Afganistán: fuerzas talibanes capturan la octava capital provincial en una semana

Hay más de cuatro mil heridos de guerra, según el Comité Internacional de la Cruz Roja

Las fuerzas talibanes tomaron el control de Pul-e-Khumri. Es la segunda capital provincial de Afganistán en caer este martes y la octava en menos de una semana. Mientras la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió el cese de combates en Afganistán. La expresidenta chilena, afirmó que la toma de numerosas ciudades por parte de los talibanes "sembró el miedo y el pavor".

"Los talibanes están ahora en la ciudad, izaron su bandera en la plaza central y en la oficina del gobernador", anunció Mamoor Ahmadzai, diputado de la provincia de Baghlan, cuya capital es Pul-e Khumri. El legislador además precisó que las fuerzas afganas se habían retirado de la ciudad.

Avance talibán

Pul-e-Khumri, ubicada a unos 200 kilómetros de la capital Kabul, fue tomada este martes por los talibanes. Un poco antes los insurgentes habían tomado el control de la ciudad de Farah, al oeste del país, que se convirtió en la séptima capital provincial en ser capturada por las fuerzas talibanes. "Esta tarde (martes), los talibanes entraron en Farah tras haber combatido brevemente a las fuerzas de seguridad. Tomaron la oficina del gobernador y el cuartel general de la policía. Las fuerzas de seguridad se retiraron a una base militar", declaró Shahla Abubar, integrante del consejo provincial.

Hasta el momento, los insurgentes talibanes ya dominan seis de las nueve capitales provinciales del norte. Mientras que al sur del país tienen tomadas las ciudades de Zaranj y Farah al sudoeste. El domingo, en pocas horas tomaron control de Kunduz, un punto estratégico entre Kabul y Tayikistán. En tanto continúan los combates al sur del país con ciudades como Kandahar y Lashkar Gah asediadas desde hace días.

Conversaciones en Qatar

Por su parte, el gobierno estadounidense advirtió que un gobierno talibán que llegue al poder por la fuerza en Afganistán no será reconocido. El enviado de paz de Estados Unidos, Zalmay Khalilzad, viajó a Qatar “para ayudar a formular una respuesta internacional conjunta al rápido deterioro de la situación en Afganistán”, aseguró el Departamento de Estado en un comunicado de prensa.

La cancillería estadounidense informó este lunes que Khalilzad ya se encontraba en la capital qatarí, Doha, donde los talibanes mantienen una oficina política. Este martes también llegaron representantes de China, Reino Unido, Pakistán, Uzbekistán, Qatar, Naciones Unidas y la Unión Europea, que “presionarán para que se reduzca la violencia y se produzca un alto el fuego, y se comprometan a no reconocer un gobierno impuesto por la fuerza”, según indicó la diplomacia de EE.UU. en el comunicado.

Desde septiembre del año pasado la ciudad de Doha fue sede de las conversaciones entre el gobierno afgano y los talibanes. Los diálogos fueron establecidos en el acuerdo de paz firmado en febrero de 2020 por la insurgencia talibán y EE.UU. (sin la participación de las autoridades gubernamentales de Afganistán), meses antes de la retirada de las tropas extranjeras en el país.

Retirada de EE.UU. 

Con la salida de las tropas estadounidenses los talibanes lanzaron desde mayo una fuerte ofensiva con la que tomaron bajo su control vastas zonas rurales, y ahora apuntan a dominar las ciudades. En este sentido, la cancillería norteamericana  afirmó que Khalilzad “instará a los talibanes para que detengan su ofensiva militar y negocien un acuerdo político, que es el único camino hacia la estabilidad y el desarrollo en Afganistán”.

Preocupación de la ONU

Mientras que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió el cese de los combates en Afganistán. "Las partes deben dejar de luchar para evitar un mayor derramamiento de sangre. Los talibanes deben poner fin a las operaciones militares en las ciudades. A menos que todas las partes regresen a la mesa de negociaciones y alcance una solución pacífica, la situación ya atroz para tantos afganos solo empeorará", aseguró Bachelet en un comunicado de su oficina.

10/08/2021

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Lunes, 09 Agosto 2021 06:47

El negocio

En imagen de archivo, las instalaciones de Beretta U.S.A. en Accokeek, Maryland. El gobierno mexicano interpuso una demanda contra fabricantes y distribuidores de armas de Estados Unidos, incluidos algunos de los nombres más importantes del ramo, el pasado día 4, ante un tribunal federal en Boston, argumentando que sus prácticas comerciales han desatado un tremendo derramamiento de sangre. Foto Ap

El año 2020 fue el que más violencia registró por armas de fuego en más de dos décadas, con casi 20 mil muertos y cerca de 40 mil heridos en Estados Unidos. Más de 5 mil jóvenes fueron asesinados o lesionados, casi 300 de ellos niños. En 2021, hasta ahora, va peor, con 54 vidas perdidas a causa de estas armas cada día (https://www.gunviolencearchive.org).

El principal fabricante y vendedor de armas en el mundo es la principal víctima del uso de ese producto entre los países desarrollados. Lo que cultivas es lo que cosechas, dice el dicho, y aquí se abona el terreno con sangre. Todos saben el precio, pero en un sistema como este, el mercado es rey y durante 2020, en plena pandemia, la gente compró 23 millones de armas más, un incremento de 64 por ciento sobre el total de 2019, calculó el Washington Post.

Según investigaciones recientes, 39 por ciento de los hogares estadunidenses tienen armas (un incremento de 7 puntos desde 2016). El gobierno federal no mantiene un registro de la cantidad de armas que se venden en Estados Unidos, pero se calcula que existen hasta 400 millones de armas de fuego en manos privadas, o sea, más que suficiente para armar a la población entera del país.

Gran parte de las ventas de armas en Estados Unidos es legal, incluyendo las que fluyen a otros países como México. Los fabricantes, incluidos los 11 ahora demandados en una acción civil del gobierno de México registrada la semana pasada, afirman que ellos actúan estrictamente dentro del marco de la ley. Técnicamente eso es cierto. Más aún, a través de la asociación de fabricantes de armas, el National Shooting Sports Foundation (NSSF), argumenta que ellos no determinan el uso de sus productos, y que las licencias para adquirir y portar armas son establecidas y determinadas por leyes estatales y federales, no por ellos. También eso es cierto.

La Asociación Nacional del Rifle (NRA) que dice representar a los usuarios civiles de armas y que trabaja en conjunto y recibe apoyo de la industria, insiste que promueven la compra y uso legal de éstas, repitiendo su consigna de que "las armas no matan a la gente, la gente mata a la gente" (o sea, las armas no tienen la culpa). Estas asociaciones y sus aliados políticos conservadores han nutrido el antiguo y complejo argumento de que la tenencia de las armas por individuos es un derecho constitucional, y hasta tal vez un derecho divino, algo que los "izquierdistas" e intereses "extranjeros" les quieren arrebatar.

Como toda industria, saben cómo proteger su mercado y, por lo tanto, esas leyes que tanto dicen obedecer son casi redactadas por ellos mismos a través del juego corrupto (pero legal) donde invierten los fondos necesarios para que los políticos les paguen ese favor con legislación, es nada menos que el American way of life (o death en este contexto). Por ejemplo, en 2005 lograron que los republicanos promulgaran la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas de Fuego, que prohíbe casi toda demanda legal contra los fabricantes de armas en el país.

Pero al final son los políticos los responsables de promulgar y mantener las leyes que favorecen a esta industria –mucho de lo cual se hace a nivel estatal, no federal. Por lo tanto, las luchas a favor de un mayor control de armas en este país, muchas encabezadas por sobrevivientes, víctimas y familiares de la violencia de armas (y que deberían ser aliados naturales en esfuerzos como el de México) se han enfocado en hacer que los políticos rindan cuentas y presionarlos a abandonar su relación con la industria de las armas. Sin un cambio en esta alianza macabra de la industria con una parte de la clase política, no es posible un cambio real en el ámbito de control de las armas.

La violencia es negocio para los mercaderes de la muerte.

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Funcionarios de seguridad afganos y milicias privadas leales a Ismail Khan, el ex comandante de patrulla muyahidín después de recuperar el control parcial de la ciudad de Herat. — JALIL REZAYEE / EFE

Tras días de fuertes combates, las ciudades de Kunduz y Sar-e-Pol, capitales de las provincias homónimas, han caído, y las fuerzas de seguridad afganas solo controlan espacios limitados como un aeropuerto.

 

Los talibanes capturaron este domingo las capitales de las provincias norteñas de Kunduz y Sar-e-Pol, un logro que se suma a la captura de otras dos capitales regionales esta semana, las primeras que caían en manos insurgentes desde el inicio en mayo de la fase final de la retirada de las tropas extranjeras.

Tras días de fuertes combates, las ciudades de Kunduz y Sar-e-Pol, capitales de las provincias homónimas, han caído, y las fuerzas de seguridad afganas solo controlan espacios limitados como un aeropuerto o se han recluido en una base militar, aseguraron a Efe varias fuentes oficiales que representan a estas dos regiones.

"Toda la ciudad de Kunduz ha caído en manos de los talibanes y solo el aeropuerto provincial está bajo el control de las fuerzas de seguridad", afirmó la diputada Nelofar Koofi, que representa a la provincia de Kunduz en la Cámara Baja del Parlamento nacional.

Aziza Jalis, diputada por Sar-e-Pol, detalló que "los talibanes capturaron toda la ciudad" y ahora las fuerzas de seguridad y los funcionarios provinciales se encuentran "en una base del Ejército en un rincón" de la capital.

Los talibanes ya habían tomado Kunduz, de un gran valor estratégico al conectar varias provincias y hacer frontera con Tayikistán, en septiembre de 2015, consiguiendo permanecer dos días en ella, en un logro sin precedentes entonces desde la caída de su régimen con la invasión estadounidense en 2001.

