia ese sistema incompleto, superficial y vacío de contenido. Desde la desigualdad a la injustica; desde la globalización financiera a la crisis climática; de las redes virtuales que nos conectan e incomunican a las noticias falsas que nos desinforman; de la expansión de las privatizaciones a la pérdida de lo público, y del empobrecimiento de los más al enriquecimiento de los menos. Un mundo, como diría Galeano, “patas arriba”.

Un ensayo que no se olvida de la actual pandemia del coronavirus y sus daños sociales colaterales ni de la pandemia que supone esa guerra interminable que asola el país desde hace dos siglos y que parece insuperable en parte por “la desfigurada democracia” gobernante que sirve de “mampara para ocultar o dificultar la apreciación de la índole mafiosa de su Estado, carácter soportado en la herencia de poder económico, político, cultural e ideológico” heredado de la Colonia (p. 116).

La petición final, que no la última, del autor y director de la edición colombiana de Le Monde diplomatique, es promover una transformación social profunda para lograr que gobierne la convivencia, que la vida sea bienestar, que crezcan la creatividad y la inclusión social, y que la información sea compartida y al servicio de la humanidad.

Para terminar, una frase del inicio del libro que supone un hálito de esperanza en la utopía de construir una democracia efectiva “Los días 9 y 10 de septiembre de 2020 quedarán en la memoria nacional como fechas trágicas, pero también de apertura esperanzadora de una vitalidad social vestida de indignación, templanza, solidaridad y emancipación”.

Ojalá sea así, y que lo sea más pronto que tarde. Por el bien de todas y todos y de la “democracia” colombiana y el resto de nuestras “democracias”.

 

Democracia que no has de ejercer, déjala ser (impreso)

Democracia que no has de ejercer, déjala ser (virtual)
Carlos A. Gutiérrez M.
Editorial desde abajo

Publicado en Mundo Obrero el 10/02/2022

Publicado enColombia
Viernes, 11 Febrero 2022 06:12

Desde el río hasta el mar

Un activista pro Palestina pinta un cartel en protesta contra el apartheid israelí, en Johannesburgo, Sudáfrica, 2017 AFP, MARCO LONGARI

Amnistía Internacional y el apartheid israelí

La principal organización mundial de derechos humanos se sumó al creciente consenso que acusa a Israel de cometer ese crimen de lesa humanidad en todo el territorio bajo su control. Tarde, y de a poco, las denuncias palestinas comienzan a ser escuchadas.

Siempre es igual: las denuncias que la sociedad civil palestina hace durante décadas son ignoradas por la comunidad y la opinión pública internacionales… hasta que las repiten voces occidentales o israelíes; entonces por fin el mundo escucha, y cree. En el último año esas voces «autorizadas» han hablado alto y acusado a Israel de ser un régimen de apartheid. En enero de 2021, la principal organización israelí de derechos humanos, B’Tselem, dio a conocer un informe titulado significativamente: «Un régimen de supremacía judía entre el río Jordán y el mar Mediterráneo: esto es apartheid». En abril, Human Rights Watch (HRW) publicó un extenso informe de 224 páginas para demostrar que Israel comete los delitos de lesa humanidad de apartheid y persecución, y abonó así la investigación abierta un mes antes por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (véase «La normalidad de Israel», Brecha, 21-V-21). Este mes, Amnistía Internacional (AI) presentó su propio informe, de 278 páginas, bajo el título: «El apartheid israelí contra la población palestina. Cruel sistema de dominación y crimen de lesa humanidad».

