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Sábado, 02 Octubre 2021 09:21

La sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos. Colombia: Genocidio continuado

Escrito por Edwin Guzmán
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La sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos. Colombia: Genocidio continuado

A mediados de junio pasado finalizó el proceso de sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos en su cuarenta octava sesión, con Colombia como país valorado. Su conclusión es que acá existe un proceso sistemático de violencia y permanente violación de los derechos humanos que concreta un genocidio político continuado. Su fallo resume un proceso de violencia histórica con profundas consecuencias de todo tipo para su población.

No toda soledad, como en Macondo, ni toda impunidad, como es tan frecuente por estos días en variedad de sociedades, pervive. Grupos humanos, revestidos de dignidad y profundo sentido humanista actúan para correr velos y sentar precedentes que conmuevan la conciencia de millones de personas, las ofendidas con la violación de sus derechos humanos, pero también otros muchos y muchas que son testigos de ello, con o sin conciencia de lo que ocurre a su alrededor.

Así, ante la ausencia de espacios expeditos nacionales e internacionales para atender realidades de violencia y ruptura de los derechos humanos, así como la fragilidad de un marco jurídico que de cuenta cabal de realidades violentas de alta complejidad, ha tomado forma el TPP (Ver recuadro “¿Qué es el TPP?), un espacio de la sociedad civil constituido para valorar y emitir juicios sobre la violación de los derechos humanos. De acuerdo a su filosofía, el Tribunal responde al llamado de organizaciones sociales y políticas, así como personas, de uno y otro país, para acudir a los mismos, escuchar sus denuncias, valorar la documentación aportada y emitir juicio.

El TPP fue fundado en 1979, y se siente heredero del Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra que tomó forma en 1966 bajo el impulso de destacados humanistas, intelectuales y filósofos, entre ellos Bertrand Russel y Jean Paul Sartre. Su propósito: juzgar a los Estados Unidos por sus innumerables y crueles crímenes cometidos en Vietnam. Como imperio ninguna Corte internacional los sindicaría ni juzgaría, pero una parte de la sociedad sí podía proceder y de esa manera conmover la conciencia de la sociedad global. La impunidad no podía estar asociada a la indiferencia.

Como heredero de aquel Tribunal, el TPP no es un tribunal judicial, ni pretende serlo, ni tiene carácter vinculante para el Estado en cuestión, su misión es, en tanto los poderes dominantes a nivel local y global no reparan en métodos ni formas para violentar de distinta manera los derechos humanos de numerosas poblaciones, y en tanto las normas internacionales aún no garantizan justicia plena, su misión es, como el referido Tribunal que juzgó a los Estados Unidos, sentar antecedentes humanistas, evidenciar ante sus sociedades el irrespeto de los derechos humanos a manos de sus gobernantes, y llenar las lagunas del Derecho que facilitan la prevalencia de la impunidad.

En el caso particular de Colombia, este Tribunal ha respondido en tres ocasiones a solicitudes de intervención de diferentes organizaciones sociales y políticas, así como personas, la primera vez entre 1989-1991 centrado en impunidad de los Crímenes de Lesa Humanidad, otra entre 2006-2008 enfocada en empresas transnacionales y la violación de los derechos humanos, y la recién realizada centrada en el Genocidio (Ver sección “Síntesis jurídica...”).

En esta ocasión el TPP respondió a una solicitud de intervención firmada por 209 organizaciones de distinto carácter y 179 personas y líderes sociales, solicitud ante la cual la Presidencia del TPP respondió el 15 de mayo de 2020 (Ver recuadro “Apertura”).

Para el desarrollo de su misión, el TPP constituyó un jurado que en esta ocasión estuvo integrado según puede verse en el recuadro (El Jurado).