Repitieron la acción poco más de un año después, para lo cual libraron una batalla durante varios días. Malik, un residente de la ciudad de Kunduz, dijo a Efe que la capital es un caos y se están librando "fuertes combates". Además un mercado textil se ha incendiado, anotó.

El principal portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, celebró en un comunicado la toma de Kunduz y Sar-e-Pol, y aseguró además que tras hacerse con el control de estas dos ciudades confiscaron además con una gran cantidad de armas.

Este nuevo logro de los talibanes llega tras la captura el sábado de Sheberghan, capital de la provincia noroccidental de Jawzjan, fronteriza con Turkmenistán, después de que un día antes tomaran el control de Zaranj, capital de la suroccidental Nimroz, que limita con Irán.

Las cuatro capitales provinciales son las primeras en caer en manos de los talibanes desde el comienzo de su gran ofensiva, que coincidió con el inicio el 1 de mayo de la fase final de la retirada de las tropas extranjeras de Afganistán. Se trata además del mayor logro talibán en el país en dos décadas de conflicto.

El Ejército afgano, con el apoyo puntual de la aviación estadounidense, está intensificando sus combates para recuperar el territorio perdido, con choques en al menos 18 de las 34 provincias afganas, que han dejado al menos 572 insurgentes muertos y 309 heridos en las últimas 24 horas, según el Ministerio de Defensa.

08/08/2021 12:10

EFE

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Sábado, 07 Agosto 2021 05:15

La muerte de la Convención de Ginebra

La muerte de la Convención de Ginebra

 Asistimos hoy al progresivo y obvio (por obvio no menos grave) desmantelamiento del derecho internacional humanitario. Tratamos como criminales a quienes brindan ayuda humanitaria. Parecen ellos los verdaderos “criminales”. Tal es el nivel de nuestro retroceso. Del procesamiento de Scott Warren en Arizona (su delito fue dejar agua y frazadas a migrantes desesperados en el desierto), o de Carola Rackete en Italia, cuyo único “crimen” fue evitar que decenas de chicos se ahogaran en el mar mediterráneo, hasta la acusación y criminalización de una fiscal internacional (Fatou Bensouda), vemos cómo lo que entendíamos como “ayuda humanitaria”, como “derecho básico”, como “humanidad”, va perdiendo cada día su lugar. Su espacio. Incluso, empieza a ser visto como un crimen. Como una “amenaza”. Como una “excusa”. Un profesor de geografía que reparte frazadas es un “criminal”.

Los cuatro convenios de Ginebra, base moderna de tal derecho, tienen por misión prioritaria, aunque no única, la de proteger a las víctimas de los conflictos armados. Estos convenios (cuya última modificación, producto de la posguerra, entró en vigencia en 1950), intentaron o intentan ponerle un límite a la barbarie armada. Intentaban que los combatientes enemigos (amén del resguardo de la población civil y de la Cruz Roja) también tuvieran derechos. Hoy vemos cómo esos derechos se recortan y desmantelan tanto en el plano interno como internacional. Se matan civiles. Se dejan morir ahogados miles de víctimas que escapan de conflictos armados. Se atacan hospitales. Se matan combatientes que huyen. Todo sin consecuencias reales. El derecho internacional público parece no tener nada concreto para decir. Se bombardean países, se violentan fronteras, se cometen “errores” llamados “colaterales”, se arrasan países sin consecuencias. Esos delitos no parecen “graves”. Eso nadie lo juzga.

El derecho internacional se encuentra en un laberinto. La célebre “intervención humanitaria” fue tan mal usada, para justificar tanta barbarie y tantas guerras “preventivas” de algunos Estados (poderosos, cuyos crímenes nunca son, por supuesto, juzgados), que debió cambiarse su nombre: hoy se habla de responsabilidad de “proteger” (R2P) de parte de los Estados. Se cambió el nombre porque ya nadie creía en la intervención “humanitaria”. Ya daba vergüenza presentar invasiones con intereses inconfesables (encontrar armas de destrucción masiva...) como intervenciones “humanitarias”. Pero no parece que estemos tampoco “protegiendo” mucho a los miles de migrantes desesperados que escapan con lo puesto de los conflictos que se viven en sus propios países (muchos a instancias de guerras comerciales encubiertas donde las potencias juegan un rol cierto, aunque no claro); huyen desesperados con lo puesto, como la familia de Aylan Kurdi (rechazada por Canadá, donde paradójicamente nace la R2P) y los estados “civilizados” no hacen nada por ellos. Al contrario. Los quieren "frenar". Les dan la espalda. Los dejan morir ahogados. (“Llame a Malta” fue la recomendación que la guardia italiana dio a un bote precario que pedía auxilio antes de naufragar, tras lo cual murieron ahogados sus 500 ocupantes. Esto sucede en el mundo “civilizado” de hoy). 

El derecho penal internacional calla. Sostenemos tantas burocracias elegantes y caras, tantos foros de “cooperación”, tantas Cortes de Justicia. Nada de eso sirve. Se habla de un supuesto (hipócrita) derecho de “salida” para tolerar el respeto multicultural. Pero lo cierto es que cuando esas personas “salen” de sus culturas (países), huyendo de la violencia (sobre todo las mujeres, como advierte Susan Moller Okin, cuando se pregunta “Is Multiculturalism Bad for Women?), las democracias “civilizadas” de Europa, que predican el “respeto” cultural, no les abren las puertas. No tienen respuesta para ellas. Las deportan. Cuando no las dejan morir en el océano junto a sus hijos. Es menester terminar ya con esta hipocresía. ¡Cuesta vidas! ¿Quién no vio el cadáver del chico flotando que llevaba las notas de la escuela cosidas a su ropa para que Europa pudiera ver que él era un buen estudiante y merecía una oportunidad? ¿Quién no vio en el fondo del océano a la madre abrazada a su hijo? ¿Qué tiene para decir el derecho internacional de eso? ¿Dónde está el crimen? ¿Quién lo comete? ¿No nos da vergüenza? ¿Cuándo serán juzgados esos delitos? Es tal la inversión y el miedo de las burocracias “jurídicas” a dar un paso (como el de Fatou Bensouda), que terminamos en el absurdo de acusar, por miedo, como “criminal” al único que ayuda a salvar vidas: Scott Warren. El derecho internacional nunca estuvo tan agachado como lo está hoy. Tenía algo de razón Julio Maier cuando pensaba en tirar su título de abogado a la basura. A veces, todos sentimos ganas de hacer eso.

Por Guido Leonardo Croxatto

06/08/2021

Guido Leonardo Croxatto es director nacional de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado (ECAE/PTN).

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Represión y venta de datos: el espía en tu móvil

Las grandes empresas y los Estados han desarrollado diversas técnicas de espionaje a través de los teléfonos móviles. Los datos obtenidos son utilizados para fines comerciales o represivos.

 

Vigilancia y espionaje son las dos caras de una moneda. La moneda es el software imbricado en las vértebras de tu dispositivo digital. La cara es la vigilancia masiva y acumulación de datos para elaborar perfiles comerciales y segmentar publicidad, por ejemplo, para recomendarte la música que no sabías que querías escuchar. La cruz es el acceso total a todos los resquicios de tu vida para tenerte bajo el punto de mira, desacreditarte públicamente, encarcelarte o matarte si hace falta.

“Nos hemos acostumbrado acá en México, pero nos han intervenido a 15.000 personas en todo el mundo, es una barbaridad, es monstruoso”, dice el periodista mexicano Ignacio Rodríguez Reyna, una de esas personas espiadas. El informe publicado por Forbidden Stories en colaboración con Amnistía Internacional y otros medios revela que gobiernos de todo el mundo contrataron el software Pegasus a la empresa israelí NSO Group para espiar a activistas, periodistas, disidentes políticos o defensores de derechos humanos en países como México, Marruecos o Arabia Saudí. Con todo, la empresa israelí dice que se dedica a hacer del mundo “un lugar mejor”.

Vulnerabilidades en tu móvil

Cada vez a más gente le resulta familiar la siguiente conversación: “Ayer hablamos de estas zapatillas y hoy me han salido en Instagram. Estoy segura de que el móvil me espía”. Pero, de todo lo que decimos, ¿qué espían exactamente las plataformas? Juan Tapiador es investigador y profesor de seguridad informática en la Universidad Carlos III de Madrid y hace unos años publicó junto con otros colegas un estudio titulado An Analysis of Pre-installed Android Software (Un análisis del software preinstalado de Android), en 2019. Buscaban confirmar mediante métodos científicos esa “evidencia anecdótica” que tenía cada vez más gente respecto a sus teléfonos móviles. El grupo de investigación desarrolló una aplicación que distribuyó a través de contactos y redes sociales. La aplicación, Firmware Scanner, le hacía una foto a todo aquello que viniese preinstalado en los teléfonos Android. Su sospecha era que muchas aplicaciones preinstaladas en dichos teléfonos extraían datos de los usuarios y usuarias. A través de contactos y redes sociales, consiguieron que muchísima gente se descargase Firmware Scanner y recogieron cientos de miles de fotografías de las tripas de los teléfonos. “Nos encontramos una confirmación a una escala inusitada, de cosas que eran más o menos conocidas, pero no hasta ese nivel”, afirma Tapiador. La vigilancia era masiva.

Tapiador explica que en la cadena de suministro intervienen muchos agentes: el que fabrica los circuitos, el que los integra, el que mete la cámara o el que introduce el micrófono, por mencionar algunos. “Lo que conocemos como fabricantes, la marca que te vende el dispositivo, en realidad son integradores, y su papel es ensamblar las partes previamente fabricadas por subcontratas”, afirma el informático. La cadena no atañe solo al hardware, sino que continúa hasta los operadores telefónicos, que también manipulan los teléfonos móviles e implementan aplicaciones de software cuya finalidad es conseguir datos de los usuarios. “En todo ese proceso como parte del esquema de monetización, que es pervasivo en internet y que tiene que ver con la recolección de datos, están presentes muchísimos agentes que introducen componentes software”, afirma el investigador. En la cadena de ensamblaje de los teléfonos, no se sabe qué agente introduce qué software. No hay ninguna trazabilidad y ninguna regulación que les obligue a informar sobre ello. 