Las tres organizaciones dejan claro que el delito de apartheid, si bien debe su nombre afrikáner al régimen racista de Sudáfrica, está codificado en el derecho internacional. La Convención Internacional sobre el Crimen de Apartheid de 1973 y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) de 1998 definen el apartheid como un crimen contra la humanidad que consta de tres elementos principales: 1) la intención de mantener la dominación de un grupo racial sobre otro; 2) un contexto de opresión sistemática por parte del grupo dominante sobre el grupo oprimido; 3) actos inhumanos cometidos por el primero hacia el segundo. Y adoptan de la Convención Internacional sobre la Discriminación Racial su definición amplia de grupo racial, que comprende no solo los rasgos genéticos, sino también la ascendencia y el origen nacional o étnico. HRW además atribuye a Israel el crimen de lesa humanidad de persecución, tal como lo define el Estatuto de Roma: la privación grave de derechos fundamentales a un grupo racial, étnico o de otro tipo, con intención discriminatoria.

UN SALTO CUALITATIVO

Más allá de sus particularidades, los tres informes coinciden en que Israel impone un régimen de apartheid sobre la población palestina en todo el territorio que controla (y no solo en los territorios ocupados en 1967). Dice B’Tselem: «En toda la región entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, el régimen israelí implementa leyes, prácticas y violencia estatal con un diseño destinado a cimentar la supremacía de un grupo, el judío, sobre otro, el palestino». Y AI afirma: «Casi todas [las autoridades] de Israel, así como las instituciones […] participan en la aplicación del sistema de apartheid contra la población palestina en todo Israel y los territorios palestinos ocupados, y contra la población refugiada palestina y sus descendientes fuera del territorio».

Este cambio de perspectiva supone un salto cualitativo: las tres organizaciones elaboraron durante años informes que exclusivamente investigaban las violaciones de derechos humanos que Israel comete en los territorios ocupados en 1967: Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental. Incluso AI y HRW han sido criticadas por poner en pie de igualdad la violencia del ocupante y la del ocupado. Ahora, en cambio, afirman –al igual que B’Tselem– que Israel impone un mismo sistema de dominación, segregación y discriminación, mediante distintos estatutos jurídicos, sobre los distintos grupos en que mantiene fragmentada a la población palestina: dentro de Israel tiene menos derechos que la mayoría judía, en los territorios ocupados no tiene ningún derecho y, desde 1948, Israel prohíbe el regreso de la que se encuentra en el exilio.

Esto echa por tierra la mitología del movimiento sionista y sus aliados en el mundo, que presenta a Israel como un país civilizado y una democracia plena, que tendría apenas un problema con algunos territorios que ocupa temporalmente y solo por razones de seguridad, pero que va a solucionar apenas se den las condiciones. No importa que esa ocupación temporal dure ya 54 años ni que los líderes israelíes lleven más de una década explicitando que no van a devolver los territorios ocupados y que nunca existirá un Estado palestino.

ALCANCES Y LÍMITES

El informe de AI contiene dos aspectos que lo hacen notable respecto a los de B’Tselem y HRW. En primer lugar, afirma que Israel desarrolló este sistema de dominación desde su misma creación, en 1948, como Estado judío, mediante la limpieza étnica y la destrucción de 500 localidades palestinas (lo que los palestinos llaman la Nakba), con la intención de apoderarse de la tierra y los recursos naturales –que en un 90 por ciento estaban en manos palestinas– y de sustituir a la población árabe –que era, en 1948 y de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), casi el 70 por ciento del total– por población judía inmigrante.

Además, destaca un hecho a menudo soslayado: como elemento central de su estrategia demográfica, Israel niega el derecho al retorno de la población refugiada. Al subrayar su derecho al retorno, AI recoge el reclamo palestino de que este es central para acabar con el apartheid.

No obstante, las críticas palestinas han señalado que ninguno de los tres informes mencionados se atreve a recordar que el apartheid es inseparable del colonialismo ni que en la base de ambos está el sionismo, en tanto ideología racista y supremacista. La semana pasada, Adalah Justice Project, una organización de derechos humanos palestina en Estados Unidos, preguntó a AI a través de Twitter: «¿Es posible acabar con el apartheid sin acabar con el proyecto colonial de asentamiento sionista?».