Luego de recibir decenas de testimonios y sucesos documentados por variedad de organizaciones de distinto carácter, y deliberar por varias ciudades, la Sentencia que emite afirma que “Este Tribunal ha caracterizado el conjunto de hechos analizados durante el largo período histórico que ha sido objeto de esta sesión, como un genocidio continuado cometido contra una parte del grupo nacional colombiano. Por tanto, el exterminio de grupos específicos de carácter étnico, político o social se subsume en ese escenario global y sostenido en el tiempo del genocidio dirigido a transformar la realidad plural del grupo nacional, eliminando a quienes no deben tener cabida en el mismo, según la concepción de quienes han concebido, articulado y llevado a cabo el genocidio”. (Ver sección “Fallo”).

Fallo al que se llega luego de escuchar numerosos testimonios y revisar la documentación recibida. Testimonios como los relacionados a continuación:

 

Indígenas y afrodescendientes

Sin duda, la violencia contra estos pueblos viene desde la invasión y la Colonia. Sin lograr romper esa constante, continúan padeciendo masacres, desapariciones, desplazamientos, despojo de su tierra, para completar con una posterior discriminación étnica. Los principios de “Unidad, Tierra y Cultura” que los orienta en su histórica resistencia son irrespetados por los intereses de multinacionales extractivistas y agroforestales depredadoras.

En tiempo reciente el Centro Nacional de Memoria Histórica tiene documentados 423 casos de indígenas asesinados desde 1970. Por su parte la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) registra 70.314 hechos victimizantes: confinamientos, desplazamientos forzados, manifestaciones de racismo, discriminación y xenofobia por parte de agentes del Estado, asesinatos, intimidaciones, amenazas, hostigamientos por grupos legales e ilegales. Todo ello sin contar la gran cantidad que se queda en el olvido. Especial mención tienen las comunidades Barí despojadas de sus tierras iniciando la tercera década del siglo XX, para que pasaran a manos de las empresas petroleras Colombian Petroleum Company y South American Gulf Oil Company, despojo legalizado por la Ley 80 de 1931, y el cual estuvo acompañado de la instalación de alambradas electrificadas, uso de armas de fuego, quema de bohíos, violencia sexual contra niñas y mujeres y envenenamiento de comidas.

Violencia también padecida, por ejemplo, por el pueblo Embera Chamí que por la riqueza de su tierra en recursos naturales, su ubicación geoestratégica y por la decisión de las comunidades de vincularse en procesos electorales fueron convertidas en objetivo de los paramilitares desde 1980. Proceso violento en el que también están involucradas multinacionales extractivas y agroforestales.

Pueblo negro afrodescendiente

La violencia racial contra pueblos afrodescendientes ha tomado forma por medio de masacres, asesinatos, desapariciones y desplazamientos. Los registros señalan en la última década, que de los 1091 desplazamientos registrados en Colombia la mitad se concentran en la región del Pacífico. Sucesos para dar espacio a la entrada de empresas transnacionales que usurpan el territorio y destruyen el ambiente. Actos violentos precedidos de asesinatos, torturas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones y agresiones sexuales, lesiones físicas graves y amenazas.


Campesinos

Se presenta un claro exterminio de comunidades campesinas, en especial de aquellas que tienen un liderazgo y relación estrecha con la tierra y la naturaleza. El TPP recoge el testimonio de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), en particular su segunda época (años 80 en adelante), periodo en el que toma forma la Anuc Unidad y Reconstrucción (Anuc-UR), conformada en 1987 y con arraigo en el Nororiente del país y la región Caribe (Santander, Norte de Santander, Cesar, Magdalena y Bolívar). La Anuc-UR dejó testimonio ante el TPP de numerosas detenciones de sus dirigentes, desplazamientos forzados y, sobre todo, de masacres padecidas entre los años 1988 - 2005, con un saldo de 45 asesinatos entre sus dirigentes y líderes locales con amplio reconocimiento.

