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Declaración universal de los derechos del poder...
Hablar en serio de derechos humanos implica radicalizar la democracia, construir proyectos socioeconómicos en colectivo, fortalecer los procesos de autoorganización social desde la base y reconfigurar nuevos espacios de contrapoder a nivel local y global. No se pueden establecer límites a la... Leer Más
La contaminación fue responsable de nueve...
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#ParaQueNoSeRepita
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Tambores de guerra e inflación en EEUU: el...
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Barro
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La teoría del Estado después de Poulantzas
El idioma poulantziano parece entenderse más en suelo latinoamericano que en la propia Europa. La cuestión pasa por cómo sacar provecho de los aportes del autor griego y por cómo traducirlos a nuestro propio terreno, sin que sea ni calco ni copia. 1 Nicos Poulantzas ha sido considerado con justa... Leer Más
Cultura política y democracia, Colombia siglo...
¿Cuáles son algunos de los cambios, rupturas y tendencias que se registran en el siglo XXI respecto a la relación entre democracia, cultura política y participación ciudadana en Colombia? Una transformación sociopolítica fundamental de comprender en el contexto de la coyuntura electoral que... Leer Más
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Miembros del servicio de las tropas prorrusas esperan encima de un vehículo blindado de transporte de personal ante la evacuación de los soldados ucranianos heridos de la asediada fábrica de acero de Azovstal, Mariúpol. — ALEXANDER ERMOCHENKO / REUTERS

 La evacuación de la acería se ha logrado gracias al alto al fuego decretado entre ambos lados de la contienda. Moscú se hace con el control total de la ciudad, lo que supone una gran victoria geoestratégica para el Kremlin.

La batalla por el control de la acería de Azovstal, en Mariúpol llega al principio de su fin. Rusia tiene ahora vía libre para hacerse con el control total de la ciudad portuaria después de que el Ejército ucraniano haya dado por terminada su "misión de combate". En los últimos días, Kiev y Moscú han llegado a un acuerdo para evacuar a los soldados ucranianos que seguían en la acería, último reducto de resistencia.  

Este lunes se ha evacuado un total de 264 militares ucranianos de la fábrica de acero de Azovstal, al este del país. Del total de evacuados, 53 heridos considerados graves, fueron trasladados a un centro médico en Novoazovsk para recibir atención médica. El resto fueron llevados a la región de Olenivka a través del corredor humanitario abierto entre ambos bandos.

La región a la que los heridos y militares han sido evacuados está en manos de las tropas del Kremlin, en la zona del Donetsk, por lo que los evacuados podrían ser objeto de un posible intercambio de prisioneros con Rusia. En la actualidad se ha implantado un alto al fuego en la zona, abriéndose por tanto un corredor humanitario por el que los militares heridos serán trasladados. Esto supone que Rusia se alce con el control total de la región

Este acto ha sido agradecido por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, tras señalar en su habitual aparición nocturna que "Ucrania necesita héroes ucranianos vivos". A su vez, agregó que espera se pueda "salvar la vida del equipo negociador".

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia había informado ya este lunes desde Moscú de un acuerdo para evacuar a combatientes ucranianos heridos de la fábrica de acero ucraniano. "El 16 de mayo como resultado de negociaciones con los representes de los militares ucranianos bloqueados en el territorio de la planta metalúrgica de Azovstal se llegó a un acuerdo para la evacuación de heridos", apuntaba un comunicado de Defensa ruso, aunque sin concretar el número exacto de rescatados. 

La viceprimera ministra para la Reintegración de los Territorios Temporalmente Ocupados de Ucrania, Iryna Vereschuk, dijo la semana pasada que en la acería se encontraban entre 500 y 600 militares heridos, pero que las partes estaban negociando por el momento la evacuación de los "más graves", que ella cifró en 38 personas.

Región clave en la guerra

El acuerdo entre Kiev y Moscú pone fin a la batalla más larga y sangrienta de la guerra de Ucrania, pues Azovstal se había convertido en el centro de resistencia de esta región clave en el conflicto. Mientras el resto de los distritos de Mariúpol se encontraban bajo dominio ruso, cientos de tropas (entre ellos miembros del Batallón Azov,unidad militar de ideología neonazi) y civiles ucranianos se refugiaron en Azovstal. 

Mariúpol da acceso al mar de Azov, al noroeste de la península de Crimea, considerado como uno de los puertos comerciales más importantes de la región. Ha sido escenario de multitud de ofensivas de Moscú en la guerra. El acceso de las tropas ucranianas al mar lleva bloqueado desde principios del mes de marzo, y la importancia de este enclave portuario es notable. 

Por esta razón, a pesar de que "la guarnición de Mariúpol ha cumplido su misión de combate" según apunta el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania en un comunicado, los medios cercanos al Kremlin consideran la evacuación comouna gran victoria rusa, pues supone un gran golpe a la moral ucraniana y el control total de la región. 

madrid

17/05/2022 10:59

 

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Fuente: diarioconvos.com

El joven presidente Gabriel Boric finalmente cedió a la agenda de la derecha y los empresarios con una medida que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas en la región de La Araucanía y dos provincias de la región del Biobío (sur) para reprimir la creciente resistencia en la zona del denominado "conflicto mapuche".

 

Este lunes, el gobierno de Gabriel Boric ha claudicado nuevamente a la agenda de la derecha. La ministra del Interior de Chile, Izkia Siches decretó el “estado de excepción” en el territorio ancestral del pueblo nación mapuche en dos regiones del sur del país trasandino. El joven presidente Gabriel Boric finalmente cedió a la agenda de la derecha y los empresarios con una medida que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas para reprimir la creciente resistencia en la zona del denominado "conflicto mapuche".

"Hemos decidido hacer uso de todas las herramientas para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos decretando estado de emergencia (un tipo de estado de excepción)", anunció en un punto de prensa desde la sede de Gobierno.

Esta medida, que implica un despliegue militar, regirá en toda la región de La Araucanía y en dos provincias de la región del Biobío (sur) para "resguardar las rutas, permitir el libre tránsito de personas y el abastecimiento", señaló tras reconocer un aumento de la violencia en los últimos meses.

En estas y otras zonas del sur de Chile existe desde hace décadas un reclamo territorial al Estado de algunas comunidades mapuche y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales por los indígenas.

En este contexto, son cada vez más frecuentes los ataques incendiarios a maquinaria y predios, tiroteos con víctimas mortales y huelgas de hambre de presos indígenas que luchan por recuperar su tierra.

Cambio de rumbo

Hasta ahora, el mandatario Gabriel Boric se había mostrado reacio a la militarización, señalando que solo ponía más tensión sobre el conflicto, y había criticado ferozmente a su predecesor, el conservador Sebastián Piñera, por promoverla entre octubre de 2021 y marzo de 2022.

El gobierno declaró que el decreto de estado de excepción constitucional en la Araucanía sería “acotado” exclusivamente a las carreteras. Sin embargo, en poco se diferencia de su predecesor Piñera si a la par de desplegar militares para el resguardo del orden público, presenta querellas contra líderes mapuche manteniendo el enfrentamiento histórico entre el estado de chile y el pueblo nación mapuche.

Tras asumir la Presidencia el pasado marzo, Boric decidió no perpetuar esta medida y apuntó a una estrategia de "diálogo" a través del despliegue territorial de diferentes autoridades. Esto no fue bien recibido por varios grupos indígenas, que continuaron saboteando varias visitas del Ejecutivo. Naturalmente, “diálogo” en este caso significa “ceder” territorio ancestral al Gobierno y a empresas que buscan hacer ganancias por fuera de los intereses indígenas y de las clases populares chilenas, aumentando el volumen de extracción de recursos y destruyendo el ambiente.

Desde la derecha y el centro, presionaron para que se tomaran más medidas de seguridad y acusaron extrañamente al presidente de "inacción" y de ser "cómplice de la violencia".

Además del despliegue militar, la ministra Siches detalló otras medidas como la solicitud de un fiscal preferente para delitos relacionados con narcotráfico y robo de madera, el impulso a la creación de un Ministerio de los Pueblos Indígenas y la inversión de 400.000 millones de pesos (460 millones de dólares) para mejorar la infraestructura y servicios de la zona. También agregó una política de restitución de tierras vía la cuestionada CONADI.
Pero es difícil esperar algo diferente de los gobiernos anteriores que impulsaron medidas similares desde la institucionalidad hacia a la restitución de tierras, presupuestos, etc, pero nunca cesan la represión, de la cual hoy el Gobierno de Boric confirma que seguirá perpetuando a pesar de llamarse un Estado Plurinacional. A fin de cuentas se busca una rendición del pueblo mapuche a sus reclamos territoriales.

Entre críticas y logios

El estado de emergencia fue recibido entre elogios del oficialismo y de la oposición. Por supuesto recibió el repudio de los representantes de comunidades mapuches -la etnia mayoritaria del país- y algunos sectores de la izquierda, que denuncian un cambio drástico en la política del mandatario.