Las motivaciones son diversas, pero principalmente suelen atender a dos principios: conseguir una predominancia del mercado, como es el ejemplo de Facebook, que lo que quiere es estar presente en todos los teléfonos posibles y monetizar los datos de los usuarios, o lo que es lo mismo, obtener telemetría del dispositivo para luego vender esa información. Muchas de estas aplicaciones preinstaladas son las que ofrecen puertas traseras abiertas o vulnerabilidades por las que pueden entrar muy fácilmente softwares como Pegasus.

Realizando una mínima interacción como coger una llamada o hacer un clic en un enlace, la puerta trasera del teléfono se abre sin que nos enteremos. Aunque el software destinado al espionaje es distinto al que usan las empresas para recopilar datos, son estas funcionalidades de base las que permiten que el espionaje sea tan sencillo. Según el análisis forense de Amnistía Internacional, en el caso de los iPhone 11 y 12 el virus se propagaba a través del envío de un simple mensaje sin necesidad de hacer ningún clic.

“Yo ya me había dado cuenta en 2017 de que mi teléfono estaba intervenido y dejé de usarlo, pero lo guardé. Cuando me contactaron en 2020 desde Forbidden Stories les doné mi móvil para que hicieran el trabajo forense para su investigación. Desde aquel entonces trato de ser más cuidadoso, uso correos encriptados y aplicaciones seguras, pero la verdad es que hay tal vulnerabilidad que de una manera u otra van a conseguirlo”, relata Rodríguez Reyna. “No solamente tuvieron acceso a todas mis conversaciones, contactos, correos, anotaciones o a las fotos que tomé, pudieron encender mi cámara o mi micrófono en mis situaciones íntimas y personales. Tienen un acceso al control de mi dispositivo en tiempo real. Esto no solo nos coloca en riesgo a nosotros, coloca en riesgo físico a nuestras fuentes. Coloca en la indefensión y susceptibilidad de ser chantajeados por actos de nuestra vida privada que nos ridiculicen o nos quiten credibilidad o cualquier asomo de dignidad”, añade.

Y qué más me da si yo no soy nadie

“Las empresas no están interesadas en las fotografías de tus gatitos ni en las conversaciones ni en los mensajes, eso no sucede”, informa Tapiador, “pero los metadatos son muy buenos predictores de los comportamientos”. La información que recogen las aplicaciones móviles es muy valiosa para luego cruzarla con la navegación web y construir perfiles que durante muchos años se han venido utilizando para dar servicios de publicidad dirigida. “Esta es la gasolina que ha movido internet durante la última década y algo”, afirma este investigador en seguridad informática.

En julio de 2020, los nombres de NSO Group y Pegasus volvieron a llenar los medios nacionales  gracias al estudio del instituto de ciberseguridad de la Universidad de Toronto, el Citizen Lab, que publicó que diversas figuras públicas del independentismo catalán como Roger Torrent —entonces president del Parlament— fueron espiadas por Pegasus. A pesar de que el Gobierno, a través del CNI y de los Ministerios de Interior y Defensa, negó rotundamente estar involucrado, la empresa NSO Groups ha manifestado que los únicos clientes de su producto estrella de espionaje son gobiernos. Un extrabajador afirmó que España llevaba siendo cliente de NSO Groups desde 2015.

“En el caso del espionaje sí les interesan tus fotos de gatitos”, bromea Tapiador haciendo alusión a la última megafiltración de 15.000 personas espiadas. “El caso de NSO Group y Pegasus es un animal totalmente distinto [a la vigilancia comercial]. Son empresas que trabajan con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado porque los países tienen una necesidad de monitorizar los dispositivos de lo que ellos consideran objetivos”, comenta Tapiador.

Virginia Álvarez es responsable de investigación y política interior en Amnistía Internacional. “La empresa decía que el software solo se utilizaba para ciberterrorismo, para localizar delincuentes, pero Amnistía ha empezado a tener información de que este software se estaba utilizando para cometer violaciones de derechos humanos y la intromisión al derecho a la intimidad es un delito”, nos recuerda la activista y portavoz de Amnistía Internacional España.

Rodríguez Reyna es uno de los fundadores de 5º Elemento Lab, una organización que se dedica al periodismo de investigación. Tres de sus miembros fueron infectados por Pegasus. “Cuando nos empezaron a vigilar estábamos trabajando en la ramificación mexicana de la trama de corrupción Odebrecht”, cuenta. Esta es una de las mayores tramas de corrupción de la historia reciente de América Latina y tiene como centro de operaciones a la constructora brasileña Odebrecht, que ha realizado sobornos a figuras importantes de 12 gobiernos del continente. “Nosotros señalamos a Emilio Lozoya, figura cercana a Peña Nieto [expresidente mexicano], consejero de OHL en México, como la puerta de entrada de la constructora brasileña al país a través de sobornos. Además, una compañera nuestra estaba creando el primer mapa de las 2.000 fosas clandestinas de personas asesinadas y desaparecidas por el Estado”, relata. Según datos oficiales, se cifran en 80.000 las desaparecidas en los últimos 15 años en México.

Cecilio Pineda es un periodista mexicano que fue asesinado a los pocos días de que Pegasus entrase en su móvil. Según The Guardian, a pesar de que no hay pruebas vinculantes, la hipótesis principal señala que se usó el virus para localizarlo. Otro caso conocido en México fue el de uno de los asesores legales en la lucha por esclarecer el crimen de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Su teléfono fue intervenido, se sacó una frase de contexto y se difundió en redes a través de cuentas falsas haciendo creer que había traicionado al movimiento, lo cual provocó una fractura real en el mismo.

La industria global de vigilancia y espionaje

“Es toda una industria la que hay detrás de esto. Siento que estamos ante una indefensión casi absoluta y es algo terrible”, reflexiona Reyna. El coste de infectar un teléfono en México, según los datos publicados, sería de alrededor de 64.000 dólares, y el Gobierno se gastó 32 millones en espiar a 500 personas de interés. Un amplio número de especialistas considera que es necesaria más regulación para controlar el acceso a los dispositivos tecnológicos, especialmente los teléfonos. Ya sea en el ámbito de la vigilancia y el acceso a metadatos, ya sea en el caso del espionaje y el acceso a datos.

Tapiador afirma que no hay una regulación que obligue a decir qué proveedor de la cadena de suministro introduce software en los dispositivos móviles. “Un problema de este mundo del databrokering es que es muy oscuro, no es nada transparente”, advierte. Para las leyes de protección de datos de usuarios la transparencia es muy importante, saber qué datos se recopilan y con qué fines, y “en los casos de las aplicaciones de software preinstaladas, no existe”, sentencia el investigador.

Virginia Álvarez afirma que existe una falta de control absoluta. “Mientras no haya un marco regulador que no evite el mal uso del software de espionaje, Amnistía seguirá pidiendo su no comercialización”. Dario Castañé, del Partido Pirata de Catalunya, considera que “habría que establecer una prohibición a la compra y venta de software para espionaje, así como revertir y anular toda iniciativa que vaya a minar la confidencialidad de las conversaciones, ya sea mediante filtros de subida, control de mensajes o puertas traseras en los algoritmos de cifrado”.

Sin embargo, cuando hablamos de espionaje, se cruzan los intereses geopolíticos de los Estados en la propia regulación. Desde NSO han manifestado que la publicación “es tendenciosa y tiene una clara motivación comercial y que, en cualquier caso, no ha sido la empresa la que ha hecho uso del software”. No deja de ser interesante, tal y como señala un artículo del Financial Times, que los países clientes de NSO como Emiratos Árabes o Arabia Saudí son aliados recientes con los que han crecido las relaciones con Israel. Países como Hungría, India o Ruanda aparecen también en el informe, en momentos en los que el ex primer ministro, Benjamin Netanyahu, buscaba alianzas con líderes ultraderechistas en estos países.

En su informe Operando desde las sombras, publicado a principios de julio, Amnistía Internacional sostiene que existe toda una industria de empresas dedicadas al espionaje. Otras de las empresas que fueron contratadas por el Gobierno de México son Hacking Team (Italia) o Rayzone Group (Israel). También podemos encontrar a empresas vinculadas a grandes controversias como Clearview AI, envuelta en un escándalo por almacenar millones de fotos de redes sociales. O Palantir, la máquina de espiar de Silicon Valley relacionada con varias operaciones al margen de la legalidad. Todas ellas son compañías multimillonarias. Según el informe de Amnistía, el campo de juego de los productos de espionaje ha venido delimitado por las decisiones de diferentes Estados que han permitido autorizaciones legales que se saltan los derechos humanos básicos para poder aplicarlas tanto fuera como dentro de sus territorios.

No obstante, hay que tener en cuenta que la tecnología que lo permite está en manos de dichas compañías. “Es el momento de detenernos y preguntarnos qué está pasando. Estamos ante un monstruo tecnológico que tiene muchos brazos, una dictadura o dictablanda capaz de mover el poder en cualquier lugar del planeta”, reflexiona Rodríguez Reyna.

Genoveva López / Álvaro Lorite

@genolomo

Álvaro Lorite

@lorojuntaletras

7 ago 2021 06:00

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Migul Ángel del Castillo, destituído porviolencia intrafamiliar.. Imagen: Ejército de Bolivia

El presidente pidió que las Fuerzas Armadas y la Policía "se rijan de acuerdo a la normativa vigente"

La esposa de Miguel Ángel del Castillo denunció golpes y amenazas de muerte. La denunciante, también militar y con grado de capitán, pidió a los medios el resguardo de su identidad.

 

El presidente de Bolivia, Luis Arce, destituyó al comandante del Ejército, el general Miguel Ángel del Castillo, por una denuncia de violencia intrafamiliar realizada por su esposa, también militar y con grado de capitán. En una ceremonia desde la sede de gobierno, Arce tomó juramento al general Hugo Eduardo Arandia como nuevo comandante y defendió el enfoque de su gobierno frente a las denuncias por violencia de género. 