Testimonio también brindado por la Comunidad de Paz de San José de Apartado, que desde su conformación en 1997 fue sometida por el ejército nacional a bombardeos, concretados sobre 27 de las 32 veredas que integran el corregimiento de San José, paralelo a lo cual el paramilitarismo penetra el territorio y somete a las comunidades a intimidación constante para que lo abandonen, producto de lo cual queda un saldo de 300 víctimas, entre asesinatos, desapariciones forzadas y masacres.

El acoso es constante: entre 2006-2014 se concretaron numerosas intervenciones armadas de “destrucción de cultivos y fumigaciones” en terrenos donde no hay presencia de ningún cultivo ilegal, envenenando aguas y matando animales.

Casos similares se registran en Cajibio-Cauca: entre el 19 y el 26 de noviembre de 2000, prolongado incluso hasta enero de 2001, los paramilitares privaron de su libertad a pobladores a quienes señalaron de colaborar con la guerrilla, torturaron, asesinaron y obligaron a 300 familias a desplazarse en lo que se llamó “recorrido de la muerte”.

En Recetor y Chámeza-Casanare, asimismo, entre 2002 y 2003 la población de estos dos municipios fue víctima de operaciones contrainsurgentes que implicaron el confinamiento general y la violaciones masivas de los derechos humanos. En 6 meses se registraron 100 desapariciones forzadas, además de numerosas torturas, ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento de cerca de 3.000 personas. Según la Unidad de Víctimas, de los 1.820 habitantes de Chámeza, 1.693 fueron victimizados y de los 1.390 habitantes de Recetor, 1.264 fueron victimizados (el 91%). Toda esta represión brutal coincide con la instalación y desarrollo de empresas petroleras apoyadas por el Estado, en particular la multinacional británica British Petroleum Company que entra a operar el campo Cupiaga y Cusiana.

Las poblaciones campesinas del Carmen y San Vicente de Chucury en Santander, por su parte, entregan testimonio de la constante estigmatización sufrida a manos del ejército nacional. Para el aparato armado del Estado colombiano, en tanto allí cayó en operación militar el sacerdote guerrillero Camilo Torres, todos los campesinos residentes en esa región eran “subversivos”, catalogados como “enemigo interno”. En los años 80, reivindicando sus derechos, realizaron marchas y la respuesta no tardó: el ejército, en alianza con gremios adinerados conformaron estructuras paramilitares para asesinar campesinos, desplazarlos y despojarlos de sus tierras. A comienzos de los años 90 fueron documentados 300 asesinatos de campesinos a manos del ejército y de paramilitares. El 30 por ciento de la población fue obligada a desplazarse.

Movimiento social del Centro Oriente

Especial atención tiene la práctica generalizada de criminalización padecida por los movimientos sociales, como los ubicados en el centro oriente colombiano. El caso citado tipifica el operativo “Heroica”, cuando en el 2002 el ejército sacó de sus viviendas y trabajos a 2.000 pobladores de Saravena-Arauca y los llevó a un estadio, hasta seleccionar 90, quienes fueron amarrados y acusados de guerrilleros, el resto marcados con sellos. Posteriormente fueron absueltos por no hallar piso probatorio.

Las violaciones no corren solo a cargo de las fuerzas militares, también son parte de ello otros componentes del Estado, como su aparato judicial que judicializa de manera arbitraria sino ficticia, apoyada en omisiones procesales, montajes probatorios y otros exabruptos.

En el actual milenio en Arauca, Casanare y Meta más de 2.000 personas han sufrido detención y reclusión por largos periodos; cerca de otras 10.000 han padecido “retenciones administrativas” sin proceso judicial alguno y durante 2018 al menos 40 dirigentes sociales fueron encarcelados.