Boric prometía un “cambio”, pero en los hechos se asemeja más a los gobiernos del orden neoliberal de las últimas tres décadas que a un cambio de rumbo hacia las clases explotadas y oprimidas. Tras una serie de demostraciones de “fuerza” y respaldo a las fuerzas represivas del estado, como mantener al general de carabineros Ricardo Yañez en su cargo, y de negociaciones con la derecha, el gobierno finalmente dio el paso y cedió a la presión mediática para desplegar efectivos militares en el Wallmapu.

Por eso que la derecha le tira flores. "Valoramos que el Gobierno se haya dado cuenta que el estado de emergencia era una medida urgente para el sufrimiento de las medidas en Biobío y Araucanía", dijo el senador de Evópoli (derecha) Felipe Kast.

El expresidente y senador Ricardo Lagos (2000-2006) señaló en Twitter que apoya "las decisiones que tome Boric para poder dar más seguridad a la comunidad y a la vez impulsar el diálogo con una fuerte inversión en infraestructura pública y otras áreas".

Las organizaciones indígenas llaman a resistir frente a este nuevo intento de subordinación al pueblo mapuche. La semana pasada, la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), una organización indígena que se ha atribuido decenas de ataques desde la década de 1990, llamó a la "resistencia armada" ante la posibilidad de una militarización.

En una entrevista con un medio local, el líder de grupo, Héctor Llaitul, hizo un llamado a "preparar las fuerzas y organizar la resistencia armada por la autonomía", a lo que el Ejecutivo respondió el domingo anunciando que presentará una querella en su contra.

Hoy cuando la crisis económica diluye día a día el poder adquisitivo de la clase trabajadora, la agenda de los partidos políticos chilenos está muy lejos de responder a dichas necesidades. Los empresarios claramente no quieren que esto se discuta por eso presionan a Boric que fácilmente cede antes que enfrentar con la movilización popular a los empresarios chilenos.

Dauno Totoro, dirigente del Partido de los Trabajadores Revolucionario, declaró a La Izquierda Diario que “En todo este escenario, con un gobierno que decide reprimir a estudiantes secundarios, trabajadores y mapuches y alinearse con los intereses empresariales, hace falta una izquierda que no ceda ante la presión de los poderosos ni a su agenda, y que mantenga la pelea por conquistar las demandas de la rebelión.”

Hoy la salida para el Gobierno de Boric, no implica nada nuevo del viejo régimen, donde mantienen la dotación policial, el refuerzo de seguir en el camino de la militarización y buscar la salida por vía la CONADI para la entrega de tierras a los indígenas que no responde ni una pizca al histórico despojo sin tocar a ningún capital, como lo es la industria forestal. Incluso con el avance a la “integración” de la nación mapuche con el Estado capitalista en Chile, como lo es el Estado plurinacional, solo busca el reconocimiento de naciones originarias. También se nombra la “autodeterminación” pero esto debería suponer una lucha por la expropiación de las 2 millones de hectáreas de los grupos empresarios Matte y Angelini, que hoy siguen siendo protegidas por el Estado militarizado como lo ha hecho el cuestionado régimen pinochetista.

Martes 17 de mayo

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El ataúd casi cae al suelo cuando el cortejo que lo llevaba en hombros se vio rodeado de policías israelíes que golpeaban a la multitud de dolientes palestinos.Foto Ap

Jerusalén. Miles de palestinos despidieron ayer en Jerusalén a la periodista palestina-estadunidense Shireen Abu Akleh, abatida durante una operación militar israelí, en exequias marcadas por escenas de violencia tras una intervención policial al comienzo del cortejo.

Antes del funeral, decenas de personas trataron de marchar con el féretro desde el hospital hasta una iglesia católica en la vecina Ciudad Vieja. Muchos de los dolientes llevaban banderas palestinas, prohibidas en Jerusalén, y la multitud empezó a gritar: "Sacrificamos nuestra alma y nuestra sangre por ti, Shireen".

Al poco tiempo, la fuerza pública israelí golpeó a manifestantes con garrotes, justo al lado de las personas que avanzaban llevando en hombros el ataúd, el cual casi cae al suelo. Las tropas de Tel Aviv aseguran que reaccionaron a un ataque de piedras en su contra. Según la Media Luna palestina, 33 personas resultaron heridas y seis fueron hospitalizadas.

Imágenes transmitidas por Palestine TV mostraron que quienes llevaban el ataúd fueron agredidos por soldados de Tel Aviv, mientras policías dispersaron a las personas que ondeaban banderas palestinas.

Los restos de la popular reportera de la cadena catarí Al Jazeera, una cristiana de 51 años nacida en Jerusalén Este, fueron finalmente llevados hasta un templo de esta ciudad, donde se ofició una misa. La multitud siguió después al féretro hasta un cementerio adjunto a la Ciudad Vieja, donde Abu Akleh fue enterrada cerca de los restos de sus padres. Las calles aledañas estaban repletas de quienes fueron a despedirse de la periodista.

La comunicadora, quien portaba casco y chaleco antibalas con el rótulo "Prensa", recibió un disparo en la cabeza el miércoles cuando cubría una operación militar israelí en el campo de refugiados de Jenin, en Cisjordania, un territorio palestino ocupado por Israel desde 1967.

El caso dio lugar a varias hipótesis. Al Jazeera acusó a las fuerzas de Tel Aviv de matar "deliberadamente" y "a sangre fría" a su periodista estrella. El primer ministro israelí, Naftali Bennett, declaró que la reportera murió "probablemente" por disparos de combatientes palestinos.

En una investigación preliminar, el ejército israelí aseguró: "no es posible identificar el origen del disparo que alcanzó y mató a la periodista". Pero la indagatoria, consultada por el diario Jerusalem Post, apunta a dos posibilidades: como parte del intento de atacar a las tropas de Tel Aviv, palestinos armados dispararan cientos de balas desde varios puntos y acertaran a la periodista; la otra, es que ella, que estaba de pie cerca de los pistoleros, “fuera alcanzada por disparos de la fuerza (israelí) contra los ‘terroristas’”, cita el diario.

La Autoridad Nacional Palestina, dirigida por Mahmoud Abbas, ha rechazado la idea de una investigación conjunta con Israel y declaró que quería remitir el caso a la Corte Penal Internacional.

El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, manifestó estar "profundamente afectado" por las acciones de "algunos policías israelíes" en Jerusalén Este al comienzo del cortejo por el funeral de Abu Akleh, comunicó el viernes el portavoz Farhan Haq.

La Unión Europea se declaró "consternada" por este uso "inútil" de la fuerza y Estados Unidos expresó su "profunda perturbación" por las imágenes del funeral.

Durante las exequias, se produjeron nuevos enfrentamientos en Jenin, donde falleció la reportera, que dejaron 13 heridos, según el Ministerio de Salud de la ANP. La localidad es un bastión de facciones armadas palestinas, de donde proceden los autores de recientes atentados en Israel, que lanzó múltiples operaciones para capturarlos.

Un oficial israelí murió durante esta jornada en un operativo en Burqin, cerca de Jenin, indicó un comunicado oficial. El grupo armado palestino Yihad Islámica se atribuyó la muerte del agente.

Quince países europeos, entre ellos Alemania, Francia e Italia, pidieron ayer a Israel retirar un proyecto de construcción de más de 4 mil viviendas en Cisjordania.

"Pedimos a las autoridades reconsiderar esta decisión", escribieron los cancilleres. Además, piden a los israelíes "no proceder a las demoliciones o a las expulsiones previstas, particularmente en Masafer Yata".

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Un grupo de desplazadosllega al centro de evacuación en Zaporiyia, Ucrania.. Imagen: AFP

Los desplazados internos por el conflicto en Ucrania ya son más de ocho millones

La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas corroboró la muerte de cerca de 3.400 civiles desde que empezó la guerra, "pero las cifras reales son mucho más altas y el gran agujero negro es Mariupol", dijo la jefa de los observadores, Matilda Bogner.

 

Una misión de observadores de la ONU sospecha que "miles de civiles" murieron en Mariupol como consecuencia de la invasión rusa, una cifra que podrán verificar cuando consigan tener acceso a esta ciudad que ha quedado ampliamente destruida. La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas corroboró la muerte de cerca de 3.400 civiles desde que empezó la guerra, "pero las cifras reales son mucho más altas y el gran agujero negro es Mariupol, donde es difícil acceder a la información", dijo la jefa de los observadores, Matilda Bogner, en una rueda de prensa en Ginebra. En paralelo, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reveló que más de ocho millones de personas han tenido que dejar sus casas y encontrar refugio en otro lugar de Ucrania debido al ataque ruso.