Advirtiendo que el gobierno esperaba que las Fuerzas Armadas y la Policía "se rijan de acuerdo a toda la normativa vigente en el país", el mandatario dijo que los militares deben permanecer subordinados a la Constitución y, en última instancia, al pueblo. En ese sentido destacó la importancia de que se puedan esclarecer las masacres de Senkata y Sacaba, además del envío irregular de material antidisturbios desde Argentina a Bolivia en 2019.

"Nosotros como gobierno nacional siempre hemos impulsado la despatriarcalización, hemos impulsado siempre la defensa de las mujeres en nuestro país (…) para que también nuestras hermanas puedan tener una vida digna y puedan vivir en tranquilidad en los hogares", afirmó Arce en el acto realizado en la Casa Grande del Pueblo, la sede de gobierno que sustituye al antiguo Palacio Quemado.

Detalles de la denuncia 

La esposa de Miguel del Castillo interpuso la denuncia por violencia intrafamiliar ante la fiscalía en junio de este año. En julio la mujer huyó de La Paz a Cochabamba junto a sus hijas. Ese mismo mes la denunciante había relatado los episodios de violencia que sufrió a la televisión de Bolivia, pidiendo a los medios resguardar su identidad.

"En 2019 asistimos a un matrimonio en Guaqui (municipio de La Paz), y de la nada empezó a golpearme", relató al canal ATB. "Hay testigos, hay oficiales que estaban presentes en esa fiesta y vieron que me golpeó, me abofeteó, me dio puñetes, me jaloneó y me quitó el aro de matrimonio y compromiso arrojándolos al vacío, y al día siguiente se excusó diciendo que no recordaba nada", agregó la denunciante. 

Óscar Muñoz, abogado de la oficial, agregó que la capitana también fue amenazada de muerte, por lo que pidió al Ministerio Público que se le brinde protección. El excomandante del Ejército había sido citado a declarar en la fiscalía de la ciudad central de Cochabamba el 23 de julio. Sin embargo, no se presentó alegando tener coronavirus.

Unas semanas antes de su citación, del Castillo fue contactado por el canal Noticias Bolivisión para responder a la denuncia realizada por su esposa. En esa ocasión el excomandante aseguró que iba a presentar pruebas que lo exculparían. "Tengo exámenes psicológicos de que ella sufre de demencia esquizofrénica", dijo el general al ser consultado sobre el tipo de pruebas con las que contaba.

05/08/2021

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Viernes, 06 Agosto 2021 06:03

Semejanzas y coincidencias

Semejanzas y coincidencias

Después de que en 1914 una expedición de los marines desembarcó en Puerto Príncipe y, forzando su entrada al Banco Nacional de Haití, se llevó la mitad de sus reservas de oro (500 mil dólares) −entregándoselos luego a Citibank en Nueva York− el presidente en turno, incapaz entre otros de pagar sus milicias (los cacos), resignó (bit.ly/37izlrh). Su sucesor, Vilbrun Guillaume Sam, a pesar de todo, siguió un firme −en lo político y en lo económico− curso proestadunidense. Incluso estuvo a punto de entregar a Washington las aduanas, una de las pocas fuentes del ingreso del gobierno, desatando una rebelión soberanista en la provincia. Su respuesta: una feroz represión. Pero cuando Sam ordenó la masacre de casi 200 prisioneros políticos en una cárcel capitalina −incluido otro ex presidente−, también la gente en Puerto Príncipe ya tuvo demasiado de él y se fue a buscarlo a su casa. El presidente logró huir a la embajada francesa, pero la turba lo alcanzó de todos modos: linchó, descuartizó y "paseó" sus extremidades por las calles. Para EU, a cuyo gobierno (Wilson) no le costó nada convencer a su opinión pública sobre “la necesidad de ‘restablecer la orden’ en aquella nación”, fue un pretexto perfecto para invadir y ocupar al Haití (1915-1934) introduciendo leyes raciales tipo Jim Crow y corvea, en práctica indistinguible de la esclavitud (bit.ly/3lq8dib).

Cualquier semejanza con el asesinato de Jovenel Moïse el mes pasado, un presidente ilegítimo, corrupto, autoritario y represivo que ocupaba su puesto sólo gracias al visto bueno de Washington, fuerza muda y una red clientelar de "amigos" que al final se volcaron contra él, cuando un comando de ex militares colombianos lo ametralló en su casa en Puerto Príncipe (o tal vez sus propias escoltas, con colombianos más en calidad de "chivos expiatorios"...), es desde luego pura coincidencia. O igual y no.

De hecho, una de las más interesantes teorías (bit.ly/3ywhEQQ) que tratan de explicar lo ocurrido −más allá de la llena de huecos "versión oficial" (bit.ly/2VsDk1N, bit.ly/3ikRcE8)− apunta a un "asesinato preventivo" ideado por las familias más ricas de Haití que optaron por deshacerse del mandatario inepto que desde hace meses enfrentaba una poderosa ola de descontento popular (bit.ly/37eCqZn), a fin de evitar que fuera depuesto por la propia gente o como Sam, asesinado −la represión de Moïse arrojó anteriormente decenas de muertos (y en efecto lo que no se logró por meses, se llevó a cabo en cuestión de minutos)−, frenar el proceso político desde abajo y la movilización del lumpenproletariado haitiano liderado, ante la sistemática destrucción de izquierda en Haití, por figuras criminales que se hicieron del discurso "revolucionario" y "antisistémico" (Jimmy Barbecue Chérizier), redoblar la represión (bit.ly/2WAZK1l) y abrir la puerta incluso a una invasión yanqui: el primer ministro haitiano efectivamente les solicitó una intervención militar (bit.ly/3igNYBB).

En un momento culminante de su conjunto de ensayos sobre la política brasileña (Brazil apart: 1964-2019, Verso, 2020, 240 pp.), Perry Anderson une en forma de "parábola" la participación militar de Brasil en la misión de la OEA en República Dominicana en tiempos de la dictadura militar (1965) y la participación de los militares brasileños en la misión de la ONU en la otra parte de la isla, Haití, bajo el gobierno de Lula (2004), ambas en función de intereses estadunidenses.

Para Anderson, el actual ascenso de los militares y su omnipresencia en todos los niveles del gobierno de Bolsonaro donde ocupan puestos claves, incluyendo los normalmente asignados a los civiles −algo sin precedentes, ni siquiera en tiempos de la dictadura− tiene sus raíces en aquella segunda misión (hoy, paralelamente, y de modo sintomático, Iván Duque, presidente de Colombia, tras el asesinato de Moïse, llamó a la intervención militar de la OEA en Haití al estilo de la primera, con participación de otros países reaccionarios de la región, como Brasil, Honduras o Ecuador, aunque su núcleo, como en aquel entonces, de todos modos hubiesen sido los marines). Los militares brasileños que una vez flirtearon con el "neodesarrollismo" y al final abandonaron sueños de ser una potencia, enviados por Lula a Haití al menos para hacer de Brasil un global player al lado de Estados Unidos, volvieron aún más desilusionados. Su única preocupación era cómo evitar una "haitinización" de Brasil y frenar el (limitado) ascenso político de los pobres que tuvo lugar en tiempos del Partido de los Trabajadores (PT), e imponer una gestión militarizada de la vida social, algo que finalmente pudieron hacer bajo la égida de un ex capitán: Bolsonaro.

Cualquier semejanza con otra nación latinoamericana gobernada hoy por la socialdemocracia donde los militares ganaron una posición sin precedentes incluso en la época de la dictadura en aquel país y donde avanza la militarización de la vida social, con ex oficiales a cargo de algunos asuntos normalmente gestionados por los civiles y con el ejército directamente a cargo de obras y facilidades públicas en un proceso de una verdadera "acumulación militarizada" −de acuerdo con un trend mundial dentro del neoliberalismo en crisis de "empresarios en uniformes" (bit.ly/3rQTqyc)− y dónde este empoderamiento junto con una estéril política de "conciliación de clases" al estilo del PT, podría fungir como el "huevo de la serpiente" para un futuro régimen (pos)fascista, es desde luego pura coincidencia. O igual y no.

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México demanda a 11 empresas de armas de Estados Unidos

Un informe del gobierno de López Obrador reveló que en la última década cerca de 2,5 millones de armas estadounidenses cruzaron la frontera hacia México, donde la venta de armas está fuertemente restringida.

El gobierno de México presentó una demanda contra 11 empresas fabricadoras y distribuidoras de armas de Estados Unidos. La medida legal se interpuso este miércoles ante una corte federal en el estado de Massachusetts. Las empresas son acusadas por prácticas comerciales y negligencias que facilitan el tráfico ilegal de armas en territorio mexicano.

"Reducir el tráfico ilegal de armas"

La secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que presentó la demanda ante la corte federal de la ciudad de Boston. "Confiamos en la calidad jurídica de lo que estamos presentando, vamos a litigarlo con toda seriedad y vamos a ganar el juicio y vamos a lograr reducir drásticamente el tráfico ilícito de armas a México", aseguró el canciller Marcelo Ebrard en una rueda de prensa. El diplomático afirmó que no existe precedente de que el gobierno mexicano "participe en un litigio de esta naturaleza" en una corte estadounidense y que la medida contó con la autorización del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Prácticas negligentes

La medida legal busca “que las empresas cesen de inmediato las prácticas negligentes que ocasionan daño y muertes en México”, señaló Ebrard, que ayer participó en el homenaje a las víctimas del tiroteo en el supermercado Walmart de El Paso, Texas, donde fueron asesinadas 23 personas, muchas de ellas mexicanas. A su vez explicó que desde la SRE reclaman que las empresas demandadas compensen al gobierno mexicano por los daños causados por sus prácticas negligentes. Además aclaró que esta demanda no es contra el gobierno de Estados Unidos, al que le reconocen los esfuerzos y el ánimo para reducir y detener el tráfico ilícito de armas.