Un despliegue de violencia en el que el ejército es el perpetrador de asesinatos y amedrentamientos. Por ejemplo, el Coordinador Nacional Agrario (CNA) conformado en 1997 por varias organizaciones de base campesina: Asociación de Pequeños y Medianos Agricultores del Tolima –Asopema– y la Asociación Campesina del Centro del Valle del Cauca –Acaceva–, ha estado sometida a destrucción a través de control territorial, criminalización de sus integrantes y despojo de tierras. En 2007 el ejército asesina a Héctor Alirio Martínez, uno de los fundadores del CNA, junto con otros dos líderes sindicales. En marzo del año 2020 nuevamente otro líder de esta organización, Marco Rivadeneira, vocero de la Asociación Campesina de Puerto Asis fue asesinado. Otros 32 integrantes han sufrido igual suerte en los últimos años, todo ello tras la destrucción del tejido organizativo y de la cultura campesina.

En otros escenarios, departamentos orientales: Meta, Caquetá y Guaviare, se estigmatizó a los pobladores como violentos y hostiles, sometiéndolos, bajo esta estigmatización, a planes contrainsurgentes en el marco del Plan Colombia, el Plan Patriota y, a partir de 2006, el Plan de Consolidación Integral, que implicaron restricciones para circular, con exigencia de permisos para desplazarse, toques de queda, retenes, bloqueos de alimentos, empadronamientos forzados, allanamientos sin orden judicial, capturas masivas, torturas, ejecuciones extrajudiciales, y utilización por los militares de bienes particulares para acampar.

Violencia masiva con efectos devastadores. En los cinco cementerios de la zona se hallaron 2.300 cuerpos no identificados, de los cuales la misma Fiscalía reconoce 1.664 reportados como “dados de baja en combates”. Pero los ataques también se reportaron en el Putumayo, departamento en el que se registran, desde la segunda mitad del siglo XX, distintas fases de exterminio, cuando el ejército, a órdenes de las empresas petroleras, reprime.

Situación aún más agravada a partir de los años 80, con el sembrado y extensión del cultivo de coca, bajo cuya sombra incursionan los grupos paramilitares que persiguen también a simpatizantes de la guerrilla, sembrando terror y zozobra sobre la población en general.

Por su parte, al sur de Bolívar, con población minera, se extiende la represión estatal y paramilitar a partir de 1999, la cual queda sometida a bloqueo político, social y económico. Asimismo, en el Tolima, miles de familias huyeron desplazadas, muchos niños separados de sus familias y entregados a instituciones oficiales o abandonados en las calles. Incluso, creación de redes de espías para atrapar a quienes habían pertenecido a la resistencia campesina.

Sindicatos y organizaciones políticas

La Escuela Nacional Sindical informa que 3.162 sindicalistas fueron asesinados en el periodo 1986-2020, varios de ellos en acción comprobada entre paramilitares y militares con empresas, forma de actuar para impedir el reclamo laboral y el conflicto sindical, expresión, además, de una clara cultura antisindical que impera en el país, a la par de la extensión del discurso de enemigo interno que concibe a la población civil como insurgente.

Resalta en este particular, Sinaltrainal (Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario) que en 1993 contaba con 6.000 afiliados, y que tras una política de exterminio e intimidación en 2021 registra 3.728 afiliados.

El desangre no da tregua: 35 asesinatos o desapariciones de líderes, 12 atentados, 169 amenazas, 51 renuncias forzosas o despidos, 9 detenciones arbitrarias, 42 montajes judiciales, 1 caso de tortura y otro de secuestro. Han desaparecido 11 de sus seccionales. De esta violenta arremetida han sido parte empresas como Coca-Cola y Nestlé.

Unión Sindical Obrera –USO–. Deja constancia de 808 actos de violencia padecidos a partir de los años 80: 125 asesinatos, 24 secuestros, 7 desapariciones forzadas, 49 atentados, 102 detenciones arbitrarias, cerca de 400 amenazas y numerosos dirigentes forzados al exilio.

Central Unitaria de Trabajadores de Colombia –CUT–. Su documentación consigna asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, amenazas, persecuciones, estigmatizaciones, desplazamientos forzados, exilios, persecuciones por vías judicial, atentados contra las sedes sindicales, eliminación de organizaciones sindicales, pérdida de derechos laborales.