Miles de muertos que no fueron verificados

"En términos del país, todo lo que puedo decir es que hay miles de muertos civiles más de los que hemos podido verificar hasta ahora", declaró Bogner. La jefa de los observadores de Naciones Unidas señaló que en visitas y recorridos por 14 localidades en las regiones de Kiev y Chernigov, su equipo recolectó informaciones sobre la muerte de más de 300 hombres, mujeres y niños, en particular en zonas al norte de la capital ocupadas por tropas rusas hasta fines de marzo.

En estos lugares la misión de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, dirigida por la Alta Comisionada Michelle Bachelet, ha recopilado pruebas de asesinatos, ejecuciones sumarias, torturas y violencia sexual. "Cada muerte es una tragedia. Dependiendo de las circunstancias, la muerte de un solo civil o de alguien que no participa en los combates puede ser un crimen de guerra porque son personas protegidas por el derecho internacional", explicó Bogner.

Algunos crímenes eran selectivos, pero otros eran totalmente al azar, contra gente que transitaba en sus vehículos o intentaba cruzar una calle. También se sabe de francotiradores que disparaban contra civiles con el motivo aparente de disuadir a la gente de salir de sus casas. Sin embargo, Bogner destacó que "tomará tiempo entender toda la magnitud de lo que ha ocurrido, aunque lo que hemos visto hasta ahora ofrece una idea clara de cuáles son las preocupaciones".

"Una vez que sea lo suficientemente seguro y los investigadores puedan visitar el terreno, se espera que el número real de víctimas se ubique muy por encima del actual, incluyendo a los de la devastada ciudad portuaria de Mariupol", reiteró la observadora de Naciones Unidas. Bogner se mostró preocupada por la información recibida acerca de que las fuerzas armadas, del bando ruso y ucraniano, instalaron equipos militares cerca de escuelas en varias zonas del país.

La misión de la ONU trabaja en Ucrania desde 2014, luego del estallido del conflicto en la región oriental del Donbass, fronteriza con Rusia y alentada por este país a través de grupos separatistas a los que suministró armamento. Actualmente, la misión tiene varias oficinas en distintas localidades y 55 observadores en Ucrania, que se han desplazado para verificar y documentar la destrucción y los crímenes cometidos desde el pasado 24 de febrero, cuando se inició la guerra.

Bogner dijo que desde entonces la forma en que Rusia ha conducido las hostilidades cambió, ya que pasó de atacar inicialmente objetivos militares a bombardear áreas pobladas con el consiguiente impacto en la población. Los observadores de la ONU aseguran que no pudieron recoger directamente información en las zonas bajo control de Rusia o donde el conflicto está activo.

Ocho millones de desplazados internos

Ocho millones de personas en Ucrania se han visto forzadas a desplazarse en el interior del país, dijo este martes la OIM en la presentación de los datos actualizados del impacto de la guerra en la población. Esa cifra representa "un 24 por ciento más en comparación con las primeras cifras de desplazamiento interno publicadas el 16 de marzo", indicó el organismo, que realizó una nueva evaluación sobre el terreno entre el 17 de abril y el pasado tres de mayo.

"Las necesidades de aquellos desplazados internamente y de todos los afectados por la guerra en Ucrania crece a cada hora que pasa", afirmó el director general de la OIM, Antonio Vitorino. De los desplazados internos, un 63 por cien son mujeres y casi la mitad han dejado sus hogares en el este del país, donde está concentrada la ofensiva rusa. 

La OIM también comprobó en una serie de encuestas que dos terceras partes de los desplazados consideran que la mejor manera de ayudarlos es a través de asistencia con dinero en efectivo para comprar comida y medicamentos, frente a un 49 por ciento que prefería este tipo de ayuda al inicio de la guerra. En tanto, el hospedaje es la segunda necesidad más importante, con el 27 por ciento de los desplazados entrevistados que dijeron que sus viviendas habían sido destruidas o dañadas, mientras una de cada diez personas pidió materiales y herramientas para reparar sus hogares.

Los datos de la OIM también indican que 2,7 millones de personas han retornado a sus casas en Ucrania, de los cuales casi todos volvieron de otras áreas dentro de su misma región o de otras regiones de Ucrania, lo que indica que el número de refugiados en otros países que regresan es escaso. Desde el inicio de la guerra, este organismo de Naciones Unidas aporta ayuda directa en alimentos, artículos de higiene y atención psicológica a 320 mil personas.

Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), el número de refugiados ucranianos registrados desde que empezó la guerra, el pasado 24 de febrero, es de 5,92 millones, la gran mayoría en países vecinos. 

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Tras retomar el control de la cárcel de Bellavista, los vigilantes arrodillaron a decenas de reos en el patio del penal. Foto Afp/Ministerio del Interior de Ecuador

Se fugan 220 en el motín; recapturan a 112

Quito. Al menos 44 presos murieron y 10 resultaron heridos, la mayoría de de gravedad, tras un enfrentamiento ayer entre bandas rivales vinculadas con el narcotráfico en una cárcel de Ecuador, donde en medio de la situación 220 presos aprovecharon para fugarse.

En una actualización al final de la tarde, el ministerio del Interior detalló esas cifras en su cuenta de Twitter, mientras decenas de agentes fueron desplegados en las carreteras de acceso y salida de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, en cuya cárcel estatal se produjo el motín que comenzó en horas de la madrugada.

Un policía resultó herido, confirmaron las autoridades.

El presidente Guillermo Lasso, quien está de gira en Israel, envió su el pésame a los familiares de los fallecidos. "Este es un lamentable resultado de la violencia entre bandas", añadió en Twitter.

La refriega se desató por la madrugada en la cárcel Bellavista, en Santo Domingo, unos 80 kilómetros al suroeste de Quito, cuando la banda de Los Lobos "agrede y elimina" a unos 40 integrantes de una facción denominada R7, indicó el ministro de Interior, Patricio Carrillo, en rueda de prensa.

Las autoridades sospechan que los choques se originaron por el traslado a Bellavista de un cabecilla del grupo R7, gracias a una medida cautelar.

El líder estaba en una prisión de máxima seguridad en la costera provincia de Guayas (suroeste) tras haber protagonizado otro enfrentamiento entre Los Lobos y R7 en la cárcel de El Turi, en la andina ciudad de Cuenca, que dejó 20 muertos hace un mes, explicó Carrillo.

"No quieren rehabilitarse y lo han demostrado, son los hechos los que los definen. Lo que se vivió en el centro carcelario de la ciudad de Santo Domingo fue una crueldad", sostuvo el funcionario.

Destacó que a simple vista "se puede evidenciar que los que perdieron la vida fueron ajusticiados con arma blanca" y ofreció la ayuda del gobierno a los familiares para trasladar los cuerpos a sus sitios de origen.

En los videos que circularon en las redes sociales se veía la cárcel, aún a oscuras, y se escuchaban gritos y disparos que provenían de su interior.

Carrillo añadió que se encontraron armas de fuego, granadas y otros materiales en poder de los presos de la cárcel Bellavista.

La policía confirmó que tras la intervención de grupos tácticos y de asalto el centro de reclusión quedó nuevamente bajo el control de las autoridades, en especial el pabellón de máxima seguridad, donde ocurrieron los hechos.

En un patio decenas de reclusos eran obligados a arrodillarse con las manos en la cabeza bajo la mirada de los uniformados, durante una operación para retomar el control del penal, se vio en imágenes difundidas por las autoridades.

De los 220 fugados, 112 fueron recapturados por los uniformados en las afueras de la prisión.

Con este último episodio sangriento, las prisiones ecuatorianas suman casi 400 reclusos muertos brutalmente en seis matanzas desde febrero de 2021, en medio de una ola violenta que el gobierno atribuye al enfrentamiento de grupos vinculados al narcotráfico.

En los últimos años las cárceles de Ecuador se han convertido en escenario de violentos ataques entre reclusos, principalmente debido a disputas entre bandas relacionadas con el narcotráfico y rutas de exportación de droga presuntamente vinculadas con cárteles mexicanos. El último de estos motines, que dejó 20 fallecidos, se registró a inicios de abril.

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Norma McCorvey (izq.), quien fue Jane Roe en el caso Roe v. Wade de 1973, con su abogada, Gloria Allred, en 1989.

El equilibrio de poderes entre Washington y los Estados se ve amenazado en EE.UU., donde la ultraderecha religiosa se ha unido a la élite conservadora para poner límites a unas libertades civiles que tachan de libertinaje

 

De los tres poderes –Ejecutivo, la espada; Legislativo; la cartera; y Judicial, los jueces–, el encargado de administrar justicia nació como el hijo tonto de la joven democracia estadounidense. Alexander Hamilton ya lo advirtió a primera hora: “el [poder] judicial carece de influencia sobre la espada o la cartera. No tiene capacidad de acción sobre la fuerza o sobre la riqueza de la sociedad, por lo que no puede actuar decididamente sobre ningún asunto de importancia”. Es decir: no puede imponer sus decisiones. Corría el año de 1789.