La demanda presentada además señala que "México denuncia estas prácticas de promoción, junto con otros ejemplos de negligencia, como la venta múltiple de armas a un solo comprador, y la ausencia de verificación de antecedentes".

Si bien el monto será determinado en el juicio, desde la cancillería estiman que podría ascender a 10 mil millones de dólares. La demanda también pide un control más estricto sobre las ventas de armas de fuego así como mejores elementos de seguridad en las armas. Además solicitan a las empresas fabricantes y distribuidoras realizar estudios y campañas de comunicación para evitar el tráfico ilícito.

Las compañías demandadas

Las 11 compañías que fueron incluidas en la demanda son:  Smith & Wesson, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta U.S.A., Beretta Holding, Century International Arms, Colt’s Manufacturing Company, Glock Inc, Glock Ges.m.b.H, Sturm,Ruger & Co., Witmer Public Safety Group y Interstate Arms, productoras de más del 68 por ciento de las más de medio millón de armas que se introducen ilegalmente a México cada año, según información incluida en el alegato del gobierno mexicano.

Los abogados que llevan adelante el litigio, Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la SRE, y Steve Shadowen, del despacho Shadowen PLLC, explicaron que la acción legal en materia civil fue presentada ante un tribunal de Boston, Massachusetts. Alcántara, explicó que la medida se realizó en territorio estadounidense para que las compañías puedan defenderse en su propio idioma y bajo su legislación.

“Es un ejemplo de práctica negligente: es un derecho constitucional de los estadounidenses poseer y comprar armas, pero hablamos de daños en el territorio mexicano, que tiene un estricto control de su compra", detalló Alcántara. Por su parte, Shadowen, citado por el diario mexicano La Jornada, afirmó que los fabricantes de armas de fuego “no tienen ningún cuidado que uno esperaría que cualquier productor de cualquier otro producto tome”.

La demanda interpuesta contra las 11 empresas no tiene precedentes en el país. El legislador Ricardo Monreal, líder de la mayoría en el senado, calificó la medida de “valiente y justa”. “Se busca la reparación del daño, pero también evitar que se siga generando esta tragedia que México vive. Estoy seguro de que muchos de nuestros problemas en materia de violencia son provocados por el uso ilegal y la introducción ilegal de armas a nuestro país”, añadió Monreal.

Armas de contrabando

El tráfico ilegal de armas en el país es uno de los temas principales en la agenda binacional de México y Estados Unidos, a pesar de que EE.UU. es el principal mercado de los sanguinarios cárteles de narcotráfico. Según datos del gobierno mexicano, sólo en 2019 más de 17 mil de los asesinatos perpetrados involucraron el uso de armas traficados ilegalmente desde Estados Unidos.

Según un informe del departamento de Justicia de Estados Unidos, el 70 por ciento de las armas de fuego que fueron sometidas para rastreo entre 2014 y 2018 provenían del vecino del norte. "Estas armas están íntimamente ligadas a la violencia que hoy vive México", afirmó Ebrard en conferencia de prensa.

Marketing de armas

En la demanda presentada este miércoles, el gobierno de México sostiene que los fabricantes de armas estadounidenses "son conscientes de que sus productos son traficados y utilizados en actividades ilícitas contra la población civil y las autoridades de México" y que a pesar de eso “continúan priorizando su beneficio económico, y utilizan estrategias de mercadotecnia para promover armas cada vez más letales, sin mecanismos de seguridad ni trazabilidad". El jefe de la diplomacia mexicana acusó a las empresas de "estar desarrollando diferentes modelos para el narco".

Según el diario The Washington Post, el gobierno mexicano citó el ejemplo de una pistola Colt. 38 Super que viene grabada con una imagen del héroe de la revolución mexicana, Emiliano Zapata. Ese modelo de arma fue utilizado en el asesinato de la periodista Miroslava Breach en 2017. El matutino además informó que las empresas demandadas no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre la medida legal interpuesta. Por su parte, el canciller mexicano señaló que “están hechas para eso (las armas), para que las compren, son más valiosas, tienen diferentes tipos de arreglos desde el punto de vista estético y desde el punto de vista del uso".

De acuerdo a datos del ejecutivo mexicano, cada año se trafican ilegalmente más de 500 mil armas de fuego desde EE.UU. Un informe del gobierno reveló que en la última década cerca de 2,5 millones de armas estadounidenses cruzaron la frontera hacia México, donde la venta de armas tiene fuertes restricciones. Mientras que en Estados Unidos una ley federal vigente desde 2005 protege a los fabricantes de armas de la mayoría de las demandas de responsabilidad civil de las víctimas de violencia armada y sus familiares.

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Miércoles, 04 Agosto 2021 06:13

Haití: la trama internacional del magnicidio

Juvenel Moïse, el presidente de Haití asesinado el pasado 7 de julio, en un encuentro entre jefes de Estado del Caribe y Donald Trump en 2019. Foto: Gobierno Danilo Medina

El caso Moïse ha adquirido una gran relevancia internacional. Antes de haber transcurrido la primera semana desde el atentado, ya aparecen implicados ciudadanos e instituciones de cinco países: Colombia, Venezuela, Estados Unidos, República Dominicana y Taiwan.

Eduardo Giordano

4 ago 2021 07:07

El asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse el pasado 7 de julio, ejecutado por comandos de mercenarios extranjeros, sacudió bruscamente a todo el mundo, provocando una inmensa ola de repudio. Acaso por primera vez tras el terremoto de 2010, Haití volvía a ocupar las portadas de los informativos. El ataque contra la residencia presidencial, llevado a cabo por un grupo paramilitar integrado por 26 colombianos y cinco estadounidenses de origen haitiano, contratados por una empresa de seguridad de Miami vinculada al exilio venezolano y colombiano, ha encendido todas las alarmas de la comunidad internacional.

Evoquemos los hechos. Los comandos de ex militares colombianos ingresaron a la residencia presidencial con chalecos de la DEA y gritando que eran funcionarios de la agencia antinarcóticos de Estados Unidos. Intimidados por sus amenazas de disparar, los responsables de seguridad del presidente se replegaron sin oponer resistencia ni intercambiar disparos. Jovenel Moïse fue asesinado con visible ensañamiento, tenía varios huesos fracturados, un ojo arrancado y recibió más de diez disparos en distintas partes del cuerpo. La esposa del presidente fue herida en las extremidades y trasladada inmediatamente a Miami. Antes de huir, los asaltantes sustrajeron varios objetos de valor que encontraron a su alcance. Extrañamente, Martine Moïse, la viuda del presidente, manifestó cuatro días después desde Estados Unidos su intención de continuar la “batalla” de su marido, y a su regreso declaró que sólo había podido ver las botas de los sicarios que lo acribillaron.

El presidente haitiano no tenía una amplia base social ni demasiados partidarios en su apoyo. Empresario rural y ex secretario general de la Cámara de Comercio e Industria de Haití, Jovenel Moïse se presentó en 2016 como candidato del partido de derecha Tet Kale, enfrentado ideológicamente a la corriente de centroizquierda que lidera Jean-Charles Moïse (Pitit Desalin), próxima al ex presidente Jean-Bertrand Aristide, derrocado en dos ocasiones a instancias de Estados Unidos. El partido Tet Kale venía gobernando el país con candidatos del agrado del Departamento de Estado desde el terremoto de 2010 y la posterior intervención de la ONU liderada por Washington. El predecesor de Jovenel Moïse, Michel Martelly, fundador de ese partido político, fue elegido fraudulentamente en 2010 bajo presiones de la OEA y de Estados Unidos, que forzaron su paso a la segunda vuelta a pesar de haber quedado en tercer lugar, para bloquear la participación del líder izquierdista Jude Celestin, que había obtenido un mejor resultado.

Una situación similar se produjo en las elecciones de 2016. Tras denuncias de fraude que llevaron a repetir las elecciones un año más tarde, Moïse fue elegido con una representatividad muy baja, y su gestión estuvo caracterizada por múltiples conflictos con la oposición, entre otras razones por no haber convocado elecciones legislativas para renovar el Congreso. Al final de su mandato el Senado solo contaba con diez de sus miembros y la Corte Suprema estaba descabezada.

Moïse gobernó el país con rigor y talante autoritario. Durante su gobierno se produjeron estallidos sociales que reprimió sin compasión, y hubo un descomunal despliegue de las bandas criminales que de forma creciente aterrorizan a la población de la capital y el interior del país. El presidente Jovenel Moïse fomentó la expansión de las pandillas, que durante el último año secuestraron a más de mil personas, principalmente en barrios populares y zonas marginales, para exigir rescates millonarios a los familiares, según ha informado la organización de derechos humanos haitiana Défenseurs Plus.

A mediados de 2020, nueve pandillas de la capital crearon una federación conocida como G9, dirigida por Jimmy Cherizier, alias Barbecue, “un expolicía que fue retirado de esa institución en diciembre del 2018, bajo graves acusaciones de violaciones de derechos humanos”. La impunidad con la que actúan ha forzado la salida de la ONG Médicos sin Fronteras de Martissant, un barrio de Puerto Príncipe abandonado por las autoridades y convertido en zona de guerra desde hace dos meses. Además, estas pandillas suelen perpetrar masacres en los barrios de mayoría política opositora para acallar las protestas, tienen comunicación fluida con los jefes de la policía y se ofrecieron como garantes de una victoria fraudulenta de Moïse en las elecciones.

Por otra parte, desde febrero de 2021, el propio Jovenel Moïse se sentía amenazado, evitaba salir de su residencia y denunció que se fraguaba un atentado en su contra. Acusó como inductores a un importante grupo empresarial que controla el monopolio de la electricidad y a la “oligarquía corrupta”, de la que él mismo formó parte, acusado de haber dilapidado en beneficio propio los ingresos de Petrocaribe, la compañía impulsada por Venezuela para abastecer de petróleo subsidiado a los países caribeños. En febrero de 2019 una auditoría del Tribunal de Cuentas reveló irregularidades entre 2008 y 2016 que comprometen a 15 ex ministros y funcionarios, así como a una empresa que dirigía Jovenel Moïse antes de convertirse en presidente. Paradójicamente, su alineamiento con Donald Trump lo convirtió a su vez en un acérrimo enemigo político de Venezuela. Al conocerse esos hechos, la población de Haití estalló enfurecida ocupando las calles y exigió su renuncia. Previamente, en 2018, una manifestación de cientos de miles de personas ya había reclamado su destitución.