A nivel de organizaciones políticas, el primer caso referenciado se remonta a Jorge Eliécer Gaitán, muchos de cuyos seguidores fueron asesinados antes de él, provocando sus enérgicas denuncias. Los asesinatos continuaron con el propósito de aniquilar física e ideológicamente el movimiento gaitanista, con un saldo calculado de 300.000 asesinatos en el periodo 1948-1958, en acciones perpetradas por el ejército y paramilitares contratados y entrenados por el gobierno.

Persecución y muerte que no terminó allí. En tiempo más reciente, a partir del año 2002, con los gobiernos de Álvaro Uribe, se lleva a cabo un “memoricidio”, es decir, la destrucción del legado de Gaitán y del gaitanismo, todo ello propiciado desde la expedición del decreto 271 de 2004 que eliminó leyes, decretos y otras normas legales establecidas para honrar la memoria de Jorge Eliécer Gaitán.

En otro acápite, la Sentencia retoma el periodo comprendido entre los años 1984-1992, resaltando lo padecido por la organización A Luchar –Movimiento político y social que actuó buscando alternativas al bipartidismo y que agrupó a corrientes camilistas, trotskistas, maoístas, así como sectores sindicales, campesinos, estudiantiles, cívicos, étnicos y cristianos. Esta organización fue víctima de 254 asesinatos, 6 ejecuciones extrajudiciales, 80 desapariciones forzadas, 165 detenciones arbitrarias y 58 torturas.

También retoma el conocido exterminio contra la Unión Patriótica (UP). Según la Corporación Reiniciar entre 1984-2006 se cometieron 6.500 violaciones de derechos humanos en contra de sus militantes: 3.111 asesinatos, 131 judicializaciones infundadas, 508 desapariciones forzadas, 280 tentativas de asesinatos, entre otros actos violentos padecidos y en los que están implicados altos agentes militares y directivos del Estado colombiano. Para la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP, reconoce como práctica genocida lo ocurrido con la UP.

Con el M-19, tras los procesos de paz y desmovilización fueron asesinados y desaparecidos pobladores de lugares donde tenía presencia. Organizaciones sindicales, movimientos de acción comunitaria, familiares y amigos de militantes fueron incluidos en la categoría de “enemigo interno”, según lo estipulado por los manuales militares; de esa manera, intelectuales, simpatizantes de la izquierda, fueron apresados y llevados a instalaciones militares donde fueron torturados; otros fueron forzados al exilio.

Frente popular –Movimiento que surgió en 1985 en varias regiones del país–: desde su inicio comenzó a ser perseguido por fuerzas policiales, militares y paramilitares. Entre 1987 y 1989, fueron desaparecidos 64 de sus militantes y al menos 120 asesinados, entre éstos algunos diputados, concejales, estudiantes y activistas.

A su vez, con el movimiento UNO (Unidad Nacional de Oposición): padeció más de 1930 crímenes: 22 desapariciones, 107 asesinatos de militantes y 127 de articuladores sociales, además de exilios, desplazamientos forzados, “falsos positivos”, detenciones arbitrarias, montajes judiciales, torturas, lesiones y abusos sexuales, allanamientos, atentados y quema de viviendas, falta de garantías electorales, requisas y retenes arbitrarios, decomiso de documentos, amenazas, estigmatizaciones, ataques a sedes políticas.

Más recientemente, el caso de la organización social Marcha Patriótica (Mapa), que no ha escapado a esta violencia, y más visible desde el paro agrario de 2013, acusada de fachada de las Farc. En un video de formación militar, con fecha de 2014, señalan a la Mapa como “enemiga del Estado” y como “objetivo militar”. Es la misma época en la que los Rastrojos ofrecían 35 millones por muerte de Coordinador Regional o Departamental.