La vista del número uno de la First St NE de Washington D.C. es imponente: primero la escalinata flanqueada por dos estatuas: a la izquierda una mujer, Contemplation of Justice; a la derecha, una figura masculina, The Guardian or the Authority of Law, también llamado The Executor of Law, ambas obras de James Earle Fraser. Después, las dieciséis columnas corintias que sostienen el frontón; y finalmente impresas sobre el arquitrabe, cinco palabras: Equal Justice Under the Law. El Tribunal Supremo de Estados Unidos (SCOTUS en sus siglas en inglés) ocupa este impresionante edificio desde 1935, 146 años después de que fuera establecido como máxima autoridad judicial de la nación mediante la ratificación de la Constitución de los Estados Unidos en 1789. 

Hasta 1935, la historia de SCOTUS es singular y accidentada: desde constituirse en una especie de consejo de sabios nómada, atendiendo casos de ciudad en ciudad en los primeros años de la nueva nación, hasta la oscuridad de los sótanos del Capitolio, pasando por breves periodos en Nueva York o Filadelfia. Su originario papel secundario y sus más de doscientos años de historia son la lucha continuada por consolidar su poder sobre la tierra; esto es: constituirse en the law of the land, el último órgano de decisión, no solo capaz de decir qué es constitucional sino de imponerse sobre sus hermanos. 

Primer acto: SCOTUS 1-mujeres 0. La sede de SCOTUS, también llamada El palacio de mármol, se levanta sobre el solar que ocupaba el Old Brick Capitol, histórico cuartel hasta 1929 del National Woman’s Party –la compró el Gobierno federal a insistencia del expresidente William Howard Taft, en ese momento primer magistrado del Alto Tribunal–, el partido que abogó incansablemente por el sufragio femenino en EE.UU. hasta su consecución en 1920 (Enmienda 19 de la Constitución) y que, desde entonces, se entregó a las luchas por los derechos civiles desde su feminismo militante. Fue una compra, sí. Pero digamos que aquellas primeras feministas fueron invitadas a abandonar su casa. Las ironías de la historia.

Segundo acto: SCOTUS 0-mujeres 1. 1973, Roe v. Wade. La archiconocida sentencia por la que el máximo órgano judicial estadounidense declaraba inconstitucional cualquier restricción al acceso de la mujer a la posibilidad de abortar en condiciones sanitarias adecuadas y de forma legal. La argumentación sobre la que se basaba Roe contra Wade poco tenía que ver con la moral y mucho menos con la biología (ambos pilares que sostienen las posiciones de los autodenominados pro-vida): se trataba única y exclusivamente de salvaguardar el “derecho a la intimidad” de cada persona en relación a una de las cláusulas de la 14º Enmienda de la Constitución. Es decir: el gobierno (ninguno) no es quien para decidir qué puede hacer cada uno con su cuerpo. Ese uno era una mujer, Norma McCorvey, la camarera de Texas que se escondía bajo el pseudónimo de Jane Roe, quien tras quedarse embarazada de su tercer hijo en 1969 quiso abortar. El problema era que en Texas, donde residía, el aborto era ilegal salvo riesgo para la vida de la madre. No era la primera vez, pero sí una de las más importantes en las que SCOTUS volvía a poner de manifiesto la fuente de su poder: la confirmación del concepto de judicial review del que emana su supremacía judicial. En resumen: la decisión sobre un caso específico se aplica y afecta a todos los demás casos semejantes en cualquier lugar del país. Una vez más, SCOTUS marcaba la única distancia posible entre el suelo y el techo de la casa común estadounidense. 

En realidad, Roe contra Wade fue el canto del cisne de una época que en 1969 estaba a punto de cerrarse con la llegada de Nixon a la presidencia: la gran expansión de los Derechos Civiles iniciada una década antes y que había sido consecuencia de la madre de todas las batallas en EE.UU.: el enfrentamiento entre la Casa Blanca (con o sin el Capitolio) y SCOTUS, es decir, la espada contra la toga. Una batalla ganada por los liberales, cuyo punto culminante habían sido las grandes sentencias en favor de los Derechos Civiles auspiciadas bajo un Tribunal (la llamada Warren Court Era) que había empezado a perfilarse bajo la presidencia de Franklin Delano Roosevelt. En la mente del Partido Republicano solo era cuestión de tiempo, de paciencia. Y de colocar en la Casa Blanca al hombre adecuado. La derecha y la ultraderecha estadounidense habían entendido por fin que la política de un país no se cambia tanto en el Capitolio como desde la sala noble del Palacio de Mármol.

Por eso no es casualidad que este tercer acto empiece precisamente por Roe contra Wade. La filtración del borrador publicado en la noche del pasado lunes por el diario Politicoy firmada por el juez Samuel Alito (conservador) reflejaba una opinión predominante de cinco de los nueve magistrados que integran la Corte a favor de la revocación del derecho a la interrupción del embarazo. Hacía meses que había sospechas de que esto ocurriría, no es ningún secreto que el propio tribunal vive tiempos convulsos con acusaciones de corrupción sobre algunos de sus miembros y enemistades personales entre otros. Incluso la pandemia y su politización ha sido motivo de discordia entre el grupo patricios togados: algunos de los jueces más jóvenes y conservadores se han mostrado reticentes a ponerse mascarillas en las reuniones con sus compañeros más veteranos.

La única sorpresa aquí ha sido que la bomba explotara vía filtración, acto sin precedentes en la historia de la institución y que ha desatado una caza de brujas con los ojos puestos en los magistrados liberales y, especialmente, su staff. El martes, el presidente de la Corte Suprema, el conservador –fue nombrado por George W. Bush, y últimamente se posiciona con sus compañeros más progresistas, lo que indica hacia dónde se ha movido el tribunal en los últimos cuatro años– John Roberts confirmó el contenido del documento de 98 páginas conocido el lunes, aunque señaló que se trataba de un “primer borrador”. Hay que indicar que la filtración en sí no es delito, pero si se descubre a su autor supondría el final de su carrera, amén de otro tipo de actos disciplinarios. 

El texto no deja lugar a dudas: según el voto privado emitido el pasado febrero, la mayoría conservadora cree necesario derogar el precedente sentado por la sentencia de 1973 (y confirmado en el caso Planned Parenthood contra Casey, de 1992): “[La sentencia de] Roe estaba terriblemente equivocada desde el principio”, escribe Alito, para el que “su motivación fue excepcionalmente endeble y aquella decisión ha tenido consecuencias perjudiciales. Lejos de lograr un consenso nacional en torno al tema del aborto, Roe y Casey atizaron el debate y profundizaron en la división”. Decenas de personas se han concentrado a las puertas del edificio del Alto Tribunal desde la publicación del borrador para protestar. Según un estudio reciente del Pew Research Center, seis de cada diez estadounidenses creen que el aborto debería ser legal en todas o casi todas las circunstancias, mientras que un 54% se manifiesta contrario a la derogación de Roe contra Wade.

“La Constitución no hace ninguna referencia al aborto, y ningún derecho de este tipo está protegido implícitamente por ninguna disposición constitucional”, argumenta Alito en una posición que secundan los magistrados Clarence Thomas, Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch, estos tres últimos nombrados durante la presidencia de Donald Trump. El fallo definitivo no se espera hasta finales de junio o principios de julio. La mayoría conservadora, seis contra tres, hace poco probable un cambio en la argumentación de la misma.

Una aclaración: si finalmente Roe contra Wade es revocada, eso no significa que el aborto se vuelva ilegal en EE.UU.. Solo que el poder de decisión tornará a los Estados y, por tanto, los más conservadores ya no tendrán obstáculo federal para prohibirlo en su territorio. La distancia entre las dos Américas, una liberal y otra conservadora, se agrandará todavía más.

El GOP y Trump, historia de un amor de conveniencia

Para entender un poco el origen de lo que está ocurriendo hay que irse al último año de legislatura de Obama. A un año de las elecciones, Obama pretendió llenar la vacante dejada por el fallecimiento del juez Anthony Scalia con el moderado Merrick Garland (hoy Fiscal General de Joe Biden). El entonces líder del GOP en el Senado, Mitch McConnell se negó incluso a reunirse con Garland y bloqueó cualquier intento de nominación durante 293 días. El tiempo justo para que Donald Trump se hiciera con la presidencia de EE.UU..

Con Trump en la Casa Blanca, fue el ultraconservador Neil Gorsuch quien ocuparía la vacante de Scalia en el Alto Tribunal. No sería el único. En solo cuatro años, Trump colocaría dos jueces conservadores más: Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. Los tres en la cincuentena, para una posición que, recordemos, es vitalicia salvo renuncia voluntaria –es el caso de Stephen Breyer cuyo asiento será ocupado por la jueza Ketanji Brown Jackson (51 años) en algún momento de este verano y confirmada por el Senado a propuesta del presidente Biden el pasado 7 de abril. 