El asesinato de Moïse tiene todos los ingredientes de una novela de espionaje, con poderes mafiosos y acción política; dicho esto sin intención de banalizar la situación del país, que por supuesto no es ficticia sino muy real y dramática. La intriga principal de esta trama es el móvil: quién podría haber querido asesinarlo faltando apenas tres meses para las elecciones legislativas y presidenciales del 26 de septiembre, y por qué, cuando él mismo había anticipado que no se presentaría como candidato y la Constitución le prohibía un segundo mandato consecutivo.

Militares colombianos en la industria del crimen

El gobierno del presidente colombiano Iván Duque, en gran parte desbordado por la situación política interna tras más de dos meses de Paro Nacional, condenó el brutal atentado y se vio obligado a colaborar con la policía de Haití. El jefe de la policía colombiana confirmó que los 26 mercenarios de esa nacionalidad habían pertenecido al Ejército, del cual se retiraron entre 2018 y 2020. Entre ellos había varios oficiales y suboficiales, y se supo que al menos siete mercenarios sabían cuál sería el desenlace final de la operación. La esposa de uno de los ex militares capturados declaró que a su marido le pagaban 2.700 dólares mensuales y que había sido contratado como vigilante. Se trata de Fancisco Eladio Uribe, quien dejó el ejército colombiano en 2019 y está implicado en una investigación por ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos.

En esta clase de operaciones internacionales es cada vez más frecuente contratar personal militar reciclado para ejecutar operaciones especiales que no quieren acometer directamente los estados. El gobierno de George W. Bush contrató ejércitos privados para hacer parte del trabajo sucio durante la guerra de Irak, y muchos de ellos quedaron envueltos en casos de masacres y torturas. Por las mismas fechas se desplegó también el Plan Colombia, por el cual Estados Unidos envió asesores militares y empresas de seguridad privada para entrenar al Ejército colombiano. Durante la última década, el fenómeno de la “seguridad privada” como tapadera del reclutamiento de mercenarios floreció en Maimi, con Colombia como principal cantera de ex militares, y las mismas empresas que formaron a esos comandos con técnicas de contrainsurgencia de la CIA empezaron a reclutarlos como mercenarios para realizar operaciones terroristas en el exterior. El negocio de la seguridad privada con caladero en Colombia prosperó y rápidamente se internacionalizó, ya que contratar mercenarios norteamericanos o europeos resulta mucho más caro.

Altos mandos del Ejército colombiano expresaron su preocupación por la imagen de la institución en el mundo, ya muy degradada por su historial represivo y de masacres en el interior del país. Entre ellos, el general Jaime Alfonso Lasprilla, ex comandante del Ejército, afirmó que cuando los militares dejan las fuerzas armadas, “si incurren en hechos al margen de la ley no se los pueden achacar a las fuerzas”, añadiendo que “uno asocia estos hechos a los temas de desempleo en el país, y el crimen es una industria que ha venido creciendo y desafortunadamente busca a estas personas”.

En contrapunto, el general (r) William Salamanca aseguró que “cuando uno deja la institución es dueño de sus actuaciones, y aquí es importante que la comunidad nacional e internacional sepa que ellos ya gozaban de su escenario del retiro”. En su opinión, llegado este momento el único compromiso del Ejército es pagar su jubilación. Una pensión que a algunos ex militares les parecerá insuficiente, ya que muchos de ellos se reciclan en el mercado de los servicios sicariales o la “industria del crimen”, que tienen por pantalla empresas legales de seguridad privada estrechamente vinculadas a la extrema derecha y los servicios de inteligencia.

En sus declaraciones a la policía haitiana, algunos mercenarios dijeron haber sido contratados por Christian Emmanuel Sanon, un pastor evangélico haitiano residente en Florida que diez años atrás lanzó una fantasmagórica propuesta de “Liderazgo para Haití” a través de una breve intervención en Youtube, con un video en inglés titulado “La corrupción en la política” en el que se postula para gobernar Haití. Después de esta fugaz aparición, solo se sabe que se declaró en quiebra en 2013 y que dado su nivel de ingresos, nunca podría haber financiado la operación. El costo de la operación, estimado en unos 30 millones de dólares, es otro elemento a favor de la hipótesis de un golpe inducido.

En el primer relato policial de los hechos, Christian Sanon se habría desplazado un mes antes a Haití con la agenda política de derrocar a Jovenel Moïse y asumir la presidencia del país. Según confesó Sanon a una persona de su confianza, citada por la agencia AP, habría sido contactado por agentes de los departamentos de Estado y de Justicia de Estados Unidos para embarcarlo en la aventura, ofreciéndole la presidencia de Haití como recompensa, tras una operación que en principio sería incruenta porque sólo debía consistir en arrestar a Jovenel Moïse.

Además de Sanon, en la trama interna estaría implicado al ex senador John Joel Joseph, quien habría facilitado las armas a los sicarios, y un ex funcionario del Ministerio de Justicia, Joseph Felix Badio, a quien la policía de Colombia acusa —sin pruebas contundentes, solo por declaraciones de sicarios— de haber dado la orden de asesinar al presidente de Haití. El ministro de Elecciones de Haití, Mathias Pierre, declaró sin embargo a CNN que Badio “efectivamente está en el centro del asesinato, pero creemos que trabaja para peces gordos. Los autores intelectuales son más grandes. Quién financió la operación sigue siendo la gran incógnita”.

La empresa que contrató a los mercenarios, CTU Services (Counter Terrorist Unit Federal Academy), registrada en Doral Beach (Miami), es propiedad del opositor venezonalo Antonio Intriago, muy próximo al autoproclamado 'presidente' de Venezuela Juan Guaidó. Intriago se jacta de haber pertenecido a la oficialidad de la policía venezolana y de “tener vínculos o haber trabajado directamente para agencias de inteligencia de Estados Unidos”. Su compañía vende servicios, cursos de formación y armamento a personal de seguridad de países latinoamericanos. Y es una más de las que actúan desde Florida en operaciones políticas tenebrosas, amparadas en una legislación muy permisiva, a veces en concomitancia con los organismos de seguridad estadounidenses.

Por otra parte, el medio digital venezolano La Tabla reveló que Intriago “es miembro y tesorero de la Fundación Latino Americanos Unidos, organización de derecha con amplia presencia política, social y mediática en toda Florida” y “forma parte de una cofradía llamada ‘Hombres de la Guerra Crisol’. Es una especie de hermandad de participantes de un programa bélico y filosófico de formación de ‘guerreros’ entrenados por exagentes de Navy Seals, Comandantes SWAT, emprendedores Élite y expertos en artes marciales”.

El principal socio del venezolano Intriago en CTU Services es Gabriel Pérez, ex militar colombiano e informante de la DEA reconvertido en empresario experto en seguridad, conocido en círculos de Miami como Arcángel Pretelt. Los ex militares colombianos que actuaron como jefes de los comandos lo conocen desde hace al menos diez años, cuando los capacitó en Cali en métodos de lucha contra el narcotráfico en el marco del Plan Colombia, y mantienen contacto con él desde entonces.

El periódico El Nuevo Herald de Miami recuerda en su edición del pasado 10 de julio que “un golpe fallido en mayo de 2020 en Venezuela involucró de manera similar a hombres de seguridad contratados en Florida”, refiriéndose a la operación Gedeón, patrocinada por Estados Unidos para sabotear Venezuela y derrocar a Nicolás Maduro, a la que también optó sin éxito la empresa de Intriago. El periódico estadounidense concluye: “Miami y el enclave de Doral se han convertido en una especie de taberna de Star Wars para los aspirantes a libertadores y guerreros a sueldo”.

A su vez en la prensa colombiana aparecen los nexos entre Antonio Intriago, el “reclutador de militares-sicarios colombianos”, con el presidente Iván Duque, con quien organizó en 2019 el macroconcierto de Cúcuta contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Intriago, propietario de la marca organizadora “Venezuela somos todos”, se reunió en diversas ocasiones con el presidente de Colombia, previamente durante su campaña electoral y después en ese concierto internacional patrocinado por el gobierno de Estados Unidos, en presencia de la estrella fugaz Juan Guaidó.

El director del Cerac, Jorge Restrepo, constata por su parte que “el crimen organizado en Colombia ha adquirido, unas dimensiones formidables y tiene un alcance de desestabilización regional que no habíamos sospechado”. A diferencia de los ex oficiales citados, Restrepo advierte  de “la necesidad de adoptar medidas drásticas en un esfuerzo para prevenir la creación de grupos de mercenarios por parte de militares y de policías en retiro del servicio activo”.

La periodista colombiana María Jimena Duzán completa este análisis: “Muchos de los militares que fueron entrenados bajo el Plan Colombia, la estrategia de Washington para ganar la guerra contra las drogas y contra las guerrillas de izquierda, se están retirando a la edad de 40 años luego de haber prestado 20 años de servicio. Eso ha ido creando un mercado de mercenarios de bajo precio que parecen estar dispuestos a todo. Se estima que hay cerca de 6.000 mercenarios colombianos en el Medio Oriente, unos cuantos han montado compañías de seguridad y otros han terminado prestando sus servicios para secuestrar y/o asesinar a presidentes. Así de simple”.