Firmantes de paz y líderes sociales

La muerte se extiende a quienes quieren la paz y la justicia. Entre el 13 de noviembre de 2016 hasta el 13 de febrero del presente año 272 son los excombatientes asesinados. Y desde entonces la cifra sigue en ascenso. Al mismo tiempo, la mira enfoca hacia el liderazgo social: en el periodo 2017-2019 el TPP tuvo conocimiento de 710 asesinatos, a los que deben sumarse otros 310 ocurridos el año pasado. Actos acaecidos, incluso, en zonas de sustitución de cultivos, en zonas, por ejemplo, donde los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial se están implementando. Es así como en el periodo señalado se registraron 444 asesinatos, cifra única en toda América Latina. Así mismo, se denunció la comisión de 50 tentativas de homicidio, 17 desapariciones forzadas, amenazas, estigmatizaciones, hechos que además fuerzan al desplazamiento individual y colectivo de quienes están en proceso de reinserción. También se denuncia que las mujeres excombatientes sufren una mayor estigmatización tras la versión difundida de que habrían sido “esclavas sexuales” de los comandantes guerrilleros, despojándolas así de su carácter de actoras políticas.

Estudiantes y activistas en general

En lo comprendido entre los años 1994-2019 el país registra hasta 1.815 víctimas de asesinato o desaparición de personas que ejercían un liderazgo notable en los territorios. En ese marco, la violencia en contra de activos universitarios es conocida de larga data. La represión, tortura, asesinato, violación hace parte de las aulas. La documentación allegada al Tribunal resalta la situación vivida en las universidades Industrial de Santander (UIS) y de Antioquía (U de A), en la primera, entre los años 1964-2006 fueron asesinados 24 integrantes de su movimiento estudiantil, y entre los años 1980-2003 otros 10 de sus activos fueron víctimas de desaparición forzada. Por su parte, en la segunda de ellas, 86 de sus activistas fueron violentados y 45 asesinados entre entre los años 1958-2018, 18 de ellos tras ser retenidos por efectivos oficiales, torturados y/o desaparecidos. 42 miembros de la comunidad universitaria, 30 de ellos estudiantes, han sido víctimas de desaparición forzada.

Resaltan sus testimonios que además de la violencia armada padecen un permanente ambiente de estigmatización, un constante señalamiento a la comunidad académica como “aspirantes a guerrilleros”. La represión estatal y la impunidad policial hacen parte de los principales fenómenos que ligan a los perpetradores.

Además de la impunidad judicial también persiste la persecución de dirigentes y lideresas. Entre el 2012 y 2019 se calculan 249 condenas y reclusiones de personas vinculadas con causas sociales, ambientales y en defensa de los derechos humanos. Entre el 2012 y julio de 2019 se registra un incremento de 244 por ciento de casos en que el derecho penal ha servido para criminalizar la defensa de los derechos humanos, práctica centrada en los departamentos que concentran títulos mineros y explotación petrolera, evidenciando una clara relación entre la defensa de los derechos humanos en luchas ambientales y el uso indebido del derecho penal.

Se entiende que la naturaleza y el territorio también son víctimas. Por el despojo y el desplazamiento, grandes empresas agroindustriales, ganaderas o extractivas se han beneficiado, concentrando más propiedad y dominando de manera amplia sobre el territorio, concretando un ecocidio.

Con mirada histórica

En perspectiva histórica, el TPP resalta la existencia de siete oleadas de violencia:

1812-1899. Es el primer siglo de vida independiente, atravesado por una polarización entre bolivarianos y santanderistas, centralistas y federalistas, esclavistas y abolicionistas, confesionales y seculares, evolucionando hacia los conflictos entre conservadores y liberales.
1899-1902. Aunque no difiere mucho de las guerras y confrontaciones del anterior ciclo, dados los niveles extremos de odio que convoca entre conservadores y liberales, manifestado ello en la “Guerra de los Mil Días”.
1918-1948. Continúa la polarización entre liberales y conservadores y para los indicadores de violencia del periódio anterior, la vida parece transcurrir en paz. Dentro del período hay subperíodos: 1925-1930: “pequeña violencia”, y 1928-1946: “Primera Violencia”, para distinguirla del periodo abierto en 1948 que sería simplemente “La Violencia”.
1946-1958. El cuarto oleaje comprende los años 1946 - 1958. Se inicia cuando el presidente Ospina Pérez se propone bloquear y perseguir al movimiento gaitanista (1946), coincidiendo con la creación de la Escuela de las Américas en Panamá (1946), la formación de la CIA (1947) y con el lanzamiento por parte de Estados Unidos de su agenda anticomunista en América Latina, alrededor de la IX Conferencia Panamericana, incluyendo el asesinato de Gaitán.
1960-1982. La quinta oleada va de 1960 a 1982. Los años 50 finalizaron con el ensayo de un régimen militar, el de Rojas Pinilla, que alarmó a la oligarquía pro-norteamericana por su tendencia a autonomizarse con una peligrosa inclinación a satisfacer algunas necesidades populares.
1982-2010. En esta sexta oleada la prosperidad económica del narcotráfico vierte ingresos nunca vistos en la sociedad colombiana, trastoca el poder de la oligarquía y afecta a todos los actores del conflicto. Un fenómeno favorecido por el modelo latifundista heredado de la Colonia y la consolidación de una oligarquía violenta.

En este periodo se vive una autonomización del narcotráfico y multiplicación como fortalecimiento del paramilitarismo, del crimen, de la corrupción gubernamental, a la par de ampliación de los acuerdos de cooperación antiterrorista con los Estados Unidos.

En medio de las acciones militares, abiertas o encubiertas, desplegadas desde el Estado, se llega a un proceso de genocidio continuado en que los muertos se cuentan en 400.000, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, y los desplazados en 8 millones. Es claro que el narcotráfico sirvió no sólo para derrotar a los enemigos del latifundismo y para la entrega de la soberanía del país, sino también para expandir como nunca los territorios de la élite latifundista, particularmente en el cultivo de la coca, la palma africana y otras plantaciones y en la expansión de la extracción minera, gracias a lo cual, esta oleada de violencia permitió el despojo de 6 millones de hectáreas a los campesinos.

2010-2021, es el periodo comprendido por la séptima oleada y en el que resalta la concreción de un Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, el cual termina bloqueado por los resultado de un plebiscito en el que la sociedad votó mayoritariamente en su contra, resultados ahondados por los posteriores incumplimientos, o lenta concreción, de lo acordado. El asesinato de cientos de los desmovilizados extiende la constante histórica de violencia en contra de todo tipo de opositores.

Una realidad ampliada al conjunto social en las jornadas de descontento social que tomaron cuerpo desde finales del mes de abril del año en curso, y en las cuales se registra decenas de asesinatos, lesionados, amputados en una de sus vistas, violaciones y agresiones sexuales de distinto tipo padecidas por jóvenes detenidas, miles de capturas, entre otras manifestaciones de un poder expresado de manera abierta en su real carácter.

Esta constante de violencia desplegada desde el Estado nos coloca ante un persistente sistema de genocidio, concretado con la intención de destruir total o parcialmente un grupo social desde la eliminación física y la utilización de otras técnicas.

Persistencia en la amenaza, agresión y exterminio, consolidada como comportamiento sistemático. El crimen es un genocidio continuado, materializado como un fenómeno histórico de larga duración, con actores cambiantes pero conjugados con propósitos estratégicos compartidos que deriva en intentos de largo aliento de destrucción de grupos nacionales. Como parte de ello, el discurso de la institucionalidad estatal y fuerzas militares fomentan una doctrina contrainsurgente con una lectura de enemigo que cubre al conjunto social que protesta. Englobar a la población civil en una estrategia contrainsurgente, con medidas de control y acción, tratándola como si estuviera involucrada con la lucha armada es parte de ello, lo justifica y lo propicia. Es un persistente proyecto de reorganización social, concretado a través del terror, a través de decenas de masacres y crímenes selectivos o no, parte de los cuales han sido asumidos por instancias internacionales las que, tras revisar las demandas judiciales, han proferido condenas en contra del Estado colombiano.