La doctora en política y estudios internacionales palestina Lana Tatour fue categórica en una reciente columna en Middle East Eye: es fundamental «incluir el reconocimiento del sionismo como la ideología racial que impulsa el colonialismo de asentamiento y el apartheid en Palestina. Negarse a reconocer los fundamentos raciales del sionismo al hablar del apartheid israelí es como negarse a abordar la supremacía blanca al hablar del movimiento Black Lives Matter». Y el activista Mohammed El-Kurd, mundialmente célebre como vocero del barrio Sheikh Jarrah de Jerusalén, sostuvo, a propósito del asesinato de tres palestinos en Nablus esta semana: «Aquí es donde el análisis del apartheid se queda corto: el proyecto colonial sionista en Palestina siempre ha consistido en eliminar a los nativos y su resistencia».

CRONOLOGÍA DE UNA MALA PALABRA

En cambio, la sociedad civil palestina lleva décadas describiendo y denunciando el apartheid israelí como producto del colonialismo y de la ideología racista del sionismo. En su comentario al informe de HRW, en un ensayo publicado por el European Journal of International Law, la abogada de derechos humanos y profesora adjunta de estudios internacionales en la Universidad Rutgers Noura Erakat señala que el intelectual palestino Fayez Sayegh desarrolló en los sesenta una teoría sobre el componente racista del colonialismo de asentamiento sionista, plasmada luego en la resolución 3.379 de la Asamblea General de la ONU (1975), que condenó al sionismo como una forma de racismo (y que fue rescindida en 1991 como parte de los compromisos de Oslo). Erakat también reseña los trabajos publicados en 2008 por una serie de ONG palestinas de derechos humanos, así como el documento estratégico de la sociedad civil palestina organizada en el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) para la Conferencia de Revisión de Durban (Ginebra, 2009).

Un mérito indudable en el reconocimiento internacional del apartheid sufrido por el pueblo palestino lo tiene el movimiento BDS, que desde 2005 denuncia las leyes, políticas y prácticas discriminatorias que rigen dentro de Israel, en los territorios ocupados y en el exilio. Los informes de B’Tselem, HRW y AI deben verse en el contexto de esos esfuerzos palestinos sostenidos por más de 20 años ante organismos como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Corte Internacional de Justicia y la CPI. La criminalización israelí de las principales organizaciones palestinas de derechos humanos (véase «Algo habrán hecho», Brecha, 4-XI-21) demuestra la eficacia de esa labor para hacer visible el apartheid.

En 2009, el Consejo de Investigación de Ciencias Humanas de Sudáfrica publicó un extenso informe titulado «Occupation, Colonialism, Apartheid?: A re-assessment of Israel’s practices in the occupied Palestinian territories under international law», en el que expertos y organizaciones internacionales (incluyendo las ONG palestinas Al-Haq y Adalah) analizan las prácticas israelíes según las definiciones de colonialismo y apartheid a la luz del derecho internacional. En 2011, fue la sesión del Tribunal Russell sobre Palestina llevada adelante en Sudáfrica la que acusó a Israel de practicar el apartheid.

En la ONU, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial acusó a Israel de practicar el apartheid en los territorios ocupados en su informe de 2012. En el de 2019, extendió la acusación a todo el territorio israelí. En un exhaustivo informe de 2017, la Comisión Económica y Social para Asia Occidental describió el régimen de apartheid israelí. La presión de Israel obligó al secretario general de la ONU, António Guterres, a retirar el informe de la web de la comisión, lo que llevó a la renuncia de su directora, la jordana Rima Khalaf; no obstante, conceptos claves expuestos allí, como el de ingeniería demográfica, han sustentado los trabajos posteriores.