La trama basada en Colombia no se agota en la aportación de los ex militares que actuaron como mercenarios en la ejecución del crimen de estado. El jefe de seguridad del Palacio presidencial del presidente haitiano, Dimitri Herard, viajó siete veces a Colombia desde el 19 de enero de este año. En el vuelo del 6 de mayo, de regreso desde Bogotá a República Dominicana, coincidió con los jefes de los mercenarios colombianos contratados para cometer el magnicidio. Incluso llegó a mantener una reunión ese día en Santo Domingo con al menos dos ex sargentos integrantes del grupo, Duberney Capador y John Jairo Ramírez, según reveló Interpol Colombia. Meses antes Capador había creado un grupo de whatsapp para ofertar trabajo a ex militares colombianos indicando que se trataba de “prestar la seguridad del presidente del país”. Este actor clave fue abatido por la policía haitiana después del magnicidio.

Según la policía colombiana, en la planeación y organización del ataque también habría participado el ex capitán del Ejército colombiano Germán Rivera, quien sí ha facilitado información sobre los autores intelectuales del crimen. En sus declaraciones a la policía aseguró que hubo reuniones previas a la operación donde se planificó el relevo presidencial, y que “el programa de gobierno lo hizo todo [el empresario colombiano] Gabriel [Pérez] porque Sanon no tenía ni idea”. Gabriel, el ya citado Arcángel Pretel, habría digitado y financiado el cambio de régimen a cambio de asegurarse millonarios contratos con el nuevo gobierno haitiano que esperaba imponer por la fuerza y es ahora la persona más buscada del hemisferio.

Por su parte el jefe de seguridad de la residencia presidencial, Dimitri Hérard, con antecedentes de narcotráfico en los registros de la DEA, declinó declarar ante la Fiscalía de Haití a los pocos días del magnicidio y se ordenó su captura. También quedó detenido por negarse a declarar Jean Laguel, el coordinador de seguridad del presidente. Añadiendo más intriga a esta historia, si cabe, pocos días después del atentado se supo que varios de los ex militares colombianos que intervinieron en la misión delictiva son confidentes de la DEA —que lo admitió en un comunicado —y del FBI. Así pues, todo cobra un giro inesperado cuando el jefe de la Policía de Colombia ‘revela’ que el comando paramilitar pretendía en realidad 'retener' al presidente Jovenel Moïse para entregarlo a la DEA.

Tres de los colombianos detenidos habrían implicado además al primer ministro Claude Joseph en la planeación del asesinato, extremo rechazado por el jefe de la policía haitiana, que está bajo su control. Algunos medios de comunicación colombianos, en cambio, como la emisora Caracol, aseguran que el FBI no descarta esa posibilidad. El móvil en este caso saltaría a la vista. El presidente Jovenel Moïse acababa de sustituir a Joseph designando un nuevo primer ministro, Ariel Henry, ex ministro del Interior de talante supuestamente aperturista con la oposición, rechazado por las élites derechistas del Tet Kale. El momento del crimen podría haber sido perfectamente calculado para que Henry no llegase a jurar el cargo.

Cabe preguntarse finalmente si la policía de Estados Unidos no debería estar bien informada por sus confidentes de quién actuó como cerebro de la operación. Según opinión generalizada entre muchos haitianos, en el país nada se mueve sin que lo sepa Estados Unidos. ¿Cómo podrían ignorar sus servicios de inteligencia que se estaba gestando un hecho de esa magnitud, con semejantes ramificaciones internacionales? Una explicación hipotética sería que el FBI o la DEA no podrían saber a priori los planes de otras agencias de inteligencia estadounidenses, pongamos por caso la CIA, que pudieran haber estado interesadas en conectar los movimientos de Christian Sanon, Antonio Intriago, Arcángel Pretel, Duberney Capador, Germán Rivera, Dimitri Herard y eventualmente Claude Joseph, entre muchos otros, para conseguir la sustitución del autócrata ya desgastado por otro gobernante del agrado de Washington.

El colapso planificado del Estado

Las principales medidas que adoptó el primer ministro Claude Joseph tras la muerte del presidente Moïse fueron tres: autoproclamarse primer ministro (en lugar del nuevo primer ministro elegido por el presidente días antes, que no había llegado a jurar el cargo), declarar el estado de sitio y solicitar el envío de tropas estadounidenses y de la ONU para mantener el control interno. También requirió la colaboración del FBI para investigar y esclarecer los hechos. Varios agentes de ese organismo y de la DEA se desplazaron inmediatamente al país caribeño, del mismo modo que ya desembarcaron en Haití oficiales de inteligencia del Ejército y la policía de Colombia a fin de colaborar con el gobierno haitiano.

El caso Moïse ha adquirido una gran relevancia internacional. Antes de haber transcurrido la primera semana desde el atentado, ya aparecen implicados ciudadanos e instituciones de cinco países: Colombia, Venezuela, Estados Unidos, República Dominicana (como país facilitador del tránsito de personas y armas) y Taiwan (en cuya embajada se refugiaron 11 de los mercenarios detenidos). Además, la policía colombiana investigó las frecuentes escalas en Ecuador y Panamá de algunos ex militares en sus viajes entre Colombia y República Dominicana. Se atribuye al ecuatoriano Walter Veintemilla la financiación de los pasajes de los mercenarios. Además, la conexión ecuatoriana aparece también con el jefe de seguridad presidencial, Gerard Hérard, quien se formó en 2012 en una Academia Militar de Ecuador y “se movilizaba por el mundo con una cédula de identidad de Ecuador legítimamente obtenida”, según aseguró el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso.

Como bien señala el periódico haitiano Le Nouvelliste en su editorial del 12 de julio, “el caso Moïse es complicado porque están implicados varios países y cada país querrá proteger su imagen, a sus ciudadanos y sus intereses”.

Un duro pronunciamiento del Colegio de Abogados de Puerto Príncipe muestra el ánimo de los letrados haitianos. Afirman que se trata “de unas prácticas infra-estatales que ilustran el nivel de colapso planificado del Estado mismo”. Para esta entidad, se trataría de un signo de decadencia que pondría de manifiesto la claudicación del Estado ante fuerzas ajenas a sus intereses. Algunos miembros del poder judicial que investigan el asesinato del presidente recibieron amenazas de muerte y pidieron protección especial.

Con todo, no pocos activistas haitianos se oponen a la narrativa del caos como estado permanente (y actual) de su sociedad, ya que esta mirada a la que consideran sesgada es lo que permitiría que el país sea ocupado militarmente de forma continuada por tropas estadounidenses y/o internacionales. Además de los tremendos atropellos reportados durante las prolongadas estadías de militares extranjeros en el país, como los abusos sexuales denunciados contra niñas por cascos azules de la ONU, con más de 2.000 casos documentados entre 2004 y 2017, o la propagación de epidemias de cólera, hay entre los haitianos clara conciencia de que cualquier intervención exterior en tiempo de elecciones solo puede servir para consagrar a un nuevo gobierno derechista en el poder. La retirada de la misión de la ONU (MINUSTAH ) no significó el final de su influencia en Haiti, ya que desde 2017 mantiene una misión civil con un componente policial, que le permite conservar su influencia en la política interna haitiana.

La trama del asesinato presidencial se complica a diario. Los países occidentales, encabezados por la diplomática estadounidense Helen La Lime, representante de la ONU en Haití —conocida en medios populares como la 'reina de Haití'—, permitieron que el primier ministro Claude Joseph continuara a cargo del Ejecutivo, contrariando lo dispuesto por el presidente Moïse, quien ya había designado para ese puesto a su ministro de Defensa Ariel Henry. Al difundirse las sospechas de que Joseph podía estar involucrado en el golpe, Estados Unidos y el llamado core group (Francia, España, Canadá, Brasil, la UE y la OEA) decidieron inclinar la balanza a favor de Henry, quien asumió como primer ministro a los trece días de la muerte de Moïse. En un nuevo enroque de poder, Joseph volverá a ocupar el ministerio de Exteriores.

El nuevo jefe de gobierno forma parte del establishment político de Haití que domina el país desde el golpe contra Aristide de 2004 y que él mismo promovió. A la caída de Aristide, Henry formó parte del ‘Consejo de Sabios’ nombrado para sustituirlo, que impuso un regimen dictatorial y sanguinario. Tras el terremoto de 2010 ejerció como ministro de Trabajo y Asuntos Sociales del gabinete de Michel Martelly y después como ministro del Interior de Jovenel Moïse. Su principal misión como primer ministro sería ahora asegurar la celebración de las elecciones, aunque el día de su investidura dejó sin concretar la fecha en que se celebrarían.

Toda esta estructura internacional paternalista destinada a monitorear la democracia en Haití es un gran lastre para el pequeño país y no aporta ninguna ayuda real. Así lo advierten algunos analistas haitianos, como por ejemplo el periodista Daly Valet, director de Radio Trans Inter, quien afirma en un tuit en francés: “Estados Unidos y ese cartel internacional llamado Core Group deben dejar de tomar a Haití como su posesión de hecho y de derecho. Deben dejar de tomarse por el pueblo haitiano, su Constitución y nuestra Corte Suprema. Los haitianos deben hacer cuerpo contra este Core Group.”

Esta es la temperatura política del país antillano, al que acaba de llegar el ex presidente Aristide, recuperado de la covid-19 tras haber pasado algunas semanas en Cuba. Sin ambiciones presidenciales, su presencia seguramente agitará la campaña de los sectores populares que siguen identificándose con el ex sacerdote salesiano de orientación socialdemócrata y su partido Familia Lavalas. Mientras tanto, en la sociedad haitiana crece el rechazo a la presencia militar extranjera solicitada por sus élites, tras una larga historia de secuestro de la democracia por poderosos intereses foráneos.

En este contexto, una nota editorial del diarioLe Nouvellisteinsta al primer ministro Henry a entablar un amplio diálogo con la oposición, y advierte que si los haitianos no consiguen encontrar un consenso para dirigir el país, “el campo queda libre a la comunidad internacional para imponer su solución. Una apuesta arriesgada cuando se hace balance de las intervenciones extranjeras en Haití desde el golpe de Estado de 1991”.