Aquel fue el verdadero legado de Trump, un presidente que para hacerse con el poder en el GOP se alió con el ala más conservadora del movimiento republicano estadounidense, la misma que llevaba décadas esperando la oportunidad para asaltar SCOTUS. Un quid pro quo necesario para iniciar la estrategia de demolición de lo conseguido desde la década de los Derechos Civiles. En definitiva, una partida de póker en la que en Estados Unidos siempre se apuesta en una doble vertiente. Por un lado, a medida que crece el poder de SCOTUS decrece el de la Casa Blanca, y viceversa. Por el otro, a medida que decrece el poder del Gobierno federal, crece el de los Estados; también y viceversa. 

Y aquí estamos otra vez: “Es hora de hacer caso a la norma fundamental y devolver el tema a los representantes elegidos por el pueblo”, sentencia el borrador de Alito, en una clara referencia a los gobiernos estatales. En la práctica, la derogación de Roe contra Wade supondría la libertad de los Estados para decidir sobre los derechos reproductivos de 166 millones de mujeres. Insisto, el GOP lleva décadas fraguando esto, y la derrota de Trump hace dos años simplemente potenció el cambio de paradigma en los estados controlados por los republicanos donde sus gobernadores han preparado leyes restrictivas que entrarán en vigor inmediatamente.

Dos países y una puerta hacia el abismo

Hay un país azul demócrata a punto de convertirse en santuario de los derechos de las mujeres y preparándose para acoger una ola de turismo reproductivo. Hay otro rojo republicano, en el que más de una veintena de estados aguardan la confirmación de lo filtrado esta semana. Estados como Oklahoma, cuya Cámara de Representantes aprobó la semana pasada una estricta norma que prohíbe las intervenciones después de la sexta semana de gestación, antes incluso de que la mayoría de las mujeres sepan de su embarazo. O Texas, siempre a la vanguardia de la reacción y no solo en el ámbito sanitario, cuya nueva legislación, promulgada en septiembre y conocida como la “Ley del latido”, propone la persecución de los ciudadanos particulares que ayuden a una persona a poner fin a un embarazo no deseado. Se trataría de una puerta hacia un abismo: según sea interpretada la norma, un taxista que lleve a una mujer a una clínica abortiva, aunque sea en otro Estado, podría ser perseguido judicialmente con penas de hasta 10 años de prisión. Tras Texas y Oklahoma, Florida, Ohio y otros Estados del sur anuncian su intención de convertirse en “santuarios de la vida”. 

Este abismo no tendría por qué circunscribirse a las cuestiones reproductivas. Por ejemplo: en Lawrence contra Texas (2003), SCOTUS usó el mismo argumento de Roe contra Wade (derecho a la privacidad) para determinar que era inconstitucional castigar a las personas por cometer sodomía. Obergefell contra Hodges (2015), que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo y utilizó el derecho a la privacidad y la cláusula de igual protección para hacerlo. Esto podría abrir la puerta para que un Estado trate de desafiar las leyes de matrimonio entre personas del mismo sexo y las distintas legislaciones en relación a la comunidad LGTBQ, que ya están en el punto de mira de los legisladores republicanos. De nuevo Texas, donde se ha llegado a plantear la posibilidad de poner a cargo de las autoridades a los niños trans si estos son apoyados por sus padres en su proceso de transición. Pero hay más: Griswold contra Connecticut (1965), que protege la capacidad de los matrimonios para comprar anticonceptivos sin restricciones gubernamentales. No se trata solo del aborto. O Meyer contra Nebraska (1923), que permite que las familias decidan si quieren que sus hijos aprendan un idioma que no sea inglés. Esto podría abrir la puerta para que Estados antinmigración intenten prohibir el aprendizaje de otros idiomas que no sean el inglés en las escuelas públicas. Incluso, la obligación estatal de ofrecer un sistema público de enseñanza (Plyler contra Doe, 1982), como ha anunciado que va a estudiar el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott. La educación pública nunca ha dejado de estar en el punto de mira republicano. 

También Skinner contra Oklahoma (1942), el fallo que declaró inconstitucional la esterilización forzosa de personas (se hizo con miles de mujeres afroamericanas). Hay quien ha señalado estos días que la caída de Roe contra Wade podría abrir la puerta para que algunos Estados determinaran la esterilización de delincuentes, personas discapacitadas o minorías de todo tipo. Sin duda, también el derecho al voto en un momento en el que en muchos Estados republicanos están aprobándose legislaciones encaminadas a restringir o dificultar el sufragio y que tienen a minorías raciales como principal objetivo.

En el origen de todo está la condición del juez Alito como ‘originalista’ constitucional. Con ese término se conoce a los magistrados que defienden que la Constitución debe interpretarse tal y como fue pensada por sus creadores hace más de dos siglos. Originalistas son también los jueces Thomas, Barrett, Gorsuch e, incluso, Kavanaugh también son originalistas. Los tres nominados por Trump.

Biden contra la Corte Suprema 

Muchos dicen que los senadores son los patricios del imperio americano. No es del todo cierto. Son los miembros de la Corte Suprema, depositarios de un poder casi omnipotente y sin aparente fecha de caducidad. Una situación sin paralelismo en ninguna otra democracia occidental.

El número de asientos en el Alto Tribunal permanece inalterado desde la presidencia de Ulysses S. Grant (1864-1865), y ante la herencia de Trump, no pocas voces llevan defendiendo la idea de que ha llegado el momento de ir a una nueva guerra contra la máxima institución judicial del país. En política estadounidense esto se conoce como Court Packing: que un presidente trate de incrementar –a veces reducir– el número de jueces del Supremo para lograr un tribunal con cierto equilibrio ideológico. En la práctica lo que se busca es una Corte más alineada con la Casa Blanca o el mismo Capitolio. En 1801, John Adams redujo el número de miembros de seis a cinco para evitar que su sucesor, Thomas Jefferson, pudiera nombrar a su propio magistrado. Poco después, el Congreso incrementó de cinco a siete el número de asientos. Andrew Jackson sumó dos más hasta conformar un Tribunal con nueve sillas. Más tarde, Lincoln añadiría una más; mientras que su sucesor, Andrew Johnson, volvería a reducir la alineación a siete, hasta que el mencionado Grant conformara los nueve actuales. 

La posibilidad de sumar nuevos jueces al actual SCOTUS, es algo que cuenta con la oposición frontal del GOP, muy cómodo con la situación actual, mientras que tampoco se ve claro en los círculos de poder más cercanos al presidente. No tanto por su problemática, es completamente legal y hay precedentes, sino porque supondría que la Administración Biden abriera un nuevo frente de batalla –sin cuartel y a todos los niveles, Partido Demócrata incluido–, y con la cita electoral de las elecciones de medio mandato –legislativas– el próximo noviembre. 

El enfrentamiento más sonado entre SCOTUS y la Casa Blanca data de 1933. EE.UU. vivía inmerso en la Gran Depresión y el entonces presidente, Franklin Delano Roosevelt, puso encima de la mesa su primer New Deal, la mayor expansión del Gobierno Federal de la historia de EE.UU. hasta la fecha. Su agenda populista(como fue calificada entonces, algunos dirían hoy socialista) chocó con la oposición frontal de un Tribunal muy conservador y receloso de un poder de Washington en expansión a costa del de los Estados. Todas las iniciativas contenidas en aquel primer New Deal fueron tumbadas por los togados, una tras otra. SCOTUS acababa de mudarse a su nueva y flamante sede y, en 1935, en un editorial publicado por The New Yorker se podía leer: “el nuevo edificio [de SCOTUS] dispone de unas grandes y maravillosas ventanas desde las que arrojar el New Deal”. 

Franklin Delano Roosevelt decidió cambiar de estrategia y reescribir las reglas del juego: amenazó con nominar un nuevo juez por cada miembro mayor de 70 años que se negara a retirarse. Esto suponía añadir seis nuevos magistrados hasta un total de quince. Todos ellos, claro, receptivos, cuando no directamente favorables, a las políticas del presidente. No fue necesario. El Alto Tribunal aflojó, y para 1937 un segundo paquete del New Deal pasó el dictamen de SCOTUS. Fruto de aquella victoria, los ciudadanos de EE.UU. contaron por vez primera con salario mínimo federal, seguridad social (nada que ver con la española) o el derecho de los trabajadores a formar sindicatos. En los siguientes dos años, la mayor parte de los jueces más conservadores optó por retirarse y Roosevelt fue sustituyéndolos. Un nuevo SCOTUS se centraría desde entonces en el ámbito de los llamados “derechos individuales”, un rincón al que nadie había hecho demasiado caso desde el punto de vista constitucional. Este sería el germen de lo que se consumaría en los años sesenta, y cuyas bases comenzaron a asentarse en 1952 con la sentencia de Brown contra Board of Education, que supuso el inicio del fin de la segregación racial en el sistema educativo y, por extensión, en todo el país. 