Los crímenes de lesa humanidad y de guerra, que se suman al genocidio continuado se concentran en dos fenómenos: en la estrategia de apropiación y control del territorio que implica el desplazamiento, el reclutamiento de menores, pérdida de identidad de las comunidades. Y la segunda mención incluye, incluso, el siniestro plan de los falsos positivos, justificado en la doctrina militar del enemigo interno que naturaliza las violaciones sistemáticas; así se fue arraigando una práctica de premios y estímulos para lograr bajas –de supuestos enemigos armados– como práctica recurrente, así lo registran las 50 órdenes del general Nicacio Martínez para exigir cuotas de muertes, como requisito para permanecer en el cargo. Una práctica degradante que segó la vida de muchos jóvenes presentados como combatientes y que tuvo su punto más álgido entre los años 2004-2008.

La realidad de una sociedad sometida a tal nivel de violencia, con fines claramente determinados, lleva al Tribunal a condenar a todos los presidentes que han regido al país desde 1946. Preocupa la impunidad, en la que se enfoca finalmente el Tribunal, calificada como una constante histórica, componente clave para la vulneración masiva y continuada de los derechos humanos en la que la persistente impunidad oscila entre el 98 y el 99 por ciento.

Con la sentencia emitida por el TPP, los acusados no tendrán castigo, los verdugos proseguirán impunes, pero somos testigos de la barbarie y nuestra misión es ser la persistente memoria que denuncia.

 


¿Qué es el TPP?

 

El TPP es un Tribunal Internacional de Opinión o de Conciencia, no un tribunal judicial ni pretende serlo ni dispone de medios para serlo. Tampoco fue creado mediante instrumentos jurídicos ni estatales ni por tratados internacionales, sino de manera privada. De acuerdo a su Estatuto, busca ser tribuna de visibilidad del derecho a la palabra y de afirmación de los derechos de los pueblos expuestos a violaciones graves y sistemáticas por parte de actores públicos o privados, nacionales o internacionales. También busca ser una herramienta para explicitar y determinar la existencia, gravedad, responsabilidad e impunidad de las violaciones cometidas, de las medidas de justicia y de la reparación debida. Así mismo: testigo y promotor de la investigación dirigida a llenar las lagunas institucionales y doctrinales del derecho internacional actual. Su única legitimidad es la que le reconocen quienes solicitan su actuación. Con todo, el artículo 17 de su Estatuto le ordena informar a los gobiernos, autoridades o grupos privados involucrados, sobre las acusaciones y peticiones que les conciernen y sobre la posibilidad de participar en cada etapa del procedimiento, presentado pruebas y ejerciendo la defensa.


Apertura

Un Comité Impulsor en Colombia preparó el evento de lanzamiento que tuvo lugar el 26 de enero de 2021 en el cual el Tribunal recibió la acusación formal de parte de los Fiscales: lxs juristas ÁNGELA MARÍA BUITRAGO e IVÁN VELÁSQUEZ y escuchó informes de otras personalidades. Entre el 25 y el 27 de marzo de 2021 se realizaron las audiencias públicas en Buca-ramanga, Bogotá y Medellín a las cuales acudieron delegados de numerosos movimientos y sectores sociales victimizados, quienes además de la prueba oral pusieron a disposición del Jurado una extensa y detallada documentación. El Tribunal notificó a las autoridades colombianas y las invitó a pronunciarse sobre la acusación, a lo cual no respondieron y el Tribunal escuchó una defensa de oficio del Estado.


 

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