Hace ahora 30 años Haití pudo haberse convertido, por primera vez en su historia, en un país democrático. Esta esperanza se vio truncada con el derrocamiento del presidente Jean Bertrand Aristide, que triunfó en las elecciones de 1990 con el respaldo de grandes mayorías populares (67 % de los votos). Aristide fue derrocado por el general Raoul Cédras siete meses después de llegar al gobierno con apoyo implícito de Estados Unidos.

La represión dictatorial que impuso el general Cédras produjo cerca de 4.000 muertos y generó un enorme caos, hasta que una coalición internacional tuvo que forzar su dimisión en 1994 y restituyó a Aristide en la presidencia. Después de entregar el poder en 1995 al presidente electo René Préval, Aristide volvió a ser elegido en 2001, pero en 2004 volvió a ser derrocado, esta vez con intervención directa de Estados Unidos, cuyas tropas lo trasladaron a un exilio forzado en la República Centroaficana. Tras su destierro, Aristide quedó excluido de participar en las elecciones.

Uno de los promotores de ambos golpes contra Aristide fue el influyente empresario haitiano Reginald Boulos —con intereses en los sectores financiero, farmacéutico, de medios de comunicación y en la distribución comercial, entre otros—, dueño de una de las mayores fortunas del país. Boulos creó en 2018 un nuevo partido político para optar a la presidencia, el llamado Movimiento Tercera Vía (MTV), con fuertes vínculos en el Congreso de Estados Unidos, y ahora es, junto con el también empresario Dimitri Vorbe, sospechoso de haber actuado como cerebro de la trama local en el asesinato de Jovenel Moïse.

Boulos y Vorbe pertenecen a un puñado de empresarios haitianos de origen blanco y árabe que controlan los principales recursos de un país con un 95 % de población negra, y que se disputan la nominación a la presidencia compitiendo por los favores de Washington. Estas élites conforman lo que se ha denunciado desde la izquierda haitiana como un sistema de appartheid, que excluye a los empresarios negros del control de sectores estratégicos de la economía nacional.

La primera consecuencia internacional del golpe de Estado en Haití y de la inestabilidad política que este agudizó es una tragedia humanitaria de dimensiones continentales. A pocas semanas del magnicidio de Jovenel Moïse, decenas de miles de haitianos están abandonando la isla, la mayor parte con destino a Estados Unidos y en menor medida a Canadá. La mayoría de ellos no se dirigen allí directamente, sino a través de un largo recorrido por seis países de Centroamérica y México, que empieza precisamente en Colombia, el primer eslabón de esta nueva explosión migratoria.

En las costas del Caribe antioqueño, en la pequeña Necoclí, una localidad de 20.000 habitantes, se hacinan en estos días más de 10.000 migrantes, la mayoría de origen haitiano (cerca del 70 %), que esperan poder atravesar la temible selva cenagosa del Tapón de Darién, en la frontera del Chocó con Panamá, para iniciar el arduo recorrido de 4.000 km que los llevará hasta Norteamérica. La distancia por mar entre Puerto Príncipe y Necoclí es en línea recta de unos 1.200 km, la misma que si pudieran viajar directamente a Miami. En plena pandemia, sin mascarillas y hacinados como ganado en las calles, los migrantes haitianos esperan su turno de que una naviera los transporte al lugar de cruce hacia el otro lado de la frontera. Mientras tanto, el alcalde de Necoclí confiesa que todas las capacidades del municipio están completamente desbordadas por la situación. Con una media de llegada diaria de 800 a 1.000 personas, los servicios públicos colapsaron, en particular los servicios sanitarios y el suministro de agua en el casco urbano. La situación de escasez se convierte en paraíso de especuladores. Algunos alimentos, como los plátanos, ya han aumentado de precio en casi el 1.000 %.

La paradoja de esta situación es que Colombia, que ha exportado a Haití los mercenarios que participaron en la generación de este caos, sufre ahora —aunque solo como país de tránsito— un flujo desorbitado de migrantes, de haitianos desahuciados que atraviesan parte del territorio colombiano en el largo rodeo que los llevará a su destino norteamericano. Estados Unidos, como país receptor, debería prepararse para acogerlos de manera digna, por haber creado, tanto ahora como históricamente, las condiciones de ingobernabilidad que propician que esto ocurra.

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Feroz resistencia juvenil a paramilitares de Uribe

Desde el 28 de abril, por la brecha que abrió el paro decidido por las centrales sindicales, cientos de miles de jóvenes irrumpieron en las calles de Colombia mostrando niveles de radicalidad y de organización que sorprendieron a una sociedad cansada de paramilitares y narcos.

Inicialmente fueron grandes manifestaciones, todos los días, que salían de las periferias empobrecidas y llegaban al centro de las ciudades, donde el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) reprimía sin contemplaciones, con exceso en el uso de la fuerza y usando armamento de guerra, como los lanzadores Venom que disparan 30 cartuchos de forma simultánea y que pueden causar unas heridas de gravedad si se usan de una manera indebida.

Lo más notable, empero, es que los y las jóvenes (porque la participación de mujeres es notable) no se echaron atrás ni ante la represión policial ni ante el accionar de grupos paramilitares que tienen un largo historial de violencia.

No puede sorprender, por lo tanto, que los datos aportados por organismos de derechos humanos afirmen que hasta el 7 de julio la policía ha matado a 64 manifestantes, mientras decenas han desaparecido. Según el Tribunal Permanente de los Pueblos, la acción paramilitar se ha cobrado, desde la firma de los acuerdos de paz en 2016, la vida de 753 líderes y lideresas sociales y 276 excombatientes de las FARC firmantes de los acuerdos.

En todas las ciudades se formaron primeras líneas, que son modos de autodefensa colectiva, muy bien organizadas, para impedir que el Esmad agreda y eventualmente asesine a los jóvenes. Pero también son, digamos, un principio de orden: desde cierto lugar en adelante, las primeras líneas impiden el paso a toda persona que parezca policía infiltrado, paramilitar o narco.

También se formaron puntos de resistencia, espacios urbanos liberados de la presencia policial o paramilitar, donde los vecinos se sienten seguros, porque la inseguridad en Colombia la traen los armados, con o sin uniforme. Dentro de esos puntos los jóvenes conviven con la comunidad, que les ofrece comida, agua y baño, en una muestra de que las diferencias pueden convivir en paz y alegría.

Uno de los hechos más comentados durante la revuelta es que los jóvenes de distintas barras del fútbol, que en la vida diaria se odian y enfrentan, convivieron sin el menor problema, así como adultos y jóvenes, en espacios donde también se escuchan los más diversos gustos musicales que van mutando según la hora del día.

En Cali se formaron 25 puntos de resistencia, algunos sobrevivieron más de diez semanas hasta que las topadoras del Esmad los destruyeron. En cuanto las primeras líneas, las hubo de lo más diversas: si bien la mayoría estaban integradas por jóvenes, con cascos, gafas de alto impacto, chalecos y escudos, las hubo también de madres para proteger a sus hijos y de religiosos. Todos llevan las caras cubiertas, para evitar ser identificados.

Sorprende la decisión, el compromiso, la disciplina casi militar y un manejo profesional del espacio y del orden, que les permitió un "récord de 22 horas de confrontación entre la Fuerza Pública y las Primeras Líneas", en la ciudad de Usme, periferia de Bogotá, el pasado 20 de julio.

De hecho, las primeras líneas tienen una disciplina similar a la que puede apreciarse en la Guardia Indígena, que no es vertical ni asalariada como la policía estatal, pero es mucho más efectiva ya que consigue mantener a los muy armados y entrenados cuerpos represivos a prudente distancia.

En todos los puntos de resistencia hay comedores comunitarios, espacios de salud atendidos por brigadistas (llamados puntos fijos) y han montado bibliotecas en centros de atención inmediata de la policía, que previamente fueron desmantelados y ocupados.

En algunas ocasiones, las brigadas de REDPAS en Bogotá y del Bloque Popular de Salud de Medellín se dotan de comandantes que encabezan los grupos para asistir a los heridos, que son muchos y en ocasiones requieren atención especializada.

En Puerto Resistencia, el más emblemático espacio resistente de Cali, los vecinos levantaron un enorme monumento de más de 10 metros de altura, construido en cemento y pintado con emblemas de la revuelta, con los rostros de los asesinados y los escudos de las primeras líneas. El antimonumento Resiste fue construido durante 19 días por cientos de personas, mostrando una energía colectiva y una disciplina para el trabajo sorprendentes.

¿Cómo ha surgido este elevado nivel de organización, con tareas bien definidas para la defensa a través del combate, la división del trabajo para los cuidados y la vida cotidiana?

Creo que un elemento central ha sido la formación que le ha dado a la población el paramilitarismo de un Estado criminal, gobernado por una fracción ultra y fanática como es el uribismo. Una formación por la negativa y para superar el miedo, de forma colectiva.

Todos en Colombia saben de los falsos positivos y de las casas de pique.

Los primeros son civiles que sin participar en ningún combate ni estar siquiera organizados en grupos políticos, fueron asesinados por militares y presentados como "bajas en combate" para obtener beneficios y premios. Según la Junta Especial para la Paz, entre 2002 y 2008 (cuando gobernaba Álvaro Uribe) fueron asesinados de ese modo 6.402 personas. Cerca de 1.500 militares estuvieron involucrados en la práctica de los falsos positivos.

Las casas de pique fueron creadas por los narcos para secuestrar, descuartizar y desaparecer a quienes les molestaban. La práctica fue luego utilizada por los paramilitares y se sigue usando ahora. En Cali aparecieron bolsas con restos humanos, diseminadas en varios lugares, como forma de intimidar a los manifestantes, ya que se presume que sean restos de desaparecidos durante la revuelta.

Lo cierto es que décadas de criminalidad estatal y paraestatal convencieron a varias generaciones de que deben cuidarse, de que ejercer sus más elementales derechos es peligroso y que pueden ser asesinados en cualquier momento. El uribismo ha sido una fuente de aprendizaje inestimable para los jóvenes colombianos que el neoliberalismo les ha robado su futuro y, si no se cuidan, sus vidas.

Raúl Zibechi, agosto 2, 2021

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