También acusaron a Israel de aplicar el apartheid los líderes sudafricanos Nelson y Winnie Mandela, el expresidente de Sudáfrica Kgalema Motlanthe, varios legisladores de ese país (incluyendo a Nkosi Zwelivelile Mandela, nieto del expresidente), el exministro sudafricano Ronnie Kasrils (judío y militante de la causa palestina) y el arzobispo y premio nobel de la paz Desmond Tutu. El prestigioso jurista John Dugard, también de origen sudafricano, durante su mandato como relator especial de la ONU para los derechos humanos en los territorios ocupados afirmó en un informe de 2007 que las prácticas israelíes tenían características de colonialismo y apartheid, tesis que desarrolló en un trabajo académico en 2013.

Paradójicamente, ya el ex primer ministro y fundador de Israel David Ben Gurion había advertido tras la ocupación de 1967: «Será mejor que Israel se deshaga de los territorios y de su población árabe lo antes posible. Si no lo hace, se convertirá pronto en un Estado de apartheid». En 1976 el entonces premier, Isaac Rabin, hizo una advertencia similar. En 2007 el primer ministro, Ehud Olmert, y en 2010 su par, Ehud Barak, advirtieron que si no se negociaba una solución de dos Estados con los palestinos, Israel se enfrentaría a una lucha al estilo de la sudafricana y sería el fin del Estado judío.


Recuadro

 

Revisar los vínculos

Reconocer que existe un apartheid en el siglo XXI tiene consecuencias legales y políticas. Por eso Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) terminan sus informes con exhaustivas recomendaciones dirigidas al Estado de Israel, a la Autoridad Palestina (a la que AI llama a suspender su «coordinación de seguridad» con Israel), a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la Unión Europea, a la Corte Penal Internacional, a Estados Unidos, a los demás Estados y a las empresas implicadas en la región para que reconozcan el apartheid y actúen en consecuencia.

Al igual que HRW, y en línea con lo que la sociedad civil palestina venía exigiendo desde hace años, AI pide a la ONU que, así como jugó un rol clave para acabar con el apartheid sudafricano, nombre un enviado o un comité específico para investigar el apartheid israelí y restablezca el funcionamiento del Comité Especial contra el Apartheid, que dejó de funcionar en 1994.

Además, exhorta al Consejo de Seguridad de la ONU a imponer diversas sanciones selectivas a Israel. La principal de ellas –que reclama desde hace años– es un embargo militar total. Llama también a todos los Estados a cortar sus vínculos militares con Israel, así como a revisar los vínculos comerciales y de otra índole que mantengan con ese país, y a presionar diplomáticamente para que Israel cumpla las múltiples recomendaciones del informe.

Que los informes de B’Tselem y de HRW no despertaran una reacción tan furibunda de Israel como lo ha hecho estos últimos días el de AI puede deberse precisamente al peligro que supone una organización orientada a hacer campañas globales, con miles de activistas y grupos locales repartidos por todo el mundo (véase en este número «De los síntomas a las causas»). De cobrar fuerza, podría ser un respaldo sin precedentes para el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones, que lleva casi dos décadas impulsando campañas. El momento sudafricano no llegó aún para Palestina, pero hoy se ve mucho más cerca.

11 febrero, 2022

Publicado enInternacional
Jueves, 10 Febrero 2022 06:17

Tecnología de punta: firmas, Estado

Tecnología de punta: firmas, Estado

Biden estremeció a las familias y gobiernos de la Unión Europea al amenazar con un ataque militar al gasoducto North Stream 2, con una capacidad total de 55 mil millones de metros cúbicos de gas natural. Francia y Alemania muestran "desinterés" en la promoción que hace EU desde la OTAN: una guerra que fácilmente se intensificaría a nivel nuclear por los emplazamientos y despliegues de ese tipo alentados por Washington. Hasta ese punto llega la defensa del interés privado nacional de Estados Unidos.

La relación entre la corporación y el Estado en EU y sus instrumentos de seguridad nacional, incluyendo sus proyecciones globales de poder militar, como los servicios de inteligencia dedicados al espionaje económico, tecnológico y financiero, y probablemente el montaje de operaciones especiales y clandestinas en las esferas de la alta tecnología es tan estrecha que no dudo de calificarla de simbiosis, en un contexto de crisis y creciente competencia por los mercados.