El problema hoy es que Biden no es Roosevelt, y sí un presidente mucho más débil, con un partido más dividido y una oposición mucho más escorada hacia la derecha. 

No se trata del aborto, insisto. Se trata, una vez más, de derechos civiles y en último término del equilibrio de poderes entre Washington y los Estados. Un sector de la sociedad estadounidense, la ultraderecha religiosa, ha unido sus fuerzas a la élite más conservadora y libertaria a nivel económico, y ha decidido que ya basta. Que hay que poner orden en unas libertades civiles que tachan de libertinaje, contrarias incluso al modo de vida americano. El derecho al aborto es el primer asalto. 

McCorvey, la Jane Roe original, no pudo beneficiarse de su lucha: fue madre de una niña en junio de 1970 que acabaría dando en adopción. Se convirtió, sin quererlo, en un símbolo de la lucha por los derechos reproductivos de las mujeres en Estados Unidos. Con posterioridad cambió de idea, y se convirtió en una convencida antiabortista. Ello no impidió que su caso garantizase constitucionalmente el derecho a interrumpir un embarazo hasta la semana número 23, en la que se fija la viabilidad del feto, y el derecho de millones de mujeres a decidir sobre su propio cuerpo en condiciones de legalidad y salubridad. 

“En muchas otras ocasiones, este Tribunal ha anulado importantes decisiones constitucionales…”, dice el texto de Alito. “Sin esas decisiones, la ley constitucional estadounidense tal y como la conocemos sería irreconocible, y este sería un país diferente”. Lo que nadie podría sospechar es que el país podría regresar en 2022 a un tiempo en el que una mujer debía cambiar de Estado o jugarse la vida y la libertad en la clandestinidad si decidía no ser madre.

Por Diego E. Barros 8/05/2022

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En Moscú, el Ministerio de Defensa ruso llevó a cabo los ensayos preliminares del tradicional desfile militar del 9 de mayo, en el que se recuerda la victoria sobre la Alemania nazi en 1945.Foto Afp

Washington. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, cree que no puede darse el lujo de perder en Ucrania y está doblando su apuesta en la guerra, pero no muestra signos de planear el uso de armas nucleares tácticas, comentó ayer Bill Burns, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, siglas en inglés).

A pesar del fracaso de las fuerzas rusas en capturar Kiev y sus dificultades en los principales frentes en la región sureste del Donbás, el líder ruso persiste en su opinión de que sus tropas pueden derrotar a las de Ucrania, afirmó Burns, a pesar de derrotas clave en el campo de batalla, afirmó el jefe del espionaje estadunidense en una conferencia del diario Financial Times. Creo que tiene un estado de ánimo en el que no cree que pueda darse el lujo de perder.

De acuerdo con Burns, Putin está preocupado desde hace años por Ucrania, que fuera parte de la Unión Soviética, en una “combinación ‘inflamable’ de agravio, ambición e inseguridad”.

Apostó mucho por sus decisiones para lanzar esta invasión. Creo que en este momento está convencido de que redoblar su esfuerzo le permitirá progresar.

Burns, ex embajador de Estados Unidos en Rusia que estudió a Putin, afirmó que ni la CIA ni otras agencias de inteligencia occidentales ven señales de que Moscú esté preparado para desplegar armas nucleares tácticas para obtener una victoria en Ucrania o atacar a los partidarios de Kiev.

El Kremlin puso sus fuerzas nucleares en alerta máxima poco después de lanzar la ofensiva el 24 de febrero. Desde entonces, Putin ha hecho amenazas apenas veladas que insinúan su voluntad de desplegar arsenal nuclear táctico si Occidente interviene directamente en el conflicto de Ucrania.

No vemos, desde el punto de vista de la comunidad de inteligencia, evidencia práctica en este punto de la planificación rusa para el despliegue o incluso el uso potencial de armas nucleares tácticas, señaló el director.

Burns no ofreció ninguna evaluación de la situación actual en el campo de batalla, pero sostuvo que China, país al que Washington ahora ve como su principal adversario, estudia de cerca las lecciones de la guerra y lo que significa para sus planes de tomar el control de Taiwán.

El presidente chino, Xi Jinping, sigue pensando en incorporar Taiwán, por la fuerza si es necesario, afirmó Burns. Pero Pekín se ha sorprendido por el mal desempeño de las fuerzas militares rusas, así como por la dura resistencia de la sociedad ucrania y el fuerte apoyo que Occidente ha brindado a Kiev, añadió el número uno de la CIA. La experiencia rusa en Ucrania probablemente esté afectando el cálculo de China sobre cómo y cuándo intentará hacerse con la isla, que considera una provincia renegada.

El secretario de Estado estadunidense, Antony Blinken, acusó a Putin, de efectuar un ejercicio de manipulación histórica para justificar lo que describió como la brutal guerra que el mandatario ha emprendido contra Ucrania sin mediar provocación.

En un mensaje emitido con motivo del aniversario de la victoria aliada contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial, Blinken pidió a la comunidad internacional que “se resista ante aquellos que persiguen manipular la memoria histórica para alcanzar sus propias ambiciones. El presidente Putin intenta tergiversar la historia para intentar justificar su guerra brutal contra Ucrania, en la cual no medió provocación, señaló.

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Viernes, 06 Mayo 2022 05:47

Detrás del cartel

Detrás del cartel

Cómo las empresas estadounidenses financian la prohibición del aborto

Estados Unidos está a pocos días de perder su histórica protección federal al derecho al aborto legal. Detrás de la retórica feminista de sus megaempresas se esconde el dinero que estas compañías destinan a los políticos ultraconservadores.

Un borrador interno de la Corte Suprema de Estados Unidos, publicado por Politico el lunes 2, indica que el máximo tribunal anularía la jurisprudencia sentada por el célebre caso Roe versus Wade, lo que eliminará las protecciones constitucionales para el aborto legal, que han estado vigentes en ese país durante 48 años. «La sentencia de Roe versus Wade estaba terriblemente equivocada desde un comienzo», escribe en el borrador filtrado el juez Samuel Alito. Según los informes, la posición de Alito cuenta con el apoyo de otros cuatro jueces conservadores del tribunal. El grupo incluye a tres jueces designados recientemente por el expresidente Donald Trump: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett.

Es técnicamente posible que uno o más de estos jueces cambien de opinión antes de que se publique oficialmente la decisión. Pero parece muy probable que las protecciones federales para el aborto legal se evaporen en unas semanas. Dieciocho estados estadounidenses ya tienen preparadas leyes que en la práctica prohibirán el aborto en todos los casos tan pronto como Roe sea revocado (aunque algunos de estos estados tienen excepciones por violación, incesto o la vida de la madre). Otros cuatro estados prohibirán el aborto después de las seis semanas: antes, incluso, de que muchas mujeres sepan que están embarazadas.

Las fuerzas contrarias al aborto legal han estado presionando para lograr este resultado desde el momento mismo en que se zanjó el caso Roe versus Wade, en 1973. Pero el esfuerzo ha cobrado un impulso significativo desde 2016, con la elección de Trump. Requirió de la acumulación y el ejercicio de poder tanto a escala federal como estatal, con tres objetivos claros.

  1. EL CONTROL REPUBLICANO DEL SENADO

Después de que el juez de la Corte Suprema Antonin Scalia muriera en febrero de 2016, el líder de la mayoría en la Cámara Alta, Mitch McConnell, republicano por Kentucky, se negó a permitir que el Senado considerara siquiera el candidato a reemplazar a Scalia, elegido por el entonces presidente, Barack Obama, a pesar de que a Obama le quedaba casi un año de mandato. Sin embargo, después de que Trump fuera elegido en 2016, McConnell modificó las reglas obstruccionistas de la cámara para aprobar la nominación de Gorsuch y Kavanaugh, y, aunque la magistrada progresista Ruth Bader Ginsburg murió pocas semanas antes de que Trump perdiera su reelección, McConnell forzó la nominación de la ultraconservadora Coney Barrett como reemplazo de Bader Ginsburg. Lo cierto es que ninguna de estas nominaciones hubiera sido posible sin el control republicano del Senado, y el grupo más importante involucrado en asesorar y financiar la elección de candidatos republicanos para ese órgano es el Comité Senatorial Republicano Nacional (NRSC, por sus siglas en inglés).

  1. EL CONTROL REPUBLICANO DE LAS LEGISLATURAS ESTATALES

Animadas por este nombramiento en la Corte Suprema de magistrados que eran abiertamente hostiles a la jurisprudencia sentada por Roe versus Wade, las legislaturas estatales controladas por políticos contrarios al aborto legal se dedicaron a aprobar prohibiciones a nivel estatal. El grupo más importante involucrado en asesorar y financiar la elección de candidatos republicanos para las legislaturas estatales es el Comité de Liderazgo Estatal Republicano (RSLC, por sus siglas en inglés).

  1. EL CONTROL REPUBLICANO DE LAS GOBERNACIONES

No es suficiente que las legislaturas estatales aprueben la prohibición del aborto. Necesitan un gobernador contrario al aborto legal que convierta esas prohibiciones en ley. El grupo más importante involucrado en asesorar y financiar la elección de candidatos republicanos para las legislaturas estatales es la Asociación de Gobernadores Republicanos (RGA, por sus siglas en inglés).

Acumular tanto poder no es fácil y, en Estados Unidos, es tremendamente caro. Pero las fuerzas contrarias al aborto legal tuvieron un aliado fundamental: las grandes empresas. Un análisis de Popular Information sobre donaciones políticas corporativas encontró que 13 empresas importantes han donado más de 15 millones de dólares al NRSC, el RSLC y la RGA desde 2016.

Esta cifra es apenas una pequeñísima muestra del papel que las grandes empresas estadounidenses han desempeñado para poner fin a las protecciones constitucionales al derecho al aborto. Primero, solo incluye a 13 grandes compañías e, incluso dentro de ese reducido grupo, no incluye las contribuciones PAC (sigla de Comité de Acción Política, en español), que se donan directamente a las campañas individuales de los políticos. No incluye tampoco dinero donado al NRSC, el RSLC y la RGA por cámaras empresariales. También excluye el apoyo empresarial a organizaciones sin fines de lucro contrarias al aborto legal, como la Heritage Foundation y la Federalist Society, porque esas contribuciones no están obligadas por la ley a ser de naturaleza pública.

Pero esta cifra limitada deja en claro el papel central del dinero de las grandes empresas en la reversión inminente de Roe versus Wade, incluido el dinero de muchas corporaciones que dicen ser campeonas de los derechos y la igualdad de las mujeres, como las que aparecen en la siguiente lista.

Amazon: El CEO de Amazon, Andy Jassy, afirma que la compañía promueve «la igualdad de género y el empoderamiento en el lugar de trabajo, el mercado y las comunidades». El lunes, Amazon anunció que «pagará anualmente [a sus empleados] hasta 4 mil dólares en gastos de viaje por tratamientos médicos que no impliquen riesgo de vida, incluidos abortos». La asignación se aplicará «si una operación no está disponible en un radio de 160 quilómetros de la casa de un empleado». Pero desde 2016, Amazon ha donado 974.718 dólares a comités políticos contrarios al aborto legal, incluidos 75 mil al NRSC, 789.718 a la RGA y 110 mil al RSLC.

AT&T: En el Informe de Diversidad, Igualdad e Inclusión 2020 de AT&T, su CEO, John Stankey, dijo que uno de los «valores centrales» de la compañía es «la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres». El 26 de agosto, AT&T celebró el Día de la Igualdad de la Mujer, diciendo que era «un día para reflexionar sobre los muchos desafíos que aún enfrentan las mujeres en nuestra sociedad para lograr la equidad». La compañía dijo públicamente que «las mujeres empoderadas son claves para el éxito de sus comunidades». Pero, desde 2016, AT&T ha donado 1.472.827 dólares a comités políticos contrarios al aborto legal, incluidos 330 mil al NRSC, 984.827 a la RGA y 158 mil al RSLC. AT&T también ha sido uno de los principales donantes PAC de políticos estatales individuales que impulsan la prohibición del aborto.

Citi: La compañía financiera dice que «está tomando medidas para promover la equidad de género dentro de sus oficinas y en las comunidades de todo el mundo». En un informe de 2017, Citi dijo que uno de los obstáculos que frenan a las mujeres en la economía son las «restricciones a sus derechos reproductivos». La compañía dice querer crear un mundo donde «los derechos de las mujeres sean reconocidos y las mujeres estén empoderadas para ser participantes libres e iguales en una economía global robusta, sostenible e inclusiva». En marzo, Citi anunció que «cubriría los costos de viaje de los miembros del personal radicado en Estados Unidos que tienen que viajar fuera de su estado de origen para practicarse un aborto». Pero, desde 2016, Citi ha donado 685 mil dólares a comités políticos contrarios al aborto legal, incluidos 90 mil al NRSC y 595 mil al RSLC.

Coca-Cola: La empresa dice que «existe evidencia abrumadora de que lograr la igualdad y el empoderamiento de las mujeres tiene amplios efectos buenos para la sociedad». Pero, desde 2016, Coca-Cola ha donado 2.624.000 dólares a comités políticos contrarios al aborto legal, incluidos 105 mil al NRSC, 2.325.000 a la RGA y 194 mil al RSLC.

Google: «Luchamos por un futuro donde haya equidad en todo el mundo, igualdad de oportunidades para el éxito en todos los campos y donde las mujeres estén seguras tanto online como en el mundo físico», ha dicho la compañía. El 8 de marzo, Google tuiteó que está «trabajando para ayudar a las mujeres a priorizar sus necesidades, poniendo énfasis en su seguridad y salud, creando oportunidades equitativas y celebrando sus logros». Pero, desde 2016, Google ha donado 525.702 dólares a comités políticos contrarios al aborto legal, incluidos 195 mil al RSLC, 225.702 a la RGA y 105 mil al NRSC.

Walmart: La cadena de retail dice estar comprometida «a celebrar, desarrollar y animar a las mujeres de todo el mundo, tanto dentro de la empresa como en las comunidades a las que esta sirve». En 2019, la compañía tuiteó que «empoderar a las mujeres crea valor compartido: es bueno para la sociedad y es bueno para los negocios». Pero, desde 2016, Walmart ha donado 1.140.000 dólares a comités políticos contrarios al aborto legal, incluidos 755 mil a la RGA, 195 mil al NRSC y 190 mil al RSLC.

Otros grandes contribuyentes a comités partidarios contrarios al aborto legal incluyen a General Motors (2.405.900), Comcast (1.869.604), CVS (1.380.000), Verizon (901.150), Walgreens (496.700), Wells Fargo (471.800) y T-Mobile (343.400).

Por Judd LegumRebecca Crosby
6 mayo, 2022

(Publicado originalmente en Popular Information. Traducción de Brecha.)

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Mueren un palestino y un guardia israelí en nuevos enfrentamientos en Cisjordania

En la Explanada de las Mezquitas, 57 musulmanes heridos; temen que el conflicto se recrudezca

Cisjordania. Un guardia israelí y un joven palestino murieron en hechos separados registrados entre la noche de ayer y la madrugada de hoy en Cisjordania ocupada, informaron fuentes de ambas partes.

En el primer incidente, un guardia estacionado en la entrada de la colonia cisjordana de Ariel murió tras ser blanco de disparos por parte de dos asaltantes que se dieron a la fuga en auto, indicaron el ejército y socorristas israelíes. Mientras el palestino de unos 20 años fue alcanzado en el pecho "por una bala viva" durante una operación del ejército israelí en la ciudad de Azzun, señaló el ministerio palestino.

Además, al menos 57 fieles musulmanes resultaron heridos ayer en enfrentamientos con la policía israelí en el recinto de la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén, informaron fuentes médicas, mientras persiste la violencia durante el mes sagrado musulmán del Ramadán en un lugar también venerado por los judíos en la Explanada de las Mezquitas.

La policía israelí reportó que sus fuerzas intervinieron cuando cientos de personas empezaron a lanzar piedras y fuegos artificiales y se acercaron al Muro de los Lamentos, donde se celebraba un culto judío. Una oficial resultó herida por una piedra y un árbol fue incendiado por los fuegos artificiales, indicó la fuerza pública.

Testigos de Reuters dijeron que los uniformados de Tel Aviv entraron en el recinto después de las oraciones de la mañana del Ramadán y dispararon balas de goma y granadas aturdidoras contra una multitud de unos 200 palestinos, algunos de los cuales estaban lanzando piedras. Los uniformados también utilizaron un dron para lanzar gas lacrimógeno.

El aumento de la violencia ha hecho temer un recrudecimiento en un conflicto más amplio como la guerra del año pasado entre Israel y el movimiento palestino Hamas, que gobiernan la franja de Gaza.

Los combatientes "tienen los dedos en los gatillos de los rifles y defenderemos la mezquita de Al-Aqsa con todas nuestras fuerzas", expresó el funcionario del grupo Hamas, Mushir al-Masri, durante un mitin en el norte de Gaza.

Desde marzo, las fuerzas israelíes han matado al menos a 29 palestinos en redadas en la ocupada Cisjordania y otras 14 personas han muerto en ataques callejeros árabes dentro de Israel, según los médicos. A lo largo de las recientes dos semanas, unos 300 palestinos han resultado heridos en enfrentamientos con tropas de Tel Aviv en este lugar de la Ciudad Vieja de Jerusalén.