En el campo de la tecnología de punta y en todas las áreas de mayor impacto económico, la adaptación del área agro-industrial a energías renovables hidro-eléctricas, solares, eólicas (el término de energías limpias no aplica a la nucleoelectricidad ni al gas natural,) es donde se hacen evidentes las interacciones entre el Estado y la corporación.

Como parte sustancial de su estructura y dinámica capitalista se trata de instituciones dedicadas al logro de ganancia por medio de una amplia red de sistemas administrativos y financieros que se encaminan a la planeación centralizada a escala internacional de recursos humanos y materiales, incluyendo los de importancia estratégica y geopolítica como ciertos recursos naturales: combustibles fósiles, uranio, minerales no-energéticos, agua, biodiversidad y litio.

El principal propósito de la empresa es organizar e integrar su actividad económica internacional de tal forma que se maximice la ganancia corporativa. Se trata de una estructura orgánica en la cual cada parte está diseñada y opera para servir al todo, aunque se sabe que entre estas unidades también prevalece la rivalidad. Al fin de cuentas la corporación mide su éxito o fracaso no por medio de la evaluación de una subsidiaria o la conveniencia de producir ciertos productos, o por su impacto social y ambiental en un país dado, sino por medio del crecimiento de las ganancias de todo el grupo corporativo y consecuentemente desde el grado de control que logra en las parcelas más importantes del comercio mundial, donde el espionaje económico le resulta vital.

Un claro ejemplo, entre otros, es el de Echelon. Un instrumento usado por EU, Gran Bretaña, Canadá , Nueva Zelanda y Australia dedicado a interceptar mensajes radiales, satelitales, teléfonos correos electrónicos faxes, etcétera, que opera a nivel mundial. El Parlamento Europeo considera Echelon una ofensiva de espionaje económico, comercial de secretos empresariales y tecnológicos ya que al momento de ser descubierto (septiembre de 2001), podría interceptar más de 3 mil millones de mensajes diarios.

El Parlamento Europeo denunció que al acceder a esa gama de comunicaciones originadas y/o recibidas por Europa, EU violaba la Convención Europea de Derechos Humanos. En esta expresión de la conflictividad intercapitalista, se asume que personal de la NSA de EU, que opera en Inglaterra y Alemania, intercepta mensajes de interés para favorecer a las empresas estadunidenses en su competencia por ventas o adquisiciones (CNN, 2001) entre otros ejemplos.

Se trata de áreas de la competencia intercapitalista que si bien son presentadas bajo el marco de las fuerzas del libre mercado, resultan operar bajo cánones y relaciones de poder que se desahogan en el aparato de seguridad nacional, íntimamente vinculadas como concepto con los intereses empresariales y también con los inmensos presupuestos públicos destinados al financiamiento de la investigación y desarrollo en áreas de avance tecnológico de las que se gestan vitales polos actuales y/o potenciales, de acumulación.

Las grandes empresas dedicadas a la minería, a la actividad petrolera o las que son contratistas de las agencias militares de las principales potencias para la producción de materiales y desarrollo de tecnología bélica han desarrollado a lo largo de las décadas "lazos especiales" con los organismos y/o personeros del la "seguridad nacional". Las estrechas relaciones entre las partes se expresan en lo que la sociología política de EU conoce como revolving door (puerta giratoria) para describir el intenso tráfico de personal y de influencias de lo público a lo privado y viceversa.

En EU es una relación presente desde la Guerra Civil e intensificada desde la instauración de la movilización bélico-industrial permanente después de la Segunda Guerra Mundial.

Ahora trata de mantener su vigencia azuzando una guerra contra Rusia desde la OTAN, con Europa, de nuevo, como campo de batalla.

www.jsaxef.blogspot.com

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