En tanto, miles participaron ayer en manifestaciones en Teherán, capital de Irán, para conmemorar el Día de Jerusalén, una fecha que según Irán es una ocasión para mostrar apoyo a los palestinos.

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El misil balístico intercontinental de propulsión nuclear Satan-2. — Ministerio de Defensa ruso / Reuters

La tensión entre Occidente y Rusia aumenta las amenazas del eventual uso por parte de Moscú de armas nucleares para conseguir sus objetivos en la invasión del país vecino. Pero, ¿son creíbles las advertencias rusas sobre un conflicto nuclear en Europa? ¿O quizá forma parte de la retórica de Moscú para detener el imparable apoyo exterior a Ucrania?

 

La ofensiva rusa en el este de Ucrania se ha acelerado en esta última semana, cuando se han cumplido ya dos meses desde el comienzo de la invasión y se acerca la fecha simbólica del 9 de mayo. Esa jornada, Rusia celebra el Día de la Victoria sobre el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial y en Moscú se apuntaba como un posible hito en la guerra contra Ucrania, con algún importante anuncio triunfal por parte del presidente Vladímir Putin en la Plaza Roja. Sin embargo, y aunque el avance ruso continúa en la zona del Donbás y el sur ucraniano, los miles de millones de dólares añadidos por Estados Unidos a la ayuda militar a Ucrania y el anuncio del envío de carros de combate con capacidad antiaérea y de artillería pesada por Alemania y otros países auguran una guerra aún larga y un mayor desgaste que quizá sea imposible de asumir por el ejército ruso.

Esta semana, Rusia realizó con éxito la prueba de un misil balístico RS-28 Sarmat, también conocido en la terminología de la OTAN como Satán 2. El misil fue disparado desde el cosmódromo de Plesetsk, a orillas del Mar Blanco, e impactó en un blanco del polígono militar de Kura, en Kamchatka, este de Rusia y a más de 6.000 kilómetros. Este misil intercontinental, capaz de portar hasta quince ojivas nucleares, fue presentado por Putin hace cuatro años como una de las armas más poderosas del arsenal ruso, capaz de destruir un objetivo en cualquier punto del planeta.

Si bien la prueba con éxito del Satán 2 sube muchos grados la tensión en un mundo en el que los acuerdos regulares de contención atómica parecen solo un mito del pasado, la amenaza principal en estos momentos reside en las armas nucleares tácticas, cuyo uso no había pesado de forma realista en los planes estratégicos de las grandes potencias desde la caída de la Unión Soviética en 1991. Rusia podría disponer de dos mil armas de este tipo, que tienen un alcance mucho menor y pueden ser utilizadas para eliminar bastiones concretos de resistencia, columnas de tanques y unidades estacionadas del ejército enemigo. También pueden aniquilar áreas de poblaciones y los puestos de mando y decisión del contrincante. Una de estas armas tácticas podría, en este sentido, descabezar el Gobierno ucraniano y dar un giro inesperado a la guerra en cuestión de horas.

La primera alarma nuclear en torno al conflicto armado de Ucrania la dio Putin el pasado 27 de febrero, apenas tres días después de comenzar la invasión. El jefe de Estado ordenó poner "las fuerzas de contención del Ejército ruso en un modo especial de servicio de combate". Ese contingente incluye precisamente las armas nucleares rusas. Dos meses después de comenzar la contienda fue de nuevo tajante: "Si alguien, quiero subrayarlo, pretende interferir en los acontecimientos en marcha y crear amenazas estratégicas inadmisibles para Rusia, responderemos con ataques relámpago y demoledores".

La amenaza de utilizar armas atómicas por parte de Rusia ha sido tomada como una muestra de vana retórica por el Gobierno ucraniano, como dijo el ministro de Asuntos Exteriores Dmitro Kuleba, para quien las afirmaciones realizadas por Putin y otros miembros de la cúpula de poder rusas son solo una baladronada y una muestra de que "Moscú siente la derrota en Ucrania".

Pero después de que el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguei Lavrov, insistiera también esta semana en que el peligro de una guerra nuclear "es serio y real", una pregunta más concreta sobrevuela los centros de decisión en Washington, Londres y Bruselas aunque sea de momento una hipótesis poco creíble: ¿Cuál debería ser la respuesta occidental ante un ataque nuclear táctico ruso en Ucrania? ¿Llevaría inmediatamente a una escalada nuclear irremediable o hay previstas otras formas de contención ante un desarrollo bélico de esas características?

Las armas nucleares tácticas figuraron en los manuales de combate básicos tanto de la OTAN como del Pacto de Varsovia durante toda la Guerra Fría como parte de los planes de avance rápido en territorio enemigo y descartando el uso de bombas atómicas estratégicas, de mayor capacidad de destrucción. Las armas nucleares tácticas tienen una fuerza destructiva que oscila entre el kilotón y los 50 kilotones (aunque hay alguna de hasta cien kilotones). La bomba que destruyó Hiroshima estaba en torno a los quince kilotones.

No hay una hoja de ruta clara que marque el rumbo a seguir si una de las partes enfrentadas utiliza una cabeza nuclear táctica en un teatro de operaciones específico, especialmente porque en estos momentos no hay un solo comando único en Europa que pueda tomar esa decisión. En tiempos de la Guerra Fría, el llamado "balance de terror" que garantizaba la paz consideraba como un tema a evitar el del uso de las bombas atómicas, pues el resultado parecía evidente: la "total destrucción mutua asegurada", otro de los conceptos de la época.

La guerra de Ucrania parece haber acabado con estas consideraciones. Hay dos líderes, Putin y el presidente estadounidense Joe Biden, el principal aliado de Ucrania, que han manifestado en diversas ocasiones desde que empezó el conflicto su intención de ver al enemigo arrodillado y desarmado. El panorama es muy preocupante en este sentido, pues la retórica de guerra ha superado en algunos casos aquella vertida en los trece días de la Crisis de los misiles soviéticos llevados a Cuba, que, en 1962, puso al mundo al borde de la hecatombe nuclear.

No solo es Rusia la que tiene en sus documentos sobre disuasión nuclear, el último de 2020, la previsión de utilizar armas atómicas en caso de que se ponga en juego su "supervivencia". El propio Biden ha firmado un memorándum que contempla el uso de armas atómicas por Estados Unidos en respuesta a un ataque nuclear o químico. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si Rusia atacara un blanco militar en Ucrania, por ejemplo, la siderúrgica de Azovstal, en Mariúpol, donde aún resisten cientos o quizá miles de soldados ucranianos y que impide el control efectivo ruso de esa ciudad del Mar Negro? Ucrania no pertenece a la OTAN y el artículo 5 no podría ser invocado. ¿Pero cuál sería la reacción de Washington y Bruselas, que han prometido hasta la saciedad llevar hasta el final la defensa de Ucrania en el marco de una guerra convencional?

¿Y en qué condiciones estaría Putin dispuesto a utilizar un arma que seguramente le daría una superioridad demoledora sobre el ejército ucraniano? No parece estar en juego la supervivencia de Rusia, pero ¿emplearía Putin esas armas para garantizar su propia supervivencia política? Y una pregunta clave e independiente de la respuesta que pudieran dar Estados Unidos y la OTAN a la detonación de una de estas ojivas nucleares: ¿Cuál sería la reacción de China? Este es uno de los mayores riesgos que podría tener Moscú a la hora de emplear un arma nuclear del tipo que sea. Parece poco probable que Pekín siguiera respaldando a Moscú, aunque fuera indirectamente. El ejemplo del uso de un arma de este tipo pondría a China en un compromiso inasumible. La tensa rivalidad entre sus vecinos India y Pakistán, y las propias diferencias chinas con Nueva Delhi, con la posibilidad de que pudiera ser detonado uno de estos artefactos en las fronteras del Himalaya, hacen poco probable una aquiescencia de China con semejante decisión por parte de Moscú en Ucrania y posiblemente llevarían a una ruptura clara con sus socios rusos.

Serguéi Karagánov, quien fuera asesor de Putin y del presidente Borís Yeltsin, señaló en una reciente entrevista al diario digital indio The Statesman que, para la élite rusa, la guerra de Ucrania es "una guerra existencial" y, por eso, "Putin no puede permitirse una derrota". Karagánov, presidente honorario del Consejo para la Política Exterior y de Defensa, uno de los principales centros de análisis rusos, dijo que, si se observa la historia de la estrategia nuclear estadounidense, parece poco probable que Washington defendiera Europa, y menos aún Ucrania, con armas atómicas. Sin embargo, precisó, en este conflicto "existe la posibilidad de una escalada militar y ese es un escenario abismal. Confío en que se pueda alcanzar algún tipo de acuerdo de paz entre nosotros y los Estados Unidos, y entre nosotros y Ucrania, antes de que se avance más en esa peligrosa dirección".

29/04/2022 23:21

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